Tribunal Supremo de Puerto Rico
Shell Chemical Yabucoa, Inc. v. Santos Rosado
2012 TSPR 159
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
Shell Chemical Yabucoa, Inc. v. Santos Rosado
CC-2011-585
Contribuciones – requisito jurisdiccional de pago previo establecido en el Art. 3.48 de la Ley de Contribución Municipal (Ley 83 de 1991)
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Shell Chemical Yabucoa, Inc.
Recurrida
v.
Gloria E. Santos Rosado, etc.
Demandados
Certiorari
2012 TSPR 159
Shell Chemical Yabucoa, Inc.
187 DPR ____
Recurrida
v.
Secretario de Hacienda, etc.
Peticionarios
Número del Caso: CC-2011-585
Fecha: 23 de octubre de 2012
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón y San Juan
Oficina del Procurador General:
Lcda. Leticia Casalduc Rabell
Subprocuradora General
Lcda. María Umpierre Marchand
Procurador General Auxiliar
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Juan A. Marqués Díaz
Lcda. Britt E. Arrieta Rivera
Abogada del CRIM:
Lcda. Jessica Hernández Sierra
Materia: Contribuciones – requisito jurisdiccional de pago previo
establecido en el Art. 3.48 de la Ley de Contribución Municipal (Ley 83 de
1991)
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Shell Chemical Yabucoa, Inc.
Recurrida
v.
Gloria E. Santos Rosado, etc.
Demandados
CC-2011-585
Certiorari
Shell Chemical Yabucoa, Inc.
Recurrida
v.
Secretario de Hacienda, etc.
Peticionarios
Opinión del Tribunal emitida
señor Kolthoff Caraballo
por
el
Juez
Asociado
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2012
El presente caso nos permite estudiar el requisito
jurisdiccional de pago previo que contiene el Art. 3.48
de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, infra.
En
particular, debemos determinar el efecto que tiene el
incumplimiento del contribuyente con el pago previo, tal
y
como
debemos
lo
dispone
resolver
prospectivamente.
el
si
mencionado
dicho
efecto
artículo.
se
debe
Además,
aplicar
CC-2011-585
2
Por entender que el Tribunal de Apelaciones erró al
no desestimar la causa de acción, se revoca la sentencia
recurrida.
Pasemos,
pues,
a
exponer
los
hechos
que
dieron origen a la controversia planteada en el caso de
epígrafe.
I
Shell Chemical Yabucoa, Inc.1 (Shell) es una compañía
organizada al amparo de las leyes de Puerto Rico, que se
dedica al proceso de refinería, procesamiento y mezcla de
petróleo
crudo.
Departamento
de
notificaciones
El
1
de
Hacienda
sobre
septiembre
(Hacienda)
de
2009
el
envió
a
Shell
dos
de
pago
requerimiento
de
la
contribución especial sobre propiedad inmueble, conforme
a
la
Ley
Núm.
notificación
7-2009,
hacía
según
referencia
enmendada,
a
dos
infra.
La
catastros
de
propiedad de Shell y requería el pago de una contribución
anual de $135,223.28 por uno y de $60,729.38 por el otro.
Inconforme
impuesta,
Shell
con
la
totalidad
presentó
una
de
la
solicitud
contribución
de
revisión
administrativa en Hacienda y en el Centro de Recaudación
de Ingresos Municipales (C.R.I.M.).2
Shell acompañó con
su solicitud dos pagos que totalizaban $78,381.06, o lo
que es igual al 40% de la totalidad de la contribución
anual notificada e impugnada.
Hacienda no se expresó
1
Cabe señalar, que Shell Chemical Yabucoa, Inc. ahora es conocida
como Buckeye Caribbean Terminals, LLC.
Sin embargo, para fines de
este caso utilizaremos el nombre de “Shell”, tal y como surge del
epígrafe. Véase, Alegato de Shell, pág. 1.
2
Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 76-101.
CC-2011-585
3
dentro del término de 60 días establecidos en el Art.
3.48(a) de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según
enmendada, conocida como Ley de Contribución Municipal
sobre
la
Propiedad
de
1991
(Ley
de
Contribución
Municipal).3
Ante la inacción administrativa, el 23 de diciembre
de 2009, Shell acudió al Tribunal de Primera Instancia,
Sala de San Juan, y presentó una demanda contra Hacienda
impugnando
la
totalidad
de
la
contribución
especial
notificada.
En la demanda solicitó que se cancelaran las
notificaciones de imposición contributiva enviadas y que
se le reconociera como entidad exenta.
Argumentó que
conforme al decreto de exención que ostenta no estaba
sujeta
a
dicha
contribución,
debido
a
que
bajo
los
efectos de la Sección 3701 del Código de Rentas Internas
de Puerto Rico sus propiedades no se utilizan para fines
comerciales.
Solicitó, además, que se le reintegraran
los pagos realizados conforme a la Ley de Contribución
Municipal, supra.
En la alternativa, Shell requirió la
retasación
la
propiedad
el
efecto
de
consideración
de
para
la
que
se
tomara
suspensión
de
en
sus
operaciones de refinería y se celebrara una vista para
determinar la valoración de la propiedad.
De otra parte, obraba pendiente una demanda en el
Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, incoada
3
21 L.P.R.A. sec. 5098(a).
CC-2011-585
4
por Shell el 29 de octubre de 2009 contra el C.R.I.M.
En
esta demanda Shell también impugnó la totalidad de la
contribución
especial
notificada.
Como
ambos
pleitos
contenían cuestiones comunes de hechos y de derechos, las
partes solicitaron conjuntamente la consolidación de los
pleitos en la Sala de Humacao.
Así las cosas, ambas
salas declararon con lugar la consolidación y el pleito
continuó ventilándose en la Sala de Humacao, foro donde
se inició el caso de mayor antigüedad.
Luego
de
los
trámites
procesales
no
relevantes,
de
rigor
y
el
27
agosto
de
otros
Hacienda presentó una moción de desestimación.
Shell
no
cumplió
con
los
requisitos
asuntos
de
2010
Alegó que
jurisdiccionales
dispuestos en el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, para
que
el
tribunal
impugnación.4
pudiese
asumir
jurisdicción
Hacienda
aseveró
que
Shell
sobre
tenía
su
que
satisfacer el total de la deuda para que el tribunal
adquiriera
impuesto
jurisdicción,
estaba
pues
disponible
el
para
pago
del
quienes
40%
del
estuvieran
conformes con una parte de la tributación e inconforme
con otra.
Shell se opuso a la desestimación y refutó que
a pesar de estar en desacuerdo con toda la contribución
notificada, tenía la opción de pagar únicamente el 40% de
la totalidad del tributo en cuestión.
El 20 de octubre de 2010 el Tribunal de Primera
Instancia
4
notificó
una
resolución
mediante
Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 237.
la
cual
CC-2011-585
declaró
5
“no
ha
lugar”
presentada por Hacienda.
la
moción
de
desestimación
Ese tribunal concluyó que tenía
jurisdicción sobre el pleito y ordenó la continuación de
los procedimientos.
Inconforme,
acudió
el
mediante
22
recurso
Apelaciones.
Señaló,
primario
tenía
no
incumplió
con
de
el
de
como
noviembre
de
certiorari
único
jurisdicción
requisito
2010,
al
Tribunal
error,
que
debido
Hacienda
a
jurisdiccional
el
de
foro
que
Shell
de
pago
provisto en el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, ya que
sólo pagó el 40% de la deuda contributiva.
Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones emitió una
sentencia en la cual sostuvo que Shell incumplió con el
requisito
jurisdiccional
totalidad del impuesto.
de
pago
cuando
se
impugna
la
El foro apelativo concluyó que
Shell tenía que pagar el 100% de la contribución, ya que
impugnó
la
totalidad
de
la
contribución
notificada.
Señaló que la opción del 40% sólo estaba disponible para
quienes estaban conformes con una parte del impuesto.
No obstante, el Tribunal de Apelaciones entendió que
no procedía la desestimación de la demanda, sino que se
le
debía
dar
la
oportunidad
a
Shell
de
subsanar
el
defecto jurisdiccional que enfrentaba su reclamación.5
El
25 de abril de 2011, inconforme con la decisión del foro
apelativo,
5
Hacienda
presentó
una
Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 342.
moción
de
CC-2011-585
6
reconsideración cuya denegatoria fue notificada el 14 de
junio de 2011.
Oportunamente,
el
13
de
julio
de
2011,
Hacienda
acudió ante esta Curia mediante el recurso de certiorari
que
nos
ocupa
y
planteó
el
señalamiento
de
error
siguiente:
Erró crasamente el Tribunal de Apelaciones al
denegar la desestimación solicitada por el
E.L.A. y devolver el caso al Tribunal de
Primera Instancia para darle oportunidad a la
parte demandante-recurrida a “subsanar el
defecto
jurisdiccional
que
enfrenta
su
reclamación”.
Ello,
toda
vez
que
al
incumplirse con un requisito de carácter
jurisdiccional, el tribunal queda privado de
jurisdicción y lo único que puede hacer es
desestimar la causa de acción. (Énfasis en el
original.)
Expedido
el
recurso
y
con
el
beneficio
de
las
comparecencias de ambas partes, resolvemos.
II
A. Art. 3.48 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991,
según enmendada, conocida como Ley de Contribución
Municipal sobre la Propiedad de 1991.6
El Art. 22 de la Ley Núm. 7-2009, según enmendada,
conocida
Emergencia
como
Ley
Fiscal
Especial
y
Declarando
Estableciendo
Plan
Estado
de
Integral
de
Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto
Rico,7 creó una contribución especial sobre la propiedad
inmueble.
Con esta ley se adoptaron los procedimientos
seguidos por el C.R.I.M. para trabajar la contribución
6
21 L.P.R.A. sec. 5098.
7
13 L.P.R.A. sec. 9401.
CC-2011-585
7
especial.
En
específico,
este
artículo
incorporó
el
Subtítulo CC –Secciones 3701 al 3707- al Código de Rentas
Internas de Puerto Rico.8
Estos artículos establecieron
la contribución especial sobre la propiedad inmueble con
fines residenciales.
Posteriormente,
mediante
la
Ley
Núm.
37-2009
se
enmendó el Subtítulo CC del Código de Rentas Internas,
supra,
para
extender
la
contribución
especial
propiedad inmueble con fines comerciales.
parámetros
A fines de
los
Hacienda
emitió
2009-08.
En esta carta Hacienda aclaró la regla general
Carta
la
la
aclarar
la
de
a
contribución
Circular
de
especial,
Rentas
Internas
a seguir cuando se solicita una revisión administrativa e
impugnación judicial de la contribución especial.
En lo
pertinente, la carta dispone que:
[A]quellos contribuyentes que deseen solicitar
una
revisión
administrativa
o
impugnar
judicialmente la contribución, deberán cumplir
con los requisitos establecidos en el Artículo
3.48 de la Ley Núm. 83 y el Reglamento 7221
del
CRIM,
entendiéndose
que
cualquier
referencia en dicha ley o en dicho reglamento
al CRIM o su Director, se tendrá como
referencia al Departamento de Hacienda o al
Secretario de Hacienda.
La
Ley
enmendada,
Núm.
83
de
30
de
agosto
de
1991,
según
conocida como Ley de Contribución Municipal
sobre la Propiedad de 1991,9 le confirió a los municipios
el
poder
y
la
facultad
8
Ley Núm. 120-1994.
9
21 L.P.R.A. sec. 5001 et seq.
de
tasar,
imponer,
notificar,
CC-2011-585
determinar
8
y
propiedad.10
cobrar
las
contribuciones
sobre
la
En el 1998, mediante la Ley Núm. 135-1998,
la Asamblea Legislativa incorporó el Art. 3.48 a la Ley
Núm. 83, supra, para establecer el procedimiento para la
revisión
administrativa
contribución especial.
e
impugnación
judicial
de
En lo que nos concierne, el Art.
3.48 de la referida ley indica:
(a)
Revisión
administrativa.
Si
el
contribuyente no estuviere conforme con la
notificación de la imposición contributiva
emitida por el Centro de conformidad con las
secs. 5076 y 5077 de este título, podrá
solicitar
por
escrito
una
revisión
administrativa donde se expresen las razones
para su objeción, la cantidad que estime
correcta e incluir, si lo entiende necesario,
la evidencia o documentos correspondientes,
dentro del término de treinta (30) días
calendarios, a partir de la fecha de depósito
en el correo de la notificación provista por
las secs. 5076 y 5077 de este título, siempre
y cuando el contribuyente:
(1) Pague al Centro de Recaudación la
parte de la contribución con la cual
estuviere conforme y un cuarenta por
ciento
(40%)
de
la
parte
de
la
contribución con la cual no estuviere
conforme, o;
(2) Pague al Centro de Recaudación la
totalidad de la contribución impuesta.
El contribuyente que solicite una revisión
administrativa, según se dispone en esta
sección, no podrá acogerse al descuento por
pronto pago dispuesto en la sec. 5093 de este
título, excepto cuando pague la totalidad de
la contribución impuesta, dentro de los
términos prescritos por ley para tener derecho
al descuento.
El Centro deberá emitir su decisión dentro de
un término de sesenta (60) días a partir de la
fecha de radicación de la solicitud de
10
la
Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 83, supra.
CC-2011-585
9
revisión administrativa por el contribuyente.
[…]
El procedimiento de revisión administrativa
deberá completarse como requisito previo para
que un contribuyente que no estuviere conforme
con la decisión sobre imposición contributiva
la impugne, según lo dispone el inciso (b) de
esta sección.
(b) Impugnación judicial. Si el contribuyente
no estuviere conforme con la determinación
emitida por el Centro, de conformidad a las
secs. 5076 y 5077 de este título y el inciso
(a) de esta sección, podrá impugnar la misma
ante el Tribunal de Primera Instancia dentro
del término de treinta (30) días calendario, a
partir de la fecha de depósito en el correo de
la notificación provista por las secs. 5076 y
5077 de este título siempre y cuando dicho
contribuyente, dentro del citado término:
(1) Pague al Centro de Recaudación la
parte de la contribución con la cual
estuviere conforme y un cuarenta por
ciento
(40%)
de
la
parte
de
la
contribución con la cual no estuviere
conforme, o;
(2) Pague al Centro de Recaudación la
totalidad de la contribución impuesta.
Tanto la presentación de la impugnación, como
el pago de la contribución impuesta, ya sea en
su totalidad o en la parte con la cual se
estuviere conforme, así como el pago del
cuarenta por ciento (40%) de la parte de la
contribución con la cual no se estuviere
conforme, dentro del término dispuesto, se
consideran
de
carácter
jurisdiccional.11
(Énfasis nuestro.)
Esta Curia tuvo la oportunidad de analizar el Art.
3.48
de
la
Ley
Núm.
83,
supra,
en
el
caso
de
Villamil Development v. C.R.I.M., 171 D.P.R. 392 (2007).
En
11
ese
caso
tuvimos
que
resolver
si
el
requisito
A pesar de que este artículo fue posteriormente enmendado por la
Ley Núm. 71-2010, presentamos el artículo sin enmendar, ya que era el
vigente al momento en que se suscitó la controversia.
De todas
formas, lo relacionado con el aspecto jurisdiccional no sufrió cambio
alguno con la nueva ley.
CC-2011-585
10
jurisdiccional
del
pago
de
la
totalidad
de
la
contribución notificada se refería al periodo anual o al
periodo
semestral.
Luego
de
analizar
el
derecho
concluimos que:
En el caso hoy ante nuestra consideración,
Villamil pagó $105,873.64 al CRIM dentro del
término de 30 días a partir del depósito en el
correo de la notificación de contribución.
Dicho pago no fue suficiente para cumplir con
el requisito jurisdiccional establecido en el
Artículo 3.48 de la Ley, pues la suma pagada
no constituye la totalidad de la contribución
anual menos el 10% de descuento, ni la parte
de la contribución anual con la cual estuviere
conforme más el 40% de la contribución anual
con la cual no estuviere conforme.
Para
cumplir con lo establecido en el Artículo 3.48
de la Ley Villamil debió haber pagado al CRIM:
1) $226,788.41, suma que corresponde a la
parte de la contribución anual con la cual
estuvo conforme más el 40% de la parte de la
contribución anual con la cual no estuvo
conforme;
o
2)
$211,747.30,
suma
que
corresponde a la totalidad de la contribución
anual impuesta menos el 10% de descuento por
pronto pago.
No lo hizo.
Por consiguiente,
tanto el CRIM como los tribunales recurridos
actuaron
correctamente
al
denegar
la
impugnación presentada.12
Como
podemos
observar,
en
el
caso
antes
citado
resumimos claramente las únicas dos alternativas que el
Art.
3.48
de
alternativas
la
Ley
son:
Núm.
83,
supra,
que
el
contribuyente
(1)
dispone.
Estas
pague
la
porción con la cual estuviere conforme y el 40% de la
porción
con
contribuyente
la
cual
pague
no
está
todo
el
conforme,
tributo
o;
cuando
(2)
que
el
impugna
la
totalidad de la contribución.
12
Villamil Development v. C.R.I.M., 171 D.P.R. 392, 405 (2007).
CC-2011-585
11
Posteriormente, en el caso de Lilly del Caribe v.
C.R.I.M., res. 3 de abril de 2012, 2012 T.S.P.R. 65,
185
D.P.R.
____
(2012),
mencionado artículo.
volvimos
a
interpretar
el
En ese caso expresamos que “cuando
el legislador se ha manifestado con un lenguaje claro e
inequívoco,
el
texto
excelencia
de
toda
de
la
ley
intención
es
la
expresión
legislativa”.13
Por
por
lo
tanto, luego de analizar el texto de la ley, concluimos
que
la
Villamil
interpretación
Development
hecha
en
el
caso
de
v. C.R.I.M., supra, fue correcta.
Claramente el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, dispone
las circunstancias en las que es permisible el pago del
40% de la deuda contributiva impugnada.14
En el caso de
Lilly del Caribe v. C.R.I.M., supra, explicamos más a
fondo
los
dos
contribuyente.
escenarios
que
tiene
disponible
un
En lo pertinente, se dispuso que:
La primera alternativa está disponible para el
contribuyente
que
impugne
el
tributo
parcialmente.
En ese caso, el contribuyente
pagará el 100% del impuesto que no cuestionó.
Ahora bien, como incentivo para que no se
cuestione innecesariamente todo el impuesto,
se permite que el contribuyente pague tan solo
el 40% del monto que realmente disputa.
Es
decir, la opción de pagar el 40 porciento se
limita a la porción del impuesto con el que se
está en desacuerdo, pero no en cuanto a la
totalidad de la deuda.
El segundo escenario
se configura cuando el contribuyente impugna
la contribución completa. Ante ese panorama,
el
ciudadano
está
obligado
a
pagar
la
13
Lilly del Caribe v. C.R.I.M., res. 3 de abril de 2012,
2012 T.S.P.R. 65, 185 D.P.R. ____ (2012); Báez Rodríguez et al. v.
E.L.A., 179 D.P.R. 231 (2010); Rosario v. Dist. Kikuet, Inc.,
151 D.P.R. 634 (2000).
14
Lilly del Caribe v. C.R.I.M., supra.
CC-2011-585
12
contribución en su totalidad, acogiéndose al
10 porciento de pronto pago que contempla el
Art. 3.43 de la Ley Núm. 83, supra, 21
L.P.R.A. sec. 5093. (Énfasis nuestro.)
B. Requisito jurisdiccional del Art. 3.48 de la Ley Núm.
83, supra.
Como
sabemos,
la
jurisdicción
es
el
poder
o
la
autoridad que tiene un tribunal para considerar y decidir
casos
o
atender
controversias.15
y
adjudicar
un
Para
que
caso
el
tiene
tribunal
que
tener
pueda
tanto
jurisdicción sobre la materia como jurisdicción sobre las
partes litigiosas.
refiere
a
resolver
la
una
La jurisdicción sobre la materia se
capacidad
del
controversia
tribunal
sobre
un
para
atender
aspecto
y
legal.16
Cuando no hay jurisdicción sobre la materia, el tribunal
carece de autoridad y poder para entender en el asunto.17
Recientemente, en
Esso
Standard
reiteramos
nuestra
inexorablemente
jurisdicción
Oil,
Aguadilla
Center, Inc. v.
Inc.,
183
D.P.R.
pauta
sobre
las
fatales
sobre
Paint
la
que
conlleva
materia,
estas
901
(2011),
circunstancias
la
son:
falta
de
(1)
es
no
susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden
voluntariamente otorgar al tribunal jurisdicción sobre la
15
Cruz Parrilla v. Departamento de Vivienda, 184 D.P.R. 393 (2012);
S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 D.P.R. 675 (2011).
16
J. A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño,
Colombia, Ed. Nomos, 2010, pág. 25.
Véase también, S.L.G. SoláMoreno v. Bengoa Becerra, supra.
17
J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan,
Publicaciones J.T.S., 2011, T. I, pág. 192.
CC-2011-585
materia
13
ni
puede
el
tribunal
abrogársela;
(3)
los
dictámenes de un foro sin jurisdicción sobre la materia
son nulos (nulidad absoluta); (4) los tribunales tienen
el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción;
(5)
los
tribunales
apelativos
deben
examinar
la
jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6)
un
planteamiento
materia
puede
de
falta
hacerse
de
en
jurisdicción
cualquier
sobre
etapa
la
del
procedimiento por cualesquiera de las partes o por el
tribunal motu proprio.
La falta de jurisdicción es una defensa que no se
renuncia y se puede levantar en cualquier etapa de los
procedimientos.
celosos
Le
guardianes
corresponde
de
ministerial
de
jurisdicción,
examinar
señalamiento,
pues
su
todo
éste
a
los
jurisdicción.18
tribunal,
y
tribunales
evaluar
incide
Es
deber
cuestionada
con
rigurosidad
directamente
ser
su
el
sobre
el
“aquellos
que
poder mismo para adjudicar una controversia.19
Los
requisitos
jurisdiccionales
son
deben cumplirse antes de que el tribunal pueda conocer
del pleito”.20
Como vemos, el incumplimiento de una parte
con un requisito jurisdiccional establecido por ley priva
18
Cruz Parrilla v. Departamento de Vivienda, supra; Souffront Cordero
v. A.A.A., 164 D.P.R. 663 (2005).
19
Souffront Cordero v. A.A.A., supra; Carattini v. Collazo Syst.
Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345 (2003).
20
I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 3era ed., San
Juan, LexisNexis, 2000, pág. 235.
CC-2011-585
14
al tribunal de jurisdicción para atender los méritos de
la controversia.21
de
jurisdicción
En estos casos, si un tribunal carece
también
carece
de
discreción,
y
los
tribunales no tienen discreción para asumir jurisdicción
donde la ley no la confiere.22
Es decir, la ausencia de
jurisdicción es insubsanable.23
Tan pronto el tribunal
determina
que
no
tiene
jurisdicción
está obligado a desestimar el caso.24
sobre
la
materia,
Cualquier sentencia
dictada sin jurisdicción es nula en derecho y, por lo
tanto, inexistente.25
De
expresado
otra
parte,
que
los
en
casos
requisitos
contributivos
jurisdiccionales
hemos
“no
son
otra cosa que la expresión de condiciones o requisitos
cuyo cumplimiento el Estado exige para que se le demande.
Por lo tanto, deben ser cumplidos estrictamente, y en la
misma forma que se ha exigido por el legislador”.26
No
debemos perder de perspectiva que cuando el legislador
provee para que el contribuyente pueda litigar contra el
gobierno la reclamación del impuesto que se le formula,
21
Virella v. Proc. Esp. Rel. Familia, 154 D.P.R. 742 (2001).
22
Szendrey v. F. Castillo Family, 169 D.P.R. 873 (2007); Virella v.
Proc. Esp. Rel. Familia, supra.
23
S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra.
Segarra, op. cit., pág. 193.
Véase, además, Cuevas
24
S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra; González v. Mayagüez
Resort & Casino, 176 D.P.R. 848 (2009).
25
Szendrey v. F. Castillo Family, supra; Montañez Rivera v. Policía,
150 D.P.R. 917 (2000).
26
Cafeteros de Puerto Rico v. Srio. de Hacienda, 82 D.P.R. 633, 641
(1961).
CC-2011-585
en
ese
15
momento
el
gobierno
inmunidad de soberano.27
que
el
estatuto
exige
está
renunciando
a
su
Es por eso que los requisitos
a
tales
fines
son
de
estricto
cumplimiento y por lo general de carácter jurisdiccional
para los tribunales.28
Debido a las consecuencias fatales que acarrea el
determinar
que
un
término
es
de
naturaleza
jurisdiccional, debe surgir claramente la intención del
legislador de imponerle esa característica al término.29
A tenor de lo anterior, los tribunales deben interpretar
el
estatuto
para
encontrar
la
expresión
clara
del
legislador en cuanto a la naturaleza del término.
Al
hacer esta interpretación primero deben acudir al texto
de la ley.
Si el texto de la ley es claro y libre de
toda ambigüedad, el propio texto es la mejor expresión de
la
intención
legislativa.30
Sólo
si
se
encuentra
ambigüedad en el texto de la ley, los tribunales deben
entonces asegurarse de dar cumplimiento a los propósitos
legislativos.31
27
28
Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 D.P.R. 720, 733 (2010).
Íd.; Ortiz v. Srio. de Hacienda, 118 D.P.R. 572, 575
Vizcarrondo v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 566, 574 (1983).
(1987);
29
Cruz Parrilla v. Departamento de Vivienda, supra; J. Directores v.
Ramos, 157 D.P.R. 818, 823 (2002); Lagares v. E.L.A., 144 D.P.R. 601,
615 (1997).
30
31
Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, 179 D.P.R. 849 (2010).
Cruz Parrilla v. Departamento de Vivienda, supra; Soc. Asist. Leg.
v. Ciencias Forenses, supra.
CC-2011-585
16
Podemos apreciar que el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83,
supra, dispone expresamente que tanto el término para la
presentación
de
la
impugnación
contribución
impuesta
se
carácter jurisdiccional.
como
consideran
el
pago
de
la
requisitos
de
La Asamblea Legislativa creó
este mecanismo con carácter jurisdiccional para que un
contribuyente promueva su acción impugnatoria sólo cuando
tenga bases sólidas.32
La Comisión de Asuntos Municipales
y la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes
redactaron un informe sobre el P. de la C. 1543.33
informe
explican
el
propósito
del
En el
requisito
jurisdiccional de pago previo de la contribución inmueble
anual.
El mencionado informe indica, en lo pertinente,
que:
Además se establece que durante ese término,
el contribuyente deberá pagar la parte de la
contribución con la cual estuviere conforme y
un cuarenta por ciento (40%) de la parte de la
contribución con la cual no estuviere de
acuerdo o, en su lugar, la totalidad de la
contribución
impuesta
garantizándole
el
rembolso total de la misma, en caso de
prevalecer en su reclamación.
También se
dispone que cuando se pague parte de la
contribución, el contribuyente no se podrá
acoger al descuento por pronto pago dispuesto
en el Artículo 3.43.
Estas disposiciones uniforman el procedimiento
de
cobro
de
las
contribuciones
a
los
establecidos en el caso de impugnación ante el
Tribunal de Primera Instancia, para que el
CRIM pueda cumplir con su deber ministerial de
distribuir a los municipios la parte cobrada.
Esto
es
recurriendo
directamente
a
los
Tribunales y dejando de pagar la contribución
32
33
Lilly del Caribe v. C.R.I.M., supra.
El P. de la C. 1543 se convirtió eventualmente en el Art. 3.48 de
la Ley Núm. 83, supra.
CC-2011-585
17
impuesta hasta tanto el Tribunal emita su
decisión sobre el caso. Lo anterior afecta los
ingresos que reciben los municipios por este
concepto sobre todo, cuando conscientes del
proceso
de
revisión
administrativa
[el]
contribuyente
acude
al
Tribunal
como
subterfugio
para
dejar
de
pagar
sus
contribuciones.
Por lo tanto, el texto del Art. 3.48 de la Ley Núm.
83, supra, es claro y libre de toda ambigüedad cuando
expresa que el pago de la contribución, tal como dispone,
constituye
un
requisito
jurisdiccional
para
el
perfeccionamiento del recurso de revisión administrativa
o impugnación judicial, de manera que es indispensable su
cumplimiento.
III
En el caso ante nos, Shell impugnó la totalidad de
la
contribución
especial
notificada
por
Hacienda,
sin
embargo, sólo pagó el 40% de la contribución notificada.
Como ya hemos resuelto, el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83,
supra, solo contempla dos alternativas para el pago de la
contribución.
La
primera
alternativa
dispone
que
el
contribuyente pague el 40% de la contribución, únicamente
cuando impugna el tributo parcialmente.
la
segunda
pague
el
alternativa
100%
de
la
contribución completa.
pagar
el
100%
de
la
establece
que
contribución
Por otro lado,
el
contribuyente
cuando
impugna
la
Por lo tanto, Shell tenía que
contribución,
ya
totalidad de la contribución notificada.
que
impugnó
la
CC-2011-585
18
De otra parte, Shell alegó en la demanda que no es
contribuyente
especial,
fines
ya
para
propósitos
de
la
no
se
que
sus
propiedades
comerciales
y,
por
consiguiente,
agotar los remedios administrativos.
contribución
utilizan
para
no
que
tenía
No obstante, Shell
optó conscientemente por seguir la acción de impugnación
que concede el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, y no
un remedio en equidad.
Así pues, tenía un procedimiento
adecuado que le garantizaba el debido proceso de ley para
hacer cualquier reclamación que tuviera en torno a la
contribución especial.
Con ello, sujetó su reclamo al
requisito jurisdiccional que allí se dispone.
pretender
ahora
evadir
el
requisito
No puede
jurisdiccional
dispuesto en el Art. 3.48, supra.
Precisado lo anterior, examinemos el Art. 3.48 de la
Ley Núm. 83, supra.
Podemos observar que en el artículo
antes mencionado, el legislador expresamente estableció
que
los
requisitos
para
promover
una
revisión
administrativa o una impugnación judicial son de carácter
jurisdiccional.
Dado su tenor literal concluimos que la
ley es clara y libre de ambigüedad.
Como mencionáramos,
si
y
el
texto
de
la
ley
es
claro
libre
de
toda
ambigüedad, el propio texto es la mejor expresión de la
intención
legislativa.
Por
consiguiente,
el
contribuyente que impugne la contribución especial tiene
que cumplir con los requisitos del Art. 3.48 de la Ley
Núm.
83,
supra,
para
que
el
tribunal
pueda
adquirir
CC-2011-585
19
jurisdicción
palabras,
y
atender
el
su
controversia.
incumplimiento
jurisdiccionales
del
Art.
con
los
3.48,
jurisdicción a los tribunales.
En
otras
requisitos
supra,
priva
de
La falta de jurisdicción
es una consecuencia fatal que no puede ser subsanada por
las partes ni por el tribunal.
Una vez se incumplen
estos requisitos jurisdiccionales lo único que procede es
la desestimación de la causa de acción.
El Tribunal de Apelaciones correctamente interpretó
que el texto del Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, es
claro
y
contiene
requisitos
jurisdiccionales.
No
obstante, expresó que a pesar de Shell no cumplir con los
requisitos
jurisdiccionales,
causa de impugnación.
Apelaciones
actuó
no
de
saber
interpretación
sobre
desestimar
la
Shell alegó que el Tribunal de
correctamente
prospectivo a su determinación.
forma
procedía
al
darle
efecto
Argumentó que no tenía
que
Hacienda
haría
una
el
mencionado
artículo.
nueva
También
expresó que esta nueva interpretación le violó el debido
proceso de ley porque no tuvo un aviso adecuado sobre la
nueva norma establecida.
Además, añadió que esta nueva
interpretación tiene el efecto de negarle acceso al foro
judicial para impugnar la contribución.
Conforme a la jurisprudencia aludida y el derecho
aplicable,
resulta
forzoso
concluir
que
carecen
de
méritos las alegaciones de Shell en cuanto a que procedía
darle
efecto
prospectivo
a
la
decisión
del
foro
CC-2011-585
20
apelativo.
Shell no puede alegar que no tenía forma de
saber que Hacienda haría una nueva interpretación sobre
el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra.
Desde el 2007, en
el
C.R.I.M.,
caso
de
Villamil
Development
v.
supra,
interpretamos que el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra,
contempla
sólo
dos
alternativas.
Las
alegaciones
de
Hacienda no son nuevas interpretaciones del mencionado
artículo como expresa Shell.
De
otra
parte,
según
expresamos
en
el
caso
de
Lilly del Caribe v. C.R.I.M., supra, y como bien resolvió
el foro apelativo, el texto del Art. 3.48 de la Ley Núm.
83, supra, es claro en cuanto a las circunstancias en las
que es permisible el pago del 40% de la contribución y
cuando se tiene que pagar el 100% de la contribución al
impugnar la contribución notificada.
no
existe
artículo.
otra
posible
Quiere decir, que
interpretación
al
mencionado
Es evidente que el Art. 3.48 de la Ley Núm.
83, supra, no contempla la interpretación que pretendió
establecer Shell.
Es por eso que Shell no puede alegar
que confió en una norma anterior que quedó desplazada por
una nueva norma.
Debido a que el texto del Art. 3.48 de
la Ley Núm. 83, supra, es claro y libre de ambigüedad, su
disposición siempre ha sido la norma establecida.
Por lo
tanto, a Shell no se le violó el debido proceso de ley.
No obstante, a pesar de su interpretación, el foro
intermedio no desestimó la causa de acción y le dio la
oportunidad
a
Shell
de
subsanar
el
defecto
CC-2011-585
21
jurisdiccional.
intermedio;
un
Ciertamente,
requisito
el
foro
apelativo
jurisdiccional
no
puede
aplicado prospectivamente.
erró
ser
Las partes no pueden alegar
que se la ha violado el debido proceso de ley por no
tener una notificación adecuada o que el resultado sería
injusto.
Ante un mandato claro y expreso de la ley, se
tiene que hacer valer tal mandato como lo expresó el
legislador.
Cuando
jurisdiccional
que
se
incumple
estableció
el
con
el
legislador
requisito
la
única
alternativa es la desestimación de la causa, pues tal
defecto es insubsanable.
Por lo tanto, el Tribunal de
Apelaciones sólo poseía jurisdicción para dictaminar que
no la tenía.34
Shell
tenía
que
cumplir
con
el
requisito
jurisdiccional como se establece en el Art. 3.48 de la
Ley Núm. 83, supra, cuando se impugna la totalidad de la
contribución.
Shell debió saber que la consecuencia de
incumplir
con
el
dispuesta
por
el
requisito
estatuto
jurisdiccional
en
de
controversia
la
forma
era
la
desestimación de la acción de impugnación contributiva.
Por lo tanto, su incumplimiento privó de jurisdicción al
tribunal.
Acorde a lo anterior, es importante aclarar que la
interpretación que esta Curia ha hecho sobre el Art. 3.48
34
S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 D.P.R. 675, 682-683
(2011); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345,
355 (2003).
CC-2011-585
22
de la Ley Núm. 83, supra, no pone en riesgo la seguridad
jurídica de quienes descansan en decretos de exención,
como hizo Shell en este caso.
el
contribuyente
que
Simplemente explicamos que
impugne
la
totalidad
de
la
contribución especial utilizando la acción de impugnación
que
concede
el
mencionado
artículo,
está
sujeto
requisito jurisdiccional que allí se dispone.
al
Una vez el
tribunal atiende el caso en sus méritos y resuelve a
favor del contribuyente, la ley le garantiza el rembolso
total
de
la
contribución
concierne, el Art.
pagada.
En
lo
que
3.48(b) de la Ley Núm. 83,
nos
supra,
indica que:
Si la decisión del Tribunal fuere favorable al
contribuyente
y
éste
hubiere
pagado
la
contribución impugnada en o con posterioridad
a lo establecido en este artículo, dicha
decisión dispondrá que se devuelva a dicho
contribuyente la contribución o la parte de
ella que estimare el Tribunal fue cobrada en
exceso, con los intereses correspondientes por
ley, computados desde la fecha de pago de la
contribución impugnada.
Por lo tanto, podemos observar que no se pone en
riesgo
la
seguridad
decretos de exención.
jurídica
de
quienes
descansan
en
Una vez el contribuyente cumpla
con el requisito jurisdiccional podrá defender su decreto
de
exención
ante
el
foro
judicial.
Si
el
tribunal
resuelve que en efecto el contribuyente está exento de la
contribución especial, tendrá derecho al rembolso de la
contribución que pagó y, además, tendrá derecho a los
CC-2011-585
23
intereses correspondientes por ley computados desde la
fecha en que pagó la contribución.
Según los fundamentos antes expuestos, era necesario
que
Shell
notificada
pagara
como
la
totalidad
requisito
de
la
contribución
jurisdiccional
presentar su acción judicial.
antes
de
Al no hacerlo privó de
jurisdicción al foro judicial para atender su reclamo.
Por lo tanto, procede desestimar la causa de impugnación.
IV
En
armonía
con
lo
antes
señalado,
se
revoca
la
sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y como
resultado se desestima la causa de acción por falta de
jurisdicción.
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Shell Chemical Yabucoa, Inc.
Recurrida
v.
Gloria E. Santos Rosado, etc.
Demandados
CC-2011-585
Certiorari
Shell Chemical Yabucoa, Inc.
Recurrida
v.
Secretario de Hacienda, etc.
Peticionarios
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2012
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente, se revoca la sentencia emitida por el Tribunal
de Apelaciones y como resultado se desestima la causa de
acción por falta de jurisdicción.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez concurre con el resultado sin opinión
escrita.
El Juez Presidente señor
constar la siguiente expresión:
Hernández
Denton
El Juez Presidente señor Hernández Denton
disiente de la Opinión mayoritaria por las
mismas razones expuestas en su disenso en Lilly
del Caribe v. C.R.I.M, 2012 T.S.P.R. 65, 185
D.P.R. ___ (2012).
hace
CC-2011-585
2
La Jueza Asociada señora Fiol Matta disiente sin
opinión escrita. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco
no interviene.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo