Tribunal Supremo de Puerto Rico
Ley de Menores – Término para revisar órdenes o resoluciones; jurisdicción del Tribunal
2012 TSPR 173
Poder Judicial de Puerto Rico
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Ley de Menores – Término para revisar órdenes o resoluciones; jurisdicción del Tribunal
CC-2011-863
El Pueblo de Puerto Rico en interés del menor E.A.L.N.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Certiorari
El Pueblo de Puerto Rico
interés del Menor: E.A.L.N.
en
2012 TSPR 173
187 DPR ____
Número del Caso: CC-2011-863
Fecha: 14 de noviembre de 2012
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan, Panel III
Abogada de la Parte Peticionaria:
Sociedad para Asistencia Legal
Lcda. Marangely González Correa
Oficina del Procurador General:
Lcda. Luis R. Román Negrón
Procurador General
Lcda. Ana R. Garcés Camacho
Procuradora General Auxiliar
Materia: Ley de Menores – Término para revisar órdenes o resoluciones;
jurisdicción del Tribunal
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Certiorari
El Pueblo de Puerto Rico
en interés del Menor: E.A.L.N.
CC-2011-0863
Opinión del
Charneco
Tribunal
emitida
por
la
Jueza
Asociada
señora
Pabón
San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2012.
Con el propósito de cumplir con el deber de
examinar
nuestra
jurisdicción
y
la
de
los
tribunales inferiores, estudiamos la Ley Núm. 88 de
9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como
Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. sec.
2202
et
seq.,
y
la
Regla
9.1
de
las
de
Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A.
Ap. I-A, a la luz de los cambios incorporados a
dicha Regla por la Ley 21-2010.
Concluimos
nuestras
que
la
Ley
21-2010
no
afecta
expresiones
en
Pueblo en interés menor
J.M.R., 147 D.P.R. 65 (1998)(Per Curiam) ni Pueblo
ex rel. R.S.R., 121 D.P.R. 293 (1988). Es decir,
CC-2011-0863
2
como regla general el término jurisdiccional para apelar
una Orden o Resolución dictada en virtud de la Ley Núm.
88, supra, es de treinta (30) días siguientes a la fecha
en que se dictó la Resolución del caso. Pueblo en interés
menor
J.M.R.,
perjudicado
por
supra.
la
Asimismo,
Resolución
no
cuando
conoce
el
su
menor
contenido
hasta que le es notificada por correo, el término para
apelar
comienza
a
cursar
tras
la
certificación
de
notificación a las partes por la Secretaría del tribunal.
Pueblo ex rel. R.S.R., supra.
Sin embargo, la Ley 21-2010 aclara que cuando los
términos cursan a partir de la fecha de archivo en autos
de copia de la notificación de una Resolución u Orden y
esta es distinta a la de su depósito en el correo, el
término se calculará a partir de la fecha del depósito.
Por lo tanto, esta enmienda a la Regla 9.1 de las de
Procedimiento para Asuntos de Menores aplica a aquellos
casos excepcionales reconocidos en Pueblo ex rel. R.S.R.,
supra.
I
El Procurador de Asuntos de Menores presentó cargos
contra
el
menor
E.A.L.N.
(en
adelante
peticionario
o
menor) por violación al Art. 3.23(a) de la Ley 22-2000,
según
enmendada,
conocida
como
Ley
de
Vehículos
y
Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sec. 5073; al Art. 15
de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, según enmendada,
conocida como Ley para la Protección de la Propiedad
3
CC-2011-0863
Vehicular, 9 L.P.R.A. sec. 3214, y a la Ley 253-1995,
conocida
como
Ley
de
Seguro
de
Responsabilidad
Obligatorio para Vehículos de Motor, 26 L.P.R.A. sec.
8051 et seq.1
El 19 de agosto de 2010 se determinó causa contra el
menor por las primeras dos (2) faltas, mas no por la
violación a la Ley 253-1995, supra. Así las cosas, el 7
de septiembre de 2010 se celebró la Vista Adjudicativa. A
esta compareció el menor acompañado por su padre, su
abuela y su representante legal. El peticionario hizo
alegación de “no incurso”.
Tras
concluir
la
presentación
de
la
prueba
del
Procurador de Asuntos de Menores2 y sin que ninguna de
las partes argumentara, el tribunal encontró al menor
incurso en ambas faltas.
Además, le impuso la medida
dispositiva de doce (12) meses por la infracción a la Ley
Núm. 8, supra, y seis (6) meses por la violación a la Ley
22-2000, supra, a cumplirse de manera consecutiva entre
sí bajo la custodia de la Administración de Instituciones
Juveniles.
La Sentencia fue reducida a escrito el 30 de
septiembre de 2010.
1
Al menor se le imputó que “… ilegal, voluntaria y maliciosamente,
TENIA, POSEIA Y/O DISPONIA en su poder un vehículo de motor
(motora)… el cual había sido notificado hurtado el día 9 de [m]ayo
de 2010 …”. Queja Núm. QUC10-336 de 29 de julio de 2010. De igual
forma, se le imputó que “… ilegal, voluntaria y criminalmente
conducía un vehículo de motor (motora)… siendo este menor de 18 años
y SIN ESTAR AUTORIZADO por el Honorable Secretario de Transportación
y Obras Públicas a conducir vehículos de motor por las vías públicas
de Puerto Rico”. Queja Núm. QUC10-337 de 29 de julio de 2010.
2
El Procurador de Asuntos de Menores presentó los testimonios del
Sr. Andy L. Vázquez Adorno, la Sra. May L. Vázquez Adorno, el Agente
Ercilio Nieves López y la Agente Marie Martínez Figueroa. Apéndice
de la Petición de certiorari, págs. 17-19.
4
CC-2011-0863
El 14 de octubre de 2010, el peticionario presentó
ante el Tribunal de Apelaciones su escrito de apelación.
Señaló que no se probó más allá de duda razonable todos
los elementos del delito y que hubo ausencia total del
elemento
de
“a
ilegalmente”.3
sabiendas
de
que
había
sido
hurtado
Asimismo, el 22 de octubre de 2010, el
peticionario compareció nuevamente para aclarar que el
término
para
presentar
la
apelación
vencía
el
30
de
octubre de ese año en conformidad con la Ley 21-2010.
Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones revocó la
Sentencia en cuanto a la infracción al Art. 15 de la Ley
Núm.
8,
supra.
Inconforme,
el
Procurador
General
presentó una Moción de Reconsideración el 23 de mayo de
2011.
Tribunal
Tras
de
evaluar
la
posición
de
Apelaciones
emitió
una
la
defensa,
el
Sentencia
en
Reconsideración el 29 de septiembre de 2011 en la que
confirmó la determinación recurrida.
Inconforme, el 25 de octubre de 2011 el peticionario
recurrió ante nos señalando los mismos errores por los
que acudió al foro apelativo intermedio.
Examinado el recurso, acordamos expedir. Contando
con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,
procedemos a resolver.
II
3
Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 25. También apuntó
como error que el tribunal no acogiera la solicitud oral de
reconsideración previo a determinar la medida dispositiva.
5
CC-2011-0863
Antes
de
examinar
los
errores
señalados,
debemos
cumplir con el deber de estudiar si poseemos jurisdicción
para adjudicar el caso de autos. En vista de que las
cuestiones relativas a la jurisdicción son de naturaleza
privilegiada, estas deben ser resueltas con preferencia a
cualquier otro asunto a pesar de que no se nos haya
planteado
por
las
partes,
e
incluso
en
cuanto
a
la
autoridad de los tribunales inferiores. Ponce Fed. Bank
v. Chubb Life Ins. Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001).
Esto
pues, los tribunales debemos ser celosos guardianes de
nuestra
jurisdicción
asumirla
donde
no
y
la
no
tenemos
hay.
Cruz
discreción
Parrilla
v.
para
Depto.
Vivienda, res. el 23 de enero de 2012, 184 D.P.R. __
(2012), 2012 T.S.P.R. 11, 2012 J.T.S. 24; Dávila Pollock
et als. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86 (2011).
A esos efectos, hemos enfatizado que los términos de
apelación -tanto en casos civiles, penales o de menoresestablecen la jurisdicción de los tribunales apelativos.
Pueblo en interés menor J.M.R., supra, págs. 74-75. Al
constituir términos jurisdiccionales, estos son fatales,
improrrogables
e
transcurren
tribunal
el
jurisdicción
insubsanables.
para
o
la
atender
Por
agencia
el
ende,
una
estatal
asunto
vez
pierde
ante
su
consideración. Peerless Oil & Chemical, Inc. v. Hermanos
Torres Pérez, Inc., res. el 13 de julio de 2012, 184
D.P.R. __ (2012), 2012 T.S.P.R. 119, 2012 J.T.S. ___;
Martínez,
Inc.
v.
Abijoe
Realty
Corp.,
151
(2000); Pueblo en interés menor J.M.R., supra.
D.P.R.
1
6
CC-2011-0863
Examinemos,
entonces,
las
disposiciones
que
nos
confieren jurisdicción sobre el caso de autos.
A.
Los
procedimientos
investigativos,
judiciales
y
ejecutivos de menores de dieciocho (18) años de edad que
incurren
en
conducta
constitutiva
de
delito
-según
tipificada en el Código Penal y demás leyes especialesse rigen por las disposiciones de la Ley Núm. 88, supra,
así como por las Reglas de Procedimiento para Asuntos de
Menores, supra. Estas fuentes crean el esquema jurídico
aplicable a los procedimientos de menores.4 Pueblo en
interés menor C.Y.C.G, 180 D.P.R. 555 (2011);
Pueblo
en Interés Menor G.R.S., 149 D.P.R. 1, 14 (1999).
Por su parte, la Ley Núm. 88, supra, reconoce un
Sistema de Justicia Juvenil de carácter especial, pero
establece un enfoque filosófico que brinda al menor toda
oportunidad
rehabilitativa
a
la
vez
que
le
exige
responsabilidad por sus actos.5 A pesar de la naturaleza
sui generis de los procedimientos de menores, se le han
extendido a estos los derechos procesales fundamentales
4
La Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida
como Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. sec. 2236, así como
las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap.
I-A, se deben interpretar de acuerdo con los propósitos siguientes:
(1) proveer para el cuidado, protección, desarrollo, habilitación y
rehabilitación de los menores y proteger el bienestar de la
comunidad; (2) proteger el interés público tratando a los menores
como personas necesitadas de supervisión, cuidado y tratamiento, a
la vez que se les exige responsabilidad por sus actos, y (3)
garantizar a todo menor un trato justo, el debido procedimiento de
ley, y el reconocimiento de sus derechos constitucionales. 34
L.P.R.A. sec. 2204. Asimismo, se interpretarán de forma que
garanticen una solución justa, rápida y económica de todos los
asuntos. 34 L.P.R.A. Ap. I-A, R. 1.2.
5
Sobre el desarrollo del sistema de justicia juvenil en Puerto
Rico, véase Pueblo en interés menor C.Y.C.G., 180 D.P.R. 555 (2011).
7
CC-2011-0863
reconocidos
a los adultos por mandato
constitucional.
Por ello, las Reglas de Procedimiento para Asuntos de
Menores “siguen fundamentalmente las disposiciones de las
Reglas
de
Procedimiento
Criminal
que
regulan…
los
procedimientos criminales contra los adultos”. Pueblo en
interés menor G.R.S., supra, pág. 14, citando a Pueblo en
interés menor R.G.G., 123 D.P.R. 443 (1989).
En cuanto a la apelación, el Art. 35 de la Ley Núm.
88, supra, dispone que la Orden o Resolución dictada a su
amparo podrá apelarse ante el Tribunal de Apelaciones.
su
vez,
la
determinación
revisada
por
este
correspondiente
Tribunal
mediante
el
A
podrá
ser
recurso
de
certiorari. Por otro lado, la Regla 9.1(1)(b)(i) de las
de
Procedimiento
para
Asuntos
de
Menores,
supra,
establece un término jurisdiccional de treinta (30) días
para
apelar
la
Orden
o
Resolución
dictada.
Empero,
¿cuándo comienza a cursar el término de treinta (30) días
para apelar las resoluciones que imponen a un menor una
medida dispositiva?
No
es
la
primera
vez
que
examinamos
el
término
provisto por la Regla 9.1 de las de Procedimiento para
Asuntos de Menores, supra.
Sin embargo, hoy examinamos
este precepto tras la enmienda sufrida por la Ley 212010. Anteriormente hemos computado este plazo según el
texto claro de la Regla: el término es de “treinta (30)
días siguientes a la fecha en que se dictó la resolución
que dispuso del caso”. 34 L.P.R.A. Ap. I-A, R.9.1. Ello,
a pesar de que se emita posteriormente por escrito y se
8
CC-2011-0863
notifique por correo a las partes. H.A. Sánchez Martínez,
Práctica
Jurídica
de
Puerto
Rico:
Derecho
Apelativo, Ed. Lexis-Nexis, 2001, pág. 86.
Procesal
Sin embargo,
excepcionalmente se utiliza la fecha del archivo en autos
del dictamen. Id.
Así, en Pueblo ex rel. R.S.R., supra, nos expresamos
por primera vez sobre la Ley Núm. 88, supra, y sobre el
término
para
presentar
un
escrito
de
apelación
a
su
amparo. Particularmente, examinamos desde cuándo comienza
a contar el término para acudir en apelación ante un
dictamen en el que el Tribunal de Menores renunció a su
jurisdicción.
Entonces,
la
Regla
9.1
de
las
de
Procedimiento para Asuntos de Menores, supra, disponía de
un término de veinte (20) días “siguientes a la fecha en
que se dictó la resolución que dispuso del caso” para
presentar el escrito de apelación en la Secretaría de la
sala del tribunal que dispuso del caso y para instar
copia
del
escrito
a
la
Secretaría
del
tribunal
apelativo.6 En dicho caso el apelante instó su escrito a
tiempo más no presentó copia del recurso ante el tribunal
apelativo. Aunque reconocimos la similitud de la Regla
9.1 de las de Procedimiento para Asuntos de Menores,
6
La Regla 9.1 de las de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34
L.P.R.A. Ap. I-A R.9.1(b)(1991), aplicable al caso disponía, en lo
pertinente, que:
“La apelación se formalizará presentando un escrito de
apelación en la secretaría de la sala del Tribunal que
entendió en el caso dentro de los veinte (20) días
siguientes a la fecha en que se dictó la resolución que
dispuso del caso y se deberá presentar o remitir por correo
certificado copia de dicho escrito a la secretaría del
Tribunal Supremo dentro del referido término”.
9
CC-2011-0863
supra,
con
la
Regla
194
de
Procedimiento
Criminal
vigente, señalamos, a su vez, una importante diferencia
con efectos de debido proceso de ley: de ordinario la
Sala de Asuntos de Menores renuncia a la jurisdicción
sobre un menor mediante Resolución por escrito y fuera de
la presencia del menor y su representante. Es por ello
que cuando un menor perjudicado por una Resolución y su
abogado no se enteran del contenido de la misma hasta que
se emite por escrito, el término para apelar provisto por
la Regla 9.1 de las de Procedimiento para Asuntos de
Menores, supra, comienza a transcurrir desde la fecha en
que
la
Secretaría
de
la
Sala
de
Asuntos
de
Menores
certificó haber notificado a las partes, o, en los casos
apropiados, desde la fecha en que se hace la notificación
personalmente. Esto para no propiciar que se afecte de
manera
intolerable
el
derecho
de
apelación
cuando
el
tribunal se reserva el contenido de la Resolución.
Diez (10) años más tarde tuvimos la oportunidad de
expresarnos
nuevamente
Procedimiento
para
sobre
Asuntos
la
de
Regla
Menores,
9.1
de
supra.
las
de
Para
entonces esta había sido enmendada para atemperarla a la
Ley Núm. 1 de 28 de julio de 1994, conocida como Ley de
la Judicatura de Puerto Rico de 1994,
y concedía un
término jurisdiccional de treinta (30) días para apelar.7
7
La Regla 9.1(b)(1) de las de Procedimiento para Asuntos de
Menores, según enmendada por la Ley Núm. 88 de 27 de julio de 1996,
disponía que:
“La apelación se formalizará presentando un escrito de
apelación
conforme
a
lo
dispuesto
en
el
Plan
de
Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial, aprobado el 28
10
CC-2011-0863
En
Pueblo
en
interés
menor
J.M.R.,
supra,
un
menor
presentó un recurso de apelación diecinueve (19) días
después de que la Resolución emitida fuera notificada por
correo.
Sin embargo, el escrito fue presentado treinta y
un
días
(31)
después
de
haberse
dispositiva en corte abierta.
dictado
la
medida
En la vista dispositiva
estuvo presente el menor, su abogado y su custodio legal.
Al examinar la Regla 9.1 entonces vigente señalamos
que el término comenzaba a contarse desde la fecha en la
que se dictó la Resolución que dispuso del caso puesto
que el menor estuvo acompañado por su representante legal
al momento de la imposición de la medida dispositiva.
Aclaramos
abierta
que
de
cuando
la
el
medida
menor
es
dispositiva
informado
impuesta
en
corte
no
hay
justificación para que aplique la excepción reconocida en
Pueblo ex rel. R.S.R., supra.
No obstante, a principios del año 2010 la Regla 9.1
de las de Procedimiento para Asuntos de Menores, supra,
fue nuevamente enmendada
…a los efectos de establecer que los términos
que se calculen a partir del archivo en autos
de copia de la notificación de la sentencia,
resolución u orden, comenzarán a correr a
partir del depósito en el correo de la
notificación de la resolución u orden, cuando
esta fecha sea distinta a la del archivo en
autos”. Título, Ley 21-2010. (Énfasis suplido).
de julio de 1994, según enmendado [4 L.P.R.A. secs. 22 a
23n]; conocido como la “Ley de la Judicatura de 1994”, y
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en
que se dictó la resolución que dispuso del caso.
Este
término es jurisdiccional”. 1996 Leyes de Puerto Rico 412.
11
CC-2011-0863
Esto pues, este beneficio no se había hecho extensivo a
los casos penales o de menores con la promulgación de la
Ley
40-1999.
H.A.
Sánchez
Martínez,
op.cit.
En
lo
pertinente al caso de autos, la Regla 9.1(1)(b)(i) de las
de
Procedimiento
para
Asuntos
de
Menores,
supra,
aplicable indica que:
(1)
Las órdenes y resoluciones finales dictadas
por el Tribunal de Instancia… podrán ser
apeladas ante el Tribunal de Circuito de
Apelaciones… En la interposición de estos
recursos deberán regir las reglas adoptadas
por el Tribunal Supremo de Puerto Rico,
sujeto a las siguientes normas:
(a)…
(b)(i)
La
apelación
se
formalizará
presentando un escrito de apelación conforme
a lo dispuesto en la “Ley de la Judicatura
de 2003”, secs. 24 a 25r del Título 4, y
dentro de los treinta (30) días siguientes a
la fecha en que se dictó la resolución que
dispuso
del
caso.
Este
término
es
jurisdiccional.
Si la fecha de archivo en
autos de copia de la notificación de la
resolución es distinta a la del depósito en
el correo de dicha notificación, el término
se calculará a partir de la fecha del
depósito en el correo. VER Art. 4.06 Ley
Judicatura 2003 [sic]. (Énfasis suplido).
A través de esta enmienda, la Asamblea Legislativa
hizo
hincapié
correcta
de
que
es
imprescindible
la
pronta
notificación
a
las
de
cualquier
partes
y
Sentencia, Resolución u Orden judicial cuyo archivo en
autos de copia de la notificación genere los términos
para solicitar su revisión ante los foros apelativos.
Exposición de Motivos, Ley 21-2010. De esta forma, la
Asamblea Legislativa aclaró el alcance de los términos
establecidos en la Regla 9.1 de las de Procedimiento para
Asuntos
de
Menores,
supra,
al
amparo
de
nuestras
12
CC-2011-0863
expresiones en Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp.,
supra, con la intención de proteger los derechos de la
parte afectada por la demora en la notificación cuando
los términos comienzan a cursar tras el archivo en autos
de copia de la Resolución.8
No obstante, del texto de la Ley 21-2010 no surge
expresión ni intención alguna de la Asamblea Legislativa
de
modificar
su
claro
mandato
de
que
el
término
jurisdiccional comienza a cursar “dentro de los treinta
(30)
días
siguientes
a
la
fecha
en
que
se
dictó
la
resolución que dispuso del caso” ni de modificar nuestras
expresiones en Pueblo en interés menor J.M.R., supra, y
Pueblo ex rel. R.S.R., supra.
Tal como dispone el Art. 14 del Código Civil de
Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 14, “[c]uando la ley es
clara y libre de toda ambigüedad, la letra de ella no
debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su
espíritu”. Por lo tanto, la enmienda no modifica la regla
general.
8
Nuestras interpretaciones en Pueblo en interés
En Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1 (2000),
examinamos el alcance de la Ley 40-1999 en la Regla 46 de
Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III. Esa ley buscaba
salvaguardar los derechos apelativos de las partes en aquellos casos
en los que la notificación postal no coincide con el archivo en
autos del dictamen. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., supra.
Particularmente, analizamos la importancia de la notificación
simultánea de sentencias, resoluciones u órdenes que generan
términos para su revisión. La simultaneidad en estos casos está
justificada en los requerimientos del debido proceso de ley para
evitar un trato desigual entre las partes; para evitar la demora del
momento en el que las partes efectivamente adquieren conocimiento de
la sentencia, y para la “correcta” operación interna de las
secretarías de los tribunales. Sin embargo, aún sin contar con la
enmienda incorporada por la Ley Núm. 40, supra, ya habíamos indicado
que para proteger los derechos de la parte afectada por una
notificación extremadamente tardía, se entendería que el término
comenzó a transcurrir el día en que se cursó la notificación a las
partes. Id., pág. 9.
13
CC-2011-0863
menor
siguen
J.M.R.,
supra
vigentes.
y
No
Pueblo
ex
obstante,
rel.
R.S.R.,
cuando
el
supra,
menor,
su
representación legal y su custodio legal no estuvieran
presentes en el momento en que se emitió la Resolución,
el término se contará desde el archivo en autos de copia
de la notificación de la Resolución. Ahora bien, cuando
la fecha de depósito en el correo sea distinta a la del
archivo en autos, el término se calculará a partir de la
fecha del depósito.
III
Como señaláramos, el 7 de septiembre de 2010 se
celebró la vista adjudicativa.
Ese mismo día se encontró
al menor incurso en ambas faltas y se le impusieron las
medidas dispositivas pertinentes en presencia de este, su
padre, su abuela y su representación legal. La Sentencia
fue reducida a escrito y notificada el 30 de septiembre
de 2010. Sin embargo, no fue hasta el 14 de octubre de
2010
que
apelación.
el
peticionario
Como
presentó
consecuencia,
el
su
escrito
de
menor
presentó
un
escrito de apelación treinta y siente (37) días después
de dictada la Resolución, pero tan solo catorce (14) días
desde que fuera notificada. Sin embargo, mediante una
comparecencia
posterior
sostuvo
que
el
término
para
presentar la apelación vencía el 30 de octubre de ese año
en conformidad con la Ley 21-2010.
Dado que en el caso de autos el peticionario, su
padre, su abuela y su abogada fueron notificados en sala
de
la
adjudicación
y
disposición
del
caso
el
7
de
14
CC-2011-0863
septiembre
de
2010,
el
término
para
presentar
la
apelación comenzó a transcurrir desde la fecha en que se
dictó.
Asimismo,
el
término
para
venció el 7 de octubre de 2010.
fue presentado tardíamente.
que
el
foro
apelativo
instar
la
apelación
Por lo tanto, el recurso
En vista de ello, concluimos
carecía
de
jurisdicción
para
atender el caso.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, se revoca el
dictamen recurrido y se desestima el recurso de apelación
presentado ante el Tribunal de Apelaciones.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Mildred G. Pabón Charneco
Jueza Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Certiorari
El Pueblo de Puerto Rico
en interés del Menor: E.A.L.N.
CC-2011-0863
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2012.
Por los fundamentos antes expuestos, se
revoca el dictamen recurrido y se desestima el
recurso de apelación presentado ante el Tribunal de
Apelaciones.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
Larissa Ortiz Modestti
Secretaria del Tribunal Supremo Interina