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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Puerto Rico Freight System v. Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico

2012 TSPR 158

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Puerto Rico Freight System v. Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico

CC-2011-278

Obligaciones y Contratos – Doctrina de culpa in contrahendo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Puerto Rico Freight System, Inc.,

representada por su Presidente,

Miguel Padilla

Recurrido

v.

Certiorari

2012 TSPR 158

Corporación para el Desarrollo de las

Exportaciones de Puerto Rico, t/c/c

Promoexport, representada por su

Director Ejecutivo, Antonio Sosa

Pascual; John Doe #1 y John Doe #2

187 DPR ____

Peticionarios

Número del Caso: CC-2011-278

Fecha: 22 de octubre de 2012

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón y San Juan

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Fernando Valderrabano Marina

Lcda. Arlyn González Díaz

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcda. Miriam Ramos Grateroles

Lcdo. Eugenio Rivera Ramos

Materia:

Obligaciones y contratos - Doctrina de culpa in contrahendo

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Puerto Rico Freight System,

Inc., representada por su

Presidente, Miguel Padilla

Recurrido

CCv.

Certiorari

Corporación para el Desarrollo

de las Exportaciones de Puerto

Rico, t/c/c Promoexport,

representada por su Director

Ejecutivo, Antonio Sosa

Pascual; John Doe #1 y John

Doe #2

Peticionarios

CC-2011-0278

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado Señor Rivera

García

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2012.

Este

recurso

nos

brinda

la

oportunidad

de

exponer si, conforme al tratamiento que ha tenido

la

doctrina

ordenamiento

de

culpa

jurídico,

in

contrahendo

procede

en

compensar

nuestro

a

una

parte por las ganancias que dejó de percibir al no

haberse perfeccionado el contrato proyectado.

En

este

caso,

Puerto

Rico

Freight

Systems

(PRFS o la recurrida) presentó contra la Compañía

de Comercio y Exportación (la peticionaria)1 una

1

Antes conocida como la Corporación de Crédito y Desarrollo

Comercial Agrícola de Puerto Rico, entidad subsidiaria del

Banco de Desarrollo y que luego se convirtió en la

Corporación Pública para el Desarrollo de las Exportaciones,

también conocida como Promo Export.

Posteriormente, esta

cambió su nombre a Corporación para el Desarrollo de las

Exportaciones,

adscrita

al

Departamento

de

Desarrollo

Económico y Comercio de Puerto Rico, actualmente conocida

como Compañía de Comercio y Exportación. Véase Determinación

de hechos número 2 de la Sentencia apelada. Petición de

certiorari, pág. 821.

CC-2011-0278

2

demanda sobre daños y perjuicios en la que le reclamó unas

indemnizaciones al amparo de dicha doctrina.

El Tribunal

de Primera Instancia (TPI) la declaró ha lugar y concedió

a favor de la recurrida, entre otras, una compensación por

concepto de lucro cesante.

confirmó

esa

El Tribunal de Apelaciones

determinación

e,

inconforme

con

ello,

la

peticionaria compareció ante nosotros mediante el recurso

de certiorari de epígrafe.

Atendido

el

recurso,

ordenamos

a

la

recurrida

que

mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto

solicitado y modificar esa sentencia, específicamente, la

parte que avaló la compensación por las ganancias dejadas

de percibir.

Estudiado el asunto, determinamos expedir

para revisar la procedencia de esa partida.

I

PRFS

realiza

exportaciones

marítimas desde Puerto Rico hacia el Caribe.

Su relación

con

la

es

una

corporación

peticionaria

se

que

remonta

a

un

contrato

arrendamiento que suscribieron en el 1993.

de

Mediante este

contrato, PRFS arrendó un edificio -identificado como el

número

11-

Exportación.

al

perteneciente

a

la

Compañía

de

Comercio

y

Más adelante, para el 1997, PRFS le comunicó

administrador

de

las

facilidades

comerciales

de

su

arrendadora que vislumbraba expandir su negocio, razón por

la que interesaba arrendar otro edificio.

la

peticionaria

le

comunicó

a

PRFS

que

Así entonces,

próximamente

estaría construyendo el “edificio 15” dentro de una zona

CC-2011-0278

3

identificada como la “zona libre”.2

del

presidente

de

PRFS,

el

Sr.

Esto llamó la atención

Miguel

Padilla,

habida

cuenta que interesaba convertirse en operador de esa zona.

Ahora

surgieron

bien,

debido

durante

la

arrendamiento,

PRFS

a

ciertas

vigencia

instó

una

de

desavenencias

que

ese

de

acción

contrato

judicial

sobre

injuction preliminar, cumplimiento específico de contrato

y daños, contra la peticionaria.

A raíz de ese pleito,

las partes suscribieron en diciembre de 1999 una moción de

desistimiento

por

estipulación,

desistiría del caso sin perjuicio.

mediante

la

cual

PRFS

El objeto principal de

tal transacción fue el futuro arrendamiento del “edificio

15”.

En su parte pertinente, la estipulación dispuso:

B) Las partes acuerdan que la parte codemandada, ahora Corporación para el Desarrollo

de las Exportaciones le arrendará al demandante

el edificio número 15 del Centro Mercantil

Internacional, el cual al presente se encuentra

en construcción, siempre y cuando las partes

lleguen a un acuerdo en los asuntos que están

negociando actualmente.

C) Con relación al Contrato del Edificio 15 el

señor Padilla solicita que:

1. Que el contrato sea de 10 años renovable a

10 años más.

2. El canon de arrendamiento no será mayor de

cinco

dólares

con

cincuenta

centavos

($5.50) anual el pie cuadrado, por el

término del contrato.

3. La Corporación será responsable de todas

las

mejoras,

diseños

y

construcciones

estructurales y el señor Padilla será

2

La “zona libre de comercio” opera bajo una ley federal que provee

incentivos para compañías de manufactura y movimiento de carga a

través de controles de la aduana federal. Id., pág. 824.

CC-2011-0278

4

responsable de todas las mejoras interiores

y de oficina.

4. Las mejoras que realice el señor Padilla en

el Edificio 15 serán aprobadas previamente

por la Corporación.

Dicha aprobación no

puede ser irrazonablemente denegada.

Al

concluir el contrato, la Corporación, a su

costo, podrá eliminar estas mejoras.

5. El (sic) eventualidad de que la Corporación

resuelva el contrato por falta de pago de

canon de arrendamiento, el señor Padilla

será

responsable

por

los

cánones

de

arrendamiento mientras las facilidades del

Edificio

15

estén

deshabitadas.

La

Corporación

será

responsable

de

hacer

gestiones de buena fe para conseguir un

nuevo arrendatario.

D)

El

señor

Padilla

será

responsable

de

convertirse en operador independiente de la Zona

Libre. De convertirse en operador independiente

de la Zona Libre se revisará el contrato de

arrendamiento del Edificio 11 a los efectos de

incluir al arrendador dentro de los incentivos

y/o ayudas que estuviesen vigentes para los

operarios de la Zona Libre.

E) La Corporación para el Desarrollo de las

Exportaciones se compromete a presentar ante su

Junta de Directores las peticiones del señor

Padilla para su estudio y consideración, sin que

por ello se entienda que su gestión constituye

una

aceptación

o

compromiso

de

que

las

peticiones serán aprobadas.

Se aclara que

específicamente las peticiones 1 y 2 del

apartado c constituyen peticiones fuera del

ámbito de poderes de otros funcionarios que no

sea la Junta de Directores de la Corporación y

sólo pueden ser aprobadas expresamente por estos

últimos.

F) Una vez las partes hayan llegado a un

acuerdo, la Corporación se compromete a tramitar

prontamente la redacción y aprobación del

contrato de arrendamiento del Edificio 15.

Petición de certiorari, Apéndice, pág. 2151.

Como vemos, la peticionaria se comprometió a llevar

ante su Junta de Directores los requerimientos de PRFS en

CC-2011-0278

5

cuanto a las cláusulas del contrato de arrendamiento que

se

proyectaba.

Los

orígenes

del

caso

de

epígrafe

se

remontan a esa estipulación. Conforme a lo convenido, PRFS

invirtió

dinero

necesidades

para

adecuar

operacionales

y

el

“edificio

15”

a

sus

para

adiestrar

parte

de

su

personal en cuanto a los trabajos que allí se estarían

realizando.

varias

Además, hizo presentaciones publicitarias a

compañías,

ofrecerles

los

en

y

servicios

fuera

de

de

Puerto

exportación.

Rico

Sin

para

embargo,

transcurrieron dos años sin que se llegara a un acuerdo

formal con respecto al “edificio 15”.

Trascendió que la

Junta de Directores de la peticionaria aprobó un término y

un

canon

de

arrendamiento

mayor

solicitado mediante la estipulación.

condiciones,

y

al

que

PRFS

había

PRFS no aceptó tales

consecuentemente,

el

contrato

de

arrendamiento no llegó a perfeccionarse.

Así

las

cosas,

la

peticionaria

una

cumplimiento

específico

recurrida

demanda

de

de

presentó

interdicto

la

contra

la

solicitando

el

estipulación.

Empero,

el

foro primario la desestimó, ya que entre las partes no

llegó a existir un contrato.

No obstante, resolvió lo

anterior

causas

sin

perjuicio

de

las

que

PRFS

pudiera

presentar por posibles daños y perjuicios.

Ante ese cuadro, PRFS incoó una demanda sobre daños y

perjuicios

contra

la

peticionaria.

En

lo

que

es

pertinente al recurso que atendemos, la recurrida apuntó

que tuvo una expectativa razonable de que el contrato de

CC-2011-0278

6

arrendamiento del “edificio 15” se perfeccionaría conforme

a

las

especificaciones

consignadas

en

la

estipulación.

Esto, debido a las representaciones y actuaciones de los

agentes y representantes de la peticionaria.

Agregó que,

acorde con esas expectativas, invirtió sobre $200,000 para

acondicionar la estructura del edificio a sus necesidades,

así como para poder convertirse en operador de la zona

libre.3

También solicitó, entre otras indemnizaciones, una

compensación ascendente a $7,872,084 por los ingresos que

dejó de percibir dada la pérdida de clientes prospectivos

al no arrendar el edificio 15.4

Celebrado

el

juicio,

el

TPI

reclamaciones antes mencionadas.

de

hecho,

que

durante

el

declaró

ha

lugar

las

Determinó, como cuestión

periodo

de

construcción

del

“edificio 15” no se le notificó al señor Padilla que se

perfilaba un cambio radical en cuanto a los términos del

contrato

contrario,

de

arrendamiento

sostuvo

que

de

el

ese

inmueble.

Director

Ejecutivo

Por

el

de

la

peticionaria le creó la expectativa al señor Padilla de

que

endosaría

estipulación.

la

las

propuestas

que

se

consignaron

en

la

De esta forma, el foro primario encontró a

peticionaria

responsable

conforme

a

la

doctrina

de

3

Según surge del expediente, PRFS sería la única arrendadora del

“edificio 15”, razón por la cual tuvo que atemperar la infraestructura

del edificio para que se ajustara a las necesidades de un solo

arrendatario.

4

También se presentaron unas acciones por interferencia torticera de

contrato, libelo e incumplimiento de contrato de arrendamiento con

respecto al “edificio 11”.

De estas causas de acción, las primeras

dos se declararon no ha lugar.

CC-2011-0278

7

culpa in contrahendo y le impuso el pago de $2,879,256.80.

Esta cantidad incluye los ingresos que hubiese generado

PRFS

durante

el

término

contractual

dispuesto

en

la

estipulación y los gastos invertidos en las alteraciones

estructurales del “edificio 15”, así como en el desarrollo

y la promoción de la “zona libre”.5

Además, le impuso el

pago de $4,000 en honorarios de abogado por temeridad.

Insatisfecha con el dictamen, la peticionaria acudió

al Tribunal de Apelaciones arguyendo que no actuó de mala

fe durante las negociaciones e

imputó error al TPI

al

conceder dichas partidas indemnizatorias, en especial, la

referente al lucro cesante.6

El foro intermedio confirmó

5

El TPI valoró los daños económicos relacionados con el “edificio 15”

en $3,599,071.

Determinó que de esa cantidad, la peticionaria debía

pagar el 80%, para un total de $2,879,256.80 (a esa partida le añadió

$757.38 relacionados con la causa de incumplimiento contractual

respecto al “edificio 11”). Esa distribución del daño surge porque en

la demanda, PRFS también solicitó daños económicos por cierto dinero

que invirtió en la preparación de un manual para operar la “zona

libre”.

Acorde con sus alegaciones, las agencias federales

pertinentes no aprobaron el manual debido a la negligencia de la

peticionaria.

Recordemos que en la estipulación el señor Padilla

consignó su interés de convertirse en operador de la “zona libre”.

Sin embargo, en cuanto a esa reclamación en particular, el TPI

entendió que PRFS había incurrido en un 20% de negligencia.

Id.,

págs. 730-731.

6

En específico, la peticionaria señaló que el TPI erró al:

1. no aplicar la doctrina de impedimento colateral por sentencia y

permitirle a la demandante apelada litigar nuevamente el

contenido de la estipulación y al fallar de manera distinta a lo

resuelto mediante sentencia final y firme en un pleito anterior.

2. apreciar y aquilatar la prueba, negarse a desestimar la demanda

bajo la Regla 39.2 (c) de las de Procedimiento Civil y al

conceder a la corporación demandante $218,481.00 por concepto de

gastos incurridos en la consecución de un contrato de

arrendamiento, mediando buena fe por parte de la CCE y una

partida millonaria en concepto de lucro cesante y/o “ganancias

dejadas de percibir” basado en que la Compañía de Comercio y

Exportación incurrió en culpa in contrahendo; y

3.

conceder intereses pre sentencia y honorarios de abogado sin

haber mediado una determinación expresa de temeridad por parte

de la Compañía de Comercio y Exportación y a pesar de que esta

logró la desestimación de dos de las cuatro causas de acción de

CC-2011-0278

la

8

determinación

sosteniendo

así

del

la

TPI

en

compensación

todos

sus

adjudicada

aspectos,

por

lucro

cesante.

Fundamentó su dictamen en que esa partida estaba

sostenida

por

la

prueba

y

en

que

el

propósito

de

la

doctrina de culpa in contrahendo es regresar a las partes

a la situación en que se encontraban antes de comenzar los

tratos fallidos.

No

conteste

con

tal

proceder,

comparece

ante

esta

Curia la peticionaria y nos señala que:

1. Erró

el

Honorable

Tribunal

de

Apelaciones al confirmar la sentencia

del Tribunal de Primera Instancia y

conceder a la corporación demandante

$218,481.00

por

concepto

de

gastos

incurridos en la consecución de un

contrato de arrendamiento, cuando medió

buena fe por parte de la CCE y esta no

se retiró de las negociaciones.

2. Erró

el

Honorable

Tribunal

de

Apelaciones al confirmar la sentencia

del Tribunal de Primera Instancia y

conceder

una

suma

millonaria

para

compensar los gastos positivos bajo la

doctrina de culpa in contrahendo, suma

totalmente improcedente en derecho.

3. Erró

el

Honorable

Tribunal

de

Apelaciones al confirmar la sentencia

del Tribunal de Primera Instancia y

conceder

intereses

pre-sentencia

y

honorarios de abogado por temeridad.

Por su parte, la recurrida puntualiza que este caso

no puede disponerse únicamente de acuerdo con la doctrina

de culpa in contrahendo.

Nos sugiere, entonces, que lo

analicemos en virtud de los Arts. 1802, 1803 y 1059 del

la demandante – apelada por ausencia de prueba bajo la regla

39.2 (c) de las de Procedimiento Civil. Petición de certiorari,

pág. 75.

CC-2011-0278

Código

9

Civil

de

Puerto

Rico,

disposiciones

que,

a

su

juicio, justifican la indemnización concedida.7

Ante el marco fáctico que precede, pasamos a exponer

las

normas

jurídicas

que

se

relacionan

con

la

persona

se

controversia.

II

A

Sabemos

que

mediante

un

contrato

obliga a dar una prestación a otra.

una

Una vez constituido,

ese convenio se convierte en la ley entre las partes, cosa

que se traduce en el principio de pacta sunt servanda, o

en otras palabras, en que las partes están comprometidas a

cumplir lo pactado.

Véase, BPPR v. Sucn. Talavera, 174

D.P.R. 686 (2008).

Por ello, contravenir una obligación

contractual

el

acarrea

pago

de

alguna

indemnización

o

quedar sujeto al cumplimiento específico de las cláusulas

pactadas.

Véanse: Arts. 1230 y 1054 del Código Civil de

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 3451 y 3018.

Ahora bien, la doctrina reconoce que existen varias

etapas que preceden la perfección de un contrato.

Así

pues, se ha dicho que tiene lugar una etapa preliminar

7

El Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico dispone que “[e]l que

por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o

negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia

concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva

la reducción de la indemnización.”

31 L.P.R.A. sec. 5141. Por su

parte, el Art. 1803 atiende la responsabilidad de los dueños o

directores de un establecimiento por los daños causados por sus

dependientes o agentes.

31 L.P.R.A. sec. 5142. El Art. 1059 apunta

que “[l]a indemnización de daños y

perjuicios comprende no sólo el

valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia

que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las disposiciones

contenidas en las secciones siguientes”. 31 L.P.R.A. sec. 3023.

CC-2011-0278

10

preparatoria,

ejecutoria.

las

una

de

perfección

y,

finalmente,

una

La primera de estas comprende los tratos o

negociaciones

interno

de

la

preliminares,

formación

del

es

decir,

contrato;

la

el

proceso

segunda,

es

cuando concurren todos los elementos esenciales para la

existencia de este y la tercera se refiere a cuando se

realiza el cumplimiento de la prestación acordada.8

J. M.

Lete Del Río y otros, Derecho de obligaciones, Navarra,

Ed. Thomson Aranzadi, 2010, Vol. 1, pág. 467.

En este

caso, nos corresponde estudiar lo pertinente a la etapa

preliminar,

opiniones

y

cabe

señalar

que

esta

ha

interesantes

debates

que

no

suscitado,

doctrinarios.

han

sido

pocas

las

siendo

así

objeto

de

Examinemos,

pues,

dicha normativa.

Hablando sobre los tratos preliminares, Antonio Román

García nos instruye en cuanto a que en el transcurso de

estos

las partes pueden haber coincidido sobre una

serie de aspectos y concretar estos acuerdos

parciales dándoles incluso forma escrita; son

apuntes, minutas, borradores o proyectos que,

o bien pueden recoger puntos esenciales del

futuro contrato, o derivaciones puramente

accidentales, representando, en todo caso, por

sí

mismos

la

continuación

de

la

etapa

8

María García Rubio, anotando a G. Faggella, nos expone que durante el

periodo de preparación de todo contrato deben distinguirse tres

momentos: un primer periodo de elaboración o momento preformativo de

la oferta; un segundo periodo de perfeccionamiento o de concreción de

la propuesta, y un tercer periodo, que el autor italiano denomina

“momento operativo” o de puesta en movimiento de la oferta. M. García

Rubio, La responsabilidad precontractual en el derecho español,

Madrid, Ed. Tecnos, 1999, pág. 31. (citando a G. Faggella, Dei periodi

precontrattuali e della loro vera esatta construzione scientifica,

Studi giuridici in onore de Carlo Fadda, 1906, t. III, págs. 271 y

sig.

CC-2011-0278

11

preparatoria del contrato iniciada con los

tratos preliminares que, por otro lado, no

provocan

generalmente

ningún

género

de

naturaleza

contractual.

(Citas

internas

omitidas).

A. Román García, El precontrato:

estudio dogmático y jurisprudencial, Madrid,

Ed. Montecorvo, S.A., 1982, págs. 373-374.

Se

deduce

que

durante

estas

negociaciones

que

preceden al contrato, no existen los elementos necesarios

para que pueda nacer la obligación contractual; es decir,

el contrato

no está supeditado

a la aceptación de una

oferta, puesto que esta aún se encuentra en la etapa de

gestación.9

Lo que ocurre en esta fase son conversaciones

en

se

las

que

discute,

se

proyecta,

se

observa

y

se

sugiere, a la par que se perfilan los términos que más

adelante servirán para establecer la base del contrato.

B.

Moreno

Quesada,

La

oferta

de

contrato:

génesis

del

contrato y responsabilidad antecontractual, Barcelona, Ed.

Nereo, 1963, pág. 16.

período

9

comprende

Otros autores han señalado que este

simplemente

un

intercambio

de

ideas

Como paréntesis, es importante puntualizar que la doctrina y la

jurisprudencia diferencian la etapa preparatoria de las figuras

jurídicas del precontrato y de la oferta.

Por un lado, los actos

preparatorios de un contrato no pueden confundirse con un precontrato,

ya

que

no

producen

una

verdadera

vinculación

de

naturaleza

contractual.

Véase, A. Román García, El precontrato: estudio

dogmático y jurisprudencial, Editorial Montecorvo, S.A., 1982, págs.

364, 373-374.

Véase, también, J. Santos Briz, La contratación

privada, Madrid, Ed. Montecorvo, 1966, pág. 100.

El precontrato es

considerado como un contrato independiente con su propia identidad y

significación. Román García, op cit., pág. 94. Véanse además: Jordan

v. Padró, 103 D.P.R. 813 (1975); Rossy v. Tribunal, 80 D.P.R. 729

(1958). Por otra parte, la oferta de contrato no es de modo alguno un

acto preparatorio de contrato ya que esta es en sí misma una

declaración contractual. E. A. Sánchez Urite, La oferta de contrato,

fuerza vinculante, Argentina, Ed. Abeledo-Perrot, 1975, Sec. 11, pág.

33. La oferta debe reunir todos los elementos necesarios para que se

pueda perfeccionar el contrato, de manera que la prestación del

consentimiento sea suficiente para que este nazca a la vida jurídica.

La importancia de dicha diferenciación reside en el tratamiento que

recibe la responsabilidad que surge de acuerdo con la manera como las

partes actúen durante cada una esas etapas. Se deduce, que no todas

reciben un trato unívoco.

CC-2011-0278

12

destinado a llegar, con el tiempo, a la formulación de la

oferta de contrato, pero

que

no

es

obligatorio, ni la

parte que formule las ideas esta forzada a permanecer en

ellas.

E. A. Sánchez Urite, La oferta de contrato: fuerza

vinculante, Argentina, Ed. Abeledo-Perrot S.A., 1975, Sec.

219, pág. 108.

Como bien nos resume Luis Díez-Picazo,

[e]stas conversaciones, proyectos o minutas no

constituyen per se ningún acto jurídico en

sentido estricto, pues de ellos no se derivan

efectos jurídicos de manera inmediata.

No

puede decirse que entre las partes se cree una

relación jurídica originada por la voluntad de

iniciar los tratos o las conversaciones. Sin

embargo, tampoco puede decirse que los tratos

o

conversaciones

sean

en

sí

mismos

irrelevantes.

L. Díez-Picazo y otros, Fundamentos del

derecho civil patrimonial, 6ta ed., Pamplona,

Ed. Thomson Civitas, 2007, Vol. 1, pág. 311.

Ciertamente, las partes realizan tratos preliminares

para

perfeccionar

un

contrato

y

cabe

destacar,

que

en

aquellos que son de gran importancia económica o de cierta

complejidad, es frecuente que antes de que se produzca el

concurso contractual, tengan lugar tales intercambios de

ideas.

Véase L. Díez-Picazo, Sistema de derecho civil,

6ta ed. rev., Madrid, Ed. Tecnos, 1989, págs. 68-69.

No

obstante,

ordenamiento

obligado

a

es

jurídico

contratar.

un

principio

puertorriqueño

Colón

v.

cardinal

que

Glamorous

en

el

nadie

está

Nails,

167

D.P.R. 33, 44 (2006).10

Véase, también, Prods. Tommy Muñiz

v.

517,

10

COPAN,

113

D.P.R.

526

(1982).

Es

decir,

las

Citando a J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed.,

Barcelona, Ed. Bosh, 1978, T. II, Vol. I, pág. 226.

CC-2011-0278

partes

no

13

están

obligadas

hasta

perfeccionar

negociaciones

a

proseguir

el

contrato,

con

las

sino

que

pueden retirarse de estas acorde a sus mejores intereses.

Íd.

Esa conclusión es ineludible ya que el hecho de que

no se concrete el convenio es, por la misma naturaleza de

los tratos preliminares, uno de sus posibles desenlaces.

Dicho

de

otra

manera,

se

intenta

un

resultado

ocasiones, puede que no llegue a ocurrir.

que

en

Moreno Quesada,

op. cit. pág. 54. Véase, también; Román García, op. cit.

pág. 365.

Así pues, entrar en una relación contractual se

entiende como un ejercicio de la voluntad propia.

Véanse:

Arts. 1206 y 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31

L.P.R.A. secs. 3371 y 3391.

B

Conforme hemos discutido, es una prerrogativa de las

partes

desistir

de

los

tratos

precontractuales.

No

obstante, se ha reiterado que el ejercicio de un derecho

no está exento de responsabilidad si se ejercita de forma

abusiva.

Tommy Muñiz v. COPAN, supra, pág. 528.

Esto

significa que existen límites en cuanto a la manera de

retraerse

de

preliminares.11

11

las

negociaciones

durante

los

tratos

Véase Lete Del Río, op cit., pág. 468.

Luis Díez-Picazo entiende que

“[l]a posibilidad de retirarse de los tratos o abandonar

unas negociaciones no constituye un derecho subjetivo en

sentido técnico, del que se pueda abusar por ejercitarlo

de forma extralimitada. No es más que un reflejo de la

libertad, específicamente de la libertad contractual.”

L. Díez-Picazo y otros, Fundamentos del derecho civil

patrimonial, 6ta ed., Pamplona, Ed. Thomson Civitas,

2007, pág. 319.

CC-2011-0278

14

Esta Curia se enfrentó a esa situación por primera

vez en el caso Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra.

Allí,

luego de que las partes estuvieran negociando por un lapso

de tiempo sin que se hubiese otorgado un contrato, el Sr.

Tommy Muñiz demandó a COPAN para que cumpliera con la

adjudicación

de

una

subasta.

Ante

ello,

el

foro

de

instancia resolvió que la parte demandada estaba obligada

a resarcir únicamente los perjuicios causados y los gastos

en

que

el

demandante

negociaciones.

hubiese

incurrido

durante

las

Al revisar el dictamen, por no existir en

nuestro derecho positivo una figura jurídica que atendiera

directamente

esa

doctrina

la

de

controversia,

culpa

in

examinamos

contrahendo,

entonces

expuesta

en

la

sus

orígenes por el autor alemán R. Von Inhering.12

Luego de estudiar el asunto, expusimos que las partes

tienen

pleno

derecho

a

decidir

si

se

obligarán

contractualmente.

Sin pasar por alto lo antes mencionado,

dictaminamos

durante

que

la

fase

precontractual

imperativo que estas actúen conforme a la buena fe.13

págs.

526-527.

Señalamos,

en

palabras

del

es

Íd.,

tratadista

12

Véanse las

anotaciones históricas de M.

García Rubio,

La

responsabilidad precontractual en el Derecho español, Madrid, Ed.

Tecnos, 1996, pág. 27.

13

Como nos ilustra María García Rubio, esta buena fe precontractual

depende en parte de la naturaleza de la relación jurídica y la

finalidad perseguida por las partes a través de ella.

García Rubio,

op. cit., pág. 43. Nos dice esta autora que entre los deberes típicos

de la fase precontractual se encuentra el deber de información, y de

lealtad y de protección. Id. Añade, que no es menester asegurar que

la totalidad de los deberes mencionados aparezcan de manera conjunta

en todos los supuestos de culpa in contrahendo, sino que cada uno de

ellos suele ser característico de una determinada hipótesis de

responsabilidad precontractual, aunque a veces esta responsabilidad

puede configurar la violación de varios deberes. Id.

CC-2011-0278

15

español Díez-Picazo, que dicho deber “no impera solamente

en

las

relaciones

jurídicas

ya

establecidas

o

constituidas, sino también en las relaciones derivadas de

un simple contacto social.”

Prods. Tommy Muñiz v. COPAN,

supra, pág. 527.14

Si bien en el caso precitado aplicamos la doctrina de

la culpa in contrahendo cuando una parte obra contrario a

la buena fe, y negligentemente, causa un daño a otro, no

pasó desapercibida la dificultad de definir la categoría

jurídica de esta doctrina.

En ese sentido, dijimos que:

…la amplia gama de supuestos sobre los cuales

puede

asentarse

la

responsabilidad

precontractual hace necesario que en el

análisis del problema se considere qué figura

jurídica -culpa, dolo, fraude, buena fe, abuso

del derecho u otros principios generales del

derechoresponde

más

adecuadamente

como

fundamento jurídico para la solución del caso.

Esto ya que las negociaciones que anteceden al

contrato pueden ser de variada índole, y por

tanto, la responsabilidad precontractual puede

surgir en diferentes supuestos. Prods. Tommy

Muñiz v. COPAN, supra, págs. 529-530.

Como vemos, a partir de Prods. Tommy Muñiz v. COPAN,

supra, no cabe duda que la referida doctrina tiene cabida

en el ordenamiento jurídico puertorriqueño; no actuar en

concordancia con lo que exige la buena fe requerida en el

periodo

14

precontractual

apareja

incurrir

en

la

Ya desde principios del siglo pasado G. Faggella había estimado que

desde este primer periodo preparatorio era posible la responsabilidad

precontractual.

Según su criterio, en ese lapso de tiempo existe

entre las partes una autorización tácita a tratar que, a pesar de que

no puede considerarse un contrato en sí, genera la confianza de que se

perseverará hasta un acuerdo final o hasta que se derive que el

convenio no es posible. Esto significa que la ruptura de los tratos

preliminares, en caso de retirada intempestiva, genera la obligación

de resarcimiento por los gastos efectuados por la otra parte.

Rubio

García, op. cit., pág. 32.

CC-2011-0278

16

responsabilidad

contrahendo.

normativa

que

se

deriva

de

la

llamada

culpa

in

Empero, en aquella ocasión no abordamos la

que

concierne

a

la

compensación

otorgarse en una causa de esa naturaleza.

que

debe

En cuanto a esa

materia, gran parte del debate doctrinario gira en torno a

la

catalogación

contrahendo,

que

es

se

decir,

le

confiere

el

a

carácter

la

culpa

contractual,

extracontractual o sui generis de la doctrina.

otros

autores

Entienden

que

restan

la

importancia

médula

del

a

tal

asunto

in

Mientras,

clasificación.

radica

en

la

indemnización que haya de otorgarse.15

Por nuestra parte, en Torres v. García, 119 D.P.R.

698, 703 (1987), resolvimos una controversia al amparo de

la doctrina de culpa in contrahendo, y acogiendo la tesis

de B. Moreno Quesada16, mencionamos que esa responsabilidad

se encontraba inmersa en el Art. 1802 del Código Civil de

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141, dado a que en ese

artículo se recogen, entre otros, los casos de perjuicios

causados por el ejercicio abusivo de los derechos.

Años

después, en Colón v. Glamorous Nails, supra, enunciamos

que el deber de actuar conforme a la buena fe durante los

tratos

preliminares

no

se

refiere

a

la

obligación

de

15

José Manuel Lete Del Río señala que lo más acertado es la atención

al caso concreto y la

huida de calificaciones apriorísticas

(contractuales o extracontractuales) que, según dice, no sirven para

resolver los problemas prácticos planteados por las negociaciones

frustradas o el contrato viciado.

J.M. Lette Del Río, Derecho de

obligaciones, Navarra, Ed. Thomson Aranzadi, 2010, Vol. 1, págs. 490491.

16

B. Moreno Quesada,

Nereo, 1963, pág. 46.

La

oferta

del

contrato,

Barcelona,

Colección

CC-2011-0278

diligencia

1802,

17

genérica

supra.

Más

y

erga

bien,

omnes

impuesta

proferimos

que

por

el

Art.

la

culpa

in

contrahendo

[e]s una obligación hacia una persona determinada,

que surge en aquel momento en el curso de las

negociaciones en el cual el ejercicio del derecho

de una parte a retirarse, corolario del principio

de la autonomía de la voluntad, activa la

protección de la confianza depositada por la otra

y resulta contrario al principio inmanente de la

buena fe. La realidad es que, al igual que otros

supuestos

de

responsabilidad

que

nacen

por

aplicación de los principios derivados de la buena

fe, la culpa in contrahendo carece de regulación

propia.

Por eso, aunque la hemos ubicado, por

analogía, bajo la égida del Art. 1802 de Código

Civil,

supra,

estamos

obligados

a

continuar

colmando, caso a caso, los vacíos normativos

subsistentes, en aquellos aspectos que no son del

todo compatibles con los elementos típicos de la

responsabilidad

extracontractual.

(Citas

omitidas). Colón v. Glamorous Nails, supra, pág.

55.

Parte

debe

del

asunto

concederse

dilucidar

si

lo

referente

intimamos

procedía

a

la

en

ese

conceder

a

indemnización

la

mismo

caso,

demandante

que

al

una

compensación por los daños emocionales según esa causa.

Esgrimimos, citando a Asúa González y a Ghersi, que

[l]a indemnización por culpa in contrahendo

es pues, reparativa, basada en el principio

de que quien vulnera la confianza depositada

por otro, debe devolver a esa persona al

estado en que estaría si no se hubiesen dado

las circunstancias que dan lugar a la

reparación.

Se cuida mucho la doctrina de

permitir que a través de la indemnización la

parte

agraviada

obtenga

las

ventajas

económicas que hubiera representado llevar a

feliz término el proceso de negociación

(interés positivo). En vez, el objetivo es

“colocar al perjudicado como si no hubiese

emprendido los contactos negociales.” (Citas

omitidas) Colón v. Glamorous Nails, supra

pág. 57.

CC-2011-0278

De

18

esta

indemnizar

manera,

por

el

dictaminamos

rompimiento

que

culposo

el

de

deber

los

de

tratos

preliminares, alcanza de ordinario, tan solo el llamado

“interés negativo”, es decir, la reparación de los gastos

sufridos

y

las

pérdidas

patrimoniales17

proceder arbitrario de la parte culpable.18

derivadas

del

Id., pág. 58.

Conforme a ese análisis, rechazamos el argumento de que

procedían compensaciones morales en tales casos.

Los fundamentos que delimitan la indemnización que se

debe conceder en casos de culpa in contrahendo son: (1)

que la responsabilidad de actuar conforme a la buena fe

surge

como

“hija

de

la

equidad”,

para

sancionar

el

quebrantamiento de la confianza, y ,(2) de fuerte política

17

En cuanto a los

Quesada opina que:

gastos

incurridos

en

las

negociaciones,

Moreno

“Resulta de suma importancia la determinación en cada

caso de si efectivamente los gastos, estudios, y en

general, las actividades que constituyen el contenido

propio de las negociaciones previas, están justificados

por la aprobación de la otra parte, que ha podido

intervenir directamente tomando la iniciativa al encargar

su realización, o bien de un modo menos directo,

asintiendo a los que va a realizar la otra parte.

Y

decimos que es de interés fijar con claridad este

extremo, porque precisamente uno de los presupuestos de

la exigencia de responsabilidad preliminar, es que los

incursos en ella hubiesen alentado el comienzo o la

continuación de los gastos que van a hacerla nacer,

creando en las personas que los realizan un estado de

ánimo

de

confianza

en

la

trascendencia

de

las

negociaciones y la fundada esperanza de que por su

transcurso obtendrá unos resultados con los que compensar

los desembolsos o actividades que realice, o que si el

éxito no las corona se deberá a la imposibilidad de

llegar a unos acuerdos dada la incompatibilidad de las

posturas de las partes negociadoras.”

Moreno Quesada,

op. cit., pág. 47.

18

Cabe destacar que como contraparte al interés negativo, existe

también el interés positivo, que es el llamado interés de cumplimiento

o interés de la ejecución de un contrato.

El interés negativo está

determinado por la falta de validez o por la frustración del contrato,

también llamado interés de confianza.

Díez-Picazo, Fundamentos de

derecho civil patrimonial, op. cit, pág. 325.

CC-2011-0278

pública

19

que

existe

a

favor

libertad de contratación.

del

tráfico

jurídico

y

la

En cuanto a esto último, fuimos

enfáticos en establecer la necesidad de sujetar el alcance

de

esa

pública

responsabilidad

que

a

usualmente

consideraciones

no

están

de

política

presentes

en

determinación de responsabilidad extracontractual.

eso

que

reiteramos

que

la

doctrina

de

la

Es por

culpa

contrahendo debe aplicarse solo restrictivamente.

v.

Glamorous

Nails,

supra, pág. 710.

supra,

pág.

47.

Torres

la

v.

in

Colón

García,

Nos señala Luis Díez-Picazo, anotando a

De Lupis, que “si se estableciera un régimen general de

responsabilidad, se impondría a las partes tal cautela y

circunspección

que

vida del tráfico.”

se

obstaculizaría

energéticamente

la

Díez-Picazo, Sistema de derecho civil,

op. cit., págs. 68-69.

Si

bien

expusimos

las

instancias

en

que

hemos

aplicado la doctrina de culpa in contrahendo, la anterior

reseña no dispone de la controversia que nos ocupa.

Como

ya adelantamos, debemos justipreciar si en el ordenamiento

jurídico puertorriqueño procede compensar el lucro cesante

de

acuerdo

discusión.

en

Colón

con

los

fundamentos

Glamorous

Nails,

compensación

incluiría

únicamente

doctrina

en

supra,

el

resolvimos

llamado

que

la

“interés

Nos corresponde, pues, delimitar el alcance de

dicho interés.

encuentra

la

La peticionaria arguye la negativa, por cuanto

v.

negativo”.

de

De entrada, destacamos que la doctrina se

dividida

respecto

a

ese

particular.

Por

un

CC-2011-0278

20

lado, algunos juristas opinan que las ganancias dejadas de

percibir, deben comprenderse dentro del llamado

negativo, mientras otros opinan lo contrario.

a

escrutar

este

asunto,

definiendo

interés

Procedamos

primeramente

el

concepto lucro cesante y, luego, elucidando si ese tipo de

compensación es cónsona con la doctrina en discusión.

C

El Art. 1059 del Código Civil de Puerto Rico,

31

L.P.R.A. sec. 3023, que trata sobre la naturaleza y el

contenido de las obligaciones, regula el deber de resarcir

a una persona por las ganancias que dejó de percibir.

Esta

disposición

daños

y

preceptúa

perjuicios

que

comprende

“[l]a

no

indemnización

de

el

la

solo

valor

de

pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia

que

haya

dejado

de

obtener

ubicación

en

el

Código,

exigible

en

caso

de

este

acreedor

…”.

Por

su

tipo

reparación

es

contractuales

o

de

incumplimientos

extracontractuales.

Responsabilidades

el

Véase

derivadas

de

A.

Borrell

Macia,

culpa

extracontractual

civil, Estudio del artículo 1902 del Código Civil y breves

comentarios sobre los artículos 1903 y 1910 del propio

Cuerpo legal, Barcelona, Ed. Bosh, 1958, Sec. 38, págs.

81-83.

En

nuestra

compensación

daño

que

ingresos

jurisprudencia,

por

debe

lucro

cesante

resarcirse

infligida

al

por

hemos

descrito

a

la

como

aquella

partida

de

razón

de

la

pérdida

de

la

correspondiente

perjudicado

y

CC-2011-0278

21

disminución de su capacidad productiva.

v.

Nationwide,

156

D.P.R.

614,

S.L.G. Rodríguez

623-624

(2002).

Más

específicamente, es una ganancia futura frustrada que con

cierta

probabilidad

era

de

esperarse

natural de los acontecimientos. Id.19

según

el

curso

Y en relación con el

presente caso, conviene anotar los apuntes del tratadista

Manuel

Albaladejo,

en

cuanto

a

que

también

constituye

lucro cesante, los contratos frustrados que se hayan hecho

con terceros o que se pudieran haber realizado de no haber

mediado el incumplimiento del deudor.

M. Albaladejo y

otros,

y

Comentarios

al

Código

Civil

compilaciones

forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, (1989), T. XV, V.

1, pág. 687.

Ahora

bien,

existen

ocasiones

improcedente esta partida.

misma

resulta

correlación

el

acto

las

cuales

será

Una de estas es cuando la

especulativa

con

en

o

no

se

dañoso.

puede

demostrar

su

S.L.G.

Rodríguez

v.

Nationwide, supra.

Por otro lado, en ocasión de referirse

a

en

las

situaciones

que

ha

mediado

un

incumplimiento

contractual, Albaladejo nos indica que

[t]ambién

esta

justificado

el

rechazo

cuando el acreedor ha solicitado por vía

resolutoria la indemnización de los gastos

de confianza contractual (interés negativo)

y, cumulativamente, a la ganancia frustrada

por incumplimiento. Albaladejo, op cit.,

pág. 686.

19

Téngase presente que para poder obtener esta compensación, es

necesario que el reclamante establezca que las actuaciones del

demandado ocasionaron la interrupción y el cese de sus ingresos.

S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 D.P.R. 614, 624 (2002).

CC-2011-0278

22

Relacionado con lo anterior, y discutiendo el Art.

1.124 del Código Civil de España -análogo al Art. 1077 de

nuestra

legislación

resolver

las

civil,20

obligaciones

que

regula

recíprocas-

el

derecho

Díez-Picazo

a

nos

ilustra que el lucro cesante no debe proceder cuando una

parte solicita que se resuelva un contrato.

Razona que

la propia definición de “lucro cesante” implica que el

acreedor

se

quiere

colocar

en

la

misma

situación

patrimonial que si el contrato hubiese llegado a buen

término, cosa que no guarda armonía con la resolución.

Díez-Picazo,

271.

las

Sistema

de

derecho

civil,

op.

cit.,

pág.

Una vez definido el lucro cesante y algunas de

instancias

en

que

este

no

procede,

pasemos

a

determinar si el “interés negativo” engloba su recobro.

Para ello, debemos repasar los orígenes de ese interés,

cometido en el que nos ayudan los apuntes de la profesora

María García Rubio.

Nos

recuerda

Veamos.

esta

autora

que

R.

Von

Inhering,

al

exponer su tesis en cuanto a la culpa in contrahendo, se

enfocó

en

el

hecho

de

que

si

una

parte

ocasionaba

la

nulidad de un contrato, por haber incurrido en esa culpa,

respondía frente a la otra por el daño causado debido a la

anulación.

20

García Rubio, op cit., pág. 27. Nos continúa

El art. 1077 dispone en parte que “[l]a facultad de resolver las

obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de

que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El

perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución

de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses

en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de

haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.” 31

L.P.R.A. sec. 3052.

CC-2011-0278

23

relatando que el “culpable” no habría de responder con el

equivalente

de

la

prestación

prometida

ya

que

de

un

contrato nulo no podría surgir la obligación de cumplir.

Anota que, según los postulados del tratadista alemán, el

“culpable”

… estar[ía] obligado a poner a la otra parte en

la

misma

situación

patrimonial

en

que

se

encontraría si no hubiese estipulado el negocio;

esto último sería el interés negativo, o interés

en la no conclusión del contrato por oposición a

aquello, que sería el interés positivo o interés

en el mantenimiento o ejecución de la obligación,

existiendo correspondencia entre lo primero y la

invalidez del negocio, y lo segundo y su validez.

El

interés

negativo,

que

en

determinadas

ocasiones podría alcanzar el montante del interés

positivo, vendría conformado tanto por pérdidas

efectivas, como por falta de ganancias; entre las

primeras estarían los gastos realizados en

preparación y ejecución del contrato nulo (v.

gr., gastos de embalaje, expedición, etc.); entre

las segundas habría de computarse, sobre todo, la

pérdida

de

otras

ocasiones

favorables

de

contratar. Id., pág. 28.

Para el tratadista alemán Von Ihering, dentro de la

falta de ganancias debían computarse los daños derivados

por el rechazo de otras ocasiones en que se hubiese podido

concluir el contrato, así como el hecho de haber dejado de

buscar en tiempo útil esas posibles oportunidades.

Id.,

pág. 231.

Es de notar que el precursor de la doctrina de la

culpa in contrahendo estimó que la pérdida de ganancias

figuraba

como

tiempo,

hay

parte

también

del

interés

quienes

negativo.

piensan

de

En

nuestro

manera

similar.

Algunos autores opinan que se debe calcular como parte

integral

de

dicho

interés

tanto

los

gastos

inútilmente

CC-2011-0278

24

realizados o, más propiamente, el daño emergente,21 así

como la frustración de ganancias.

García Rubio, op cit.,

pág. 232. Véase, también, Lete del Río, op. cit., pág.

491.

Para otros, el daño resarcible es todo aquel que se

derive de la relación de causalidad. García Rubio, op.

cit., págs. 235-236.

Por su parte, Bernardo Moreno Quesada rechaza la idea

de

resarcir

todos

los

daños

derivados

de

la

falta

ejecución del contrato que se esperaba formar.

de

Concibe,

que de ningún modo puede llevarse a ese extremo la cuantía

de la indemnización.

Continúa

exponiendo

Moreno Quesada, op. cit., pág. 56.

este

autor,

que

esto

será

exigible

solo cuando se trate de un supuesto de responsabilidad

contractual, caso distinto al que tiene lugar durante los

tratos preliminares.

Así

también,

y

contrario

a

lo

que

Inhering,

el

jurista

italiano

G.

concepto

de

interés

negativo,

según

opinaba

Fagella

rechazó

definido

primero, aún en casos en que existiera una oferta.

Rubio, op cit. pág. 32.

Von

por

el

el

García

Fagella razonó, que el montante

resarcible es el valor de la oferta con relación a la

formación del contrato y los daños y gastos con los que el

destinatario

había

contribuido

a

la

elaboración

de

los

tratos y de la propia oferta, sin que en estos últimos se

21

Según nos expone María García Rubio, los daños emergentes son los

gastos derivados del desarrollo de los tratos truncados, como viajes,

asistencia legal e inversiones efectuadas con vista a exigir o recibir

la prestación frustrada, tales como obras de acondicionamiento, entre

otras. García Rubio, op. cit., pág. 233.

CC-2011-0278

25

incluyeran los gastos derivados de la reparación de las

ocasiones contractuales perdidas.

Por

otra

parte,

Luis

Díez-Picazo

interpreta

que,

aunque la ruptura de las negociaciones no presente una

causa justificada, no son resarcibles los gastos que se

han llamado “especulativos” o que constituyen un riesgo

implícito

de

resarcibles

realizar

todo

los

para

negocio.

Por

el

todas

contrario,

gastos

que

de

formas

iniciar

las

negociaciones.

serían

habría

que

Díez-Picazo,

Fundamentos de derecho civil patrimonial, op. cit., pág.

324.

En cuanto a la inclusión del lucro cesante en el

interés negativo, nos dice que

[l]a doctrina es por lo general pacífica en el

sentido de que el daño resarcible en los

supuestos de responsabilidad precontractual se

limita al interés negativo, que comprende,

cuando se dan los supuestos más arriba

señalados,

el

rembolso

de

los

gastos

proyectados en contemplación del contrato

proyectado.

Se ha discutido si el interés

negativo comprende también el lucro cesante o

las ventajas que la parte perjudicada hubiera

podido obtener por haber perdido otro negocio.

En la jurisprudencia italiana parece existir

alguna línea favorable a la inclusión de este

lucro cesante, pero, con mejores argumentos,

se ha sostenido a nuestro juicio la solución

contraria.

En los casos de ruptura de

negociaciones, la existencia de una ocasión

más provechosa o ventajosa es un motivo justo

de retirada, y si la parte no lo aprovechó,

solo a ella le es imputable.

La situación

parece

distinta

en

los

casos

de

responsabilidad precontractual por nulidad de

contrato, donde la parte que ha violado los

deberes de buena fe, se encuentra obligada al

resarcimiento de la pérdida de la ocasión mas

ventajosa para quien concluyó el contrato

fundado en la confianza de la validez del

mismo. Díez-Picazo, op. cit., pág. 325.

CC-2011-0278

Si

26

bien

vimos

que

el

Profesor

Díez-Picazo

se

ha

inclinado a no incluir las pérdidas de otras oportunidades

de

contratar,

según

nos

explica

M.P.

García

Rubio

“recientemente ha matizado su postura”.

Estudio Doctrinal:

La

la

Responsabilidad

precontractual

en

propuesta

de

modernización del derecho de obligaciones y contratos.

LXV

Boletín del Ministerio de Justicia Núm. 2130 (2011), n. 21.

Disponible en www.mjusticia.es/bmj.22

III

Luego

de

doctrinal

que

contrahendo,

exponer

ha

así

el

tenido

como

la

tratamiento

la

jurisprudencial

doctrina

compensación

de

que

y

culpa

in

ella

se

de

deriva, procedamos a resolver la médula del asunto ante

nuestra

consideración,

esto

es,

si

dentro

de

la

indemnización que se ha denominado como “interés negativo”

procede incluir una partida correspondiente a la pérdida

de ganancias o lucro cesante.

Moreno

Quesada,

adjudicadora,

nos

“fijar

indemnizables …”.

En palabras de Bernardo

corresponde,

la

en

extensión

nuestra

de

función

los

daños

Moreno Quesada, op cit. pág. 58.

En el presente caso PRFS presentó una demanda contra

la peticionaria y le requirió el pago de ciertas partidas,

entre

daños,

22

las cuales incluyó una

correctamente,

fueron

por

lucro cesante.

atendidos

por

los

Esos

foros

La autora, citando a L. Díez-Picazo, La existencia del contrato,

AAMN, núm. 39., pág. 190 (2009), nos indica que este autor “afirma que

aunque se trate de una cuestión discutida y no bien resuelta, ha de

entenderse que como consecuencia de la negociación emprendida, hubiera

perdido otra ocasión mas ventajosa de contratar”.

CC-2011-0278

27

inferiores bajo la doctrina de culpa in contrahendo.

Es

claro que la estipulación que suscribieron las partes de

epígrafe

no

podía

catalogarse

como

un

precontrato,

una

oferta ni un contrato de arrendamiento, puesto que aludía

a que se arrendaría el “edificio 15” “siempre y cuando las

partes lleg[aran] a un acuerdo respecto a los asuntos que

esta[ban] negociando”.23

En este punto hacemos referencia a lo que señala una

de las Opiniones disidentes.

Específicamente, se menciona

que el contrato de arrendamiento constituía una condición

suspensiva de la estipulación que suscribieron las partes

para transar el pleito que tenían ante el TPI.

Es claro

que esa estipulación es un contrato de transacción.

ello no hay duda ni controversia alguna.

de

transacción

la

negociación

Sobre

En ese contrato

del

contrato

de

arrendamiento del “edificio 15” figuró como parte de las

condiciones por las cuales los litigantes desistieron sin

perjuicio del caso que se ventilaba ante el TPI.

Una de

las cláusulas de esa estipulación fue que “la parte codemandada,

ahora

Corporación

para

el

Desarrollo

de

las

Exportaciones le arrendar[ía] al demandante el edificio

número 15 del Centro Mercantil Internacional (…) siempre y

cuando las partes lleg[aran] a un acuerdo en los asuntos

que

esta[ban]

negociando

….”.

(Énfasis

suplido)

Véase

“Moción de desistimiento por estipulación de las partes”,

Apéndice de la petición de

certiorari, pág. 2151.

23

por

Véase, Moción de desistimiento

Petición de certiorari, pág. 2151.

estipulación

de

las

La

partes,

CC-2011-0278

mencionada

28

cláusula

contractual

se

ejecutó

cuando

las

partes comenzaron las negociaciones a los fines de llegar

a un acuerdo respecto al arrendamiento de ese inmueble.

Luego de esto, las partes comenzaron a negociar ese

contrato de arrendamiento del “edificio 15”.

neurálgico

de

la

referida

Opinión

El punto

disidente

es

que

no

cataloga ese contrato de arrendamiento como un contrato

independiente

al

contrato

de

transacción.

Si

negociación del contrato de arrendamiento del

bien

la

“edificio

15” figuró como parte de las cláusulas y condiciones del

contrato

de

comenzaron

transacción,

lo

cierto

negociar

un

contrato

a

independiente y con vida propia.

es

que

de

las

partes

arrendamiento

Es debido a los hechos

que ocurrieron durante la negociación de ese contrato de

arrendamiento

remedio.

que

Todo

PRFS

lo

acudió

anterior

al

TPI

denota

en

que

busca

las

de

un

partes

se

encontraban aún dentro de las negociaciones pertinentes a

formalizar

un

posterior

acuerdo

contractual,

que

no

existía hasta ese momento.

Tanto

entendieron

el

foro

de

instancia

que

las

actuaciones

de

como

la

el

apelativo

peticionaria

no

fueron compatibles con la buena fe durante esos tratos

preliminares,

habida

cuenta

que,

le

creó

a

PRFS

expectativas de que el contrato se perfeccionaría conforme

a lo que esa parte solicitó en la estipulación.

Razonaron

ambos tribunales que en vista de ello, la peticionaria

CC-2011-0278

29

estaba obligada a resarcir a la recurrida todos los gastos

relacionados

con

ganancias

hubiese

que

esas

negociaciones,

percibido

esta

así

como

última

de

las

haberse

perfeccionado el contrato por el tiempo dispuesto en la

estipulación, es decir, 10 años.

Como mencionamos antes,

le ordenamos a PRFS a que mostrara causa por la cual no

debíamos

revocar

parcialmente

la

sentencia

del

foro

intermedio, específicamente, en cuanto a la partida que

concedió por concepto de lucro cesante.

Para resolver

este cuestionamiento, debemos tener presente que en este

tipo de casos, por imperativos de política pública, hay

que

considerar

ciertas

limitaciones

al

determinar

la

reparación que le corresponderá resarcir al “culpable”.

Ya dictaminamos en Colón v. Glamorous Nails, supra,

que

la

responsabilidad

dimanante

de

la

culpa

in

contrahendo no es idéntica a la que surge del Art. 1802

del Código Civil, supra.

Por eso, allí mencionamos la

necesidad de llenar los vacíos normativos que refleje cada

caso particular en aquello en que no sea compatible

los

elementos

extracontractual.

típicos

de

la

con

responsabilidad

Una de esas incompatibilidades es que

la culpa in contrahendo está sujeta a consideraciones de

política pública que usualmente se encuentran ausentes en

casos

dilucidados

responsabilidad.

coartar

jurídico.

la

según

ese

otro

Una

de

estas

libertad

de

contratación

género

consideraciones

ni

el

es

de

no

tráfico

CC-2011-0278

30

Debido a lo anterior, resolvemos que el lucro cesante

no es una partida que deba incluirse dentro del “interés

negativo” que se compensa en Puerto Rico a la luz de la

doctrina de culpa in contrahendo.

La recurrida reclamó

las ganancias que dejó de percibir por los contratos que

hubiera podido otorgar con las compañías a las que le

ofreció sus servicios de exportación. Si bien un sector de

la doctrina reconoce que pueden figurar como parte de las

ganancias perdidas los futuros contratos que no pudieron

efectuarse

como

consecuencia

de

un

acto

dañoso,

es

un

hecho indiscutible que la peticionaria tenía la facultad

de decidir no arrendarle el “edificio 15” a PRFS.

En lo

que la peticionaria falló fue en actuar contrario a la

buena fe durante las negociaciones, pero de todas maneras,

no tenía la obligación de entrar en esa relación jurídica

si así no lo entendía conveniente.

Creemos que resolver

lo contrario iría en detrimento del tráfico jurídico que

debemos proteger.

Abona a la conclusión anterior el hecho de que en

controversias

discusión,

evaluarlos

no

resueltas

al

procedería

más detenidamente,

amparo

de

compensar

la

doctrina

daños

que,

en

al

podrían surgir como causa

del incumplimiento del contrato en sí.

la partida que aquí se reclama.

Tal es el caso de

La medida de reparación

en casos de culpa in contrahendo no puede alcanzar lo que

significaría el cumplimiento del contrato, ya que durante

CC-2011-0278

los

tratos

31

preliminares,

las

partes

tienen

la

perfecta

prerrogativa de no obligarse.

Conceder

en

estos

casos

una

compensación

de

esta

naturaleza implicaría anticipar un resultado incierto, es

decir,

la

perfección

lucro

cesante

con

del

un

contrato,

manto

de

revistiendo

especulación,

así

al

cosa

que

limita la procedencia del lucro cesante en las acciones

donde ya se estima procedente, como es el caso de las

acciones

incoadas

Civil, supra.

al

amparo

del

Art.

1802

del

Código

En este caso no es la dificultad probatoria

lo que nos mueve a no otorgarle a PRFS una compensación

por

los

ingresos

perfeccionado

el

que

contrato

reclamó en su demanda.

obtener

esos

perfeccionara

hubiese

de

de

arrendamiento,

haberse

cosa

que

Lo que sucede es que PRFS iba a

beneficios

el

obtenido

contrato

económicos

que

tenía

una

vez

previsto

se

con

la

peticionaria. Y ya hemos visto que los beneficios que se

hubiesen

obtenido

compensarse

en

de

una

ese

contrato

reclamación

no

son

se

insta

que

partidas

a

bajo

la

de

la

doctrina de culpa in contrahendo.

Durante

los

tratos

preliminares

el

hecho

perfección del contrato es un resultado que puede que no

ocurra, independientemente de la forma en que actúen las

partes.

Claro está, quien se comporte de mala fe estará

obligado

a

reparar

al

perjudicado

por

los

gastos

espontáneos en que incurrió durante la negociación, esto

es,

aquellos

que

nada

tienen

que

ver

con

la

fase

CC-2011-0278

32

ejecutoria del contrato, de manera que ubique a la parte

que aspiró contratar y no pudo, en la situación en que se

hubiese

encontrado

negociaciones.

que

cuando

de

no

haber

emprendido

las

En esto, no podemos perder de perspectiva

estamos

frente

a

un

caso

en

el

cual

las

negociaciones no han trascendido la etapa preliminar según

la hemos descrito, esa situación es distinta a aquella en

que se encuentra una persona que ya recibió una oferta,

firmó

un

precontrato

o

ya

contrató.

Estas

últimas

instancias, por su propia naturaleza, presentan escenarios

completamente distintos a los que se suscitan durante los

tratos preparatorios.

En la etapa precontractual, en la

que no existe ningún género de obligación ni se ha emitido

una oferta formal, las partes poseen la expectativa de

llegar a un acuerdo, no obstante, también conocen que aún

ostentan la facultad de retirarse.

Sin abstraernos de que las partes tienen un deber de

actuar

conforme

precontractual,

a

la

nos

buena

hacemos

fe

eco

durante

de

las

el

periodo

palabras

del

ilustre tratadista José María Manresa24, en cuanto a que no

serán

resarcibles

los

daños

y

perjuicios

causados

ejercitando un derecho, pues, “el que usa de su derecho a

nadie ofende”.

Código

Civil

J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al

Español

S.A., 1973, pág.

6ta.

852.

ed.

rev.,

Madrid,

Ed.

Reus,

La Opinión disidente del Juez

Asociado Estrella Martínez señala que “[n]o es correcto

24

En sus comentarios al Art. 1.902 del Código Civil Español, análogo

al Art. 1802 del nuestro, supra.

CC-2011-0278

33

expresar que en la etapa precontractual no existe ningún

género de responsabilidad.”

Opinión disidente del Juez

Asociado Estrella Martínez, pág. 16. Aclaramos que como

bien

enunciamos,

el

hecho

de

que

las

partes

puedan

retirarse de las negociaciones no implica que ello pueda

hacerse de manera abusiva y en violación de los postulados

que emanan de la doctrina de la buena fe.

Así,

pues,

perjuicios

que

resolvemos

responsabilidad

se

resarcimiento

por

no

que

insten

culpa

puede

in

en

causas

bajo

la

contrahendo,

comprender

las

de

daños

y

doctrina

de

la

de

medida

ganancias

que

se

hubiesen generado de haberse perfeccionado el contrato que

se negociaba durante los tratos preliminares.

IV

Por

lucro

entender

cesante

es

que

la

compensación

disonante

con

el

por

derecho

concepto

de

de

libertad

contractual y con los principios de política pública que

favorecen el tráfico jurídico, resolvemos que el Tribunal

de Apelaciones erró al confirmar al TPI en cuanto a esta

partida

en

particular.

Por

lo

tanto,

modificamos

la

sentencia apelada para eliminar de la partida de daños que

debe

pagar

la

peticionaria

lo

adjudicado

por

lucro

cesante.

Se dicta sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Puerto Rico Freight System,

Inc., representada por su

Presidente, Miguel Padilla

Recurrido

CCv.

Corporación para el Desarrollo

de las Exportaciones de Puerto

Rico, t/c/c Promoexport,

representada por su Director

Ejecutivo, Antonio Sosa

Pascual; John Doe #1 y John

Doe #2

Peticionarios

Certiorari

CC-2011-0278

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2012.

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca

parcialmente la Sentencia recurrida. Por un lado, se

confirma

la

determinación

del

foro

apelativo

intermedio en cuanto resolvió que la Corporación para

el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Puerto

Rico incurrió en culpa in contrahendo durante las

negociaciones que mantuvo con Puerto Rico Freight

System Inc. (PRFS), conducentes a perfeccionar el

contrato de arrendamiento del “edificio 15”. Por otro

lado, se revoca aquella parte del dictamen que

concedió a favor de PRFS una compensación por

concepto de lucro cesante.

A tenor con los

principios que anteceden y ante los hechos del caso

de

autos,

una

partida

compensatoria

de

esta

naturaleza es improcedente.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez emitió Opinión Disidente a

la cual se unió el Juez Presidente señor Hernández

Denton.

A su vez el Juez Asociado señor Estrella

Martínez emitió Opinión Disidente.

Aida I. Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Puerto Rico Freight

System, Inc.,

representada por su

Presidente, Miguel

Padilla

Recurrida

v.

CC-2011-0278

Corporación para el

Desarrollo de las

Exportaciones de Puerto

Rico, t/c/c Promoexport,

representada por su

Director Ejecutivo,

Antonio Sosa Pascual;

John Doe #1 y John Doe #2

Peticionaria

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez a la que se une el Juez Presidente señor

Hernández Denton

San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2012

[Los Códigos de Derecho Civil] están

ordenados dentro de un sistema de

instituciones de derecho, que no

permite aislar una sola disposición

de las otras ....

Los Códigos se

instituyen

sobre

unas

bases

fundamentales, una ley de bases, que

se les entregan a los cuerpos

codificadores como normas generales,

para crear un sistema de principios

jurídicos, armónicos entre sí, que

puedan producir la unidad doctrinal

que necesita toda institución de

derecho

para

su

validez.

Casualmente es esta armonía de los

distintos

aspectos

doctrinales,

todas

dirigidas

hacia

un

mismo

principio jurídico, lo que hace tan

deleitosa la tarea del civilista.25

25

Berrocal v. Tribunal de Distrito, 76 D.P.R. 38, 51 (1954)

(Belaval, J., Op. Mayoritaria).

CC-2011-0278

2

La Opinión que emite hoy este Tribunal en el caso de

autos comenta que este Foro tiene ante sí la oportunidad de

auscultar si dentro de la doctrina de culpa in contrahendo

procede compensar a una parte por aquellas ganancias dejadas

de percibir al no perfeccionarse el acuerdo previsto.

esbozar

una

disentimos

elocuente

por

respuesta

entender

que

la

a

esa

figura

Pese a

interrogante,

mencionada

ni

la

disposición final del caso son atinadas a la controversia

presente.

Todo lo contrario, ante el escenario fáctico de

este caso el proceder de la Opinión mayoritaria desvirtúa la

aplicación

restrictiva

de

la

doctrina

de

culpa

in

contrahendo, lo que altera el estado de Derecho vigente.

El

error

de

la

Opinión

mayoritaria

versa

en

la

aplicación de dicha figura a una controversia en la que entre

las partes ya había una relación obligacional y para lo que

el Código Civil dispone de un curso a seguir sin tener que

recurrir

a

Glamorous

una

figura

“hija

de

Nails,

167

D.P.R.

33,

la

equidad”.

56

Colón

(2006).

Con

v.

este

proceder, se resuelve por vía de una figura extraordinaria un

asunto

para

lo

que

hay

unas

instituciones

de

Derecho

ya

codificadas y las que, imbricadas armónicamente, producen esa

unidad doctrinal a la que alude el Juez Asociado Emilio S.

Belaval

en

el

epígrafe

que

colocamos

al

inicio

de

esta

Opinión en ánimo de ser epígono de dicho pensamiento.

Disentimos,

en

fin,

porque

al

aplicar

una

figura

jurídica a un caso particular hay que contemplar todos los

escenarios que circunscriben a una situación de hechos y hay

CC-2011-0278

3

que seleccionar aquélla que con mayor precisión se ajuste al

caso

y

que

a

su

vez

propenda

a

un

mejor

desarrollo

del

Derecho.

I

Los

hechos

que

rodean

esta

resumir de la siguiente manera.

controversia

se

pueden

Puerto Rico Freight System

(PRFS) y la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico

(CCE)26 tenían una relación contractual de arrendamiento de

una propiedad (Edificio #11) de la CCE.

proceso

judicial

entre

éstas,

las

Como parte de un

partes

llegaron

a

un

acuerdo transaccional sin perjuicio para ponerle fin a aquel

litigio.

En

titulado

Moción

diciembre

de

de

1999

se

firmó

dicho

desistimiento

por

estipulación

acuerdo

de

las

partes, en donde acordaron desistir del pleito sujeto a las

siguientes condiciones:

B) Las partes acuerdan que la parte codemandada, ahora Corporación para el Desarrollo de

las Exportaciones le arrendará al demandante el

edificio

número

15

del

Centro

Mercantil

Internacional, el cual al presente se encuentra en

construcción, siempre y cuando las partes lleguen a

un acuerdo en los asuntos que están negociando

actualmente.

C) Con relación al contrato del Edificio 15 el

señor Padilla solicita que:

1. Que el contrato sea de 10 años renovable a

10 años más.

2. El canon de arrendamiento no será mayor de

cinco

dólares

con

cincuenta

centavos

($5.50) anual el pie cuadrado, por el

término del contrato.

3. La Corporación será responsable de todas

las

mejoras,

diseños

y

construcciones

26

Anteriormente tuvo otros nombres, como el del epígrafe,

pero nos referiremos a ésta bajo el nombre actual: Compañía

de Comercio y Exportación de Puerto Rico (CCE).

CC-2011-0278

4

estructurales y el señor Padilla será

responsable de todas las mejoras interiores

y de oficina.

4. Las mejoras que realice el señor Padilla en

el Edificio 15 serán aprobadas previamente

por la Corporación. Dicha aprobación no

puede ser irrazonablemente denegada. Al

concluir el contrato, la Corporación, a su

costo, podrá eliminar estas mejoras.

5. E[n]

[la]

eventualidad

de

que

la

Corporación resuelva el contrato por falta

de pago de canon de arrendamiento, el señor

Padilla será responsable por los cánones de

arrendamiento mientras las facilidades del

Edificio

15

estén

deshabilitadas.

La

Corporación

será

responsable

de

hacer

gestiones de buena fe para conseguir un

nuevo arrendatario.

D) El señor Padilla hará las gestiones para

convertirse en operador independiente de la Zona

Libre. De convertirse en operador independiente de

la Zona Libre, se revisará el contrato de

arrendamiento del Edificio 11 a los efectos de

incluir al arrendador dentro de los incentivos y/o

ayudas que estuviesen vigentes para los operarios

de la Zona Libre.

E) La Corporación para el Desarrollo de las

Exportaciones se compromete a presentar ante su

Junta de Directores las peticiones del señor

Padilla para su estudio y consideración, sin que

por ello se entienda que su gestión constituye una

aceptación o compromiso de que las peticiones serán

aprobadas. Se aclara que específicamente las

peticiones número 1 y 2 del apartado C) constituyen

peticiones fuera del ámbito de poderes de otros

funcionarios que no sea la Junta de Directores de

la

Corporación

y

sólo

pueden

ser

aprobadas

expresamente por [e]stos últimos.

F) Una vez las partes hayan llegado a un

acuerdo, la Corporación se compromete a tramitar

prontamente la redacción y aprobación del contrato

de arrendamiento del Edificio 15.

Moción de desistimiento por

Apéndice, págs. 2151-2153.

estipulación

de

las

partes,

Tras la suscripción del acuerdo de transacción de 1999

pasaron dos años sin que la Junta de Directores de la CCE (la

Junta) aprobara el contrato de arrendamiento del Edificio

CC-2011-0278

#15.

5

En el ínterin PRFS realizó gestiones para adecuar el

edificio a sus necesidades comerciales y la gerencia de la

CCE

siempre

peticiones.

se

mostró

dispuesta

a

acceder

a

dichas

Entre las gestiones realizadas, cabe destacar la

contratación de una firma de arquitectos para que realizara

un estudio sobre las modificaciones que requería el Edificio

#15 para adaptarlo a las operaciones de PRFS.

Sentencia

Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, pág. 793.

Es de mencionar que la contratación de dicha firma de

arquitectos

por

parte

de

PRFS

se

realizó

voluntariamente

previo a suscribir el contrato de transacción en diciembre de

1999, puesto que antes de esa fecha PRFS ya había indicado su

interés en ese edificio.

Id. págs. 792-793; véase también

Transcripción de la Vista en su Fondo, Apéndice, pág. 10961098.

Tras firmar el acuerdo transaccional en cuestión, la

firma de arquitectos preparó los planos correspondientes e

hicieron

unos

señalamientos

a

la

CCE

sobre

los

asuntos

estructurales que se debían atender en el Edificio #15 para

adaptarlo al negocio de PRFS.

Todos los señalamientos u

órdenes de cambio fueron acogidos por la parte peticionaria,

a lo que ésta invirtió $254,519.96.27

Por su parte, PRFS también invirtió dinero en arreglos

del interior del edificio y otros asuntos relacionados con el

27

“La parte demandada autorizó órdenes de cambio y las pagó

ascendentes a $254,519.96 conforme a los señalamientos que

hiciera PRFS a la infraestructura del Edificio #15 para su

uso particular. (Exhibit 4 estipulado por las partes)”.

Sentencia Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, pág. 797.

CC-2011-0278

futuro

6

arrendamiento.28

transacción

contenía

A

una

pesar

de

condición

que

el

acuerdo

suspensiva

para

de

el

perfeccionamiento del contrato de arrendamiento, las partes

continuaron un intercambio comercial relativo al Edificio #15

a

sabiendas

respecto

y

de

que

basado

en

la

Junta

una

no

había

aprobado

autoexpectativa

nada

al

especulativa

de

ambas partes de que se iba a firmar el contrato.29

En el año 2000 la gerencia de la CCE realizó un estudio

de

cánones

corporación.

de

alquiler

de

las

instalaciones

de

la

Posteriormente, la gerencia de la peticionaria

envió a la Junta dos memorandos idénticos con recomendaciones

en torno al arrendamiento de PRFS.

En éstos se indicó que a

pesar del nuevo esquema de rentas preparado en el año 2000,

se recomendaba que a PRFS se le cobrara un canon diferente

que

28

sería

escalonado

y

por

un

término

de

diez

años.

El Tribunal de Primera Instancia sentenció que dichos

gastos, que incluyen adiestramientos a empleados de PRFS,

ascendieron a $218,481.00. Id. págs. 814-815.

29

Por parte de la gerencia de la CCE, su autoexpectativa de

aprobarse el contrato de arrendamiento llegó al punto de

aceptar las peticiones de cambios estructurales que le hizo

PRFS. Además, el Sr. César Santoni, en representación de la

CCE, envió una carta a un futuro cliente de PRFS en donde

indicó que PRFS había demostrado profesionalismo y la

responsabilidad fiscal

necesaria para que

la CCE le

permitiera a PRFS utilizar las nuevas instalaciones del

Edificio #15, con 94,000p2 dentro de la Zona Libre. Apéndice,

pág. 1009.

Por parte de PRFS, su autoexpectativa especulativa se

reflejó mediante el testimonio de Miguel Padilla, presidente

de PRFS, quien indicó que era costumbre que se mudaran a las

instalaciones de la CCE sin todavía haber perfeccionado un

contrato. Transcripción de la Vista en su Fondo, Apéndice,

pág. 1139. Éste también declaró: “El [director ejecutivo de

la CCE] me indicó que lo que yo estaba solicitando tenía su

aprobación, que él no veía ningún problema; era simplemente

esperar la burocracia de sometérselo a la Junta y pasar por

todos los procesos normales de Promo-Export”. Id. pág. 1259.

CC-2011-0278

7

Finalmente, en la reunión de la Junta del 24 de mayo de 2001,

ésta decidió que el arrendamiento sería a un término de cinco

años a $6.00p2 por los primeros dos años y $7.00p2 por los

próximos tres años.30

Ante esa contraoferta de la corporación

pública, PRFS se mostró en desacuerdo y eventualmente inició

el presente pleito judicial.

Los tribunales inferiores sentenciaron que la CCE fue

negligente al hacer falsas representaciones a PRFS sobre la

firma del contrato de arrendamiento.

proceder,

la

CCE

frustró

la

Concluyeron que, al así

expectativa

creada

en

el

demandante de perfeccionar el contrato de arrendamiento.

El

Tribunal de Apelaciones, al confirmar al foro de instancia,

sostuvo que por haber ocasionado un daño en la etapa previa

al

perfeccionamiento

configuró

la

llamada

del

contrato

culpa

in

de

arrendamiento,

contrahendo.

Es

se

nuestra

postura que ello constituye un error en la aplicación del

derecho a esta controversia, puesto que ésta ha de resolverse

mediante el articulado del Código Civil y no mediante figuras

de aplicación restrictiva.

Veamos.

II

A

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento que nadie

está obligado a contratar.

30

Glamorous Nails, 167 D.P.R. en la

De la transcripción de la vista en su fondo se desprende

que el contrato de arrendamiento para el Edificio #11

firmado el 22 de diciembre de 1999 tenía vigencia de cinco

años a un precio de $6.00p2 por los primeros dos años y

$6.50p2 por los siguientes tres años, cifras no muy lejanas a

la contraoferta que hizo la Junta en su reunión del 24 de

mayo de 2001.

CC-2011-0278

8

pág. 44 (2006); Prods. Tommy Muñiz v. C.O.P.A.N., 113 D.P.R.

517, 526 (1982).

relaciones

Ahora bien, durante el transcurso de las

precontactuales

las

partes

deben

ejercer

un

comportamiento que se ajuste a los principios de la buena fe.

Glamorous Nails, 167 D.P.R. en las págs. 44-45; véase también

José Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil 216, T. II,

Vol.

I

(3ra

ed.

responsabilidad

1988);

María

P.

García

Rubio,

La

en

el

Derecho

español

43

atender

las

situaciones

de

la

precontractual

precontractual

(1991).

En

ánimos

ocasionados

de

durante

etapa

daños

debido

a

la

terminación injustificada de los tratos preliminares y a la

falta del principio de buena fe en esa fase, esta Curia

adoptó la figura de culpa in contrahendo en Prods. Tommy

Muñiz v. C.O.P.A.N., 113 D.P.R. 517 (1982).

Para determinar

la aplicabilidad de dicha figura y adjudicar responsabilidad

que conlleve un resarcimiento, determinamos que es preciso

considerar

seis

negociaciones;

siguieron;

(4)

elementos:

(2)

la

cómo

(1)

el

comenzaron;

conducta

de

las

desarrollo

de

las

el

curso

que

partes

durante

su

(3)

transcurso; (5) la etapa en que se produjo su rompimiento; y

(6)

las

expectativas

conclusión del contrato.

razonables

de

Id. pág. 530.

las

partes

en

la

Asimismo, hemos sido

enfáticos en que la aplicación de la doctrina de culpa in

contrahendo ha de ser restrictiva debido a una cuestión de

política pública a favor del tráfico jurídico y la libertad

CC-2011-0278

9

de contratación.

Glamorous Nails, 167 D.P.R. en la pág. 47,

57-58; Torres v. Gracia, 119 D.P.R. 698, 710 (1987).

Como señala la Opinión mayoritaria, la doctrina de culpa

in contrahendo se utiliza para las fases precontractuales.

Por

consiguiente,

una

vez

se

perfecciona

un

contrato

se

aplican las disposiciones pertinentes del Libro IV del Código

Civil de Puerto Rico.

Aplicar irrestrictamente la figura en

cuestión

una

dentro

de

relación

contractual,

no

sólo

desvirtúa la figura misma, sino que le añade incertidumbre a

las relaciones contractuales y al ordenamiento jurídico en

sí.

en

La claridad doctrinal le da previsibilidad al Derecho;

contraposición,

la

falta

de

claridad

doctrinal

de

la

Opinión mayoritaria en la aplicación de la figura de culpa in

contrahendo abona a la imprevisibilidad de nuestro Estado de

Derecho.

La presente controversia no puede verse de manera llana

y sencilla, sino que es necesario tener presentes todas las

circunstancias que rodean al caso de autos y examinarlas con

detenimiento.

Tras

un

riguroso

análisis

de

esas

circunstancias, veremos que en este caso es improcedente la

aplicación de la doctrina de culpa in contrahendo.

B

A primera vista, y partiendo de una visión superficial

sobre

la

controversia,

quebrantaron

las

parece

relaciones

contrato de arrendamiento.

que

entre

las

partes

se

precontractuales

sobre

el

Ahora bien, no debemos soslayar

que este caso tiene su origen en un acuerdo transaccional

CC-2011-0278

10

para poner fin a un pleito anterior.

En otras palabras, la

presente controversia plantea la situación de que dentro del

contexto

de

una

relación

relación obligacional.

contractual

se

comienza

otra

No podemos bifurcar ambas relaciones

y enfocarnos en una de ellas en abstracción de la otra, como

pretende hacer la Opinión del Tribunal.

Al enfrentarnos a una controversia como la presente,

donde

se

presentan

paralelamente

e

imbricadamente

dos

relaciones obligacionales, se debe analizar primero aquélla

más abarcadora en donde se subsume la segunda relación que se

creó por virtud de la primera.

De encontrar una solución

jurídica a la primera relación obligacional que, a su vez,

disponga

de

innecesario

la

segunda

incorporar

relación,

doctrinas

de

entonces

resultaría

aplicación

restrictiva

para atender esa segunda relación obligacional.

Según mencionamos, esta controversia surge a raíz de un

acuerdo

transaccional.

Ahí

subyace

la

primera

relación

obligacional entre las partes y de ésta surge la segunda

relación en torno a un futuro contrato de arrendamiento.

El

Artículo 1709 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A.

Sec.

4821,

establece

que

las

transacciones

poner fin a un litigio son contratos.

transacción,

por

consiguiente,

con

motivo

de

Estos contratos de

están

sujetos

a

las

disposiciones del Título I del Libro IV del Código Civil,

sobre Obligaciones.

Sec.

2992

(“Las

contratos ...”).

Cód. Civ. P.R. Art. 1042, 31 L.P.R.A.

obligaciones

nacen

de

la

ley,

de

los

CC-2011-0278

El

11

acuerdo

transaccional

en

cuestión

contiene

dos

cláusulas condicionales a modo de muñeca rusa o matrioska;

entiéndase,

una

dentro

de

la

otra.

La

primera

cláusula

condicional dispone que la transacción allí convenida está

sujeta al perfeccionamiento de un contrato de arrendamiento

que tiene por objeto el Edificio #15.

La segunda cláusula

condicional inmersa dentro de la primera establece que las

peticiones de PRFS en torno a los términos del arrendamiento

serían presentados ante la Junta de la CCE para su estudio y

consideración, sin que ello constituya una aceptación de los

términos solicitados.

Las obligaciones condicionales se definen como “aquéllas

cuya eficacia depende de la realización o no realización de

un

hecho

futuro

y

además

incierto”.

José

Puig

Brutau,

Fundamentos de Derecho Civil 84, T. I, Vol. II (3ra ed. rev.

1985);

véase

además

Obligaciones,

José

Curso

de

R.

Vélez

Torres,

Derecho

Civil

136

Fraticelli Torres, 2da ed. 1997).

establece

que

“[e]n

las

Derecho

(Rev.

de

Migdalia

El propio Código Civil

obligaciones

condicionales

la

adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida

de

los

ya

constituya

adquiridos,

la

dependerá

condición”.

Cód.

del

Civ.

acontecimiento

que

P.R.

31

Art.

1067,

L.P.R.A. Sec. 3042.

Como se puede observar, el elemento futuro e incierto es

lo que caracteriza este tipo de obligación.

Véase también

Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 D.P.R. 764, 773 (2001).

En

el

la

caso

de

autos,

el

elemento

futuro

e

incierto

de

CC-2011-0278

12

efectividad del contrato de transacción es que se suscriba un

contrato de arrendamiento.

dicho

contrato,

el

En cuanto al perfeccionamiento de

elemento

futuro

e

incierto

es

que

se

presente ante la Junta la oferta presentada por PRFS y la

Junta lo apruebe.31

Éstas, por ser condiciones cuyo efecto,

de cumplirse, será la adquisición del derecho a arrendar y la

efectividad de la transacción, son de naturaleza suspensiva

(conditio pendet).

Vélez Torres, Derecho de Obligaciones,

supra, pág. 138.

Ahora

bien,

el

Código

Civil

establece

que

cuando

el

cumplimiento de la condición dependa exclusivamente de la

voluntad del deudor, la obligación condicional será nula;

mientras que si depende de un tercero, será válida.

Civ. P.R. Art. 1068, 31 L.P.R.A. Sec. 3043.

Cód.

En el supuesto

de que la condición dependa del deudor, se denomina como una

condición potestativa.

Las

doctrina,

condiciones

en

potestativas.

potestativas

rigurosamente

se

dividen,

potestativas

y

según

la

simplemente

Puig Brutau, supra, T. I, Vol. II, págs. 95-

96.

Sobre este particular nos hemos expresado a los efectos

de

que

“la

doctrina

delinea

una

distinción

entre

las

condiciones rigurosamente potestativas, las cuales dejan la

31

Cabe señalar que el Artículo 1074 del Código Civil provee

una acción al acreedor previo a ocurrir la condición. Dicho

Artículo expresa: “El acreedor puede, antes del cumplimiento

de las condiciones, ejercitar las acciones procedentes para

la conservación de su derecho”.

31 L.P.R.A. Sec. 3049.

Queda claro que el acreedor en este caso (PRFS) no podía

exigir el cumplimiento de la condición, pero sí podía ejercer

acciones para conservar su derecho. Véase Mercedes Bus Line

v. Rojas, 70 D.P.R. 540, 548 (1949).

CC-2011-0278

13

validez de la obligación al exclusivo arbitrio de una de las

partes,

y

las

simplemente

potestativas,

en

las

cuales

el

cumplimiento de la condición no está sujeto al total arbitrio

de una de las partes”.

Jarra v. Axxis, 155 D.P.R. en la pág.

775 (énfasis suplido).32

En el referido caso adoptamos la

distinción entre rigurosamente y simplemente potestativas, y

resolvimos que las condiciones simplemente potestativas no

anulan una obligación condicional al amparo del Artículo 1068

del Código Civil.

En

la

Id. pág. 776.

controversia

de

autos

nos

encontramos

con

una

situación particular y es que el deudor en esta obligación

(la CCE) no está sujeto a un acto volitivo único.

Esto,

debido

cuya

a

su

administración

naturaleza

está

a

de

cargo

integrada por nueve miembros.

ser

de

persona

una

Junta

jurídica

de

Directores

Ley de la Compañía de Comercio

y Exportación de Puerto Rico, Ley Núm. 323 de 28 de diciembre

de 2003, Art. 7, 7 L.P.R.A. Sec. 1227d.

Al establecerse en

el acuerdo de transacción que el perfeccionamiento del futuro

contrato de arrendamiento estaría condicionado a que la Junta

lo aprobara, es forzoso concluir que el incumplimiento con

dicha condición no depende exclusivamente del arbitrio de un

deudor

unipersonal,

sino

que

se

da

el

escenario

de

intervención de un curso determinado exterior o ajeno a la

manifestación de voluntad del deudor.

Por consiguiente, la

obligación condicional presente en el contrato de transacción

32

Vélez

Torres

define

las

condiciones

simplemente

potestativas como aquéllas en que interviene la realización

de un hecho exterior a la voluntad de la parte. Vélez Torres,

Derecho de Obligaciones, supra, pág. 146.

CC-2011-0278

14

del caso de autos es simplemente potestativa y supera la

prohibición del Artículo 1068 del Código Civil.

Dicho lo anterior, pasemos a evaluar la disposición del

Código

Civil

concerniente

a

las

cláusulas

condicionales

potestativas que es aplicable a la situación de hechos ante

nosotros y que a su vez nos ilustra sobre el remedio en

derecho que este Tribunal debe otorgar, si alguno.

Ante la pregunta de qué ocurre si la condición contraída

no

se

cumple

(conditio

disposición

dos

negligencia

o

especie

resolución

de

desaparece”.

deficit),

respuestas.

dolo

de

Primero,

las

de

tenemos

partes,

la

si

no

“entonces

obligación

y

a

nuestra

hubo

culpa,

ocurre

ésta

una

entonces

Vélez Torres, Derecho de Obligaciones, supra,

pág. 140; véase también Jarra v. Axxis, 155 D.P.R. en la pág.

773.

Segundo, si hubo culpa, negligencia o dolo de la parte

obligada, debemos acudir al Artículo 1072 del Código Civil,

31 L.P.R.A. Sec. 3047 (“Se tendrá por cumplida la condición

cuando

el

obligado

impidiese

voluntariamente

su

cumplimiento”).33

33

Para llegar a la conclusión de aplicar el Artículo 1072 del

Código Civil, es imprescindible hacer una declaración de

responsabilidad por dolo, culpa o negligencia por la parte

obligada al cumplimiento de la condición.

Como norma

general, en una controversia contractual hay que evaluar si

la parte culpable o negligente debe resarcir los daños

ocasionados durante la vigencia de la relación obligacional y

para ello se debe considerar lo dispuesto en los Artículos

1054 al 1060 del Código Civil, 31 L.P.R.A. Secs. 3018-3024.

Sin embargo, y a modo de excepción, el propio Artículo 1072

del Código Civil ya contempla la penalidad que ha de pagar el

deudor que voluntariamente impide el cumplimiento de la

condición pactada.

La doctrina civilista sostiene que la

obligación que impone dicho artículo de dar por cumplida la

condición, constituye en sí misma la pena impuesta al deudor

CC-2011-0278

De

ocurrir

15

el

primer

supuesto

y

desaparecer

la

obligación, tratándose de un contrato de transacción en el

caso

de

autos,

se

da

por

no

suscrito

dicho

transaccional y se revive el pleito anterior.

acuerdo

Tal escenario

ocurrió en Sol Bravman et al. v. Consejo de Titulares del

Condominio

Palma

Real,

183

D.P.R.

827,

836

(2011)

(“La

estipulación fue acogida por el Tribunal de Primera Instancia

mediante una sentencia .... Sin embargo, posteriormente fue

dejada

sin

asamblea

efecto

debido

correspondiente,

a

que

no

fue

convocada

por

ratificada

el

en

la

consejo

de

titulares”).

En cuanto al segundo escenario, el motivo detrás del

Artículo 1072 lo expresamos en Jarra v. Axxis al sostener que

“las partes sujetas a una obligación con condición suspensiva

tienen que realizar esfuerzos de buena fe suficientes para

cumplir sus prestaciones.

Si no lo hacen, no pueden invocar

la falta de ocurrencia de la condición como defensa para

incumplidor en concepto de daños y perjuicios.

Sostienen

Planiol y Ripert:

[L]a condición no realizada se considera cumplida

cuando el deudor, con hechos propios impidió su

cumplimiento. Aun cuando los hechos del deudor

estén exentos de fraude, causan al acreedor un

perjuicio que debe repararse, y la más perfecta

reparación que pueda ofrecerse al acreedor es el

cumplimiento de la obligación, como si se hubiere

realizado la condición.

Marcel Planiol & Georges Ripert, Tratado Elemental de Derecho

Civil 261-262, T. IV (José M. Cajica trad., 4ta ed. 2003).

Véase además Puig Brutau, supra, T. I, Vol. II, pág. 91.

Por consiguiente, de demostrarse que en la presente

controversia la CCE cometió culpa o negligencia que impidiera

el cumplimiento de la condición, el remedio jurídico al que

tuviese derecho PRFS lo dispone el Artículo 1072 del Código

Civil, mas no habría que acudir a la doctrina de culpa in

contrahendo.

CC-2011-0278

16

desligarse de su obligación”.

la pág. 777.

Jarra v. Axxis, 155 D.P.R. en

De ocurrir éste, se daría por cumplida la

condición de presentar a la Junta las estipulaciones en torno

al arrendamiento y se daría por aprobado lo convenido en el

acuerdo transaccional.

La consecuencia sería que las partes

tendrían que perfeccionar un contrato de arrendamiento que

debería contener, como mínimo, las estipulaciones suscritas

en la transacción de diciembre de 1999.

Examinemos cuál de

los dos escenarios se dio en el caso de epígrafe.

C

Tal

como

expusimos

previamente,

bajo

el

palio

de

la

relación contractual producto de la transacción surgen dos

condiciones suspensivas: (1) que se perfeccione un contrato

de arrendamiento y (2) que se presente a la Junta la oferta

de

PRFS,

según

recogida

diciembre de 1999.

en

el

acuerdo

transaccional

de

Examinemos cada una por separado.

Tras examinar detenidamente los hechos que dieron pie a

esta

controversia,

notamos

suspensiva se consumó.

que

la

segunda

condición

Entiéndase, la alta gerencia de la

CCE presentó ante la Junta de Directores la oferta presentada

por PRFS y la evaluó dentro de sus prerrogativas de aceptarla

o rechazarla.

mayo

de

2001,

Según consta de la minuta de reunión del 24 de

la

Junta

rechazó

correspondiente contraoferta.

dicha

oferta

e

hizo

la

Véase Apéndice, págs. 563-569.

La primera condición suspensiva, a la que estaba atada

la efectividad del acuerdo transaccional, no se cumplió.

A

saber, no se perfeccionó el contrato de arrendamiento porque

CC-2011-0278

17

la Junta válidamente rechazó la oferta de PRFS e hizo la

propia,

que

recurrida.

también

fue

rechazada

por

la

parte

aquí

Ahora bien, como esbozamos previamente, el no

cumplimiento de una condición puede ser mediando dolo, culpa

o negligencia de una de las partes, o sin mediar éstos.

Del

expediente se desprende que aquí no medió culpa o negligencia

de parte de la Junta de la CCE, puesto que ésta tenía la

libertad de aceptar o rechazar la oferta realizada por PRFS y

no hay evidencia de que hubo dolo o fraude al no aceptarla.

Concluir lo contrario sería incidir perniciosamente sobre las

prerrogativas

de

aceptación

una

de

una

parte

oferta,

contratante

lo

que

en

el

afectaría

jurídico y la libertad de contratación.

curso

el

de

tráfico

Glamorous Nails, 167

D.P.R. en las págs. 57-58.

Al no mediar dolo, culpa o negligencia por la parte

peticionaria

para

que

se

cumpliera

la

condición

de

perfeccionar un contrato de arrendamiento, pues sencillamente

“se

extingue

y

desaparece

el

vínculo

entre

Jarra v. Axxis, 155 D.P.R. en la pág. 773.

Vélez

Torres

obligación”.

pág. 140.

llama

“una

especie

de

las

partes”.

Ocurre lo que

resolución

de

la

Vélez Torres, Derecho de Obligaciones, supra,

En tal contexto, se da por no suscrito el acuerdo

de transacción y se revive el pleito anterior entre PRFS y la

CCE.34

34

Reconocemos que revivir un pleito de hace más de diez años

podría resultar oneroso tanto para las partes como al proceso

judicial.

Por ello no descartamos la idea de que ante tal

escenario las partes decidan volver a reunirse para lograr

una transacción que ponga fin a aquel pleito.

CC-2011-0278

18

III

A base de la discusión anterior es evidente la necesidad

de

aplicar

las

disposiciones

correspondientes

del

Código

Civil en lugar de la doctrina de culpa in contrahendo, máxime

cuando esa figura no debe aplicarse a una controversia si los

hechos no la justifican.

Con esa conclusión resolvemos un

aspecto importante del caso de autos, mas dejamos sin atender

qué procede con relación a las determinaciones de hechos que

hiciera el foro de instancia en cuanto a que ambas partes

incurrieron en gastos económicos como parte de la relación

comercial.

El Tribunal de Primera Instancia determinó que la CCE

incurrió

en

gastos

de

infraestructura

ascendentes

a

$254,519.96 para adecuar el Edificio #15 a las necesidades

económicas de PRFS.

Asimismo, ese foro dio por probado que

la recurrida invirtió $218,481.00 entre mejoras internas al

Edificio #15 y otros gastos de adiestramiento a su personal,

todos relacionados al arrendamiento del edificio en cuestión.

Ambas partes invirtieron esas cantidades de dinero previo a

que se cumpliera la condición de que la Junta de la CCE

aprobara la oferta de arrendamiento que realizó PRFS.

La

negligencia de ambas es evidente en tanto se desprende del

expediente que las partes actuaron con pleno conocimiento de

ese dato.

En

términos

jurídicos,

la

recurrida

realizó

mejoras

sobre propiedad inmueble ajena, mientras que la CCE permitió

y autorizó expresamente las mejores realizadas.

Ante tal

CC-2011-0278

escenario,

19

debemos

disposiciones

del

auscultar

Código

Civil

accesión

la

aplicabilidad

de

las

en

cuanto

que

los

continua

a

lo

tratadistas

llaman

industrial

en

bienes

inmuebles.

Véase Q.M. Scaevola, Código Civil 578, T. VI (5ta

ed. 1949).

A

La accesión se define como “el derecho en virtud del

cual el propietario de una cosa hace suyo todo lo que ésta

produce o se le une o incorpora”.

José

R.

Vélez

Torres,

Curso de Derecho Civil: los bienes, los derechos reales 85,

T. II (1983).

La accesión, como hecho físico, es un cambio,

mutación, producción, adquisición, aumento o incremento en

una cosa.

Véase Ángel Carrasco Perera, “Ius aedificandi” y

accesión: la construcción en suelo ajeno en el marco de los

principios urbanísticos 59-60 (1986).

La

accesión

incorporación)

o

puede

discreta

clasificarse

(por

en

continua

producción).

R.

(por

Elfrén

Bernier las define de la siguiente manera:

La accesión discreta es la de las cosas que nacen o

se producen en las cosa que ya se poseen, es decir,

se refiere a los frutos y productos de los bienes.

La accesión continua se realiza cuando bienes

extraños o ajenos a la cosa que se posee se unen o

agregan a ésta.

R. Elfrén Bernier, El derecho de accesión en Puerto Rico 43

(1970).

La accesión continua puede subdividirse, a su vez, en

(1) mobiliaria o inmobiliaria, según sea sobre un bien mueble

o inmueble, y (2) natural o industrial, dependiendo de si la

incorporación se debe a fuerza natural o a fuerza humana.

Véase Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, supra, pág. 88.

CC-2011-0278

20

La accesión continua se inspira en tres principios: “(a) la

buena fe, (b) lo accesorio sigue a lo principal (accessorium

sequitur

principale);

y

(c)

el

suelo

principal (superficies solo cedit)”.

es

siempre

cosa

Id. pág. 92.

El Artículo 287 del Código Civil de Puerto Rico recoge

de forma general el derecho de accesión y menciona que es

inherente a toda propiedad, ya sea mueble o inmueble.

31

L.P.R.A. Sec. 1131.

Ahora bien, en cuanto a la accesión

continua

industrial

inmobiliaria

(aedificatio),

el

Código

dispone particularmente de los Artículos 294 al 301.

L.P.R.A. Secs. 1161-1168.

31

Enfocaremos nuestro análisis en la

accesión continua industrial sobre bienes inmuebles por ser

la atinente a la controversia de autos.

El

Artículo

edificado,

294

plantado

del

o

Código

sembrado

Civil

en

estatuye

predios

que

ajenos

“[l]o

y

las

mejoras o reparaciones hechas en ellos, pertenecen al dueño

de

los

mismos,

con

sujeción

31

a

lo

que

L.P.R.A.

se

dispone

Sec.

1161

en

los

artículos

siguientes”.

(énfasis

suplido).

La norma general es que las obras, plantaciones,

siembras, mejoras y reparaciones de las que habla el Artículo

294 se presumen hechas por el dueño del predio.

Art. 295,

31 L.P.R.A. Sec. 1162.

Cód. Civ.

No obstante, cuando un

tercero es quien realiza las obras, esa presunción se puede

controvertir.

Ante este último escenario, el Código Civil

provee varios cursos a seguir, dependiendo de si el tercero

actuó con buena fe o mala fe.

Para ello hay que dirigirnos a

CC-2011-0278

21

los Artículos 297 y 298 del Código Civil.

31 L.P.R.A. Secs.

1164-1165.

Así, y en lo relativo a la controversia de autos, el

Art. 297 del Código Civil indica que:

El dueño del terreno en que se edificare de

buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra,

previo el pago al dueño de la obra del costo de los

materiales y la mano de obra, o el costo de

reproducción de la misma al momento en que el dueño

del terreno ejercitare su derecho, deduciendo la

depreciación, lo que resultare mayor, o a obligar

al que fabricó a pagar el precio del terreno.

31 L.P.R.A. Sec. 1164 (énfasis suplido).

Lo anterior se basa en el principio de superficies solo

cedit,

derivado

principale,

por

del

el

que

principio

el

edificado es lo accesorio.

suelo

accessorium

es

lo

sequitur

principal

y

lo

Laboy Roque v. Pérez, 181 D.P.R.

718, 727 (2011) (donde se adopta la accesión a la inversa

como

excepción

al

principio

de

superficies

solo

cedit

en

casos de construcciones extralimitadas); véase además Collazo

Vázquez v. Huertas Infante, 171 D.P.R. 84, 119-120 (2007)

(Fiol Matta, J., Op. Concurrente).

Contrario a la situación anterior, de haber mediado mala

fe

de

parte

del

edificante,

“el

dueño

del

terreno

puede

elegir entre hacer suyo lo edificado, plantado o sembrado,

sin

obligación

de

indemnizar,

o

exigir

que

su

finca

sea

repuesta al estado en que se hallaba, a costas del autor de

la accesión”.

José Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil

366, T. III, Vol. 1 (4ta ed. 1994); Cód. Civ. Arts. 298-299,

31 L.P.R.A. Sec. 1165-1166.

CC-2011-0278

22

De los artículos mencionados se puede observar que a

pesar de que el Artículo 294 incluye las mejoras como parte

del derecho de accesión, el Artículo 297 no las menciona.

A

pesar de ello, los estudiosos del tema y la jurisprudencia de

este Tribunal se han expresado a favor de la inclusión de las

mejoras como parte de las obras de edificación.35

En Sucesión

Echegaray v. Esso Standard Oil Co. comentamos:

De acuerdo con las referidas disposiciones de

nuestro Código Civil, la accesión no se limita a

edificaciones de carácter sustancial y permanente

tales como edificios, viviendas, rellenos, muros de

contención y canales de riego, sino que se da con

respecto de otras obras y mejoras, como las de

alumbrado, ascensores y servicio de agua, hornos,

depósitos

y

cobertizo;

lavaderos,

fuentes

y

abrevaderos…. Es más, los citados comentaristas

aceptan que mejoras útiles „edificadas‟ en un

inmueble, pero susceptibles de ser retiradas sin

deterioro del suelo pueden ser objeto de accesión.

Sucesión Echegaray v. Esso Standard Oil Co., 87 D.P.R. 825,

831 (1963) (citas omitidas); véase además Scaevola, supra,

págs. 578-579 (donde argumenta que las modalidades de

accesión que el Código regula (edificación, plantación y

siembra) incluyen también las mejoras).36

35

Es imperativo que reconozcamos la distinción de mejoras

para fines de la accesión, donde el edificante no tiene que

ser poseedor, Scaevola, supra, págs. 580-581, de las mejoras

sin autorización dentro del contexto de un arrendamiento. En

este último supuesto, donde el arrendatario sólo goza de la

posesión natural, a las mejoras útiles o de recreo que éste

haga les aplican los Artículos 1463 y 416 del Código Civil.

31 L.P.R.A. Secs. 4070 & 1527; véase además Marchand v.

Montes, 78 D.P.R. 131 (1955) (a un arrendatario que hace

mejoras

útiles

o

voluntarias

sin

consentimiento

del

arrendador no le aplican las disposiciones sobre accesión.

Por lo tanto, sólo tiene disponible el ius tollendi: el

derecho de llevarse los adornos incorporados, cuando sea

posible hacerlo sin dañar la propiedad); Berrocal v. Tribunal

de Distrito, 76 D.P.R. 38 (1954); Vélez Torres, Curso de

Derecho Civil, supra, pág. 105.

36

E. Elfrén Bernier también se ha expresado sobre el tema a

los efectos de que:

Para que se produzca la accesión no es necesario

que el objeto situado en el inmueble haya adquirido

CC-2011-0278

23

Para determinar si el curso jurídico a seguir ante una

edificación en predio ajeno es la aplicación del Artículo 297

o los relativos a la mala fe, hay que auscultar la naturaleza

de ambas actuaciones.

A pesar de que el Código Civil define

poseedor de buena fe a quien ostente un título sobre una

propiedad o a quien ignore los vicios de ese título, 31

L.P.R.A. Secs. 1146, 1424, 5271, esta definición no se ajusta

al contexto de la accesión industrial.

Más aún, no hay una

definición expresa en el Código en cuanto a qué constituye la

buena

fe

al

edificar,

plantar

o

sembrar

en

suelo

ajeno.

Véase Laboy Roque, 181 D.P.R. en la pág. 740.

Ahora bien, esta Curia sí ha delimitado el alcance de

ambos conceptos en el contexto de la edificación en suelo

ajeno.

es

Así, pues, hemos concluido que el obrante de mala fe

aquél

que

edifica

una

estructura

en

un

predio

sin

autorización alguna del dueño y a sabiendas de que el terreno

no

le

pertenece,

mientras

que

el

edificante

de

buena

fe

construye bajo la creencia fundada de que el terreno es suyo

o mediante autorización del dueño.

C.R.U.V. v. Román, 100

D.P.R. 318, 322–324 (1971); Sucesión Echegaray, 87 D.P.R. en

la pág. 829 (“Dicha gestión se realizó de buena fe pues los

el carácter de inmueble adhiriéndose a la propiedad

de manera que no puede separarse de ella sin

quebrantamiento o deterioro.

La accesión no se

limita a edificaciones de carácter sustancial y

permanente tales como edificios, viviendas ... sino

que se da también con respecto a mejoras .... Por

lo tanto, aun las mejoras útiles que pueden ser

retiradas sin menoscabo del inmueble pueden ser

objeto de la accesión a elección del dueño del

inmueble.

Bernier, supra, pág. 62.

CC-2011-0278

24

dueños de la propiedad ... habían dado permiso para llevar a

cabo dicho trabajo”).37

Sobre este asunto, Scaevola llega a

la misma conclusión:

¿qué se entenderá por obrar de buena o mala fe en

quien edifica ... sobre terreno ajeno? ... Pensamos

que el accesionante o accedente procederá de buena

fe cuando se considere con derecho a edificar,

plantar o sembrar en el terreno en que así lo

efectúe, ya con apoyo en algún título, en alguna

autorización mal interpretada, ... en la tolerancia

del dueño o entre otras causas del mismo tenor.

Scaevola, supra, págs. 594-595.

Hay

continua

un

tercer

industrial

curso

en

aplicable

bienes

en

casos

inmuebles.

Se

de

accesión

trata

del

escenario que recoge el Artículo 300 del Código Civil: cuando

tanto el edificante como el dueño del predio actúan de mala

fe.

En tal circunstancia, “los derechos de uno y otro serán

los mismos que tendrían si hubieren procedido ambos de buena

fe”.

31 L.P.R.A. Sec. 1167.

En dicho artículo se define la

mala fe del dueño cuando “el hecho se hubiere ejecutado a su

vista, ciencia o paciencia, sin oponerse”.

Id.

El contexto

que evoca este artículo es la neutralización o compensación

de dos actuaciones de mala fe.

Véase García v. García, 70

D.P.R. 949, 956 (1950) (citando a Manresa, Comentarios al

Código Civil Español 223, T. III (5ta ed. 1920), expusimos:

“quien se deja engañar a sabiendas no puede querellarse como

37

Si bien la buena fe se presume, 31 L.P.R.A. Sec. 1425, en

Lippitt v. Llanos, 47 D.P.R. 269 (1934), resolvimos que

cuando se edifica en solar ajeno se destruye esa presunción y

hay que probar la buena fe.

De la jurisprudencia se

desprende que, en casos como el de autos, se recupera la

calificación de buena fe con la autorización del dueño del

predio para realizar las mejoras.

CC-2011-0278

25

hombre engañado” y “la mala fe del uno extingue y neutraliza,

en justa reciprocidad, la del otro”).

Visto el marco teórico que antecede, pasemos a examinar

la controversia de autos dentro de éste.

B

Según narramos anteriormente, en la controversia ante

nosotros PRFS realizó mejoras en los predios de la CCE.

Del

expediente surge que el recurrido llevó a cabo tales actos a

sabiendas

de

que

no

ostentaba

ningún

título

sobre

dicho

predio ni que la Junta de Directores de la CCE había avalado

aún

el

contrato

de

transacción

entre

las

partes.

No

obstante, de las determinaciones de hechos que hiciera el

Tribunal de Primera Instancia se desprende que la gerencia de

la corporación pública expresamente autorizó y avaló que PRFS

realizara mejoras internas para adecuar el Edificio #15 a sus

necesidades comerciales.

Conforme al marco teórico esbozado, la actuación de PRFS

no debe catalogarse de mala fe, puesto que la CCE autorizó a

realizar

dichas

mejoras.

Ergo,

para

disponer

de

la

controversia debemos dirigirnos directamente a la disposición

del Artículo 297 del Código Civil, 31 L.P.R.A. Sec. 1164.

Véase Berrocal, 76 D.P.R. en la pág. 51 (si la edificación

fue hecha con autorización expresa o implícita del dueño, se

aplica el Artículo 297 del Código Civil, sobre la accesión).

Aunque estamos convencidos sobre la aplicación directa del

Artículo 297 del Código, si se aplicara el Artículo 300, 31

L.P.R.A. Sec. 1167, bajo la teoría de que PRFS actuó de mala

CC-2011-0278

26

fe, como quiera llegaríamos a la misma conclusión; a saber,

se aplicaría el Artículo 297 por cuanto la CCE actuó de mala

fe al no oponerse ante las obras que realizó la recurrida.

Obsérvese que en García v. García, 70 D.P.R. 949 (1950),

aplicamos el Artículo 300 del Código Civil aun cuando el

dueño del predio consintió expresamente a que los edificantes

hicieran

“mejoras

sustanciales”

Id. pág. 951.38

existentes.

sobre

dos

estructuras

No obstante, ahora preferimos

adoptar la tendencia de la casuística posterior a los efectos

de

que

la

autorización

expresa

o

actuación

proactiva

del

dueño del predio releva la aplicación del Artículo 300 y

dirige

la

Artículo

controversia

297.

Aunque

directamente

un

tanto

a

la

aplicación

textualista,

acogemos

del

la

postura de dejar la aplicación del Artículo 300 a aquellas

instancias en que el dueño del predio asume un rol pasivo de

no oponerse a las obras realizadas.

Esa postura comulga el propósito del Artículo 300 del

Código Civil con la expresión heredada de la Séptima Partida,

Título

XXXIV,

Ley

25,

que

formula

la

actitud

pasiva

de:

“quien se deja engañar entendiéndolo, no se puede querellar

como

hombre

engañado”.

Scaevola,

supra,

págs.

592-593.

Scaevola igual mostraría su conformidad con nuestra postura,

por cuanto él entiende que “[e]l poseedor del predio, en

realidad, no muestra su mala fe más que con manifestaciones

38

García v. García, 70 D.P.R. 949 (1950), fue revocado por

Echegaray v. Tribunal de Distrito, 72 D.P.R. 445 (1951), pero

sólo a los efectos de que para ejercitar el derecho de

accesión ya no hay que indemnizar el edificante previo a la

demanda ni consignar junto con ésta cantidad alguna por los

costos de edificación. Echegaray, 72 D.P.R. en la pág. 449.

CC-2011-0278

27

pasivas de su voluntad; él deja hacer, ve venir y no impide,

hace

la

vista

gorda”.

Id.

594.39

pág.

En

vista

de

lo

anterior, no vacilamos en abandonar aquellas expresiones de

García

v.

García

directamente

el

y

aplicar

Artículo

a

la

297,

controversia

debido

a

que

de

la

autos

CCE

fue

proactiva en avalar y autorizar las mejoras hechas por PRFS.

Llegado

a

este

punto,

conviene

recapitular

que

el

Artículo 297 concede a la CCE una de entre dos alternativas:

(1) puede hacer suya la obra, previa la indemnización debida

a PRFS; o (2) de no ejercitar ese derecho, puede obligar a

PRFS a pagar el precio del terreno.

De

ejercer

el

derecho

de

accesión

y

hacer

suya

la

edificación hecha por PRFS, la corporación pública deberá

abonar

al

accedente

sólo

los

gastos

necesarios

conforme el Artículo 382 del Código Civil.

y

útiles,

31 L.P.R.A. Sec.

1468; véase Collazo Vázquez v. Huertas Infante, 171 D.P.R.

84, 121-122 (2007) (Fiol Matta, J., Op. Concurrente); Vélez

Torres,

Curso

de

Derecho

Civil,

supra,

págs.

102-103

(la

aplicación de los Artículos 382 y 383 del Código Civil, 31

L.P.R.A. Secs. 1468 & 1469, que se sitúa en el primer párrafo

del Artículo 297, aplica por igual al segundo párrafo de este

último

Artículo).

Entiéndase

gastos

necesarios

como

los

indispensables para la conservación de la cosa y los útiles

como

39

aquéllos

que

aumentan

la

capacidad

de

rendimiento

y

Al referirse al Artículo 364 del Código Civil español,

equivalente al Artículo 300 del nuestro, Alberto Brenes

Córdoba argumenta que la mala fe del dueño del predio debe

entenderse

como

una

autorización

tácita

o

maliciosa

complacencia para aprovecharse de lo ajeno.

Alberto Brenes

Córdoba, Tratado de los bienes 214 (5ta ed. 1981).

CC-2011-0278

28

valor de la cosa, sin que tengan el propósito de servir como

ornato o embellecimiento.

José Castán Tobeñas, Derecho Civil

español, común y foral 621-622, T. I (7ma ed. 1949).

Por último, mientras la CCE no ejerza su derecho de

opción por una de las dos alternativas que le confiere el

Artículo 297 del Código, PRFS poseerá un derecho propietario

sobre la edificación realizada, que constituye un derecho

real.

Berrocal v. Tribunal de Distrito, 76 D.P.R. 38, 60-61

(1954).

IV

De acuerdo a todo lo discutido, la conclusión no puede

ser otra que la no aplicación de la doctrina de culpa in

contrahendo, sino el articulado pertinente del Código Civil.

Mediante la aplicación de este último la relación contractual

entre las partes se extingue y desaparece.

En cuanto a las mejoras del interior del Edificio #15

hechas por PRFS, ésta tiene un derecho real sobre dichas

obras al amparo del Artículo 297 del Código Civil.

Por

consiguiente, la CCE deberá ejercer su derecho de accesión e

indemnizar a PRFS por el costo de los materiales o el costo

de reproducción al momento de que la CCE ejercite su derecho

de accesión, lo que resulte mayor, salvo que decida obligar a

PRFS a pagar el precio del terreno.

Debido a que la determinación de hechos del foro de

instancia sobre los gastos incurridos por PRFS ascendientes a

$218,481 incluyen no sólo mejoras al interior del edificio,

CC-2011-0278

29

sino costos de adiestramiento a empleados y otros, procedería

devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para que

desglose los gastos de la recurrida entre los que constituyen

obras de mejoras y los que no.

Así, lo que se determine

exclusivamente

mejoras

como

gastos

de

al

interior

del

Edificio #15 será la cuantía que eventualmente la CCE deberá

indemnizar a PRFS en caso de ejercer su derecho de accesión.

Finalmente, disiento porque la conclusión jurídica y la

disposición final a la que llega una mayoría de esta Curia se

apartan diametralmente de lo analizado y esbozado en esta

Opinión y no añaden claridad doctrinal a nuestro Estado de

Derecho

Civil.

revocaría

al

controversia

Por

Tribunal

al

todos

de

Tribunal

los

motivos

Apelaciones

de

Primera

y

que

anteceden,

devolvería

Instancia

para

la

que

proceda conforme a lo aquí expuesto.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez

Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Puerto Rico Freight System,

Inc., representada por su

Presidente, Miguel Padilla

Recurrido

v.

Corporación para el Desarrollo

de las Exportaciones de Puerto

Rico, t/c/c Promoexport,

representada por su Director

Ejecutivo, Antonio Sosa Pascual;

John Doe #1 y John Doe #2

Peticionarios

CC-2011-0278

Certiorari

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA

MARTÍNEZ

San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2012.

Hoy

este

Tribunal

ha

optado

por

una

interpretación restrictiva de la extensión de la

compensación del interés negativo en los casos de

culpa in contrahendo. Respetuosamente disiento de

este proceder. Por considerar que el principio de

la buena fe en las negociaciones precontractuales

merece una protección íntegra, incluiría en la

indemnización por culpa in contrahendo el daño

emergente, así como el lucro cesante resultante

de

las

pérdidas

de

otras

oportunidades

de

es

reconocido

que

preliminares

generan

una

contratar.

I

En

las

nuestro

ordenamiento

negociaciones

CC-2011-0278

2

relación de carácter social que impone a las partes el

deber de comportarse de acuerdo con la buena fe.

Prods.

Tommy Muñiz v. COPAN, 113 D.P.R. 517, 527 (1982). El

principio de buena fe en las negociaciones es definido

como

“el

deber

en

comportarse

de

forma

leal

y

cooperadora frente al otro sujeto de derecho con el que

nos

relacionamos,

comportamiento

comunes

que

de

puedan

mutuamente

forma

que

con

nuestro

realizarse

las

nos

trazado”.

hemos

expectativas

M.

J.

Godreau, Lealtad y buena fe, 58 Rev. Jur. U.P.R. 367,

382 (1989). Es por esto que la buena fe crea un deber de

lealtad recíproca de conducta socialmente valorable y

exigible. Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, pág. 528.

Bajo

COPAN,

este

fundamento,

supra,

injustificada

en

reconocimos

de

los

Prods.

Tommy

que

la

tratos

Muñiz

v.

terminación

preliminares

genera

responsabilidad. Determinamos en el mencionado caso que

la

amplia

gama

de

supuestos

sobre

los

cuales

puede

basarse la responsabilidad precontractual hace necesario

que en el análisis del problema se considere qué figura

jurídica

responde

más

adecuadamente

como

fundamento

jurídico para la solución del caso.

En cuanto a la extensión de la indemnización,

en

Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, el entonces Juez

Asociado señor Dávila realizó un voto separado en el

cual consideró conveniente expresarse en cuanto a los

daños que debían ser resarcibles en estos casos. Señaló

que el daño al interés negativo debía ser reparable, el

CC-2011-0278

cual

a

3

su

realizados

juicio

también,

en

las

comprendía

previsión

pérdidas

del

no

sólo

futuro

ocasionadas

los

gastos

contrato,

sino

por

desaprovechar

ocasiones favorables de celebrar un contrato con otras

personas. Véase Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, Voto

separado del Juez Asociado señor Dávila.

Posteriormente, en Colón v. Glamorous Nails, 167

D.P.R.

33

(2006),

tuvimos

ocasión

para

expresarnos

acerca de la extensión de la indemnización que procedía

en

los

casos

resolvimos

de

que

culpa

“el

in

deber

contrahendo.

de

Al

respecto,

indemnizar

por

el

rompimiento culposo de los tratos preliminares alcanza,

de ordinario, tan sólo el interés negativo; es decir, la

reparación

de

los

gastos

sufridos

y

las

pérdidas

patrimoniales derivadas del proceder arbitrario de la

parte que incurre en culpa”. (Énfasis suplido.) Colón v.

Glamorous Nails, supra, pág. 58. Es decir, determinamos

que la indemnización en estos casos se limita al interés

negativo. A su vez, expresamos que los componentes del

interés negativo son los gastos sufridos y las pérdidas

patrimoniales derivadas del proceder arbitrario.

Los fundamentos que fueron tomados en consideración

para limitar el alcance de este tipo de indemnización

principalmente

fueron

dos.

El

primero

fue

que

la

doctrina de culpa in contrahendo es considerada hija de

la equidad y busca colocar al perjudicado como si no

hubiesen ocurrido las circunstancias que dan lugar a la

reparación. El segundo, la fuerte política pública a

CC-2011-0278

favor

del

4

tráfico

jurídico

y

la

libertad

de

contratación. Íd., págs. 56-58.

Aunque atendimos en parte la extensión que debía

tener la reparación en los casos de culpa in contrahendo

y determinamos que el interés negativo se compone de los

gastos sufridos y las pérdidas patrimoniales derivadas

del proceder arbitrario, no nos expresamos en cuanto a

qué

gastos

llamado

y

pérdidas

interés

estableció

la

debían

incluirse

negativo.

Este

improcedencia

de

dentro

Tribunal

la

del

solamente

indemnización

por

daños morales en estos casos.

II

Una vez más este Tribunal es llamado a expresarse

en torno a la extensión de la indemnización de quien se

vio afectado por la actuación de la otra parte al ésta

concluir de manera injustificada los tratos preliminares

e incumplir sus deberes de lealtad y buena fe en el

proceso

debe

de

negociación.

determinar

si

el

En

específico,

lucro

cesante

este

debe

Tribunal

resarcirse

dentro del daño al interés negativo.

Como

señala

la

Opinión

mayoritaria,

la

doctrina

está un tanto dividida en cuanto a la extensión de lo

que es compensable en los casos de culpa in contrahendo.

Esto, debido a que el definir qué incluye el interés

negativo ha sido motivo de debates. Pasemos a ver las

diferentes definiciones y posturas.

La creación de la doctrina de culpa in contrahendo

le es atribuida al jurista alemán Rudolf Von Ihering,

CC-2011-0278

quien

5

en el 1860 publicó una monografía atendiendo el

tema de la responsabilidad civil que se origina en el

periodo de la formación del consentimiento. Véase, M.P.

García Rubio, La responsabilidad precontractual en el

Derecho español, España, Ed. Tecnos, S.A., 1991, pág.

27. Al abordar el tema de la extensión del resarcimiento

en

estas

situaciones,

Ihering

elaboró

la

distinción

entre el interés positivo y el

interés negativo. El

positivo

tendría

su

en

contrato,

mientras

que

fundamento

el

negativo

la

en

validez

su

del

invalidez.

García Rubio, op. cit., pág. 230. Según la teoría del

interés negativo de Ihering, es este daño el que debe

ser resarcido en los casos de culpa in contrahendo, el

cual incluye, tanto los gastos realizados con miras a la

conclusión del contrato, como los daños derivados del

rechazo de la pérdida de otros contratos posibles. Íd.

La

doctrina

conceptos.

moderna

ha

Rubio,

op.

García

ido

redefiniendo

cit.,

pág.

estos

231.

Por

ejemplo, el interés negativo ha sido definido como el

daño

que

no

se

habría

producido

si

el

contrato

se

hubiese realizado. A. von Thur y E. Thilo, citado en

García Rubio, op. cit., págs.

231-232. Así, el daño

negativo comprende aquel daño que la parte experimentó

por

haber

confiado

honestamente

en

el

proceso

de

negociación y la concreción del contrato. El interés

positivo,

en

patrimoniales

celebrado.

cambio,

comprende

resultantes

M.

Alonso

si

el

Pérez,

todas

las

contrato

La

se

ventajas

hubiere

responsabilidad

CC-2011-0278

6

Precontractual, 47 Rev. Crítica de Derecho Inmobiliario

859, 905, Núm. 485 (julio - agosto 1971).

Según

Mosset

Iturrespe,

el

interés

negativo,

también llamado interés de confianza, consiste en el

daño sufrido como consecuencia de haber creído en la

conclusión del contrato; la pérdida sufrida por haber

atendido una invitación a entrar en tratativas o una

oferta. J. Mosset Iturraspe, Responsabilidad por daños,

Buenos

Aires,

Ed.

Ediar,

1982,

pág.

159.

“El

resarcimiento tiende a restablecer el statu quo anterior

a esos hechos”. Íd. Por esta razón, el mencionado autor

se adhiere sin reservas a la postura que extiende el

interés negativo que debe ser resarcible para abarcar

las ganancias que pudieron obtener en un negocio dejado

de lado. De esta forma, Mosset Iturraspe favorece la

inclusión

del

lucro

cesante,

criterio

que

indica

es

predominante en la doctrina europea. Íd.

Por su parte, Alonso Pérez expresa que el interés

negativo

comprende

previsión

del

los

futuro

gastos

que

contrato,

se

realizaron

tales

como

en

viajes,

informes periciales y asesoramientos. Alonso Pérez, op.

cit.,

pág.

905.

Pero

también

comprende

las

pérdidas

ocasionadas por no aprovechar ocasiones favorables de

celebrar

un

contrato

preciso

que

se

con

ocasione

otras

un

personas.

perjuicio

Íd.

“[E]s

patrimonial,

representado por los gastos realizados en atención al

contrato

proyectado

o

por

las

pérdidas

sufridas

en

cuanto que la actitud dolosa de la parte impidió a la

CC-2011-0278

7

otra, confiada en su honorabilidad, celebrar el negocio

con otros proponentes”.

Alonso Pérez, op. cit., pág.

906.

De forma similar, García Rubio considera que el

lucro cesante indemnizable comprende la pérdida de otras

oportunidades de contratar con un tercero, así como las

ventajas que ellas derivarían, lo que exige demostrar la

existencia

efectiva

de

esas

otras

oportunidades

negociables. García Rubio, op. cit., pág. 233.

La doctrina italiana sigue la doctrina de Ihering

en cuanto a la distinción entre el interés negativo y

positivo. Limita la indemnización al interés negativo

por

el

daño

confiado

en

ocasionado

las

como

consecuencia

negociaciones

de

haber

precontractuales

con

independencia del nacimiento del acuerdo jurídico. J.

Mendieta, La culpa in contrahendo Historia, Evolución y

Estado Actual de la Cuestión, 10 Rev. E-Mercatoria 40,

49,

(Núm.

2).

http://www.emercatoria.edu.co.

La

Disponible

en

corte

ha

italiana

establecido que el daño resarcible comprende la pérdida

derivada de la confianza en la conclusión del contrato y

la pérdida de ganancias a consecuencia del quebranto de

otras ocasiones contractuales. Íd.; Alonso Pérez, op.

cit., pág. 905.

Otra parte de la doctrina tiene una visión aún más

amplia y define al daño negativo como aquel que está

compuesto por todos los daños sufridos por el acreedor,

a causa de haber confiado en la vigencia de un contrato

CC-2011-0278

que

no

se

8

concretó.

Quienes

siguen

esta

postura

entienden que éste comprende todos los daños en relación

de causalidad adecuada, que ocasiona la frustración del

acto en sentido amplio. Véase, L. Cantarelli, Daño al

interés negativo, Las tesinas de Belgrano, núm. 152,

pág. 20, (2004). Disponible en http://www.ub.edu.ar/.

En Puerto Rico, el profesor José Julián Álvarez

González

ha

expresado

su

inclinación

a

favorecer

la

postura de Alonso Pérez, en cuanto a la inclusión de

otras

pérdidas

causadas

por

desaprovechar

ocasiones

favorables de celebrar un contrato con otras personas.

Véase: J. J. Álvarez González, El Tribunal Supremo de

Puerto

Rico:

Responsabilidad

Análisis

Civil

del

Término

Extracontractual,

76

2005-2006,

Rev.

Jur.

U.P.R. 763, 786 (2007). Igual postura parece sostener el

profesor Michael Godreau, al señalar que no logra ver la

justificación para no proteger de una forma igualmente

vigorosa a la víctima del comportamiento negligente que

a un negociante de buena fe, víctima del quebrantamiento

de

sus

expectativas

razonables

de

contratar.

M.

J.

Godreau, El Tribunal Supremo de Puerto Rico: Análisis

del Término 2005-2006, Obligaciones y Contratos, 76 Rev.

Jur. U.P.R. 901, 902-903 (2007).

En contraposición a las posturas que admiten el

doble componente de la indemnización en la ruptura de

las negociaciones y las posturas aún más abarcadoras, se

encuentran

quienes

cesante

la

en

rechazan

indemnización

la

por

inclusión

la

del

ruptura

lucro

de

las

CC-2011-0278

negociaciones

9

contraria

a

la

buena

fe.

Según

estos

autores, cuando ocurre un retiro de las negociaciones

puede indemnizarse solamente por los gastos realizados,

no así por las ganancias dejadas de percibir.

Uno de los primeros en plantear esta visión lo fue

G. Faggella. El jurista italiano rechazó el concepto de

interés

negativo.

G.

Faggella,

Dei

periodi

precontracttuali e della loro vera ed esatta costruzione

scientifica, 1906, t. III, pág. 341, citado en M. P.

García Rubio, op. cit. pág. 32. En su lugar propuso que

el daño resarcible se compone del valor de la oferta con

relación a la formación del contrato y por los daños y

gastos que hubiese incurrido durante los tratos. Íd. En

estos gastos no incluye la reparación de las ocasiones

perdidas.

Íd.

De

manera

similar,

Moreno

Quesada

considera que sólo deben ser indemnizables los gastos

llevados a cabo en miras de la concreción del contrato.

B. Moreno Quesada, La oferta de contrato: génesis del

contrato y responsabilidad antecontractual, Barcelona,

Ed. Nereo, 1963, pág. 56.

Entre quienes defendían la no inclusión del lucro

cesante en la cuantía de indemnización por culpa

in

contrahendo se encontraba Díez Picazo. Sin embargo, este

autor al parecer ha modificado su postura recientemente.

Ha afirmado que el interés negativo comprende también el

lucro cesante o

la ventaja que

hubiera

obtener

podido

si

como

la parte perjudicada

consecuencia

de

la

negociación emprendida, hubiera perdido otra ocasión de

CC-2011-0278

contratar.

10

Véase,

L.

Díez-Picazo,

La

existencia

del

contrato, AAMN, núm. 39., pág. 190 (2009), citado en M.

P. García Rubio, Estudio Doctrinal: La responsabilidad

precontractual

en

la

propuesta

de

modernización

del

derecho de obligaciones y contratos. LXV Boletín del

Ministerio de Justicia Núm. 2130 (2011). Disponible en

www.mjusticia.es/bmj.

Como vemos, la postura de no inclusión del lucro

cesante o la ventaja de oportunidades de contratar con

terceros al parecer es minoritaria.40 Según García Rubio,

esta división en cuanto a computar como elementos del

interés

negativo,

tanto

los

gastos

inútilmente

realizados como la frustración de ganancias futuras no

es marcada en la doctrina extranjera, por lo cual le

sorprende que algunos autores en la doctrina española

excluyan como partida del interés negativo la falta de

ganancia. García Rubio, op. cit, pág. 232.

III

La

mayoría

de

este

Tribunal

ha

optado

por

la

interpretación acotada de la extensión de los daños al

interés negativo. Con esta determinación, se limita la

protección que debe perseguir el principio de buena fe

durante

las

negociaciones.

Considero

que

una

interpretación estricta y estrecha no logra el objetivo

de

proteger

el

principio

de

la

buena

fe.

Tal

como

expresamos en Colón v. Glamorous Nails, supra, pág. 45,

a

lo

que

debemos

aspirar

es

a

conseguir

que

el

Véanse, J. Mosset Iturraspe, op. cit., pág. 159;

García Rubio, op. cit, pág. 232.

40

CC-2011-0278

11

desarrollo de las relaciones jurídicas, el ejercicio de

los derechos y el cumplimiento de las obligaciones se

produzcan conforme a una serie

de principios

que la

conciencia jurídica considera necesario.

En

materia

de

indemnización,

el

Art.

1059

de

nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3023, establece

que la indemnización de daños y perjuicios comprende no

sólo

el

también

valor

de

la

el

la

artículo

de

es

que

haya

sufrido,

sino

ganancia

dejada

de

obtener.

Este

aplicable,

tanto

extracontractuales,

Claramente,

el

pérdida

como

mencionado

a

a

las

articulado

relaciones

contractuales.

reconoce

que

la

indemnización comprende el daño emergente y el lucro

cesante.

Como mencionamos, la responsabilidad que surge por

la culpa in contrahendo no comprende todos los daños

contractuales sufridos por la otra parte, sino sólo los

perjuicios englobados en el llamado interés negativo.

Colón v. Glamorous Nails, supra; Alonso Pérez, op. cit.,

pág. 905. La naturaleza reparativa está basada en el

principio de que quien vulnera la confianza depositada

por

otro

debe

devolver

a

esa

persona

al

estado

que

hubiera estado si no se hubieran dado las circunstancias

que dan lugar a la reparación. Colón v. Glamorous Nails,

supra, pág. 57.

Los dos fundamentos principales para delimitar la

indemnización en los casos de culpa in contrahendo son

que

ésta

proviene

de

la

equidad,

cuyo

propósito

es

CC-2011-0278

12

sancionar el quebrantamiento de la confianza, y que se

busca

proteger

la

libertad

de

contratación.

Estos

principios fueron claves para decidir circunscribir la

compensación

Pero,

solamente

debemos

suficientes

interés

al

llamado

preguntarnos

para

no

negativo

si

reconocer

una

interés

estas

razones

son

la

extensión

del

en

cuantía

negativo.

por

lucro

cesante,

ocasionado por las pérdidas patrimoniales consecuentes

del quebranto de otras ocasiones de contratar que la

parte perjudicada hubiera podido obtener.

La

frente

equidad

a

la

exige

que

conducta

la

buena

culpable

que

fe

sea

puede

protegida

causar

una

consecuencia dañosa. Véase, Moreno Quesada, op. cit.,

pág. 200. En Colón v. Glamorous Nails, supra, expresamos

que como hija de la equidad, la doctrina de culpa in

contrahendo persigue sancionar el quebrantamiento de la

confianza y regresar a las partes a la situación en la

que

se

encontraban

antes

de

fallidos. Quien sufrió un daño

comenzar

los

tratos

a su patrimonio como

consecuencia de una violación al principio de la buena

fe contractual de quien incurrió en culpa in contrahendo

debe tener una protección completa. Existen unos efectos

patrimoniales que no están circunscritos a un desembolso

de

efectivo.

Por

esta

razón,

para

cumplir

con

el

principio de equidad y sancionar ese quebrantamiento de

la

confianza,

gastos

no

basta

incurridos.

cesante.

De

esta

con

También

manera,

indemnizar

debe

la

solamente

resarcirse

los

el

lucro

indemnización

debe

CC-2011-0278

13

extenderse

a

las

consecuencia

de

las

forma,

resarcirse

deben

oportunidades

expectativas

las

perdidas

creadas.

pérdidas

como

De

igual

ocasionadas

por

situaciones en las que se llegan a ciertas negociaciones

y ofertas que no pueden concretarse debido al retiro

injustificado de las negociaciones de la otra parte.

El no reparar las pérdidas patrimoniales surgidas

por el quebrantamiento de la buena fe en los tratos

preliminares

incompleta,

convierte

cuya

la

indemnización

consecuencia

real

es

no

en

una

colocar

al

perjudicado en la situación anterior. Para lograr el

mencionado

propósito

de

la

equidad,

sancionar

el

quebrantamiento de la confianza, es imperativo conceder

una indemnización íntegra al perjudicado.

El otro fundamento para el alcance limitado de la

indemnización

coartar

la

en

estos

libertad

casos

de

es

el

principio

contratación

ni

el

de

no

tráfico

jurídico. Sin embargo, el propio reconocimiento de la

responsabilidad

principio

por

culpa

mencionado.

Es

in

contrahendo

sabido

que

la

delimita

el

libertad

de

romper las negociaciones no es absoluta. Precisamente,

el límite reside en la confianza depositada por la otra

parte en la conclusión del contrato y el principio de la

buena fe durante las negociaciones. Aunque nadie está

obligado

a

contratar

en

esta

etapa,

sí

existe

una

obligación de comportarse según los principios de buena

fe y la violación a éstos conlleva el tener que reparar

el

daño

causado. El

incluir

el

lucro

cesante

en

la

CC-2011-0278

14

cuantía a poder ser indemnizada en los casos de culpa in

contrahendo no elimina la libertad de contratación. Por

el contrario, reitera la obligación de las partes de

comportarse según los principios de buena fe.

Como

vemos,

los

suficientes

para

íntegra

quien,

a

no

fundamentos

mencionados

no

una

reparación

real

en

la

reconocer

confiando

son

concreción

e

del

contrato, debido a las expectativas creadas por la otra

parte,

incurre

en

una

serie

de

gastos

y

pérdidas

patrimoniales.

Además

de

estos

mencionados

en

nuestra

razones

utilizadas

inclusión

del

dos

principales

jurisprudencia,

otra

de

las

sustentar

teoría

de

no

indemnización

por

para

lucro

fundamentos

cesante

en

la

la

culpa in contrahendo lo es la dificultad probatoria que

representa

la

determinación

del

lucro

cesante.

La

Opinión mayoritaria menciona que la partida de lucro

cesante resulta improcedente cuando ésta es especulativa

o

no

se

dañoso.

puede

Sin

demostrada

la

demostrar

su

correlación

embargo,

cuando

pérdida

patrimonial

con

mediante

el

acto

prueba

es

ocasionada

por

el

retiro injustificado de las negociaciones, la partida no

es especulativa y mucho menos improcedente.

Es

sabida

la

dificultad

que

encierra

la

determinación de la cuantía de lucro cesante. Y es que,

de ordinario, cuando el daño consiste en una disminución

de

patrimonio,

la

prueba

de

certeza

complicada. J. Mendieta, supra, pág. 52.

no

suele

ser

Sin embargo,

CC-2011-0278

15

cuando se quiere demostrar la

pérdida de un ingreso

futuro, la prueba del daño resulta más compleja. Íd. Es

por esto que la determinación de la cuantía de lucro

cesante es descrita como una operación intelectual, en

la que se contienen juicios de valor y que de ordinario,

exige

la

reconstrucción

haber

ocurrido.

L.

hipotética

Díez

de

Picazo,

lo

que

podría

Derecho

de

Daños,

Madrid, Civistas Ediciones, S.L., 1999, pág. 323. Sin

embargo, el que existan dificultades probatorias para

demostrar su existencia real no debe ser óbice para

limitar

la

reconocerse

extensión

de

la

en

de

culpa

casos

indemnización

in

que

debe

contrahendo,

esto

debido a que la dificultad probatoria es común a la

prueba de todos los lucros cesantes. García Rubio, op.

cit.

Estudio

precontractual

en

Doctrinal:

La

la

de

propuesta

responsabilidad

modernización

del

derecho de obligaciones y contratos. LXV Boletín del

Ministerio de Justicia Núm. 2130 (2011). Disponible en

www.mjusticia.es/bmj.

Alonso

Pérez

reconoce

ocasiones

puede

resultar

extensión

objetiva

del

la

la

complejidad

que

en

determinación

de

la

resarcimiento.

Sin

embargo,

señala que debe determinarse la indemnización de acuerdo

a

“las

circunstancias

delimitantes

de

cada

supuesto

concreto, el tipo de negocio que se preparaba y los

gastos reales desembolsados”. M. Alonso Pérez, op. cit.,

pág.

906.

La

dificultad

justifica

que

tales

probatoria

lucros

deban

de

ser

manera

alguna

excluidos

como

CC-2011-0278

partida

a

16

resarcir.

Así,

el

quebranto

patrimonial

sufrido por el perjudicado debe ser resarcido brindando

la

indemnización

lucro

cesante

tanto

del

comprendido

daño

por

emergente,

las

como

pérdidas

de

del

otras

oportunidades de contratar que se ven frustradas.

La dificultad en la determinación del lucro cesante

reside en que sólo debe incluirse en este concepto los

beneficios

ciertos,

concretos

y

acreditados

que

el

perjudicado debía haber percibido y no ha sido así. P.J.

Femenía

López,

Criterios

de

cesante

extracontractual,

delimitación

Valencia,

del

Ed.

lucro

Tirant

Lo

Blanch, 2010, pág. 40. Es por esto que solamente podrán

ser compensados los daños patrimoniales que dependan del

mismo hecho y que sean un efecto de éstos. Al cumplir

con este principio, el daño no es especulativo.

El límite en la cuantía a ser indemnizada por la

que

debe

responder

negociaciones

contrahendo

y

la

persona

violentó

debería

ser

así

que

el

se

retiró

deber

de

determinado

de

de

las

culpa

in

acuerdo

a

la

relación de causalidad. García Rubio, op. cit., pág.

241. “La delimitación de lo que debe incluir el interés

negativo no debe ser absoluta, sino más bien relativa.

Le corresponde al demandante probar la extensión de su

daño y la certeza de éste, así como la relación de

causalidad

entre

el

hecho

dañino

y

sus

daños”.

J.

Mendieta, op. cit., pág. 70. De esta manera, para poder

repararse debe ser probada una relación de causalidad

entre el daño y la actuación culposa o negligente.

CC-2011-0278

La

17

Opinión

mayoritaria

señala

que

quien

usa

un

derecho a nadie ofende. Opinión mayoritaria, págs. 3334.

Sin

embargo,

tal

como

expusimos

en

Colón

v.

Glamorous Nails, supra, reconocimos que el ejercicio de

un

derecho

no

está

exento

de

responsabilidad

si

se

ejercita de forma abusiva. Es por esto que cuando se

incurre

en

culpa

in

contrahendo

existe

una

responsabilidad. No es correcto expresar que en la etapa

precontractual

no

existe

ningún

responsabilidad.

La

responsabilidad

género

de

de

comportarse

conforme a los principios de buena fe y lealtad fue

reconocida desde el caso de Prods. Tommy Muñiz v. COPAN,

supra, según discutimos.

Por

otra

parte,

el

que

la

norma

de

culpa

in

contrahendo sea aplicada restrictivamente no es sinónimo

de

que

aplicada

la

la

indemnización

culpa

in

que

sea

reconocida

contrahendo

a

unos

una

vez

hechos

en

particular deba restringirse a un tipo de indemnización.

La

determinación

del

interés negativo como

resarcimiento

debe

alcanzar

el

hemos resuelto, el cual comprende

tanto el daño emergente como el lucro cesante, siempre

sujeto

al

elemento

de

causalidad

y

a

la

prueba

presentada.

Si reconocemos, como lo hemos hecho en el pasado,

que en el curso de las negociaciones existe un deber de

lealtad,

al

éste

ser

incumplido

debe

resarcirse

al

demandante. Sin embargo, es importante aclarar que la

postura

que

reconoce

el

doble

componente

en

esta

CC-2011-0278

18

indemnización no iguala la indemnización obtenida de la

celebración y posterior cumplimiento del contrato. No se

trata

de

equipararlo

a

los

casos

de

incumplimiento

propiamente contractual, sino de establecer la norma y

ver caso a caso que se cumplan, como mencionamos, los

criterios de causalidad adecuada.

IV

A.

Al determinar la extensión de la indemnización del

interés negativo no debemos limitarnos a atender los

gastos incurridos en miras al cumplimiento del contrato

que se estaba negociando. Luego de haberse creado unas

expectativas,

patrimoniales

podrían

que

no

existir

están

unas

comprendidas

pérdidas

en

un

gasto

incurrido. Por esta razón, es importante no limitar la

indemnización

a

los

gastos

incurridos

en

miras

al

contrato que se esperaba realizar. En cambio, debería

poderse

incluir

en

la

indemnización

las

pérdidas

de

otras oportunidades de contratar con terceros.

En

cuanto

a

esta

indemnización,

García

Rubio

sostiene que el negociador, a quien le fue ofrecida otra

oportunidad de contratar, puede efectivamente romper las

negociaciones, pero puede también no hacerlo y, si opta

por esto último, no ve razón por qué tiene que sufrir

las consecuencias negativas de la ilegítima actuación de

su conegociante. García Rubio, op. cit., pág. 235. Es

por esto que no lo ve como un riesgo de negocios que

debe asumir. Íd.

CC-2011-0278

En

la

19

etapa

de

negociación

pueden

considerarse

varios factores para que un negociante pierda ofertas

más

favorables.

Los

criterios

que

son

tomados

en

consideración para determinar si ha mediado culpa en la

terminación de los tratos preliminares sirven de norte

para comprender las razones por las que una

persona

pueda optar por continuar en las negociaciones, aunque

así

pierda

otras

oportunidades

de

contratar.

El

desarrollo de las negociaciones, los hechos particulares

y la relación que se ha venido dando, el curso que

siguieron las mismas, la conducta de las partes en su

transcurso, la etapa avanzada de las negociaciones, los

gastos

ya

incurridos

esperaba

realizar,

conclusión

del

la

en

vista

del

contrato

que

se

expectativa

razonable

de

la

contrato,

son

consideraciones

que

demuestran las razones por las cuales una parte puede

optar por mantenerse en las negociaciones y afectar así

las

oportunidades

que

tenga

con

otros.

García

Rubio

también señala que puede querer continuar debido a la

confianza especial que suscita. García Rubio, op. cit.,

pág.

241.

Si

el

negocio

proyectado

no

llega

a

celebrarse, “la persona defraudada sufre un daño que

será tanto mayor mientras mayor sean las condiciones en

las

que

pueda

celebrar

un

contrato

semejante

al

frustrado”. Íd.

De igual forma, existen situaciones en las que una

parte

realiza

ciertas

negociaciones

con

miras

a

la

concreción del contrato que estaba negociándose, pero la

CC-2011-0278

20

otra parte quebranta estos procesos afectando así la

buena

fe

y

lealtad

depositada

por

el

otro.

El

daño

ocasionado por las negociaciones que se ven frustradas

debido a la no realización del contrato que se estaba

negociando debería ser indemnizado. Son situaciones que

no

están

comprendidas

en

los

gastos

incurridos

propiamente, pero que crean una pérdida patrimonial que

debería ser atendida a tenor con la protección de la

buena fe en los tratos preliminares.

En síntesis, la reparación en casos de culpa in

contrahendo

inútiles

debe

poder

efectuados

comprender

durante

las

tanto

los

negociaciones,

gastos

como

también la pérdida de ocasiones de negociar a causa del

contrato

no

concluido.

Por

lo

tanto,

la

reparación

comprendería tanto el daño emergente como también, de

haberlo, el lucro cesante.

Por los fundamentos expresados y por entender que

la interpretación limitada en cuanto a la indemnización

en casos de culpa in contrahendo por la que ha optado la

opinión

mayoritaria

reconocido

y

la

va

en

protección

decisión de la mayoría.

detrimento

a

éste,

del

principio

disiento

de

la

CC-2011-0278

21

B.

En el caso ante nuestra consideración, surge del

expediente

que

fue

presentada

prueba

testifical

y

documental que demostró que los recurridos incurrieron

en gastos como consecuencia de la expectativa que tenían

respecto al contrato de arrendamiento. Para establecer

estos daños, los recurridos presentaron un informe de

daños

y

perito.

un

estimado

Apéndice,

de

pág.

pérdidas

realizadas

2110.

este

En

por

informe

un

fue

incluida la cantidad de gastos incurridos con miras al

contrato

que

incurridos

se

arquitectos,

iba

a

realizarse.

demostraron

preparación

Entre

gastos

en

de

manual,

un

los

gastos

contratación

compra

de

de

programas de computadoras y gastos de adiestramientos y

viajes para los mismos, entre otros. De igual forma,

fueron establecidas las pérdidas de otras ocasiones de

contratar. En vista del contrato que se realizaría, los

recurridos

llevaron

a

cabo

contratos.

Esto

debido

a

negociaciones

que

tenían

para

un

otros

plan

de

ampliación. Estas negociaciones fueron con miras a la

concreción del contrato que estaba negociándose para el

arrendamiento

del

edificio

15,

pero

no

pudieron

concretarse como consecuencia de la no realización del

contrato

esperado.

quebrantó

estos

lealtad

depositada

(PRFS).

De

esta

procesos

y

por

manera,

se

afectó

Puerto

Rico

la

otra

parte

la

buena

fe

Freight

y

System

CC-2011-0278

En

el

22

informe,

el

perito

utilizó

dos

clientes

existentes para realizar los cómputos de la expectativa

de ganancia. Apéndice, pág. 1764. El recurrido presentó

suficiente prueba documental, testifical y pericial que

convenció a los foros de su procedencia. Como vemos, la

prueba

del

recurrido

sobre

los

costos

y

gastos

incurridos resultó convincente.

Como es sabido, la apreciación de la prueba del

foro primario merece gran deferencia. En ausencia de

pasión, prejuicio, error manifiesto o parcialidad los

foros

apelativos

no

deben

intervenir

con

las

determinaciones de hecho y la apreciación de la prueba

que realiza un tribunal de instancia. Colón v. Lotería,

167 D.P.R. 625, 659 (2006); Lugo v. Municipio Guayama,

163 D.P.R. 208, 221 (2004); Argüello v. Argüello, 155

D.P.R. 62, 78-79 (2001).

V

Por

todo

lo

antes

disiento

del

criterio

expuesto,

respetuosamente

mayoritario.

En

su

lugar,

reconocería la procedencia del lucro cesante dentro de

la

partida

del

interés

negativo

que

procede

ser

compensado en los casos de culpa in contrahendo. Por

consiguiente, confirmaría el dictamen del Tribunal de

Apelaciones.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado