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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. Rueda Lebrón

2012 TSPR 176

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pueblo v. Rueda Lebrón

CC-2011-796

Procedimiento Criminal – determinación de causa para arresto en ausencia

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

Certiorari

v.

2012 TSPR 176

187 DPR ____

Joaquín Rueda Lebrón

Recurrido

Número del Caso: CC-2011-796

Fecha: 16 de noviembre de 2012

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Ponce, Panel VII

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Zaira Z. Girón Anadón

Subprocuradora General

Lcdo. Reinaldo Camps del Valle

Procurador General Auxiliar

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Carlos García Morales

Materia: Procedimiento criminal – determinación de causa para arresto en

ausencia

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

Certiorari

CC-2011-0796

Joaquín Rueda Lebrón

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA

MARTÍNEZ

San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2012.

¿El hecho de que el Ministerio Público no

escriba en la boleta de autorización las razones

para someter el caso ante un magistrado para la

determinación de causa para arresto en ausencia,

acarrea irremediablemente la desestimación de las

denuncias contra el imputado? Luego de estudiar

detenidamente

el

expediente

circunstancias

aquí

de

contenidas,

autos

y

las

resolvemos

que

ello no conlleva la desestimación automática de

las

denuncias.

No

obstante,

concluimos

que

la

mejor práctica es que el fiscal consigne en la

boleta de autorización, o el magistrado en las

denuncias,

las

justificaciones

para

caso sin cita previa al sospechoso.

atender

el

CC-2011-0796

2

I

Por hechos alegadamente ocurridos el 22 de enero de

2010 y el 31 de marzo de 2010, contra el Sr. Joaquín Rueda

Lebrón se determinó causa probable para arresto en ausencia

por dos infracciones al Art. 406 (tentativa y conspiración)

y

otras

dos

al

Art.

411-A

(introducción

de

drogas

en

escuelas o instituciones) de la Ley Núm. 4 de 23 de junio

de

1971,

según

enmendada,

conocida

como

la

Ley

de

Sustancias Controladas de Puerto Rico. 24 L.P.R.A. secs.

2406 y 2411a. Surge de la boleta del fiscal para autorizar

la presentación del caso en ausencia, que varios agentes

del Negociado de Investigaciones Criminales (NIE) acudirían

como testigos ante la presencia de un magistrado.1

Luego

de

indagar

la

información

ofrecida

por

los

testigos, el Tribunal de Primera Instancia determinó causa

probable

para

arresto

contra

el

señor

Rueda

Lebrón

por

todos los cargos imputados. En las denuncias se anotó que

la magistrada examinó a los testigos que siguen: (1) Agte.

Hiram Soto, quien testificó bajo juramento y además ofreció

una

declaración

jurada;

(2)

Agte.

Edwin

Adorno,

quien

testificó bajo juramento; (3) NIE-P-2006-001 (informante);

(4)

Agte.

Miguel

Román,

y

(5)

Agte.

Ángel

Díaz.

Estos

últimos tres ofrecieron declaraciones juradas. Cuatro de

los cinco testigos tenían conocimiento personal del alegado

hecho

delictivo,

1

y

el

restante

información

o

creencia.

Boleta de autorización para someter el caso a

magistrado, 30 de septiembre de 2010, Apéndice, pág. 49.

un

CC-2011-0796

3

Además de lo anterior, la jueza también hizo relación a un

memorando de prueba de campo y a un mapa.2

Posteriormente,

la

defensa

del

señor

Rueda

Lebrón

solicitó la desestimación de las denuncias. Alegó que la

jueza que presidió la vista para la determinación de causa

probable para arresto no inquirió sobre las razones para

celebrarla en ausencia. La defensa aparenta fundamentar esa

aseveración en el hecho de que en las denuncias la jueza

“únicamente hizo constar que el acusado no estuvo presente

y que se determinó causa probable para su arresto”.3 De

igual forma, alegó que era necesario que se citara al señor

Rueda

Lebrón

a

la

referida

vista,

pues

de

las

propias

denuncias surgía la dirección residencial de éste.

El Ministerio Público presentó una moción en oposición

a

desestimación.4

la

presentadas

en

En

ella

ausencia

sostuvo

contra

el

que

señor

las

denuncias

Rueda

Lebrón

respondieron a una investigación confidencial realizada por

agentes

encubiertos

y

un

informante

del

NIE.

Además,

informó que como parte de la investigación confidencial se

presentaron

34

denuncias

contra

12

sospechosos

por

infracción a la Ley de Sustancias Controladas. Alegó que

las

denuncias

se

interpusieron

en

ausencia

del

imputado

2

Véase Denuncias, Apéndice, págs. 45-48.

3

Moción solicitando desestimación ante el Tribunal de

Primera Instancia, 5 de noviembre de 2010, Apéndice, pág.

50.

4

Véase

Moción

en

oposición

a

solicitud

de

desestimación, de 15 de noviembre de 2010, presentada por

el

Ministerio

Público

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia, Apéndice, págs. 53-57.

CC-2011-0796

debido

a

4

que

previamente

resultaba

a

los

12

oneroso

imputados

para

sin

el

que

Estado

se

citar

afectara

la

investigación confidencial, y sin poner en riesgo la vida y

seguridad de los agentes encubiertos y del informante del

NIE.

Añadió

que

todos

los

sospechosos

realizaban

las

transacciones dentro de residenciales públicos y que éstas

fueron

grabadas

en

video.

En

particular,

el

Ministerio

Público explicó que toda esta información le fue ofrecida a

la

jueza

que

celebró

la

vista

de

causa

probable

para

arresto, quien, en efecto, inquirió sobre las razones que

justificaban tramitar el asunto sin citar al sospechoso a

la vista. Por último, el Ministerio Público alegó que la

naturaleza de la intervención estaba comprendida bajo el

palio

de

excepciones

contempladas

en

Pueblo

v.

Rivera

Martell, 173 D.P.R. 601 (2008), que permiten celebrar en

ausencia la vista de causa probable para arresto.

Luego

de

evaluar

las

respectivas

posturas

de

las

partes, el 25 de febrero de 2011, notificada el 8 de marzo

de

2011,

el

resolución

Tribunal

mediante

de

la

Primera

cual

Instancia

denegó

la

emitió

una

solicitud

de

desestimación.5 Expresó ese foro que del expediente surgía

claramente

encubiertos,

5

que

lo

se

que

imputaron

transacciones

constituía

una

de

las

con

agentes

excepciones

Resolución del Tribunal de Primera Instancia, de 25 de

febrero de 2011, Apéndice, pág. 60.

CC-2011-0796

mencionadas

5

en

Pueblo

v.

Rivera

Martell,

supra,

para

determinar causa para arresto en ausencia.6

Inconforme con la negativa del tribunal en desestimar

las denuncias aquí en controversia, el 1 de abril de 2011,

el señor Rueda Lebrón presentó un recurso de certiorari

ante el Tribunal de Apelaciones. Fue en esta ocasión en que

señaló que el fiscal no consignó en la boleta para someter

el

caso

el

alegado

hecho

de

que

se

trataba

de

una

investigación realizada por agentes encubiertos, de forma

tal que se justificara celebrar la vista en ausencia. La

defensa solicitó que se desestimaran las denuncias y se

remitiera el caso al foro primario para la celebración de

una nueva vista de determinación de causa para arresto.

En respuesta, el Ministerio Público, representado por

la Oficina del Procurador General, reiteró que la jueza que

determinó causa para arresto en ausencia conocía y aceptó

las justificaciones del Ministerio Público antes de arribar

a su decisión. Ello, aunque éstas no surgieran de la boleta

de autorización del fiscal para someter el caso en ausencia

o de las denuncias. Además, el Estado sostuvo que ello no

es

un

requisito

procesal

reconocido

por

nuestro

ordenamiento jurídico que impida la celebración de la vista

en ausencia.

6

Cabe mencionar que ya para esa fecha el foro primario

había celebrado la vista preliminar el 25 de enero de 2011.

En ésta se encontró causa probable para acusar al señor

Rueda Lebrón por infracción al Art. 411-A de la Ley de

Sustancias Controladas, supra. Apéndice, pág. 21. No se

encontró causa para acusarle por infracción al Art. 406 de

la misma ley. Íd. Véanse: Pueblo v. Rivera Rodríguez, 150

D.P.R. 428, 437 (2000); Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 D.P.R.

803, 815 (1998).

CC-2011-0796

6

Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones emitió una

sentencia mediante la cual revocó el dictamen del Tribunal

de

Primera

Instancia

y

ordenó

la

desestimación

de

las

denuncias. Señaló ese foro que el fiscal no consignó en la

boleta

de

magistrada

autorización

en

las

para

denuncias,

someter

las

el

caso,

ni

justificaciones

la

para

celebrar la vista de causa para arresto en ausencia. En

consecuencia, concluyó que en la vista no hubo explicación

alguna al respecto. Además, el foro apelativo intermedio

entendió que Pueblo v. Rivera Martell, supra, requiere que

el magistrado que oficia la vista de causa probable para

arresto en ausencia establezca por escrito en ese momento

los fundamentos para la celebración de tal audiencia.

Luego

de

varios

trámites

procesales,

el

Ministerio

Público acudió ante nos mediante un recurso de certiorari.

Planteó que no procedía la desestimación de las denuncias

bajo el fundamento de que la justificación para celebrar la

vista de causa para arresto en ausencia debía surgir de la

boleta

de

denuncias.

autorización

Además,

para

alegó

que

someter

la

el

caso

o

determinación

de

de

las

causa

probable para acusar subsanó todo error que pudiera haber

ocurrido

en

la

determinación

de

causa

probable

para

el

arresto.

Examinado el recurso, expedimos el auto solicitado.

Con

el

beneficio

de

procedemos a resolver.

la

comparecencia

de

ambas

partes,

CC-2011-0796

7

II

En

nuestro

comienza

con

ordenamiento

la

jurídico

determinación

de

toda

causa

acción

penal

probable

para

arresto o citación.7 Tan pronto ocurre esa determinación, el

tribunal

adquiere

jurisdicción

sobre

el

imputado

y

éste

queda sujeto a responder por la comisión del delito.8

La Constitución de Puerto Rico exige que para expedir

una

orden

de

arresto

exista

una

determinación

de

causa

probable por parte de un magistrado, la cual esté apoyada

en juramento o afirmación.9 La orden que a esos fines se

emita debe ser específica en cuanto a la persona que será

objeto de ésta.10

Los pormenores de la determinación de causa probable

para arresto se encuentran en la Regla 6 de Procedimiento

Criminal.11 Para arribar a la mencionada determinación el

7

Pueblo v. Sustache Sustache, 176 D.P.R. 250, 315

(2009); Pueblo v. Irizarry, 160 D.P.R. 544, 555 (2003);

Pueblo v. Jiménez Cruz, supra, pág. 809.

8

Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 555.

9

Art. II, Sec. 10, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed.

1982, pág. 326. Similar exigencia contiene la Enmienda IV

de la Constitución de Estados Unidos. Const. E.U., Enm. IV,

U.S.C.A. Const.

10

Pueblo v. Irizarry, supra, págs. 555-556.

11

34

L.P.R.A.

Ap.

II.

Con

posterioridad

a

los

incidentes

procesales

aquí

en

controversia,

y

recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm.

281-2011 para reconocer expresamente las facultades y la

discreción que posee el Ministerio Público para presentar

cargos

en

ausencia

cuando

entienda

que

existen

circunstancias justificadas. Aplicamos el texto de la regla

antes de la referida enmienda, por ser el que rige la

presente causa. Éste dispone, en lo concerniente, lo

siguiente:

CC-2011-0796

magistrado

8

puede

considerar:

“la

denuncia

jurada,

las

declaraciones juradas que se incluyan con ésta o el examen

bajo juramento del denunciante o sus testigos, así como

cualquier

combinación

necesidad

de

una

de

estos

denuncia,

factores,

cuando

e

se

incluso,

presente

sin

bajo

juramento el testimonio de algún testigo con conocimiento

personal

del

fundamentar

la

hecho

delictivo”.12

mencionada

También

determinación

en

se

puede

declaraciones

hechas por información o creencia cuando éstas gozan de

suficientes garantías de confiabilidad. Lo importante es

___________________________

Regla 6. Orden de arresto a base de una denuncia

(a)Expedición de la orden. Si de la denuncia jurada

o de la declaración o declaraciones juradas

sometidas con la denuncia o del examen bajo

juramento del denunciante o sus testigos, si

algunos, constare que hay causa probable para creer

que se ha cometido el delito por la persona o

personas contra quienes se imputa, el magistrado

expedirá la orden para el arresto de dichas

personas, con excepción de lo dispuesto en la Regla

7(a). La determinación de causa probable podrá

estar

fundada

total

o

parcialmente

en

una

declaración

por

información

o

creencia

con

suficiente

garantía

circunstancial

de

confiabilidad. Cuando hubiere más de una persona

afectada, el magistrado podrá expedir una orden de

arresto para cada una de ellas. El magistrado hará

constar en la denuncia los nombres de las personas

examinadas por él para determinar causa probable.

El magistrado podrá también determinar causa

probable para creer que se ha cometido un delito

sin necesidad de que se presente ante él una

denuncia cuando haya examinado bajo juramento a

algún testigo o testigos que tuvieren conocimiento

personal del hecho delictivo. […]

En esta determinación de causa probable el imputado

tendrá derecho a estar asistido de abogado, a

contrainterrogar a los testigos en su contra y a

ofrecer prueba en su favor. 34 L.P.R.A. Ap. II

(2004).

12

Pueblo v. Sustache Sustache, supra, págs. 315-316.

CC-2011-0796

9

que se le provea suficiente información al magistrado para

que

éste

pueda

inferir

la

probabilidad

de

que

se

ha

cometido un delito y que el imputado lo cometió.13 Debe

quedar claro que en esta etapa no es necesario establecer

categóricamente

la

existencia

de

responsabilidad.14

Ello

responde a que la determinación de causa probable para el

arresto no constituye una adjudicación final del caso, pues

en ésta no se establece la culpabilidad o inocencia del

sospechoso.15

De

otra

constitucionales

disposición

parte,

enumerados

contiene

además

de

los

en

Regla

6,

ciertos

la

derechos

a

requisitos

supra,

favor

de

dicha

los

imputados concedidos por vía legislativa. Por ejemplo, la

Regla 6, supra, establece que en la determinación de causa

probable para el arresto el imputado tiene el derecho de

estar asistido por abogado, a contrainterrogar testigos y a

ofrecer prueba a su favor. Sin embargo, esos derechos no

son absolutos. La vista para determinar causa probable para

el arresto puede celebrarse en ausencia del imputado.16 En

13

Íd., pág. 316.

14

Íd.

15

Íd. En el pasado hemos expresado que la vista para

determinar si existe causa para arresto no goza del alcance

y la formalidad de una vista preliminar, y tampoco es un

mini juicio. Pueblo v. North Caribbean, 162 D.P.R. 374,

381-382 (2004).

16

Íd., págs. 381-383; Pueblo v. Irizarry, supra, pág.

560; Pueblo v. Rodríguez López, 155 D.P.R. 894, 904 (2001).

CC-2011-0796

10

estas audiencias, por lo general, el sospechoso no está

presente.17 La presencia de éste es la excepción.18

Los derechos otorgados por la Regla 6, supra, sólo se

activan si la determinación de causa para el arresto se

hace

en

presencia

del

imputado.19

Y

en

esos

casos,

aun

cuando el imputado esté presente, estos derechos no son

absolutos, “sino limitados y sujetos a la discreción del

tribunal”.20

En

particular

sintonía

con

la

controversia

que

nos

ocupa, en Pueblo v. Rivera Martell, supra, el fiscal se

negó a exponer sus razones para someter los casos sin citar

a

los

imputados

a

la

determinación

de

causa

para

el

arresto, pese a la solicitud expresa del magistrado a esos

fines. Resolvimos en esa ocasión que la decisión de si

procede citar al imputado a la vista de determinación de

causa para el arresto recae en el magistrado y no en el

fiscal. Se debe procurar citar al sospechoso a la vista de

causa

para

arresto,

pero

existen

circunstancias

que

justifican el no hacerlo.21 Sin que constituya un listado

taxativo,

se

puede

celebrar

la

vista

de

causa

para

el

arresto en ausencia en las siguientes circunstancias: (1)

17

D. Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal

puertorriqueño, 8va ed., San Juan, Ed. Inst. para el

Desarrollo del Derecho, 2007, pág. 45; E.L. Chiesa,

Procedimiento Criminal: Etapa Investigativa, Publicaciones

J.T.S. 2006, sec. 4.7(A), pág. 168.

18

Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 560.

19

Íd., pág. 564.

20

Íd.

21

Pueblo v. Rivera Martell, supra, págs. 615-616.

CC-2011-0796

11

cuando se pretenden realizar arrestos en serie; (2) “cuando

un

operativo

haya

dado

lugar

a

denuncias

múltiples

que

hagan muy oneroso para el Estado citar previamente a todos

los imputados”;22 (3) cuando ello evite que se malogre una

investigación en curso; (4) “cuando la seguridad de las

víctimas o los testigos aconsejan que se celebre el proceso

en ausencia del imputado”;23 o (5) cuando la persona no pudo

ser localizada pese al esfuerzo realizado.24

Del mismo modo, en Pueblo v. Rivera Martell, supra,

expresamos lo siguiente:

[D]ado que la determinación de causa probable la

hace el magistrado, y toda vez que éste tiene la

obligación de velar que no se menoscaben los

derechos del imputado, es él quien debe decidir

caso a caso sobre la necesidad de que la vista se

celebre en ausencia del imputado. Es decir, es el

magistrado quien debe pasar juicio y determinar con

finalidad la suficiencia de las justificaciones

ofrecidas por el Ministerio Público para no haber

citado al imputado a la vista correspondiente. Y es

que no podía ser de otra forma, toda vez que para

garantizar

la

aplicación

de

los

principios

fundamentales

en

los

que

descansa

nuestro

ordenamiento, tanto el derecho constitucional como

el estatutario requieren la intervención de la

figura neutral del magistrado. Véase Const. del

E.L.A., Art. II, Sec. 10; Const. E.U. Enm. IV,

Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra.25

Es incuestionable que el magistrado tiene la facultad

y

el

deber

de

dirigir

el

proceso.26

Claro

está,

el

Ministerio Público tiene la libertad de escoger la forma en

22

Íd., pág. 616. (Énfasis nuestro.)

23

Íd. (Énfasis nuestro.)

24

Íd.

25

Íd., págs. 616-617. (Énfasis nuestro.)

26

Íd., pág. 617.

CC-2011-0796

12

que somete su caso, siempre sujeto a los límites de la

Regla

supra.27

6,

Además,

la

explicación

que

ofrezca

el

fiscal sobre la conveniencia de citar o no a un sospechoso

de

delito

merece

a

la

amplia

determinación

magistrado,

determinación

a

recaerá

la

causa

judicial.28

deferencia

final

de

luz

en

de

el

la

para

el

arresto

Pero

siempre

la

propio

juicio

del

totalidad

de

las

circunstancias.29

III

El

Ministerio

Apelaciones

Público

incidió

al

alega

que

el

Tribunal

desestimar

las

denuncias

por

de

el

fundamento de que las razones para celebrar la vista de

causa probable para el arresto, en ausencia del sospechoso,

no

fueron

incluidas

por

el

fiscal

en

la

boleta

de

autorización para someter el caso, ni por la magistrada en

las denuncias.

De

la

boleta

de

autorización

cumplimentada

por

el

fiscal para someter el caso sin citar al sospechoso, surge

que se autorizó a varios agentes encubiertos del NIE a

presentarse

ante

un

magistrado.

Éstos

así

lo

hicieron.

Igualmente, de las denuncias surge claramente que antes de

concluir que existía justa causa para el arresto, la jueza

examinó las declaraciones de cinco testigos —cuatro agentes

del

NIE

y

un

informante—,

de

los

cuales

cuatro

tenían

conocimiento personal del alegado hecho delictivo —incluido

27

Íd.; Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 565.

28

Pueblo v. Rivera Martell, supra, pág. 618.

29

Íd.

CC-2011-0796

13

el informante— y otro poseía conocimiento por información o

creencia. La magistrada también tuvo ante sí el memorando

de la prueba de campo y la representación geográfica de

cierta área por medio de un mapa. Al evaluar la información

que

se

le

ofreció,

la

magistrada

determinó

que

existía

causa probable para el arresto del señor Rueda Lebrón por

infracciones

a

la

Ley

de

Sustancias

Controladas,

sin

necesidad de cita previa.

La defensa plantea que como no se consignaron en ese

momento por escrito las razones por las cuales no se citó

al sospechoso, la jueza no recibió justificación alguna.

Por su parte, el Ministerio Público insiste en que la jueza

inquirió sobre las razones y que éstas le fueron brindadas.

Luego de estudiar con detenimiento el caso de marras, no

podemos

suscribir

el

razonamiento

de

la

defensa.

Según

intimado, de las denuncias surgen claramente los testigos,

las declaraciones juradas y el resto de la evidencia que

examinó la jueza para determinar que en este caso existía

causa para el arresto sin necesidad de cita. Resultaría

inverosímil sostener que luego de evaluar las declaraciones

de los agentes encubiertos y del informante del NIE que

formaron

parte

de

una

investigación

confidencial,

la

magistrada no pudiera obtener la creencia razonable de que

existían suficientes razones para no citar al sospechoso.

Precisamente,

ese

es

el

alcance

de

Pueblo

v.

Rivera

Martell, supra, en el cual resolvimos que es el magistrado

quien

pasa

suficiencia

juicio

y

de

justificaciones

las

determina

la

finalidad

para

no

de

la

citar

al

CC-2011-0796

14

sospechoso a la vista de causa para el arresto, y no el

fiscal

—aunque

sus

explicaciones

sean

objeto

de

amplia

deferencia—.30

Aunque la mejor práctica es que el fiscal consigne en

la boleta de autorización las razones que justifican no

citar al sospechoso, se puede sostener una determinación de

causa para el arresto en ausencia si del expediente surge

suficiente información que permita concluir razonablemente

que el magistrado recibió las justificaciones en cuestión.

En el caso de marras, ante la determinación de la

magistrada

en

el

sano

ejercicio

de

su

discreción,

de

atender el caso en ausencia luego de examinar todas las

declaraciones y evidencia mencionadas, no podemos concluir

sin más que la falta de apunte sobre las justificaciones

implique la inexistencia de éstas ante el raciocinio de la

jueza. Si la defensa no estuvo presente en la determinación

de causa para el arresto en ausencia, ¿cómo puede afirmar

que

la

magistrada

no

recibió

las

justificaciones

requeridas? Ciertamente, las circunstancias de este caso

impiden saltar a la conclusión propuesta por la defensa.

Máxime cuando la determinación de causa probable, al igual

que

toda

determinación

judicial,

goza

de

una

presunción

legal de corrección.31 En síntesis, el mero hecho de que la

30

En Pueblo v. Rivera Martell, supra, no establecimos

una norma que exigiera que se consignaran por escrito las

circunstancias excepcionales allí reconocidas para celebrar

la vista de causa para el arresto sin cita al sospechoso.

31

Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 D.P.R. 656, 662 (1997);

Pueblo v. Rivera Alicea, 125 D.P.R. 37, 42 (1989); Rabell

Martínez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 796, 799 (1973).

CC-2011-0796

15

jueza no anotara en las denuncias las razones sobre las

circunstancias excepcionales, o el fiscal no las apuntara

en

la

boleta,

recibido

no

significa

suficiente

que

información

la

magistrada

que

no

haya

justificara

su

proceder, o que no fuera ella quien dirimió el asunto.

Nótese que a diferencia de los hechos que motivaron

nuestra decisión en Pueblo v. Rivera Martell, supra, en el

cual

el

fiscal

se

negó

rotundamente

a

ofrecer

las

justificaciones particularizadas, en el caso de autos el

Ministerio Público, desde la primera vez en que la defensa

levantó su planteamiento, ha brindado todas las razones que

derrotan el planteamiento en cuestión. En particular, el

Ministerio Público informó que la acción contra el señor

Rueda Lebrón respondía a una investigación confidencial en

la que participaron agentes encubiertos y un informante del

NIE; que como parte de esa investigación confidencial se

presentaron

34

denuncias

contra

12

sospechosos

por

infracciones a la Ley de Sustancias Controladas —esto es:

múltiples denuncias—; y que cursar cita previa al señor

Rueda Lebrón resultaría oneroso al Estado en la medida en

que afectaría la investigación confidencial y pondría en

riesgo la vida y seguridad de los agentes encubiertos y del

informante

del

NIE.

Esas

circunstancias

justifican

la

celebración de la vista de causa probable para el arresto

en ausencia del entonces sospechoso, y hoy acusado, pese a

que el Estado tuviera la dirección residencial de éste.32

32

Véase Pueblo v. Rivera Martell, supra.

CC-2011-0796

16

IV

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

revocamos

la

resolución recurrida y devolvemos el caso al Tribunal de

Primera Instancia para que continúe con los procedimientos

de manera cónsona con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-2011-0796

Certiorari

Joaquín Rueda Lebrón

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2012.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte de la

presente Sentencia, se revoca la resolución

recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de

Primera Instancia para que continúe con los

procedimientos de manera cónsona con lo aquí

resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo,

Interina. El Juez Presidente señor Hernández

Denton,

la

Juez

Asociada

señora

Rodríguez

Rodríguez y la Jueza Asociada señora Pabón

Charneco concurren con el resultado sin opiniones

escritas.

Larissa Ortiz Modestti

Secretaria del Tribunal Supremo, Interina