LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Juan López Morales

2012 TSPR 46

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Juan López Morales

TS-5663

Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía bajo la Regla 15 del Reglamento del Tribunal Supremo (incapacidad mental)

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2012 TSPR 46

Juan López Morales

184 DPR ____

Número del Caso: TS-5663

Fecha: 10 de enero de 2012

Oficina del Procurador General:

Lcda. Zaira Z. Girón Anadón

Subprocuradora General

Materia: Conducta Profesional- La suspensión será efectiva el 13 de

marzo de 2012 fecha en que se le notificó al abogado de su

suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Juan López Morales

TS-5663

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de enero de 2012.

La salud mental de los miembros que componen

la profesión legal es de importancia trascendental

no solo para este Tribunal, sino para la sociedad

puertorriqueña.

Esto

es

así

porque

tenemos

la

encomienda de asegurar que los abogados y abogadas

que practican

ejerzan

sus

el Derecho

funciones

con

competencia.

Un

abogado

facultades

mentales,

en nuestra jurisdicción

la

que

mayor

diligencia

padece

difícilmente

de

y

sus

podrá

desempeñarse a la altura que exige el Código de

Ética

Profesional,

4

L.P.R.A.,

Ap.

IX.

Por

esa

razón es que nos vemos precisados en el día de hoy

TS-5663

2

a suspender preventivamente al Lcdo. Juan López Morales

del ejercicio de la abogacía.

I

El

Lcdo.

Juan

López

Morales

fue

admitido

al

ejercicio de la abogacía el 31 de octubre de 1977 y al de

la notaría el 17 de enero de 1978. Desde el 25 de junio de

1980 renunció voluntariamente al ejercicio de la notaría.

Este procedimiento surge luego de que el licenciado

López Morales nos cursó una comunicación informándonos que

se le presentó una querella ante el Colegio de Abogados

del

estado

de

Georgia

donde

estaba

admitido

a

ejercer

también la profesión legal. Nos indicó que como producto

de

esa

querella,

fue

suspendido

abogacía

en

esa

jurisdicción.

En

señaló

que

de

ser

las

Comisionado

capacidad

ejercer

ciertas

Especial

mental,

la

de

ejercicio

de

la

su

comunicación,

nos

determinaciones

del

Georgia

entonces

abogacía

del

en

con

tampoco

Puerto

relación

estaría

Rico.

Por

a

su

apto

para

tanto,

nos

solicitó que nombráramos un Comisionado Especial para que

evaluara la prueba y realizara el informe correspondiente.

Luego de varios trámites procesales, el 27 de febrero

de

2009

le

ordenamos

a

la

Oficina

de

la

entonces

Procuradora General que evaluara la prueba y emitiera su

informe.

López

Asimismo,

Morales

para

le

concedimos

que

mostrara

término

causa

al

por

licenciado

la

cual

no

debíamos suspenderlo indefinidamente de la práctica de la

abogacía por motivo de la decisión del Tribunal Supremo

TS-5663

del

3

estado

de

Georgia.

El

21

de

mayo

de

2009

la

Procuradora General emitió su informe.

Posteriormente,

el

licenciado

López

Morales

compareció y explicó las circunstancias que dieron paso a

su suspensión de la práctica de la abogacía en el estado

de Georgia. Según narró el licenciado López Morales, la

controversia en el estado de Georgia surgió luego que le

solicitara al licenciado Ralph E. Hughes que cesara de su

representación legal en un caso por daños y perjuicios que

presentó

en

ese

estado

tras

sufrir

un

accidente

automovilístico.

Surge del expediente que luego de recibir sentencia a

su favor en el caso de daños, el licenciado López Morales

presentó

el

5

de

enero

de

2004

una

acción

civil

por

violación a sus derechos civiles ante la Corte de Distrito

de Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia al

amparo de la Sección 1983 del Título 42 del United States

Code, 42 U.S.C. sec. 1983. En su demanda, incluyó al juez

estatal que dilucidó el caso de daños, a sus asistentes, a

funcionarios

de

la

secretaría,

a

varios

jueces

del

Tribunal de Apelaciones de Georgia, al licenciado Hughes y

al licenciado Rusell McClelland.

Esencialmente,

en

esa

demanda

el

licenciado

López

Morales adujo que los demandados conspiraron en su contra

con el objetivo de privarlo de su derecho a un debido

proceso

de

concederle

ley

y

de

honorarios

sus

a

derechos

sus

dos

propietarios,

abogados

por

al

su

representación en el pleito civil de daños. Añadió que los

TS-5663

4

demandados

actuaron

en

común

acuerdo

y

concertadamente

para ocasionarle daños, oprimirlo, obstruirle, denegarle y

privarle del libre disfrute de los derechos y privilegios

garantizados por la Constitución y las leyes de Estados

Unidos.

Por estas alegaciones, el licenciado Hughes presentó

una querella contra el licenciado López Morales ante la

Asociación

de

Abogados

de

Georgia

(“State

Bar

of

Georgia”). En síntesis, en la queja el licenciado Hughes

le imputó al licenciado López Morales desconocimiento del

sistema judicial del estado de Georgia y abuso del sistema

para su lucro personal, lo que lo convertía en un peligro

para

el

público.

reclamaciones

De

igual

forma,

afirmó

del licenciado López Morales

que

las

pusieron una

carga mayor al sistema al añadir innecesariamente volumen

de trabajo a numerosos individuos y personal del tribunal.

El

licenciado

presentada

violaba

López

su

Morales

derecho

expuso

que

la

queja

constitucional

al

debido

proceso de ley, por ser vaga e imprecisa. Además, señaló

que la Regla 4-212(a) de la Asociación de Abogados (“State

Bar of Georgia”),1 violaba su derecho a no incriminarse

1

“Rule 4-212. Answer of Respondent; Discovery

(a) The respondent shall serve his answer to the formal

complaint of the State Bar within thirty days after

service of the formal complaint. In the event that

respondent fails to answer or to obtain an extension of

time for his answer, the facts alleged and violations

charged in the formal complaint shall be deemed admitted.

(continúa...)

TS-5663

5

mediante

testimonio

compelido

conforme

a

la

Quinta

Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Asimismo,

manifestó que la querella era producto de una persecución

selectiva por razón de raza y por utilizar el derecho a la

libre expresión que le garantiza la Primera Enmienda.

De otra parte, insistió en que la querella era un

castigo cruel e inusitado pues la Asociación de Abogados

del estado (“State Bar of Georgia”) conocía que las Reglas

de Procedimiento Civil federales no penalizaban por las

inferencias y conclusiones que se hacen en las alegaciones

de una demanda. Sostuvo que sus alegaciones e inferencias

en contra de los funcionarios judiciales y abogados deben

ser adjudicadas por un tribunal y que no fueron hechas con

malicia. Manifestó que sus alegaciones eran producto de la

conducta

desplegada

por

los

funcionarios

demandados,

quienes estaban sujetos al escrutinio público. Por eso,

impugnó la inmunidad absoluta que disfrutan los jueces del

estado

de

entiende

Georgia

por

incompatible

sus

con

el

decisiones

judiciales,

que

sistema

constitucional

de

gobierno.

In the event the respondent’s answer fails to address

specifically the issues raised in the formal complaint,

the facts alleged and violations charged in the formal

complaint and not specifically addressed in the answer

shall be deemed admitted. A respondent may obtain an

extension of time not to exceed fifteen days to file the

answer from the special master, or, when a challenge to

the special master is pending, from the chairperson of the

Review Panel. Extensions of time for the filing of an

answer shall not be routinely granted”.

TS-5663

6

Por último, aseguró que la licencia que le otorgó el

estado de Georgia para practicar en esa jurisdicción era

un

derecho

propietario

protegido

por

las

leyes

y

constituciones de Estados Unidos y del estado de Georgia.

Cabe señalar que el 23 de enero de 2004 el licenciado

López

Morales

desistió

sin

perjuicio

de

la

demanda

presentada en el foro federal.

Como

resultado

de

la

queja

presentada

por

el

licenciado Hughes, la Asociación de Abogados del estado

(“State Bar of Georgia”) determinó causa y presentó una

querella formal ante el Tribunal Supremo de ese estado. En

la querella, se le imputó al licenciado López Morales una

infracción a la Regla 3.1(b)2 y otra a la Regla 3.3 (a)(1)3

2

“RULE 3.1 MERITORIOUS CLAIMS AND CONTENTIONS

In the representation of a client, a lawyer shall not:

(a) file a suit, assert a position, conduct a defense,

delay a trial, or take other action on behalf of the

client when the lawyer knows or when it is obvious that

such action would serve merely to harass or maliciously

injure

another;

(b) knowingly advance a claim or defense that is

unwarranted under existing law, except that the lawyer may

advance such claim or defense if it can be supported by

good faith argument for an extension, modification or

reversal

of

existing

law.

The maximum penalty for a violation of this Rule is a

public reprimand”.

3

“RULE 3.3 CANDOR TOWARD THE TRIBUNAL

(a) A lawyer shall not knowingly:

(1) make a false statement of material fact or law to a

tribunal;

(continúa...)

TS-5663

7

del Código de Conducta Profesional del estado de Georgia.

El primero de esos artículos prohíbe que un abogado, a

sabiendas, presente una reclamación o defensa

prohibida

por ley ante los tribunales, a menos que pueda sostenerla

mediante argumentos de buena fe, que se inclinen a que se

puede extender, modificar o derogar la ley existente. La

segunda imputación es por hacer falsas aseveraciones al

tribunal.

Luego de varios trámites

procesales, el licenciado

López Morales contestó la querella. En esta indicó que el

Comisionado Especial designado se tardó intencionalmente,

(2) fail to disclose a material fact to a tribunal when

disclosure is necessary to avoid assisting a criminal or

fraudulent

act

by

the

client;

(3) fail to disclose to the tribunal legal authority in

the controlling jurisdiction known to the lawyer to be

directly adverse to the position of the client and not

disclosed

by

opposing

counsel;

or

(4) offer evidence that the lawyer knows to be false. If a

lawyer has offered material evidence and comes to know of

its falsity, the lawyer shall take reasonable remedial

measures.

(b) The duties stated in paragraph (a) continue to the

conclusion of the proceeding, and apply even if compliance

requires disclosure of information otherwise protected by

Rule 1.6.

(c) A lawyer may refuse to offer evidence that the lawyer

reasonably

believes

is

false.

(d) In an ex parte proceeding, other than grand jury

proceedings, a lawyer shall inform the tribunal of all

material facts known to the lawyer that the lawyer

reasonably believes are necessary to enable the tribunal

to make an informed decision, whether or not the facts are

adverse.

The maximum

disbarment”.

penalty

for

a

violation

of

this

Rule

is

TS-5663

8

dos años y cuatro meses

en emitir las resoluciones en

torno

pues

a

su

querella,

todo

era

parte

de

una

conspiración de su parte, ya que esperaba la finalización

de una investigación que inició el Negociado Federal de

Investigaciones en su contra por escribirle una carta al

Secretario

General

de

las

Naciones

Unidas.

Según

el

licenciado López Morales, de resultarle desfavorable esa

investigación,

al

Comisionado

Especial

se

le

haría

más

fácil recomendar su desaforo.

Tras

evaluar

la

determinó

que

demanda

derechos

civiles

la

prueba,

el

federal

presentada

por

Comisionado

Especial

por

violación

a

los

el

licenciado

López

Morales no se sustentaba en ley alguna y además fue hecha

de

mala

fe.

De

igual

forma,

indicó

que

existe

una

arraigada corriente de que los jueces, cuando actúan en su

capacidad judicial, son inmunes de cualquier reclamación

económica por alegados daños causados en el ejercicio de

sus funciones. Así pues, el abogado que desee plantear una

excepción a esta regla deberá hacerlo con extremo cuidado.

Concluyó

que

ejercieron

todas

sus

las

funciones

personas

que

fueron

demandas

por

que

adecuadamente,

lo

su

reclamación carecía tanto de hechos como de fundamentos

legales para sostenerse.

Posteriormente,

el

Comisionado

Especial

emitió

su

informe final en el que manifestó su preocupación por la

salud mental del licenciado López Morales. En síntesis,

arguyó

que

padecimiento

las

de

alegaciones

sus

del

facultades

querellado

mentales.

denotaban

Añadió

que

un

la

TS-5663

9

presentación de la demanda por violación a sus derechos

civiles

demostraba

fuertes

indicios

de

paranoia

y

persecución. Concluyó que el querellado era una amenaza a

la

seguridad

pública

por

lo

que

era

necesaria

su

suspensión hasta tanto recibiera ayuda psiquiátrica.

Finalmente, como el licenciado López Morales no quiso

someterse

a

exámenes

psiquiátricos,

el

Comisionado

Especial recomendó que se suspendiera de la práctica de la

abogacía hasta que estuviese dispuesto a someterse a las

evaluaciones

ello.

Esa

correspondientes

recomendación

y

fue

presentara

acogida

evidencia

por

el

de

Tribunal

Supremo de Georgia, que procedió a suspender al licenciado

López Morales hasta tanto cumpliera con las condiciones

establecidas.

Tras no cumplir con lo ordenado, el 24 de septiembre

de

2007

el

Tribunal

separación

indefinida

ejercicio

de

la

Supremo

del

abogacía

de

Georgia

licenciado

López

en

ese

estado

presentados

por

el

decretó

la

Morales

del

por

razón

de

enfermedad mental.

Los

escritos

licenciado

López

Morales ante este Tribunal, al igual que los que presentó

ante

los

tribunales

incoherencias,

de

Georgia,

especulaciones

y

están

argumentos

plasmados

que,

de

cuando

menos, denotan que el licenciado López Morales padece de

sus facultades mentales.

De entrada, en sus escritos ante este Tribunal, el

licenciado López Morales le imputó al Tribunal Supremo de

Georgia emitir una opinión que, según sus palabras, es

TS-5663

10

enferma y además violatoria del debido proceso de ley como

de la igual protección de las leyes. Al amparo de esos

argumentos, nos solicita que reevaluemos la prueba.

En el Informe de la Procuradora General, esta llama

la

atención

a

una

declaración

jurada

suscrita

por

el

licenciado López Morales en la que asegura que su teléfono

fue interceptado en el estado de Georgia, que era seguido

al parque donde solía caminar, además de en las calles

donde

residía.

También

juró

que

supermercados,

en

los

grupos

asistía,

así

como

en

la

domingos.

Si

eso

fuera

era

de

iglesia

poco,

perseguido

en

los

los

que

frecuentaba

los

arguyó

los

solteros

que

también

a

que

empleados de un médico al que visitaba eran parte de la

conspiración. Igualmente, afirmó que la policía de Puerto

Rico continuó con

la

Isla,

varias

ya

que

residencia

en

por

persecución una vez regresó a la

personas

ocasiones

que

fue

“atacado”

en

su

el

de

un

utilizaban

foco

helicóptero para iluminarla. También, el licenciado López

Morales

aseguró

que

era

perseguido

cuando

visitaba

la

biblioteca de la Escuela de Derecho de la Universidad de

Puerto Rico.

En

también

esta

declaración,

aseveró

que

el

varios

licenciado

jueces

López

mintieron

Morales

en

un

documento público por lo que se vio precisado a presentar

una querella ante la Oficina de la Administración de los

Tribunales.

Sumado

a

esto,

indicó

que

el

Tribunal

de

Apelaciones violó su reglamento, como el derecho vigente

TS-5663

11

en varios casos en los que él figuró como representante

legal de una parte.

A

la

luz

de

esta

documentos

que

obran

Procuradora

General

declaración,

en

el

concluyó

así

expediente,

que

el

como

de

la

entonces

licenciado

los

López

Morales daba la impresión de padecer de sus facultades

mentales, lo que confirmaba las conclusiones del Tribunal

Supremo

de

Georgia.

procedimiento

al

Sugirió

amparo

de

someter

la

al

Regla

letrado

15

de

a

un

nuestro

Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, o de lo contrario, darle

entera

fe

y

crédito

de

recibir

a

la

determinación

del

estado

de

Georgia.

Luego

este

informe,

nombramos

al

Lcdo.

Hiram A. Sánchez Martínez como Comisionado Especial para

que recibiera prueba sobre la salud mental del licenciado

López Morales según establece la Regla 15(h) de nuestro

Reglamento, supra. Procedimos a concederle término a las

partes para que designaran sus peritos. El plazo expiró

sin que las partes nombraran ningún perito por lo que

procedimos a designar los miembros del panel. A la misma

vez, apercibimos al licenciado López Morales que si se

negaba a someterse a un examen médico, ello constituiría

prueba prima facie de su incapacidad mental y además daría

paso

a

su

suspensión

preventiva

del

ejercicio

de

la

profesión.

El 28 de abril de 2010 el licenciado López Morales

compareció. Inició su comparecencia con varias citas de la

Constitución, de las Reglas de Evidencia, de diccionarios,

TS-5663

12

así como de jurisprudencia local y de otras jurisdicciones

de Estados Unidos. Según él, la utilizaría para evaluar la

orden del Comisionado Especial en cuanto a que se debía

someter a exámenes psiquiátricos. Acto seguido, comenzó a

desafiar

a

la

Oficina

de

la

Procuradora

General.

En

específico, expresó lo siguiente con relación a la orden

del Comisionado Especial de que se nombraran los peritos

psiquiatras:

[L]a Oficina de la Procuradora General de

Puerto Rico, que es la oficina con la

obligación legal de investigar la conducta

de los abogados en Puerto Rico, no le hizo

caso al no nombrar un perito psiquiatra. Se

debe a que esas jóvenes saben que contra JLM

hay una persecución política porque él le

declaró

la

guerra

a

la

Corrupción

Institucionalizada y Vulgar en el Sistema

Judicial

de

toda

la

Nación

y

sus

territorios. Menos caso le hizo JLM que

conoce las distintas técnicas de las muchas

que usa la Corrupción Institucionalizada en

Los

Estados

Unidos

de

América

y

sus

territorios

para

callar

o

sacar

de

circulación a los abogados que le declaran

la guerra a dicha corrupción… (Énfasis en el

original.)

Contestación a Orden del Comisionado Hiram

Sánchez Martínez del 6 de abril de 2010,

págs. 5-6.

Añadió

que

tiene

una

propuesta

para

eliminar

corrupción en el servicio público,

al establecer que las violaciones a la

Constitución y/o leyes donde una persona o

el Estado (pueblo) sufra daños por la culpa

o negligencia del juzgador o un empleado

público, no sólo va a ser despedido de su

puesto, sino que va a responder civilmente

con sus bienes personales ante un panel de

jurado del pueblo, cuya decisión será final

y firme porque el pueblo es el soberano.

También si el caso lo amerita, y frente a un

la

TS-5663

13

panel de jurado, será juzgado criminalmente,

y de salir culpable, va a cumplir su

sentencia junto con la población penal.

Íd., pág. 6.

Con relación al mismo asunto, expresó que

En Puerto Rico los abogados, entre

ellos, le llaman al Sistema Judicial: “El

Monstro sin Cabeza”. JLM decidió darle la

guerra y no tiene riversa [sic] porque está

en

juego

el

futuro

de

toda

nuestra

descendencia y la evolución de la especie en

sociedad….

…

La corrupción institucionalizada en los

tribunales, usa como uno de sus mecanismos,

la discreción judicial. Así permite que la

corrupción vulgar florezca. (Énfasis en el

original.)

Íd., pág. 7.

Por otra parte, señaló que la orden del Comisionado

Especial es

inconsistente y engañosa. Es inconsistente

porque acepta que la Procuradora General y

JLM no nombraron peritos psiquiatras alguno,

pero luego dice que la Procuradora nombró al

Dr. Guillermo J. Hoyos Precssas, y JLM

nombró a la Dra. Cynthia Casanova Pelosi. A

mi juicio, es falso total. Si alguien se

comunicó por cualquier medio con la doctora

Cynthia Casanova Pelosi, y se identificó

como JLM no es cierto. JLM nunca lo ha hecho

ni lo hará porque no tiene la necesidad, ni

ha autorizado a nadie que lo haga por él.

Los que deben coger tratamiento psiquiátrico

son

los

corruptos

en

todas

sus

manifestaciones porque esa es prueba de

subdesarrollo mental.

Íd., pág. 8.

Posteriormente,

dirigiéndose

a

los

psiquiatras

nombrados por el Comisionado, manifestó lo siguiente:

TS-5663

14

Doctores, ese es el pecado del abogado JLM,

declararle

la

guerra

a

la

Corrupción

Institucionalizada y Vulgar en el Sistema

Judicial de los Estados Unidos de América y

sus territorios, producida por jueces y

políticos corruptos de los gobiernos de los

partidos políticos que vienen a los empleos

públicos a enriquecerse y a enriquecerse sus

amigos con los fondos públicos. Entonces a

espaldas del pueblo, ponen a los jueces de

los tribunales supremos a legislar para

beneficio

de

ellos

y

los

políticos,

estableciendo una tiranía silente contra el

pueblo. Esa es parte de la Corrupción

Institucionalizada. JLM no claudicará [;]

las ideas no se matan.… Estoy dispuesto a

reunirme con ustedes, los tres juntos, para

que aclaren dudas de este caso, pero no para

evaluaciones

mentales

porque

no

las

necesito. (Énfasis en el original.)

Íd., pág. 11.

Tras declarar no ha lugar esta moción, el licenciado

López

Morales

curso

dos

nuevas

comparecencias,

que

al

igual que la anterior, están cargadas de insultos para los

miembros de esta Curia, la Oficina del Procurador General

y

el

Comisionado

Especial

designado.

A

continuación

algunas de las expresiones del licenciado López Morales

refiriéndose a la resolución de 28 de mayo de 2010:

2. Está basada en un fraude probado y

admitido por la Oficina del Procurador

General de Puerto Rico, que tenía el derecho

de replicar mi contestación y no lo hizo.

Admitió su fraude y mi prueba, al permanecer

en silencio ante prueba que de no ser cierta

la obligaba a contestar.

3. A partir de esa Resolución los seis

señores jueces dejaron de ser un Tribunal

imparcial, y se convirtieron en parte

interesada. Por tal razón su conducta está

sujeta a exámenes lógicos, inferencias, etc.

4. Al usar un fraude como base para una

resolución judicial con la firma y sello del

Tribunal, no pueden garantizarle al pueblo

justicia…

…

TS-5663

15

Esa Resolución de 28 de mayo de 2010 de este

Tribunal, tiene a JLM sin cuidado porque es

el producto de coconspiradores desesperados

porque no tienen prueba para sostener sus

imputaciones… Dicha Resolución refleja la

ausencia de prueba contra JLM y están

tratando de fabricarle un caso a JLM usando

de manera tiránica a tres peritos médicos…

Se puede observar hasta donde llega la

Corrupción en los tribunales de la Nación y

sus territorios… Nótese que cuando su

agente, el ex juez, Hiram A. Sánchez

Martínez, no tiene prueba para cumplir con

el inciso (a) de la Regla 15 de su

Reglamento, los seis señores “jueces” vienen

en su ayuda y violan el debido proceso de

ley al querer obstaculizar sin éxito una

defensa que nadie puede evitar: El que hace

unas imputaciones viene obligado a producir

la prueba. Realmente me dan pena.

Véase, Contestación a Resolución del 28 de

mayo de 2010 en el caso de epígrafe, págs.

6-7.

Además, el licenciado López Morales tituló una de sus

comparecencias

Inquisitiva”.

escritas

En

esa

como

misma

“Moción

moción

se

Informativa

e

autodenominó

“El

Látigo de la Corrupción en el Sistema Judicial”. Véase,

Moción Informativa e Inquisitiva, pág. 8.

Son múltiples los insultos, vituperios y ofensas que

el

licenciado

López

Morales

ha

hecho

a

través

de

sus

mociones a los miembros de este Tribunal, a la Oficina del

Procurador

General

y

al

Comisionado

designado.

No

transcribiremos cada una de sus alegaciones ya que muchas

son sumamente ofensivas, desafiantes y ponen en entredicho

la labor que realizan varios funcionarios públicos, sin

base para sustentarlas.

Luego

de

recibir

estas

mociones,

le

concedimos

término al licenciado López Morales para que informara qué

TS-5663

16

gestiones realizó con los tres peritos psiquiatras que se

designaron para su evaluación. Le apercibimos que de no

haber

hecho

gestión

alguna,

informara

las

razones

para

ello. Asimismo, le apercibimos que de negarse a someterse

al examen médico ante los psiquiatras designados, ello se

consideraría prueba prima facie de su incapacidad mental,

por

lo

que

podría

ser

suspendido

preventivamente

del

ejercicio de la profesión, tal como dispone la Regla 15 de

nuestro Reglamento.

Al transcurrir el término sin que el licenciado López

Morales

se

sometiera

solicitamos

a

las

a

los

exámenes

psiquiatras

psiquiátricos,

designadas

que

nos

informaran si el querellado realizó alguna gestión para

someterse

a

comparecieron

los

exámenes

informándonos

correspondientes.

que

el

licenciado

Estas

López

Morales no se comunicó ni hizo gestión alguna con ellas

para

someterse

Comisionado

a

la

Especial

evaluación.

concluyó

que

Por

esta

razón,

el

licenciado

el

López

Morales, por sus dichos y conducta, no tenía la intención

de

cumplir

con

lo

ordenado.

Así

pues,

el

Comisionado

Especial culminó el trámite de este asunto, no sin antes

recomendar

“como

medida

de

protección

social,…

[la]

suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía [del

licenciado López Morales] hasta que … demuestre que se

encuentra

apto

para

reincorporarse

al

ejercicio

de

la

profesión”. Informe final del Comisionado, supra, pág. 29.

II

TS-5663

17

La

supra,

Regla

15

es

mecanismo

un

del

Reglamento

de

nuestro

profiláctico

que

Tribunal,

“establece

el

procedimiento para separar indefinidamente a un abogado

del ejercicio de la abogacía, por razón de una condición

mental

o

emocional

competentemente”.

Responsabilidad

que

S.

le

Steidel

Disciplinaria

del

impida

desempeñarse

Figueroa,

Ética

Abogado,

Publicaciones

y

J.T.S., (2010), pág. 373. Este mecanismo es “parte del

poder inherente que tiene este Tribunal para regular la

profesión de [la] abogacía en Puerto Rico”. In re Valentín

Maldonado, 178 D.P.R. 906, 911 (2010). Véanse, además, In

re Ramos Muñoz, 155 D.P.R. 255, 259 (2001); In re Fund.

Fac. Der. E. Ma. De Hostos II, 150 D.P.R. 508, 511–512

(2000);

In

re

Rodríguez

Torres,

106

D.P.R.

698,

748

(1978); Ex parte Jiménez, 55 D.P.R. 54, 55 (1939); Coll v.

Leake, Juez de Distrito, 17 D.P.R. 857, 866–868 (1911). Es

corolario

de

“nuestro

funcionamiento

intereses

de

del

los

interés

sistema

para

garantizar

judicial

funcionarios

y

el

buen

y

los

mejores

abogados

que

en

ella

laboran y postulan…. Además, es parte de nuestro interés

de

que

los

profesionales

Hernández

abogados

puedan

competente

y

Rodríguez,

Op.

de

realizar

sus

diligentemente”.

8

de

abril

de

labores

In

re

2011,

2011

T.S.P.R. 61, 2011 J.T.S. 66, 181 D.P.R. __ (2011). Véanse,

además, In re Gutiérrez Santiago, 179 D.P.R. 739 (2010);

Canon 18 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Ahora

bien, distinto a los casos en los que separamos a los

miembros

de

nuestra

profesión

por

violaciones

de

los

TS-5663

18

Cánones de Ética Profesional, el mecanismo dispuesto en

esta

Regla

no

está

catalogado

como

una

sanción

disciplinaria, sino más bien como una medida de protección

social. Íd.

En síntesis, la Regla 15 provee para la designación

de

tres

peritos

psiquiatras.

Uno

es

nombrado

por

el

Comisionado designado, otro por el Procurador General y el

último

por

el

abogado

querellado.

Estos

evaluarán

al

abogado y realizarán sus conclusiones. Con el beneficio de

lo

anterior,

el

Comisionado

recomendaciones.

emitirá

sus

conclusiones

y

Véase, Regla 15 de nuestro Reglamento,

supra.

Ahora

bien,

en

los

casos

en

los

que

el

abogado

querellado se niegue a someterse a los exámenes médicos

ordenados, el inciso (e) de la Regla 15, supra, dispone

que ello constituirá prueba prima facie de la incapacidad

del abogado que dará lugar a su suspensión preventiva.

III

De un examen del expediente ante nos, percibimos, al

igual

que

licenciado

el

Tribunal

López

Morales

Supremo

de

Georgia,

muestra

indicios

que

el

fuertes

de

paranoia y persecución. Tal parece que su salud mental

comenzó a dar indicios de estar afectada desde el momento

en que inició la demanda en la corte federal del estado de

Georgia contra varios funcionarios de la Rama Judicial de

ese

estado.

Su

comportamiento

está

plasmado

de

alucinaciones respecto a supuestas persecuciones por hacer

valer sus derechos. En todo momento, el licenciado López

TS-5663

19

Morales ha responsabilizado al sistema judicial de que los

procesos no finalicen según su percepción de lo que es el

derecho y la justicia. Acusa a los funcionarios de ser

agentes de la corrupción.

Como consecuencia de esos actos, el licenciado López

Morales fue suspendido indefinidamente del ejercicio de la

abogacía en el estado de Georgia porque, igual que hizo en

Puerto

Rico,

aparentan

presentó

revelar

argumentos

que

se

incongruentes

encontraba

que

incapacitado

mentalmente para ejercer la abogacía. Además, se rehusó

también

a

someterse

a

los

exámenes

psiquiátricos

para

licenciado

López

evaluar su condición mental.

En

cuanto

al

comportamiento

del

Morales ante este Tribunal, hemos observado que, a pesar

de

las

múltiples

concedimos

para

oportunidades

que

se

y

prórrogas

sometiera

a

los

que

le

exámenes

psiquiátricos correspondientes, se ha negado a hacerlo ya

que considera que son parte de la persecución que contra

él

tienen

Incluso,

el

Comisionado

ignoró

apercibirle

que

ejercicio

la

de

nuestros

podrían

designado

este

requerimientos

dar

abogacía.

y

paso

Como

a

su

a

Tribunal.

pesar

de

suspensión

del

correctamente

señaló

el

Comisionado Especial, “[d]e los escritos que el abogado ha

sometido en los foros judiciales de Georgia y Puerto Rico

nos

parece

razonable

concluir

que

el

licenciado

López

Morales … padece de un trastorno mental que lo incapacita

en estos momentos para ejercer la profesión de abogado en

Puerto Rico”. Informe del Comisionado, pág. 30.

TS-5663

20

Con

estos

antecedentes,

concluimos

que

las

imputaciones infundadas y el tono de los escritos que el

licenciado

López

Morales

ha

sometido

en

los

foros

judiciales de Georgia y Puerto Rico, así como su negativa

a

someterse

a

los

tenor

exámenes

Tribunal

a

de

indicios

suficientes

la

y

médicos

Regla

prueba

ordenados

15,

supra,

prima

facie

por

este

constituyen

de

que

este

padece de un trastorno mental que lo incapacita en estos

momentos para ejercer la profesión de abogado en Puerto

Rico. El licenciado López Morales tuvo la oportunidad de

evitar que operara la presunción prima facie que establece

la

Regla

15

de

nuestro

esta

razón,

Reglamento,

supra,

pero

no

la

inmediata

e

Morales

del

el

de

rebatió.

Por

indefinidamente

al

ejercicio

de

la

notificar

a

todos

continuar

se

suspende

licenciado

abogacía.

sus

Juan

López

Se

le

impone

clientes

de

su

representándolos,

deber

inhabilidad

devolverles

para

cualesquiera

honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar

oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y

administrativos. Además, tiene la obligación de certificar

ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro

de un término de treinta días, a partir de la notificación

de esta Opinión.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Juan López Morales

TS-5663

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de enero de 2012.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

integrante de la presente Sentencia, se suspende

inmediata e indefinidamente al licenciado Juan López

Morales del ejercicio de la abogacía. Se le impone el

deber de notificar a todos sus clientes de su

inhabilidad

para

continuar

representándolos,

devolverles cualesquiera honorarios recibidos por

trabajos no realizados e informar oportunamente de su

suspensión a los foros judiciales y administrativos.

Además, tiene la obligación de certificar ante este

Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro de un

término de treinta días, a partir de la notificación

de esta Opinión.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la

Secretaria del Tribunal.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo