Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pueblo v. Rueda Lebrón
2012 TSPR 176
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pueblo v. Rueda Lebrón
CC-2011-796
Procedimiento Criminal – determinación de causa para arresto en ausencia
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
Certiorari
v.
2012 TSPR 176
187 DPR ____
Joaquín Rueda Lebrón
Recurrido
Número del Caso: CC-2011-796
Fecha: 16 de noviembre de 2012
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce, Panel VII
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Zaira Z. Girón Anadón
Subprocuradora General
Lcdo. Reinaldo Camps del Valle
Procurador General Auxiliar
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Carlos García Morales
Materia: Procedimiento criminal – determinación de causa para arresto en
ausencia
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
Certiorari
CC-2011-0796
Joaquín Rueda Lebrón
Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA
MARTÍNEZ
San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2012.
¿El hecho de que el Ministerio Público no
escriba en la boleta de autorización las razones
para someter el caso ante un magistrado para la
determinación de causa para arresto en ausencia,
acarrea irremediablemente la desestimación de las
denuncias contra el imputado? Luego de estudiar
detenidamente
el
expediente
circunstancias
aquí
de
contenidas,
autos
y
las
resolvemos
que
ello no conlleva la desestimación automática de
las
denuncias.
No
obstante,
concluimos
que
la
mejor práctica es que el fiscal consigne en la
boleta de autorización, o el magistrado en las
denuncias,
las
justificaciones
para
caso sin cita previa al sospechoso.
atender
el
CC-2011-0796
2
I
Por hechos alegadamente ocurridos el 22 de enero de
2010 y el 31 de marzo de 2010, contra el Sr. Joaquín Rueda
Lebrón se determinó causa probable para arresto en ausencia
por dos infracciones al Art. 406 (tentativa y conspiración)
y
otras
dos
al
Art.
411-A
(introducción
de
drogas
en
escuelas o instituciones) de la Ley Núm. 4 de 23 de junio
de
1971,
según
enmendada,
conocida
como
la
Ley
de
Sustancias Controladas de Puerto Rico. 24 L.P.R.A. secs.
2406 y 2411a. Surge de la boleta del fiscal para autorizar
la presentación del caso en ausencia, que varios agentes
del Negociado de Investigaciones Criminales (NIE) acudirían
como testigos ante la presencia de un magistrado.1
Luego
de
indagar
la
información
ofrecida
por
los
testigos, el Tribunal de Primera Instancia determinó causa
probable
para
arresto
contra
el
señor
Rueda
Lebrón
por
todos los cargos imputados. En las denuncias se anotó que
la magistrada examinó a los testigos que siguen: (1) Agte.
Hiram Soto, quien testificó bajo juramento y además ofreció
una
declaración
jurada;
(2)
Agte.
Edwin
Adorno,
quien
testificó bajo juramento; (3) NIE-P-2006-001 (informante);
(4)
Agte.
Miguel
Román,
y
(5)
Agte.
Ángel
Díaz.
Estos
últimos tres ofrecieron declaraciones juradas. Cuatro de
los cinco testigos tenían conocimiento personal del alegado
hecho
delictivo,
1
y
el
restante
información
o
creencia.
Boleta de autorización para someter el caso a
magistrado, 30 de septiembre de 2010, Apéndice, pág. 49.
un
CC-2011-0796
3
Además de lo anterior, la jueza también hizo relación a un
memorando de prueba de campo y a un mapa.2
Posteriormente,
la
defensa
del
señor
Rueda
Lebrón
solicitó la desestimación de las denuncias. Alegó que la
jueza que presidió la vista para la determinación de causa
probable para arresto no inquirió sobre las razones para
celebrarla en ausencia. La defensa aparenta fundamentar esa
aseveración en el hecho de que en las denuncias la jueza
“únicamente hizo constar que el acusado no estuvo presente
y que se determinó causa probable para su arresto”.3 De
igual forma, alegó que era necesario que se citara al señor
Rueda
Lebrón
a
la
referida
vista,
pues
de
las
propias
denuncias surgía la dirección residencial de éste.
El Ministerio Público presentó una moción en oposición
a
desestimación.4
la
presentadas
en
En
ella
ausencia
sostuvo
contra
el
que
señor
las
denuncias
Rueda
Lebrón
respondieron a una investigación confidencial realizada por
agentes
encubiertos
y
un
informante
del
NIE.
Además,
informó que como parte de la investigación confidencial se
presentaron
34
denuncias
contra
12
sospechosos
por
infracción a la Ley de Sustancias Controladas. Alegó que
las
denuncias
se
interpusieron
en
ausencia
del
imputado
2
Véase Denuncias, Apéndice, págs. 45-48.
3
Moción solicitando desestimación ante el Tribunal de
Primera Instancia, 5 de noviembre de 2010, Apéndice, pág.
50.
4
Véase
Moción
en
oposición
a
solicitud
de
desestimación, de 15 de noviembre de 2010, presentada por
el
Ministerio
Público
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia, Apéndice, págs. 53-57.
CC-2011-0796
debido
a
4
que
previamente
resultaba
a
los
12
oneroso
imputados
para
sin
el
que
Estado
se
citar
afectara
la
investigación confidencial, y sin poner en riesgo la vida y
seguridad de los agentes encubiertos y del informante del
NIE.
Añadió
que
todos
los
sospechosos
realizaban
las
transacciones dentro de residenciales públicos y que éstas
fueron
grabadas
en
video.
En
particular,
el
Ministerio
Público explicó que toda esta información le fue ofrecida a
la
jueza
que
celebró
la
vista
de
causa
probable
para
arresto, quien, en efecto, inquirió sobre las razones que
justificaban tramitar el asunto sin citar al sospechoso a
la vista. Por último, el Ministerio Público alegó que la
naturaleza de la intervención estaba comprendida bajo el
palio
de
excepciones
contempladas
en
Pueblo
v.
Rivera
Martell, 173 D.P.R. 601 (2008), que permiten celebrar en
ausencia la vista de causa probable para arresto.
Luego
de
evaluar
las
respectivas
posturas
de
las
partes, el 25 de febrero de 2011, notificada el 8 de marzo
de
2011,
el
resolución
Tribunal
mediante
de
la
Primera
cual
Instancia
denegó
la
emitió
una
solicitud
de
desestimación.5 Expresó ese foro que del expediente surgía
claramente
encubiertos,
5
que
lo
se
que
imputaron
transacciones
constituía
una
de
las
con
agentes
excepciones
Resolución del Tribunal de Primera Instancia, de 25 de
febrero de 2011, Apéndice, pág. 60.
CC-2011-0796
mencionadas
5
en
Pueblo
v.
Rivera
Martell,
supra,
para
determinar causa para arresto en ausencia.6
Inconforme con la negativa del tribunal en desestimar
las denuncias aquí en controversia, el 1 de abril de 2011,
el señor Rueda Lebrón presentó un recurso de certiorari
ante el Tribunal de Apelaciones. Fue en esta ocasión en que
señaló que el fiscal no consignó en la boleta para someter
el
caso
el
alegado
hecho
de
que
se
trataba
de
una
investigación realizada por agentes encubiertos, de forma
tal que se justificara celebrar la vista en ausencia. La
defensa solicitó que se desestimaran las denuncias y se
remitiera el caso al foro primario para la celebración de
una nueva vista de determinación de causa para arresto.
En respuesta, el Ministerio Público, representado por
la Oficina del Procurador General, reiteró que la jueza que
determinó causa para arresto en ausencia conocía y aceptó
las justificaciones del Ministerio Público antes de arribar
a su decisión. Ello, aunque éstas no surgieran de la boleta
de autorización del fiscal para someter el caso en ausencia
o de las denuncias. Además, el Estado sostuvo que ello no
es
un
requisito
procesal
reconocido
por
nuestro
ordenamiento jurídico que impida la celebración de la vista
en ausencia.
6
Cabe mencionar que ya para esa fecha el foro primario
había celebrado la vista preliminar el 25 de enero de 2011.
En ésta se encontró causa probable para acusar al señor
Rueda Lebrón por infracción al Art. 411-A de la Ley de
Sustancias Controladas, supra. Apéndice, pág. 21. No se
encontró causa para acusarle por infracción al Art. 406 de
la misma ley. Íd. Véanse: Pueblo v. Rivera Rodríguez, 150
D.P.R. 428, 437 (2000); Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 D.P.R.
803, 815 (1998).
CC-2011-0796
6
Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones emitió una
sentencia mediante la cual revocó el dictamen del Tribunal
de
Primera
Instancia
y
ordenó
la
desestimación
de
las
denuncias. Señaló ese foro que el fiscal no consignó en la
boleta
de
magistrada
autorización
en
las
para
denuncias,
someter
las
el
caso,
ni
justificaciones
la
para
celebrar la vista de causa para arresto en ausencia. En
consecuencia, concluyó que en la vista no hubo explicación
alguna al respecto. Además, el foro apelativo intermedio
entendió que Pueblo v. Rivera Martell, supra, requiere que
el magistrado que oficia la vista de causa probable para
arresto en ausencia establezca por escrito en ese momento
los fundamentos para la celebración de tal audiencia.
Luego
de
varios
trámites
procesales,
el
Ministerio
Público acudió ante nos mediante un recurso de certiorari.
Planteó que no procedía la desestimación de las denuncias
bajo el fundamento de que la justificación para celebrar la
vista de causa para arresto en ausencia debía surgir de la
boleta
de
denuncias.
autorización
Además,
para
alegó
que
someter
la
el
caso
o
determinación
de
de
las
causa
probable para acusar subsanó todo error que pudiera haber
ocurrido
en
la
determinación
de
causa
probable
para
el
arresto.
Examinado el recurso, expedimos el auto solicitado.
Con
el
beneficio
de
procedemos a resolver.
la
comparecencia
de
ambas
partes,
CC-2011-0796
7
II
En
nuestro
comienza
con
ordenamiento
la
jurídico
determinación
de
toda
causa
acción
penal
probable
para
arresto o citación.7 Tan pronto ocurre esa determinación, el
tribunal
adquiere
jurisdicción
sobre
el
imputado
y
éste
queda sujeto a responder por la comisión del delito.8
La Constitución de Puerto Rico exige que para expedir
una
orden
de
arresto
exista
una
determinación
de
causa
probable por parte de un magistrado, la cual esté apoyada
en juramento o afirmación.9 La orden que a esos fines se
emita debe ser específica en cuanto a la persona que será
objeto de ésta.10
Los pormenores de la determinación de causa probable
para arresto se encuentran en la Regla 6 de Procedimiento
Criminal.11 Para arribar a la mencionada determinación el
7
Pueblo v. Sustache Sustache, 176 D.P.R. 250, 315
(2009); Pueblo v. Irizarry, 160 D.P.R. 544, 555 (2003);
Pueblo v. Jiménez Cruz, supra, pág. 809.
8
Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 555.
9
Art. II, Sec. 10, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed.
1982, pág. 326. Similar exigencia contiene la Enmienda IV
de la Constitución de Estados Unidos. Const. E.U., Enm. IV,
U.S.C.A. Const.
10
Pueblo v. Irizarry, supra, págs. 555-556.
11
34
L.P.R.A.
Ap.
II.
Con
posterioridad
a
los
incidentes
procesales
aquí
en
controversia,
y
recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm.
281-2011 para reconocer expresamente las facultades y la
discreción que posee el Ministerio Público para presentar
cargos
en
ausencia
cuando
entienda
que
existen
circunstancias justificadas. Aplicamos el texto de la regla
antes de la referida enmienda, por ser el que rige la
presente causa. Éste dispone, en lo concerniente, lo
siguiente:
CC-2011-0796
magistrado
8
puede
considerar:
“la
denuncia
jurada,
las
declaraciones juradas que se incluyan con ésta o el examen
bajo juramento del denunciante o sus testigos, así como
cualquier
combinación
necesidad
de
una
de
estos
denuncia,
factores,
cuando
e
se
incluso,
presente
sin
bajo
juramento el testimonio de algún testigo con conocimiento
personal
del
fundamentar
la
hecho
delictivo”.12
mencionada
También
determinación
en
se
puede
declaraciones
hechas por información o creencia cuando éstas gozan de
suficientes garantías de confiabilidad. Lo importante es
___________________________
Regla 6. Orden de arresto a base de una denuncia
(a)Expedición de la orden. Si de la denuncia jurada
o de la declaración o declaraciones juradas
sometidas con la denuncia o del examen bajo
juramento del denunciante o sus testigos, si
algunos, constare que hay causa probable para creer
que se ha cometido el delito por la persona o
personas contra quienes se imputa, el magistrado
expedirá la orden para el arresto de dichas
personas, con excepción de lo dispuesto en la Regla
7(a). La determinación de causa probable podrá
estar
fundada
total
o
parcialmente
en
una
declaración
por
información
o
creencia
con
suficiente
garantía
circunstancial
de
confiabilidad. Cuando hubiere más de una persona
afectada, el magistrado podrá expedir una orden de
arresto para cada una de ellas. El magistrado hará
constar en la denuncia los nombres de las personas
examinadas por él para determinar causa probable.
El magistrado podrá también determinar causa
probable para creer que se ha cometido un delito
sin necesidad de que se presente ante él una
denuncia cuando haya examinado bajo juramento a
algún testigo o testigos que tuvieren conocimiento
personal del hecho delictivo. […]
En esta determinación de causa probable el imputado
tendrá derecho a estar asistido de abogado, a
contrainterrogar a los testigos en su contra y a
ofrecer prueba en su favor. 34 L.P.R.A. Ap. II
(2004).
12
Pueblo v. Sustache Sustache, supra, págs. 315-316.
CC-2011-0796
9
que se le provea suficiente información al magistrado para
que
éste
pueda
inferir
la
probabilidad
de
que
se
ha
cometido un delito y que el imputado lo cometió.13 Debe
quedar claro que en esta etapa no es necesario establecer
categóricamente
la
existencia
de
responsabilidad.14
Ello
responde a que la determinación de causa probable para el
arresto no constituye una adjudicación final del caso, pues
en ésta no se establece la culpabilidad o inocencia del
sospechoso.15
De
otra
constitucionales
disposición
parte,
enumerados
contiene
además
de
los
en
Regla
6,
ciertos
la
derechos
a
requisitos
supra,
favor
de
dicha
los
imputados concedidos por vía legislativa. Por ejemplo, la
Regla 6, supra, establece que en la determinación de causa
probable para el arresto el imputado tiene el derecho de
estar asistido por abogado, a contrainterrogar testigos y a
ofrecer prueba a su favor. Sin embargo, esos derechos no
son absolutos. La vista para determinar causa probable para
el arresto puede celebrarse en ausencia del imputado.16 En
13
Íd., pág. 316.
14
Íd.
15
Íd. En el pasado hemos expresado que la vista para
determinar si existe causa para arresto no goza del alcance
y la formalidad de una vista preliminar, y tampoco es un
mini juicio. Pueblo v. North Caribbean, 162 D.P.R. 374,
381-382 (2004).
16
Íd., págs. 381-383; Pueblo v. Irizarry, supra, pág.
560; Pueblo v. Rodríguez López, 155 D.P.R. 894, 904 (2001).
CC-2011-0796
10
estas audiencias, por lo general, el sospechoso no está
presente.17 La presencia de éste es la excepción.18
Los derechos otorgados por la Regla 6, supra, sólo se
activan si la determinación de causa para el arresto se
hace
en
presencia
del
imputado.19
Y
en
esos
casos,
aun
cuando el imputado esté presente, estos derechos no son
absolutos, “sino limitados y sujetos a la discreción del
tribunal”.20
En
particular
sintonía
con
la
controversia
que
nos
ocupa, en Pueblo v. Rivera Martell, supra, el fiscal se
negó a exponer sus razones para someter los casos sin citar
a
los
imputados
a
la
determinación
de
causa
para
el
arresto, pese a la solicitud expresa del magistrado a esos
fines. Resolvimos en esa ocasión que la decisión de si
procede citar al imputado a la vista de determinación de
causa para el arresto recae en el magistrado y no en el
fiscal. Se debe procurar citar al sospechoso a la vista de
causa
para
arresto,
pero
existen
circunstancias
que
justifican el no hacerlo.21 Sin que constituya un listado
taxativo,
se
puede
celebrar
la
vista
de
causa
para
el
arresto en ausencia en las siguientes circunstancias: (1)
17
D. Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal
puertorriqueño, 8va ed., San Juan, Ed. Inst. para el
Desarrollo del Derecho, 2007, pág. 45; E.L. Chiesa,
Procedimiento Criminal: Etapa Investigativa, Publicaciones
J.T.S. 2006, sec. 4.7(A), pág. 168.
18
Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 560.
19
Íd., pág. 564.
20
Íd.
21
Pueblo v. Rivera Martell, supra, págs. 615-616.
CC-2011-0796
11
cuando se pretenden realizar arrestos en serie; (2) “cuando
un
operativo
haya
dado
lugar
a
denuncias
múltiples
que
hagan muy oneroso para el Estado citar previamente a todos
los imputados”;22 (3) cuando ello evite que se malogre una
investigación en curso; (4) “cuando la seguridad de las
víctimas o los testigos aconsejan que se celebre el proceso
en ausencia del imputado”;23 o (5) cuando la persona no pudo
ser localizada pese al esfuerzo realizado.24
Del mismo modo, en Pueblo v. Rivera Martell, supra,
expresamos lo siguiente:
[D]ado que la determinación de causa probable la
hace el magistrado, y toda vez que éste tiene la
obligación de velar que no se menoscaben los
derechos del imputado, es él quien debe decidir
caso a caso sobre la necesidad de que la vista se
celebre en ausencia del imputado. Es decir, es el
magistrado quien debe pasar juicio y determinar con
finalidad la suficiencia de las justificaciones
ofrecidas por el Ministerio Público para no haber
citado al imputado a la vista correspondiente. Y es
que no podía ser de otra forma, toda vez que para
garantizar
la
aplicación
de
los
principios
fundamentales
en
los
que
descansa
nuestro
ordenamiento, tanto el derecho constitucional como
el estatutario requieren la intervención de la
figura neutral del magistrado. Véase Const. del
E.L.A., Art. II, Sec. 10; Const. E.U. Enm. IV,
Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra.25
Es incuestionable que el magistrado tiene la facultad
y
el
deber
de
dirigir
el
proceso.26
Claro
está,
el
Ministerio Público tiene la libertad de escoger la forma en
22
Íd., pág. 616. (Énfasis nuestro.)
23
Íd. (Énfasis nuestro.)
24
Íd.
25
Íd., págs. 616-617. (Énfasis nuestro.)
26
Íd., pág. 617.
CC-2011-0796
12
que somete su caso, siempre sujeto a los límites de la
Regla
supra.27
6,
Además,
la
explicación
que
ofrezca
el
fiscal sobre la conveniencia de citar o no a un sospechoso
de
delito
merece
a
la
amplia
determinación
magistrado,
determinación
a
recaerá
la
causa
judicial.28
deferencia
final
de
luz
en
de
el
la
para
el
arresto
Pero
siempre
la
propio
juicio
del
totalidad
de
las
circunstancias.29
III
El
Ministerio
Apelaciones
Público
incidió
al
alega
que
el
Tribunal
desestimar
las
denuncias
por
de
el
fundamento de que las razones para celebrar la vista de
causa probable para el arresto, en ausencia del sospechoso,
no
fueron
incluidas
por
el
fiscal
en
la
boleta
de
autorización para someter el caso, ni por la magistrada en
las denuncias.
De
la
boleta
de
autorización
cumplimentada
por
el
fiscal para someter el caso sin citar al sospechoso, surge
que se autorizó a varios agentes encubiertos del NIE a
presentarse
ante
un
magistrado.
Éstos
así
lo
hicieron.
Igualmente, de las denuncias surge claramente que antes de
concluir que existía justa causa para el arresto, la jueza
examinó las declaraciones de cinco testigos —cuatro agentes
del
NIE
y
un
informante—,
de
los
cuales
cuatro
tenían
conocimiento personal del alegado hecho delictivo —incluido
27
Íd.; Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 565.
28
Pueblo v. Rivera Martell, supra, pág. 618.
29
Íd.
CC-2011-0796
13
el informante— y otro poseía conocimiento por información o
creencia. La magistrada también tuvo ante sí el memorando
de la prueba de campo y la representación geográfica de
cierta área por medio de un mapa. Al evaluar la información
que
se
le
ofreció,
la
magistrada
determinó
que
existía
causa probable para el arresto del señor Rueda Lebrón por
infracciones
a
la
Ley
de
Sustancias
Controladas,
sin
necesidad de cita previa.
La defensa plantea que como no se consignaron en ese
momento por escrito las razones por las cuales no se citó
al sospechoso, la jueza no recibió justificación alguna.
Por su parte, el Ministerio Público insiste en que la jueza
inquirió sobre las razones y que éstas le fueron brindadas.
Luego de estudiar con detenimiento el caso de marras, no
podemos
suscribir
el
razonamiento
de
la
defensa.
Según
intimado, de las denuncias surgen claramente los testigos,
las declaraciones juradas y el resto de la evidencia que
examinó la jueza para determinar que en este caso existía
causa para el arresto sin necesidad de cita. Resultaría
inverosímil sostener que luego de evaluar las declaraciones
de los agentes encubiertos y del informante del NIE que
formaron
parte
de
una
investigación
confidencial,
la
magistrada no pudiera obtener la creencia razonable de que
existían suficientes razones para no citar al sospechoso.
Precisamente,
ese
es
el
alcance
de
Pueblo
v.
Rivera
Martell, supra, en el cual resolvimos que es el magistrado
quien
pasa
suficiencia
juicio
y
de
justificaciones
las
determina
la
finalidad
para
no
de
la
citar
al
CC-2011-0796
14
sospechoso a la vista de causa para el arresto, y no el
fiscal
—aunque
sus
explicaciones
sean
objeto
de
amplia
deferencia—.30
Aunque la mejor práctica es que el fiscal consigne en
la boleta de autorización las razones que justifican no
citar al sospechoso, se puede sostener una determinación de
causa para el arresto en ausencia si del expediente surge
suficiente información que permita concluir razonablemente
que el magistrado recibió las justificaciones en cuestión.
En el caso de marras, ante la determinación de la
magistrada
en
el
sano
ejercicio
de
su
discreción,
de
atender el caso en ausencia luego de examinar todas las
declaraciones y evidencia mencionadas, no podemos concluir
sin más que la falta de apunte sobre las justificaciones
implique la inexistencia de éstas ante el raciocinio de la
jueza. Si la defensa no estuvo presente en la determinación
de causa para el arresto en ausencia, ¿cómo puede afirmar
que
la
magistrada
no
recibió
las
justificaciones
requeridas? Ciertamente, las circunstancias de este caso
impiden saltar a la conclusión propuesta por la defensa.
Máxime cuando la determinación de causa probable, al igual
que
toda
determinación
judicial,
goza
de
una
presunción
legal de corrección.31 En síntesis, el mero hecho de que la
30
En Pueblo v. Rivera Martell, supra, no establecimos
una norma que exigiera que se consignaran por escrito las
circunstancias excepcionales allí reconocidas para celebrar
la vista de causa para el arresto sin cita al sospechoso.
31
Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 D.P.R. 656, 662 (1997);
Pueblo v. Rivera Alicea, 125 D.P.R. 37, 42 (1989); Rabell
Martínez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 796, 799 (1973).
CC-2011-0796
15
jueza no anotara en las denuncias las razones sobre las
circunstancias excepcionales, o el fiscal no las apuntara
en
la
boleta,
recibido
no
significa
suficiente
que
información
la
magistrada
que
no
haya
justificara
su
proceder, o que no fuera ella quien dirimió el asunto.
Nótese que a diferencia de los hechos que motivaron
nuestra decisión en Pueblo v. Rivera Martell, supra, en el
cual
el
fiscal
se
negó
rotundamente
a
ofrecer
las
justificaciones particularizadas, en el caso de autos el
Ministerio Público, desde la primera vez en que la defensa
levantó su planteamiento, ha brindado todas las razones que
derrotan el planteamiento en cuestión. En particular, el
Ministerio Público informó que la acción contra el señor
Rueda Lebrón respondía a una investigación confidencial en
la que participaron agentes encubiertos y un informante del
NIE; que como parte de esa investigación confidencial se
presentaron
34
denuncias
contra
12
sospechosos
por
infracciones a la Ley de Sustancias Controladas —esto es:
múltiples denuncias—; y que cursar cita previa al señor
Rueda Lebrón resultaría oneroso al Estado en la medida en
que afectaría la investigación confidencial y pondría en
riesgo la vida y seguridad de los agentes encubiertos y del
informante
del
NIE.
Esas
circunstancias
justifican
la
celebración de la vista de causa probable para el arresto
en ausencia del entonces sospechoso, y hoy acusado, pese a
que el Estado tuviera la dirección residencial de éste.32
32
Véase Pueblo v. Rivera Martell, supra.
CC-2011-0796
16
IV
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
revocamos
la
resolución recurrida y devolvemos el caso al Tribunal de
Primera Instancia para que continúe con los procedimientos
de manera cónsona con lo aquí resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-2011-0796
Certiorari
Joaquín Rueda Lebrón
Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2012.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte de la
presente Sentencia, se revoca la resolución
recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de
Primera Instancia para que continúe con los
procedimientos de manera cónsona con lo aquí
resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo,
Interina. El Juez Presidente señor Hernández
Denton,
la
Juez
Asociada
señora
Rodríguez
Rodríguez y la Jueza Asociada señora Pabón
Charneco concurren con el resultado sin opiniones
escritas.
Larissa Ortiz Modestti
Secretaria del Tribunal Supremo, Interina