LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Shell Chemical Yabucoa, Inc. v. Santos Rosado

2012 TSPR 159

Poder Judicial de Puerto Rico

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Shell Chemical Yabucoa, Inc. v. Santos Rosado

CC-2011-585

Contribuciones – requisito jurisdiccional de pago previo establecido en el Art. 3.48 de la Ley de Contribución Municipal (Ley 83 de 1991)

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Shell Chemical Yabucoa, Inc.

Recurrida

v.

Gloria E. Santos Rosado, etc.

Demandados

Certiorari

2012 TSPR 159

Shell Chemical Yabucoa, Inc.

187 DPR ____

Recurrida

v.

Secretario de Hacienda, etc.

Peticionarios

Número del Caso: CC-2011-585

Fecha: 23 de octubre de 2012

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón y San Juan

Oficina del Procurador General:

Lcda. Leticia Casalduc Rabell

Subprocuradora General

Lcda. María Umpierre Marchand

Procurador General Auxiliar

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Juan A. Marqués Díaz

Lcda. Britt E. Arrieta Rivera

Abogada del CRIM:

Lcda. Jessica Hernández Sierra

Materia: Contribuciones – requisito jurisdiccional de pago previo

establecido en el Art. 3.48 de la Ley de Contribución Municipal (Ley 83 de

1991)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Shell Chemical Yabucoa, Inc.

Recurrida

v.

Gloria E. Santos Rosado, etc.

Demandados

CC-2011-585

Certiorari

Shell Chemical Yabucoa, Inc.

Recurrida

v.

Secretario de Hacienda, etc.

Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida

señor Kolthoff Caraballo

por

el

Juez

Asociado

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2012

El presente caso nos permite estudiar el requisito

jurisdiccional de pago previo que contiene el Art. 3.48

de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, infra.

En

particular, debemos determinar el efecto que tiene el

incumplimiento del contribuyente con el pago previo, tal

y

como

debemos

lo

dispone

resolver

prospectivamente.

el

si

mencionado

dicho

efecto

artículo.

se

debe

Además,

aplicar

CC-2011-585

2

Por entender que el Tribunal de Apelaciones erró al

no desestimar la causa de acción, se revoca la sentencia

recurrida.

Pasemos,

pues,

a

exponer

los

hechos

que

dieron origen a la controversia planteada en el caso de

epígrafe.

I

Shell Chemical Yabucoa, Inc.1 (Shell) es una compañía

organizada al amparo de las leyes de Puerto Rico, que se

dedica al proceso de refinería, procesamiento y mezcla de

petróleo

crudo.

Departamento

de

notificaciones

El

1

de

Hacienda

sobre

septiembre

(Hacienda)

de

2009

el

envió

a

Shell

dos

de

pago

requerimiento

de

la

contribución especial sobre propiedad inmueble, conforme

a

la

Ley

Núm.

notificación

7-2009,

hacía

según

referencia

enmendada,

a

dos

infra.

La

catastros

de

propiedad de Shell y requería el pago de una contribución

anual de $135,223.28 por uno y de $60,729.38 por el otro.

Inconforme

impuesta,

Shell

con

la

totalidad

presentó

una

de

la

solicitud

contribución

de

revisión

administrativa en Hacienda y en el Centro de Recaudación

de Ingresos Municipales (C.R.I.M.).2

Shell acompañó con

su solicitud dos pagos que totalizaban $78,381.06, o lo

que es igual al 40% de la totalidad de la contribución

anual notificada e impugnada.

Hacienda no se expresó

1

Cabe señalar, que Shell Chemical Yabucoa, Inc. ahora es conocida

como Buckeye Caribbean Terminals, LLC.

Sin embargo, para fines de

este caso utilizaremos el nombre de “Shell”, tal y como surge del

epígrafe. Véase, Alegato de Shell, pág. 1.

2

Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 76-101.

CC-2011-585

3

dentro del término de 60 días establecidos en el Art.

3.48(a) de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según

enmendada, conocida como Ley de Contribución Municipal

sobre

la

Propiedad

de

1991

(Ley

de

Contribución

Municipal).3

Ante la inacción administrativa, el 23 de diciembre

de 2009, Shell acudió al Tribunal de Primera Instancia,

Sala de San Juan, y presentó una demanda contra Hacienda

impugnando

la

totalidad

de

la

contribución

especial

notificada.

En la demanda solicitó que se cancelaran las

notificaciones de imposición contributiva enviadas y que

se le reconociera como entidad exenta.

Argumentó que

conforme al decreto de exención que ostenta no estaba

sujeta

a

dicha

contribución,

debido

a

que

bajo

los

efectos de la Sección 3701 del Código de Rentas Internas

de Puerto Rico sus propiedades no se utilizan para fines

comerciales.

Solicitó, además, que se le reintegraran

los pagos realizados conforme a la Ley de Contribución

Municipal, supra.

En la alternativa, Shell requirió la

retasación

la

propiedad

el

efecto

de

consideración

de

para

la

que

se

tomara

suspensión

de

en

sus

operaciones de refinería y se celebrara una vista para

determinar la valoración de la propiedad.

De otra parte, obraba pendiente una demanda en el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, incoada

3

21 L.P.R.A. sec. 5098(a).

CC-2011-585

4

por Shell el 29 de octubre de 2009 contra el C.R.I.M.

En

esta demanda Shell también impugnó la totalidad de la

contribución

especial

notificada.

Como

ambos

pleitos

contenían cuestiones comunes de hechos y de derechos, las

partes solicitaron conjuntamente la consolidación de los

pleitos en la Sala de Humacao.

Así las cosas, ambas

salas declararon con lugar la consolidación y el pleito

continuó ventilándose en la Sala de Humacao, foro donde

se inició el caso de mayor antigüedad.

Luego

de

los

trámites

procesales

no

relevantes,

de

rigor

y

el

27

agosto

de

otros

Hacienda presentó una moción de desestimación.

Shell

no

cumplió

con

los

requisitos

asuntos

de

2010

Alegó que

jurisdiccionales

dispuestos en el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, para

que

el

tribunal

impugnación.4

pudiese

asumir

jurisdicción

Hacienda

aseveró

que

Shell

sobre

tenía

su

que

satisfacer el total de la deuda para que el tribunal

adquiriera

impuesto

jurisdicción,

estaba

pues

disponible

el

para

pago

del

quienes

40%

del

estuvieran

conformes con una parte de la tributación e inconforme

con otra.

Shell se opuso a la desestimación y refutó que

a pesar de estar en desacuerdo con toda la contribución

notificada, tenía la opción de pagar únicamente el 40% de

la totalidad del tributo en cuestión.

El 20 de octubre de 2010 el Tribunal de Primera

Instancia

4

notificó

una

resolución

mediante

Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 237.

la

cual

CC-2011-585

declaró

5

“no

ha

lugar”

presentada por Hacienda.

la

moción

de

desestimación

Ese tribunal concluyó que tenía

jurisdicción sobre el pleito y ordenó la continuación de

los procedimientos.

Inconforme,

acudió

el

mediante

22

recurso

Apelaciones.

Señaló,

primario

tenía

no

incumplió

con

de

el

de

como

noviembre

de

certiorari

único

jurisdicción

requisito

2010,

al

Tribunal

error,

que

debido

Hacienda

a

jurisdiccional

el

de

foro

que

Shell

de

pago

provisto en el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, ya que

sólo pagó el 40% de la deuda contributiva.

Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones emitió una

sentencia en la cual sostuvo que Shell incumplió con el

requisito

jurisdiccional

totalidad del impuesto.

de

pago

cuando

se

impugna

la

El foro apelativo concluyó que

Shell tenía que pagar el 100% de la contribución, ya que

impugnó

la

totalidad

de

la

contribución

notificada.

Señaló que la opción del 40% sólo estaba disponible para

quienes estaban conformes con una parte del impuesto.

No obstante, el Tribunal de Apelaciones entendió que

no procedía la desestimación de la demanda, sino que se

le

debía

dar

la

oportunidad

a

Shell

de

subsanar

el

defecto jurisdiccional que enfrentaba su reclamación.5

El

25 de abril de 2011, inconforme con la decisión del foro

apelativo,

5

Hacienda

presentó

una

Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 342.

moción

de

CC-2011-585

6

reconsideración cuya denegatoria fue notificada el 14 de

junio de 2011.

Oportunamente,

el

13

de

julio

de

2011,

Hacienda

acudió ante esta Curia mediante el recurso de certiorari

que

nos

ocupa

y

planteó

el

señalamiento

de

error

siguiente:

Erró crasamente el Tribunal de Apelaciones al

denegar la desestimación solicitada por el

E.L.A. y devolver el caso al Tribunal de

Primera Instancia para darle oportunidad a la

parte demandante-recurrida a “subsanar el

defecto

jurisdiccional

que

enfrenta

su

reclamación”.

Ello,

toda

vez

que

al

incumplirse con un requisito de carácter

jurisdiccional, el tribunal queda privado de

jurisdicción y lo único que puede hacer es

desestimar la causa de acción. (Énfasis en el

original.)

Expedido

el

recurso

y

con

el

beneficio

de

las

comparecencias de ambas partes, resolvemos.

II

A. Art. 3.48 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991,

según enmendada, conocida como Ley de Contribución

Municipal sobre la Propiedad de 1991.6

El Art. 22 de la Ley Núm. 7-2009, según enmendada,

conocida

Emergencia

como

Ley

Fiscal

Especial

y

Declarando

Estableciendo

Plan

Estado

de

Integral

de

Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto

Rico,7 creó una contribución especial sobre la propiedad

inmueble.

Con esta ley se adoptaron los procedimientos

seguidos por el C.R.I.M. para trabajar la contribución

6

21 L.P.R.A. sec. 5098.

7

13 L.P.R.A. sec. 9401.

CC-2011-585

7

especial.

En

específico,

este

artículo

incorporó

el

Subtítulo CC –Secciones 3701 al 3707- al Código de Rentas

Internas de Puerto Rico.8

Estos artículos establecieron

la contribución especial sobre la propiedad inmueble con

fines residenciales.

Posteriormente,

mediante

la

Ley

Núm.

37-2009

se

enmendó el Subtítulo CC del Código de Rentas Internas,

supra,

para

extender

la

contribución

especial

propiedad inmueble con fines comerciales.

parámetros

A fines de

los

Hacienda

emitió

2009-08.

En esta carta Hacienda aclaró la regla general

Carta

la

la

aclarar

la

de

a

contribución

Circular

de

especial,

Rentas

Internas

a seguir cuando se solicita una revisión administrativa e

impugnación judicial de la contribución especial.

En lo

pertinente, la carta dispone que:

[A]quellos contribuyentes que deseen solicitar

una

revisión

administrativa

o

impugnar

judicialmente la contribución, deberán cumplir

con los requisitos establecidos en el Artículo

3.48 de la Ley Núm. 83 y el Reglamento 7221

del

CRIM,

entendiéndose

que

cualquier

referencia en dicha ley o en dicho reglamento

al CRIM o su Director, se tendrá como

referencia al Departamento de Hacienda o al

Secretario de Hacienda.

La

Ley

enmendada,

Núm.

83

de

30

de

agosto

de

1991,

según

conocida como Ley de Contribución Municipal

sobre la Propiedad de 1991,9 le confirió a los municipios

el

poder

y

la

facultad

8

Ley Núm. 120-1994.

9

21 L.P.R.A. sec. 5001 et seq.

de

tasar,

imponer,

notificar,

CC-2011-585

determinar

8

y

propiedad.10

cobrar

las

contribuciones

sobre

la

En el 1998, mediante la Ley Núm. 135-1998,

la Asamblea Legislativa incorporó el Art. 3.48 a la Ley

Núm. 83, supra, para establecer el procedimiento para la

revisión

administrativa

contribución especial.

e

impugnación

judicial

de

En lo que nos concierne, el Art.

3.48 de la referida ley indica:

(a)

Revisión

administrativa.

Si

el

contribuyente no estuviere conforme con la

notificación de la imposición contributiva

emitida por el Centro de conformidad con las

secs. 5076 y 5077 de este título, podrá

solicitar

por

escrito

una

revisión

administrativa donde se expresen las razones

para su objeción, la cantidad que estime

correcta e incluir, si lo entiende necesario,

la evidencia o documentos correspondientes,

dentro del término de treinta (30) días

calendarios, a partir de la fecha de depósito

en el correo de la notificación provista por

las secs. 5076 y 5077 de este título, siempre

y cuando el contribuyente:

(1) Pague al Centro de Recaudación la

parte de la contribución con la cual

estuviere conforme y un cuarenta por

ciento

(40%)

de

la

parte

de

la

contribución con la cual no estuviere

conforme, o;

(2) Pague al Centro de Recaudación la

totalidad de la contribución impuesta.

El contribuyente que solicite una revisión

administrativa, según se dispone en esta

sección, no podrá acogerse al descuento por

pronto pago dispuesto en la sec. 5093 de este

título, excepto cuando pague la totalidad de

la contribución impuesta, dentro de los

términos prescritos por ley para tener derecho

al descuento.

El Centro deberá emitir su decisión dentro de

un término de sesenta (60) días a partir de la

fecha de radicación de la solicitud de

10

la

Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 83, supra.

CC-2011-585

9

revisión administrativa por el contribuyente.

[…]

El procedimiento de revisión administrativa

deberá completarse como requisito previo para

que un contribuyente que no estuviere conforme

con la decisión sobre imposición contributiva

la impugne, según lo dispone el inciso (b) de

esta sección.

(b) Impugnación judicial. Si el contribuyente

no estuviere conforme con la determinación

emitida por el Centro, de conformidad a las

secs. 5076 y 5077 de este título y el inciso

(a) de esta sección, podrá impugnar la misma

ante el Tribunal de Primera Instancia dentro

del término de treinta (30) días calendario, a

partir de la fecha de depósito en el correo de

la notificación provista por las secs. 5076 y

5077 de este título siempre y cuando dicho

contribuyente, dentro del citado término:

(1) Pague al Centro de Recaudación la

parte de la contribución con la cual

estuviere conforme y un cuarenta por

ciento

(40%)

de

la

parte

de

la

contribución con la cual no estuviere

conforme, o;

(2) Pague al Centro de Recaudación la

totalidad de la contribución impuesta.

Tanto la presentación de la impugnación, como

el pago de la contribución impuesta, ya sea en

su totalidad o en la parte con la cual se

estuviere conforme, así como el pago del

cuarenta por ciento (40%) de la parte de la

contribución con la cual no se estuviere

conforme, dentro del término dispuesto, se

consideran

de

carácter

jurisdiccional.11

(Énfasis nuestro.)

Esta Curia tuvo la oportunidad de analizar el Art.

3.48

de

la

Ley

Núm.

83,

supra,

en

el

caso

de

Villamil Development v. C.R.I.M., 171 D.P.R. 392 (2007).

En

11

ese

caso

tuvimos

que

resolver

si

el

requisito

A pesar de que este artículo fue posteriormente enmendado por la

Ley Núm. 71-2010, presentamos el artículo sin enmendar, ya que era el

vigente al momento en que se suscitó la controversia.

De todas

formas, lo relacionado con el aspecto jurisdiccional no sufrió cambio

alguno con la nueva ley.

CC-2011-585

10

jurisdiccional

del

pago

de

la

totalidad

de

la

contribución notificada se refería al periodo anual o al

periodo

semestral.

Luego

de

analizar

el

derecho

concluimos que:

En el caso hoy ante nuestra consideración,

Villamil pagó $105,873.64 al CRIM dentro del

término de 30 días a partir del depósito en el

correo de la notificación de contribución.

Dicho pago no fue suficiente para cumplir con

el requisito jurisdiccional establecido en el

Artículo 3.48 de la Ley, pues la suma pagada

no constituye la totalidad de la contribución

anual menos el 10% de descuento, ni la parte

de la contribución anual con la cual estuviere

conforme más el 40% de la contribución anual

con la cual no estuviere conforme.

Para

cumplir con lo establecido en el Artículo 3.48

de la Ley Villamil debió haber pagado al CRIM:

1) $226,788.41, suma que corresponde a la

parte de la contribución anual con la cual

estuvo conforme más el 40% de la parte de la

contribución anual con la cual no estuvo

conforme;

o

2)

$211,747.30,

suma

que

corresponde a la totalidad de la contribución

anual impuesta menos el 10% de descuento por

pronto pago.

No lo hizo.

Por consiguiente,

tanto el CRIM como los tribunales recurridos

actuaron

correctamente

al

denegar

la

impugnación presentada.12

Como

podemos

observar,

en

el

caso

antes

citado

resumimos claramente las únicas dos alternativas que el

Art.

3.48

de

alternativas

la

Ley

son:

Núm.

83,

supra,

que

el

contribuyente

(1)

dispone.

Estas

pague

la

porción con la cual estuviere conforme y el 40% de la

porción

con

contribuyente

la

cual

pague

no

está

todo

el

conforme,

tributo

o;

cuando

(2)

que

el

impugna

la

totalidad de la contribución.

12

Villamil Development v. C.R.I.M., 171 D.P.R. 392, 405 (2007).

CC-2011-585

11

Posteriormente, en el caso de Lilly del Caribe v.

C.R.I.M., res. 3 de abril de 2012, 2012 T.S.P.R. 65,

185

D.P.R.

____

(2012),

mencionado artículo.

volvimos

a

interpretar

el

En ese caso expresamos que “cuando

el legislador se ha manifestado con un lenguaje claro e

inequívoco,

el

texto

excelencia

de

toda

de

la

ley

intención

es

la

expresión

legislativa”.13

Por

por

lo

tanto, luego de analizar el texto de la ley, concluimos

que

la

Villamil

interpretación

Development

hecha

en

el

caso

de

v. C.R.I.M., supra, fue correcta.

Claramente el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, dispone

las circunstancias en las que es permisible el pago del

40% de la deuda contributiva impugnada.14

En el caso de

Lilly del Caribe v. C.R.I.M., supra, explicamos más a

fondo

los

dos

contribuyente.

escenarios

que

tiene

disponible

un

En lo pertinente, se dispuso que:

La primera alternativa está disponible para el

contribuyente

que

impugne

el

tributo

parcialmente.

En ese caso, el contribuyente

pagará el 100% del impuesto que no cuestionó.

Ahora bien, como incentivo para que no se

cuestione innecesariamente todo el impuesto,

se permite que el contribuyente pague tan solo

el 40% del monto que realmente disputa.

Es

decir, la opción de pagar el 40 porciento se

limita a la porción del impuesto con el que se

está en desacuerdo, pero no en cuanto a la

totalidad de la deuda.

El segundo escenario

se configura cuando el contribuyente impugna

la contribución completa. Ante ese panorama,

el

ciudadano

está

obligado

a

pagar

la

13

Lilly del Caribe v. C.R.I.M., res. 3 de abril de 2012,

2012 T.S.P.R. 65, 185 D.P.R. ____ (2012); Báez Rodríguez et al. v.

E.L.A., 179 D.P.R. 231 (2010); Rosario v. Dist. Kikuet, Inc.,

151 D.P.R. 634 (2000).

14

Lilly del Caribe v. C.R.I.M., supra.

CC-2011-585

12

contribución en su totalidad, acogiéndose al

10 porciento de pronto pago que contempla el

Art. 3.43 de la Ley Núm. 83, supra, 21

L.P.R.A. sec. 5093. (Énfasis nuestro.)

B. Requisito jurisdiccional del Art. 3.48 de la Ley Núm.

83, supra.

Como

sabemos,

la

jurisdicción

es

el

poder

o

la

autoridad que tiene un tribunal para considerar y decidir

casos

o

atender

controversias.15

y

adjudicar

un

Para

que

caso

el

tiene

tribunal

que

tener

pueda

tanto

jurisdicción sobre la materia como jurisdicción sobre las

partes litigiosas.

refiere

a

resolver

la

una

La jurisdicción sobre la materia se

capacidad

del

controversia

tribunal

sobre

un

para

atender

aspecto

y

legal.16

Cuando no hay jurisdicción sobre la materia, el tribunal

carece de autoridad y poder para entender en el asunto.17

Recientemente, en

Esso

Standard

reiteramos

nuestra

inexorablemente

jurisdicción

Oil,

Aguadilla

Center, Inc. v.

Inc.,

183

D.P.R.

pauta

sobre

las

fatales

sobre

Paint

la

que

conlleva

materia,

estas

901

(2011),

circunstancias

la

son:

falta

de

(1)

es

no

susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden

voluntariamente otorgar al tribunal jurisdicción sobre la

15

Cruz Parrilla v. Departamento de Vivienda, 184 D.P.R. 393 (2012);

S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 D.P.R. 675 (2011).

16

J. A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño,

Colombia, Ed. Nomos, 2010, pág. 25.

Véase también, S.L.G. SoláMoreno v. Bengoa Becerra, supra.

17

J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan,

Publicaciones J.T.S., 2011, T. I, pág. 192.

CC-2011-585

materia

13

ni

puede

el

tribunal

abrogársela;

(3)

los

dictámenes de un foro sin jurisdicción sobre la materia

son nulos (nulidad absoluta); (4) los tribunales tienen

el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción;

(5)

los

tribunales

apelativos

deben

examinar

la

jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6)

un

planteamiento

materia

puede

de

falta

hacerse

de

en

jurisdicción

cualquier

sobre

etapa

la

del

procedimiento por cualesquiera de las partes o por el

tribunal motu proprio.

La falta de jurisdicción es una defensa que no se

renuncia y se puede levantar en cualquier etapa de los

procedimientos.

celosos

Le

guardianes

corresponde

de

ministerial

de

jurisdicción,

examinar

señalamiento,

pues

su

todo

éste

a

los

jurisdicción.18

tribunal,

y

tribunales

evaluar

incide

Es

deber

cuestionada

con

rigurosidad

directamente

ser

su

el

sobre

el

“aquellos

que

poder mismo para adjudicar una controversia.19

Los

requisitos

jurisdiccionales

son

deben cumplirse antes de que el tribunal pueda conocer

del pleito”.20

Como vemos, el incumplimiento de una parte

con un requisito jurisdiccional establecido por ley priva

18

Cruz Parrilla v. Departamento de Vivienda, supra; Souffront Cordero

v. A.A.A., 164 D.P.R. 663 (2005).

19

Souffront Cordero v. A.A.A., supra; Carattini v. Collazo Syst.

Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345 (2003).

20

I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 3era ed., San

Juan, LexisNexis, 2000, pág. 235.

CC-2011-585

14

al tribunal de jurisdicción para atender los méritos de

la controversia.21

de

jurisdicción

En estos casos, si un tribunal carece

también

carece

de

discreción,

y

los

tribunales no tienen discreción para asumir jurisdicción

donde la ley no la confiere.22

Es decir, la ausencia de

jurisdicción es insubsanable.23

Tan pronto el tribunal

determina

que

no

tiene

jurisdicción

está obligado a desestimar el caso.24

sobre

la

materia,

Cualquier sentencia

dictada sin jurisdicción es nula en derecho y, por lo

tanto, inexistente.25

De

expresado

otra

parte,

que

los

en

casos

requisitos

contributivos

jurisdiccionales

hemos

“no

son

otra cosa que la expresión de condiciones o requisitos

cuyo cumplimiento el Estado exige para que se le demande.

Por lo tanto, deben ser cumplidos estrictamente, y en la

misma forma que se ha exigido por el legislador”.26

No

debemos perder de perspectiva que cuando el legislador

provee para que el contribuyente pueda litigar contra el

gobierno la reclamación del impuesto que se le formula,

21

Virella v. Proc. Esp. Rel. Familia, 154 D.P.R. 742 (2001).

22

Szendrey v. F. Castillo Family, 169 D.P.R. 873 (2007); Virella v.

Proc. Esp. Rel. Familia, supra.

23

S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra.

Segarra, op. cit., pág. 193.

Véase, además, Cuevas

24

S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra; González v. Mayagüez

Resort & Casino, 176 D.P.R. 848 (2009).

25

Szendrey v. F. Castillo Family, supra; Montañez Rivera v. Policía,

150 D.P.R. 917 (2000).

26

Cafeteros de Puerto Rico v. Srio. de Hacienda, 82 D.P.R. 633, 641

(1961).

CC-2011-585

en

ese

15

momento

el

gobierno

inmunidad de soberano.27

que

el

estatuto

exige

está

renunciando

a

su

Es por eso que los requisitos

a

tales

fines

son

de

estricto

cumplimiento y por lo general de carácter jurisdiccional

para los tribunales.28

Debido a las consecuencias fatales que acarrea el

determinar

que

un

término

es

de

naturaleza

jurisdiccional, debe surgir claramente la intención del

legislador de imponerle esa característica al término.29

A tenor de lo anterior, los tribunales deben interpretar

el

estatuto

para

encontrar

la

expresión

clara

del

legislador en cuanto a la naturaleza del término.

Al

hacer esta interpretación primero deben acudir al texto

de la ley.

Si el texto de la ley es claro y libre de

toda ambigüedad, el propio texto es la mejor expresión de

la

intención

legislativa.30

Sólo

si

se

encuentra

ambigüedad en el texto de la ley, los tribunales deben

entonces asegurarse de dar cumplimiento a los propósitos

legislativos.31

27

28

Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 D.P.R. 720, 733 (2010).

Íd.; Ortiz v. Srio. de Hacienda, 118 D.P.R. 572, 575

Vizcarrondo v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 566, 574 (1983).

(1987);

29

Cruz Parrilla v. Departamento de Vivienda, supra; J. Directores v.

Ramos, 157 D.P.R. 818, 823 (2002); Lagares v. E.L.A., 144 D.P.R. 601,

615 (1997).

30

31

Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, 179 D.P.R. 849 (2010).

Cruz Parrilla v. Departamento de Vivienda, supra; Soc. Asist. Leg.

v. Ciencias Forenses, supra.

CC-2011-585

16

Podemos apreciar que el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83,

supra, dispone expresamente que tanto el término para la

presentación

de

la

impugnación

contribución

impuesta

se

carácter jurisdiccional.

como

consideran

el

pago

de

la

requisitos

de

La Asamblea Legislativa creó

este mecanismo con carácter jurisdiccional para que un

contribuyente promueva su acción impugnatoria sólo cuando

tenga bases sólidas.32

La Comisión de Asuntos Municipales

y la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes

redactaron un informe sobre el P. de la C. 1543.33

informe

explican

el

propósito

del

En el

requisito

jurisdiccional de pago previo de la contribución inmueble

anual.

El mencionado informe indica, en lo pertinente,

que:

Además se establece que durante ese término,

el contribuyente deberá pagar la parte de la

contribución con la cual estuviere conforme y

un cuarenta por ciento (40%) de la parte de la

contribución con la cual no estuviere de

acuerdo o, en su lugar, la totalidad de la

contribución

impuesta

garantizándole

el

rembolso total de la misma, en caso de

prevalecer en su reclamación.

También se

dispone que cuando se pague parte de la

contribución, el contribuyente no se podrá

acoger al descuento por pronto pago dispuesto

en el Artículo 3.43.

Estas disposiciones uniforman el procedimiento

de

cobro

de

las

contribuciones

a

los

establecidos en el caso de impugnación ante el

Tribunal de Primera Instancia, para que el

CRIM pueda cumplir con su deber ministerial de

distribuir a los municipios la parte cobrada.

Esto

es

recurriendo

directamente

a

los

Tribunales y dejando de pagar la contribución

32

33

Lilly del Caribe v. C.R.I.M., supra.

El P. de la C. 1543 se convirtió eventualmente en el Art. 3.48 de

la Ley Núm. 83, supra.

CC-2011-585

17

impuesta hasta tanto el Tribunal emita su

decisión sobre el caso. Lo anterior afecta los

ingresos que reciben los municipios por este

concepto sobre todo, cuando conscientes del

proceso

de

revisión

administrativa

[el]

contribuyente

acude

al

Tribunal

como

subterfugio

para

dejar

de

pagar

sus

contribuciones.

Por lo tanto, el texto del Art. 3.48 de la Ley Núm.

83, supra, es claro y libre de toda ambigüedad cuando

expresa que el pago de la contribución, tal como dispone,

constituye

un

requisito

jurisdiccional

para

el

perfeccionamiento del recurso de revisión administrativa

o impugnación judicial, de manera que es indispensable su

cumplimiento.

III

En el caso ante nos, Shell impugnó la totalidad de

la

contribución

especial

notificada

por

Hacienda,

sin

embargo, sólo pagó el 40% de la contribución notificada.

Como ya hemos resuelto, el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83,

supra, solo contempla dos alternativas para el pago de la

contribución.

La

primera

alternativa

dispone

que

el

contribuyente pague el 40% de la contribución, únicamente

cuando impugna el tributo parcialmente.

la

segunda

pague

el

alternativa

100%

de

la

contribución completa.

pagar

el

100%

de

la

establece

que

contribución

Por otro lado,

el

contribuyente

cuando

impugna

la

Por lo tanto, Shell tenía que

contribución,

ya

totalidad de la contribución notificada.

que

impugnó

la

CC-2011-585

18

De otra parte, Shell alegó en la demanda que no es

contribuyente

especial,

fines

ya

para

propósitos

de

la

no

se

que

sus

propiedades

comerciales

y,

por

consiguiente,

agotar los remedios administrativos.

contribución

utilizan

para

no

que

tenía

No obstante, Shell

optó conscientemente por seguir la acción de impugnación

que concede el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, y no

un remedio en equidad.

Así pues, tenía un procedimiento

adecuado que le garantizaba el debido proceso de ley para

hacer cualquier reclamación que tuviera en torno a la

contribución especial.

Con ello, sujetó su reclamo al

requisito jurisdiccional que allí se dispone.

pretender

ahora

evadir

el

requisito

No puede

jurisdiccional

dispuesto en el Art. 3.48, supra.

Precisado lo anterior, examinemos el Art. 3.48 de la

Ley Núm. 83, supra.

Podemos observar que en el artículo

antes mencionado, el legislador expresamente estableció

que

los

requisitos

para

promover

una

revisión

administrativa o una impugnación judicial son de carácter

jurisdiccional.

Dado su tenor literal concluimos que la

ley es clara y libre de ambigüedad.

Como mencionáramos,

si

y

el

texto

de

la

ley

es

claro

libre

de

toda

ambigüedad, el propio texto es la mejor expresión de la

intención

legislativa.

Por

consiguiente,

el

contribuyente que impugne la contribución especial tiene

que cumplir con los requisitos del Art. 3.48 de la Ley

Núm.

83,

supra,

para

que

el

tribunal

pueda

adquirir

CC-2011-585

19

jurisdicción

palabras,

y

atender

el

su

controversia.

incumplimiento

jurisdiccionales

del

Art.

con

los

3.48,

jurisdicción a los tribunales.

En

otras

requisitos

supra,

priva

de

La falta de jurisdicción

es una consecuencia fatal que no puede ser subsanada por

las partes ni por el tribunal.

Una vez se incumplen

estos requisitos jurisdiccionales lo único que procede es

la desestimación de la causa de acción.

El Tribunal de Apelaciones correctamente interpretó

que el texto del Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, es

claro

y

contiene

requisitos

jurisdiccionales.

No

obstante, expresó que a pesar de Shell no cumplir con los

requisitos

jurisdiccionales,

causa de impugnación.

Apelaciones

actuó

no

de

saber

interpretación

sobre

desestimar

la

Shell alegó que el Tribunal de

correctamente

prospectivo a su determinación.

forma

procedía

al

darle

efecto

Argumentó que no tenía

que

Hacienda

haría

una

el

mencionado

artículo.

nueva

También

expresó que esta nueva interpretación le violó el debido

proceso de ley porque no tuvo un aviso adecuado sobre la

nueva norma establecida.

Además, añadió que esta nueva

interpretación tiene el efecto de negarle acceso al foro

judicial para impugnar la contribución.

Conforme a la jurisprudencia aludida y el derecho

aplicable,

resulta

forzoso

concluir

que

carecen

de

méritos las alegaciones de Shell en cuanto a que procedía

darle

efecto

prospectivo

a

la

decisión

del

foro

CC-2011-585

20

apelativo.

Shell no puede alegar que no tenía forma de

saber que Hacienda haría una nueva interpretación sobre

el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra.

Desde el 2007, en

el

C.R.I.M.,

caso

de

Villamil

Development

v.

supra,

interpretamos que el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra,

contempla

sólo

dos

alternativas.

Las

alegaciones

de

Hacienda no son nuevas interpretaciones del mencionado

artículo como expresa Shell.

De

otra

parte,

según

expresamos

en

el

caso

de

Lilly del Caribe v. C.R.I.M., supra, y como bien resolvió

el foro apelativo, el texto del Art. 3.48 de la Ley Núm.

83, supra, es claro en cuanto a las circunstancias en las

que es permisible el pago del 40% de la contribución y

cuando se tiene que pagar el 100% de la contribución al

impugnar la contribución notificada.

no

existe

artículo.

otra

posible

Quiere decir, que

interpretación

al

mencionado

Es evidente que el Art. 3.48 de la Ley Núm.

83, supra, no contempla la interpretación que pretendió

establecer Shell.

Es por eso que Shell no puede alegar

que confió en una norma anterior que quedó desplazada por

una nueva norma.

Debido a que el texto del Art. 3.48 de

la Ley Núm. 83, supra, es claro y libre de ambigüedad, su

disposición siempre ha sido la norma establecida.

Por lo

tanto, a Shell no se le violó el debido proceso de ley.

No obstante, a pesar de su interpretación, el foro

intermedio no desestimó la causa de acción y le dio la

oportunidad

a

Shell

de

subsanar

el

defecto

CC-2011-585

21

jurisdiccional.

intermedio;

un

Ciertamente,

requisito

el

foro

apelativo

jurisdiccional

no

puede

aplicado prospectivamente.

erró

ser

Las partes no pueden alegar

que se la ha violado el debido proceso de ley por no

tener una notificación adecuada o que el resultado sería

injusto.

Ante un mandato claro y expreso de la ley, se

tiene que hacer valer tal mandato como lo expresó el

legislador.

Cuando

jurisdiccional

que

se

incumple

estableció

el

con

el

legislador

requisito

la

única

alternativa es la desestimación de la causa, pues tal

defecto es insubsanable.

Por lo tanto, el Tribunal de

Apelaciones sólo poseía jurisdicción para dictaminar que

no la tenía.34

Shell

tenía

que

cumplir

con

el

requisito

jurisdiccional como se establece en el Art. 3.48 de la

Ley Núm. 83, supra, cuando se impugna la totalidad de la

contribución.

Shell debió saber que la consecuencia de

incumplir

con

el

dispuesta

por

el

requisito

estatuto

jurisdiccional

en

de

controversia

la

forma

era

la

desestimación de la acción de impugnación contributiva.

Por lo tanto, su incumplimiento privó de jurisdicción al

tribunal.

Acorde a lo anterior, es importante aclarar que la

interpretación que esta Curia ha hecho sobre el Art. 3.48

34

S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 D.P.R. 675, 682-683

(2011); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345,

355 (2003).

CC-2011-585

22

de la Ley Núm. 83, supra, no pone en riesgo la seguridad

jurídica de quienes descansan en decretos de exención,

como hizo Shell en este caso.

el

contribuyente

que

Simplemente explicamos que

impugne

la

totalidad

de

la

contribución especial utilizando la acción de impugnación

que

concede

el

mencionado

artículo,

está

sujeto

requisito jurisdiccional que allí se dispone.

al

Una vez el

tribunal atiende el caso en sus méritos y resuelve a

favor del contribuyente, la ley le garantiza el rembolso

total

de

la

contribución

concierne, el Art.

pagada.

En

lo

que

3.48(b) de la Ley Núm. 83,

nos

supra,

indica que:

Si la decisión del Tribunal fuere favorable al

contribuyente

y

éste

hubiere

pagado

la

contribución impugnada en o con posterioridad

a lo establecido en este artículo, dicha

decisión dispondrá que se devuelva a dicho

contribuyente la contribución o la parte de

ella que estimare el Tribunal fue cobrada en

exceso, con los intereses correspondientes por

ley, computados desde la fecha de pago de la

contribución impugnada.

Por lo tanto, podemos observar que no se pone en

riesgo

la

seguridad

decretos de exención.

jurídica

de

quienes

descansan

en

Una vez el contribuyente cumpla

con el requisito jurisdiccional podrá defender su decreto

de

exención

ante

el

foro

judicial.

Si

el

tribunal

resuelve que en efecto el contribuyente está exento de la

contribución especial, tendrá derecho al rembolso de la

contribución que pagó y, además, tendrá derecho a los

CC-2011-585

23

intereses correspondientes por ley computados desde la

fecha en que pagó la contribución.

Según los fundamentos antes expuestos, era necesario

que

Shell

notificada

pagara

como

la

totalidad

requisito

de

la

contribución

jurisdiccional

presentar su acción judicial.

antes

de

Al no hacerlo privó de

jurisdicción al foro judicial para atender su reclamo.

Por lo tanto, procede desestimar la causa de impugnación.

IV

En

armonía

con

lo

antes

señalado,

se

revoca

la

sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y como

resultado se desestima la causa de acción por falta de

jurisdicción.

Se dictará sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Shell Chemical Yabucoa, Inc.

Recurrida

v.

Gloria E. Santos Rosado, etc.

Demandados

CC-2011-585

Certiorari

Shell Chemical Yabucoa, Inc.

Recurrida

v.

Secretario de Hacienda, etc.

Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2012

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se revoca la sentencia emitida por el Tribunal

de Apelaciones y como resultado se desestima la causa de

acción por falta de jurisdicción.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez concurre con el resultado sin opinión

escrita.

El Juez Presidente señor

constar la siguiente expresión:

Hernández

Denton

El Juez Presidente señor Hernández Denton

disiente de la Opinión mayoritaria por las

mismas razones expuestas en su disenso en Lilly

del Caribe v. C.R.I.M, 2012 T.S.P.R. 65, 185

D.P.R. ___ (2012).

hace

CC-2011-585

2

La Jueza Asociada señora Fiol Matta disiente sin

opinión escrita. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco

no interviene.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo