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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Ley de Menores – Término para revisar órdenes o resoluciones; jurisdicción del Tribunal

2012 TSPR 173

Poder Judicial de Puerto Rico

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Ley de Menores – Término para revisar órdenes o resoluciones; jurisdicción del Tribunal

CC-2011-863

El Pueblo de Puerto Rico en interés del menor E.A.L.N.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Certiorari

El Pueblo de Puerto Rico

interés del Menor: E.A.L.N.

en

2012 TSPR 173

187 DPR ____

Número del Caso: CC-2011-863

Fecha: 14 de noviembre de 2012

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan, Panel III

Abogada de la Parte Peticionaria:

Sociedad para Asistencia Legal

Lcda. Marangely González Correa

Oficina del Procurador General:

Lcda. Luis R. Román Negrón

Procurador General

Lcda. Ana R. Garcés Camacho

Procuradora General Auxiliar

Materia: Ley de Menores – Término para revisar órdenes o resoluciones;

jurisdicción del Tribunal

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Certiorari

El Pueblo de Puerto Rico

en interés del Menor: E.A.L.N.

CC-2011-0863

Opinión del

Charneco

Tribunal

emitida

por

la

Jueza

Asociada

señora

Pabón

San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2012.

Con el propósito de cumplir con el deber de

examinar

nuestra

jurisdicción

y

la

de

los

tribunales inferiores, estudiamos la Ley Núm. 88 de

9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como

Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. sec.

2202

et

seq.,

y

la

Regla

9.1

de

las

de

Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A.

Ap. I-A, a la luz de los cambios incorporados a

dicha Regla por la Ley 21-2010.

Concluimos

nuestras

que

la

Ley

21-2010

no

afecta

expresiones

en

Pueblo en interés menor

J.M.R., 147 D.P.R. 65 (1998)(Per Curiam) ni Pueblo

ex rel. R.S.R., 121 D.P.R. 293 (1988). Es decir,

CC-2011-0863

2

como regla general el término jurisdiccional para apelar

una Orden o Resolución dictada en virtud de la Ley Núm.

88, supra, es de treinta (30) días siguientes a la fecha

en que se dictó la Resolución del caso. Pueblo en interés

menor

J.M.R.,

perjudicado

por

supra.

la

Asimismo,

Resolución

no

cuando

conoce

el

su

menor

contenido

hasta que le es notificada por correo, el término para

apelar

comienza

a

cursar

tras

la

certificación

de

notificación a las partes por la Secretaría del tribunal.

Pueblo ex rel. R.S.R., supra.

Sin embargo, la Ley 21-2010 aclara que cuando los

términos cursan a partir de la fecha de archivo en autos

de copia de la notificación de una Resolución u Orden y

esta es distinta a la de su depósito en el correo, el

término se calculará a partir de la fecha del depósito.

Por lo tanto, esta enmienda a la Regla 9.1 de las de

Procedimiento para Asuntos de Menores aplica a aquellos

casos excepcionales reconocidos en Pueblo ex rel. R.S.R.,

supra.

I

El Procurador de Asuntos de Menores presentó cargos

contra

el

menor

E.A.L.N.

(en

adelante

peticionario

o

menor) por violación al Art. 3.23(a) de la Ley 22-2000,

según

enmendada,

conocida

como

Ley

de

Vehículos

y

Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sec. 5073; al Art. 15

de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, según enmendada,

conocida como Ley para la Protección de la Propiedad

3

CC-2011-0863

Vehicular, 9 L.P.R.A. sec. 3214, y a la Ley 253-1995,

conocida

como

Ley

de

Seguro

de

Responsabilidad

Obligatorio para Vehículos de Motor, 26 L.P.R.A. sec.

8051 et seq.1

El 19 de agosto de 2010 se determinó causa contra el

menor por las primeras dos (2) faltas, mas no por la

violación a la Ley 253-1995, supra. Así las cosas, el 7

de septiembre de 2010 se celebró la Vista Adjudicativa. A

esta compareció el menor acompañado por su padre, su

abuela y su representante legal. El peticionario hizo

alegación de “no incurso”.

Tras

concluir

la

presentación

de

la

prueba

del

Procurador de Asuntos de Menores2 y sin que ninguna de

las partes argumentara, el tribunal encontró al menor

incurso en ambas faltas.

Además, le impuso la medida

dispositiva de doce (12) meses por la infracción a la Ley

Núm. 8, supra, y seis (6) meses por la violación a la Ley

22-2000, supra, a cumplirse de manera consecutiva entre

sí bajo la custodia de la Administración de Instituciones

Juveniles.

La Sentencia fue reducida a escrito el 30 de

septiembre de 2010.

1

Al menor se le imputó que “… ilegal, voluntaria y maliciosamente,

TENIA, POSEIA Y/O DISPONIA en su poder un vehículo de motor

(motora)… el cual había sido notificado hurtado el día 9 de [m]ayo

de 2010 …”. Queja Núm. QUC10-336 de 29 de julio de 2010. De igual

forma, se le imputó que “… ilegal, voluntaria y criminalmente

conducía un vehículo de motor (motora)… siendo este menor de 18 años

y SIN ESTAR AUTORIZADO por el Honorable Secretario de Transportación

y Obras Públicas a conducir vehículos de motor por las vías públicas

de Puerto Rico”. Queja Núm. QUC10-337 de 29 de julio de 2010.

2

El Procurador de Asuntos de Menores presentó los testimonios del

Sr. Andy L. Vázquez Adorno, la Sra. May L. Vázquez Adorno, el Agente

Ercilio Nieves López y la Agente Marie Martínez Figueroa. Apéndice

de la Petición de certiorari, págs. 17-19.

4

CC-2011-0863

El 14 de octubre de 2010, el peticionario presentó

ante el Tribunal de Apelaciones su escrito de apelación.

Señaló que no se probó más allá de duda razonable todos

los elementos del delito y que hubo ausencia total del

elemento

de

“a

ilegalmente”.3

sabiendas

de

que

había

sido

hurtado

Asimismo, el 22 de octubre de 2010, el

peticionario compareció nuevamente para aclarar que el

término

para

presentar

la

apelación

vencía

el

30

de

octubre de ese año en conformidad con la Ley 21-2010.

Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones revocó la

Sentencia en cuanto a la infracción al Art. 15 de la Ley

Núm.

8,

supra.

Inconforme,

el

Procurador

General

presentó una Moción de Reconsideración el 23 de mayo de

2011.

Tribunal

Tras

de

evaluar

la

posición

de

Apelaciones

emitió

una

la

defensa,

el

Sentencia

en

Reconsideración el 29 de septiembre de 2011 en la que

confirmó la determinación recurrida.

Inconforme, el 25 de octubre de 2011 el peticionario

recurrió ante nos señalando los mismos errores por los

que acudió al foro apelativo intermedio.

Examinado el recurso, acordamos expedir. Contando

con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver.

II

3

Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 25. También apuntó

como error que el tribunal no acogiera la solicitud oral de

reconsideración previo a determinar la medida dispositiva.

5

CC-2011-0863

Antes

de

examinar

los

errores

señalados,

debemos

cumplir con el deber de estudiar si poseemos jurisdicción

para adjudicar el caso de autos. En vista de que las

cuestiones relativas a la jurisdicción son de naturaleza

privilegiada, estas deben ser resueltas con preferencia a

cualquier otro asunto a pesar de que no se nos haya

planteado

por

las

partes,

e

incluso

en

cuanto

a

la

autoridad de los tribunales inferiores. Ponce Fed. Bank

v. Chubb Life Ins. Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001).

Esto

pues, los tribunales debemos ser celosos guardianes de

nuestra

jurisdicción

asumirla

donde

no

y

la

no

tenemos

hay.

Cruz

discreción

Parrilla

v.

para

Depto.

Vivienda, res. el 23 de enero de 2012, 184 D.P.R. __

(2012), 2012 T.S.P.R. 11, 2012 J.T.S. 24; Dávila Pollock

et als. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86 (2011).

A esos efectos, hemos enfatizado que los términos de

apelación -tanto en casos civiles, penales o de menoresestablecen la jurisdicción de los tribunales apelativos.

Pueblo en interés menor J.M.R., supra, págs. 74-75. Al

constituir términos jurisdiccionales, estos son fatales,

improrrogables

e

transcurren

tribunal

el

jurisdicción

insubsanables.

para

o

la

atender

Por

agencia

el

ende,

una

estatal

asunto

vez

pierde

ante

su

consideración. Peerless Oil & Chemical, Inc. v. Hermanos

Torres Pérez, Inc., res. el 13 de julio de 2012, 184

D.P.R. __ (2012), 2012 T.S.P.R. 119, 2012 J.T.S. ___;

Martínez,

Inc.

v.

Abijoe

Realty

Corp.,

151

(2000); Pueblo en interés menor J.M.R., supra.

D.P.R.

1

6

CC-2011-0863

Examinemos,

entonces,

las

disposiciones

que

nos

confieren jurisdicción sobre el caso de autos.

A.

Los

procedimientos

investigativos,

judiciales

y

ejecutivos de menores de dieciocho (18) años de edad que

incurren

en

conducta

constitutiva

de

delito

-según

tipificada en el Código Penal y demás leyes especialesse rigen por las disposiciones de la Ley Núm. 88, supra,

así como por las Reglas de Procedimiento para Asuntos de

Menores, supra. Estas fuentes crean el esquema jurídico

aplicable a los procedimientos de menores.4 Pueblo en

interés menor C.Y.C.G, 180 D.P.R. 555 (2011);

Pueblo

en Interés Menor G.R.S., 149 D.P.R. 1, 14 (1999).

Por su parte, la Ley Núm. 88, supra, reconoce un

Sistema de Justicia Juvenil de carácter especial, pero

establece un enfoque filosófico que brinda al menor toda

oportunidad

rehabilitativa

a

la

vez

que

le

exige

responsabilidad por sus actos.5 A pesar de la naturaleza

sui generis de los procedimientos de menores, se le han

extendido a estos los derechos procesales fundamentales

4

La Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida

como Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. sec. 2236, así como

las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap.

I-A, se deben interpretar de acuerdo con los propósitos siguientes:

(1) proveer para el cuidado, protección, desarrollo, habilitación y

rehabilitación de los menores y proteger el bienestar de la

comunidad; (2) proteger el interés público tratando a los menores

como personas necesitadas de supervisión, cuidado y tratamiento, a

la vez que se les exige responsabilidad por sus actos, y (3)

garantizar a todo menor un trato justo, el debido procedimiento de

ley, y el reconocimiento de sus derechos constitucionales. 34

L.P.R.A. sec. 2204. Asimismo, se interpretarán de forma que

garanticen una solución justa, rápida y económica de todos los

asuntos. 34 L.P.R.A. Ap. I-A, R. 1.2.

5

Sobre el desarrollo del sistema de justicia juvenil en Puerto

Rico, véase Pueblo en interés menor C.Y.C.G., 180 D.P.R. 555 (2011).

7

CC-2011-0863

reconocidos

a los adultos por mandato

constitucional.

Por ello, las Reglas de Procedimiento para Asuntos de

Menores “siguen fundamentalmente las disposiciones de las

Reglas

de

Procedimiento

Criminal

que

regulan…

los

procedimientos criminales contra los adultos”. Pueblo en

interés menor G.R.S., supra, pág. 14, citando a Pueblo en

interés menor R.G.G., 123 D.P.R. 443 (1989).

En cuanto a la apelación, el Art. 35 de la Ley Núm.

88, supra, dispone que la Orden o Resolución dictada a su

amparo podrá apelarse ante el Tribunal de Apelaciones.

su

vez,

la

determinación

revisada

por

este

correspondiente

Tribunal

mediante

el

A

podrá

ser

recurso

de

certiorari. Por otro lado, la Regla 9.1(1)(b)(i) de las

de

Procedimiento

para

Asuntos

de

Menores,

supra,

establece un término jurisdiccional de treinta (30) días

para

apelar

la

Orden

o

Resolución

dictada.

Empero,

¿cuándo comienza a cursar el término de treinta (30) días

para apelar las resoluciones que imponen a un menor una

medida dispositiva?

No

es

la

primera

vez

que

examinamos

el

término

provisto por la Regla 9.1 de las de Procedimiento para

Asuntos de Menores, supra.

Sin embargo, hoy examinamos

este precepto tras la enmienda sufrida por la Ley 212010. Anteriormente hemos computado este plazo según el

texto claro de la Regla: el término es de “treinta (30)

días siguientes a la fecha en que se dictó la resolución

que dispuso del caso”. 34 L.P.R.A. Ap. I-A, R.9.1. Ello,

a pesar de que se emita posteriormente por escrito y se

8

CC-2011-0863

notifique por correo a las partes. H.A. Sánchez Martínez,

Práctica

Jurídica

de

Puerto

Rico:

Derecho

Apelativo, Ed. Lexis-Nexis, 2001, pág. 86.

Procesal

Sin embargo,

excepcionalmente se utiliza la fecha del archivo en autos

del dictamen. Id.

Así, en Pueblo ex rel. R.S.R., supra, nos expresamos

por primera vez sobre la Ley Núm. 88, supra, y sobre el

término

para

presentar

un

escrito

de

apelación

a

su

amparo. Particularmente, examinamos desde cuándo comienza

a contar el término para acudir en apelación ante un

dictamen en el que el Tribunal de Menores renunció a su

jurisdicción.

Entonces,

la

Regla

9.1

de

las

de

Procedimiento para Asuntos de Menores, supra, disponía de

un término de veinte (20) días “siguientes a la fecha en

que se dictó la resolución que dispuso del caso” para

presentar el escrito de apelación en la Secretaría de la

sala del tribunal que dispuso del caso y para instar

copia

del

escrito

a

la

Secretaría

del

tribunal

apelativo.6 En dicho caso el apelante instó su escrito a

tiempo más no presentó copia del recurso ante el tribunal

apelativo. Aunque reconocimos la similitud de la Regla

9.1 de las de Procedimiento para Asuntos de Menores,

6

La Regla 9.1 de las de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34

L.P.R.A. Ap. I-A R.9.1(b)(1991), aplicable al caso disponía, en lo

pertinente, que:

“La apelación se formalizará presentando un escrito de

apelación en la secretaría de la sala del Tribunal que

entendió en el caso dentro de los veinte (20) días

siguientes a la fecha en que se dictó la resolución que

dispuso del caso y se deberá presentar o remitir por correo

certificado copia de dicho escrito a la secretaría del

Tribunal Supremo dentro del referido término”.

9

CC-2011-0863

supra,

con

la

Regla

194

de

Procedimiento

Criminal

vigente, señalamos, a su vez, una importante diferencia

con efectos de debido proceso de ley: de ordinario la

Sala de Asuntos de Menores renuncia a la jurisdicción

sobre un menor mediante Resolución por escrito y fuera de

la presencia del menor y su representante. Es por ello

que cuando un menor perjudicado por una Resolución y su

abogado no se enteran del contenido de la misma hasta que

se emite por escrito, el término para apelar provisto por

la Regla 9.1 de las de Procedimiento para Asuntos de

Menores, supra, comienza a transcurrir desde la fecha en

que

la

Secretaría

de

la

Sala

de

Asuntos

de

Menores

certificó haber notificado a las partes, o, en los casos

apropiados, desde la fecha en que se hace la notificación

personalmente. Esto para no propiciar que se afecte de

manera

intolerable

el

derecho

de

apelación

cuando

el

tribunal se reserva el contenido de la Resolución.

Diez (10) años más tarde tuvimos la oportunidad de

expresarnos

nuevamente

Procedimiento

para

sobre

Asuntos

la

de

Regla

Menores,

9.1

de

supra.

las

de

Para

entonces esta había sido enmendada para atemperarla a la

Ley Núm. 1 de 28 de julio de 1994, conocida como Ley de

la Judicatura de Puerto Rico de 1994,

y concedía un

término jurisdiccional de treinta (30) días para apelar.7

7

La Regla 9.1(b)(1) de las de Procedimiento para Asuntos de

Menores, según enmendada por la Ley Núm. 88 de 27 de julio de 1996,

disponía que:

“La apelación se formalizará presentando un escrito de

apelación

conforme

a

lo

dispuesto

en

el

Plan

de

Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial, aprobado el 28

10

CC-2011-0863

En

Pueblo

en

interés

menor

J.M.R.,

supra,

un

menor

presentó un recurso de apelación diecinueve (19) días

después de que la Resolución emitida fuera notificada por

correo.

Sin embargo, el escrito fue presentado treinta y

un

días

(31)

después

de

haberse

dispositiva en corte abierta.

dictado

la

medida

En la vista dispositiva

estuvo presente el menor, su abogado y su custodio legal.

Al examinar la Regla 9.1 entonces vigente señalamos

que el término comenzaba a contarse desde la fecha en la

que se dictó la Resolución que dispuso del caso puesto

que el menor estuvo acompañado por su representante legal

al momento de la imposición de la medida dispositiva.

Aclaramos

abierta

que

de

cuando

la

el

medida

menor

es

dispositiva

informado

impuesta

en

corte

no

hay

justificación para que aplique la excepción reconocida en

Pueblo ex rel. R.S.R., supra.

No obstante, a principios del año 2010 la Regla 9.1

de las de Procedimiento para Asuntos de Menores, supra,

fue nuevamente enmendada

…a los efectos de establecer que los términos

que se calculen a partir del archivo en autos

de copia de la notificación de la sentencia,

resolución u orden, comenzarán a correr a

partir del depósito en el correo de la

notificación de la resolución u orden, cuando

esta fecha sea distinta a la del archivo en

autos”. Título, Ley 21-2010. (Énfasis suplido).

de julio de 1994, según enmendado [4 L.P.R.A. secs. 22 a

23n]; conocido como la “Ley de la Judicatura de 1994”, y

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en

que se dictó la resolución que dispuso del caso.

Este

término es jurisdiccional”. 1996 Leyes de Puerto Rico 412.

11

CC-2011-0863

Esto pues, este beneficio no se había hecho extensivo a

los casos penales o de menores con la promulgación de la

Ley

40-1999.

H.A.

Sánchez

Martínez,

op.cit.

En

lo

pertinente al caso de autos, la Regla 9.1(1)(b)(i) de las

de

Procedimiento

para

Asuntos

de

Menores,

supra,

aplicable indica que:

(1)

Las órdenes y resoluciones finales dictadas

por el Tribunal de Instancia… podrán ser

apeladas ante el Tribunal de Circuito de

Apelaciones… En la interposición de estos

recursos deberán regir las reglas adoptadas

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico,

sujeto a las siguientes normas:

(a)…

(b)(i)

La

apelación

se

formalizará

presentando un escrito de apelación conforme

a lo dispuesto en la “Ley de la Judicatura

de 2003”, secs. 24 a 25r del Título 4, y

dentro de los treinta (30) días siguientes a

la fecha en que se dictó la resolución que

dispuso

del

caso.

Este

término

es

jurisdiccional.

Si la fecha de archivo en

autos de copia de la notificación de la

resolución es distinta a la del depósito en

el correo de dicha notificación, el término

se calculará a partir de la fecha del

depósito en el correo. VER Art. 4.06 Ley

Judicatura 2003 [sic]. (Énfasis suplido).

A través de esta enmienda, la Asamblea Legislativa

hizo

hincapié

correcta

de

que

es

imprescindible

la

pronta

notificación

a

las

de

cualquier

partes

y

Sentencia, Resolución u Orden judicial cuyo archivo en

autos de copia de la notificación genere los términos

para solicitar su revisión ante los foros apelativos.

Exposición de Motivos, Ley 21-2010. De esta forma, la

Asamblea Legislativa aclaró el alcance de los términos

establecidos en la Regla 9.1 de las de Procedimiento para

Asuntos

de

Menores,

supra,

al

amparo

de

nuestras

12

CC-2011-0863

expresiones en Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp.,

supra, con la intención de proteger los derechos de la

parte afectada por la demora en la notificación cuando

los términos comienzan a cursar tras el archivo en autos

de copia de la Resolución.8

No obstante, del texto de la Ley 21-2010 no surge

expresión ni intención alguna de la Asamblea Legislativa

de

modificar

su

claro

mandato

de

que

el

término

jurisdiccional comienza a cursar “dentro de los treinta

(30)

días

siguientes

a

la

fecha

en

que

se

dictó

la

resolución que dispuso del caso” ni de modificar nuestras

expresiones en Pueblo en interés menor J.M.R., supra, y

Pueblo ex rel. R.S.R., supra.

Tal como dispone el Art. 14 del Código Civil de

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 14, “[c]uando la ley es

clara y libre de toda ambigüedad, la letra de ella no

debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su

espíritu”. Por lo tanto, la enmienda no modifica la regla

general.

8

Nuestras interpretaciones en Pueblo en interés

En Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1 (2000),

examinamos el alcance de la Ley 40-1999 en la Regla 46 de

Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III. Esa ley buscaba

salvaguardar los derechos apelativos de las partes en aquellos casos

en los que la notificación postal no coincide con el archivo en

autos del dictamen. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., supra.

Particularmente, analizamos la importancia de la notificación

simultánea de sentencias, resoluciones u órdenes que generan

términos para su revisión. La simultaneidad en estos casos está

justificada en los requerimientos del debido proceso de ley para

evitar un trato desigual entre las partes; para evitar la demora del

momento en el que las partes efectivamente adquieren conocimiento de

la sentencia, y para la “correcta” operación interna de las

secretarías de los tribunales. Sin embargo, aún sin contar con la

enmienda incorporada por la Ley Núm. 40, supra, ya habíamos indicado

que para proteger los derechos de la parte afectada por una

notificación extremadamente tardía, se entendería que el término

comenzó a transcurrir el día en que se cursó la notificación a las

partes. Id., pág. 9.

13

CC-2011-0863

menor

siguen

J.M.R.,

supra

vigentes.

y

No

Pueblo

ex

obstante,

rel.

R.S.R.,

cuando

el

supra,

menor,

su

representación legal y su custodio legal no estuvieran

presentes en el momento en que se emitió la Resolución,

el término se contará desde el archivo en autos de copia

de la notificación de la Resolución. Ahora bien, cuando

la fecha de depósito en el correo sea distinta a la del

archivo en autos, el término se calculará a partir de la

fecha del depósito.

III

Como señaláramos, el 7 de septiembre de 2010 se

celebró la vista adjudicativa.

Ese mismo día se encontró

al menor incurso en ambas faltas y se le impusieron las

medidas dispositivas pertinentes en presencia de este, su

padre, su abuela y su representación legal. La Sentencia

fue reducida a escrito y notificada el 30 de septiembre

de 2010. Sin embargo, no fue hasta el 14 de octubre de

2010

que

apelación.

el

peticionario

Como

presentó

consecuencia,

el

su

escrito

de

menor

presentó

un

escrito de apelación treinta y siente (37) días después

de dictada la Resolución, pero tan solo catorce (14) días

desde que fuera notificada. Sin embargo, mediante una

comparecencia

posterior

sostuvo

que

el

término

para

presentar la apelación vencía el 30 de octubre de ese año

en conformidad con la Ley 21-2010.

Dado que en el caso de autos el peticionario, su

padre, su abuela y su abogada fueron notificados en sala

de

la

adjudicación

y

disposición

del

caso

el

7

de

14

CC-2011-0863

septiembre

de

2010,

el

término

para

presentar

la

apelación comenzó a transcurrir desde la fecha en que se

dictó.

Asimismo,

el

término

para

venció el 7 de octubre de 2010.

fue presentado tardíamente.

que

el

foro

apelativo

instar

la

apelación

Por lo tanto, el recurso

En vista de ello, concluimos

carecía

de

jurisdicción

para

atender el caso.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca el

dictamen recurrido y se desestima el recurso de apelación

presentado ante el Tribunal de Apelaciones.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Certiorari

El Pueblo de Puerto Rico

en interés del Menor: E.A.L.N.

CC-2011-0863

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2012.

Por los fundamentos antes expuestos, se

revoca el dictamen recurrido y se desestima el

recurso de apelación presentado ante el Tribunal de

Apelaciones.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

Larissa Ortiz Modestti

Secretaria del Tribunal Supremo Interina