Tribunal Supremo de Puerto Rico
Puerto Rico Freight System v. Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico
2012 TSPR 158
Poder Judicial de Puerto Rico
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Puerto Rico Freight System v. Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico
CC-2011-278
Obligaciones y Contratos – Doctrina de culpa in contrahendo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Puerto Rico Freight System, Inc.,
representada por su Presidente,
Miguel Padilla
Recurrido
v.
Certiorari
2012 TSPR 158
Corporación para el Desarrollo de las
Exportaciones de Puerto Rico, t/c/c
Promoexport, representada por su
Director Ejecutivo, Antonio Sosa
Pascual; John Doe #1 y John Doe #2
187 DPR ____
Peticionarios
Número del Caso: CC-2011-278
Fecha: 22 de octubre de 2012
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón y San Juan
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Fernando Valderrabano Marina
Lcda. Arlyn González Díaz
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcda. Miriam Ramos Grateroles
Lcdo. Eugenio Rivera Ramos
Materia:
Obligaciones y contratos - Doctrina de culpa in contrahendo
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Puerto Rico Freight System,
Inc., representada por su
Presidente, Miguel Padilla
Recurrido
CCv.
Certiorari
Corporación para el Desarrollo
de las Exportaciones de Puerto
Rico, t/c/c Promoexport,
representada por su Director
Ejecutivo, Antonio Sosa
Pascual; John Doe #1 y John
Doe #2
Peticionarios
CC-2011-0278
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado Señor Rivera
García
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2012.
Este
recurso
nos
brinda
la
oportunidad
de
exponer si, conforme al tratamiento que ha tenido
la
doctrina
ordenamiento
de
culpa
jurídico,
in
contrahendo
procede
en
compensar
nuestro
a
una
parte por las ganancias que dejó de percibir al no
haberse perfeccionado el contrato proyectado.
En
este
caso,
Puerto
Rico
Freight
Systems
(PRFS o la recurrida) presentó contra la Compañía
de Comercio y Exportación (la peticionaria)1 una
1
Antes conocida como la Corporación de Crédito y Desarrollo
Comercial Agrícola de Puerto Rico, entidad subsidiaria del
Banco de Desarrollo y que luego se convirtió en la
Corporación Pública para el Desarrollo de las Exportaciones,
también conocida como Promo Export.
Posteriormente, esta
cambió su nombre a Corporación para el Desarrollo de las
Exportaciones,
adscrita
al
Departamento
de
Desarrollo
Económico y Comercio de Puerto Rico, actualmente conocida
como Compañía de Comercio y Exportación. Véase Determinación
de hechos número 2 de la Sentencia apelada. Petición de
certiorari, pág. 821.
CC-2011-0278
2
demanda sobre daños y perjuicios en la que le reclamó unas
indemnizaciones al amparo de dicha doctrina.
El Tribunal
de Primera Instancia (TPI) la declaró ha lugar y concedió
a favor de la recurrida, entre otras, una compensación por
concepto de lucro cesante.
confirmó
esa
El Tribunal de Apelaciones
determinación
e,
inconforme
con
ello,
la
peticionaria compareció ante nosotros mediante el recurso
de certiorari de epígrafe.
Atendido
el
recurso,
ordenamos
a
la
recurrida
que
mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto
solicitado y modificar esa sentencia, específicamente, la
parte que avaló la compensación por las ganancias dejadas
de percibir.
Estudiado el asunto, determinamos expedir
para revisar la procedencia de esa partida.
I
PRFS
realiza
exportaciones
marítimas desde Puerto Rico hacia el Caribe.
Su relación
con
la
es
una
corporación
peticionaria
se
que
remonta
a
un
contrato
arrendamiento que suscribieron en el 1993.
de
Mediante este
contrato, PRFS arrendó un edificio -identificado como el
número
11-
Exportación.
al
perteneciente
a
la
Compañía
de
Comercio
y
Más adelante, para el 1997, PRFS le comunicó
administrador
de
las
facilidades
comerciales
de
su
arrendadora que vislumbraba expandir su negocio, razón por
la que interesaba arrendar otro edificio.
la
peticionaria
le
comunicó
a
PRFS
que
Así entonces,
próximamente
estaría construyendo el “edificio 15” dentro de una zona
CC-2011-0278
3
identificada como la “zona libre”.2
del
presidente
de
PRFS,
el
Sr.
Esto llamó la atención
Miguel
Padilla,
habida
cuenta que interesaba convertirse en operador de esa zona.
Ahora
surgieron
bien,
debido
durante
la
arrendamiento,
PRFS
a
ciertas
vigencia
instó
una
de
desavenencias
que
ese
de
acción
contrato
judicial
sobre
injuction preliminar, cumplimiento específico de contrato
y daños, contra la peticionaria.
A raíz de ese pleito,
las partes suscribieron en diciembre de 1999 una moción de
desistimiento
por
estipulación,
desistiría del caso sin perjuicio.
mediante
la
cual
PRFS
El objeto principal de
tal transacción fue el futuro arrendamiento del “edificio
15”.
En su parte pertinente, la estipulación dispuso:
B) Las partes acuerdan que la parte codemandada, ahora Corporación para el Desarrollo
de las Exportaciones le arrendará al demandante
el edificio número 15 del Centro Mercantil
Internacional, el cual al presente se encuentra
en construcción, siempre y cuando las partes
lleguen a un acuerdo en los asuntos que están
negociando actualmente.
C) Con relación al Contrato del Edificio 15 el
señor Padilla solicita que:
1. Que el contrato sea de 10 años renovable a
10 años más.
2. El canon de arrendamiento no será mayor de
cinco
dólares
con
cincuenta
centavos
($5.50) anual el pie cuadrado, por el
término del contrato.
3. La Corporación será responsable de todas
las
mejoras,
diseños
y
construcciones
estructurales y el señor Padilla será
2
La “zona libre de comercio” opera bajo una ley federal que provee
incentivos para compañías de manufactura y movimiento de carga a
través de controles de la aduana federal. Id., pág. 824.
CC-2011-0278
4
responsable de todas las mejoras interiores
y de oficina.
4. Las mejoras que realice el señor Padilla en
el Edificio 15 serán aprobadas previamente
por la Corporación.
Dicha aprobación no
puede ser irrazonablemente denegada.
Al
concluir el contrato, la Corporación, a su
costo, podrá eliminar estas mejoras.
5. El (sic) eventualidad de que la Corporación
resuelva el contrato por falta de pago de
canon de arrendamiento, el señor Padilla
será
responsable
por
los
cánones
de
arrendamiento mientras las facilidades del
Edificio
15
estén
deshabitadas.
La
Corporación
será
responsable
de
hacer
gestiones de buena fe para conseguir un
nuevo arrendatario.
D)
El
señor
Padilla
será
responsable
de
convertirse en operador independiente de la Zona
Libre. De convertirse en operador independiente
de la Zona Libre se revisará el contrato de
arrendamiento del Edificio 11 a los efectos de
incluir al arrendador dentro de los incentivos
y/o ayudas que estuviesen vigentes para los
operarios de la Zona Libre.
E) La Corporación para el Desarrollo de las
Exportaciones se compromete a presentar ante su
Junta de Directores las peticiones del señor
Padilla para su estudio y consideración, sin que
por ello se entienda que su gestión constituye
una
aceptación
o
compromiso
de
que
las
peticiones serán aprobadas.
Se aclara que
específicamente las peticiones 1 y 2 del
apartado c constituyen peticiones fuera del
ámbito de poderes de otros funcionarios que no
sea la Junta de Directores de la Corporación y
sólo pueden ser aprobadas expresamente por estos
últimos.
F) Una vez las partes hayan llegado a un
acuerdo, la Corporación se compromete a tramitar
prontamente la redacción y aprobación del
contrato de arrendamiento del Edificio 15.
Petición de certiorari, Apéndice, pág. 2151.
Como vemos, la peticionaria se comprometió a llevar
ante su Junta de Directores los requerimientos de PRFS en
CC-2011-0278
5
cuanto a las cláusulas del contrato de arrendamiento que
se
proyectaba.
Los
orígenes
del
caso
de
epígrafe
se
remontan a esa estipulación. Conforme a lo convenido, PRFS
invirtió
dinero
necesidades
para
adecuar
operacionales
y
el
“edificio
15”
a
sus
para
adiestrar
parte
de
su
personal en cuanto a los trabajos que allí se estarían
realizando.
varias
Además, hizo presentaciones publicitarias a
compañías,
ofrecerles
los
en
y
servicios
fuera
de
de
Puerto
exportación.
Rico
Sin
para
embargo,
transcurrieron dos años sin que se llegara a un acuerdo
formal con respecto al “edificio 15”.
Trascendió que la
Junta de Directores de la peticionaria aprobó un término y
un
canon
de
arrendamiento
mayor
solicitado mediante la estipulación.
condiciones,
y
al
que
PRFS
había
PRFS no aceptó tales
consecuentemente,
el
contrato
de
arrendamiento no llegó a perfeccionarse.
Así
las
cosas,
la
peticionaria
una
cumplimiento
específico
recurrida
demanda
de
de
presentó
interdicto
la
contra
la
solicitando
el
estipulación.
Empero,
el
foro primario la desestimó, ya que entre las partes no
llegó a existir un contrato.
No obstante, resolvió lo
anterior
causas
sin
perjuicio
de
las
que
PRFS
pudiera
presentar por posibles daños y perjuicios.
Ante ese cuadro, PRFS incoó una demanda sobre daños y
perjuicios
contra
la
peticionaria.
En
lo
que
es
pertinente al recurso que atendemos, la recurrida apuntó
que tuvo una expectativa razonable de que el contrato de
CC-2011-0278
6
arrendamiento del “edificio 15” se perfeccionaría conforme
a
las
especificaciones
consignadas
en
la
estipulación.
Esto, debido a las representaciones y actuaciones de los
agentes y representantes de la peticionaria.
Agregó que,
acorde con esas expectativas, invirtió sobre $200,000 para
acondicionar la estructura del edificio a sus necesidades,
así como para poder convertirse en operador de la zona
libre.3
También solicitó, entre otras indemnizaciones, una
compensación ascendente a $7,872,084 por los ingresos que
dejó de percibir dada la pérdida de clientes prospectivos
al no arrendar el edificio 15.4
Celebrado
el
juicio,
el
TPI
reclamaciones antes mencionadas.
de
hecho,
que
durante
el
declaró
ha
lugar
las
Determinó, como cuestión
periodo
de
construcción
del
“edificio 15” no se le notificó al señor Padilla que se
perfilaba un cambio radical en cuanto a los términos del
contrato
contrario,
de
arrendamiento
sostuvo
que
de
el
ese
inmueble.
Director
Ejecutivo
Por
el
de
la
peticionaria le creó la expectativa al señor Padilla de
que
endosaría
estipulación.
la
las
propuestas
que
se
consignaron
en
la
De esta forma, el foro primario encontró a
peticionaria
responsable
conforme
a
la
doctrina
de
3
Según surge del expediente, PRFS sería la única arrendadora del
“edificio 15”, razón por la cual tuvo que atemperar la infraestructura
del edificio para que se ajustara a las necesidades de un solo
arrendatario.
4
También se presentaron unas acciones por interferencia torticera de
contrato, libelo e incumplimiento de contrato de arrendamiento con
respecto al “edificio 11”.
De estas causas de acción, las primeras
dos se declararon no ha lugar.
CC-2011-0278
7
culpa in contrahendo y le impuso el pago de $2,879,256.80.
Esta cantidad incluye los ingresos que hubiese generado
PRFS
durante
el
término
contractual
dispuesto
en
la
estipulación y los gastos invertidos en las alteraciones
estructurales del “edificio 15”, así como en el desarrollo
y la promoción de la “zona libre”.5
Además, le impuso el
pago de $4,000 en honorarios de abogado por temeridad.
Insatisfecha con el dictamen, la peticionaria acudió
al Tribunal de Apelaciones arguyendo que no actuó de mala
fe durante las negociaciones e
imputó error al TPI
al
conceder dichas partidas indemnizatorias, en especial, la
referente al lucro cesante.6
El foro intermedio confirmó
5
El TPI valoró los daños económicos relacionados con el “edificio 15”
en $3,599,071.
Determinó que de esa cantidad, la peticionaria debía
pagar el 80%, para un total de $2,879,256.80 (a esa partida le añadió
$757.38 relacionados con la causa de incumplimiento contractual
respecto al “edificio 11”). Esa distribución del daño surge porque en
la demanda, PRFS también solicitó daños económicos por cierto dinero
que invirtió en la preparación de un manual para operar la “zona
libre”.
Acorde con sus alegaciones, las agencias federales
pertinentes no aprobaron el manual debido a la negligencia de la
peticionaria.
Recordemos que en la estipulación el señor Padilla
consignó su interés de convertirse en operador de la “zona libre”.
Sin embargo, en cuanto a esa reclamación en particular, el TPI
entendió que PRFS había incurrido en un 20% de negligencia.
Id.,
págs. 730-731.
6
En específico, la peticionaria señaló que el TPI erró al:
1. no aplicar la doctrina de impedimento colateral por sentencia y
permitirle a la demandante apelada litigar nuevamente el
contenido de la estipulación y al fallar de manera distinta a lo
resuelto mediante sentencia final y firme en un pleito anterior.
2. apreciar y aquilatar la prueba, negarse a desestimar la demanda
bajo la Regla 39.2 (c) de las de Procedimiento Civil y al
conceder a la corporación demandante $218,481.00 por concepto de
gastos incurridos en la consecución de un contrato de
arrendamiento, mediando buena fe por parte de la CCE y una
partida millonaria en concepto de lucro cesante y/o “ganancias
dejadas de percibir” basado en que la Compañía de Comercio y
Exportación incurrió en culpa in contrahendo; y
3.
conceder intereses pre sentencia y honorarios de abogado sin
haber mediado una determinación expresa de temeridad por parte
de la Compañía de Comercio y Exportación y a pesar de que esta
logró la desestimación de dos de las cuatro causas de acción de
CC-2011-0278
la
8
determinación
sosteniendo
así
del
la
TPI
en
compensación
todos
sus
adjudicada
aspectos,
por
lucro
cesante.
Fundamentó su dictamen en que esa partida estaba
sostenida
por
la
prueba
y
en
que
el
propósito
de
la
doctrina de culpa in contrahendo es regresar a las partes
a la situación en que se encontraban antes de comenzar los
tratos fallidos.
No
conteste
con
tal
proceder,
comparece
ante
esta
Curia la peticionaria y nos señala que:
1. Erró
el
Honorable
Tribunal
de
Apelaciones al confirmar la sentencia
del Tribunal de Primera Instancia y
conceder a la corporación demandante
$218,481.00
por
concepto
de
gastos
incurridos en la consecución de un
contrato de arrendamiento, cuando medió
buena fe por parte de la CCE y esta no
se retiró de las negociaciones.
2. Erró
el
Honorable
Tribunal
de
Apelaciones al confirmar la sentencia
del Tribunal de Primera Instancia y
conceder
una
suma
millonaria
para
compensar los gastos positivos bajo la
doctrina de culpa in contrahendo, suma
totalmente improcedente en derecho.
3. Erró
el
Honorable
Tribunal
de
Apelaciones al confirmar la sentencia
del Tribunal de Primera Instancia y
conceder
intereses
pre-sentencia
y
honorarios de abogado por temeridad.
Por su parte, la recurrida puntualiza que este caso
no puede disponerse únicamente de acuerdo con la doctrina
de culpa in contrahendo.
Nos sugiere, entonces, que lo
analicemos en virtud de los Arts. 1802, 1803 y 1059 del
la demandante – apelada por ausencia de prueba bajo la regla
39.2 (c) de las de Procedimiento Civil. Petición de certiorari,
pág. 75.
CC-2011-0278
Código
9
Civil
de
Puerto
Rico,
disposiciones
que,
a
su
juicio, justifican la indemnización concedida.7
Ante el marco fáctico que precede, pasamos a exponer
las
normas
jurídicas
que
se
relacionan
con
la
persona
se
controversia.
II
A
Sabemos
que
mediante
un
contrato
obliga a dar una prestación a otra.
una
Una vez constituido,
ese convenio se convierte en la ley entre las partes, cosa
que se traduce en el principio de pacta sunt servanda, o
en otras palabras, en que las partes están comprometidas a
cumplir lo pactado.
Véase, BPPR v. Sucn. Talavera, 174
D.P.R. 686 (2008).
Por ello, contravenir una obligación
contractual
el
acarrea
pago
de
alguna
indemnización
o
quedar sujeto al cumplimiento específico de las cláusulas
pactadas.
Véanse: Arts. 1230 y 1054 del Código Civil de
Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 3451 y 3018.
Ahora bien, la doctrina reconoce que existen varias
etapas que preceden la perfección de un contrato.
Así
pues, se ha dicho que tiene lugar una etapa preliminar
7
El Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico dispone que “[e]l que
por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o
negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia
concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva
la reducción de la indemnización.”
31 L.P.R.A. sec. 5141. Por su
parte, el Art. 1803 atiende la responsabilidad de los dueños o
directores de un establecimiento por los daños causados por sus
dependientes o agentes.
31 L.P.R.A. sec. 5142. El Art. 1059 apunta
que “[l]a indemnización de daños y
perjuicios comprende no sólo el
valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia
que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las disposiciones
contenidas en las secciones siguientes”. 31 L.P.R.A. sec. 3023.
CC-2011-0278
10
preparatoria,
ejecutoria.
las
una
de
perfección
y,
finalmente,
una
La primera de estas comprende los tratos o
negociaciones
interno
de
la
preliminares,
formación
del
es
decir,
contrato;
la
el
proceso
segunda,
es
cuando concurren todos los elementos esenciales para la
existencia de este y la tercera se refiere a cuando se
realiza el cumplimiento de la prestación acordada.8
J. M.
Lete Del Río y otros, Derecho de obligaciones, Navarra,
Ed. Thomson Aranzadi, 2010, Vol. 1, pág. 467.
En este
caso, nos corresponde estudiar lo pertinente a la etapa
preliminar,
opiniones
y
cabe
señalar
que
esta
ha
interesantes
debates
que
no
suscitado,
doctrinarios.
han
sido
pocas
las
siendo
así
objeto
de
Examinemos,
pues,
dicha normativa.
Hablando sobre los tratos preliminares, Antonio Román
García nos instruye en cuanto a que en el transcurso de
estos
las partes pueden haber coincidido sobre una
serie de aspectos y concretar estos acuerdos
parciales dándoles incluso forma escrita; son
apuntes, minutas, borradores o proyectos que,
o bien pueden recoger puntos esenciales del
futuro contrato, o derivaciones puramente
accidentales, representando, en todo caso, por
sí
mismos
la
continuación
de
la
etapa
8
María García Rubio, anotando a G. Faggella, nos expone que durante el
periodo de preparación de todo contrato deben distinguirse tres
momentos: un primer periodo de elaboración o momento preformativo de
la oferta; un segundo periodo de perfeccionamiento o de concreción de
la propuesta, y un tercer periodo, que el autor italiano denomina
“momento operativo” o de puesta en movimiento de la oferta. M. García
Rubio, La responsabilidad precontractual en el derecho español,
Madrid, Ed. Tecnos, 1999, pág. 31. (citando a G. Faggella, Dei periodi
precontrattuali e della loro vera esatta construzione scientifica,
Studi giuridici in onore de Carlo Fadda, 1906, t. III, págs. 271 y
sig.
CC-2011-0278
11
preparatoria del contrato iniciada con los
tratos preliminares que, por otro lado, no
provocan
generalmente
ningún
género
de
naturaleza
contractual.
(Citas
internas
omitidas).
A. Román García, El precontrato:
estudio dogmático y jurisprudencial, Madrid,
Ed. Montecorvo, S.A., 1982, págs. 373-374.
Se
deduce
que
durante
estas
negociaciones
que
preceden al contrato, no existen los elementos necesarios
para que pueda nacer la obligación contractual; es decir,
el contrato
no está supeditado
a la aceptación de una
oferta, puesto que esta aún se encuentra en la etapa de
gestación.9
Lo que ocurre en esta fase son conversaciones
en
se
las
que
discute,
se
proyecta,
se
observa
y
se
sugiere, a la par que se perfilan los términos que más
adelante servirán para establecer la base del contrato.
B.
Moreno
Quesada,
La
oferta
de
contrato:
génesis
del
contrato y responsabilidad antecontractual, Barcelona, Ed.
Nereo, 1963, pág. 16.
período
9
comprende
Otros autores han señalado que este
simplemente
un
intercambio
de
ideas
Como paréntesis, es importante puntualizar que la doctrina y la
jurisprudencia diferencian la etapa preparatoria de las figuras
jurídicas del precontrato y de la oferta.
Por un lado, los actos
preparatorios de un contrato no pueden confundirse con un precontrato,
ya
que
no
producen
una
verdadera
vinculación
de
naturaleza
contractual.
Véase, A. Román García, El precontrato: estudio
dogmático y jurisprudencial, Editorial Montecorvo, S.A., 1982, págs.
364, 373-374.
Véase, también, J. Santos Briz, La contratación
privada, Madrid, Ed. Montecorvo, 1966, pág. 100.
El precontrato es
considerado como un contrato independiente con su propia identidad y
significación. Román García, op cit., pág. 94. Véanse además: Jordan
v. Padró, 103 D.P.R. 813 (1975); Rossy v. Tribunal, 80 D.P.R. 729
(1958). Por otra parte, la oferta de contrato no es de modo alguno un
acto preparatorio de contrato ya que esta es en sí misma una
declaración contractual. E. A. Sánchez Urite, La oferta de contrato,
fuerza vinculante, Argentina, Ed. Abeledo-Perrot, 1975, Sec. 11, pág.
33. La oferta debe reunir todos los elementos necesarios para que se
pueda perfeccionar el contrato, de manera que la prestación del
consentimiento sea suficiente para que este nazca a la vida jurídica.
La importancia de dicha diferenciación reside en el tratamiento que
recibe la responsabilidad que surge de acuerdo con la manera como las
partes actúen durante cada una esas etapas. Se deduce, que no todas
reciben un trato unívoco.
CC-2011-0278
12
destinado a llegar, con el tiempo, a la formulación de la
oferta de contrato, pero
que
no
es
obligatorio, ni la
parte que formule las ideas esta forzada a permanecer en
ellas.
E. A. Sánchez Urite, La oferta de contrato: fuerza
vinculante, Argentina, Ed. Abeledo-Perrot S.A., 1975, Sec.
219, pág. 108.
Como bien nos resume Luis Díez-Picazo,
[e]stas conversaciones, proyectos o minutas no
constituyen per se ningún acto jurídico en
sentido estricto, pues de ellos no se derivan
efectos jurídicos de manera inmediata.
No
puede decirse que entre las partes se cree una
relación jurídica originada por la voluntad de
iniciar los tratos o las conversaciones. Sin
embargo, tampoco puede decirse que los tratos
o
conversaciones
sean
en
sí
mismos
irrelevantes.
L. Díez-Picazo y otros, Fundamentos del
derecho civil patrimonial, 6ta ed., Pamplona,
Ed. Thomson Civitas, 2007, Vol. 1, pág. 311.
Ciertamente, las partes realizan tratos preliminares
para
perfeccionar
un
contrato
y
cabe
destacar,
que
en
aquellos que son de gran importancia económica o de cierta
complejidad, es frecuente que antes de que se produzca el
concurso contractual, tengan lugar tales intercambios de
ideas.
Véase L. Díez-Picazo, Sistema de derecho civil,
6ta ed. rev., Madrid, Ed. Tecnos, 1989, págs. 68-69.
No
obstante,
ordenamiento
obligado
a
es
jurídico
contratar.
un
principio
puertorriqueño
Colón
v.
cardinal
que
Glamorous
en
el
nadie
está
Nails,
167
D.P.R. 33, 44 (2006).10
Véase, también, Prods. Tommy Muñiz
v.
517,
10
COPAN,
113
D.P.R.
526
(1982).
Es
decir,
las
Citando a J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed.,
Barcelona, Ed. Bosh, 1978, T. II, Vol. I, pág. 226.
CC-2011-0278
partes
no
13
están
obligadas
hasta
perfeccionar
negociaciones
a
proseguir
el
contrato,
con
las
sino
que
pueden retirarse de estas acorde a sus mejores intereses.
Íd.
Esa conclusión es ineludible ya que el hecho de que
no se concrete el convenio es, por la misma naturaleza de
los tratos preliminares, uno de sus posibles desenlaces.
Dicho
de
otra
manera,
se
intenta
un
resultado
ocasiones, puede que no llegue a ocurrir.
que
en
Moreno Quesada,
op. cit. pág. 54. Véase, también; Román García, op. cit.
pág. 365.
Así pues, entrar en una relación contractual se
entiende como un ejercicio de la voluntad propia.
Véanse:
Arts. 1206 y 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31
L.P.R.A. secs. 3371 y 3391.
B
Conforme hemos discutido, es una prerrogativa de las
partes
desistir
de
los
tratos
precontractuales.
No
obstante, se ha reiterado que el ejercicio de un derecho
no está exento de responsabilidad si se ejercita de forma
abusiva.
Tommy Muñiz v. COPAN, supra, pág. 528.
Esto
significa que existen límites en cuanto a la manera de
retraerse
de
preliminares.11
11
las
negociaciones
durante
los
tratos
Véase Lete Del Río, op cit., pág. 468.
Luis Díez-Picazo entiende que
“[l]a posibilidad de retirarse de los tratos o abandonar
unas negociaciones no constituye un derecho subjetivo en
sentido técnico, del que se pueda abusar por ejercitarlo
de forma extralimitada. No es más que un reflejo de la
libertad, específicamente de la libertad contractual.”
L. Díez-Picazo y otros, Fundamentos del derecho civil
patrimonial, 6ta ed., Pamplona, Ed. Thomson Civitas,
2007, pág. 319.
CC-2011-0278
14
Esta Curia se enfrentó a esa situación por primera
vez en el caso Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra.
Allí,
luego de que las partes estuvieran negociando por un lapso
de tiempo sin que se hubiese otorgado un contrato, el Sr.
Tommy Muñiz demandó a COPAN para que cumpliera con la
adjudicación
de
una
subasta.
Ante
ello,
el
foro
de
instancia resolvió que la parte demandada estaba obligada
a resarcir únicamente los perjuicios causados y los gastos
en
que
el
demandante
negociaciones.
hubiese
incurrido
durante
las
Al revisar el dictamen, por no existir en
nuestro derecho positivo una figura jurídica que atendiera
directamente
esa
doctrina
la
de
controversia,
culpa
in
examinamos
contrahendo,
entonces
expuesta
en
la
sus
orígenes por el autor alemán R. Von Inhering.12
Luego de estudiar el asunto, expusimos que las partes
tienen
pleno
derecho
a
decidir
si
se
obligarán
contractualmente.
Sin pasar por alto lo antes mencionado,
dictaminamos
durante
que
la
fase
precontractual
imperativo que estas actúen conforme a la buena fe.13
págs.
526-527.
Señalamos,
en
palabras
del
es
Íd.,
tratadista
12
Véanse las
anotaciones históricas de M.
García Rubio,
La
responsabilidad precontractual en el Derecho español, Madrid, Ed.
Tecnos, 1996, pág. 27.
13
Como nos ilustra María García Rubio, esta buena fe precontractual
depende en parte de la naturaleza de la relación jurídica y la
finalidad perseguida por las partes a través de ella.
García Rubio,
op. cit., pág. 43. Nos dice esta autora que entre los deberes típicos
de la fase precontractual se encuentra el deber de información, y de
lealtad y de protección. Id. Añade, que no es menester asegurar que
la totalidad de los deberes mencionados aparezcan de manera conjunta
en todos los supuestos de culpa in contrahendo, sino que cada uno de
ellos suele ser característico de una determinada hipótesis de
responsabilidad precontractual, aunque a veces esta responsabilidad
puede configurar la violación de varios deberes. Id.
CC-2011-0278
15
español Díez-Picazo, que dicho deber “no impera solamente
en
las
relaciones
jurídicas
ya
establecidas
o
constituidas, sino también en las relaciones derivadas de
un simple contacto social.”
Prods. Tommy Muñiz v. COPAN,
supra, pág. 527.14
Si bien en el caso precitado aplicamos la doctrina de
la culpa in contrahendo cuando una parte obra contrario a
la buena fe, y negligentemente, causa un daño a otro, no
pasó desapercibida la dificultad de definir la categoría
jurídica de esta doctrina.
En ese sentido, dijimos que:
…la amplia gama de supuestos sobre los cuales
puede
asentarse
la
responsabilidad
precontractual hace necesario que en el
análisis del problema se considere qué figura
jurídica -culpa, dolo, fraude, buena fe, abuso
del derecho u otros principios generales del
derechoresponde
más
adecuadamente
como
fundamento jurídico para la solución del caso.
Esto ya que las negociaciones que anteceden al
contrato pueden ser de variada índole, y por
tanto, la responsabilidad precontractual puede
surgir en diferentes supuestos. Prods. Tommy
Muñiz v. COPAN, supra, págs. 529-530.
Como vemos, a partir de Prods. Tommy Muñiz v. COPAN,
supra, no cabe duda que la referida doctrina tiene cabida
en el ordenamiento jurídico puertorriqueño; no actuar en
concordancia con lo que exige la buena fe requerida en el
periodo
14
precontractual
apareja
incurrir
en
la
Ya desde principios del siglo pasado G. Faggella había estimado que
desde este primer periodo preparatorio era posible la responsabilidad
precontractual.
Según su criterio, en ese lapso de tiempo existe
entre las partes una autorización tácita a tratar que, a pesar de que
no puede considerarse un contrato en sí, genera la confianza de que se
perseverará hasta un acuerdo final o hasta que se derive que el
convenio no es posible. Esto significa que la ruptura de los tratos
preliminares, en caso de retirada intempestiva, genera la obligación
de resarcimiento por los gastos efectuados por la otra parte.
Rubio
García, op. cit., pág. 32.
CC-2011-0278
16
responsabilidad
contrahendo.
normativa
que
se
deriva
de
la
llamada
culpa
in
Empero, en aquella ocasión no abordamos la
que
concierne
a
la
compensación
otorgarse en una causa de esa naturaleza.
que
debe
En cuanto a esa
materia, gran parte del debate doctrinario gira en torno a
la
catalogación
contrahendo,
que
es
se
decir,
le
confiere
el
a
carácter
la
culpa
contractual,
extracontractual o sui generis de la doctrina.
otros
autores
Entienden
que
restan
la
importancia
médula
del
a
tal
asunto
in
Mientras,
clasificación.
radica
en
la
indemnización que haya de otorgarse.15
Por nuestra parte, en Torres v. García, 119 D.P.R.
698, 703 (1987), resolvimos una controversia al amparo de
la doctrina de culpa in contrahendo, y acogiendo la tesis
de B. Moreno Quesada16, mencionamos que esa responsabilidad
se encontraba inmersa en el Art. 1802 del Código Civil de
Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141, dado a que en ese
artículo se recogen, entre otros, los casos de perjuicios
causados por el ejercicio abusivo de los derechos.
Años
después, en Colón v. Glamorous Nails, supra, enunciamos
que el deber de actuar conforme a la buena fe durante los
tratos
preliminares
no
se
refiere
a
la
obligación
de
15
José Manuel Lete Del Río señala que lo más acertado es la atención
al caso concreto y la
huida de calificaciones apriorísticas
(contractuales o extracontractuales) que, según dice, no sirven para
resolver los problemas prácticos planteados por las negociaciones
frustradas o el contrato viciado.
J.M. Lette Del Río, Derecho de
obligaciones, Navarra, Ed. Thomson Aranzadi, 2010, Vol. 1, págs. 490491.
16
B. Moreno Quesada,
Nereo, 1963, pág. 46.
La
oferta
del
contrato,
Barcelona,
Colección
CC-2011-0278
diligencia
1802,
17
genérica
supra.
Más
y
erga
bien,
omnes
impuesta
proferimos
que
por
el
Art.
la
culpa
in
contrahendo
[e]s una obligación hacia una persona determinada,
que surge en aquel momento en el curso de las
negociaciones en el cual el ejercicio del derecho
de una parte a retirarse, corolario del principio
de la autonomía de la voluntad, activa la
protección de la confianza depositada por la otra
y resulta contrario al principio inmanente de la
buena fe. La realidad es que, al igual que otros
supuestos
de
responsabilidad
que
nacen
por
aplicación de los principios derivados de la buena
fe, la culpa in contrahendo carece de regulación
propia.
Por eso, aunque la hemos ubicado, por
analogía, bajo la égida del Art. 1802 de Código
Civil,
supra,
estamos
obligados
a
continuar
colmando, caso a caso, los vacíos normativos
subsistentes, en aquellos aspectos que no son del
todo compatibles con los elementos típicos de la
responsabilidad
extracontractual.
(Citas
omitidas). Colón v. Glamorous Nails, supra, pág.
55.
Parte
debe
del
asunto
concederse
dilucidar
si
lo
referente
intimamos
procedía
a
la
en
ese
conceder
a
indemnización
la
mismo
caso,
demandante
que
al
una
compensación por los daños emocionales según esa causa.
Esgrimimos, citando a Asúa González y a Ghersi, que
[l]a indemnización por culpa in contrahendo
es pues, reparativa, basada en el principio
de que quien vulnera la confianza depositada
por otro, debe devolver a esa persona al
estado en que estaría si no se hubiesen dado
las circunstancias que dan lugar a la
reparación.
Se cuida mucho la doctrina de
permitir que a través de la indemnización la
parte
agraviada
obtenga
las
ventajas
económicas que hubiera representado llevar a
feliz término el proceso de negociación
(interés positivo). En vez, el objetivo es
“colocar al perjudicado como si no hubiese
emprendido los contactos negociales.” (Citas
omitidas) Colón v. Glamorous Nails, supra
pág. 57.
CC-2011-0278
De
18
esta
indemnizar
manera,
por
el
dictaminamos
rompimiento
que
culposo
el
de
deber
los
de
tratos
preliminares, alcanza de ordinario, tan solo el llamado
“interés negativo”, es decir, la reparación de los gastos
sufridos
y
las
pérdidas
patrimoniales17
proceder arbitrario de la parte culpable.18
derivadas
del
Id., pág. 58.
Conforme a ese análisis, rechazamos el argumento de que
procedían compensaciones morales en tales casos.
Los fundamentos que delimitan la indemnización que se
debe conceder en casos de culpa in contrahendo son: (1)
que la responsabilidad de actuar conforme a la buena fe
surge
como
“hija
de
la
equidad”,
para
sancionar
el
quebrantamiento de la confianza, y ,(2) de fuerte política
17
En cuanto a los
Quesada opina que:
gastos
incurridos
en
las
negociaciones,
Moreno
“Resulta de suma importancia la determinación en cada
caso de si efectivamente los gastos, estudios, y en
general, las actividades que constituyen el contenido
propio de las negociaciones previas, están justificados
por la aprobación de la otra parte, que ha podido
intervenir directamente tomando la iniciativa al encargar
su realización, o bien de un modo menos directo,
asintiendo a los que va a realizar la otra parte.
Y
decimos que es de interés fijar con claridad este
extremo, porque precisamente uno de los presupuestos de
la exigencia de responsabilidad preliminar, es que los
incursos en ella hubiesen alentado el comienzo o la
continuación de los gastos que van a hacerla nacer,
creando en las personas que los realizan un estado de
ánimo
de
confianza
en
la
trascendencia
de
las
negociaciones y la fundada esperanza de que por su
transcurso obtendrá unos resultados con los que compensar
los desembolsos o actividades que realice, o que si el
éxito no las corona se deberá a la imposibilidad de
llegar a unos acuerdos dada la incompatibilidad de las
posturas de las partes negociadoras.”
Moreno Quesada,
op. cit., pág. 47.
18
Cabe destacar que como contraparte al interés negativo, existe
también el interés positivo, que es el llamado interés de cumplimiento
o interés de la ejecución de un contrato.
El interés negativo está
determinado por la falta de validez o por la frustración del contrato,
también llamado interés de confianza.
Díez-Picazo, Fundamentos de
derecho civil patrimonial, op. cit, pág. 325.
CC-2011-0278
pública
19
que
existe
a
favor
libertad de contratación.
del
tráfico
jurídico
y
la
En cuanto a esto último, fuimos
enfáticos en establecer la necesidad de sujetar el alcance
de
esa
pública
responsabilidad
que
a
usualmente
consideraciones
no
están
de
política
presentes
en
determinación de responsabilidad extracontractual.
eso
que
reiteramos
que
la
doctrina
de
la
Es por
culpa
contrahendo debe aplicarse solo restrictivamente.
v.
Glamorous
Nails,
supra, pág. 710.
supra,
pág.
47.
Torres
la
v.
in
Colón
García,
Nos señala Luis Díez-Picazo, anotando a
De Lupis, que “si se estableciera un régimen general de
responsabilidad, se impondría a las partes tal cautela y
circunspección
que
vida del tráfico.”
se
obstaculizaría
energéticamente
la
Díez-Picazo, Sistema de derecho civil,
op. cit., págs. 68-69.
Si
bien
expusimos
las
instancias
en
que
hemos
aplicado la doctrina de culpa in contrahendo, la anterior
reseña no dispone de la controversia que nos ocupa.
Como
ya adelantamos, debemos justipreciar si en el ordenamiento
jurídico puertorriqueño procede compensar el lucro cesante
de
acuerdo
discusión.
en
Colón
con
los
fundamentos
Glamorous
Nails,
compensación
incluiría
únicamente
doctrina
en
supra,
el
resolvimos
llamado
que
la
“interés
Nos corresponde, pues, delimitar el alcance de
dicho interés.
encuentra
la
La peticionaria arguye la negativa, por cuanto
v.
negativo”.
de
De entrada, destacamos que la doctrina se
dividida
respecto
a
ese
particular.
Por
un
CC-2011-0278
20
lado, algunos juristas opinan que las ganancias dejadas de
percibir, deben comprenderse dentro del llamado
negativo, mientras otros opinan lo contrario.
a
escrutar
este
asunto,
definiendo
interés
Procedamos
primeramente
el
concepto lucro cesante y, luego, elucidando si ese tipo de
compensación es cónsona con la doctrina en discusión.
C
El Art. 1059 del Código Civil de Puerto Rico,
31
L.P.R.A. sec. 3023, que trata sobre la naturaleza y el
contenido de las obligaciones, regula el deber de resarcir
a una persona por las ganancias que dejó de percibir.
Esta
disposición
daños
y
preceptúa
perjuicios
que
comprende
“[l]a
no
indemnización
de
el
la
solo
valor
de
pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia
que
haya
dejado
de
obtener
ubicación
en
el
Código,
exigible
en
caso
de
este
acreedor
…”.
Por
su
tipo
reparación
es
contractuales
o
de
incumplimientos
extracontractuales.
Responsabilidades
el
Véase
derivadas
de
A.
Borrell
Macia,
culpa
extracontractual
civil, Estudio del artículo 1902 del Código Civil y breves
comentarios sobre los artículos 1903 y 1910 del propio
Cuerpo legal, Barcelona, Ed. Bosh, 1958, Sec. 38, págs.
81-83.
En
nuestra
compensación
daño
que
ingresos
jurisprudencia,
por
debe
lucro
cesante
resarcirse
infligida
al
por
hemos
descrito
a
la
como
aquella
partida
de
razón
de
la
pérdida
de
la
correspondiente
perjudicado
y
CC-2011-0278
21
disminución de su capacidad productiva.
v.
Nationwide,
156
D.P.R.
614,
S.L.G. Rodríguez
623-624
(2002).
Más
específicamente, es una ganancia futura frustrada que con
cierta
probabilidad
era
de
esperarse
natural de los acontecimientos. Id.19
según
el
curso
Y en relación con el
presente caso, conviene anotar los apuntes del tratadista
Manuel
Albaladejo,
en
cuanto
a
que
también
constituye
lucro cesante, los contratos frustrados que se hayan hecho
con terceros o que se pudieran haber realizado de no haber
mediado el incumplimiento del deudor.
M. Albaladejo y
otros,
y
Comentarios
al
Código
Civil
compilaciones
forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, (1989), T. XV, V.
1, pág. 687.
Ahora
bien,
existen
ocasiones
improcedente esta partida.
misma
resulta
correlación
el
acto
las
cuales
será
Una de estas es cuando la
especulativa
con
en
o
no
se
dañoso.
puede
demostrar
su
S.L.G.
Rodríguez
v.
Nationwide, supra.
Por otro lado, en ocasión de referirse
a
en
las
situaciones
que
ha
mediado
un
incumplimiento
contractual, Albaladejo nos indica que
[t]ambién
esta
justificado
el
rechazo
cuando el acreedor ha solicitado por vía
resolutoria la indemnización de los gastos
de confianza contractual (interés negativo)
y, cumulativamente, a la ganancia frustrada
por incumplimiento. Albaladejo, op cit.,
pág. 686.
19
Téngase presente que para poder obtener esta compensación, es
necesario que el reclamante establezca que las actuaciones del
demandado ocasionaron la interrupción y el cese de sus ingresos.
S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 D.P.R. 614, 624 (2002).
CC-2011-0278
22
Relacionado con lo anterior, y discutiendo el Art.
1.124 del Código Civil de España -análogo al Art. 1077 de
nuestra
legislación
resolver
las
civil,20
obligaciones
que
regula
recíprocas-
el
derecho
Díez-Picazo
a
nos
ilustra que el lucro cesante no debe proceder cuando una
parte solicita que se resuelva un contrato.
Razona que
la propia definición de “lucro cesante” implica que el
acreedor
se
quiere
colocar
en
la
misma
situación
patrimonial que si el contrato hubiese llegado a buen
término, cosa que no guarda armonía con la resolución.
Díez-Picazo,
271.
las
Sistema
de
derecho
civil,
op.
cit.,
pág.
Una vez definido el lucro cesante y algunas de
instancias
en
que
este
no
procede,
pasemos
a
determinar si el “interés negativo” engloba su recobro.
Para ello, debemos repasar los orígenes de ese interés,
cometido en el que nos ayudan los apuntes de la profesora
María García Rubio.
Nos
recuerda
Veamos.
esta
autora
que
R.
Von
Inhering,
al
exponer su tesis en cuanto a la culpa in contrahendo, se
enfocó
en
el
hecho
de
que
si
una
parte
ocasionaba
la
nulidad de un contrato, por haber incurrido en esa culpa,
respondía frente a la otra por el daño causado debido a la
anulación.
20
García Rubio, op cit., pág. 27. Nos continúa
El art. 1077 dispone en parte que “[l]a facultad de resolver las
obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de
que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El
perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución
de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses
en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.” 31
L.P.R.A. sec. 3052.
CC-2011-0278
23
relatando que el “culpable” no habría de responder con el
equivalente
de
la
prestación
prometida
ya
que
de
un
contrato nulo no podría surgir la obligación de cumplir.
Anota que, según los postulados del tratadista alemán, el
“culpable”
… estar[ía] obligado a poner a la otra parte en
la
misma
situación
patrimonial
en
que
se
encontraría si no hubiese estipulado el negocio;
esto último sería el interés negativo, o interés
en la no conclusión del contrato por oposición a
aquello, que sería el interés positivo o interés
en el mantenimiento o ejecución de la obligación,
existiendo correspondencia entre lo primero y la
invalidez del negocio, y lo segundo y su validez.
El
interés
negativo,
que
en
determinadas
ocasiones podría alcanzar el montante del interés
positivo, vendría conformado tanto por pérdidas
efectivas, como por falta de ganancias; entre las
primeras estarían los gastos realizados en
preparación y ejecución del contrato nulo (v.
gr., gastos de embalaje, expedición, etc.); entre
las segundas habría de computarse, sobre todo, la
pérdida
de
otras
ocasiones
favorables
de
contratar. Id., pág. 28.
Para el tratadista alemán Von Ihering, dentro de la
falta de ganancias debían computarse los daños derivados
por el rechazo de otras ocasiones en que se hubiese podido
concluir el contrato, así como el hecho de haber dejado de
buscar en tiempo útil esas posibles oportunidades.
Id.,
pág. 231.
Es de notar que el precursor de la doctrina de la
culpa in contrahendo estimó que la pérdida de ganancias
figuraba
como
tiempo,
hay
parte
también
del
interés
quienes
negativo.
piensan
de
En
nuestro
manera
similar.
Algunos autores opinan que se debe calcular como parte
integral
de
dicho
interés
tanto
los
gastos
inútilmente
CC-2011-0278
24
realizados o, más propiamente, el daño emergente,21 así
como la frustración de ganancias.
García Rubio, op cit.,
pág. 232. Véase, también, Lete del Río, op. cit., pág.
491.
Para otros, el daño resarcible es todo aquel que se
derive de la relación de causalidad. García Rubio, op.
cit., págs. 235-236.
Por su parte, Bernardo Moreno Quesada rechaza la idea
de
resarcir
todos
los
daños
derivados
de
la
falta
ejecución del contrato que se esperaba formar.
de
Concibe,
que de ningún modo puede llevarse a ese extremo la cuantía
de la indemnización.
Continúa
exponiendo
Moreno Quesada, op. cit., pág. 56.
este
autor,
que
esto
será
exigible
solo cuando se trate de un supuesto de responsabilidad
contractual, caso distinto al que tiene lugar durante los
tratos preliminares.
Así
también,
y
contrario
a
lo
que
Inhering,
el
jurista
italiano
G.
concepto
de
interés
negativo,
según
opinaba
Fagella
rechazó
definido
primero, aún en casos en que existiera una oferta.
Rubio, op cit. pág. 32.
Von
por
el
el
García
Fagella razonó, que el montante
resarcible es el valor de la oferta con relación a la
formación del contrato y los daños y gastos con los que el
destinatario
había
contribuido
a
la
elaboración
de
los
tratos y de la propia oferta, sin que en estos últimos se
21
Según nos expone María García Rubio, los daños emergentes son los
gastos derivados del desarrollo de los tratos truncados, como viajes,
asistencia legal e inversiones efectuadas con vista a exigir o recibir
la prestación frustrada, tales como obras de acondicionamiento, entre
otras. García Rubio, op. cit., pág. 233.
CC-2011-0278
25
incluyeran los gastos derivados de la reparación de las
ocasiones contractuales perdidas.
Por
otra
parte,
Luis
Díez-Picazo
interpreta
que,
aunque la ruptura de las negociaciones no presente una
causa justificada, no son resarcibles los gastos que se
han llamado “especulativos” o que constituyen un riesgo
implícito
de
resarcibles
realizar
todo
los
para
negocio.
Por
el
todas
contrario,
gastos
que
de
formas
iniciar
las
negociaciones.
serían
habría
que
Díez-Picazo,
Fundamentos de derecho civil patrimonial, op. cit., pág.
324.
En cuanto a la inclusión del lucro cesante en el
interés negativo, nos dice que
[l]a doctrina es por lo general pacífica en el
sentido de que el daño resarcible en los
supuestos de responsabilidad precontractual se
limita al interés negativo, que comprende,
cuando se dan los supuestos más arriba
señalados,
el
rembolso
de
los
gastos
proyectados en contemplación del contrato
proyectado.
Se ha discutido si el interés
negativo comprende también el lucro cesante o
las ventajas que la parte perjudicada hubiera
podido obtener por haber perdido otro negocio.
En la jurisprudencia italiana parece existir
alguna línea favorable a la inclusión de este
lucro cesante, pero, con mejores argumentos,
se ha sostenido a nuestro juicio la solución
contraria.
En los casos de ruptura de
negociaciones, la existencia de una ocasión
más provechosa o ventajosa es un motivo justo
de retirada, y si la parte no lo aprovechó,
solo a ella le es imputable.
La situación
parece
distinta
en
los
casos
de
responsabilidad precontractual por nulidad de
contrato, donde la parte que ha violado los
deberes de buena fe, se encuentra obligada al
resarcimiento de la pérdida de la ocasión mas
ventajosa para quien concluyó el contrato
fundado en la confianza de la validez del
mismo. Díez-Picazo, op. cit., pág. 325.
CC-2011-0278
Si
26
bien
vimos
que
el
Profesor
Díez-Picazo
se
ha
inclinado a no incluir las pérdidas de otras oportunidades
de
contratar,
según
nos
explica
M.P.
García
Rubio
“recientemente ha matizado su postura”.
Estudio Doctrinal:
La
la
Responsabilidad
precontractual
en
propuesta
de
modernización del derecho de obligaciones y contratos.
LXV
Boletín del Ministerio de Justicia Núm. 2130 (2011), n. 21.
Disponible en www.mjusticia.es/bmj.22
III
Luego
de
doctrinal
que
contrahendo,
exponer
ha
así
el
tenido
como
la
tratamiento
la
jurisprudencial
doctrina
compensación
de
que
y
culpa
in
ella
se
de
deriva, procedamos a resolver la médula del asunto ante
nuestra
consideración,
esto
es,
si
dentro
de
la
indemnización que se ha denominado como “interés negativo”
procede incluir una partida correspondiente a la pérdida
de ganancias o lucro cesante.
Moreno
Quesada,
adjudicadora,
nos
“fijar
indemnizables …”.
En palabras de Bernardo
corresponde,
la
en
extensión
nuestra
de
función
los
daños
Moreno Quesada, op cit. pág. 58.
En el presente caso PRFS presentó una demanda contra
la peticionaria y le requirió el pago de ciertas partidas,
entre
daños,
22
las cuales incluyó una
correctamente,
fueron
por
lucro cesante.
atendidos
por
los
Esos
foros
La autora, citando a L. Díez-Picazo, La existencia del contrato,
AAMN, núm. 39., pág. 190 (2009), nos indica que este autor “afirma que
aunque se trate de una cuestión discutida y no bien resuelta, ha de
entenderse que como consecuencia de la negociación emprendida, hubiera
perdido otra ocasión mas ventajosa de contratar”.
CC-2011-0278
27
inferiores bajo la doctrina de culpa in contrahendo.
Es
claro que la estipulación que suscribieron las partes de
epígrafe
no
podía
catalogarse
como
un
precontrato,
una
oferta ni un contrato de arrendamiento, puesto que aludía
a que se arrendaría el “edificio 15” “siempre y cuando las
partes lleg[aran] a un acuerdo respecto a los asuntos que
esta[ban] negociando”.23
En este punto hacemos referencia a lo que señala una
de las Opiniones disidentes.
Específicamente, se menciona
que el contrato de arrendamiento constituía una condición
suspensiva de la estipulación que suscribieron las partes
para transar el pleito que tenían ante el TPI.
Es claro
que esa estipulación es un contrato de transacción.
ello no hay duda ni controversia alguna.
de
transacción
la
negociación
Sobre
En ese contrato
del
contrato
de
arrendamiento del “edificio 15” figuró como parte de las
condiciones por las cuales los litigantes desistieron sin
perjuicio del caso que se ventilaba ante el TPI.
Una de
las cláusulas de esa estipulación fue que “la parte codemandada,
ahora
Corporación
para
el
Desarrollo
de
las
Exportaciones le arrendar[ía] al demandante el edificio
número 15 del Centro Mercantil Internacional (…) siempre y
cuando las partes lleg[aran] a un acuerdo en los asuntos
que
esta[ban]
negociando
….”.
(Énfasis
suplido)
Véase
“Moción de desistimiento por estipulación de las partes”,
Apéndice de la petición de
certiorari, pág. 2151.
23
por
Véase, Moción de desistimiento
Petición de certiorari, pág. 2151.
estipulación
de
las
La
partes,
CC-2011-0278
mencionada
28
cláusula
contractual
se
ejecutó
cuando
las
partes comenzaron las negociaciones a los fines de llegar
a un acuerdo respecto al arrendamiento de ese inmueble.
Luego de esto, las partes comenzaron a negociar ese
contrato de arrendamiento del “edificio 15”.
neurálgico
de
la
referida
Opinión
El punto
disidente
es
que
no
cataloga ese contrato de arrendamiento como un contrato
independiente
al
contrato
de
transacción.
Si
negociación del contrato de arrendamiento del
bien
la
“edificio
15” figuró como parte de las cláusulas y condiciones del
contrato
de
comenzaron
transacción,
lo
cierto
negociar
un
contrato
a
independiente y con vida propia.
es
que
de
las
partes
arrendamiento
Es debido a los hechos
que ocurrieron durante la negociación de ese contrato de
arrendamiento
remedio.
que
Todo
PRFS
lo
acudió
anterior
al
TPI
denota
en
que
busca
las
de
un
partes
se
encontraban aún dentro de las negociaciones pertinentes a
formalizar
un
posterior
acuerdo
contractual,
que
no
existía hasta ese momento.
Tanto
entendieron
el
foro
de
instancia
que
las
actuaciones
de
como
la
el
apelativo
peticionaria
no
fueron compatibles con la buena fe durante esos tratos
preliminares,
habida
cuenta
que,
le
creó
a
PRFS
expectativas de que el contrato se perfeccionaría conforme
a lo que esa parte solicitó en la estipulación.
Razonaron
ambos tribunales que en vista de ello, la peticionaria
CC-2011-0278
29
estaba obligada a resarcir a la recurrida todos los gastos
relacionados
con
ganancias
hubiese
que
esas
negociaciones,
percibido
esta
así
como
última
de
las
haberse
perfeccionado el contrato por el tiempo dispuesto en la
estipulación, es decir, 10 años.
Como mencionamos antes,
le ordenamos a PRFS a que mostrara causa por la cual no
debíamos
revocar
parcialmente
la
sentencia
del
foro
intermedio, específicamente, en cuanto a la partida que
concedió por concepto de lucro cesante.
Para resolver
este cuestionamiento, debemos tener presente que en este
tipo de casos, por imperativos de política pública, hay
que
considerar
ciertas
limitaciones
al
determinar
la
reparación que le corresponderá resarcir al “culpable”.
Ya dictaminamos en Colón v. Glamorous Nails, supra,
que
la
responsabilidad
dimanante
de
la
culpa
in
contrahendo no es idéntica a la que surge del Art. 1802
del Código Civil, supra.
Por eso, allí mencionamos la
necesidad de llenar los vacíos normativos que refleje cada
caso particular en aquello en que no sea compatible
los
elementos
extracontractual.
típicos
de
la
con
responsabilidad
Una de esas incompatibilidades es que
la culpa in contrahendo está sujeta a consideraciones de
política pública que usualmente se encuentran ausentes en
casos
dilucidados
responsabilidad.
coartar
jurídico.
la
según
ese
otro
Una
de
estas
libertad
de
contratación
género
consideraciones
ni
el
es
de
no
tráfico
CC-2011-0278
30
Debido a lo anterior, resolvemos que el lucro cesante
no es una partida que deba incluirse dentro del “interés
negativo” que se compensa en Puerto Rico a la luz de la
doctrina de culpa in contrahendo.
La recurrida reclamó
las ganancias que dejó de percibir por los contratos que
hubiera podido otorgar con las compañías a las que le
ofreció sus servicios de exportación. Si bien un sector de
la doctrina reconoce que pueden figurar como parte de las
ganancias perdidas los futuros contratos que no pudieron
efectuarse
como
consecuencia
de
un
acto
dañoso,
es
un
hecho indiscutible que la peticionaria tenía la facultad
de decidir no arrendarle el “edificio 15” a PRFS.
En lo
que la peticionaria falló fue en actuar contrario a la
buena fe durante las negociaciones, pero de todas maneras,
no tenía la obligación de entrar en esa relación jurídica
si así no lo entendía conveniente.
Creemos que resolver
lo contrario iría en detrimento del tráfico jurídico que
debemos proteger.
Abona a la conclusión anterior el hecho de que en
controversias
discusión,
evaluarlos
no
resueltas
al
procedería
más detenidamente,
amparo
de
compensar
la
doctrina
daños
que,
en
al
podrían surgir como causa
del incumplimiento del contrato en sí.
la partida que aquí se reclama.
Tal es el caso de
La medida de reparación
en casos de culpa in contrahendo no puede alcanzar lo que
significaría el cumplimiento del contrato, ya que durante
CC-2011-0278
los
tratos
31
preliminares,
las
partes
tienen
la
perfecta
prerrogativa de no obligarse.
Conceder
en
estos
casos
una
compensación
de
esta
naturaleza implicaría anticipar un resultado incierto, es
decir,
la
perfección
lucro
cesante
con
del
un
contrato,
manto
de
revistiendo
especulación,
así
al
cosa
que
limita la procedencia del lucro cesante en las acciones
donde ya se estima procedente, como es el caso de las
acciones
incoadas
Civil, supra.
al
amparo
del
Art.
1802
del
Código
En este caso no es la dificultad probatoria
lo que nos mueve a no otorgarle a PRFS una compensación
por
los
ingresos
perfeccionado
el
que
contrato
reclamó en su demanda.
obtener
esos
perfeccionara
hubiese
de
de
arrendamiento,
haberse
cosa
que
Lo que sucede es que PRFS iba a
beneficios
el
obtenido
contrato
económicos
que
tenía
una
vez
previsto
se
con
la
peticionaria. Y ya hemos visto que los beneficios que se
hubiesen
obtenido
compensarse
en
de
una
ese
contrato
reclamación
no
son
se
insta
que
partidas
a
bajo
la
de
la
doctrina de culpa in contrahendo.
Durante
los
tratos
preliminares
el
hecho
perfección del contrato es un resultado que puede que no
ocurra, independientemente de la forma en que actúen las
partes.
Claro está, quien se comporte de mala fe estará
obligado
a
reparar
al
perjudicado
por
los
gastos
espontáneos en que incurrió durante la negociación, esto
es,
aquellos
que
nada
tienen
que
ver
con
la
fase
CC-2011-0278
32
ejecutoria del contrato, de manera que ubique a la parte
que aspiró contratar y no pudo, en la situación en que se
hubiese
encontrado
negociaciones.
que
cuando
de
no
haber
emprendido
las
En esto, no podemos perder de perspectiva
estamos
frente
a
un
caso
en
el
cual
las
negociaciones no han trascendido la etapa preliminar según
la hemos descrito, esa situación es distinta a aquella en
que se encuentra una persona que ya recibió una oferta,
firmó
un
precontrato
o
ya
contrató.
Estas
últimas
instancias, por su propia naturaleza, presentan escenarios
completamente distintos a los que se suscitan durante los
tratos preparatorios.
En la etapa precontractual, en la
que no existe ningún género de obligación ni se ha emitido
una oferta formal, las partes poseen la expectativa de
llegar a un acuerdo, no obstante, también conocen que aún
ostentan la facultad de retirarse.
Sin abstraernos de que las partes tienen un deber de
actuar
conforme
precontractual,
a
la
nos
buena
hacemos
fe
eco
durante
de
las
el
periodo
palabras
del
ilustre tratadista José María Manresa24, en cuanto a que no
serán
resarcibles
los
daños
y
perjuicios
causados
ejercitando un derecho, pues, “el que usa de su derecho a
nadie ofende”.
Código
Civil
J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al
Español
S.A., 1973, pág.
6ta.
852.
ed.
rev.,
Madrid,
Ed.
Reus,
La Opinión disidente del Juez
Asociado Estrella Martínez señala que “[n]o es correcto
24
En sus comentarios al Art. 1.902 del Código Civil Español, análogo
al Art. 1802 del nuestro, supra.
CC-2011-0278
33
expresar que en la etapa precontractual no existe ningún
género de responsabilidad.”
Opinión disidente del Juez
Asociado Estrella Martínez, pág. 16. Aclaramos que como
bien
enunciamos,
el
hecho
de
que
las
partes
puedan
retirarse de las negociaciones no implica que ello pueda
hacerse de manera abusiva y en violación de los postulados
que emanan de la doctrina de la buena fe.
Así,
pues,
perjuicios
que
resolvemos
responsabilidad
se
resarcimiento
por
no
que
insten
culpa
puede
in
en
causas
bajo
la
contrahendo,
comprender
las
de
daños
y
doctrina
de
la
de
medida
ganancias
que
se
hubiesen generado de haberse perfeccionado el contrato que
se negociaba durante los tratos preliminares.
IV
Por
lucro
entender
cesante
es
que
la
compensación
disonante
con
el
por
derecho
concepto
de
de
libertad
contractual y con los principios de política pública que
favorecen el tráfico jurídico, resolvemos que el Tribunal
de Apelaciones erró al confirmar al TPI en cuanto a esta
partida
en
particular.
Por
lo
tanto,
modificamos
la
sentencia apelada para eliminar de la partida de daños que
debe
pagar
la
peticionaria
lo
adjudicado
por
lucro
cesante.
Se dicta sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Puerto Rico Freight System,
Inc., representada por su
Presidente, Miguel Padilla
Recurrido
CCv.
Corporación para el Desarrollo
de las Exportaciones de Puerto
Rico, t/c/c Promoexport,
representada por su Director
Ejecutivo, Antonio Sosa
Pascual; John Doe #1 y John
Doe #2
Peticionarios
Certiorari
CC-2011-0278
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2012.
Por los fundamentos antes expuestos, se revoca
parcialmente la Sentencia recurrida. Por un lado, se
confirma
la
determinación
del
foro
apelativo
intermedio en cuanto resolvió que la Corporación para
el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Puerto
Rico incurrió en culpa in contrahendo durante las
negociaciones que mantuvo con Puerto Rico Freight
System Inc. (PRFS), conducentes a perfeccionar el
contrato de arrendamiento del “edificio 15”. Por otro
lado, se revoca aquella parte del dictamen que
concedió a favor de PRFS una compensación por
concepto de lucro cesante.
A tenor con los
principios que anteceden y ante los hechos del caso
de
autos,
una
partida
compensatoria
de
esta
naturaleza es improcedente.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada
señora Rodríguez Rodríguez emitió Opinión Disidente a
la cual se unió el Juez Presidente señor Hernández
Denton.
A su vez el Juez Asociado señor Estrella
Martínez emitió Opinión Disidente.
Aida I. Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Puerto Rico Freight
System, Inc.,
representada por su
Presidente, Miguel
Padilla
Recurrida
v.
CC-2011-0278
Corporación para el
Desarrollo de las
Exportaciones de Puerto
Rico, t/c/c Promoexport,
representada por su
Director Ejecutivo,
Antonio Sosa Pascual;
John Doe #1 y John Doe #2
Peticionaria
Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez a la que se une el Juez Presidente señor
Hernández Denton
San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2012
[Los Códigos de Derecho Civil] están
ordenados dentro de un sistema de
instituciones de derecho, que no
permite aislar una sola disposición
de las otras ....
Los Códigos se
instituyen
sobre
unas
bases
fundamentales, una ley de bases, que
se les entregan a los cuerpos
codificadores como normas generales,
para crear un sistema de principios
jurídicos, armónicos entre sí, que
puedan producir la unidad doctrinal
que necesita toda institución de
derecho
para
su
validez.
Casualmente es esta armonía de los
distintos
aspectos
doctrinales,
todas
dirigidas
hacia
un
mismo
principio jurídico, lo que hace tan
deleitosa la tarea del civilista.25
25
Berrocal v. Tribunal de Distrito, 76 D.P.R. 38, 51 (1954)
(Belaval, J., Op. Mayoritaria).
CC-2011-0278
2
La Opinión que emite hoy este Tribunal en el caso de
autos comenta que este Foro tiene ante sí la oportunidad de
auscultar si dentro de la doctrina de culpa in contrahendo
procede compensar a una parte por aquellas ganancias dejadas
de percibir al no perfeccionarse el acuerdo previsto.
esbozar
una
disentimos
elocuente
por
respuesta
entender
que
la
a
esa
figura
Pese a
interrogante,
mencionada
ni
la
disposición final del caso son atinadas a la controversia
presente.
Todo lo contrario, ante el escenario fáctico de
este caso el proceder de la Opinión mayoritaria desvirtúa la
aplicación
restrictiva
de
la
doctrina
de
culpa
in
contrahendo, lo que altera el estado de Derecho vigente.
El
error
de
la
Opinión
mayoritaria
versa
en
la
aplicación de dicha figura a una controversia en la que entre
las partes ya había una relación obligacional y para lo que
el Código Civil dispone de un curso a seguir sin tener que
recurrir
a
Glamorous
una
figura
“hija
de
Nails,
167
D.P.R.
33,
la
equidad”.
56
Colón
(2006).
Con
v.
este
proceder, se resuelve por vía de una figura extraordinaria un
asunto
para
lo
que
hay
unas
instituciones
de
Derecho
ya
codificadas y las que, imbricadas armónicamente, producen esa
unidad doctrinal a la que alude el Juez Asociado Emilio S.
Belaval
en
el
epígrafe
que
colocamos
al
inicio
de
esta
Opinión en ánimo de ser epígono de dicho pensamiento.
Disentimos,
en
fin,
porque
al
aplicar
una
figura
jurídica a un caso particular hay que contemplar todos los
escenarios que circunscriben a una situación de hechos y hay
CC-2011-0278
3
que seleccionar aquélla que con mayor precisión se ajuste al
caso
y
que
a
su
vez
propenda
a
un
mejor
desarrollo
del
Derecho.
I
Los
hechos
que
rodean
esta
resumir de la siguiente manera.
controversia
se
pueden
Puerto Rico Freight System
(PRFS) y la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico
(CCE)26 tenían una relación contractual de arrendamiento de
una propiedad (Edificio #11) de la CCE.
proceso
judicial
entre
éstas,
las
Como parte de un
partes
llegaron
a
un
acuerdo transaccional sin perjuicio para ponerle fin a aquel
litigio.
En
titulado
Moción
diciembre
de
de
1999
se
firmó
dicho
desistimiento
por
estipulación
acuerdo
de
las
partes, en donde acordaron desistir del pleito sujeto a las
siguientes condiciones:
B) Las partes acuerdan que la parte codemandada, ahora Corporación para el Desarrollo de
las Exportaciones le arrendará al demandante el
edificio
número
15
del
Centro
Mercantil
Internacional, el cual al presente se encuentra en
construcción, siempre y cuando las partes lleguen a
un acuerdo en los asuntos que están negociando
actualmente.
C) Con relación al contrato del Edificio 15 el
señor Padilla solicita que:
1. Que el contrato sea de 10 años renovable a
10 años más.
2. El canon de arrendamiento no será mayor de
cinco
dólares
con
cincuenta
centavos
($5.50) anual el pie cuadrado, por el
término del contrato.
3. La Corporación será responsable de todas
las
mejoras,
diseños
y
construcciones
26
Anteriormente tuvo otros nombres, como el del epígrafe,
pero nos referiremos a ésta bajo el nombre actual: Compañía
de Comercio y Exportación de Puerto Rico (CCE).
CC-2011-0278
4
estructurales y el señor Padilla será
responsable de todas las mejoras interiores
y de oficina.
4. Las mejoras que realice el señor Padilla en
el Edificio 15 serán aprobadas previamente
por la Corporación. Dicha aprobación no
puede ser irrazonablemente denegada. Al
concluir el contrato, la Corporación, a su
costo, podrá eliminar estas mejoras.
5. E[n]
[la]
eventualidad
de
que
la
Corporación resuelva el contrato por falta
de pago de canon de arrendamiento, el señor
Padilla será responsable por los cánones de
arrendamiento mientras las facilidades del
Edificio
15
estén
deshabilitadas.
La
Corporación
será
responsable
de
hacer
gestiones de buena fe para conseguir un
nuevo arrendatario.
D) El señor Padilla hará las gestiones para
convertirse en operador independiente de la Zona
Libre. De convertirse en operador independiente de
la Zona Libre, se revisará el contrato de
arrendamiento del Edificio 11 a los efectos de
incluir al arrendador dentro de los incentivos y/o
ayudas que estuviesen vigentes para los operarios
de la Zona Libre.
E) La Corporación para el Desarrollo de las
Exportaciones se compromete a presentar ante su
Junta de Directores las peticiones del señor
Padilla para su estudio y consideración, sin que
por ello se entienda que su gestión constituye una
aceptación o compromiso de que las peticiones serán
aprobadas. Se aclara que específicamente las
peticiones número 1 y 2 del apartado C) constituyen
peticiones fuera del ámbito de poderes de otros
funcionarios que no sea la Junta de Directores de
la
Corporación
y
sólo
pueden
ser
aprobadas
expresamente por [e]stos últimos.
F) Una vez las partes hayan llegado a un
acuerdo, la Corporación se compromete a tramitar
prontamente la redacción y aprobación del contrato
de arrendamiento del Edificio 15.
Moción de desistimiento por
Apéndice, págs. 2151-2153.
estipulación
de
las
partes,
Tras la suscripción del acuerdo de transacción de 1999
pasaron dos años sin que la Junta de Directores de la CCE (la
Junta) aprobara el contrato de arrendamiento del Edificio
CC-2011-0278
#15.
5
En el ínterin PRFS realizó gestiones para adecuar el
edificio a sus necesidades comerciales y la gerencia de la
CCE
siempre
peticiones.
se
mostró
dispuesta
a
acceder
a
dichas
Entre las gestiones realizadas, cabe destacar la
contratación de una firma de arquitectos para que realizara
un estudio sobre las modificaciones que requería el Edificio
#15 para adaptarlo a las operaciones de PRFS.
Sentencia
Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, pág. 793.
Es de mencionar que la contratación de dicha firma de
arquitectos
por
parte
de
PRFS
se
realizó
voluntariamente
previo a suscribir el contrato de transacción en diciembre de
1999, puesto que antes de esa fecha PRFS ya había indicado su
interés en ese edificio.
Id. págs. 792-793; véase también
Transcripción de la Vista en su Fondo, Apéndice, pág. 10961098.
Tras firmar el acuerdo transaccional en cuestión, la
firma de arquitectos preparó los planos correspondientes e
hicieron
unos
señalamientos
a
la
CCE
sobre
los
asuntos
estructurales que se debían atender en el Edificio #15 para
adaptarlo al negocio de PRFS.
Todos los señalamientos u
órdenes de cambio fueron acogidos por la parte peticionaria,
a lo que ésta invirtió $254,519.96.27
Por su parte, PRFS también invirtió dinero en arreglos
del interior del edificio y otros asuntos relacionados con el
27
“La parte demandada autorizó órdenes de cambio y las pagó
ascendentes a $254,519.96 conforme a los señalamientos que
hiciera PRFS a la infraestructura del Edificio #15 para su
uso particular. (Exhibit 4 estipulado por las partes)”.
Sentencia Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, pág. 797.
CC-2011-0278
futuro
6
arrendamiento.28
transacción
contenía
A
una
pesar
de
condición
que
el
acuerdo
suspensiva
para
de
el
perfeccionamiento del contrato de arrendamiento, las partes
continuaron un intercambio comercial relativo al Edificio #15
a
sabiendas
respecto
y
de
que
basado
en
la
Junta
una
no
había
aprobado
autoexpectativa
nada
al
especulativa
de
ambas partes de que se iba a firmar el contrato.29
En el año 2000 la gerencia de la CCE realizó un estudio
de
cánones
corporación.
de
alquiler
de
las
instalaciones
de
la
Posteriormente, la gerencia de la peticionaria
envió a la Junta dos memorandos idénticos con recomendaciones
en torno al arrendamiento de PRFS.
En éstos se indicó que a
pesar del nuevo esquema de rentas preparado en el año 2000,
se recomendaba que a PRFS se le cobrara un canon diferente
que
28
sería
escalonado
y
por
un
término
de
diez
años.
El Tribunal de Primera Instancia sentenció que dichos
gastos, que incluyen adiestramientos a empleados de PRFS,
ascendieron a $218,481.00. Id. págs. 814-815.
29
Por parte de la gerencia de la CCE, su autoexpectativa de
aprobarse el contrato de arrendamiento llegó al punto de
aceptar las peticiones de cambios estructurales que le hizo
PRFS. Además, el Sr. César Santoni, en representación de la
CCE, envió una carta a un futuro cliente de PRFS en donde
indicó que PRFS había demostrado profesionalismo y la
responsabilidad fiscal
necesaria para que
la CCE le
permitiera a PRFS utilizar las nuevas instalaciones del
Edificio #15, con 94,000p2 dentro de la Zona Libre. Apéndice,
pág. 1009.
Por parte de PRFS, su autoexpectativa especulativa se
reflejó mediante el testimonio de Miguel Padilla, presidente
de PRFS, quien indicó que era costumbre que se mudaran a las
instalaciones de la CCE sin todavía haber perfeccionado un
contrato. Transcripción de la Vista en su Fondo, Apéndice,
pág. 1139. Éste también declaró: “El [director ejecutivo de
la CCE] me indicó que lo que yo estaba solicitando tenía su
aprobación, que él no veía ningún problema; era simplemente
esperar la burocracia de sometérselo a la Junta y pasar por
todos los procesos normales de Promo-Export”. Id. pág. 1259.
CC-2011-0278
7
Finalmente, en la reunión de la Junta del 24 de mayo de 2001,
ésta decidió que el arrendamiento sería a un término de cinco
años a $6.00p2 por los primeros dos años y $7.00p2 por los
próximos tres años.30
Ante esa contraoferta de la corporación
pública, PRFS se mostró en desacuerdo y eventualmente inició
el presente pleito judicial.
Los tribunales inferiores sentenciaron que la CCE fue
negligente al hacer falsas representaciones a PRFS sobre la
firma del contrato de arrendamiento.
proceder,
la
CCE
frustró
la
Concluyeron que, al así
expectativa
creada
en
el
demandante de perfeccionar el contrato de arrendamiento.
El
Tribunal de Apelaciones, al confirmar al foro de instancia,
sostuvo que por haber ocasionado un daño en la etapa previa
al
perfeccionamiento
configuró
la
llamada
del
contrato
culpa
in
de
arrendamiento,
contrahendo.
Es
se
nuestra
postura que ello constituye un error en la aplicación del
derecho a esta controversia, puesto que ésta ha de resolverse
mediante el articulado del Código Civil y no mediante figuras
de aplicación restrictiva.
Veamos.
II
A
Es norma reiterada en nuestro ordenamiento que nadie
está obligado a contratar.
30
Glamorous Nails, 167 D.P.R. en la
De la transcripción de la vista en su fondo se desprende
que el contrato de arrendamiento para el Edificio #11
firmado el 22 de diciembre de 1999 tenía vigencia de cinco
años a un precio de $6.00p2 por los primeros dos años y
$6.50p2 por los siguientes tres años, cifras no muy lejanas a
la contraoferta que hizo la Junta en su reunión del 24 de
mayo de 2001.
CC-2011-0278
8
pág. 44 (2006); Prods. Tommy Muñiz v. C.O.P.A.N., 113 D.P.R.
517, 526 (1982).
relaciones
Ahora bien, durante el transcurso de las
precontactuales
las
partes
deben
ejercer
un
comportamiento que se ajuste a los principios de la buena fe.
Glamorous Nails, 167 D.P.R. en las págs. 44-45; véase también
José Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil 216, T. II,
Vol.
I
(3ra
ed.
responsabilidad
1988);
María
P.
García
Rubio,
La
en
el
Derecho
español
43
atender
las
situaciones
de
la
precontractual
precontractual
(1991).
En
ánimos
ocasionados
de
durante
etapa
daños
debido
a
la
terminación injustificada de los tratos preliminares y a la
falta del principio de buena fe en esa fase, esta Curia
adoptó la figura de culpa in contrahendo en Prods. Tommy
Muñiz v. C.O.P.A.N., 113 D.P.R. 517 (1982).
Para determinar
la aplicabilidad de dicha figura y adjudicar responsabilidad
que conlleve un resarcimiento, determinamos que es preciso
considerar
seis
negociaciones;
siguieron;
(4)
elementos:
(2)
la
cómo
(1)
el
comenzaron;
conducta
de
las
desarrollo
de
las
el
curso
que
partes
durante
su
(3)
transcurso; (5) la etapa en que se produjo su rompimiento; y
(6)
las
expectativas
conclusión del contrato.
razonables
de
Id. pág. 530.
las
partes
en
la
Asimismo, hemos sido
enfáticos en que la aplicación de la doctrina de culpa in
contrahendo ha de ser restrictiva debido a una cuestión de
política pública a favor del tráfico jurídico y la libertad
CC-2011-0278
9
de contratación.
Glamorous Nails, 167 D.P.R. en la pág. 47,
57-58; Torres v. Gracia, 119 D.P.R. 698, 710 (1987).
Como señala la Opinión mayoritaria, la doctrina de culpa
in contrahendo se utiliza para las fases precontractuales.
Por
consiguiente,
una
vez
se
perfecciona
un
contrato
se
aplican las disposiciones pertinentes del Libro IV del Código
Civil de Puerto Rico.
Aplicar irrestrictamente la figura en
cuestión
una
dentro
de
relación
contractual,
no
sólo
desvirtúa la figura misma, sino que le añade incertidumbre a
las relaciones contractuales y al ordenamiento jurídico en
sí.
en
La claridad doctrinal le da previsibilidad al Derecho;
contraposición,
la
falta
de
claridad
doctrinal
de
la
Opinión mayoritaria en la aplicación de la figura de culpa in
contrahendo abona a la imprevisibilidad de nuestro Estado de
Derecho.
La presente controversia no puede verse de manera llana
y sencilla, sino que es necesario tener presentes todas las
circunstancias que rodean al caso de autos y examinarlas con
detenimiento.
Tras
un
riguroso
análisis
de
esas
circunstancias, veremos que en este caso es improcedente la
aplicación de la doctrina de culpa in contrahendo.
B
A primera vista, y partiendo de una visión superficial
sobre
la
controversia,
quebrantaron
las
parece
relaciones
contrato de arrendamiento.
que
entre
las
partes
se
precontractuales
sobre
el
Ahora bien, no debemos soslayar
que este caso tiene su origen en un acuerdo transaccional
CC-2011-0278
10
para poner fin a un pleito anterior.
En otras palabras, la
presente controversia plantea la situación de que dentro del
contexto
de
una
relación
relación obligacional.
contractual
se
comienza
otra
No podemos bifurcar ambas relaciones
y enfocarnos en una de ellas en abstracción de la otra, como
pretende hacer la Opinión del Tribunal.
Al enfrentarnos a una controversia como la presente,
donde
se
presentan
paralelamente
e
imbricadamente
dos
relaciones obligacionales, se debe analizar primero aquélla
más abarcadora en donde se subsume la segunda relación que se
creó por virtud de la primera.
De encontrar una solución
jurídica a la primera relación obligacional que, a su vez,
disponga
de
innecesario
la
segunda
incorporar
relación,
doctrinas
de
entonces
resultaría
aplicación
restrictiva
para atender esa segunda relación obligacional.
Según mencionamos, esta controversia surge a raíz de un
acuerdo
transaccional.
Ahí
subyace
la
primera
relación
obligacional entre las partes y de ésta surge la segunda
relación en torno a un futuro contrato de arrendamiento.
El
Artículo 1709 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A.
Sec.
4821,
establece
que
las
transacciones
poner fin a un litigio son contratos.
transacción,
por
consiguiente,
con
motivo
de
Estos contratos de
están
sujetos
a
las
disposiciones del Título I del Libro IV del Código Civil,
sobre Obligaciones.
Sec.
2992
(“Las
contratos ...”).
Cód. Civ. P.R. Art. 1042, 31 L.P.R.A.
obligaciones
nacen
de
la
ley,
de
los
CC-2011-0278
El
11
acuerdo
transaccional
en
cuestión
contiene
dos
cláusulas condicionales a modo de muñeca rusa o matrioska;
entiéndase,
una
dentro
de
la
otra.
La
primera
cláusula
condicional dispone que la transacción allí convenida está
sujeta al perfeccionamiento de un contrato de arrendamiento
que tiene por objeto el Edificio #15.
La segunda cláusula
condicional inmersa dentro de la primera establece que las
peticiones de PRFS en torno a los términos del arrendamiento
serían presentados ante la Junta de la CCE para su estudio y
consideración, sin que ello constituya una aceptación de los
términos solicitados.
Las obligaciones condicionales se definen como “aquéllas
cuya eficacia depende de la realización o no realización de
un
hecho
futuro
y
además
incierto”.
José
Puig
Brutau,
Fundamentos de Derecho Civil 84, T. I, Vol. II (3ra ed. rev.
1985);
véase
además
Obligaciones,
José
Curso
de
R.
Vélez
Torres,
Derecho
Civil
136
Fraticelli Torres, 2da ed. 1997).
establece
que
“[e]n
las
Derecho
(Rev.
de
Migdalia
El propio Código Civil
obligaciones
condicionales
la
adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida
de
los
ya
constituya
adquiridos,
la
dependerá
condición”.
Cód.
del
Civ.
acontecimiento
que
P.R.
31
Art.
1067,
L.P.R.A. Sec. 3042.
Como se puede observar, el elemento futuro e incierto es
lo que caracteriza este tipo de obligación.
Véase también
Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 D.P.R. 764, 773 (2001).
En
el
la
caso
de
autos,
el
elemento
futuro
e
incierto
de
CC-2011-0278
12
efectividad del contrato de transacción es que se suscriba un
contrato de arrendamiento.
dicho
contrato,
el
En cuanto al perfeccionamiento de
elemento
futuro
e
incierto
es
que
se
presente ante la Junta la oferta presentada por PRFS y la
Junta lo apruebe.31
Éstas, por ser condiciones cuyo efecto,
de cumplirse, será la adquisición del derecho a arrendar y la
efectividad de la transacción, son de naturaleza suspensiva
(conditio pendet).
Vélez Torres, Derecho de Obligaciones,
supra, pág. 138.
Ahora
bien,
el
Código
Civil
establece
que
cuando
el
cumplimiento de la condición dependa exclusivamente de la
voluntad del deudor, la obligación condicional será nula;
mientras que si depende de un tercero, será válida.
Civ. P.R. Art. 1068, 31 L.P.R.A. Sec. 3043.
Cód.
En el supuesto
de que la condición dependa del deudor, se denomina como una
condición potestativa.
Las
doctrina,
condiciones
en
potestativas.
potestativas
rigurosamente
se
dividen,
potestativas
y
según
la
simplemente
Puig Brutau, supra, T. I, Vol. II, págs. 95-
96.
Sobre este particular nos hemos expresado a los efectos
de
que
“la
doctrina
delinea
una
distinción
entre
las
condiciones rigurosamente potestativas, las cuales dejan la
31
Cabe señalar que el Artículo 1074 del Código Civil provee
una acción al acreedor previo a ocurrir la condición. Dicho
Artículo expresa: “El acreedor puede, antes del cumplimiento
de las condiciones, ejercitar las acciones procedentes para
la conservación de su derecho”.
31 L.P.R.A. Sec. 3049.
Queda claro que el acreedor en este caso (PRFS) no podía
exigir el cumplimiento de la condición, pero sí podía ejercer
acciones para conservar su derecho. Véase Mercedes Bus Line
v. Rojas, 70 D.P.R. 540, 548 (1949).
CC-2011-0278
13
validez de la obligación al exclusivo arbitrio de una de las
partes,
y
las
simplemente
potestativas,
en
las
cuales
el
cumplimiento de la condición no está sujeto al total arbitrio
de una de las partes”.
Jarra v. Axxis, 155 D.P.R. en la pág.
775 (énfasis suplido).32
En el referido caso adoptamos la
distinción entre rigurosamente y simplemente potestativas, y
resolvimos que las condiciones simplemente potestativas no
anulan una obligación condicional al amparo del Artículo 1068
del Código Civil.
En
la
Id. pág. 776.
controversia
de
autos
nos
encontramos
con
una
situación particular y es que el deudor en esta obligación
(la CCE) no está sujeto a un acto volitivo único.
Esto,
debido
cuya
a
su
administración
naturaleza
está
a
de
cargo
integrada por nueve miembros.
ser
de
persona
una
Junta
jurídica
de
Directores
Ley de la Compañía de Comercio
y Exportación de Puerto Rico, Ley Núm. 323 de 28 de diciembre
de 2003, Art. 7, 7 L.P.R.A. Sec. 1227d.
Al establecerse en
el acuerdo de transacción que el perfeccionamiento del futuro
contrato de arrendamiento estaría condicionado a que la Junta
lo aprobara, es forzoso concluir que el incumplimiento con
dicha condición no depende exclusivamente del arbitrio de un
deudor
unipersonal,
sino
que
se
da
el
escenario
de
intervención de un curso determinado exterior o ajeno a la
manifestación de voluntad del deudor.
Por consiguiente, la
obligación condicional presente en el contrato de transacción
32
Vélez
Torres
define
las
condiciones
simplemente
potestativas como aquéllas en que interviene la realización
de un hecho exterior a la voluntad de la parte. Vélez Torres,
Derecho de Obligaciones, supra, pág. 146.
CC-2011-0278
14
del caso de autos es simplemente potestativa y supera la
prohibición del Artículo 1068 del Código Civil.
Dicho lo anterior, pasemos a evaluar la disposición del
Código
Civil
concerniente
a
las
cláusulas
condicionales
potestativas que es aplicable a la situación de hechos ante
nosotros y que a su vez nos ilustra sobre el remedio en
derecho que este Tribunal debe otorgar, si alguno.
Ante la pregunta de qué ocurre si la condición contraída
no
se
cumple
(conditio
disposición
dos
negligencia
o
especie
resolución
de
desaparece”.
deficit),
respuestas.
dolo
de
Primero,
las
de
tenemos
partes,
la
si
no
“entonces
obligación
y
a
nuestra
hubo
culpa,
ocurre
ésta
una
entonces
Vélez Torres, Derecho de Obligaciones, supra,
pág. 140; véase también Jarra v. Axxis, 155 D.P.R. en la pág.
773.
Segundo, si hubo culpa, negligencia o dolo de la parte
obligada, debemos acudir al Artículo 1072 del Código Civil,
31 L.P.R.A. Sec. 3047 (“Se tendrá por cumplida la condición
cuando
el
obligado
impidiese
voluntariamente
su
cumplimiento”).33
33
Para llegar a la conclusión de aplicar el Artículo 1072 del
Código Civil, es imprescindible hacer una declaración de
responsabilidad por dolo, culpa o negligencia por la parte
obligada al cumplimiento de la condición.
Como norma
general, en una controversia contractual hay que evaluar si
la parte culpable o negligente debe resarcir los daños
ocasionados durante la vigencia de la relación obligacional y
para ello se debe considerar lo dispuesto en los Artículos
1054 al 1060 del Código Civil, 31 L.P.R.A. Secs. 3018-3024.
Sin embargo, y a modo de excepción, el propio Artículo 1072
del Código Civil ya contempla la penalidad que ha de pagar el
deudor que voluntariamente impide el cumplimiento de la
condición pactada.
La doctrina civilista sostiene que la
obligación que impone dicho artículo de dar por cumplida la
condición, constituye en sí misma la pena impuesta al deudor
CC-2011-0278
De
ocurrir
15
el
primer
supuesto
y
desaparecer
la
obligación, tratándose de un contrato de transacción en el
caso
de
autos,
se
da
por
no
suscrito
dicho
transaccional y se revive el pleito anterior.
acuerdo
Tal escenario
ocurrió en Sol Bravman et al. v. Consejo de Titulares del
Condominio
Palma
Real,
183
D.P.R.
827,
836
(2011)
(“La
estipulación fue acogida por el Tribunal de Primera Instancia
mediante una sentencia .... Sin embargo, posteriormente fue
dejada
sin
asamblea
efecto
debido
correspondiente,
a
que
no
fue
convocada
por
ratificada
el
en
la
consejo
de
titulares”).
En cuanto al segundo escenario, el motivo detrás del
Artículo 1072 lo expresamos en Jarra v. Axxis al sostener que
“las partes sujetas a una obligación con condición suspensiva
tienen que realizar esfuerzos de buena fe suficientes para
cumplir sus prestaciones.
Si no lo hacen, no pueden invocar
la falta de ocurrencia de la condición como defensa para
incumplidor en concepto de daños y perjuicios.
Sostienen
Planiol y Ripert:
[L]a condición no realizada se considera cumplida
cuando el deudor, con hechos propios impidió su
cumplimiento. Aun cuando los hechos del deudor
estén exentos de fraude, causan al acreedor un
perjuicio que debe repararse, y la más perfecta
reparación que pueda ofrecerse al acreedor es el
cumplimiento de la obligación, como si se hubiere
realizado la condición.
Marcel Planiol & Georges Ripert, Tratado Elemental de Derecho
Civil 261-262, T. IV (José M. Cajica trad., 4ta ed. 2003).
Véase además Puig Brutau, supra, T. I, Vol. II, pág. 91.
Por consiguiente, de demostrarse que en la presente
controversia la CCE cometió culpa o negligencia que impidiera
el cumplimiento de la condición, el remedio jurídico al que
tuviese derecho PRFS lo dispone el Artículo 1072 del Código
Civil, mas no habría que acudir a la doctrina de culpa in
contrahendo.
CC-2011-0278
16
desligarse de su obligación”.
la pág. 777.
Jarra v. Axxis, 155 D.P.R. en
De ocurrir éste, se daría por cumplida la
condición de presentar a la Junta las estipulaciones en torno
al arrendamiento y se daría por aprobado lo convenido en el
acuerdo transaccional.
La consecuencia sería que las partes
tendrían que perfeccionar un contrato de arrendamiento que
debería contener, como mínimo, las estipulaciones suscritas
en la transacción de diciembre de 1999.
Examinemos cuál de
los dos escenarios se dio en el caso de epígrafe.
C
Tal
como
expusimos
previamente,
bajo
el
palio
de
la
relación contractual producto de la transacción surgen dos
condiciones suspensivas: (1) que se perfeccione un contrato
de arrendamiento y (2) que se presente a la Junta la oferta
de
PRFS,
según
recogida
diciembre de 1999.
en
el
acuerdo
transaccional
de
Examinemos cada una por separado.
Tras examinar detenidamente los hechos que dieron pie a
esta
controversia,
notamos
suspensiva se consumó.
que
la
segunda
condición
Entiéndase, la alta gerencia de la
CCE presentó ante la Junta de Directores la oferta presentada
por PRFS y la evaluó dentro de sus prerrogativas de aceptarla
o rechazarla.
mayo
de
2001,
Según consta de la minuta de reunión del 24 de
la
Junta
rechazó
correspondiente contraoferta.
dicha
oferta
e
hizo
la
Véase Apéndice, págs. 563-569.
La primera condición suspensiva, a la que estaba atada
la efectividad del acuerdo transaccional, no se cumplió.
A
saber, no se perfeccionó el contrato de arrendamiento porque
CC-2011-0278
17
la Junta válidamente rechazó la oferta de PRFS e hizo la
propia,
que
recurrida.
también
fue
rechazada
por
la
parte
aquí
Ahora bien, como esbozamos previamente, el no
cumplimiento de una condición puede ser mediando dolo, culpa
o negligencia de una de las partes, o sin mediar éstos.
Del
expediente se desprende que aquí no medió culpa o negligencia
de parte de la Junta de la CCE, puesto que ésta tenía la
libertad de aceptar o rechazar la oferta realizada por PRFS y
no hay evidencia de que hubo dolo o fraude al no aceptarla.
Concluir lo contrario sería incidir perniciosamente sobre las
prerrogativas
de
aceptación
una
de
una
parte
oferta,
contratante
lo
que
en
el
afectaría
jurídico y la libertad de contratación.
curso
el
de
tráfico
Glamorous Nails, 167
D.P.R. en las págs. 57-58.
Al no mediar dolo, culpa o negligencia por la parte
peticionaria
para
que
se
cumpliera
la
condición
de
perfeccionar un contrato de arrendamiento, pues sencillamente
“se
extingue
y
desaparece
el
vínculo
entre
Jarra v. Axxis, 155 D.P.R. en la pág. 773.
Vélez
Torres
obligación”.
pág. 140.
llama
“una
especie
de
las
partes”.
Ocurre lo que
resolución
de
la
Vélez Torres, Derecho de Obligaciones, supra,
En tal contexto, se da por no suscrito el acuerdo
de transacción y se revive el pleito anterior entre PRFS y la
CCE.34
34
Reconocemos que revivir un pleito de hace más de diez años
podría resultar oneroso tanto para las partes como al proceso
judicial.
Por ello no descartamos la idea de que ante tal
escenario las partes decidan volver a reunirse para lograr
una transacción que ponga fin a aquel pleito.
CC-2011-0278
18
III
A base de la discusión anterior es evidente la necesidad
de
aplicar
las
disposiciones
correspondientes
del
Código
Civil en lugar de la doctrina de culpa in contrahendo, máxime
cuando esa figura no debe aplicarse a una controversia si los
hechos no la justifican.
Con esa conclusión resolvemos un
aspecto importante del caso de autos, mas dejamos sin atender
qué procede con relación a las determinaciones de hechos que
hiciera el foro de instancia en cuanto a que ambas partes
incurrieron en gastos económicos como parte de la relación
comercial.
El Tribunal de Primera Instancia determinó que la CCE
incurrió
en
gastos
de
infraestructura
ascendentes
a
$254,519.96 para adecuar el Edificio #15 a las necesidades
económicas de PRFS.
Asimismo, ese foro dio por probado que
la recurrida invirtió $218,481.00 entre mejoras internas al
Edificio #15 y otros gastos de adiestramiento a su personal,
todos relacionados al arrendamiento del edificio en cuestión.
Ambas partes invirtieron esas cantidades de dinero previo a
que se cumpliera la condición de que la Junta de la CCE
aprobara la oferta de arrendamiento que realizó PRFS.
La
negligencia de ambas es evidente en tanto se desprende del
expediente que las partes actuaron con pleno conocimiento de
ese dato.
En
términos
jurídicos,
la
recurrida
realizó
mejoras
sobre propiedad inmueble ajena, mientras que la CCE permitió
y autorizó expresamente las mejores realizadas.
Ante tal
CC-2011-0278
escenario,
19
debemos
disposiciones
del
auscultar
Código
Civil
accesión
la
aplicabilidad
de
las
en
cuanto
que
los
continua
a
lo
tratadistas
llaman
industrial
en
bienes
inmuebles.
Véase Q.M. Scaevola, Código Civil 578, T. VI (5ta
ed. 1949).
A
La accesión se define como “el derecho en virtud del
cual el propietario de una cosa hace suyo todo lo que ésta
produce o se le une o incorpora”.
José
R.
Vélez
Torres,
Curso de Derecho Civil: los bienes, los derechos reales 85,
T. II (1983).
La accesión, como hecho físico, es un cambio,
mutación, producción, adquisición, aumento o incremento en
una cosa.
Véase Ángel Carrasco Perera, “Ius aedificandi” y
accesión: la construcción en suelo ajeno en el marco de los
principios urbanísticos 59-60 (1986).
La
accesión
incorporación)
o
puede
discreta
clasificarse
(por
en
continua
producción).
R.
(por
Elfrén
Bernier las define de la siguiente manera:
La accesión discreta es la de las cosas que nacen o
se producen en las cosa que ya se poseen, es decir,
se refiere a los frutos y productos de los bienes.
La accesión continua se realiza cuando bienes
extraños o ajenos a la cosa que se posee se unen o
agregan a ésta.
R. Elfrén Bernier, El derecho de accesión en Puerto Rico 43
(1970).
La accesión continua puede subdividirse, a su vez, en
(1) mobiliaria o inmobiliaria, según sea sobre un bien mueble
o inmueble, y (2) natural o industrial, dependiendo de si la
incorporación se debe a fuerza natural o a fuerza humana.
Véase Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, supra, pág. 88.
CC-2011-0278
20
La accesión continua se inspira en tres principios: “(a) la
buena fe, (b) lo accesorio sigue a lo principal (accessorium
sequitur
principale);
y
(c)
el
suelo
principal (superficies solo cedit)”.
es
siempre
cosa
Id. pág. 92.
El Artículo 287 del Código Civil de Puerto Rico recoge
de forma general el derecho de accesión y menciona que es
inherente a toda propiedad, ya sea mueble o inmueble.
31
L.P.R.A. Sec. 1131.
Ahora bien, en cuanto a la accesión
continua
industrial
inmobiliaria
(aedificatio),
el
Código
dispone particularmente de los Artículos 294 al 301.
L.P.R.A. Secs. 1161-1168.
31
Enfocaremos nuestro análisis en la
accesión continua industrial sobre bienes inmuebles por ser
la atinente a la controversia de autos.
El
Artículo
edificado,
294
plantado
del
o
Código
sembrado
Civil
en
estatuye
predios
que
ajenos
“[l]o
y
las
mejoras o reparaciones hechas en ellos, pertenecen al dueño
de
los
mismos,
con
sujeción
31
a
lo
que
L.P.R.A.
se
dispone
Sec.
1161
en
los
artículos
siguientes”.
(énfasis
suplido).
La norma general es que las obras, plantaciones,
siembras, mejoras y reparaciones de las que habla el Artículo
294 se presumen hechas por el dueño del predio.
Art. 295,
31 L.P.R.A. Sec. 1162.
Cód. Civ.
No obstante, cuando un
tercero es quien realiza las obras, esa presunción se puede
controvertir.
Ante este último escenario, el Código Civil
provee varios cursos a seguir, dependiendo de si el tercero
actuó con buena fe o mala fe.
Para ello hay que dirigirnos a
CC-2011-0278
21
los Artículos 297 y 298 del Código Civil.
31 L.P.R.A. Secs.
1164-1165.
Así, y en lo relativo a la controversia de autos, el
Art. 297 del Código Civil indica que:
El dueño del terreno en que se edificare de
buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra,
previo el pago al dueño de la obra del costo de los
materiales y la mano de obra, o el costo de
reproducción de la misma al momento en que el dueño
del terreno ejercitare su derecho, deduciendo la
depreciación, lo que resultare mayor, o a obligar
al que fabricó a pagar el precio del terreno.
31 L.P.R.A. Sec. 1164 (énfasis suplido).
Lo anterior se basa en el principio de superficies solo
cedit,
derivado
principale,
por
del
el
que
principio
el
edificado es lo accesorio.
suelo
accessorium
es
lo
sequitur
principal
y
lo
Laboy Roque v. Pérez, 181 D.P.R.
718, 727 (2011) (donde se adopta la accesión a la inversa
como
excepción
al
principio
de
superficies
solo
cedit
en
casos de construcciones extralimitadas); véase además Collazo
Vázquez v. Huertas Infante, 171 D.P.R. 84, 119-120 (2007)
(Fiol Matta, J., Op. Concurrente).
Contrario a la situación anterior, de haber mediado mala
fe
de
parte
del
edificante,
“el
dueño
del
terreno
puede
elegir entre hacer suyo lo edificado, plantado o sembrado,
sin
obligación
de
indemnizar,
o
exigir
que
su
finca
sea
repuesta al estado en que se hallaba, a costas del autor de
la accesión”.
José Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil
366, T. III, Vol. 1 (4ta ed. 1994); Cód. Civ. Arts. 298-299,
31 L.P.R.A. Sec. 1165-1166.
CC-2011-0278
22
De los artículos mencionados se puede observar que a
pesar de que el Artículo 294 incluye las mejoras como parte
del derecho de accesión, el Artículo 297 no las menciona.
A
pesar de ello, los estudiosos del tema y la jurisprudencia de
este Tribunal se han expresado a favor de la inclusión de las
mejoras como parte de las obras de edificación.35
En Sucesión
Echegaray v. Esso Standard Oil Co. comentamos:
De acuerdo con las referidas disposiciones de
nuestro Código Civil, la accesión no se limita a
edificaciones de carácter sustancial y permanente
tales como edificios, viviendas, rellenos, muros de
contención y canales de riego, sino que se da con
respecto de otras obras y mejoras, como las de
alumbrado, ascensores y servicio de agua, hornos,
depósitos
y
cobertizo;
lavaderos,
fuentes
y
abrevaderos…. Es más, los citados comentaristas
aceptan que mejoras útiles „edificadas‟ en un
inmueble, pero susceptibles de ser retiradas sin
deterioro del suelo pueden ser objeto de accesión.
Sucesión Echegaray v. Esso Standard Oil Co., 87 D.P.R. 825,
831 (1963) (citas omitidas); véase además Scaevola, supra,
págs. 578-579 (donde argumenta que las modalidades de
accesión que el Código regula (edificación, plantación y
siembra) incluyen también las mejoras).36
35
Es imperativo que reconozcamos la distinción de mejoras
para fines de la accesión, donde el edificante no tiene que
ser poseedor, Scaevola, supra, págs. 580-581, de las mejoras
sin autorización dentro del contexto de un arrendamiento. En
este último supuesto, donde el arrendatario sólo goza de la
posesión natural, a las mejoras útiles o de recreo que éste
haga les aplican los Artículos 1463 y 416 del Código Civil.
31 L.P.R.A. Secs. 4070 & 1527; véase además Marchand v.
Montes, 78 D.P.R. 131 (1955) (a un arrendatario que hace
mejoras
útiles
o
voluntarias
sin
consentimiento
del
arrendador no le aplican las disposiciones sobre accesión.
Por lo tanto, sólo tiene disponible el ius tollendi: el
derecho de llevarse los adornos incorporados, cuando sea
posible hacerlo sin dañar la propiedad); Berrocal v. Tribunal
de Distrito, 76 D.P.R. 38 (1954); Vélez Torres, Curso de
Derecho Civil, supra, pág. 105.
36
E. Elfrén Bernier también se ha expresado sobre el tema a
los efectos de que:
Para que se produzca la accesión no es necesario
que el objeto situado en el inmueble haya adquirido
CC-2011-0278
23
Para determinar si el curso jurídico a seguir ante una
edificación en predio ajeno es la aplicación del Artículo 297
o los relativos a la mala fe, hay que auscultar la naturaleza
de ambas actuaciones.
A pesar de que el Código Civil define
poseedor de buena fe a quien ostente un título sobre una
propiedad o a quien ignore los vicios de ese título, 31
L.P.R.A. Secs. 1146, 1424, 5271, esta definición no se ajusta
al contexto de la accesión industrial.
Más aún, no hay una
definición expresa en el Código en cuanto a qué constituye la
buena
fe
al
edificar,
plantar
o
sembrar
en
suelo
ajeno.
Véase Laboy Roque, 181 D.P.R. en la pág. 740.
Ahora bien, esta Curia sí ha delimitado el alcance de
ambos conceptos en el contexto de la edificación en suelo
ajeno.
es
Así, pues, hemos concluido que el obrante de mala fe
aquél
que
edifica
una
estructura
en
un
predio
sin
autorización alguna del dueño y a sabiendas de que el terreno
no
le
pertenece,
mientras
que
el
edificante
de
buena
fe
construye bajo la creencia fundada de que el terreno es suyo
o mediante autorización del dueño.
C.R.U.V. v. Román, 100
D.P.R. 318, 322–324 (1971); Sucesión Echegaray, 87 D.P.R. en
la pág. 829 (“Dicha gestión se realizó de buena fe pues los
el carácter de inmueble adhiriéndose a la propiedad
de manera que no puede separarse de ella sin
quebrantamiento o deterioro.
La accesión no se
limita a edificaciones de carácter sustancial y
permanente tales como edificios, viviendas ... sino
que se da también con respecto a mejoras .... Por
lo tanto, aun las mejoras útiles que pueden ser
retiradas sin menoscabo del inmueble pueden ser
objeto de la accesión a elección del dueño del
inmueble.
Bernier, supra, pág. 62.
CC-2011-0278
24
dueños de la propiedad ... habían dado permiso para llevar a
cabo dicho trabajo”).37
Sobre este asunto, Scaevola llega a
la misma conclusión:
¿qué se entenderá por obrar de buena o mala fe en
quien edifica ... sobre terreno ajeno? ... Pensamos
que el accesionante o accedente procederá de buena
fe cuando se considere con derecho a edificar,
plantar o sembrar en el terreno en que así lo
efectúe, ya con apoyo en algún título, en alguna
autorización mal interpretada, ... en la tolerancia
del dueño o entre otras causas del mismo tenor.
Scaevola, supra, págs. 594-595.
Hay
continua
un
tercer
industrial
curso
en
aplicable
bienes
en
casos
inmuebles.
Se
de
accesión
trata
del
escenario que recoge el Artículo 300 del Código Civil: cuando
tanto el edificante como el dueño del predio actúan de mala
fe.
En tal circunstancia, “los derechos de uno y otro serán
los mismos que tendrían si hubieren procedido ambos de buena
fe”.
31 L.P.R.A. Sec. 1167.
En dicho artículo se define la
mala fe del dueño cuando “el hecho se hubiere ejecutado a su
vista, ciencia o paciencia, sin oponerse”.
Id.
El contexto
que evoca este artículo es la neutralización o compensación
de dos actuaciones de mala fe.
Véase García v. García, 70
D.P.R. 949, 956 (1950) (citando a Manresa, Comentarios al
Código Civil Español 223, T. III (5ta ed. 1920), expusimos:
“quien se deja engañar a sabiendas no puede querellarse como
37
Si bien la buena fe se presume, 31 L.P.R.A. Sec. 1425, en
Lippitt v. Llanos, 47 D.P.R. 269 (1934), resolvimos que
cuando se edifica en solar ajeno se destruye esa presunción y
hay que probar la buena fe.
De la jurisprudencia se
desprende que, en casos como el de autos, se recupera la
calificación de buena fe con la autorización del dueño del
predio para realizar las mejoras.
CC-2011-0278
25
hombre engañado” y “la mala fe del uno extingue y neutraliza,
en justa reciprocidad, la del otro”).
Visto el marco teórico que antecede, pasemos a examinar
la controversia de autos dentro de éste.
B
Según narramos anteriormente, en la controversia ante
nosotros PRFS realizó mejoras en los predios de la CCE.
Del
expediente surge que el recurrido llevó a cabo tales actos a
sabiendas
de
que
no
ostentaba
ningún
título
sobre
dicho
predio ni que la Junta de Directores de la CCE había avalado
aún
el
contrato
de
transacción
entre
las
partes.
No
obstante, de las determinaciones de hechos que hiciera el
Tribunal de Primera Instancia se desprende que la gerencia de
la corporación pública expresamente autorizó y avaló que PRFS
realizara mejoras internas para adecuar el Edificio #15 a sus
necesidades comerciales.
Conforme al marco teórico esbozado, la actuación de PRFS
no debe catalogarse de mala fe, puesto que la CCE autorizó a
realizar
dichas
mejoras.
Ergo,
para
disponer
de
la
controversia debemos dirigirnos directamente a la disposición
del Artículo 297 del Código Civil, 31 L.P.R.A. Sec. 1164.
Véase Berrocal, 76 D.P.R. en la pág. 51 (si la edificación
fue hecha con autorización expresa o implícita del dueño, se
aplica el Artículo 297 del Código Civil, sobre la accesión).
Aunque estamos convencidos sobre la aplicación directa del
Artículo 297 del Código, si se aplicara el Artículo 300, 31
L.P.R.A. Sec. 1167, bajo la teoría de que PRFS actuó de mala
CC-2011-0278
26
fe, como quiera llegaríamos a la misma conclusión; a saber,
se aplicaría el Artículo 297 por cuanto la CCE actuó de mala
fe al no oponerse ante las obras que realizó la recurrida.
Obsérvese que en García v. García, 70 D.P.R. 949 (1950),
aplicamos el Artículo 300 del Código Civil aun cuando el
dueño del predio consintió expresamente a que los edificantes
hicieran
“mejoras
sustanciales”
Id. pág. 951.38
existentes.
sobre
dos
estructuras
No obstante, ahora preferimos
adoptar la tendencia de la casuística posterior a los efectos
de
que
la
autorización
expresa
o
actuación
proactiva
del
dueño del predio releva la aplicación del Artículo 300 y
dirige
la
Artículo
controversia
297.
Aunque
directamente
un
tanto
a
la
aplicación
textualista,
acogemos
del
la
postura de dejar la aplicación del Artículo 300 a aquellas
instancias en que el dueño del predio asume un rol pasivo de
no oponerse a las obras realizadas.
Esa postura comulga el propósito del Artículo 300 del
Código Civil con la expresión heredada de la Séptima Partida,
Título
XXXIV,
Ley
25,
que
formula
la
actitud
pasiva
de:
“quien se deja engañar entendiéndolo, no se puede querellar
como
hombre
engañado”.
Scaevola,
supra,
págs.
592-593.
Scaevola igual mostraría su conformidad con nuestra postura,
por cuanto él entiende que “[e]l poseedor del predio, en
realidad, no muestra su mala fe más que con manifestaciones
38
García v. García, 70 D.P.R. 949 (1950), fue revocado por
Echegaray v. Tribunal de Distrito, 72 D.P.R. 445 (1951), pero
sólo a los efectos de que para ejercitar el derecho de
accesión ya no hay que indemnizar el edificante previo a la
demanda ni consignar junto con ésta cantidad alguna por los
costos de edificación. Echegaray, 72 D.P.R. en la pág. 449.
CC-2011-0278
27
pasivas de su voluntad; él deja hacer, ve venir y no impide,
hace
la
vista
gorda”.
Id.
594.39
pág.
En
vista
de
lo
anterior, no vacilamos en abandonar aquellas expresiones de
García
v.
García
directamente
el
y
aplicar
Artículo
a
la
297,
controversia
debido
a
que
de
la
autos
CCE
fue
proactiva en avalar y autorizar las mejoras hechas por PRFS.
Llegado
a
este
punto,
conviene
recapitular
que
el
Artículo 297 concede a la CCE una de entre dos alternativas:
(1) puede hacer suya la obra, previa la indemnización debida
a PRFS; o (2) de no ejercitar ese derecho, puede obligar a
PRFS a pagar el precio del terreno.
De
ejercer
el
derecho
de
accesión
y
hacer
suya
la
edificación hecha por PRFS, la corporación pública deberá
abonar
al
accedente
sólo
los
gastos
necesarios
conforme el Artículo 382 del Código Civil.
y
útiles,
31 L.P.R.A. Sec.
1468; véase Collazo Vázquez v. Huertas Infante, 171 D.P.R.
84, 121-122 (2007) (Fiol Matta, J., Op. Concurrente); Vélez
Torres,
Curso
de
Derecho
Civil,
supra,
págs.
102-103
(la
aplicación de los Artículos 382 y 383 del Código Civil, 31
L.P.R.A. Secs. 1468 & 1469, que se sitúa en el primer párrafo
del Artículo 297, aplica por igual al segundo párrafo de este
último
Artículo).
Entiéndase
gastos
necesarios
como
los
indispensables para la conservación de la cosa y los útiles
como
39
aquéllos
que
aumentan
la
capacidad
de
rendimiento
y
Al referirse al Artículo 364 del Código Civil español,
equivalente al Artículo 300 del nuestro, Alberto Brenes
Córdoba argumenta que la mala fe del dueño del predio debe
entenderse
como
una
autorización
tácita
o
maliciosa
complacencia para aprovecharse de lo ajeno.
Alberto Brenes
Córdoba, Tratado de los bienes 214 (5ta ed. 1981).
CC-2011-0278
28
valor de la cosa, sin que tengan el propósito de servir como
ornato o embellecimiento.
José Castán Tobeñas, Derecho Civil
español, común y foral 621-622, T. I (7ma ed. 1949).
Por último, mientras la CCE no ejerza su derecho de
opción por una de las dos alternativas que le confiere el
Artículo 297 del Código, PRFS poseerá un derecho propietario
sobre la edificación realizada, que constituye un derecho
real.
Berrocal v. Tribunal de Distrito, 76 D.P.R. 38, 60-61
(1954).
IV
De acuerdo a todo lo discutido, la conclusión no puede
ser otra que la no aplicación de la doctrina de culpa in
contrahendo, sino el articulado pertinente del Código Civil.
Mediante la aplicación de este último la relación contractual
entre las partes se extingue y desaparece.
En cuanto a las mejoras del interior del Edificio #15
hechas por PRFS, ésta tiene un derecho real sobre dichas
obras al amparo del Artículo 297 del Código Civil.
Por
consiguiente, la CCE deberá ejercer su derecho de accesión e
indemnizar a PRFS por el costo de los materiales o el costo
de reproducción al momento de que la CCE ejercite su derecho
de accesión, lo que resulte mayor, salvo que decida obligar a
PRFS a pagar el precio del terreno.
Debido a que la determinación de hechos del foro de
instancia sobre los gastos incurridos por PRFS ascendientes a
$218,481 incluyen no sólo mejoras al interior del edificio,
CC-2011-0278
29
sino costos de adiestramiento a empleados y otros, procedería
devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para que
desglose los gastos de la recurrida entre los que constituyen
obras de mejoras y los que no.
Así, lo que se determine
exclusivamente
mejoras
como
gastos
de
al
interior
del
Edificio #15 será la cuantía que eventualmente la CCE deberá
indemnizar a PRFS en caso de ejercer su derecho de accesión.
Finalmente, disiento porque la conclusión jurídica y la
disposición final a la que llega una mayoría de esta Curia se
apartan diametralmente de lo analizado y esbozado en esta
Opinión y no añaden claridad doctrinal a nuestro Estado de
Derecho
Civil.
revocaría
al
controversia
Por
Tribunal
al
todos
de
Tribunal
los
motivos
Apelaciones
de
Primera
y
que
anteceden,
devolvería
Instancia
para
la
que
proceda conforme a lo aquí expuesto.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez
Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Puerto Rico Freight System,
Inc., representada por su
Presidente, Miguel Padilla
Recurrido
v.
Corporación para el Desarrollo
de las Exportaciones de Puerto
Rico, t/c/c Promoexport,
representada por su Director
Ejecutivo, Antonio Sosa Pascual;
John Doe #1 y John Doe #2
Peticionarios
CC-2011-0278
Certiorari
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA
MARTÍNEZ
San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2012.
Hoy
este
Tribunal
ha
optado
por
una
interpretación restrictiva de la extensión de la
compensación del interés negativo en los casos de
culpa in contrahendo. Respetuosamente disiento de
este proceder. Por considerar que el principio de
la buena fe en las negociaciones precontractuales
merece una protección íntegra, incluiría en la
indemnización por culpa in contrahendo el daño
emergente, así como el lucro cesante resultante
de
las
pérdidas
de
otras
oportunidades
de
es
reconocido
que
preliminares
generan
una
contratar.
I
En
las
nuestro
ordenamiento
negociaciones
CC-2011-0278
2
relación de carácter social que impone a las partes el
deber de comportarse de acuerdo con la buena fe.
Prods.
Tommy Muñiz v. COPAN, 113 D.P.R. 517, 527 (1982). El
principio de buena fe en las negociaciones es definido
como
“el
deber
en
comportarse
de
forma
leal
y
cooperadora frente al otro sujeto de derecho con el que
nos
relacionamos,
comportamiento
comunes
que
de
puedan
mutuamente
forma
que
con
nuestro
realizarse
las
nos
trazado”.
hemos
expectativas
M.
J.
Godreau, Lealtad y buena fe, 58 Rev. Jur. U.P.R. 367,
382 (1989). Es por esto que la buena fe crea un deber de
lealtad recíproca de conducta socialmente valorable y
exigible. Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, pág. 528.
Bajo
COPAN,
este
fundamento,
supra,
injustificada
en
reconocimos
de
los
Prods.
Tommy
que
la
tratos
Muñiz
v.
terminación
preliminares
genera
responsabilidad. Determinamos en el mencionado caso que
la
amplia
gama
de
supuestos
sobre
los
cuales
puede
basarse la responsabilidad precontractual hace necesario
que en el análisis del problema se considere qué figura
jurídica
responde
más
adecuadamente
como
fundamento
jurídico para la solución del caso.
En cuanto a la extensión de la indemnización,
en
Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, el entonces Juez
Asociado señor Dávila realizó un voto separado en el
cual consideró conveniente expresarse en cuanto a los
daños que debían ser resarcibles en estos casos. Señaló
que el daño al interés negativo debía ser reparable, el
CC-2011-0278
cual
a
3
su
realizados
juicio
también,
en
las
comprendía
previsión
pérdidas
del
no
sólo
futuro
ocasionadas
los
gastos
contrato,
sino
por
desaprovechar
ocasiones favorables de celebrar un contrato con otras
personas. Véase Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, Voto
separado del Juez Asociado señor Dávila.
Posteriormente, en Colón v. Glamorous Nails, 167
D.P.R.
33
(2006),
tuvimos
ocasión
para
expresarnos
acerca de la extensión de la indemnización que procedía
en
los
casos
resolvimos
de
que
culpa
“el
in
deber
contrahendo.
de
Al
respecto,
indemnizar
por
el
rompimiento culposo de los tratos preliminares alcanza,
de ordinario, tan sólo el interés negativo; es decir, la
reparación
de
los
gastos
sufridos
y
las
pérdidas
patrimoniales derivadas del proceder arbitrario de la
parte que incurre en culpa”. (Énfasis suplido.) Colón v.
Glamorous Nails, supra, pág. 58. Es decir, determinamos
que la indemnización en estos casos se limita al interés
negativo. A su vez, expresamos que los componentes del
interés negativo son los gastos sufridos y las pérdidas
patrimoniales derivadas del proceder arbitrario.
Los fundamentos que fueron tomados en consideración
para limitar el alcance de este tipo de indemnización
principalmente
fueron
dos.
El
primero
fue
que
la
doctrina de culpa in contrahendo es considerada hija de
la equidad y busca colocar al perjudicado como si no
hubiesen ocurrido las circunstancias que dan lugar a la
reparación. El segundo, la fuerte política pública a
CC-2011-0278
favor
del
4
tráfico
jurídico
y
la
libertad
de
contratación. Íd., págs. 56-58.
Aunque atendimos en parte la extensión que debía
tener la reparación en los casos de culpa in contrahendo
y determinamos que el interés negativo se compone de los
gastos sufridos y las pérdidas patrimoniales derivadas
del proceder arbitrario, no nos expresamos en cuanto a
qué
gastos
llamado
y
pérdidas
interés
estableció
la
debían
incluirse
negativo.
Este
improcedencia
de
dentro
Tribunal
la
del
solamente
indemnización
por
daños morales en estos casos.
II
Una vez más este Tribunal es llamado a expresarse
en torno a la extensión de la indemnización de quien se
vio afectado por la actuación de la otra parte al ésta
concluir de manera injustificada los tratos preliminares
e incumplir sus deberes de lealtad y buena fe en el
proceso
debe
de
negociación.
determinar
si
el
En
específico,
lucro
cesante
este
debe
Tribunal
resarcirse
dentro del daño al interés negativo.
Como
señala
la
Opinión
mayoritaria,
la
doctrina
está un tanto dividida en cuanto a la extensión de lo
que es compensable en los casos de culpa in contrahendo.
Esto, debido a que el definir qué incluye el interés
negativo ha sido motivo de debates. Pasemos a ver las
diferentes definiciones y posturas.
La creación de la doctrina de culpa in contrahendo
le es atribuida al jurista alemán Rudolf Von Ihering,
CC-2011-0278
quien
5
en el 1860 publicó una monografía atendiendo el
tema de la responsabilidad civil que se origina en el
periodo de la formación del consentimiento. Véase, M.P.
García Rubio, La responsabilidad precontractual en el
Derecho español, España, Ed. Tecnos, S.A., 1991, pág.
27. Al abordar el tema de la extensión del resarcimiento
en
estas
situaciones,
Ihering
elaboró
la
distinción
entre el interés positivo y el
interés negativo. El
positivo
tendría
su
en
contrato,
mientras
que
fundamento
el
negativo
la
en
validez
su
del
invalidez.
García Rubio, op. cit., pág. 230. Según la teoría del
interés negativo de Ihering, es este daño el que debe
ser resarcido en los casos de culpa in contrahendo, el
cual incluye, tanto los gastos realizados con miras a la
conclusión del contrato, como los daños derivados del
rechazo de la pérdida de otros contratos posibles. Íd.
La
doctrina
conceptos.
moderna
ha
Rubio,
op.
García
ido
redefiniendo
cit.,
pág.
estos
231.
Por
ejemplo, el interés negativo ha sido definido como el
daño
que
no
se
habría
producido
si
el
contrato
se
hubiese realizado. A. von Thur y E. Thilo, citado en
García Rubio, op. cit., págs.
231-232. Así, el daño
negativo comprende aquel daño que la parte experimentó
por
haber
confiado
honestamente
en
el
proceso
de
negociación y la concreción del contrato. El interés
positivo,
en
patrimoniales
celebrado.
cambio,
comprende
resultantes
M.
Alonso
si
el
Pérez,
todas
las
contrato
La
se
ventajas
hubiere
responsabilidad
CC-2011-0278
6
Precontractual, 47 Rev. Crítica de Derecho Inmobiliario
859, 905, Núm. 485 (julio - agosto 1971).
Según
Mosset
Iturrespe,
el
interés
negativo,
también llamado interés de confianza, consiste en el
daño sufrido como consecuencia de haber creído en la
conclusión del contrato; la pérdida sufrida por haber
atendido una invitación a entrar en tratativas o una
oferta. J. Mosset Iturraspe, Responsabilidad por daños,
Buenos
Aires,
Ed.
Ediar,
1982,
pág.
159.
“El
resarcimiento tiende a restablecer el statu quo anterior
a esos hechos”. Íd. Por esta razón, el mencionado autor
se adhiere sin reservas a la postura que extiende el
interés negativo que debe ser resarcible para abarcar
las ganancias que pudieron obtener en un negocio dejado
de lado. De esta forma, Mosset Iturraspe favorece la
inclusión
del
lucro
cesante,
criterio
que
indica
es
predominante en la doctrina europea. Íd.
Por su parte, Alonso Pérez expresa que el interés
negativo
comprende
previsión
del
los
futuro
gastos
que
contrato,
se
realizaron
tales
como
en
viajes,
informes periciales y asesoramientos. Alonso Pérez, op.
cit.,
pág.
905.
Pero
también
comprende
las
pérdidas
ocasionadas por no aprovechar ocasiones favorables de
celebrar
un
contrato
preciso
que
se
con
ocasione
otras
un
personas.
perjuicio
Íd.
“[E]s
patrimonial,
representado por los gastos realizados en atención al
contrato
proyectado
o
por
las
pérdidas
sufridas
en
cuanto que la actitud dolosa de la parte impidió a la
CC-2011-0278
7
otra, confiada en su honorabilidad, celebrar el negocio
con otros proponentes”.
Alonso Pérez, op. cit., pág.
906.
De forma similar, García Rubio considera que el
lucro cesante indemnizable comprende la pérdida de otras
oportunidades de contratar con un tercero, así como las
ventajas que ellas derivarían, lo que exige demostrar la
existencia
efectiva
de
esas
otras
oportunidades
negociables. García Rubio, op. cit., pág. 233.
La doctrina italiana sigue la doctrina de Ihering
en cuanto a la distinción entre el interés negativo y
positivo. Limita la indemnización al interés negativo
por
el
daño
confiado
en
ocasionado
las
como
consecuencia
negociaciones
de
haber
precontractuales
con
independencia del nacimiento del acuerdo jurídico. J.
Mendieta, La culpa in contrahendo Historia, Evolución y
Estado Actual de la Cuestión, 10 Rev. E-Mercatoria 40,
49,
(Núm.
2).
http://www.emercatoria.edu.co.
La
Disponible
en
corte
ha
italiana
establecido que el daño resarcible comprende la pérdida
derivada de la confianza en la conclusión del contrato y
la pérdida de ganancias a consecuencia del quebranto de
otras ocasiones contractuales. Íd.; Alonso Pérez, op.
cit., pág. 905.
Otra parte de la doctrina tiene una visión aún más
amplia y define al daño negativo como aquel que está
compuesto por todos los daños sufridos por el acreedor,
a causa de haber confiado en la vigencia de un contrato
CC-2011-0278
que
no
se
8
concretó.
Quienes
siguen
esta
postura
entienden que éste comprende todos los daños en relación
de causalidad adecuada, que ocasiona la frustración del
acto en sentido amplio. Véase, L. Cantarelli, Daño al
interés negativo, Las tesinas de Belgrano, núm. 152,
pág. 20, (2004). Disponible en http://www.ub.edu.ar/.
En Puerto Rico, el profesor José Julián Álvarez
González
ha
expresado
su
inclinación
a
favorecer
la
postura de Alonso Pérez, en cuanto a la inclusión de
otras
pérdidas
causadas
por
desaprovechar
ocasiones
favorables de celebrar un contrato con otras personas.
Véase: J. J. Álvarez González, El Tribunal Supremo de
Puerto
Rico:
Responsabilidad
Análisis
Civil
del
Término
Extracontractual,
76
2005-2006,
Rev.
Jur.
U.P.R. 763, 786 (2007). Igual postura parece sostener el
profesor Michael Godreau, al señalar que no logra ver la
justificación para no proteger de una forma igualmente
vigorosa a la víctima del comportamiento negligente que
a un negociante de buena fe, víctima del quebrantamiento
de
sus
expectativas
razonables
de
contratar.
M.
J.
Godreau, El Tribunal Supremo de Puerto Rico: Análisis
del Término 2005-2006, Obligaciones y Contratos, 76 Rev.
Jur. U.P.R. 901, 902-903 (2007).
En contraposición a las posturas que admiten el
doble componente de la indemnización en la ruptura de
las negociaciones y las posturas aún más abarcadoras, se
encuentran
quienes
cesante
la
en
rechazan
indemnización
la
por
inclusión
la
del
ruptura
lucro
de
las
CC-2011-0278
negociaciones
9
contraria
a
la
buena
fe.
Según
estos
autores, cuando ocurre un retiro de las negociaciones
puede indemnizarse solamente por los gastos realizados,
no así por las ganancias dejadas de percibir.
Uno de los primeros en plantear esta visión lo fue
G. Faggella. El jurista italiano rechazó el concepto de
interés
negativo.
G.
Faggella,
Dei
periodi
precontracttuali e della loro vera ed esatta costruzione
scientifica, 1906, t. III, pág. 341, citado en M. P.
García Rubio, op. cit. pág. 32. En su lugar propuso que
el daño resarcible se compone del valor de la oferta con
relación a la formación del contrato y por los daños y
gastos que hubiese incurrido durante los tratos. Íd. En
estos gastos no incluye la reparación de las ocasiones
perdidas.
Íd.
De
manera
similar,
Moreno
Quesada
considera que sólo deben ser indemnizables los gastos
llevados a cabo en miras de la concreción del contrato.
B. Moreno Quesada, La oferta de contrato: génesis del
contrato y responsabilidad antecontractual, Barcelona,
Ed. Nereo, 1963, pág. 56.
Entre quienes defendían la no inclusión del lucro
cesante en la cuantía de indemnización por culpa
in
contrahendo se encontraba Díez Picazo. Sin embargo, este
autor al parecer ha modificado su postura recientemente.
Ha afirmado que el interés negativo comprende también el
lucro cesante o
la ventaja que
hubiera
obtener
podido
si
como
la parte perjudicada
consecuencia
de
la
negociación emprendida, hubiera perdido otra ocasión de
CC-2011-0278
contratar.
10
Véase,
L.
Díez-Picazo,
La
existencia
del
contrato, AAMN, núm. 39., pág. 190 (2009), citado en M.
P. García Rubio, Estudio Doctrinal: La responsabilidad
precontractual
en
la
propuesta
de
modernización
del
derecho de obligaciones y contratos. LXV Boletín del
Ministerio de Justicia Núm. 2130 (2011). Disponible en
www.mjusticia.es/bmj.
Como vemos, la postura de no inclusión del lucro
cesante o la ventaja de oportunidades de contratar con
terceros al parecer es minoritaria.40 Según García Rubio,
esta división en cuanto a computar como elementos del
interés
negativo,
tanto
los
gastos
inútilmente
realizados como la frustración de ganancias futuras no
es marcada en la doctrina extranjera, por lo cual le
sorprende que algunos autores en la doctrina española
excluyan como partida del interés negativo la falta de
ganancia. García Rubio, op. cit, pág. 232.
III
La
mayoría
de
este
Tribunal
ha
optado
por
la
interpretación acotada de la extensión de los daños al
interés negativo. Con esta determinación, se limita la
protección que debe perseguir el principio de buena fe
durante
las
negociaciones.
Considero
que
una
interpretación estricta y estrecha no logra el objetivo
de
proteger
el
principio
de
la
buena
fe.
Tal
como
expresamos en Colón v. Glamorous Nails, supra, pág. 45,
a
lo
que
debemos
aspirar
es
a
conseguir
que
el
Véanse, J. Mosset Iturraspe, op. cit., pág. 159;
García Rubio, op. cit, pág. 232.
40
CC-2011-0278
11
desarrollo de las relaciones jurídicas, el ejercicio de
los derechos y el cumplimiento de las obligaciones se
produzcan conforme a una serie
de principios
que la
conciencia jurídica considera necesario.
En
materia
de
indemnización,
el
Art.
1059
de
nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3023, establece
que la indemnización de daños y perjuicios comprende no
sólo
el
también
valor
de
la
el
la
artículo
de
es
que
haya
sufrido,
sino
ganancia
dejada
de
obtener.
Este
aplicable,
tanto
extracontractuales,
Claramente,
el
pérdida
como
mencionado
a
a
las
articulado
relaciones
contractuales.
reconoce
que
la
indemnización comprende el daño emergente y el lucro
cesante.
Como mencionamos, la responsabilidad que surge por
la culpa in contrahendo no comprende todos los daños
contractuales sufridos por la otra parte, sino sólo los
perjuicios englobados en el llamado interés negativo.
Colón v. Glamorous Nails, supra; Alonso Pérez, op. cit.,
pág. 905. La naturaleza reparativa está basada en el
principio de que quien vulnera la confianza depositada
por
otro
debe
devolver
a
esa
persona
al
estado
que
hubiera estado si no se hubieran dado las circunstancias
que dan lugar a la reparación. Colón v. Glamorous Nails,
supra, pág. 57.
Los dos fundamentos principales para delimitar la
indemnización en los casos de culpa in contrahendo son
que
ésta
proviene
de
la
equidad,
cuyo
propósito
es
CC-2011-0278
12
sancionar el quebrantamiento de la confianza, y que se
busca
proteger
la
libertad
de
contratación.
Estos
principios fueron claves para decidir circunscribir la
compensación
Pero,
solamente
debemos
suficientes
interés
al
llamado
preguntarnos
para
no
negativo
si
reconocer
una
interés
estas
razones
son
la
extensión
del
en
cuantía
negativo.
por
lucro
cesante,
ocasionado por las pérdidas patrimoniales consecuentes
del quebranto de otras ocasiones de contratar que la
parte perjudicada hubiera podido obtener.
La
frente
equidad
a
la
exige
que
conducta
la
buena
culpable
que
fe
sea
puede
protegida
causar
una
consecuencia dañosa. Véase, Moreno Quesada, op. cit.,
pág. 200. En Colón v. Glamorous Nails, supra, expresamos
que como hija de la equidad, la doctrina de culpa in
contrahendo persigue sancionar el quebrantamiento de la
confianza y regresar a las partes a la situación en la
que
se
encontraban
antes
de
fallidos. Quien sufrió un daño
comenzar
los
tratos
a su patrimonio como
consecuencia de una violación al principio de la buena
fe contractual de quien incurrió en culpa in contrahendo
debe tener una protección completa. Existen unos efectos
patrimoniales que no están circunscritos a un desembolso
de
efectivo.
Por
esta
razón,
para
cumplir
con
el
principio de equidad y sancionar ese quebrantamiento de
la
confianza,
gastos
no
basta
incurridos.
cesante.
De
esta
con
También
manera,
indemnizar
debe
la
solamente
resarcirse
los
el
lucro
indemnización
debe
CC-2011-0278
13
extenderse
a
las
consecuencia
de
las
forma,
resarcirse
deben
oportunidades
expectativas
las
perdidas
creadas.
pérdidas
como
De
igual
ocasionadas
por
situaciones en las que se llegan a ciertas negociaciones
y ofertas que no pueden concretarse debido al retiro
injustificado de las negociaciones de la otra parte.
El no reparar las pérdidas patrimoniales surgidas
por el quebrantamiento de la buena fe en los tratos
preliminares
incompleta,
convierte
cuya
la
indemnización
consecuencia
real
es
no
en
una
colocar
al
perjudicado en la situación anterior. Para lograr el
mencionado
propósito
de
la
equidad,
sancionar
el
quebrantamiento de la confianza, es imperativo conceder
una indemnización íntegra al perjudicado.
El otro fundamento para el alcance limitado de la
indemnización
coartar
la
en
estos
libertad
casos
de
es
el
principio
contratación
ni
el
de
no
tráfico
jurídico. Sin embargo, el propio reconocimiento de la
responsabilidad
principio
por
culpa
mencionado.
Es
in
contrahendo
sabido
que
la
delimita
el
libertad
de
romper las negociaciones no es absoluta. Precisamente,
el límite reside en la confianza depositada por la otra
parte en la conclusión del contrato y el principio de la
buena fe durante las negociaciones. Aunque nadie está
obligado
a
contratar
en
esta
etapa,
sí
existe
una
obligación de comportarse según los principios de buena
fe y la violación a éstos conlleva el tener que reparar
el
daño
causado. El
incluir
el
lucro
cesante
en
la
CC-2011-0278
14
cuantía a poder ser indemnizada en los casos de culpa in
contrahendo no elimina la libertad de contratación. Por
el contrario, reitera la obligación de las partes de
comportarse según los principios de buena fe.
Como
vemos,
los
suficientes
para
íntegra
quien,
a
no
fundamentos
mencionados
no
una
reparación
real
en
la
reconocer
confiando
son
concreción
e
del
contrato, debido a las expectativas creadas por la otra
parte,
incurre
en
una
serie
de
gastos
y
pérdidas
patrimoniales.
Además
de
estos
mencionados
en
nuestra
razones
utilizadas
inclusión
del
dos
principales
jurisprudencia,
otra
de
las
sustentar
teoría
de
no
indemnización
por
para
lucro
fundamentos
cesante
en
la
la
culpa in contrahendo lo es la dificultad probatoria que
representa
la
determinación
del
lucro
cesante.
La
Opinión mayoritaria menciona que la partida de lucro
cesante resulta improcedente cuando ésta es especulativa
o
no
se
dañoso.
puede
Sin
demostrada
la
demostrar
su
correlación
embargo,
cuando
pérdida
patrimonial
con
mediante
el
acto
prueba
es
ocasionada
por
el
retiro injustificado de las negociaciones, la partida no
es especulativa y mucho menos improcedente.
Es
sabida
la
dificultad
que
encierra
la
determinación de la cuantía de lucro cesante. Y es que,
de ordinario, cuando el daño consiste en una disminución
de
patrimonio,
la
prueba
de
certeza
complicada. J. Mendieta, supra, pág. 52.
no
suele
ser
Sin embargo,
CC-2011-0278
15
cuando se quiere demostrar la
pérdida de un ingreso
futuro, la prueba del daño resulta más compleja. Íd. Es
por esto que la determinación de la cuantía de lucro
cesante es descrita como una operación intelectual, en
la que se contienen juicios de valor y que de ordinario,
exige
la
reconstrucción
haber
ocurrido.
L.
hipotética
Díez
de
Picazo,
lo
que
podría
Derecho
de
Daños,
Madrid, Civistas Ediciones, S.L., 1999, pág. 323. Sin
embargo, el que existan dificultades probatorias para
demostrar su existencia real no debe ser óbice para
limitar
la
reconocerse
extensión
de
la
en
de
culpa
casos
indemnización
in
que
debe
contrahendo,
esto
debido a que la dificultad probatoria es común a la
prueba de todos los lucros cesantes. García Rubio, op.
cit.
Estudio
precontractual
en
Doctrinal:
La
la
de
propuesta
responsabilidad
modernización
del
derecho de obligaciones y contratos. LXV Boletín del
Ministerio de Justicia Núm. 2130 (2011). Disponible en
www.mjusticia.es/bmj.
Alonso
Pérez
reconoce
ocasiones
puede
resultar
extensión
objetiva
del
la
la
complejidad
que
en
determinación
de
la
resarcimiento.
Sin
embargo,
señala que debe determinarse la indemnización de acuerdo
a
“las
circunstancias
delimitantes
de
cada
supuesto
concreto, el tipo de negocio que se preparaba y los
gastos reales desembolsados”. M. Alonso Pérez, op. cit.,
pág.
906.
La
dificultad
justifica
que
tales
probatoria
lucros
deban
de
ser
manera
alguna
excluidos
como
CC-2011-0278
partida
a
16
resarcir.
Así,
el
quebranto
patrimonial
sufrido por el perjudicado debe ser resarcido brindando
la
indemnización
lucro
cesante
tanto
del
comprendido
daño
por
emergente,
las
como
pérdidas
de
del
otras
oportunidades de contratar que se ven frustradas.
La dificultad en la determinación del lucro cesante
reside en que sólo debe incluirse en este concepto los
beneficios
ciertos,
concretos
y
acreditados
que
el
perjudicado debía haber percibido y no ha sido así. P.J.
Femenía
López,
Criterios
de
cesante
extracontractual,
delimitación
Valencia,
del
Ed.
lucro
Tirant
Lo
Blanch, 2010, pág. 40. Es por esto que solamente podrán
ser compensados los daños patrimoniales que dependan del
mismo hecho y que sean un efecto de éstos. Al cumplir
con este principio, el daño no es especulativo.
El límite en la cuantía a ser indemnizada por la
que
debe
responder
negociaciones
contrahendo
y
la
persona
violentó
debería
ser
así
que
el
se
retiró
deber
de
determinado
de
de
las
culpa
in
acuerdo
a
la
relación de causalidad. García Rubio, op. cit., pág.
241. “La delimitación de lo que debe incluir el interés
negativo no debe ser absoluta, sino más bien relativa.
Le corresponde al demandante probar la extensión de su
daño y la certeza de éste, así como la relación de
causalidad
entre
el
hecho
dañino
y
sus
daños”.
J.
Mendieta, op. cit., pág. 70. De esta manera, para poder
repararse debe ser probada una relación de causalidad
entre el daño y la actuación culposa o negligente.
CC-2011-0278
La
17
Opinión
mayoritaria
señala
que
quien
usa
un
derecho a nadie ofende. Opinión mayoritaria, págs. 3334.
Sin
embargo,
tal
como
expusimos
en
Colón
v.
Glamorous Nails, supra, reconocimos que el ejercicio de
un
derecho
no
está
exento
de
responsabilidad
si
se
ejercita de forma abusiva. Es por esto que cuando se
incurre
en
culpa
in
contrahendo
existe
una
responsabilidad. No es correcto expresar que en la etapa
precontractual
no
existe
ningún
responsabilidad.
La
responsabilidad
género
de
de
comportarse
conforme a los principios de buena fe y lealtad fue
reconocida desde el caso de Prods. Tommy Muñiz v. COPAN,
supra, según discutimos.
Por
otra
parte,
el
que
la
norma
de
culpa
in
contrahendo sea aplicada restrictivamente no es sinónimo
de
que
aplicada
la
la
indemnización
culpa
in
que
sea
reconocida
contrahendo
a
unos
una
vez
hechos
en
particular deba restringirse a un tipo de indemnización.
La
determinación
del
interés negativo como
resarcimiento
debe
alcanzar
el
hemos resuelto, el cual comprende
tanto el daño emergente como el lucro cesante, siempre
sujeto
al
elemento
de
causalidad
y
a
la
prueba
presentada.
Si reconocemos, como lo hemos hecho en el pasado,
que en el curso de las negociaciones existe un deber de
lealtad,
al
éste
ser
incumplido
debe
resarcirse
al
demandante. Sin embargo, es importante aclarar que la
postura
que
reconoce
el
doble
componente
en
esta
CC-2011-0278
18
indemnización no iguala la indemnización obtenida de la
celebración y posterior cumplimiento del contrato. No se
trata
de
equipararlo
a
los
casos
de
incumplimiento
propiamente contractual, sino de establecer la norma y
ver caso a caso que se cumplan, como mencionamos, los
criterios de causalidad adecuada.
IV
A.
Al determinar la extensión de la indemnización del
interés negativo no debemos limitarnos a atender los
gastos incurridos en miras al cumplimiento del contrato
que se estaba negociando. Luego de haberse creado unas
expectativas,
patrimoniales
podrían
que
no
existir
están
unas
comprendidas
pérdidas
en
un
gasto
incurrido. Por esta razón, es importante no limitar la
indemnización
a
los
gastos
incurridos
en
miras
al
contrato que se esperaba realizar. En cambio, debería
poderse
incluir
en
la
indemnización
las
pérdidas
de
otras oportunidades de contratar con terceros.
En
cuanto
a
esta
indemnización,
García
Rubio
sostiene que el negociador, a quien le fue ofrecida otra
oportunidad de contratar, puede efectivamente romper las
negociaciones, pero puede también no hacerlo y, si opta
por esto último, no ve razón por qué tiene que sufrir
las consecuencias negativas de la ilegítima actuación de
su conegociante. García Rubio, op. cit., pág. 235. Es
por esto que no lo ve como un riesgo de negocios que
debe asumir. Íd.
CC-2011-0278
En
la
19
etapa
de
negociación
pueden
considerarse
varios factores para que un negociante pierda ofertas
más
favorables.
Los
criterios
que
son
tomados
en
consideración para determinar si ha mediado culpa en la
terminación de los tratos preliminares sirven de norte
para comprender las razones por las que una
persona
pueda optar por continuar en las negociaciones, aunque
así
pierda
otras
oportunidades
de
contratar.
El
desarrollo de las negociaciones, los hechos particulares
y la relación que se ha venido dando, el curso que
siguieron las mismas, la conducta de las partes en su
transcurso, la etapa avanzada de las negociaciones, los
gastos
ya
incurridos
esperaba
realizar,
conclusión
del
la
en
vista
del
contrato
que
se
expectativa
razonable
de
la
contrato,
son
consideraciones
que
demuestran las razones por las cuales una parte puede
optar por mantenerse en las negociaciones y afectar así
las
oportunidades
que
tenga
con
otros.
García
Rubio
también señala que puede querer continuar debido a la
confianza especial que suscita. García Rubio, op. cit.,
pág.
241.
Si
el
negocio
proyectado
no
llega
a
celebrarse, “la persona defraudada sufre un daño que
será tanto mayor mientras mayor sean las condiciones en
las
que
pueda
celebrar
un
contrato
semejante
al
frustrado”. Íd.
De igual forma, existen situaciones en las que una
parte
realiza
ciertas
negociaciones
con
miras
a
la
concreción del contrato que estaba negociándose, pero la
CC-2011-0278
20
otra parte quebranta estos procesos afectando así la
buena
fe
y
lealtad
depositada
por
el
otro.
El
daño
ocasionado por las negociaciones que se ven frustradas
debido a la no realización del contrato que se estaba
negociando debería ser indemnizado. Son situaciones que
no
están
comprendidas
en
los
gastos
incurridos
propiamente, pero que crean una pérdida patrimonial que
debería ser atendida a tenor con la protección de la
buena fe en los tratos preliminares.
En síntesis, la reparación en casos de culpa in
contrahendo
inútiles
debe
poder
efectuados
comprender
durante
las
tanto
los
negociaciones,
gastos
como
también la pérdida de ocasiones de negociar a causa del
contrato
no
concluido.
Por
lo
tanto,
la
reparación
comprendería tanto el daño emergente como también, de
haberlo, el lucro cesante.
Por los fundamentos expresados y por entender que
la interpretación limitada en cuanto a la indemnización
en casos de culpa in contrahendo por la que ha optado la
opinión
mayoritaria
reconocido
y
la
va
en
protección
decisión de la mayoría.
detrimento
a
éste,
del
principio
disiento
de
la
CC-2011-0278
21
B.
En el caso ante nuestra consideración, surge del
expediente
que
fue
presentada
prueba
testifical
y
documental que demostró que los recurridos incurrieron
en gastos como consecuencia de la expectativa que tenían
respecto al contrato de arrendamiento. Para establecer
estos daños, los recurridos presentaron un informe de
daños
y
perito.
un
estimado
Apéndice,
de
pág.
pérdidas
realizadas
2110.
este
En
por
informe
un
fue
incluida la cantidad de gastos incurridos con miras al
contrato
que
incurridos
se
arquitectos,
iba
a
realizarse.
demostraron
preparación
Entre
gastos
en
de
manual,
un
los
gastos
contratación
compra
de
de
programas de computadoras y gastos de adiestramientos y
viajes para los mismos, entre otros. De igual forma,
fueron establecidas las pérdidas de otras ocasiones de
contratar. En vista del contrato que se realizaría, los
recurridos
llevaron
a
cabo
contratos.
Esto
debido
a
negociaciones
que
tenían
para
un
otros
plan
de
ampliación. Estas negociaciones fueron con miras a la
concreción del contrato que estaba negociándose para el
arrendamiento
del
edificio
15,
pero
no
pudieron
concretarse como consecuencia de la no realización del
contrato
esperado.
quebrantó
estos
lealtad
depositada
(PRFS).
De
esta
procesos
y
por
manera,
se
afectó
Puerto
Rico
la
otra
parte
la
buena
fe
Freight
y
System
CC-2011-0278
En
el
22
informe,
el
perito
utilizó
dos
clientes
existentes para realizar los cómputos de la expectativa
de ganancia. Apéndice, pág. 1764. El recurrido presentó
suficiente prueba documental, testifical y pericial que
convenció a los foros de su procedencia. Como vemos, la
prueba
del
recurrido
sobre
los
costos
y
gastos
incurridos resultó convincente.
Como es sabido, la apreciación de la prueba del
foro primario merece gran deferencia. En ausencia de
pasión, prejuicio, error manifiesto o parcialidad los
foros
apelativos
no
deben
intervenir
con
las
determinaciones de hecho y la apreciación de la prueba
que realiza un tribunal de instancia. Colón v. Lotería,
167 D.P.R. 625, 659 (2006); Lugo v. Municipio Guayama,
163 D.P.R. 208, 221 (2004); Argüello v. Argüello, 155
D.P.R. 62, 78-79 (2001).
V
Por
todo
lo
antes
disiento
del
criterio
expuesto,
respetuosamente
mayoritario.
En
su
lugar,
reconocería la procedencia del lucro cesante dentro de
la
partida
del
interés
negativo
que
procede
ser
compensado en los casos de culpa in contrahendo. Por
consiguiente, confirmaría el dictamen del Tribunal de
Apelaciones.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado