LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Comisionado de Seguros v. Universal Insurance

2012 TSPR 165

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Comisionado de Seguros v. Universal Insurance

CC-2010-413

Seguros –Tarifas aprobadas por la Oficina del Comisionado de Seguros en seguros de propiedades para condominios durante el periodo de enero 1996 a junio 2001; doctrina de actos propios

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Comisionado de Seguros de Puerto

Rico

Recurrido

Certiorari

v.

Universal Insurance Company, Inc.

Peticionaria

Número del Caso:

2012 TSPR

165

18 7 DPR ____

CC- 2010 - 413

Fecha: 1ro de noviembre de 2012

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Pedro I Vidal Cordero

Lcda. Deborah Castillo Díaz

Lcdo. Francisco Rebollo López

Abogados

de la Parte Recurrida:

Lcdo. David Castro An

aya

Lcda. Brenda N. Pérez Fernández

Materia:

Seguros –Tarifas aprobadas por la Oficina del Comisionado de

Seguros en seguros de propiedades para condominios durante el periodo

de enero 1996 a junio 2001

; doctrina de actos propios

.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Certiorari

COMISIONADO DE SEGUROS DE

PUERTO RICO

Recurrido

Núm.: CC-2010-0413

v.

UNIVERSAL INSURANCE

COMPANY, INC.

Peticionaria

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

FELIBERTI CINTRÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de noviembre de 2012.

Hoy

examinamos

si

ciertas

expresiones

verbales

atribuidas al Comisionado de Seguros son suficientes para

dejar sin efecto las tarifas aplicables a los seguros de

propiedad para condominios según previamente aprobadas por

la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).

Igualmente

analizamos si, bajo los contornos de la doctrina de actos

propios,

le

está

vedado

a

los

Comisionados

de

Seguros

subsiguientes ir en contra de representaciones hechas por

alguno de sus antecesores.

I

Universal

Insurance

Company,

Inc.

(Universal

o

la

peticionaria) está facultada por la OCS a llevar a cabo

negocios de seguros en Puerto Rico.

CC-2010-0413

2

Allá para el 11 de julio de 2001, la OCS emitió una

Orden

de

Investigación

con

el

propósito

de

verificar

posibles violaciones al Código de Seguros por parte de

Universal relacionadas al monto de las primas cobradas por

dicha aseguradora en seguros de propiedad para condominios

durante el periodo trascurrido entre enero de 1996 hasta

junio de 2001.

Cerca de un año más tarde, el 8 de mayo de

2002 el Lcdo. Fermín M. Contreras Gómez, quien para esa

fecha

ocupaba

(Comisionado

consignó

cargo

Contreras),

que,

investigación,

clientes

el

primas

acorde

la

a

de

emitió

los

estaban

de

Seguros

una

en

la

la

aludida

Orden

hallazgos

de

cobró

algunos

peticionaria

que

Comisionado

ya

fuese

a

por

cual

de

debajo

sus

o

en

exceso de las tarifas previamente aprobadas por la OCS

para este tipo de seguro.1

Conforme a lo anterior, la OCS

le ordenó a Universal a cesar y desistir de tal conducta;

le impuso multas administrativas y le requirió devolver

las cantidades cobradas en exceso a ciertos asegurados.

En respuesta,

una

vista

Universal solicitó la celebración de

administrativa

según

provisto

en

el

Artículo

2.220(1)(c) y (2) del Código de Seguros entonces vigente.

1

Ello en contravención con los Artículos 12.130, 27.090(1) y (2), y

27.160(2) y (3) del Código de Seguros de Puerto Rico (Código de Seguros), 26

L.P.R.A. secs. 1213, 2709(1) y (2), y 2716(2) y (3) (2008), respectivamente,

para entonces vigentes. En virtud de la Ley Núm. 230-2008, 26 L.P.R.A. sec.

235 (Supl. 2012), la prohibición de rebajas e incentivos no autorizados se

encuentra ahora codificada en el Artículo 27.100 del Código de Seguros, 26

L.P.R.A. sec. 2710 (Supl. 2012), mientras que lo atinente al cobro ilegal de

primas aparece plasmado en el Artículo 27.160 del Código de Seguros, 26

L.P.R.A. sec. 2716 (Supl. 2012).

CC-2010-0413

3

26 L.P.R.A. sec. 222(1)(c) y (2) (2008).2

En su escrito,

levantó entre sus defensas que durante la mayor parte del

periodo

Juan

investigado

Antonio

el

García

entonces

Comisionado

de

(q.e.p.d.)

(Comisionado

Seguros

García),3

alegadamente había suspendido el requisito de aprobación

previa de tarifas para los seguros de propiedad sobre los

condominios.

Previo a celebrarse la vista administrativa, la OCS

presentó ante el Oficial Examinador una “Moción para que

se Dicte Resolución Parcial Sumaria” en la que planteó que

el asunto sobre las violaciones imputadas era apto para

disposición sin necesidad de una vista.

Universal, por su

parte, se opuso argumentando, esencialmente, que existía

controversia fáctica sobre si el Comisionado García había

suspendido o no el requisito de presentación de tipos para

seguros de propiedad sobre condominios, lo cual exigía la

celebración de una vista evidenciaria.

Eventualmente,

solicitud

Sumaria

de

la

mediante

el

OCS

la

Oficial

emitiendo

cual

Examinador

una

determinó

acogió

Resolución

que

la

la

Parcial

peticionaria

cobró primas que no se ajustaban a los tipos inscritos y

aprobados

por

la

OCS,

aplicables

propiedad para condominios.

a

los

seguros

de

De igual manera, dictaminó

2

Esta disposición fue posteriormente enmendada por el Artículo 7 de la

Ley Núm. 263-2008, 26 L.P.R.A. sec. 251 (Supl. 2012).

3

El Sr. Juan Antonio García (q.e.p.d.) laboró en calidad de Comisionado

de Seguros en diferentes ocasiones, siendo la última en febrero de 1993 hasta

febrero de 2001. Según indicado anteriormente, la investigación pertinente a

este recurso cubrió el periodo entre enero de 1996 hasta junio de 2001.

CC-2010-0413

que

el

4

Comisionado

de

Seguros

no

había

expedido

orden

alguna, ni promulgado regla o reglamento suspendiendo o

modificando

el

requisito

de

presentación

atinente

los

contratos

de

seguros

a

condominios.

Código

de

Ratificó,

Seguros

por

imputadas

de

de

tarifas

propiedad

de

tanto,

las

violaciones

al

en

Orden

impugnada

por

la

Universal, mientras que dejó pendiente de determinación el

importe de la multa a imponérsele, así como el monto del

rembolso correspondiente a las primas cobradas en exceso.

Así

Oficial

las

cosas,

Examinador

la

una

OCS

sometió

solicitud

de

nuevamente

ante

el

resolución

sumaria

para disponer sobre el monto de la multa a imponérsele a

Universal y la cantidad a ser rembolsada a los asegurados.

Luego

diciembre

de

de

varios

2007

la

trámites

entonces

Dorelisse Juarbe Jiménez,

procesales,

Comisionada

el

de

7

de

Seguros,

emitió una Resolución Sumaria

mediante la cual le impuso a la peticionaria una multa

administrativa de ocho mil dólares ($8,000.00) por haber

cobrado

primas

en

exceso

a

la

tarifa

manual

en

la

suscripción de ocho (8) pólizas de seguros de propiedad

para

condominios.

Además,

le

impuso

una

multa

administrativa de cuarenta y dos mil dólares ($42,000.00)

por

haber

concedido

suscripción

de

propiedad

para

rebajas

veintiún

(21)

condominios.

no

autorizadas

pólizas

de

Igualmente,

en

la

seguros

de

le

ordenó

rembolsar la suma de ciento doce mil trescientos nueve

dólares ($112,309.00) a aquellos asegurados a quienes se

CC-2010-0413

5

les había cobrado primas en exceso de la prima manual.

Concluyó que la aprobación o inscripción de una tarifa

para determinado tipo de contrato de seguro continuaba en

vigor,

mientras

no

fuese

revisada

formalmente

y

no

se

Tribunal

de

inscribiese la modificación correspondiente.

Inconforme,

Universal

acudió

ante

el

Apelaciones mediante recurso de revisión administrativa.

Reclamó

la

invalidez

alegando

que

aprobación

la

de

OCS

había

de

las

previa

las

tarifas

en

controversia

suspendido

el

requisito

mismas.

Insistió

en

de

la

aplicación de la doctrina de actos propios y cuestionó la

disposición

sumaria

del

asunto,

argumentando

que

persistían controversias de hechos medulares por resolver.

En su Sentencia de 9 de abril de 2010, el Tribunal de

Apelaciones confirmó la Resolución recurrida en todos sus

extremos.

Decretó que la suspensión de los requisitos de

presentación

de

las

tarifas

en

controversia

únicamente

podía efectuarse mediante un proceso formal que culminase

en algún tipo de orden o reglamentación emitida por la

OCS.

Por tanto, las expresiones públicas del Comisionado

García no eran suficientes para crear un nuevo estado de

derecho.

Consignó,

además,

que

Universal

no

podía

descansar en la falta de fiscalización de la industria de

seguros por parte del Comisionado de Seguros y levantar

como defensa la doctrina de actos propios.

Como parte de

su dictamen resaltó el alto interés público que reviste

este campo de nuestra economía, así como lo extensamente

CC-2010-0413

6

reglamentado que se encuentra.

A base de ello, concluyó

que actuó correctamente la OCS al adjudicar sumariamente

la disputa, puesto que no existía controversia sobre el

hecho

de

que

el

continuaba vigente.

requisito

de

presentación

de

tarifas

Universal recurrió entonces ante este

Foro por vía de certiorari.4

Expedido el auto de certiorari y habiendo comparecido

ambas partes, procedemos a resolver.

II

En su alegato, la peticionaria aduce como error que

el Tribunal de Apelaciones no reconoció que le cobija la

doctrina de actos propios como resguardo a las acciones

tomadas por la OCS en su contra.5

A. Doctrina de Actos Propios

A través del Artículo 7 del Código Civil, 31 L.P.R.A.

sec. 7 (1993), se le concede a los tribunales la potestad

de recurrir a principios generales de derecho basados en

equidad

para

consideración.

resolver

controversias

planteadas

ante

su

De esta forma, en situaciones apropiadas,

4

Aunque inicialmente la petición de certiorari fue declarada No Ha Lugar

mediante Resolución de 18 de noviembre de 2010, posteriormente, el 24 de enero

de 2011 acordamos acoger el recurso en reconsideración.

5

En el día de hoy nos limitamos a atender el error arriba indicado según

señalado en el “Alegato de la Parte Peticionaria”, excluyendo de este modo la

consideración de la defensa de “entrampamiento” en su vertiente civil

administrativa, levantada por vez primera ante este Foro como parte de dicho

alegato.

Igualmente, declinamos acoger otros planteamientos traídos por

primera vez a nuestra atención mediante la “Réplica al Alegato del Recurrido

Comisionado de Seguros de Puerto Rico” sometida por Universal.

Véanse, por

ejemplo, Abengoa, S.A. v. American Intl. Ins., 176 D.P.R. 512, 526 (2009) y

Echandi Otero v. Stewart Title, 174 D.P.R. 355, 383 n. 15 (2008).

CC-2010-0413

7

hemos incorporado en nuestra jurisprudencia la regla de

que nadie puede ir en contra de sus propios actos.

Vivoni

Farage v. Ortiz Carro, 179 D.P.R. 990 (2010); Int. General

Electric

v.

Concrete

Builders,

104

D.P.R.

871,

873-874

(1976).

Esta norma, calificada en latín como venire contra

factum

propium

non

valet,

permea

todo

nuestro

comportamiento y se encuentra fundamentada en la máxima

que exige proceder de buena fe en “el desenvolvimiento de

las relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y

el cumplimiento de las obligaciones”.

Vivoni Farage v.

Ortiz Carro, supra, pág. 1010 (cita y comillas omitidas).

Mediante

su

aplicación,

se

salvaguardan

intereses

esenciales para lograr una efectiva interacción a todos

los niveles de la vida diaria.

entre

los

miembros

caracterizado

sinceridad,

por

de

que

las

manera

Se espera que el devenir

componen

la

sociedad

cualidades

de

honestidad

que

en

todo

momento

esté

se

y

pueda

descansar en la veracidad de las manifestaciones o las

actuaciones de otro a base de las cuales se ha actuado.

L.

Díez

Picazo,

La

Doctrina

de

los

Propios

Actos,

fe

se

quien

ha

Barcelona, Ed. Bosch, 1963, pág. 157.

Podemos

protege

la

deducir

que,

a

través

de

la

buena

confianza

que

deposita

una

parte

confiado razonablemente en una apariencia creada por otra.

Int. General Electric v. Concrete Builders, supra.

J.

CC-2010-0413

8

Puig Brutau, Estudios de Derecho Comparado, La Doctrina de

Actos Propios, Barcelona, Ed. Ariel, 1951, págs. 106-107.

Como bien señala el tratadista Gullón Ballesteros:

La regla según la cual no puede venirse

contra los propios actos, negando todo efecto

jurídico a la conducta contraria, se asienta en

la buena fe o, dicho de otra manera, en la

protección a la confianza que el acto o conducta

de una persona suscita objetivamente en otra u

otras. El módulo regulador es la objetividad, o

sea, el entendimiento o significado que de

acuerdo con los criterios generales del obrar en

el tráfico jurídico ha de dársele a tal acto o

conducta.

El centro de gravedad de la regla no reside

en la voluntad de su autor, sino en la confianza

generada en terceros, ni se trata (en tal regla)

de ver una manifestación del valor de una

declaración de voluntad negocial manifestada por

hechos o actos concluyentes. No es la regla una

derivación de la doctrina del negocio jurídico,

sino

que

tiene

una

sustantividad

propia,

asentada en el principio de buena fe.

A.

Gullón

Ballesteros

en

I.

Sierra

Gil

de

la

Cuesta,

Comentario del Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2000,

T. 1, pág. 397.

Se

entiende,

por

tanto,

que

“[l]a

conducta

contradictoria es una contravención o una infracción del

deber de buena fe”.

(nota

al

calce

L. Díez Picazo, op. cit., pág. 143

omitida).

Acorde

con

ello,

hemos

reconocido que dicha conducta “no tiene lugar en el campo

del Derecho, y debe ser impedida”.

Int. General Electric

v. Concrete Builders, supra, pág. 877.

Véase también,

Vivoni Farage v. Ortiz Carro, supra.

El

vedar

que

una

persona

vaya

contra

sus

propios

actos tiene como efecto el soslayar “toda la doctrina de

CC-2010-0413

declaración

efecto

9

de

voluntad

jurídico”.

para

Int.

imponer

General

directamente

Electric

v.

un

Concrete

Builders, supra, pág. 877 (nota al calce omitida).

“El

propósito de la regla es mantener la relación jurídica

como fue creada, no permitiendo al obligado su voluntaria

contravención.”

„actos

C. L. de Haro, “Cuestiones prácticas, Los

propios‟

en

la

Jurisprudencia

del

Tribunal

Supremo”, Revista de Derecho Privado, 2da ed., Madrid, Ed.

Revista de Derecho Privado, octubre 1913-diciembre 1914,

T. 1, pág. 18.

La aplicación de la doctrina de actos propios está

sujeta a que concurran los siguientes factores:

(a) Una conducta determinada de un sujeto,

(b) que haya engendrado una situación contraria

a la realidad, esto es, aparente y, mediante tal

apariencia,

susceptible

de

influir

en

la

conducta de los demás, y (c) que sea base de la

confianza de otra parte que haya procedido de

buena fe y que, por ello, haya obrado de una

manera que le causaría un perjuicio si su

confianza quedara defraudada.

Vivoni

Farage

v.

citando

a

supra.

J. Puig Brutau, op. cit., pág. 112.

Int.

Ortiz

Carro,

supra,

General

Electric

v.

págs.

1010-1011,

Concrete

Builders,

Cabe señalar que la doctrina de actos propios no es

de aplicación general a las relaciones de partes privadas

frente

al

gobierno.

Únicamente

“bajo

circunstancias

apropiadas, un demandante pued[e] invocar contra el Estado

la doctrina de los actos propios, impedimento en equidad y

de

buena

fe…”.

Berríos

v.

U.P.R.,

116

(1985) (cita y nota al calce omitidas).

D.P.R.

88,

98

Véase también

CC-2010-0413

10

Hernández, Romero v. Pol. De P.R., 177 D.P.R. 121, 141

(2009).

Cónsono con lo anterior, se excluyen de su ámbito

aquellas

situaciones

en

las

que

se

ven

lesionados

el

interés y la política pública del Estado, así como los

estatutos especiales promulgados en pro del orden público.

Véase Quiles v. Del Valle, 167 D.P.R. 458, 478 (2006);

Morales v. Municipio de Toa Baja, supra; J.R.T. v. Hosp.

de La Concepción, 114 D.P.R. 372, 382-383 (1983).

Así,

por

ejemplo,

en

Morales

v.

Municipio

de

Toa

Baja, supra, pág. 693, encontramos que “las violaciones a

las leyes, política pública y orden público [eran] tan

tajantes…, que no [existía] cabida para la aplicación de

los principios de equidad.

propiciar

el

craso

públicos

de

las

actuaciones…”.

Resolver en otra forma sería

incumplimiento

leyes

y

por

los

reglamentos

que

funcionarios

rigen

sus

(Citas y nota al calce omitidas).

B. Reglamentación de Tarifas

Consistentemente, hemos reiterado que el negocio de

seguros se encuentra revestido de un alto interés público

por el rol vital que juega esa industria tanto en nuestra

sociedad como en nuestra economía.

Maderas Tratadas, Inc.

v. Sun Alliance Insurance Company, 2012 T.S.P.R. 101, 185

D.P.R. ___ (2012); Integrand Assurance Company v. CODECO,

2012 T.S.P.R. 59, 185 D.P.R. ___ (2012); S.L.G. OrtizAlvarado v. Great American, 182 D.P.R. 48 (2011).

Ese

CC-2010-0413

alto

11

interés

público

al

que

se

encuentra

vinculado

el

negocio de seguros justifica, a su vez, la legislación que

autoriza reglamentar las tarifas que le es permitido a las

aseguradoras cobrarle a sus clientes.

J. A. Appleman,

Insurance Law and Practice, St. Paul, West Publishing Co.,

1982, Vol. 19, sec. 10491, pág. 429.

El poder de reglamentar las tarifas en el campo de

seguros tradicionalmente se ha asentado en la necesidad de

reducir, en lo posible, el fracaso de empresas dedicadas a

este tipo de negocio.

Couch on Insurance 3d, ed. rev.,

West, 2009, Vol. 1, sec. 2.8, pág. 2-44.

que la

entre

Se ha reconocido

competencia destructiva de precios

aseguradoras

algunas

de

ellas.

puede

resultar

S.

Leibowitz,

en

la

State

experimentada

insolvencia

Insurance

de

Rate

Regulation: a Coasian Perspective, 17 J.L. Bus. & Eth.

107, 108 (Winter 2011).

No obstante, el enfoque de la

reglamentación se ha movido para atender la exigencia de

que las tarifas sean, a su vez, adecuadas desde el punto

de vista del consumidor.

La reglamentación de las tarifas

persigue promover el bienestar social al impedir el uso de

tasas

excesivas,

discriminatorias.

2.31, pág. 2-134.

inadecuadas

o

injustamente

Couch on Insurance 3d, op. cit., sec.

Véase,

además, J. A. Appleman,

op.

cit., sec. 10491, pág. 431.

Los Estados se encuentran facultados para escoger el

método

que

consideren

más

adecuado

para

reglamentar

y

supervisar el negocio de seguros en su jurisdicción, con

CC-2010-0413

12

el propósito de proteger el interés público, establecer

tarifas uniformes, poner en vigor las leyes pertinentes y

velar porque las violaciones a la legislación en el campo

de

seguros

sean

atendidas

adecuadamente.

Couch

Insurance 3d, op. cit., sec. 2.7, pág. 2-40.

cada

Estado

la

entidad

reguladora

on

Así pues, en

asumirá

una

forma

diferente y será dotada de facultades propias conforme le

hayan

sido

conferidas

correspondiente.

Nuestro

por

el

estatuto

orgánico

Íd. pág. 2-41.

ordenamiento

dispone

para

la

evaluación

gubernamental de los tipos de seguros permitidos a las

aseguradoras.

La

autoridad

de

validar

las

tarifas

utilizarse reside en el Comisionado de Seguros.

expresamente

consignado,

el

Capítulo

12

del

a

Según

Código

de

Seguros tiene como propósito fomentar el bienestar público

a través de la reglamentación de tipos de seguros de modo

que

éstos

no

injustamente

resulten

“excesivos,

desiguales…”.

Art.

12.010

Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 1201 (2008).

viabilizar

Puerto

esta

Rico

función

la

reglamentaria,

exigencia

de

inadecuados

ni

del

de

Código

Con el fin de

se

implantó

inscripción

de

en

tarifas

mediante la cual se les exige a las compañías aseguradoras

someter ante el Comisionado de Seguros las tarifas que se

proponen

utilizar

para

su

evaluación,

12.050

del

Código

aprobación

o

modificación.

El

Artículo

específicamente,

establece

los

de

Seguros,

requisitos

supra,

para

la

CC-2010-0413

13

inscripción de tipos y, en lo pertinente a este recurso,

dispone:

(1) Todo organismo tarifador y todo asegurador

autorizado deberá inscribir ante el Comisionado,

antes de usarlos en Puerto Rico, excepto como se

dispone en la sec. 1209 de este título, cada

manual de tipos, listas de tipos, clasificación

de riesgo, plan tarifario, programa de líneas

múltiples según definido mediante reglamentación

y cualquier otra regla de tipos que adoptare o

usare, así como cualquier otra información

concerniente a la aplicación y cómputo de los

tipos que fija y use, y toda modificación de

cualquiera de los anteriores que se proponga

usar….

Un

asegurador

podrá

cumplir

con

su

obligación

de

presentar

tales

tipos

para

cualquier clase o tipo de seguro, haciéndose

miembro o suscriptor de un organismo tarifador

que los haga para tal caso o tipo de seguro, y

autorizando al Comisionado a aceptarlos del

organismo

tarifador

en

nombre

de

dicho

asegurador.

Disponiéndose, que en el caso de

seguro

de

propiedad,

el

asegurador

deberá

hacerse miembro o suscriptor de un organismo

tarifador autorizado a presentar los tipos de

dichos seguros ante el Comisionado.

….

Una vez sometida la inscripción, corresponde entonces

al Comisionado de Seguros evaluar las tarifas propuestas

dentro

de

un

periodo

inicial

de

treinta

prorrogable a sesenta (60) días adicionales.

(30)

días,

No obstante,

la inscripción no surtirá efecto hasta que haya concluido

el plazo dispuesto para su revisión.

Art. 12.060(2)(a)

del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 1206(2)(a).

Se

considerará que la presentación sometida cumple con los

requisitos

estatutarios,

a

menos

que

ésta

sea

denegada

CC-2010-0413

14

durante el periodo antes señalado.

Art. 12.060(3) del

Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 1206(3).

Igualmente, se le concede al Comisionado la potestad

de desreglamentar las tarifas a ser utilizadas por las

compañías aseguradoras.

cumplir

con

este

El procedimiento a seguir para

propósito

surge,

específicamente

consignado, en el Artículo 12.080 del Código de Seguros,

el cual dispone lo siguiente:

El Comisionado podrá suspender o modificar

con arreglo a las reglas y reglamentos que

adopte, o mediante orden

el requisito de

presentación en cuanto a cualquier clase de

seguro, subdivisión o combinación del mismo, o

en cuanto a clases de riesgos para los cuales

los tipos prácticamente no pueden presentarse

antes de usarse o en cuanto a las clases de

seguros para los cuales un estatuto federal no

requiera tal presentación.

Dichas órdenes,

reglas o reglamentos serán dados a conocer a los

aseguradores

y

organismos

afectados.

El

Comisionado podrá llevar a cabo investigaciones

que considere conveniente, para determinar si

los tipos afectados por dicha orden reúnen los

requisitos de la sec. 1204(1)(b) [y] (c) de este

título.

26 L.P.R.A. sec. 1208 (2008) (énfasis nuestro) (Artículo

12.080 del Código de Seguros).

C. Procedimiento Sumario

Excepto que su ley orgánica disponga lo contrario, la

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada,

conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

de

Puerto

Rico

(LPAU),

3

L.P.R.A.

secs.

2101

et

seq.

(2004), faculta a las entidades administrativas a disponer

de los asuntos ante su consideración mediante resolución

CC-2010-0413

sumaria.

2157(b)

15

Sección

3.7(b)

(2011).6

Este

de

la

LPAU,

mecanismo

3

L.P.R.A.

persigue

sec.

agilizar

el

proceso adjudicativo en casos en que no estén presentes

hechos materiales en controversia.

Comisionado Seguros

P.R. v. Integrand, 173 D.P.R. 900 (2008).

“Nada impide

que [una agencia] pueda adjudicar sin celebrar una vista

evidenciaria

cuando

no

exista

controversia

sobre

los

hechos y, además, toda la evidencia documental que surge

del

expediente

señale

claramente

determinación de la agencia…”.

la

corrección

de

la

Mun. de San Juan v. CRIM,

178 D.P.R. 163, 179 (2010) (énfasis en el original).

De

este modo se evita el tener que celebrar una “audiencia

evidenciaria [que] no aportaría ningún elemento meritorio

al

proceso

analítico….”

J.

Echevarría

Vargas,

Derecho

Administrativo Puertorriqueño, San Juan, Ediciones Situm,

2012, pág. 231.

D. Revisión Administrativa

La

está

revisión

basada

en

de

las

determinaciones

el

principio

de

administrativas

deferencia

judicial.

Mediante esta norma reconocemos el expertise del que gozan

los organismos administrativos en aquellas materias que le

han sido delegadas por ley.

Frías v. Gobierno Municipal

Autónomo de Carolina, 2012 T.S.P.R. 98, 185 D.P.R. ___

(2012);

6

Batista

de

Nobbe

v.

Junta

de

Directores

del

En Comisionado Seguros P.R. v. Integrand, 173 D.P.R. 900 (2008),

resolvimos que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) está facultada para

valerse de esta vía procesal cuando no medien controversias de hechos

materiales.

CC-2010-0413

16

Condominio Condado Terrace, 2012 T.S.P.R. 63, 185 D.P.R.

___

(2012);

Ifco

Recycling,

Inc.

v.

Autoridad

de

Desperdicios Sólidos, 2012 T.S.P.R. 35, 184 D.P.R. ____

(2012); Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969

(2011).

Conforme provisto en la Sección 4.5 de la LPAU,7 no

intervendremos

con

las

formuladas

una

agencia,

por

determinaciones

siempre

de

que

hechos

éstas

se

encuentren sustentadas por evidencia sustancial que forme

parte del expediente administrativo.

A contrario sensu,

las

ente

conclusiones

de

derecho

de

un

administrativo

podrán ser examinadas por el foro judicial en todos sus

aspectos.

Frías

v.

Gobierno

Municipal

Autónomo

de

Carolina, supra; Batista de Nobbe v. Junta de Directores

del

Condominio

Condado

Terrace,

supra;

Ifco

Recycling,

Inc. v. Autoridad de Desperdicios Sólidos, supra; Torres

Santiago v. Depto. Justicia, supra.

“La

deferencia

reconocida

a

las

decisiones

de

las

agencias administrativas habrá de ceder, solamente, cuando

la misma no esté basada en evidencia sustancial, cuando la

agencia ha errado en la aplicación de la ley y cuando su

actuación

resulte

ser

una

ilegal….”

Frías

v.

Gobierno

Carolina,

supra

(énfasis

Depto. Justicia, supra.

7

3 L.P.R.A. sec. 2175 (2011).

arbitraria,

irrazonable

o

Autónomo

de

Santiago

v.

Municipal

omitido);

Torres

CC-2010-0413

17

III

Universal sostiene que,

mediante sus expresiones y

acciones, el Comisionado García creó la apariencia de la

desreglamentación

de las tarifas

a base de lo

cual, y

procediendo de buena fe, negoció con sus clientes.

Por

tanto,

de

argumenta

que

le

está

vedado

al

Comisionado

Seguros de turno ir en contra de dichas representaciones.

Alega,

además,

que

las

actuaciones

de

los

comisionados

subsiguientes le han expuesto a un perjuicio económico.

Para

sustentar

su

sometidos

ante

la

agencia

artículos

de

periódicos

alusivos al tema.

posición,

y

acompañó

sus

escritos

administrativa

con

copia

de

la

OCS

comunicaciones

de

Igualmente, sometió una “Declaración

Jurada” suscrita por el Comisionado Auxiliar Ramón L. Cruz

Colón

(Comisionado

Auxiliar

Cruz),

quien

ocupó

dicho

puesto en la OCS desde mediados del 1997 hasta marzo de

2001.

En ésta indica que, mientras el Comisionado García

ocupó

su

interés

cargo,

en

comerciales

en

reiteradas

desreglamentar

en

Puerto

ocasiones

el

Rico.

mercado

Esto

es,

manifestó

de

permitir

su

seguros

a

las

aseguradoras cobrar las primas que estimasen convenientes

sin

necesidad

aprobadas

de

adherirse

la

OCS.

por

a

las

tarifas

Igualmente,

sometidas

expresó

que

y

el

Comisionado García había dado a conocer su intención de no

fiscalizar la práctica, que para entonces alegadamente era

común

entre

las

aseguradoras,

de

otorgar

descuentos

no

CC-2010-0413

18

contemplados

en

los

manuales

de

tarifación

mientras formalizaba la aludida desreglamentación.

vigentes

A esos

efectos, el Comisionado García inicialmente le solicitó al

Comisionado Auxiliar Cruz trabajar en un anteproyecto de

ley para modificar el Capítulo 12 del Código de Seguros y,

posteriormente,

le

requirió

preparar

el

correspondiente

proyecto de reglamentación.

Teniendo como cierta la documentación que consta en

autos, no cabe duda de que el Comisionado García, tanto en

privado

como

en

público,

reveló

“su

intención

de

desreglamentar el mercado de seguros comerciales en Puerto

Rico”.

Es

decir,

favoreció

la

libre

competencia

como

mecanismo tarifario por encima del requisito estatutario

de

aprobación

previa.

Su

filosofía,

basada

en

la

liberalización del mercado, proponía que al disputarse los

clientes entre sí las aseguradoras ajustarían los precios

de sus primas a favor del consumidor.

No obstante, acorde a la propia evidencia sometida

por Universal, el Comisionado García estaba consciente de

que establecer el sistema de libre competencia, conforme a

lo dispuesto en el Artículo 12.080 del Código de Seguros,

requería “suspender o modificar con arreglo a las reglas y

reglamentos que adopte, o mediante orden el requisito de

presentación” implantado por el Capítulo 12 del Código de

Seguros, el cual regía entonces y aún continúa en vigor, y

exige que las tarifas sean sometidas previamente para su

aprobación.

Ese Artículo exige, a su vez, que cualquier

CC-2010-0413

19

orden, regla o reglamento a esos efectos tiene que ser

informada por la OCS a las aseguradoras.

A base de la

Declaración Jurada sometida por Universal, podemos deducir

que con este propósito el Comisionado García gestionó, a

través del Comisionado Auxiliar Cruz, la redacción de un

anteproyecto

embargo,

nunca

y

la

durante

se

reglamentación

la

efectuó

incumbencia

el

cambio

correspondiente.

Sin

del Comisionado García,

deseado

mediante

orden,

reglamento o enmienda alguna al Código de Seguros.

Igualmente, la evidencia apunta a que el Comisionado

García

tenía

conocimiento

de

que,

en

efecto,

muchas

aseguradoras no se estaban adhiriendo a las tarifas en

vigor.

Sin

disposiciones

embargo,

práctica,

del

optó

Código

mientras

de

por

no

implantar

las

Seguros

que

penaliza

esta

procuraba

lograr

correspondientes al ordenamiento vigente.

los

cambios

Así lo reconoce

el Comisionado Auxiliar Cruz en su Declaración Jurada al

manifestar

lo

[Comisionado]

dicha

siguiente:

García

situación

y

“[a]

OCS

la

no

vez,

que

la

estaba

que

permanecería

sin

señaló

el

fiscalizando

fiscalizarla

mientras procedía con el desarrollo de la reglamentación

necesaria para formalizar la referida desreglamentación en

Puerto Rico….”

(Énfasis nuestro).

Sobre

particular,

este

encontramos

reveladora

la

consulta propuesta por Ace Insurance Company (AIC) a la

CC-2010-0413

20

OCS en febrero de 20008 y la contestación de esta última

fechada el 26 de abril de 2000,9 específicamente, en torno

al requisito de un trámite formal para poder viabilizar la

desreglamentación sometida en autos por Universal.

Cabe

notar que, en su comunicación, AIC da por sentado que debe

existir algún tipo de notificación de parte de la OCS y

enmendarse

el

estado

de

derecho

vigente

para

poder

implantar el sistema de libre competencia.

En su respuesta a AIC, el Comisionado García reconoce

la necesidad de una acción formal de su parte para lograr

el nuevo enfoque.

De igual forma admite la práctica de

las aseguradoras de no adherirse a los tipos registrados

en la OCS y no descarta la posibilidad de que éstas se

hallen

incursas

en

simplemente

propone

redundante

al

competitividad

violación

la

de

posibilidad

consumidor,

en

el

ley.

mercado,

de

De

que

otra

el

parte,

beneficio

como

resultado

de

la

se

considere

como

una

circunstancia mitigante a la pena a ser impuesta por dicha

infracción.

En

síntesis,

conforme

surge

de

los

autos,

la

filosofía del Comisionado García, para la época objeto de

las penalidades envueltas en este recurso, se centró en

gestionar la desreglamentación oficial con el propósito de

liberalizar

el

sistema

tarifario

en

8

Petición de Certiorari, Apéndice, pág. 142.

9

Petición de Certiorari, Apéndice, pág. 140.

el

campo

de

los

CC-2010-0413

21

seguros en Puerto Rico.

entre

tanto,

Cónsono con este enfoque optó,

por ejercer su discreción

al

no poner en

vigor las disposiciones del Código de Seguros sobre este

particular.

No obstante, bajo el mandato del Comisionado

García en ningún momento quedó sin efecto el requisito de

aprobación

previa

de

tarifas

según

Capítulo 12 del Código de Seguros.

ese

periodo

en

particular,

consignado

en

el

Simplemente, durante

se

dio

la

práctica

administrativa de no poner en vigor la normativa vigente.

Ciertamente

aparecieron

publicadas

en

la

prensa

múltiples manifestaciones del Comisionado García haciendo

referencia a la desreglamentación del mercado y al hecho

de

que

las

aseguradoras

se

estaban

apartando

tarifas anteriormente aprobadas por la OCS.

ello

se

encuentra

sustentado

por

las

de

las

Igualmente,

declaraciones

del

Comisionado Auxiliar Cruz que obran en el expediente.

No

obstante, la ley es clara a los efectos de que, excepto

que medie una enmienda al propio estatuto, la modificación

o eliminación de las tarifas debe venir acompañada de una

actuación formal por parte de la OCS, ya sea a través de

una orden o reglamento.

Dicha determinación, a su vez,

debe ser debidamente notificada a las partes afectadas lo

que necesariamente implica las aseguradoras.

En el contexto de este caso, no nos parece razonable

el

que

verbales

Universal

del

desreglamentación

descansara

Comisionado

sin

enteramente

García

ocuparse

de

en

expresiones

atinentes

verificar

a

si

la

dicha

CC-2010-0413

22

posición estaba sustentada, ya fuese por una enmienda a

las disposiciones del Código de Seguros o por alguno de

los mecanismos provistos en el Artículo 12.080 del mismo.

El

mero

hecho

de

que

un

oficial

público

haga

expresiones sobre un alegado estado de derecho no releva a

la

parte

afectada

de

hacer

gestiones

alcance para cotejar su certeza.

se

trata

de

una

aseguradora

claramente

a

su

No podemos olvidar que

que,

por

la

naturaleza

altamente reglamentada del negocio al cual se ocupa, viene

obligada a estar al tanto de las tarifas en efecto para

sus productos, así como el procedimiento exigido en ley

para la dispensa de éstas.

En otras palabras, ésta se

considera conocedora del imperativo estatutario provisto

en

el

Artículo

dispone,

como

presentación

12.080

del

requisito

de

Código

esencial

tarifas,

que

medie

de

Seguros

el

cual

para

el

relevo

de

ya

sea

una

orden

escrita o reglamentación que así lo acredite.

Más

exención

aún,

la

atinente

obligación

a

las

de

tarifas

notificar

“a

los

cualquier

aseguradores

y

organismos afectados” consta taxativamente como parte del

Artículo

12.080

del

Código

Universal

debía

conocer

que

de

Seguros.

cualquier

Por

cambio

ende,

tarifario

efectuado por el Comisionado de Seguros a tenor con esta

disposición estatutaria le hubiese sido informado por la

OCS.

Por

otro

lado,

declinamos

actos propios en este caso.

emplear

la

doctrina

de

Reiteramos, de este modo, el

CC-2010-0413

principio

23

de

la

aplicación

limitada

de

esta

norma

de

equidad frente al Estado disponible, únicamente, por vía

de excepción y en circunstancias de naturaleza única.

En

términos

procesales,

entendemos

que

actuó

correctamente la OCS al resolver el caso mediante la vía

sumaria.

en

el

Conforme la investigación realizada por la OCS

caso

Universal

de

autos,

durante

cobró

primas

de

el

periodo

seguros

de

en

cuestión

propiedad

para

condominios que estaban ya fuese por encima o por debajo

de

las

registradas

irrefutable

de

la

en

la

prueba

OCS.

Este

hecho

resulta

sometida

por

la

en

OCS

el

procedimiento adjudicativo.

Surge claramente de los autos que la prueba utilizada

por

la

OCS

para

sustentar

las

alegadas

violaciones

al

Código de Seguros descansa, esencialmente, en información

sometida por la propia peticionaria como parte del proceso

de

investigación

iniciado

por

la

OCS,

relativo

a

las

primas cobradas por Universal a sus clientes en el periodo

de tiempo antes señalado.

por

Universal,

las

Una vez sometida la información

primas

fueron

comparadas

con

las

tarifas que la agencia entendía continuaban en vigor.10

Ante este escenario fáctico, no existía razón alguna

para

la

OCS

llevar

a

cabo

algún

tipo

de

proceso

evidenciario.

10

La información pertinente a la diferencia entre las primas cobradas por

Universal y las tarifas aprobadas por la OCS aparece detallada en los Anejos I

y II de la Orden de 8 de mayo de 2002, así como en los Anejos 1 y 2 de la

“Moción para que se Dicte Resolución Parcial Sumaria” sometida por la OCS.

También se recoge, a su vez, en los dictámenes de la OCS aquí recurridos.

CC-2010-0413

24

IV

A

base

de

lo

antes

expuesto,

resolvemos

que

la

determinación de la Oficina del Comisionado de Seguros de

7 de diciembre de 2007 no resulta arbitraria o irrazonable

y

la

misma

consiguiente,

se

encuentra

sustentada

se

confirma

la

en

Sentencia

derecho.

del

Tribunal

Apelaciones.

Se dictará Sentencia de conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN

Juez Asociado

Por

de

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Certiorari

COMISIONADO DE SEGUROS DE

PUERTO RICO

Recurrido

Núm.: CC-2010-0413

v.

UNIVERSAL INSURANCE

COMPANY, INC.

Peticionaria

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de noviembre de 2012.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente Sentencia, resolvemos que la determinación de la

Oficina del Comisionado de Seguros de 7 de diciembre de

2007 no resulta arbitraria o irrazonable y la misma se

encuentra sustentada en derecho.

Por consiguiente, se

confirma

la

Sentencia

emitida

por

el

Tribunal

de

Apelaciones.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora

Fiol Matta no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo