Tribunal Supremo de Puerto Rico
Comisionado de Seguros v. Universal Insurance
2012 TSPR 165
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
Comisionado de Seguros v. Universal Insurance
CC-2010-413
Seguros –Tarifas aprobadas por la Oficina del Comisionado de Seguros en seguros de propiedades para condominios durante el periodo de enero 1996 a junio 2001; doctrina de actos propios
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Comisionado de Seguros de Puerto
Rico
Recurrido
Certiorari
v.
Universal Insurance Company, Inc.
Peticionaria
Número del Caso:
2012 TSPR
165
18 7 DPR ____
CC- 2010 - 413
Fecha: 1ro de noviembre de 2012
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Pedro I Vidal Cordero
Lcda. Deborah Castillo Díaz
Lcdo. Francisco Rebollo López
Abogados
de la Parte Recurrida:
Lcdo. David Castro An
aya
Lcda. Brenda N. Pérez Fernández
Materia:
Seguros –Tarifas aprobadas por la Oficina del Comisionado de
Seguros en seguros de propiedades para condominios durante el periodo
de enero 1996 a junio 2001
; doctrina de actos propios
.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones
del Tribunal. Su distribución electró
nica se hace como un
servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Certiorari
COMISIONADO DE SEGUROS DE
PUERTO RICO
Recurrido
Núm.: CC-2010-0413
v.
UNIVERSAL INSURANCE
COMPANY, INC.
Peticionaria
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor
FELIBERTI CINTRÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 1 de noviembre de 2012.
Hoy
examinamos
si
ciertas
expresiones
verbales
atribuidas al Comisionado de Seguros son suficientes para
dejar sin efecto las tarifas aplicables a los seguros de
propiedad para condominios según previamente aprobadas por
la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).
Igualmente
analizamos si, bajo los contornos de la doctrina de actos
propios,
le
está
vedado
a
los
Comisionados
de
Seguros
subsiguientes ir en contra de representaciones hechas por
alguno de sus antecesores.
I
Universal
Insurance
Company,
Inc.
(Universal
o
la
peticionaria) está facultada por la OCS a llevar a cabo
negocios de seguros en Puerto Rico.
CC-2010-0413
2
Allá para el 11 de julio de 2001, la OCS emitió una
Orden
de
Investigación
con
el
propósito
de
verificar
posibles violaciones al Código de Seguros por parte de
Universal relacionadas al monto de las primas cobradas por
dicha aseguradora en seguros de propiedad para condominios
durante el periodo trascurrido entre enero de 1996 hasta
junio de 2001.
Cerca de un año más tarde, el 8 de mayo de
2002 el Lcdo. Fermín M. Contreras Gómez, quien para esa
fecha
ocupaba
(Comisionado
consignó
cargo
Contreras),
que,
investigación,
clientes
el
primas
acorde
la
a
de
emitió
los
estaban
de
Seguros
una
en
la
la
aludida
Orden
hallazgos
de
cobró
algunos
peticionaria
que
Comisionado
ya
fuese
a
por
cual
de
debajo
sus
o
en
exceso de las tarifas previamente aprobadas por la OCS
para este tipo de seguro.1
Conforme a lo anterior, la OCS
le ordenó a Universal a cesar y desistir de tal conducta;
le impuso multas administrativas y le requirió devolver
las cantidades cobradas en exceso a ciertos asegurados.
En respuesta,
una
vista
Universal solicitó la celebración de
administrativa
según
provisto
en
el
Artículo
2.220(1)(c) y (2) del Código de Seguros entonces vigente.
1
Ello en contravención con los Artículos 12.130, 27.090(1) y (2), y
27.160(2) y (3) del Código de Seguros de Puerto Rico (Código de Seguros), 26
L.P.R.A. secs. 1213, 2709(1) y (2), y 2716(2) y (3) (2008), respectivamente,
para entonces vigentes. En virtud de la Ley Núm. 230-2008, 26 L.P.R.A. sec.
235 (Supl. 2012), la prohibición de rebajas e incentivos no autorizados se
encuentra ahora codificada en el Artículo 27.100 del Código de Seguros, 26
L.P.R.A. sec. 2710 (Supl. 2012), mientras que lo atinente al cobro ilegal de
primas aparece plasmado en el Artículo 27.160 del Código de Seguros, 26
L.P.R.A. sec. 2716 (Supl. 2012).
CC-2010-0413
3
26 L.P.R.A. sec. 222(1)(c) y (2) (2008).2
En su escrito,
levantó entre sus defensas que durante la mayor parte del
periodo
Juan
investigado
Antonio
el
García
entonces
Comisionado
de
(q.e.p.d.)
(Comisionado
Seguros
García),3
alegadamente había suspendido el requisito de aprobación
previa de tarifas para los seguros de propiedad sobre los
condominios.
Previo a celebrarse la vista administrativa, la OCS
presentó ante el Oficial Examinador una “Moción para que
se Dicte Resolución Parcial Sumaria” en la que planteó que
el asunto sobre las violaciones imputadas era apto para
disposición sin necesidad de una vista.
Universal, por su
parte, se opuso argumentando, esencialmente, que existía
controversia fáctica sobre si el Comisionado García había
suspendido o no el requisito de presentación de tipos para
seguros de propiedad sobre condominios, lo cual exigía la
celebración de una vista evidenciaria.
Eventualmente,
solicitud
Sumaria
de
la
mediante
el
OCS
la
Oficial
emitiendo
cual
Examinador
una
determinó
acogió
Resolución
que
la
la
Parcial
peticionaria
cobró primas que no se ajustaban a los tipos inscritos y
aprobados
por
la
OCS,
aplicables
propiedad para condominios.
a
los
seguros
de
De igual manera, dictaminó
2
Esta disposición fue posteriormente enmendada por el Artículo 7 de la
Ley Núm. 263-2008, 26 L.P.R.A. sec. 251 (Supl. 2012).
3
El Sr. Juan Antonio García (q.e.p.d.) laboró en calidad de Comisionado
de Seguros en diferentes ocasiones, siendo la última en febrero de 1993 hasta
febrero de 2001. Según indicado anteriormente, la investigación pertinente a
este recurso cubrió el periodo entre enero de 1996 hasta junio de 2001.
CC-2010-0413
que
el
4
Comisionado
de
Seguros
no
había
expedido
orden
alguna, ni promulgado regla o reglamento suspendiendo o
modificando
el
requisito
de
presentación
atinente
los
contratos
de
seguros
a
condominios.
Código
de
Ratificó,
Seguros
por
imputadas
de
de
tarifas
propiedad
de
tanto,
las
violaciones
al
en
Orden
impugnada
por
la
Universal, mientras que dejó pendiente de determinación el
importe de la multa a imponérsele, así como el monto del
rembolso correspondiente a las primas cobradas en exceso.
Así
Oficial
las
cosas,
Examinador
la
una
OCS
sometió
solicitud
de
nuevamente
ante
el
resolución
sumaria
para disponer sobre el monto de la multa a imponérsele a
Universal y la cantidad a ser rembolsada a los asegurados.
Luego
diciembre
de
de
varios
2007
la
trámites
entonces
Dorelisse Juarbe Jiménez,
procesales,
Comisionada
el
de
7
de
Seguros,
emitió una Resolución Sumaria
mediante la cual le impuso a la peticionaria una multa
administrativa de ocho mil dólares ($8,000.00) por haber
cobrado
primas
en
exceso
a
la
tarifa
manual
en
la
suscripción de ocho (8) pólizas de seguros de propiedad
para
condominios.
Además,
le
impuso
una
multa
administrativa de cuarenta y dos mil dólares ($42,000.00)
por
haber
concedido
suscripción
de
propiedad
para
rebajas
veintiún
(21)
condominios.
no
autorizadas
pólizas
de
Igualmente,
en
la
seguros
de
le
ordenó
rembolsar la suma de ciento doce mil trescientos nueve
dólares ($112,309.00) a aquellos asegurados a quienes se
CC-2010-0413
5
les había cobrado primas en exceso de la prima manual.
Concluyó que la aprobación o inscripción de una tarifa
para determinado tipo de contrato de seguro continuaba en
vigor,
mientras
no
fuese
revisada
formalmente
y
no
se
Tribunal
de
inscribiese la modificación correspondiente.
Inconforme,
Universal
acudió
ante
el
Apelaciones mediante recurso de revisión administrativa.
Reclamó
la
invalidez
alegando
que
aprobación
la
de
OCS
había
de
las
previa
las
tarifas
en
controversia
suspendido
el
requisito
mismas.
Insistió
en
de
la
aplicación de la doctrina de actos propios y cuestionó la
disposición
sumaria
del
asunto,
argumentando
que
persistían controversias de hechos medulares por resolver.
En su Sentencia de 9 de abril de 2010, el Tribunal de
Apelaciones confirmó la Resolución recurrida en todos sus
extremos.
Decretó que la suspensión de los requisitos de
presentación
de
las
tarifas
en
controversia
únicamente
podía efectuarse mediante un proceso formal que culminase
en algún tipo de orden o reglamentación emitida por la
OCS.
Por tanto, las expresiones públicas del Comisionado
García no eran suficientes para crear un nuevo estado de
derecho.
Consignó,
además,
que
Universal
no
podía
descansar en la falta de fiscalización de la industria de
seguros por parte del Comisionado de Seguros y levantar
como defensa la doctrina de actos propios.
Como parte de
su dictamen resaltó el alto interés público que reviste
este campo de nuestra economía, así como lo extensamente
CC-2010-0413
6
reglamentado que se encuentra.
A base de ello, concluyó
que actuó correctamente la OCS al adjudicar sumariamente
la disputa, puesto que no existía controversia sobre el
hecho
de
que
el
continuaba vigente.
requisito
de
presentación
de
tarifas
Universal recurrió entonces ante este
Foro por vía de certiorari.4
Expedido el auto de certiorari y habiendo comparecido
ambas partes, procedemos a resolver.
II
En su alegato, la peticionaria aduce como error que
el Tribunal de Apelaciones no reconoció que le cobija la
doctrina de actos propios como resguardo a las acciones
tomadas por la OCS en su contra.5
A. Doctrina de Actos Propios
A través del Artículo 7 del Código Civil, 31 L.P.R.A.
sec. 7 (1993), se le concede a los tribunales la potestad
de recurrir a principios generales de derecho basados en
equidad
para
consideración.
resolver
controversias
planteadas
ante
su
De esta forma, en situaciones apropiadas,
4
Aunque inicialmente la petición de certiorari fue declarada No Ha Lugar
mediante Resolución de 18 de noviembre de 2010, posteriormente, el 24 de enero
de 2011 acordamos acoger el recurso en reconsideración.
5
En el día de hoy nos limitamos a atender el error arriba indicado según
señalado en el “Alegato de la Parte Peticionaria”, excluyendo de este modo la
consideración de la defensa de “entrampamiento” en su vertiente civil
administrativa, levantada por vez primera ante este Foro como parte de dicho
alegato.
Igualmente, declinamos acoger otros planteamientos traídos por
primera vez a nuestra atención mediante la “Réplica al Alegato del Recurrido
Comisionado de Seguros de Puerto Rico” sometida por Universal.
Véanse, por
ejemplo, Abengoa, S.A. v. American Intl. Ins., 176 D.P.R. 512, 526 (2009) y
Echandi Otero v. Stewart Title, 174 D.P.R. 355, 383 n. 15 (2008).
CC-2010-0413
7
hemos incorporado en nuestra jurisprudencia la regla de
que nadie puede ir en contra de sus propios actos.
Vivoni
Farage v. Ortiz Carro, 179 D.P.R. 990 (2010); Int. General
Electric
v.
Concrete
Builders,
104
D.P.R.
871,
873-874
(1976).
Esta norma, calificada en latín como venire contra
factum
propium
non
valet,
permea
todo
nuestro
comportamiento y se encuentra fundamentada en la máxima
que exige proceder de buena fe en “el desenvolvimiento de
las relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y
el cumplimiento de las obligaciones”.
Vivoni Farage v.
Ortiz Carro, supra, pág. 1010 (cita y comillas omitidas).
Mediante
su
aplicación,
se
salvaguardan
intereses
esenciales para lograr una efectiva interacción a todos
los niveles de la vida diaria.
entre
los
miembros
caracterizado
sinceridad,
por
de
que
las
manera
Se espera que el devenir
componen
la
sociedad
cualidades
de
honestidad
que
en
todo
momento
esté
se
y
pueda
descansar en la veracidad de las manifestaciones o las
actuaciones de otro a base de las cuales se ha actuado.
L.
Díez
Picazo,
La
Doctrina
de
los
Propios
Actos,
fe
se
quien
ha
Barcelona, Ed. Bosch, 1963, pág. 157.
Podemos
protege
la
deducir
que,
a
través
de
la
buena
confianza
que
deposita
una
parte
confiado razonablemente en una apariencia creada por otra.
Int. General Electric v. Concrete Builders, supra.
J.
CC-2010-0413
8
Puig Brutau, Estudios de Derecho Comparado, La Doctrina de
Actos Propios, Barcelona, Ed. Ariel, 1951, págs. 106-107.
Como bien señala el tratadista Gullón Ballesteros:
La regla según la cual no puede venirse
contra los propios actos, negando todo efecto
jurídico a la conducta contraria, se asienta en
la buena fe o, dicho de otra manera, en la
protección a la confianza que el acto o conducta
de una persona suscita objetivamente en otra u
otras. El módulo regulador es la objetividad, o
sea, el entendimiento o significado que de
acuerdo con los criterios generales del obrar en
el tráfico jurídico ha de dársele a tal acto o
conducta.
El centro de gravedad de la regla no reside
en la voluntad de su autor, sino en la confianza
generada en terceros, ni se trata (en tal regla)
de ver una manifestación del valor de una
declaración de voluntad negocial manifestada por
hechos o actos concluyentes. No es la regla una
derivación de la doctrina del negocio jurídico,
sino
que
tiene
una
sustantividad
propia,
asentada en el principio de buena fe.
A.
Gullón
Ballesteros
en
I.
Sierra
Gil
de
la
Cuesta,
Comentario del Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2000,
T. 1, pág. 397.
Se
entiende,
por
tanto,
que
“[l]a
conducta
contradictoria es una contravención o una infracción del
deber de buena fe”.
(nota
al
calce
L. Díez Picazo, op. cit., pág. 143
omitida).
Acorde
con
ello,
hemos
reconocido que dicha conducta “no tiene lugar en el campo
del Derecho, y debe ser impedida”.
Int. General Electric
v. Concrete Builders, supra, pág. 877.
Véase también,
Vivoni Farage v. Ortiz Carro, supra.
El
vedar
que
una
persona
vaya
contra
sus
propios
actos tiene como efecto el soslayar “toda la doctrina de
CC-2010-0413
declaración
efecto
9
de
voluntad
jurídico”.
para
Int.
imponer
General
directamente
Electric
v.
un
Concrete
Builders, supra, pág. 877 (nota al calce omitida).
“El
propósito de la regla es mantener la relación jurídica
como fue creada, no permitiendo al obligado su voluntaria
contravención.”
„actos
C. L. de Haro, “Cuestiones prácticas, Los
propios‟
en
la
Jurisprudencia
del
Tribunal
Supremo”, Revista de Derecho Privado, 2da ed., Madrid, Ed.
Revista de Derecho Privado, octubre 1913-diciembre 1914,
T. 1, pág. 18.
La aplicación de la doctrina de actos propios está
sujeta a que concurran los siguientes factores:
(a) Una conducta determinada de un sujeto,
(b) que haya engendrado una situación contraria
a la realidad, esto es, aparente y, mediante tal
apariencia,
susceptible
de
influir
en
la
conducta de los demás, y (c) que sea base de la
confianza de otra parte que haya procedido de
buena fe y que, por ello, haya obrado de una
manera que le causaría un perjuicio si su
confianza quedara defraudada.
Vivoni
Farage
v.
citando
a
supra.
J. Puig Brutau, op. cit., pág. 112.
Int.
Ortiz
Carro,
supra,
General
Electric
v.
págs.
1010-1011,
Concrete
Builders,
Cabe señalar que la doctrina de actos propios no es
de aplicación general a las relaciones de partes privadas
frente
al
gobierno.
Únicamente
“bajo
circunstancias
apropiadas, un demandante pued[e] invocar contra el Estado
la doctrina de los actos propios, impedimento en equidad y
de
buena
fe…”.
Berríos
v.
U.P.R.,
116
(1985) (cita y nota al calce omitidas).
D.P.R.
88,
98
Véase también
CC-2010-0413
10
Hernández, Romero v. Pol. De P.R., 177 D.P.R. 121, 141
(2009).
Cónsono con lo anterior, se excluyen de su ámbito
aquellas
situaciones
en
las
que
se
ven
lesionados
el
interés y la política pública del Estado, así como los
estatutos especiales promulgados en pro del orden público.
Véase Quiles v. Del Valle, 167 D.P.R. 458, 478 (2006);
Morales v. Municipio de Toa Baja, supra; J.R.T. v. Hosp.
de La Concepción, 114 D.P.R. 372, 382-383 (1983).
Así,
por
ejemplo,
en
Morales
v.
Municipio
de
Toa
Baja, supra, pág. 693, encontramos que “las violaciones a
las leyes, política pública y orden público [eran] tan
tajantes…, que no [existía] cabida para la aplicación de
los principios de equidad.
propiciar
el
craso
públicos
de
las
actuaciones…”.
Resolver en otra forma sería
incumplimiento
leyes
y
por
los
reglamentos
que
funcionarios
rigen
sus
(Citas y nota al calce omitidas).
B. Reglamentación de Tarifas
Consistentemente, hemos reiterado que el negocio de
seguros se encuentra revestido de un alto interés público
por el rol vital que juega esa industria tanto en nuestra
sociedad como en nuestra economía.
Maderas Tratadas, Inc.
v. Sun Alliance Insurance Company, 2012 T.S.P.R. 101, 185
D.P.R. ___ (2012); Integrand Assurance Company v. CODECO,
2012 T.S.P.R. 59, 185 D.P.R. ___ (2012); S.L.G. OrtizAlvarado v. Great American, 182 D.P.R. 48 (2011).
Ese
CC-2010-0413
alto
11
interés
público
al
que
se
encuentra
vinculado
el
negocio de seguros justifica, a su vez, la legislación que
autoriza reglamentar las tarifas que le es permitido a las
aseguradoras cobrarle a sus clientes.
J. A. Appleman,
Insurance Law and Practice, St. Paul, West Publishing Co.,
1982, Vol. 19, sec. 10491, pág. 429.
El poder de reglamentar las tarifas en el campo de
seguros tradicionalmente se ha asentado en la necesidad de
reducir, en lo posible, el fracaso de empresas dedicadas a
este tipo de negocio.
Couch on Insurance 3d, ed. rev.,
West, 2009, Vol. 1, sec. 2.8, pág. 2-44.
que la
entre
Se ha reconocido
competencia destructiva de precios
aseguradoras
algunas
de
ellas.
puede
resultar
S.
Leibowitz,
en
la
State
experimentada
insolvencia
Insurance
de
Rate
Regulation: a Coasian Perspective, 17 J.L. Bus. & Eth.
107, 108 (Winter 2011).
No obstante, el enfoque de la
reglamentación se ha movido para atender la exigencia de
que las tarifas sean, a su vez, adecuadas desde el punto
de vista del consumidor.
La reglamentación de las tarifas
persigue promover el bienestar social al impedir el uso de
tasas
excesivas,
discriminatorias.
2.31, pág. 2-134.
inadecuadas
o
injustamente
Couch on Insurance 3d, op. cit., sec.
Véase,
además, J. A. Appleman,
op.
cit., sec. 10491, pág. 431.
Los Estados se encuentran facultados para escoger el
método
que
consideren
más
adecuado
para
reglamentar
y
supervisar el negocio de seguros en su jurisdicción, con
CC-2010-0413
12
el propósito de proteger el interés público, establecer
tarifas uniformes, poner en vigor las leyes pertinentes y
velar porque las violaciones a la legislación en el campo
de
seguros
sean
atendidas
adecuadamente.
Couch
Insurance 3d, op. cit., sec. 2.7, pág. 2-40.
cada
Estado
la
entidad
reguladora
on
Así pues, en
asumirá
una
forma
diferente y será dotada de facultades propias conforme le
hayan
sido
conferidas
correspondiente.
Nuestro
por
el
estatuto
orgánico
Íd. pág. 2-41.
ordenamiento
dispone
para
la
evaluación
gubernamental de los tipos de seguros permitidos a las
aseguradoras.
La
autoridad
de
validar
las
tarifas
utilizarse reside en el Comisionado de Seguros.
expresamente
consignado,
el
Capítulo
12
del
a
Según
Código
de
Seguros tiene como propósito fomentar el bienestar público
a través de la reglamentación de tipos de seguros de modo
que
éstos
no
injustamente
resulten
“excesivos,
desiguales…”.
Art.
12.010
Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 1201 (2008).
viabilizar
Puerto
esta
Rico
función
la
reglamentaria,
exigencia
de
inadecuados
ni
del
de
Código
Con el fin de
se
implantó
inscripción
de
en
tarifas
mediante la cual se les exige a las compañías aseguradoras
someter ante el Comisionado de Seguros las tarifas que se
proponen
utilizar
para
su
evaluación,
12.050
del
Código
aprobación
o
modificación.
El
Artículo
específicamente,
establece
los
de
Seguros,
requisitos
supra,
para
la
CC-2010-0413
13
inscripción de tipos y, en lo pertinente a este recurso,
dispone:
(1) Todo organismo tarifador y todo asegurador
autorizado deberá inscribir ante el Comisionado,
antes de usarlos en Puerto Rico, excepto como se
dispone en la sec. 1209 de este título, cada
manual de tipos, listas de tipos, clasificación
de riesgo, plan tarifario, programa de líneas
múltiples según definido mediante reglamentación
y cualquier otra regla de tipos que adoptare o
usare, así como cualquier otra información
concerniente a la aplicación y cómputo de los
tipos que fija y use, y toda modificación de
cualquiera de los anteriores que se proponga
usar….
Un
asegurador
podrá
cumplir
con
su
obligación
de
presentar
tales
tipos
para
cualquier clase o tipo de seguro, haciéndose
miembro o suscriptor de un organismo tarifador
que los haga para tal caso o tipo de seguro, y
autorizando al Comisionado a aceptarlos del
organismo
tarifador
en
nombre
de
dicho
asegurador.
Disponiéndose, que en el caso de
seguro
de
propiedad,
el
asegurador
deberá
hacerse miembro o suscriptor de un organismo
tarifador autorizado a presentar los tipos de
dichos seguros ante el Comisionado.
….
Una vez sometida la inscripción, corresponde entonces
al Comisionado de Seguros evaluar las tarifas propuestas
dentro
de
un
periodo
inicial
de
treinta
prorrogable a sesenta (60) días adicionales.
(30)
días,
No obstante,
la inscripción no surtirá efecto hasta que haya concluido
el plazo dispuesto para su revisión.
Art. 12.060(2)(a)
del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 1206(2)(a).
Se
considerará que la presentación sometida cumple con los
requisitos
estatutarios,
a
menos
que
ésta
sea
denegada
CC-2010-0413
14
durante el periodo antes señalado.
Art. 12.060(3) del
Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 1206(3).
Igualmente, se le concede al Comisionado la potestad
de desreglamentar las tarifas a ser utilizadas por las
compañías aseguradoras.
cumplir
con
este
El procedimiento a seguir para
propósito
surge,
específicamente
consignado, en el Artículo 12.080 del Código de Seguros,
el cual dispone lo siguiente:
El Comisionado podrá suspender o modificar
con arreglo a las reglas y reglamentos que
adopte, o mediante orden
el requisito de
presentación en cuanto a cualquier clase de
seguro, subdivisión o combinación del mismo, o
en cuanto a clases de riesgos para los cuales
los tipos prácticamente no pueden presentarse
antes de usarse o en cuanto a las clases de
seguros para los cuales un estatuto federal no
requiera tal presentación.
Dichas órdenes,
reglas o reglamentos serán dados a conocer a los
aseguradores
y
organismos
afectados.
El
Comisionado podrá llevar a cabo investigaciones
que considere conveniente, para determinar si
los tipos afectados por dicha orden reúnen los
requisitos de la sec. 1204(1)(b) [y] (c) de este
título.
26 L.P.R.A. sec. 1208 (2008) (énfasis nuestro) (Artículo
12.080 del Código de Seguros).
C. Procedimiento Sumario
Excepto que su ley orgánica disponga lo contrario, la
Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada,
conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme
de
Puerto
Rico
(LPAU),
3
L.P.R.A.
secs.
2101
et
seq.
(2004), faculta a las entidades administrativas a disponer
de los asuntos ante su consideración mediante resolución
CC-2010-0413
sumaria.
2157(b)
15
Sección
3.7(b)
(2011).6
Este
de
la
LPAU,
mecanismo
3
L.P.R.A.
persigue
sec.
agilizar
el
proceso adjudicativo en casos en que no estén presentes
hechos materiales en controversia.
Comisionado Seguros
P.R. v. Integrand, 173 D.P.R. 900 (2008).
“Nada impide
que [una agencia] pueda adjudicar sin celebrar una vista
evidenciaria
cuando
no
exista
controversia
sobre
los
hechos y, además, toda la evidencia documental que surge
del
expediente
señale
claramente
determinación de la agencia…”.
la
corrección
de
la
Mun. de San Juan v. CRIM,
178 D.P.R. 163, 179 (2010) (énfasis en el original).
De
este modo se evita el tener que celebrar una “audiencia
evidenciaria [que] no aportaría ningún elemento meritorio
al
proceso
analítico….”
J.
Echevarría
Vargas,
Derecho
Administrativo Puertorriqueño, San Juan, Ediciones Situm,
2012, pág. 231.
D. Revisión Administrativa
La
está
revisión
basada
en
de
las
determinaciones
el
principio
de
administrativas
deferencia
judicial.
Mediante esta norma reconocemos el expertise del que gozan
los organismos administrativos en aquellas materias que le
han sido delegadas por ley.
Frías v. Gobierno Municipal
Autónomo de Carolina, 2012 T.S.P.R. 98, 185 D.P.R. ___
(2012);
6
Batista
de
Nobbe
v.
Junta
de
Directores
del
En Comisionado Seguros P.R. v. Integrand, 173 D.P.R. 900 (2008),
resolvimos que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) está facultada para
valerse de esta vía procesal cuando no medien controversias de hechos
materiales.
CC-2010-0413
16
Condominio Condado Terrace, 2012 T.S.P.R. 63, 185 D.P.R.
___
(2012);
Ifco
Recycling,
Inc.
v.
Autoridad
de
Desperdicios Sólidos, 2012 T.S.P.R. 35, 184 D.P.R. ____
(2012); Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969
(2011).
Conforme provisto en la Sección 4.5 de la LPAU,7 no
intervendremos
con
las
formuladas
una
agencia,
por
determinaciones
siempre
de
que
hechos
éstas
se
encuentren sustentadas por evidencia sustancial que forme
parte del expediente administrativo.
A contrario sensu,
las
ente
conclusiones
de
derecho
de
un
administrativo
podrán ser examinadas por el foro judicial en todos sus
aspectos.
Frías
v.
Gobierno
Municipal
Autónomo
de
Carolina, supra; Batista de Nobbe v. Junta de Directores
del
Condominio
Condado
Terrace,
supra;
Ifco
Recycling,
Inc. v. Autoridad de Desperdicios Sólidos, supra; Torres
Santiago v. Depto. Justicia, supra.
“La
deferencia
reconocida
a
las
decisiones
de
las
agencias administrativas habrá de ceder, solamente, cuando
la misma no esté basada en evidencia sustancial, cuando la
agencia ha errado en la aplicación de la ley y cuando su
actuación
resulte
ser
una
ilegal….”
Frías
v.
Gobierno
Carolina,
supra
(énfasis
Depto. Justicia, supra.
7
3 L.P.R.A. sec. 2175 (2011).
arbitraria,
irrazonable
o
Autónomo
de
Santiago
v.
Municipal
omitido);
Torres
CC-2010-0413
17
III
Universal sostiene que,
mediante sus expresiones y
acciones, el Comisionado García creó la apariencia de la
desreglamentación
de las tarifas
a base de lo
cual, y
procediendo de buena fe, negoció con sus clientes.
Por
tanto,
de
argumenta
que
le
está
vedado
al
Comisionado
Seguros de turno ir en contra de dichas representaciones.
Alega,
además,
que
las
actuaciones
de
los
comisionados
subsiguientes le han expuesto a un perjuicio económico.
Para
sustentar
su
sometidos
ante
la
agencia
artículos
de
periódicos
alusivos al tema.
posición,
y
acompañó
sus
escritos
administrativa
con
copia
de
la
OCS
comunicaciones
de
Igualmente, sometió una “Declaración
Jurada” suscrita por el Comisionado Auxiliar Ramón L. Cruz
Colón
(Comisionado
Auxiliar
Cruz),
quien
ocupó
dicho
puesto en la OCS desde mediados del 1997 hasta marzo de
2001.
En ésta indica que, mientras el Comisionado García
ocupó
su
interés
cargo,
en
comerciales
en
reiteradas
desreglamentar
en
Puerto
ocasiones
el
Rico.
mercado
Esto
es,
manifestó
de
permitir
su
seguros
a
las
aseguradoras cobrar las primas que estimasen convenientes
sin
necesidad
aprobadas
de
adherirse
la
OCS.
por
a
las
tarifas
Igualmente,
sometidas
expresó
que
y
el
Comisionado García había dado a conocer su intención de no
fiscalizar la práctica, que para entonces alegadamente era
común
entre
las
aseguradoras,
de
otorgar
descuentos
no
CC-2010-0413
18
contemplados
en
los
manuales
de
tarifación
mientras formalizaba la aludida desreglamentación.
vigentes
A esos
efectos, el Comisionado García inicialmente le solicitó al
Comisionado Auxiliar Cruz trabajar en un anteproyecto de
ley para modificar el Capítulo 12 del Código de Seguros y,
posteriormente,
le
requirió
preparar
el
correspondiente
proyecto de reglamentación.
Teniendo como cierta la documentación que consta en
autos, no cabe duda de que el Comisionado García, tanto en
privado
como
en
público,
reveló
“su
intención
de
desreglamentar el mercado de seguros comerciales en Puerto
Rico”.
Es
decir,
favoreció
la
libre
competencia
como
mecanismo tarifario por encima del requisito estatutario
de
aprobación
previa.
Su
filosofía,
basada
en
la
liberalización del mercado, proponía que al disputarse los
clientes entre sí las aseguradoras ajustarían los precios
de sus primas a favor del consumidor.
No obstante, acorde a la propia evidencia sometida
por Universal, el Comisionado García estaba consciente de
que establecer el sistema de libre competencia, conforme a
lo dispuesto en el Artículo 12.080 del Código de Seguros,
requería “suspender o modificar con arreglo a las reglas y
reglamentos que adopte, o mediante orden el requisito de
presentación” implantado por el Capítulo 12 del Código de
Seguros, el cual regía entonces y aún continúa en vigor, y
exige que las tarifas sean sometidas previamente para su
aprobación.
Ese Artículo exige, a su vez, que cualquier
CC-2010-0413
19
orden, regla o reglamento a esos efectos tiene que ser
informada por la OCS a las aseguradoras.
A base de la
Declaración Jurada sometida por Universal, podemos deducir
que con este propósito el Comisionado García gestionó, a
través del Comisionado Auxiliar Cruz, la redacción de un
anteproyecto
embargo,
nunca
y
la
durante
se
reglamentación
la
efectuó
incumbencia
el
cambio
correspondiente.
Sin
del Comisionado García,
deseado
mediante
orden,
reglamento o enmienda alguna al Código de Seguros.
Igualmente, la evidencia apunta a que el Comisionado
García
tenía
conocimiento
de
que,
en
efecto,
muchas
aseguradoras no se estaban adhiriendo a las tarifas en
vigor.
Sin
disposiciones
embargo,
práctica,
del
optó
Código
mientras
de
por
no
implantar
las
Seguros
que
penaliza
esta
procuraba
lograr
correspondientes al ordenamiento vigente.
los
cambios
Así lo reconoce
el Comisionado Auxiliar Cruz en su Declaración Jurada al
manifestar
lo
[Comisionado]
dicha
siguiente:
García
situación
y
“[a]
OCS
la
no
vez,
que
la
estaba
que
permanecería
sin
señaló
el
fiscalizando
fiscalizarla
mientras procedía con el desarrollo de la reglamentación
necesaria para formalizar la referida desreglamentación en
Puerto Rico….”
(Énfasis nuestro).
Sobre
particular,
este
encontramos
reveladora
la
consulta propuesta por Ace Insurance Company (AIC) a la
CC-2010-0413
20
OCS en febrero de 20008 y la contestación de esta última
fechada el 26 de abril de 2000,9 específicamente, en torno
al requisito de un trámite formal para poder viabilizar la
desreglamentación sometida en autos por Universal.
Cabe
notar que, en su comunicación, AIC da por sentado que debe
existir algún tipo de notificación de parte de la OCS y
enmendarse
el
estado
de
derecho
vigente
para
poder
implantar el sistema de libre competencia.
En su respuesta a AIC, el Comisionado García reconoce
la necesidad de una acción formal de su parte para lograr
el nuevo enfoque.
De igual forma admite la práctica de
las aseguradoras de no adherirse a los tipos registrados
en la OCS y no descarta la posibilidad de que éstas se
hallen
incursas
en
simplemente
propone
redundante
al
competitividad
violación
la
de
posibilidad
consumidor,
en
el
ley.
mercado,
de
De
que
otra
el
parte,
beneficio
como
resultado
de
la
se
considere
como
una
circunstancia mitigante a la pena a ser impuesta por dicha
infracción.
En
síntesis,
conforme
surge
de
los
autos,
la
filosofía del Comisionado García, para la época objeto de
las penalidades envueltas en este recurso, se centró en
gestionar la desreglamentación oficial con el propósito de
liberalizar
el
sistema
tarifario
en
8
Petición de Certiorari, Apéndice, pág. 142.
9
Petición de Certiorari, Apéndice, pág. 140.
el
campo
de
los
CC-2010-0413
21
seguros en Puerto Rico.
entre
tanto,
Cónsono con este enfoque optó,
por ejercer su discreción
al
no poner en
vigor las disposiciones del Código de Seguros sobre este
particular.
No obstante, bajo el mandato del Comisionado
García en ningún momento quedó sin efecto el requisito de
aprobación
previa
de
tarifas
según
Capítulo 12 del Código de Seguros.
ese
periodo
en
particular,
consignado
en
el
Simplemente, durante
se
dio
la
práctica
administrativa de no poner en vigor la normativa vigente.
Ciertamente
aparecieron
publicadas
en
la
prensa
múltiples manifestaciones del Comisionado García haciendo
referencia a la desreglamentación del mercado y al hecho
de
que
las
aseguradoras
se
estaban
apartando
tarifas anteriormente aprobadas por la OCS.
ello
se
encuentra
sustentado
por
las
de
las
Igualmente,
declaraciones
del
Comisionado Auxiliar Cruz que obran en el expediente.
No
obstante, la ley es clara a los efectos de que, excepto
que medie una enmienda al propio estatuto, la modificación
o eliminación de las tarifas debe venir acompañada de una
actuación formal por parte de la OCS, ya sea a través de
una orden o reglamento.
Dicha determinación, a su vez,
debe ser debidamente notificada a las partes afectadas lo
que necesariamente implica las aseguradoras.
En el contexto de este caso, no nos parece razonable
el
que
verbales
Universal
del
desreglamentación
descansara
Comisionado
sin
enteramente
García
ocuparse
de
en
expresiones
atinentes
verificar
a
si
la
dicha
CC-2010-0413
22
posición estaba sustentada, ya fuese por una enmienda a
las disposiciones del Código de Seguros o por alguno de
los mecanismos provistos en el Artículo 12.080 del mismo.
El
mero
hecho
de
que
un
oficial
público
haga
expresiones sobre un alegado estado de derecho no releva a
la
parte
afectada
de
hacer
gestiones
alcance para cotejar su certeza.
se
trata
de
una
aseguradora
claramente
a
su
No podemos olvidar que
que,
por
la
naturaleza
altamente reglamentada del negocio al cual se ocupa, viene
obligada a estar al tanto de las tarifas en efecto para
sus productos, así como el procedimiento exigido en ley
para la dispensa de éstas.
En otras palabras, ésta se
considera conocedora del imperativo estatutario provisto
en
el
Artículo
dispone,
como
presentación
12.080
del
requisito
de
Código
esencial
tarifas,
que
medie
de
Seguros
el
cual
para
el
relevo
de
ya
sea
una
orden
escrita o reglamentación que así lo acredite.
Más
exención
aún,
la
atinente
obligación
a
las
de
tarifas
notificar
“a
los
cualquier
aseguradores
y
organismos afectados” consta taxativamente como parte del
Artículo
12.080
del
Código
Universal
debía
conocer
que
de
Seguros.
cualquier
Por
cambio
ende,
tarifario
efectuado por el Comisionado de Seguros a tenor con esta
disposición estatutaria le hubiese sido informado por la
OCS.
Por
otro
lado,
declinamos
actos propios en este caso.
emplear
la
doctrina
de
Reiteramos, de este modo, el
CC-2010-0413
principio
23
de
la
aplicación
limitada
de
esta
norma
de
equidad frente al Estado disponible, únicamente, por vía
de excepción y en circunstancias de naturaleza única.
En
términos
procesales,
entendemos
que
actuó
correctamente la OCS al resolver el caso mediante la vía
sumaria.
en
el
Conforme la investigación realizada por la OCS
caso
Universal
de
autos,
durante
cobró
primas
de
el
periodo
seguros
de
en
cuestión
propiedad
para
condominios que estaban ya fuese por encima o por debajo
de
las
registradas
irrefutable
de
la
en
la
prueba
OCS.
Este
hecho
resulta
sometida
por
la
en
OCS
el
procedimiento adjudicativo.
Surge claramente de los autos que la prueba utilizada
por
la
OCS
para
sustentar
las
alegadas
violaciones
al
Código de Seguros descansa, esencialmente, en información
sometida por la propia peticionaria como parte del proceso
de
investigación
iniciado
por
la
OCS,
relativo
a
las
primas cobradas por Universal a sus clientes en el periodo
de tiempo antes señalado.
por
Universal,
las
Una vez sometida la información
primas
fueron
comparadas
con
las
tarifas que la agencia entendía continuaban en vigor.10
Ante este escenario fáctico, no existía razón alguna
para
la
OCS
llevar
a
cabo
algún
tipo
de
proceso
evidenciario.
10
La información pertinente a la diferencia entre las primas cobradas por
Universal y las tarifas aprobadas por la OCS aparece detallada en los Anejos I
y II de la Orden de 8 de mayo de 2002, así como en los Anejos 1 y 2 de la
“Moción para que se Dicte Resolución Parcial Sumaria” sometida por la OCS.
También se recoge, a su vez, en los dictámenes de la OCS aquí recurridos.
CC-2010-0413
24
IV
A
base
de
lo
antes
expuesto,
resolvemos
que
la
determinación de la Oficina del Comisionado de Seguros de
7 de diciembre de 2007 no resulta arbitraria o irrazonable
y
la
misma
consiguiente,
se
encuentra
sustentada
se
confirma
la
en
Sentencia
derecho.
del
Tribunal
Apelaciones.
Se dictará Sentencia de conformidad.
ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN
Juez Asociado
Por
de
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Certiorari
COMISIONADO DE SEGUROS DE
PUERTO RICO
Recurrido
Núm.: CC-2010-0413
v.
UNIVERSAL INSURANCE
COMPANY, INC.
Peticionaria
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 1 de noviembre de 2012.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente Sentencia, resolvemos que la determinación de la
Oficina del Comisionado de Seguros de 7 de diciembre de
2007 no resulta arbitraria o irrazonable y la misma se
encuentra sustentada en derecho.
Por consiguiente, se
confirma
la
Sentencia
emitida
por
el
Tribunal
de
Apelaciones.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora
Fiol Matta no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo