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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Consejo de Titulares del Condominio Victoria Plaza v. Gómez Estremera

2012 TSPR 12

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Consejo de Titulares del Condominio Victoria Plaza v. Gómez Estremera

CC-2010-617

Ley de Condominios – Reclamación contra los miembros del Consejo de Titulares o Junta de Directores; jurisdicción del DACO

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Consejo de Titulares del

Condominio Victoria Plaza, Etc.

Peticionarios

v.

Raúl Gómez Estremera y su

Esposa María Cruz Romance, Et

Al

Certiorari

2012 TSPR 12

184 DPR ____

Recurridos

Número del Caso: CC-2010-617

Fecha: 24 de enero de 2012

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan Panel IV

Juez Ponente:

Hon. Luisa M. Colom García

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Rafael J. López Rivera

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Domingo Arturo Quiles Rosado

Lcdo. Luis A. Meléndez-Albizu

Materia: Daños y Perjuicios

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Consejo de Titulares del

Condominio Victoria Plaza,

Etc.

Peticionarios

Certiorari

CC-2010-0617

v.

Raúl Gómez Estremera y su

esposa María Cruz Romance, Et

Al

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Rivera García

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2012.

En esta ocasión debemos interpretar el alcance

del Art. 42 de la Ley de Condominios, Ley Núm. 1032003

(31

corresponde

L.P.R.A.

resolver

sec.

si

1293f).

una

causa

Además,

de

acción

nos

en

daños y perjuicios por parte de un titular de un

apartamento dedicado a vivienda contra el Consejo

de Titulares o su Junta de Directores, se encuentra

subsumida dentro del procedimiento ordinario para

impugnaciones

sobre

determinaciones,

acuerdos,

acciones u omisiones de la Junta de Directores.

2

CC-2010-0617

Específicamente, debemos determinar si el Tribunal de

Primera Instancia, por vía de una reconvención compulsoria

al amparo de la Regla 11.1 de Procedimiento Civil, infra, y

sustentada en el principio de economía procesal, adquiere

jurisdicción para atender reclamaciones

de

un condómino

hacia la Junta de Directores y/o el Consejo de Titulares.1

I

El

Condominio

edificio

Victoria

residencial

Plaza

sometido

al

(Condominio)

régimen

de

es

un

propiedad

horizontal y localizado en el área del Condado, ubicada en

el Municipio de San Juan. Está compuesto por treinta y

cinco

(35)

apartamentos

residenciales

distribuidos

en

dieciocho (18) pisos o plantas. Los hechos que dan origen a

esta controversia surgen luego de que el 21 de mayo de 2008

ocurriera

un

desbordamiento

de

agua

proveniente

del

Apartamento 2-B, propiedad de los recurridos Raúl Gómez

Estremera y su señora esposa, María Cruz Romance. A su vez,

dicha inundación causó daños al elevador de servicios del

Condominio. El costo y la labor para reparar el ascensor

averiado

fue

Extraordinaria

1

de

$10,765.00.

celebrada

el

11

Mediante

una

Asamblea

de

de

2008,

agosto

se

Los hechos procesales que originaron el recurso de epígrafe tuvieron

lugar durante la vigencia de las Reglas de Procedimiento Civil de

1979, 32 L.P.R.A. Ap. II, por lo que haremos referencia a dicho cuerpo

de reglas para disponer de la controversia que nos ocupa. No obstante,

la Regla 11 de Procedimiento Civil de 1979, supra, no fue objeto de

cambios significativos en las Reglas de Procedimiento Civil de 2009,

32 L.P.R.A. Ap. V. Consecuentemente, la doctrina que pautamos a través

de esta Opinión es vinculante a la interpretación y aplicación de la

Regla 11 de Procedimiento Civil de 2009, supra.

3

CC-2010-0617

autorizó a la Junta de Directores a desembolsar fondos

comunales para el pago de la reparación requerida.2

Por su parte, los esposos Gómez-Cruz presentaron una

reclamación extrajudicial al Consejo de Titulares por los

daños

sufridos,

la

cual

fue

referida

a

la

aseguradora

Universal Insurance Company. La reclamación fue atendida

por

ajustadores

de

la

compañía

de

seguros

quienes

notificaron a los recurridos el 23 de septiembre de 2008,

que el Consejo de Titulares no era responsable ya que no

existía una relación causal entre los daños sufridos y los

trabajos realizados en el Condominio.

A

tales

efectos,

y

luego

de

requerirle

infructuosamente a los recurridos el pago de las cantidades

desembolsadas

para

las

reparaciones,

el

Consejo

de

Titulares, representado por su Presidente Joaquín Martínez

Viguie, instó una demanda en daños y perjuicios contra

éstos

el

recurridos

25

de

febrero

presentaron

el

de

2009.

12

de

Por

junio

su

parte,

de

2009

los

su

contestación a la demanda y reconvención alegando que el 20

de mayo de 2008, personal contratado por el Condominio

realizó trabajos en la cisterna del inmueble, vaciándola

totalmente, limpiándola y volviéndola a llenar. Exponen que

durante la madrugada del día de los hechos se escuchaban

ruidos y vibraciones en la tubería del Condominio y que el

agua salía con presión a intervalos y disparos de aire.

2

Véase, Apéndice petición de certiorari pp. 34-35.

4

CC-2010-0617

Consecuentemente, una tuerca de las mangas de la caja

de agua del inodoro del baño del apartamento 2-B se rompió,

causando así que se inundara el apartamento.3 El líquido

desbordado salió del apartamento y desembocó al elevador de

servicios, causándole serios daños. En esencia, los Esposos

Gómez-Cruz negaron ser causantes del incidente y por el

contrario

alegaron

afirmativamente

que

la

causa

de

la

rotura e inundación fue el problema de alta presión en las

tuberías.

Acorde con lo intimado, formularon varias causas de

acción

en

su

reconvención

por

negligencia,

en

la

cual

solicitaron el resarcimiento de los daños causados a su

propiedad, y los daños físicos, mentales y morales causados

al Sr. Gómez Estremera.

Es

menester

destacar

que,

según

surge

de

las

alegaciones de la reconvención, el personal de seguridad

del Condominio intentó cerrar la llave de paso de agua

ubicada en el área de los contadores fuera del apartamento.

Sin embargo, no fue posible interrumpir oportunamente el

flujo de agua debido al deterioro de ésta. La aludida llave

3

Cabe señalar además que, según se desprende de la reconvención,

alegadamente "En o alrededor del 16 de julio de 2006, uno de los tubos

del calentador de línea del Apartamento 5-B sufrió daños como

resultados de cambios de la presión de agua. En esa ocasión, se afectó

el elevador de servicios, el cual fue reparado por la compañía Otis.

Luego, en o alrededor del 21 de diciembre de 2007, la toma de agua del

Apartamento 17-B se rompió debido a problemas en la presión de agua.

Posteriormente, el 13 de febrero de 2008, el Apartamento 18-B sufrió

daños en su tubería que causó un desbordamiento de agua que afectó

otra vez el funcionamiento del elevador de servicios. Estos tres

incidentes eran del conocimiento de la Junta de Directores, sus

miembros, la Administración y el Consejo de Titulares. Ninguno de los

titulares de estos apartamentos...fueron demandados por el Consejo de

Titulares por los daños causados al elevador de carga o a cualquier

otra propiedad comunal." Véase, Apéndice petición de certiorari, pp.

42-43.

5

CC-2010-0617

de

paso

es

propiedad

del

Condominio

exclusivo control y mantenimiento.

recurridos

personalmente

cerraron

y

está

bajo

su

No fue hasta que los

la

llave

de

paso

del

inodoro dentro de su apartamento que finalmente se detuvo

la inundación.

Así las cosas, el Condominio presentó una solicitud de

desestimación de la reconvención, en la que argumentó que

la reclamación de los esposos Gómez-Cruz en contra del

Consejo de Titulares no podía ser atendida por el Tribunal

de Primera Instancia debido a que dicho foro carece de

jurisdicción

adecuado

sobre

para

Departamento

de

la

materia.

dirimir

la

Asuntos

del

Esgrimió

referida

que

el

reclamación

Consumidor

(DACo).

foro

es

el

Basó

su

contención en el Artículo 42 de la Ley de Condominios,

supra,

el

cual

le

confiere

jurisdicción

al

DACo

para

atender todas las impugnaciones de acuerdos que tome el

Consejo

de

actuaciones

relación

a

Titulares,

así

u

de

omisiones

la

como

la

administración

las

Junta

de

de

un

determinaciones,

Directores

inmueble

con

cuyos

apartamentos estén dedicados a vivienda.

Los recurridos se opusieron a dicha solicitud bajo el

fundamento

de

que

el

foro

de

instancia

advino

en

jurisdicción del caso una vez los comparecientes instaron

la demanda en su contra. Sostienen que se vieron obligados

a presentar su reconvención por ser ésta una de carácter

compulsorio.

6

CC-2010-0617

Luego de varias incidencias procesales, el 16 de abril

de 2010 el Tribunal de Primera Instancia declaró no ha

lugar

la

solicitud

presentada

por

el

referido

dictamen,

de

desestimación

peticionario.

el

Consejo

de

la

reconvención

Insatisfechos

acudió

al

con

el

Tribunal

de

Apelaciones mediante un recurso de certiorari. El 14 de

junio

de

2010

el

foro

apelativo

intermedio

dictó

una

Resolución denegando el auto solicitado y confirmando la

determinación recurrida. El tribunal a quo fundamentó su

decisión concluyendo que el foro de instancia no abusó de

su discreción ya que "la naturaleza de ambas reclamaciones

evidencia que las mismas surgen de unos mismos hechos, por

lo que la parte demandada-recurrida estaba en la obligación

de presentar la reconvención".4

No conteste con esta determinación, el peticionario

presenta ante este Tribunal el recurso de certiorari de

epígrafe en donde plantea los siguientes errores:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al

resolver que el Tribunal de Primera Instancia, por

vía de una Reconvención compulsoria, puede atender

asuntos sobre los cuales no tiene jurisdicción

sobre la materia.

Erró el Tribunal de Apelaciones al no considerar

si es el DACo el foro con jurisdicción exclusiva

para atender los asuntos planteados en la

Reconvención relacionadas a los reclamos de los

titulares

Recurridos

sobre

las

decisiones,

acciones u omisiones del Consejo de Titulares y/o

de su Junta de Directores, al administrar un

Condominio residencial.

4

Véase, Apéndice petición de certiorari, p.10.

7

CC-2010-0617

Atendido el recurso, el 21 de enero de 2011 expedimos

el auto de certiorari solicitado. Contando con el beneficio

de los alegatos de ambas partes, procedemos a resolver.

Conforme

a

lo

anterior,

y

Plaza

está

sometido

procede

que

Condominio

Victoria

propiedad

horizontal,

reconociendo

al

que

el

régimen

de

examinemos

las

disposiciones de la Ley de Condominios, supra, para el

análisis de las controversias ante nos.

II

A

La

Ley

de

Condominios,

Ley

Núm.

103-2003,

supra,

establece mecanismos para la tramitación de los inevitables

conflictos dimanantes del modus vivendi de un condominio.

Véase, Srio. D.A.C.O. v. Condóminos C. Martí, 121 D.P.R.

807 (1988). Además, detalla el marco organizacional del

gobierno interno, cuyo organismo rector y deliberativo lo

es el Consejo de Titulares que a su vez rige, según la Ley

de

Propiedad

Horizontal,

la

escritura

matriz

y

el

reglamento. Srio. D.A.C.O. v. Condóminos C. Martí, supra.

En armonía con lo anterior, esta legislación dispone en lo

pertinente que:

El Consejo de Titulares, la Junta de Directores y el

Agente Administrador del condominio, tienen como

deber

primordial

orientar

sus

acciones

salvaguardando el principio de que el propósito del

régimen de propiedad horizontal es propiciar el

disfrute

de

la

propiedad

privada

sobre

el

apartamiento y que la administración de las áreas y

haberes comunes del edificio se realiza para lograr

el pleno disfrute de este derecho. Correlativamente

cada titular reconoce que el ejercicio del dominio

en el régimen de propiedad horizontal está limitado

por los derechos de los demás condóminos y que el

8

CC-2010-0617

derecho de propiedad sobre su apartamiento tiene que

ejercerse dentro del marco de la sana convivencia y

el respeto al derecho ajeno.5

Por consiguiente, la Asamblea Legislativa entendió que

era necesario delegar ciertos deberes y facultades a la

Junta de Directores como órgano ejecutivo de la comunidad

de titulares. Entre éstos se encuentra:

(a) Atender todo lo relacionado con el buen

gobierno,

administración,

vigilancia

y

funcionamiento del régimen y en especial lo relativo

a las cosas y elementos de uso común y los servicios

generales, y hacer a estos efectos las oportunas

advertencias y apercibimientos a los titulares. ....

(g) Atender a la conservación del inmueble y

disponer las reparaciones ordinarias y en cuanto a

las extraordinarias, adoptar las medidas necesarias

dando inmediata cuenta al Consejo.

(i) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de

este Capítulo, del reglamento y los acuerdos del

Consejo de Titulares.

(Énfasis nuestro.) Artículo 38d, Ley Núm. 103-2003,

supra.

La

responsabilidad

fundamental

de

la

Junta

de

Directores "estriba en velar por el buen funcionamiento del

condominio logrando que se ejecuten las disposiciones de la

Ley de Propiedad Horizontal, la de la Escritura Matriz, del

Reglamento del Condominio, así como los acuerdos que se

hayan aprobado en reuniones debidamente convocadas por el

Consejo

jurídica,

de

Titulares."

legitimación

M.

J.

Godreau,

Personalidad

activa

y

propiedad

horizontal:

Capacidad legal de la Junta de Directores y del presidente

para llevar acciones a nombre del condominio, 64 Rev. Jur.

U.P.R. 481, 481 (1995). Véanse además, Consejo Cond. Plaza

5

Artículo 1-A, Ley Núm. 103-2003, supra.

9

CC-2010-0617

del Mar v. Jetter, 169 D.P.R. 643, 658 (2006); Amill Bracer

v. J. Dir. Cond. Pumarada, 156 D.P.R. 495, (2002); Srio.

D.A.C.O. v. Condóminos C. Martí, supra.

En lo referente a las impugnaciones de acuerdos del

Consejo de Titulares y las determinaciones, omisiones o

actuaciones del Director o de la Junta de Directores, es de

aplicación el Artículo 42 de la Ley de Condominios, supra.

Esta

disposición

jurisdicción

para

establece

el

foro

adecuado

presentar

las

distintas

y

con

acciones

de

impugnación bajo el régimen de propiedad horizontal:

Los acuerdos del Consejo de Titulares y las

determinaciones,

omisiones

o

actuaciones

del

Director o de la Junta de Directores, del titular

que somete el inmueble al régimen que establece esta

Ley, durante el período de administración que

contempla el Artículo 36-A, del Presidente y del

Secretario, concernientes a la administración de

inmuebles que no comprendan apartamientos destinados

a vivienda o de titulares de apartamientos no

residenciales en los condominios en donde exista por

lo menos un apartamiento dedicado a vivienda, serán

impugnables ante el Tribunal de primera instancia

por cualquier titular que estimase que el acuerdo,

determinación, omisión o actuación en cuestión es

gravemente perjudicial para él o para la comunidad

de titulares o es contrario a la ley, a la escritura

de constitución o al Reglamento a que hace

referencia el Artículo 36. Las impugnaciones por los

titulares de apartamientos destinados a viviendas se

presentarán ante el Departamento de Asuntos al

Consumidor.

(Énfasis suplido.)

Así pues, acorde con los poderes conferidos por la

referida Ley, el DACo promulgó el Reglamento Núm. 6728

sobre Condominios, aprobado al amparo de la Ley Núm. 103-

10

CC-2010-0617

2003, supra.6 En éste, se dispuso lo siguiente en cuanto a

la jurisdicción del Departamento:

PARTE V QUERELLAS

SECCIÓN 26: JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO

[...]

El

Departamento

no

tendrá

jurisdicción

para

adjudicar querellas que surjan en condominios de uso

exclusivamente comercial o profesional. Igualmente

carecerá de jurisdicción en aquellos condominios

donde exista por lo menos una unidad de vivienda, y

la querella sea interpuesta por un titular o grupo

de titulares de apartamentos no residenciales. En

estos

casos

la

jurisdicción

corresponderá

al

Tribunal de Primera Instancia. El Departamento sólo

atenderá reclamaciones del titular o grupo de

titulares que sean propietarios de las unidades

residenciales.

También quedará excluido de la jurisdicción del

Departamento, toda reclamación que consista en

cuestionar alguna cláusula contenida en la escritura

matriz o el reglamento del condominio inscrito en el

Registro

de

la

Propiedad.

Igualmente

quedan

excluidos [sic] las querellas entre titulares o

cuando el Consejo de Titulares o el Director o la

Junta de Directores entable reclamación contra uno o

varios titulares o residentes del condominio. La

jurisdicción

para

ventilar

estas

acciones

corresponderá al Tribunal de Primera Instancia.

(Énfasis suplido.)

Siendo

encomendó

al

ello

así,

foro

la

Ley

de

administrativo,

Propiedad

Horizontal

el

la

DACo,

rápida

adjudicación de los reclamos que pudieran presentar los

condóminos, relativos a la administración del

edificio.

Amill Bracer v. J. Dir. Cond. Pumarada, supra, pág. 500.

Igualmente,

le

confirió

jurisdicción

exclusiva

para

entender en acciones de impugnación de los acuerdos del

Consejo de Titulares, de las determinaciones, actuaciones u

6

Este estatuto derogó el Reglamento 2438 sobre Condominios, promulgado

al amparo de la Ley Núm. 157-1976 (1976 Leyes de Puerto Rico 485).

11

CC-2010-0617

omisiones

del

relacionadas

comprendan

Director

con

por

la

lo

o

de

la

Junta

administración

menos

un

de

de

Directores,

inmuebles

apartamento

que

destinado

a

vivienda. Amill Bracer v. J. Dir. Cond. Pumarada, supra.

Véase además, Consejo Cond. Plaza del Mar v. Jetter, 169

D.P.R. 643, 659 (2006); Srio. D.A.C.O. v. Condóminos C.

Martí, supra; First Fed. Savings v. Asoc. de Condómines,

114 D.P.R. 426 (1983).

No obstante, la jurisdicción exclusiva conferida al

DACo

no

se

extiende

a

toda

posible

causa

de

acción

dimanante de un condominio sometido al régimen de propiedad

horizontal. Consejo Cond. Plaza del Mar v. Jetter, supra,

pág. 662. (Énfasis suplido.)

Al tenor de todo lo anterior, y según surge de la

interpretación

de

DACo

en

su

comparecencia

como

amicus

curiae en Cond. Plaza del Mar v. Jetter, supra, la Ley de

Propiedad Horizontal del 1976 no le confirió jurisdicción

para dirimir reclamaciones o acciones que puedan hacerse

entre

sí

los

titulares

o

aquellas

presentadas

por

el

director o por la Junta de Directores en representación del

Consejo de Titulares contra un titular. Al respecto, DACO

manifestó:

―...[S]i el titular o grupo de titulares de un

condominio ejercita la acción de impugnación que le

autorizan los Artículos 42 y 48 de la Ley, y a la

vez

solicita

indemnización

que

pudiera

corresponderle bajo el Código Civil por daños

ocasionados por la conducta negligente de los

cuerpos ejecutivos del Condominio, este Departamento

podría adjudicar ambas reclamaciones al estar

autorizado para ello, por virtud de lo dispuesto en

el Artículo 51 [de la concernida Ley]. Sin embargo,

12

CC-2010-0617

no es esa la situación del caso de autos...Al

Departamento nunca le ha sido conferida jurisdicción

para atender reclamos que puedan realizarse entre sí

los titulares o aquellas presentadas por el director

o la Junta de [D]irectores en representación del

Consejo de Titulares, contra un titular…‖

Cond. Plaza del Mar v. Jetter, supra, pág. 663.

(Énfasis suplido).

Del mismo modo, la Ley de Condominios, supra establece

el término que posee el titular afectado para llevar a cabo

dicha impugnación. El inciso (a) procura

reducir el número de querellas ante el foro

administrativo, al requerir del querellante que

ventile primero ante los organismos internos del

condominio, bien ante la propia Junta o ante un

Comité de Conciliación, cualquier querella en la que

se cuestione una acción u omisión del Administrador

o de la propia Junta.

M. Godreau, La Nueva Ley de Condominios, Ed. Dictum,

San Juan, 2da ed., 2003, pág. 39.

Con este procedimiento se persigue "acreditar ante la

agencia que se le hizo el planteamiento ante el organismo

interno y que éste, o no lo atendió oportunamente, o si lo

atendió se ratificó en la acción o en la omisión que el

titular entiende le es gravemente perjudicial". Id., pág.

39.

La presentación de la reclamación internamente

tendrá que hacerse dentro del término de treinta

(30) días de conocida la acción u omisión que se

impugna. La Junta o el Comité de Conciliación en su

caso tendrán treinta (30) días para resolver el

asunto. Si el titular considera adversa la decisión

de la Junta o del Comité, podrá entonces recurrir al

DACO. De igual forma, si la Junta o el Comité no

toman acción dentro de los sesenta (60) días desde

que el titular sometió su queja, puede éste recurrir

a la agencia con su querella. El DACO se reserva la

facultad de eximir al titular de agotar este

procedimiento, si así lo ameritase la naturaleza del

caso.

Id.

13

CC-2010-0617

En cuanto al término de prescripción para ejercer la

acción, el inciso (c) del Art. 42 señala:

(c) La acción de impugnación de acuerdos,

acciones u omisiones de la Junta de Directores, del

Consejo

de

Titulares,

con

excepción

de

los

realizados por el titular que somete el inmueble al

régimen, que violen las disposiciones de esta Ley,

de la escritura matriz o del Reglamento del

condominio, prescribirá a los dos (2) años de

haberse notificado el acuerdo, tomado la acción o de

conocerse la omisión. Para los titulares que

impugnen este tipo de acuerdo del Consejo de

Titulares, el término se computará a partir de la

notificación del mismo, siempre y cuando cumplan con

los requisitos establecidos en el párrafo siguiente.

Al ejercitar la acción de impugnación de acuerdos

del

Consejo

de

Titulares,

el

titular

deberá

acreditar que estuvo presente o representado en la

reunión en que se tomó el acuerdo que impugna y que

no votó a favor del mismo. Si estuvo ausente a pesar

de que fue debidamente notificado deberá probar que

su ausencia estuvo justificada. (Énfasis suplido.)

Por tanto, el término para impugnar una determinación

bajo el Artículo 42 dependerá de dos factores. Primero,

contra quién se dirige la acción. Segundo, el fundamento

de la impugnación. Si la acción de impugnación es contra

el

Agente

Administrador

o

la

Junta

de

Directores,

se

seguirá el procedimiento dispuesto por el Artículo 42(a) y

el término será de 30 días. Si se impugnan los acuerdos y

determinaciones del Consejo de Titulares porque a juicio

del titular estas son ―gravemente perjudiciales para él‖,

se

recurrirá

al

Artículo

42(b)

y

el

término

será,

igualmente, de 30 días.

Ahora bien, si lo que se impugna son los acuerdos,

acciones

u

omisiones

de

la

Junta

de

Directores

o

el

Consejo de Titulares alegándose que éstos han violado la

14

CC-2010-0617

Ley de Condominios, el Reglamento de la comunidad o la

escritura matriz, el término será de dos (2) años, según

dispone el artículo 42(c). En todos estos casos, el foro

con jurisdicción primaria exclusiva es el Departamento de

Asuntos del Consumidor.

Establecido

el

alcance

de

las

disposiciones

aplicables bajo la Ley de Condominios, supra,

es menester

analizar la figura de la reconvención y su función bajo la

Regla 11.1 de Procedimiento Civil, supra.

B

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.

III R. 10.2, establece que toda defensa de hechos o de

derecho contra una reclamación se expondrá en la alegación

responsiva, ya sea demanda, reconvención, demanda contra

coparte o demanda contra tercero. A menos que, a opción de

la parte que alega, pueda formular las siguientes defensas

mediante

moción

debidamente

fundamentada:

(1)

falta

de

jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción

sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4)

insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5)

dejar

de

exponer

una

reclamación

que

justifique

la

concesión de un remedio; y (6) dejar de acumular una parte

indispensable.

Reiteradamente

tribunales

se

hemos

enfrentan

a

señalado

que

una

de

moción

cuando

los

desestimación,

deberán examinar los hechos alegados en la demanda lo más

liberalmente posible a favor de la parte demandante. Así,

15

CC-2010-0617

no procede la desestimación a menos que se desprenda con

toda certeza que el demandante no tiene derecho a remedio

alguno

bajo

cualquier

estado

de

hechos

que

puedan

ser

probados en apoyo a su reclamación.7 De este modo, los

tribunales tienen el deber de considerar, si a la luz de

la

situación

más

favorable

al

demandante

y

resolviendo

toda duda a favor de éste, la demanda es suficiente para

constituir una reclamación válida.8

De

igual

modo,

reclamación

contra

mecanismo

la

de

una

una

parte

puede

presentar

una

del

parte

adversa

a

través

reconvención.

Conforme

al

ordenamiento

procesal vigente, existen dos (2) tipos de reconvenciones:

las permisibles y las compulsorias. S.L.G. Font de Bardón

v. Mini-Warehouse Corp., 179 D.P.R. 322, 332 (2010). Las

reconvenciones permisibles son aquellas reclamaciones que

no surgen del mismo acto, omisión o evento que motivó la

reclamación de la parte contra la que se presenta.9

La

Regla 11.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 11.1, regula

lo

concerniente

a

las

reconvenciones

compulsorias.

Al

respecto, dispone lo siguiente:

Una alegación contendrá por vía de reconvención

cualquier reclamación que la parte que la formula

tenga contra cualquier parte adversa al momento de

notificar dicha alegación, siempre que surja del

acto, de la omisión o del evento que motivó la

reclamación de la parte adversa y no requiera para

7

Véanse, Rivera v. Jaume, 157 D.P.R. 562 (2002); Clemente v. Dpto. de

la Vivienda, 114 D.P.R. 763 (1983); Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98

D.P.R. 305 (1970).

8

Véanse, Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 497

(1994); Unisys v. Ramallo Brothers 128 D.P.R. 842 (1991).

9

Regla 11.2 de Procedimiento Civil, supra.

16

CC-2010-0617

su adjudicación la presencia de terceros sobre

quienes el tribunal no pueda adquirir jurisdicción.

Sin embargo, no será necesario incluir dicha

reclamación mediante reconvención, si al momento de

comenzarse el pleito tal reclamación era ya objeto

de otro pleito pendiente. (Énfasis suplido.)

En

virtud

reclamación

de

ello,

una

parte

que

del

mismo

acto,

omisión

dimanante

tenga

u

una

evento

objeto de una demanda, deberá notificar a su contraparte

una

reconvención

respondiente.

al

momento

de

Consecuentemente,

presentar

su

la

11.1,

Regla

alegación

supra,

obliga a la parte demandada a formular, al momento de su

contestación, cualquier reclamación compulsoria, es decir,

cualquier reclamación que tenga contra la parte adversa,

si ésta surge de la acción u omisión, o evento que motiva

la reclamación de la parte demandante. Neca Mortgage Corp.

v.

A

&

W

propósito

Developers,

de

esta

137

regla

D.P.R.

860,

866

(1995).

El

evitar

la

multiplicidad

de

es

litigios al establecer un mecanismo para dilucidar todas

las

controversias

comunes

en

una

sóla

acción.

(Énfasis

suplido.) Neca Mortgage Corp. v. A & W Developers, supra.

Una reconvención es compulsoria: (1) si existe una

relación

lógica

entre

la

reclamación

presentada

en

la

demanda y la que es objeto de la reconvención; (2) cuándo

los

hechos

esenciales

de

ambas

reclamaciones

están

tan

vinculados que la economía judicial exige que se ventilen

de conjunto; (3) si las cuestiones de hecho y de derecho

entre ambas son las mismas; (4) si la doctrina de res

judicata

ambas

impediría

reclamaciones

una

acción

surgen

de

independiente;

la

misma

y

prueba

(5)

y

si

están

17

CC-2010-0617

vinculadas

lógicamente.

R.

Hernández

Colón,

Práctica

jurídica de Puerto Rico: Derecho procesal civil, 3ra ed.,

San Juan, Ed. LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2007, pág.

218.

Ahora

bien,

si

una

reconvención

compulsoria

no

se

formula a tiempo, se renuncia a la causa de acción que la

motiva;

y

quedarán

totalmente

reclamaciones

sin

que

el

posteriormente

una

reclamación

adjudicados

demandado

que

los

pueda

haya

hechos

y

presentar

surgido

de

los

mismos eventos. S.L.G. Font de Bardón v. Mini-Warehouse

Corp.,

supra,

Developers,

pág.

333;

Neca

Mortgage

supra,

pág.

867.

Le

Corp.

será

v.

A

&

aplicable,

W

por

analogía, el principio de cosa juzgada, al efecto de que

será

concluyente

en

relación

a

aquellos

asuntos

que

pudieron haber sido planteados y no lo fueron. Sastre v.

Cabrera, 75 D.P.R. 1, 3 (1953).

En Sastre v. Cabrera, supra, resolvimos que cuando se

presenta una demanda ante un tribunal, cuya competencia

está limitada por razón de la cuantía, el demandado viene

obligado a presentar su reconvención compulsoriamente, aun

cuando la cuantía reclamada en la reconvención exceda de

aquella que limita la competencia del tribunal ante el

cual

pende

el

pleito.

La

congestión

de

pleitos

y

la

litigación repetitiva puede eludirse obligando a que todas

las reclamaciones relacionadas entre sí se ventilen en un

mismo

proceso.

J.

Cuevas

Segarra,

Tratado

de

Derecho

18

CC-2010-0617

Procesal Civil, 2da ed., Ed. Publicaciones JTS, 2011, T.

II, pág. 558.10

De igual forma, en el ámbito federal, la presentación

de

una

reconvención

compulsoria

surge

como

motivo

de

cualquier reclamación que se tenga contra la parte adversa,

si ésta surge de la acción u omisión, o evento que motiva

la reclamación de la parte demandante. Nuestra Regla 11.1

de Procedimiento Civil, supra, procede, en su mayoría, de

la Regla 13(a) de Procedimiento Civil Federal.11 En ese

10

Véase, además, R.G. Financial Corp. v. Vergara-Nuñez, 446 F. 3d 178

(2006), y la anotación Failure to assert matter as counter-claim as

precluding assertion thereof in subsequent action, under federal rules

on similar states rules or statutes, 22 ALR 2d 621.

11

La Regla 13(a) de Procedimiento Civil Federal, 28 U.S.C.A. R. 13,

dispone, en lo pertinente:

(a) Compulsory Counterclaim.

(1) In General.

A pleading must state as a counterclaim any claim that — at the time

of its service — the pleader has against an opposing party if the

claim:

(A) arises out of the transaction or occurrence that is the subject

matter of the opposing party's claim; and

(B) does not require adding another party over whom the court cannot

acquire jurisdiction.

(2) Exceptions.

The pleader need not state the claim if:

(A) when the action was commenced,

another pending action; or

the

claim

was

the

subject

of

(B) the opposing party sued on its claim by attachment or other

process that did not establish personal jurisdiction over the pleader

on that claim, and the pleader does not assert any counterclaim under

this rule.

(b) Permissive Counterclaims.

A pleading may state as a counterclaim against an opposing party any

claim that is not compulsory.

19

CC-2010-0617

sentido, la exégesis conferida en el entorno federal al

mecanismo

de

la

reconvención

es

persuasiva

para

este

Tribunal en la medida que no sea contraria al texto de

nuestra regla o al marco interpretativo de nuestras normas

procesales civiles.

Como

corolario

de

la

doctrina,

apelativos

federales

han

interpretado

los

tribunales

liberalmente

esta

regla en aras de exhortar a la proliferación del principio

de economía judicial. En Xerox Corp. v. SCM Corp., 576 F.

2d 1057, 1059 (3d Cir. 1978), la corte federal para el

tercer circuito expresó:

[...]

a counterclaim is logically related to the opposing

party's claim where separate trials on each of their

respective claims would involve a substantial

duplication of effort and time by the parties and

the courts. Where multiple claims involve many of

the same factual issues, or the same factual and

legal issues, or where they are offshoots of the

same basic controversy between the parties, fairness

and considerations of convenience and of economy

require that the counterclaimant be permitted to

maintain his cause of action.12

Similar exégesis para adjudicar ambas reclamaciones en

un mismo pleito ha sido plasmada por el Tribunal Supremo de

los Estados Unidos. El raciocinio consiste en el deseo de

evitar

sujetar

las

partes

a

resultados

inconsistentes

[...]

.

12

Véase además, Great Lakes Rubber Corp. v. Herbert Copper Co., 286 F.

2d 631, 634 (3d Cir. 1961).

20

CC-2010-0617

provenientes de diferentes foros.13

Así pues, la doctrina

de cosa juzgada es de aplicación al denegar una reclamación

que debió haber sido presentada anteriormente como parte de

una reconvención compulsoria.

Esto es así ya que los

hechos, controversias y las partes de la reconvención son

sustancialmente idénticos a los hechos, controversias y las

partes de la reclamación original. Koppers Company, Inc. v.

American Express Company, 121 F.R.D. 46, 49 (1988).

En lo pertinente a las objeciones basadas en falta de

jurisdicción, la jurisprudencia procesal interpretando la

Regla

13(a)

sostenido

de

que

Procedimiento

una

Civil

reconvención

Federal,

compulsoria

supra,

ha

válida

y

es

puede ser presentada en el tribunal; siempre y cuando la

demanda original cumpla con los requisitos necesarios para

que el foro federal pueda asumir jurisdicción sobre la

misma.14

En armonía con lo anterior, los tribunales apelativos

federales

han

reclamación

reiterado

en

el

que

foro

imposibilitado

de

compulsoria

radicada

sea

demanda

original.

objetar

una

objetar

en

Es

decir,

alegada

falta

al

demandante

judicial,

entablar

se

encuentra

el

que

una

el

mismo

escenario

renuncia

de

a

su

su

reconvención

que

la

derecho

de

jurisdicción

en

13

la

Véase, Montana v. United States, 440 U.S. 147, 99 S. Ct. 970, 59 L.

Ed. 2d 210 (1979).

14

Véase, Lesnik v. Public Industrials Corporation, 144 F. 2d 968

(C.C.A. 2d Cir. 1944).

21

CC-2010-0617

reconvención.15

A

tales

efectos,

los

profesores

Wright,

Miller y Kane articulan en su tratado de derecho procesal

como sigue:

Plaintiff may not object that the court lacks

personal jurisdiction or that venue is improper for

purposes of adjudicating a compulsory counterclaim

that defendant has interposed. By choosing a

particular forum in which to seek affirmative

relief, plaintiff effectively waives any objections

to that forum based on personal inconvenience.

Moreover, Section 1391 of Title 28, which sets forth

the statutory venue scheme, speaks in terms of where

a suit may be "brought." Courts typically have

interpreted this reference literally and have held

that in the counterclaim context the suit already

has been "brought" and the statutory requirements

have been satisfied on the basis of the original

claim. Therefore, a defendant who is forced to

assert a counterclaim under Rule 13(a) may do so

even though venue would not be proper if the

counterclaim were prosecuted as an independent suit.

(Énfasis suplido.) 6 Wright, Miller and and Kane,

Federal Practice and Procedure: Pleadings and

Motions, Sec. 1416, págs. 140-142 (2010).

Analizado el marco jurídico que alberga la Regla 11.1

de

Procedimiento

preceptos

Civil,

reconocidos

en

supra,

pasemos

nuestro

a

examinar

ordenamiento

los

jurídico

aplicables a la interpretación de las leyes y al principio

de hermenéutica legal.

C

El Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31

L.P.R.A. sec. 14, dispone que cuando la ley es clara y

libre

de

toda

ambigüedad,

su

letra

no

debe

ser

menospreciada bajo el pretexto de cumplir con su espíritu.

15

Véanse, Schoot v. U.S., 664 F. Supp. 293, 295 (N.D. Ill. 1987);

Watson v. Manhattan and Bronx Surface Transit Operating Authority, 487

F. Supp. 1273, 1276 (D.N.J. 1980); Lesnik v Public Industrials

Corporation, supra.

22

CC-2010-0617

Empero, este enunciado de auto-limitación no implica

que el tribunal quede imposibilitado de ejercer un rol de

intérprete de la ley. En cuanto a la discreción judicial,

esta Curia ha expresado que:

[l]os tribunales estamos autorizados a interpretar

las leyes cuando, entre otras, éstas no son claras

o concluyentes sobre un punto en particular;

cuando el objetivo, al realizarlo, es el de suplir

una laguna en la misma; o cuando, con el propósito

de mitigar los efectos adversos de la aplicación

de una ley a una situación en particular, la

justicia

así

lo

requiere.

(Énfasis

en

el

original.) Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R.

203, 214 (1990).16

De

igual

forma

hemos

resuelto

en

cuanto

a

la

interpretación literal de las leyes, que la letra de la ley

no debe seguirse ciegamente cuando ello iría en detrimento

de

su

espíritu

y

su

fin.

Sucn.

Álvarez

v.

Srio.

De

Justicia, 150 D.P.R. 252, 274 (2000).17 En ese sentido, es

de

aplicación

el

principio

rector

en

materia

de

hermenéutica esbozado en el caso de Morell et al. v. Ojeda

et al., 151 D.P.R. 864, 877 (2000), en el cual se aclara

que [a]l interpretar una disposición específica de una ley,

los tribunales deben siempre considerar cuáles fueron los

propósitos

perseguidos

aprobarla

y

nuestra

por

la

Asamblea

determinación

debe

Legislativa

al

atribuirle

un

16

Véase, además: Alonso García v. S.L.G., 155 D.P.R. 91, 98 (2001);

Sucn. Álvarez v. Srio. de Justicia, 150 D.P.R. 252 (2000); Bco.

Popular de P.R. v. Mun. De Aguadilla, 144 D.P.R. 651 (1997).

17

Véase, además: Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 D.P.R. 530(1999).

23

CC-2010-0617

sentido que asegure el resultado que originalmente se quiso

obtener.18

Similar exégesis acogimos en Mun. San Juan v. Banco

Gub. Fomento, 140 D.P.R. 873 (1996), en el cual aclaramos

que cuando el lenguaje de un estatuto falla en mostrar la

intención

legislativa,

es

necesario

rechazar

la

interpretación literal, cuando esta es claramente contraria

a la verdadera intención o propósito legislativo. Además

expresamos que cualquier interpretación de ley que conduzca

a una conclusión absurda, ha de ser rechazada, pues al

ejercer nuestra función interpretativa, estamos obligados a

armonizar, en la medida posible, todas las disposiciones de

ley

involucradas

sensato,

lógico

en

y

aras

de

razonable.

obtener

Id.,

un

pág.

resultado

884.

Así

más

pues,

aplicamos estas normas de hermenéutica legal, que no son

arbitrarias o caprichosas, pues todas descansan en sanos

principios de lógica. Central Boca Chica, Inc. v. Tesorero

de P.R., 54 D.P.R. 424, 432 (1939).

Con estos principios como norte, procedemos a atender

la situación fáctica que nos ocupa.

III

En su recurso, el peticionario plantea, en síntesis,

que el Tribunal de Primera Instancia erró al denegar su

moción

18

de

desestimación

a

la

reconvención

de

los

Véanse también: Dorante v. Wrangler of P.R., 145 D.P.R. 408 (1998);

Chase Manhattan Bank v. Mun. de San Juan, 126 D.P.R. 759, 766 (1990);

R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las

leyes de Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, pág. 245.

24

CC-2010-0617

recurridos.

Específicamente,

arguye

que

la

controversia

sobre la aplicabilidad de la jurisdicción del DACo bajo el

Artículo 42 de la Ley de Condominios, supra, es un asunto

de "jurisdicción sobre la materia". No le asiste la razón.

Por

el

contrario,

se

trata

sobre

la

doctrina

de

jurisdicción primaria. Veamos.

La aplicación de la doctrina de jurisdicción primaria

exige que los tribunales emprendan la tarea de examinar los

alcances de la ley habilitadora de una agencia y determinar

si el asunto cae estrictamente dentro de su ámbito. Además,

le exige que ponderen y determinen si es imprescindible y

necesario

que

se

resuelva

inicialmente la agencia.

en

favor

de

que

intervenga

D. Fernández Quiñones,

Derecho

Administrativo y la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme, 2da ed., Colombia, Ed. Forum, 2001, pág. 443.

No debemos perder de perspectiva que este Tribunal ha

resuelto que la doctrina de jurisdicción primaria no es una

camisa

de

fuerza,

y

bajo

ciertas

circunstancias

hemos

reconocido su inaplicabilidad. Ortiz v. Panel del F.E.I,

155 D.P.R. 219, 246 (2001). Así pues, no aplica cuando

"[l]a naturaleza de la causa de acción presentada y el

remedio solicitado destacan que no se presentan cuestiones

de derecho que exijan el ejercicio de discreción y de

peritaje administrativo", es decir, cuando la cuestión que

se plantea sea "puramente judicial". Ortiz v. Panel del

F.E.I, supra, citando a D. Fernández Quiñones, op. cit.,

Sec. 8.4, págs. 443-444.

25

CC-2010-0617

En

resumidas

cuentas,

la

regla

general

es

que

un

tribunal debe aplicar la doctrina de jurisdicción primaria

en todo caso en el cual el peritaje de una agencia sea

indispensable para resolver la controversia. Ortiz v. Panel

del F.E.I, supra, pág. 247. A modo de excepción, si la

cuestión implicada es estrictamente de derecho, (como lo es

el caso de marras que versa sobre una reconvención basada

en

una

causa

de

acción

en

daños

y

perjuicios

bajo

el

Artículo 1802 del Código Civil), el tribunal retendrá la

jurisdicción. Ortiz v. Panel del F.E.I, supra.

Conviene puntualizar que el DACo retiene jurisdicción

primaria exclusiva para entender en acciones de impugnación

de

los

acuerdos

del

Consejo

de

Titulares,

de

las

determinaciones, actuaciones u omisiones del Director o de

la Junta de Directores, relacionadas con la administración

de inmuebles que comprendan por lo menos un apartamento

destinado a vivienda.

Cuando

se

impugnen

los

acuerdos

del

Consejo

de

Titulares, las determinaciones, actuaciones u omisiones del

Director o las de la Junta de Directores, con relación a la

administración de aquellos inmuebles que comprendan por lo

menos un apartamento destinado a vivienda, se debe recurrir

al Artículo 42 de la Ley de Condominios. Dependiendo del

inciso que corresponda al fundamento de la impugnación, el

término para presentar la acción será de 30 días o dos (2)

años y el foro con jurisdicción primaria exclusiva es DACo.

26

CC-2010-0617

Ahora

bien,

cuando

la

acción

vaya

dirigida

al

resarcimiento de daños bajo el Artículo 1802 del Código

Civil, el término prescriptivo será el que se dispone en el

Artículo 1868 de dicho Código19 y no el del Artículo 42 de

la Ley de Condominios. Por consiguiente, el término para

presentar

dicha

acción

es

de

1

año

y

el

foro

con

Consejo

de

jurisdicción es el Tribunal de Primera Instancia.

Igualmente,

en

pleitos

incoados

por

el

Titulares contra un titular individual bajo el Artículo

1802, las reconvenciones compulsorias que surjan del mismo

Artículo no estarán sujetas al término de 30 días o dos (2)

años, según sea el caso, ni a la jurisdicción exclusiva de

DACo que establece el Artículo 42 de la Ley de Condominios.

Lo anterior nos parece razonable; por ende, nos vemos

imposibilitados de avalar la postura asumida en la Opinión

disidente. Ésta aplica erróneamente el Artículo 42 de la

Ley de Condominios a circunstancias en las que el reclamo

contra el Consejo de Titulares se basa en alegados daños

causados por la negligencia de éste. Además, rechazamos el

análisis

que sostiene que la interpelación presentada por

los recurridos está relacionada con los deberes que le

impone la ley a dicho organismo.

Asimismo, aún si entendiéramos que aplica el Artículo

42 de la Ley de Condominios, lo cual rechazamos, aplicaría

el inciso (b) de este. No debemos olvidar que el reclamo

entablado contra el Consejo de Titulares se basa en las

19

31 L.P.R.A. sec. 5298.

27

CC-2010-0617

acciones

que

el

titular

estimó

eran

―gravemente

perjudiciales para él‖ y que estaban relacionadas a unos

hechos que provocaron la inundación de su apartamento. En

ningún

momento

se

imputaron

violaciones

a

la

Ley

del

Condominio, al Reglamento o a la escritura matriz. Imponer

esta carga a los titulares de apartamentos regidos por la

Ley de Condominios, es una sumamente excesiva y onerosa.

No debemos perder de perspectiva que, el efecto que

conllevaría

endosar

excesivamente

el

esta

término

interpretación,

prescriptivo

que

limitaría

ostenta

un

titular para presentar una acción contra el Consejo de

Titulares por actuaciones perjudiciales mediando culpa o

negligencia. Es decir, el plazo de 1 año que tendría bajo

el Código Civil quedaría acortado a 30 días bajo la Ley de

Condominios en casos bajo el Artículo 42(b) en los que no

se alegue que el Consejo de Titulares violó la Ley de

Condominios, el Reglamento de la comunidad o la escritura

matriz. No nos convence este proceder, pues entendemos que

el legislador no lo vislumbró de esta manera.

Peor aún, el efecto de interpretar este tipo de acción

como

una

cobijada

por

el

Artículo

42,

provocaría

que

cualquier Consejo de Titulares que entendiera que tiene una

causa de acción contra un titular pueda recurrir a la

―inacción temporera‖ como medida estratégica. Esta consiste

en

no

presentar

la

acción

judicial

y

esperar

que

el

titular, quien podría tener una reconvención legítima, se

28

CC-2010-0617

quede sin un mecanismo para poder resarcir los daños una

vez pase el término de 30 días anteriormente mencionado.

De las alegaciones de la reconvención presentada se

desprende que la causa de acción que motivó la reconvención

surge del Artículo 1802 del Código Civil y no del Artículo

42 de la Ley de Condominios. Por lo tanto, el Tribunal de

Primera Instancia era el foro con jurisdicción para atender

la misma. Recordemos que la causa de acción tuvo su génesis

en el desbordamiento de agua proveniente del Apartamento 2B, propiedad de los esposos Gómez Cruz. Este mismo suceso

fue el que motivó la demanda original presentada por el

peticionario.

La

naturaleza

de

ambas

reclamaciones

evidencia que las mismas surgen de unos mismos hechos, y

consecuentemente los recurridos estaban en la obligación de

presentar la reconvención, ya que, de lo contrario, se

entendería renunciada y sería de aplicación por analogía la

doctrina

de

reconvención,

cosa

la

juzgada.

parte

Fíjese

demandada

que

"puede

mediante

una

disminuir

o

derrotar la reclamación de la parte adversa y también puede

reclamar un remedio por cantidad mayor o de naturaleza

diferente

al

solicitado

adversa",

según

dispone

en

la

alegación

la

Regla

11.3

de

de

la

parte

Procedimiento

Civil, supra, 11.3.

Es importante señalar que es un reconocido principio

el deber ministerial de los tribunales de velar por su

jurisdicción. No obstante, el conducir a las partes a una

innecesaria e indeseable multiplicidad de acciones, resulta

29

CC-2010-0617

en

un

claro

acreditar

incumplimiento

dentro

del

con

pleito

este

las

mandato.

Permitir

reclamaciones

de

los

recurridos que forman parte de la reconvención, tendría el

efecto de brindar más celeridad y economía judicial a los

procesos. Este principio se encuentra encarnado en la Regla

1

de

Procedimiento

Civil

que

postula

como

factor

preeminente que las disposiciones de ese cuerpo procesal

“[s]e interpretarán de modo que garanticen una solución

justa, rápida y económica de todo procedimiento”. (Énfasis

suplido.) 32 L.P.R.A. Ap. III.

Cónsono con lo anterior, en López Valdés v. Tribunal

Superior, 96 D.P.R. 779, 792 (1968), expresamos que ―[u]n

principio cardinal en nuestro derecho procesal es el de

evitar la multiplicidad de pleitos, y de adjudicar en una

causa las distintas reclamaciones de las partes cuando la

naturaleza de las causas lo permiten‖.

expusimos

sobre

siguientes

acciones,

la

finalidad

propósitos:

lograr

la

de

―evitar

economía

De igual forma,

la

consolidación

los

la

proliferación

de

procesal

y

evitar

la

indeseable probabilidad de que surjan fallos incompatibles

relacionados con un mismo incidente.‖ (Énfasis suplido.)

Vives Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R. 117 (1996); Granados v.

Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593, 608 (1989).

El

caso

de

autos,

trata

de

un

peticionario

que

solicita revoquemos una determinación del foro a quo que

precisamente

evita

el

fraccionamiento

de

los

procedimientos. La prueba a ser considerada por el tribunal

30

CC-2010-0617

es

la

misma.

reclamaciones

La

de

exigencia

los

de

recurridos

que

en

se

el

diluciden

DACo,

sin

las

duda,

representarán costos adicionales para ambas partes y una

innecesaria

dilación

del

trámite

judicial.

No

hemos

encontrado justificación razonable alguna para revocar la

determinación

tomada

por

el

tribunal

de

instancia

y

confirmada por el tribunal apelativo intermedio. Por el

contrario,

los

circunstancias

principios

particulares

antes

del

caso

discutidos

y

las

de

nos

han

marras

convencido de que no se ha cometido error alguno.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Resolución

emitida

por

el

Tribunal

de

Apelaciones.

Se

remite el caso al Tribunal de Primera Instancia para la

continuación de los procedimientos a tenor con lo aquí

resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Consejo de Titulares del

Condominio Victoria Plaza,

Etc.

Peticionarios

Certiorari

CC-2010-0617

v.

Raúl Gómez Estremera y su

esposa María Cruz Romance,

Et Al

Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2012.

Por los fundamentos antes expuestos, se

confirma la Resolución emitida por el Tribunal de

Apelaciones. Se remite el caso al Tribunal de

Primera Instancia para la continuación de los

procedimientos a tenor con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

El

Juez Asociado señor Martínez Torres emitió una

Opinión Disidente a la cual se unió el Juez

Asociado señor Kolthoff Caraballo.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Consejo

de

Titulares

del

Condominio

Victoria

Plaza,

etc.

Peticionario

v.

CC-2010-617

Raúl Gómez Estremera y su

esposa María Cruz Romance, et

al.

Recurridos

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ

TORRES a la cual se une el Juez Asociado señor KOLTHOFF CARABALLO

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2012.

Entiendo que la Ley de Condominios de 2003, Ley

Núm. 103-2003, 31 L.P.R.A. sec. 1291-1294e, priva de

jurisdicción sobre la materia al Tribunal de Primera

Instancia para atender, aunque sea por vía de una

reconvención,

una

reclamación

contra

los

órganos

ejecutivos de un condominio por incumplimiento con

los deberes impuestos en esa ley. Por eso, disiento

respetuosamente. Los titulares que deseen presentar

ese

tipo

de

acción,

deberán

hacerlo

ante

el

Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.),

conforme

dispone

el

Art.

42

de

la

Ley

de

Condominios, 31 L.P.R.A. sec. 1293f, y el Reglamento

CC-2010-617

sobre

2

Condominios

Condominios,

Consumidor,

Núm.

6728

Núm.

6728,

de

diciembre

2

del

D.A.Co.

Reglamento

Departamento

de

2003.

sobre

de

Asuntos

del

Al

analizar

esta

controversia a la luz de la doctrina de jurisdicción primaria,

la Opinión del Tribunal no toma en cuenta la jurisdicción

estatutaria

exclusiva

que

Tribunal

Primera

Instancia

de

el

legislador

y

al

le

D.A.Co.

encomendó

en

la

al

Ley

de

Condominios.

I

El inicio de la controversia que tenemos ante nos surgió

luego de que ocurriera un desbordamiento de agua que ocasionó

daños

al

Producto

elevador

de

ese

comunal

del

Condominio

incidente,

el

elevador

Victoria

de

Plaza.

servicios

del

condominio sufrió daños. Este es un condominio exclusivamente

residencial, sometido al régimen de propiedad horizontal desde

1964.

El

desbordamiento

emanó

del

apartamento

2-B

que

es

propiedad de los esposos Sr. Raúl Gómez Estremera y la Sra.

María

Cruz

Romance.

extraordinaria,

costear,

con

se

fondos

Tras

la

autorizó

celebración

de

una

de

Directores

a

la

Junta

comunales,

la

reparación del

asamblea

a

elevador.

Para su reparación se invirtieron $10,765.

Por esos hechos, el matrimonio Gómez-Cruz presentó una

reclamación extrajudicial al Consejo de Titulares. En esta,

reclamaron

los

daños

que

sufrió

su

apartamento

como

consecuencia del incidente. Esa reclamación fue referida a la

compañía aseguradora Universal Insurance Company que, luego de

evaluar el incidente, notificó al matrimonio que el Consejo de

CC-2010-617

3

Titulares no era responsable por lo ocurrido. Arguyó que no

existía relación causal entre las reparaciones realizadas a la

cisterna

del

condominio

y

los

daños

acaecidos

en

el

apartamento. Posterior a esa reclamación, surge del expediente

que el matrimonio Gómez-Cruz no volvió a hacer reclamación

alguna, ni presentó una querella ante el D.A.Co.

Mientras

tanto,

el

Consejo

de

Titulares

requirió

en

varias ocasiones al matrimonio Gómez-Cruz que le reembolsara

la cantidad invertida en la reparación del elevador. Tras no

tener éxito, el Consejo de Titulares presentó una demanda en

cobro de dinero en el Tribunal de Primera Instancia.

Inconforme

con

ese

proceder,

el

matrimonio

Gómez-Cruz

presentó una reconvención. Alegó que el 20 de diciembre de

2007, personal contratado por el condominio vació, limpió y

volvió a llenar la cisterna del condominio. Añadieron que en

la madrugada del día siguiente al que se llevaron a cabo las

reparaciones,

se

escucharon

―escopeteo

de

aire‖

ocasionaron

que,

por

Explicaron

que,

al

en

la

ruidos,

vibraciones

tubería

del

intervalos,

día

siguiente,

saliera

una

y

un

condominio

que

agua con

presión.

tuerca recientemente

sustituida de las mangas de la caja de agua del inodoro de su

baño se rompió e inundó todo el apartamento. Esa inundación

desembocó en el elevador del condominio y ocasionó los daños.

Asimismo,

en

sus

alegaciones

el

matrimonio

Gómez-Cruz

adujo que personal de seguridad del condominio trató de cerrar

la llave de paso de agua de su apartamento pero se les hizo

CC-2010-617

imposible

4

por

lo

deteriorada

que

se

encontraba.

También,

afirmaron que esa llave de paso es propiedad del condominio y

está bajo su control exclusivo y mantenimiento. Añadieron que

no era la primera vez que ocurrían eventos de esa naturaleza,

ya

que

previamente

otros

apartamentos

experimentaron

desbordamientos de agua por la alta presión que genera la

bomba de agua del condominio.

Inconforme,

el

Consejo

de

Titulares

presentó

una

solicitud de desestimación de la reconvención. En síntesis,

argumentó

que

jurisdicción

el

Tribunal

sobre

la

de

materia

Primera

para

Instancia

atender

la

carecía

de

reclamación

presentada por los esposos Gómez-Cruz. El Consejo de Titulares

sostuvo su postura a base de la letra del Art. 42 de la Ley de

Condominios, supra, que le confiere jurisdicción al D.A.Co.

para atender todas las reclamaciones que se presenten contra

el Consejo de Titulares o la Junta de Directores con relación

a la administración de un inmueble cuyos apartamentos estén

dedicados a vivienda.

Sin hacerse esperar, los esposos Gómez-Cruz se opusieron

a

la

desestimación

Tribunal

de

de

Primera

la

reconvención.

Instancia

adquirió

Razonaron

que

jurisdicción

el

para

dirimir la reconvención desde el momento en que el Consejo de

Titulares presentó la demanda en su contra. El Tribunal de

Primera

Instancia

desestimación.

declaró

no

ha

lugar

la

solicitud

de

CC-2010-617

5

Insatisfecho con ese proceder, el Consejo de Titulares

presentó

un

recurso

de

certiorari

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones. El 14 de junio de 2010 ese foro denegó expedir el

auto de certiorari y remitió el caso a la sala de origen para

la continuación de los procedimientos. En esencia, el foro

apelativo intermedio concluyó que

[d]e las alegaciones de la reconvención presentada

por los demandados-recurridos se desprende que la

causa de acción que motivó la reconvención surgió

como consecuencia de la situación ocurrida en el

Condominio … el 21 de mayo de 2008, consistente en

un

desbordamiento

de

agua

proveniente

del

Apartamento 2-B propiedad de los demandados. Este

mismo acto fue el que motivó la demanda original en

el pleito presentada por el peticionario. La

naturaleza de ambas reclamaciones evidencia que las

mismas surgen de unos mismos hechos, por lo que la

parte demandada-recurrida estaba en la obligación de

presentar la reconvención, ya que, de lo contrario,

se entendería renunciada con los mismos efectos de

cosa juzgada....

Apéndice del recurso, pág. 10.

Nuevamente inconforme, el 16 de julio de 2010 el Consejo

de Titulares presentó ante nos un recurso de certiorari. Adujo

que

al

foro

apelativo

intermedio

erró

al

resolver

que

el

Tribunal de Primera Instancia, por vía de una reconvención

compulsoria, puede atender asuntos sobre los cuales no tiene

jurisdicción sobre la materia. De igual forma, sostuvo que

también erró el foro apelativo intermedio al no considerar si

el D.A.Co. es el foro con jurisdicción exclusiva para atender

los asuntos planteados en la reconvención.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

expedimos

el

auto.

Luego

de

estudiar

y

analizar

la

CC-2010-617

6

controversia, este Tribunal concluye que la aplicabilidad de

la jurisdicción del D.A.Co. bajo el Art. 42 de la Ley de

Condominios, supra, no es un asunto de jurisdicción sobre la

materia, sino más bien de jurisdicción primaria. Arguye que si

se sostiene la jurisdicción primaria exclusiva que ostenta el

D.A.Co., estaríamos incidiendo sobre el principio de economía

judicial que rige en todo nuestro ordenamiento procesal. Por

eso, concluye que cuando se impugnan los acuerdos del Consejo

de

Titulares

en

un

condominio

residencial

reconvención

por

los

mismos

de

original

del

consejo

hechos

demandante,

el

la

por

vía

causa

Tribunal

de

de

de

una

acción

Primera

Instancia retendrá la jurisdicción.

Al concluir así, considero humildemente que la Opinión

mayoritaria

Tribunal

de

ignora

la

voluntad

del

legislador

Primera

Instancia

jurisdicción

y

otorga

al

por

vía

del

mecanismo de la reconvención para atender asuntos que fueron

retirados de su alcance, por mandato legislativo.

II

A

En primer lugar, procede preguntarse en qué consisten los

reclamos presentados por el matrimonio Gómez-Cruz a través de

la reconvención. Sujeto a lo anterior, analizaré si versan

sobre materias que están ante la autoridad y competencia del

foro de primera instancia o por el contrario, del D.A.Co.

De una evaluación de las alegaciones de la reconvención

surge que el matrimonio Gómez-Cruz le imputa al Consejo de

CC-2010-617

Titulares,

7

a

través

administración,

niveles

de

no

tomar

presión

de

apartamentos.

De

Titulares

adquirir

no

de

igual

su

Junta

de

medidas

para

corregir

agua

que

Directores

provocaron

los

daños

y

altos

en

los

Consejo

de

forma,

le

imputa

al

cubiertas

de

seguro

adecuadas

para

proteger los apartamentos contra riesgos de inundación.20 Es

decir, como correctamente señaló el Consejo de Titulares en su

petición de certiorari ante este Tribunal, las alegaciones del

matrimonio Gómez-Cruz se traducen en reclamos por violaciones

a los deberes y facultades delegados a los cuerpos directivos

en

la

Ley

de

Condominios,

supra.

En

otras

palabras,

el

matrimonio Gómez-Cruz aduce implícitamente que el Consejo de

Titulares ha faltado a algunos de los deberes que le impone el

Art. 38 de la Ley de Condominios, 31 L.P.R.A. sec. 1293b.

20

Sus alegaciones específicas son las siguientes:

―1.

El

Condominio

Victoria

Plaza,

donde

residen

los

codemandados aquí reconvencionistas[,] durante los pasados

años hasta el presente han [sic] sufrido de problemas en los

niveles de presión en el sistema de bombeo de agua, provocando

en diferentes ocasiones la rotura de tubos y componentes del

sistema pluvial en diferentes apartamentos del referido

Condominio.

2. El Consejo de Titulares, a través de su Junta de Directores

y Administración ha tomado conocimiento de estos eventos y de

las razones de los mismos. No obstante, no se han tomado las

medidas correctivas adecuadas para corregir los altos niveles

de presión, permitiendo de esa manera que se provoquen daños

en las propiedades de sus condómines y particular, de los

codemandados aquí comparecientes. A pesar del conocimiento del

Consejo de Titulares, su Junta de Directores, sus miembros y

la Administración no se han obtenido las cubiertas de seguro

adecuadas para los posibles daños que se pudieran ocasionar a

los equipos y maquinarias del Condominio. 4. Los codemandados

reconvenientes han sufrido daños en su propiedad, así como

daños

físicos

del

co-demandado,

Gómez

Estremera,

como

resultado de los acontecimientos ocurridos el 21 de mayo de

2008 en su propiedad. No empece a ello, de una forma

caprichosa y arbitraria la parte demandante optó de una manera

selectiva de presentar la demanda de epígrafe contra estos‖.

CC-2010-617

8

Asimismo,

las

alegaciones

en

contra

de

la

Junta

de

Directores van dirigidas a imputarle a ese órgano ejecutivo el

incumplimiento de los deberes que la ley le impuso en el Art.

38-D, 21 L.P.R.A. sec. 1293b-4. Concretamente, el matrimonio

Gómez-Cruz

insinúa

―atender

todo

que

lo

la

Junta

relacionado

de

con

Directores,

el

buen

falló

en

gobierno,

administración, vigilancia y funcionamiento del régimen y en

especial lo relativo a las cosas y elementos de uso común y

los servicios generales, y hacer a estos efectos las oportunas

advertencias y apercibimientos a los titulares‖. Art. 38-D(a),

íd.

Aclarado que los reclamos al Consejo de Titulares y a la

Junta de Directores son por violaciones a los deberes que le

impone la ley a esos cuerpos administrativos en los Arts. 38 y

38-D, respectivamente, hay que analizar entonces a qué foro le

corresponde atender esas reclamaciones.

B

El Art. 42 de la Ley de Condominios, supra, regula las

formas en que se canalizarán las querellas que se susciten en

los condominios sometidos al régimen de propiedad horizontal.

Específicamente,

determina

el

procedimiento

para

la

impugnación de los acuerdos del Consejo de Titulares y de las

determinaciones, omisiones o actuaciones del Director o de la

Junta de Directores.

De entrada, el Art. 42, supra, especifica en su primer

párrafo

los

foros

en

los

que

se

deberán

dilucidar

las

CC-2010-617

9

controversias en los condominios dependiendo de quién impugne

y de la naturaleza residencial o comercial del condominio. A

esos efectos el primer párrafo del artículo explica que

[l]os acuerdos del Consejo de Titulares y las

determinaciones,

omisiones

o

actuaciones

del

Director o de la Junta de Directores, del titular

que somete el inmueble al régimen que establece esta

Ley, durante el período de administración que

contempla el Artículo 36-A, del Presidente y del

Secretario, concernientes a la administración de

inmuebles que no comprendan apartamientos destinados

a vivienda o de titulares de apartamientos no

residenciales en los condominios en donde exista por

lo menos un apartamiento dedicado a vivienda, serán

impugnables

ante

el

Tribunal

de

[P]rimera

[I]nstancia por cualquier titular que estimase que

el acuerdo, determinación, omisión o actuación en

cuestión es gravemente perjudicial para él o para la

comunidad de titulares o es contrario a la ley, a la

escritura de constitución o al Reglamento a que hace

referencia el Articulo 36. Las impugnaciones por los

titulares de apartamientos destinados a viviendas se

presentarán ante el Departamento de Asuntos del

Consumidor. [Énfasis suplido.]

El profesor Michel Godreau Robles explica que ―[b]ajo la

nueva Ley, la jurisdicción del DACO se reserva exclusivamente

para los titulares de apartamientos dedicados a vivienda; los

titulares de comercio o de oficinas profesionales tendrán que

presentar sus querellas en el Tribunal de Primera Instancia,

aun cuando se trate de un condominio mixto...‖. M. J. Godreau

Robles,

La

nueva

Ley

de

Condominios,

2da

ed.,

Editorial

Dictum, San Juan, Puerto Rico, 2003, pág. 41.

Por

su

parte,

el

Reglamento

sobre

Condominios,

supra,

reafirma la jurisdicción que posee el D.A.Co. para atender

querellas.

26 que

A esos efectos, el reglamento señala en su sección

CC-2010-617

[c]ualquier

titular

o

grupo

de

titulares

de

condominios donde exista por lo menos una unidad de

vivienda, podrá impugnar ante este Departamento

cualquier

acuerdo,

determinación,

omisión

o

actuación del Consejo de Titulares, del Director o

de la Junta de Directores, presidente o del

secretario de la Junta de Directores o de la persona

que someta el inmueble al Régimen de Propiedad

Horizontal,

mientras

éste

sea

a

su

vez,

el

administrador interino del condominio y del Síndico;

siempre y cuando el acuerdo, determinación, omisión

o actuación en cuestión sea gravemente perjudicial

para el titular o grupo de titulares que impugna o

para la comunidad de titulares o cuando dicho

acuerdo, determinación, omisión o actuación sea

contraria a la Ley, a la escritura de constitución

al Régimen de Propiedad Horizontal, al Reglamento

del Condominio y a este Reglamento.

El Departamento no tendrá jurisdicción para

entender en controversias que surjan contra el

agente administrador. Las mismas corresponderán

atenderlas al Director o la Junta de Directores y al

Consejo de Titulares.

El Departamento no tendrá jurisdicción para

adjudicar querellas que surjan en condominios de uso

exclusivamente comercial o profesional. Igualmente

carecerá de jurisdicción en aquellos condominios

donde exista por lo menos una unidad de vivienda, y

la querella sea interpuesta por un titular o grupo

de titulares de apartamentos no residenciales. En

estos

casos

la

jurisdicción

corresponderá

al

Tribunal de Primera Instancia. El Departamento sólo

atenderá reclamaciones del titular o grupo de

titulares que sean propietarios de las unidades

residenciales.

También quedará excluido de la jurisdicción del

Departamento, toda reclamación que consista en

cuestionar alguna cláusula contenida en la escritura

matriz o el reglamento del condominio inscrito en el

Registro

de

la

Propiedad.

Igualmente

quedan

excluidos las querellas entre titulares o cuando el

Consejo de Titulares o el Director o la Junta de

Directores entable reclamación contra uno o varios

titulares

o

residentes

del

condominio.

La

jurisdicción

para

ventilar

estas

acciones

corresponderá al Tribunal de Primera Instancia.

10

CC-2010-617

11

Una lectura del Art. 42, supra, así como de la sección 26

del Reglamento sobre Condominios revela la jurisdicción que

ostenta

el

Tribunal

legislador

asignó

controversias

que

de

al

Primera

Instancia

D.A.Co.

para

en

condominios

surjan

los

y

la

entender

que

el

en

las

sometidos

al

régimen de propiedad horizontal.

El

Tribunal

de

Primera

Instancia

está

facultado

para

conocer: (1) en reclamaciones que surjan en condominios de uso

exclusivamente

comercial

o

profesional;

(2)

en

aquellos

condominios donde exista por lo menos una unidad de vivienda,

y

la

querella

titulares

de

sea

interpuesta

apartamentos

por

no

un

titular

o

residenciales;

grupo

de

(3)

en

reclamaciones que cuestionen alguna cláusula contenida en la

escritura matriz o el reglamento del condominio inscrito en el

Registro de la Propiedad; (4) en querellas entre titulares y;

(5) en reclamaciones del Consejo de Titulares, el Director o

la

Junta

de

Directores

contra

uno

o

varios

titulares

o

residentes del condominio.

El D.A.Co., en cambio, está autorizado a atender: (1)

cuando cualquier titular o grupo de titulares donde exista por

lo menos una unidad de vivienda, impugne cualquier acuerdo,

determinación, omisión o actuación del Consejo de Titulares,

del Director o de la Junta de Directores, del Síndico, del

Presidente o del Secretario de la Junta de Directores, o de la

persona

que

Horizontal

someta

mientras

el

inmueble

esta

al

persona

Régimen

de

Propiedad

sea

su

vez,

a

la

CC-2010-617

12

administradora

interina

reclamaciones,

en

del

condominio

condominios

mixtos,

y;

iniciadas

(2)

las

por

los

titulares o grupo de titulares que sean propietarios de las

unidades residenciales.

En Consejo Cond. Plaza del Mar v. Jetter, 169 D.P.R. 643,

662 (2006), añadimos que la jurisdicción exclusiva del D.A.Co.

no se extiende a toda posible causa de acción

dimanante de un condominio

sometido al régimen de

la propiedad horizontal. D.A.Co. tiene jurisdicción

para

dirimir

las

controversias

suscitadas

por

acciones u omisiones de la junta de un condominio y

sobre los actos que no sean de índole voluntaria o

que trasciendan los intereses personales y privados

de los titulares o de los condominios. [Énfasis en

el original.]

Véase, además, Srio. D.a.C.O. v. J. Condóminios C. Martí, 121

D.P.R.

807

(1988).

Añadimos,

al

citar

con

aprobación

la

comparecencia como amicus curiae del D.A.Co., que

(s)i el titular o grupo de titulares de un

condominio ejercita la acción de impugnación que le

autorizan los Artículo 42 y 48 de la Ley, y a la vez

solicita indemnización que pudiera corresponderle

bajo el Código Civil por daños ocasionados por la

conducta negligente de los cuerpos ejecutivos del

Condominio, este Departamento podría adjudicar ambas

reclamaciones al estar autorizados para ello, por

virtud de los [sic] dispuesto en el Artículo 51 (de

la concernida ley). [Énfasis suplido.]

Consejo Cond. Plaza del Mar v. Jetter, supra, pág.

662.

Como notamos, la jurisdicción del D.A.Co. y del Tribunal

de

Primera

Instancia

para

entender

en

controversias

fue

claramente delimitada por el legislador. Por esa razón, la

opinión

mayoritaria

controversia

que

falla

nos

en

ocupa

su

al

análisis

amparo

de

al

enmarcar

la

la

doctrina

de

CC-2010-617

13

jurisdicción primaria. La jurisdicción primaria presupone la

existencia

de

administrativo

jurisdicción

concurrente

y

judicial.

el

sistema

entre

Ferrer

el

proceso

Rodríguez

v.

Figueroa, 109 D.P.R. 398, 402 (1980). Esa no es la situación

del

caso

ante

nuestra

consideración.

En

esos

términos

nos

expresamos en First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114

D.P.R. 426 (1983), al analizar cuál era el foro con poder y

autoridad para dilucidar una acción de impugnación por parte

de un titular de un apartamento comercial contra el Consejo de

Titulares por la imposición de cuotas de mantenimiento. Se

explicó que esa interrogante no podía contestarse ―a base de

la

aplicación

primaria‖.

automática

Íd.,

pág.

432.

de

la

doctrina

Al

utilizar

de

como

jurisdicción

fundamento

lo

expresado en Ferrer Rodríguez v. Figueroa, supra, pág. 402,

señalamos que

―[l]a verdadera jurisdicción primaria ocurre tan

solo cuando existe jurisdicción concurrente entre el

proceso administrativo y el sistema judicial‖... De

esta manera, la ―... doctrina opera para determinar

qué organismo, si el judicial o el administrativo,

debe hacer la determinación inicial del asunto y se

aplica específicamente cuando la situación presenta

cuestiones de hecho que requieren el ejercicio de la

discreción administrativa...‖.

First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, supra, pág.

434.

Luego

de

analizar

las

disposiciones

de

la

Ley

de

Propiedad Horizontal de 1958 y las enmiendas introducidas a

ese cuerpo legal por la Ley Núm. 157 de 4 de junio de 1976,

este

Tribunal

interpretó

el

artículo

equivalente

entonces al Art. 42 de la ley actual y concluyó que

en

aquel

CC-2010-617

14

[e]l lenguaje terminante y mandatorio transcrito es

claro. Establece dos foros distintos para instarse

acciones impugnatorias. El criterio para determinar

el apropiado se remite al carácter exclusivo

comercial o mixto (residencial y comercial) del

condominio. Cuando en un inmueble se destina un

apartamiento para vivienda, el foro indicado para

decantar su pericia –―se radicarán‖, expresa la leyes primeramente DACO. Esa jurisdicción es exclusiva.

[Énfasis suplido y en el original.]

First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, supra, pág.

434.

Con relación a la jurisdicción exclusiva por mandato de

un estatuto (jurisdicción exclusiva estatutaria), el profesor

Demetrio Fernández explica que

[e]n el examen y aplicación de la doctrina de

jurisdicción primaria es necesario tener presente

que, si el estatuto le confiere jurisdicción al

organismo

administrativo,

se

trata

de

una

jurisdicción estatutaria. Rovira v. Puerto Rico

Telephone Company, [96 D.P.R. 77 (1968)] explicó con

suficiente claridad que, si la ley orgánica de la

agencia administrativa le confiere expresamente la

jurisdicción al ente administrativo, se trata de una

jurisdicción exclusiva por vía de estatuto y no es

necesario considerar la aplicación de la doctrina de

jurisdicción primaria. Precisa recordar en esta

coyuntura que la doctrina de la jurisdicción

primaria presupone una jurisdicción concurrente

entre la agencia y el tribunal. Tal y como hemos

apuntado, la diferencia que resalta es que el

legislador le confió esa facultad específicamente a

la agencia.

D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y la

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da

ed., Colombia, Ed. Forum, 2001, pág. 437.

III

La Regla 11.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V,

permite que una parte presente una reclamación contra otra

parte

adversa

a

través

del

mecanismo

de

la

reconvención.

CC-2010-617

S.L.G.

15

Font

Bardón

v.

Mini-Warehouse,

179

D.P.R.

322,

332

(2010). En particular, el ordenamiento jurídico permite dos

tipos de reconvenciones: las obligatorias y las permisibles.

Íd.

El efecto de no presentar una reconvención obligatoria es

―imp[edir] que el demandado presente una acción independiente

basada en la misma transacción o evento que motivó la acción

original, ya que es aplicable, por analogía, el principio de

cosa juzgada, al efecto de que una sentencia es concluyente en

cuanto

a

aquellas

cuestiones

que

pudieron

haber

sido

planteadas y no lo fueron. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de

derecho

procesal

civil,

2da.

Ed.,

San

Juan,

Publicaciones

J.T.S., 2011, Tomo II, pág. 558. (Énfasis nuestro.) Véase,

además, Sastre v. Cabrera, 75 D.P.R. 1, 3 (1953). Como se

aprecia, para que opere el principio de cosa juzgada en cuanto

a

la

reconvención

obligatoria,

es

necesario

que

esta

se

permisibles

son

pudiera presentar en el pleito.

Por

otro

lado,

―[l]as

reconvenciones

aquellas reclamaciones que no surgen del mismo acto, omisión o

evento que motivó la reclamación de la parte contra la que se

presenta‖. S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág.

332.

Véase,

L.P.R.A.

Ap.

además,

Regla

11.2

de

Procedimiento

V.

esta

forma,

es

opcional

De

Civil,

32

presentar

una

reconvención permisible y si no se presenta, ―no tiene efectos

de res judicata‖. J.A.

Cuevas Segarra, op cit., pág. 566.

CC-2010-617

16

Esto implica que ―puede interponerse una acción independiente‖

posteriormente. Íd.

De esta discusión doctrinal resalta que la presentación

de una reconvención presupone que el foro ante el cual se

presenta cuenta con jurisdicción para atenderla. Después de

todo,

uno

jurídico

de

es

los

que

pilares

básicos

de

nuestros

tribunales

nuestro

ordenamiento

son

jurisdicción

de

general. Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 D.P.R.

223,

230

(1994).

controversias,

Por

excepto

ende,

que

lo

pueden

ver

todo

tipo

de

contrario

―se

haya

dispuesto

expresamente en algún estatuto o que ello surja del mismo por

implicación necesaria‖. Íd.

En este caso, la reconvención que presentó el matrimonio

Gómez-Cruz

es,

en

esencia,

Titulares,

que

a

través

alegadamente

no

tomó

por

de

las

fallas

del

Consejo

Junta

de

Directores,

su

medidas

adecuadas

para

de

el

mantenimiento y corrección del sistema de bombeo de agua del

Condominio.

Igualmente,

los

recurridos

cuestionan

la

funcionalidad de las pólizas de seguro que el condominio tiene

para asegurar los daños que el desbordamiento de agua pueda

ocasionarle a las maquinarias y equipos del inmueble.

Al

ser

esos

los

reclamos,

forzosamente

tenemos

que

concluir que la reconvención se trata de impugnaciones por

supuestas omisiones y acciones que el Consejo de Titulares y

la Junta de Directores ha hecho en contra de la ley. Esas

acciones y omisiones están enmarcadas dentro de la gestión

CC-2010-617

17

administrativa que le corresponde a los cuerpos rectores del

condominio.

El

legislador

delegó

la

dilucidación

de

la

impugnación de esas omisiones y acciones al D.A.Co de manera

expresa y exclusiva. Recordemos que el Art. 42, supra, dispone

en

su

primer

párrafo

que

los

titulares

de

apartamentos

destinados a vivienda podrán impugnar en el D.A.Co. cualquier

acuerdo,

determinación,

omisión

o

actuación

que

le

sea

gravemente perjudicial o contrario a la ley, a la escritura de

constitución o al reglamento.

Como señalamos en Consejo Cond. Plaza del Mar v. Jetter,

supra, págs. 669-670: ―Tanto la Ley de la Propiedad Horizontal

de 1976 como su versión enmendada en 2003, son claras al

disponer

que

DACo

posee

jurisdicción

exclusiva

sobre

las

reclamaciones que presenten los titulares para impugnar las

determinaciones,

actuaciones

u

omisiones

de

la

Junta

de

Directores‖.

Según surge del alegato del matrimonio Gómez Cruz ante

este Tribunal, luego de estos recibir la notificación de la

aseguradora

denegándoles

compensación

por

los

daños

ocasionados a su apartamento, nunca acudieron al D.A.Co. a

reclamar

lo

que

hoy

Titulares

a

través

pretenden

de

la

reclamarle

reconvención.

al

Si

Consejo

los

de

esposos

recurridos tenían reparos sobre la forma en que el Consejo de

Titulares

y

la

Junta

de

Directores

llevaban

funciones

y

deberes

con

relación

al

a

cabo

sus

mantenimiento

del

condominio, debieron recurrir al D.A.Co. oportunamente.

CC-2010-617

18

El Art. 42 de la Ley de Condominios, supra, contempla las

acciones en daños y perjuicios que presenten los titulares

contra los órganos ejecutivos de los condominios. En cada caso

hay que analizar si la actuación u omisión que causa el daño

alegado,

proviene

de

un

deber

que

le

impone

la

Ley

de

Condominios al Consejo o a la Junta. La Ley de Condominios, al

imponerle unas funciones y deberes tanto al Consejo como a la

Junta, previó las posibles acciones en daños y perjuicios que

surgirían por incumplir con su letra y delegó en el D.A.Co. la

potestad de dilucidarlas en primera instancia. Una parte no

puede traer ante el Tribunal de Primera Instancia, por vía de

una reconvención, un asunto que ha sido expresamente retirado

de su jurisdicción a través de una ley.

En el caso ante nos, el matrimonio Gómez-Cruz pretende

otorgarle

través

de

jurisdicción

la

al

Tribunal

reconvención.

Tal

de

Primera

proceder

es

Instancia

errado.

a

Las

reclamaciones presentadas por el matrimonio a través de la

reconvención, son de las que se originan en el día a día del

curso administrativo de un condominio y las que el legislador

quiso

canalizar

para

que

sea

el

D.A.Co.,

como

foro

especializado, quien las dilucide. Así pues, lo que procedía

era que el matrimonio Gómez-Cruz presentara oportunamente ante

el D.A.Co. su reclamación contra el Consejo de Titulares y su

Junta de Directores, por incumplimiento de lo dispuesto en los

Arts. 38 y 38-D de la Ley de Condominios, supra, Véase, Art.

42(c) de la Ley de Condominios, supra.

CC-2010-617

19

La Opinión del Tribunal considera que esta alternativa es

onerosa

para

los

condóminos

porque

supuestamente

reduce

a

treinta días el término para reclamar indemnización por los

daños sufridos, que de otro modo sería de un año, según el

Art.

1868

del

Código

Civil,

31

L.P.R.A.

sec.

5298.

Esa

conclusión es equivocada. Confunde las diferentes causas de

acción que el legislador incluyó en el Art. 42 de la Ley de

Condominios de 2003, supra.

El plazo de treinta días para reclamar en D.A.Co que

recoge

la

Opinión

mayoritaria

se

refiere

únicamente

a

las

acciones para impugnar acuerdos o determinaciones de la Junta

de Directores [Art. 42(a)] o del Consejo de Titulares [Art.

42(b)].

Esa

no

es

la

acción

que

instaron

los

condóminos

recurridos.

Por el contrario, la causa de acción de los recurridos

queda

enmarcada

impugnar

las

en

el

omisiones

Art.

de

42(c),

la

íd.,

Junta,

en

pues

se

dirige

violación

de

a

sus

deberes según la Ley de Condominios. Para ello el propio Art.

42(c) le da no uno sino dos años a los titulares para instar

la acción correspondiente. Así lo resolvimos hace seis meses

en Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., Op. de 30 de junio de

2011,

2011

T.S.P.R.

102,

2011

J.T.S.

107,

182

D.P.R.

___

(2011). Ese plazo se cuenta desde que el reclamante conoció de

la omisión. Art. 42(c), supra.21

21

No dilucidaré si la causa de acción del matrimonio Gómez-Cruz está

prescrita pues ese es un asunto que no fue planteado por ninguna de las

partes.

CC-2010-617

En

20

fin,

el

legislador

le

concedió

a

los

condóminos

individuales un foro administrativo más conveniente y menos

oneroso para dilucidar con exclusividad sus reclamos. En el

caso específico de las reclamaciones al amparo del Art. 1802

del

Código

causados

Civil,

31

supuestamente

L.P.R.A.

sec.

por

omisiones

las

5141,

por

de

la

los

daños

Junta

de

Directores o del Consejo de Titulares que violen la ley, la

escritura matriz o el reglamento del condominio, el legislador

le concedió a cada condómino un plazo de prescripción más

generoso

para

instar

su

causa

de

acción

en

el

foro

administrativo que el legislador designó con exclusividad. Sin

embargo, la Opinión mayoritaria descarta lo dispuesto en el

Art. 42(c), supra, y lo resuelto en Pereira Suárez v. Jta. Dir

Cond., supra, y en Consejo Cond. Plaza del Mar v. Jetter,

supra, para en su lugar avalar una mal llamada reconvención

compulsoria en el tribunal. No hay regla de hermenéutica que

justifique esa revocación sub silentio de la ley y nuestros

precedentes.

Lo

que

hace

el

Tribunal

es

crear

una

dualidad

de

acciones. Reconoce por un lado las reclamaciones por daños que

pueden instar los titulares contra la Junta de Directores o el

Consejo de Titulares, al amparo del Art. 42 de la Ley de

Condominios, supra, en cualquiera de sus modalidades. Por otro

lado invoca el estatuto general de danos, el Art. 1802, supra,

para crear una causa de acción por daños en los tribunales,

adicional a la que regula el estatuto especial. No está claro

CC-2010-617

21

cuándo aplicará un estatuto y cuándo aplicará el otro. Por el

contrario,

la

demarcación

entre

ambas

causas

de

acción

es

demasiado difusa. Así, aunque en este caso se imputa a la

Junta de Directores una omisión al deber que le impone la Ley

de Condominios y se solicita la indemnización correspondiente

por los daños alegadamente causados, se descarta la aplicación

del Art. 42(c), supra, y se permite una reclamación en el

tribunal en lugar del D.A.Co. contra una Junta de Directores

en

funciones,

por

sus

determinaciones,

actuaciones

u

omisiones. ¿No es eso lo que rechazamos en Consejo Cond. Plaza

del Mar v. Jetter, supra? ¿Basta invocar el Art. 1802 para

zafarse de la jurisdicción del D.A.Co. establecida en el Art.

42(c), supra?

Lo que esta decisión augura es que habrán controversias

interminables acerca de cuál es el foro con jurisdicción o si

la causa de acción está prescrita. Como cuestión práctica,

hemos anulado la jurisdicción exclusiva que el legislador le

dio

al

D.A.Co.

durante

el

transcurso

del

primer

año

del

período prescriptivo del Art. 42(c), supra. Es anticipable que

esa jurisdicción exclusiva solo se invocará durante el año

siguiente y enfrentará la inmediata moción de desestimación

bajo la alegación de que lo que procedía era demandar al

amparo del Art. 1802, supra, y que al transcurrir el año la

causa de acción prescribió. Felicito de antemano a quien pueda

discernir quién tiene la razón. De todos modos, el costo de la

CC-2010-617

22

litigación lo asumirán los Consejos de Titulares, a pesar de

que el legislador quiso evitarles esa penuria económica.

IV

Sabido es que ―[l]a jurisdicción es el poder o autoridad

de

un

tribunal

para

considerar

y

decidir

casos

y

controversias‖. S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, Op. de

11 de agosto de 2011, 2011 T.S.P.R. 119, 2011 J.T.S. 124, 182

D.P.R. __, (2011) citando a Asoc. Punta las Marías v. A.R.Pe.,

170 D.P.R. 253, 263 n. 3 (2007); Gearheart v. Haskell, 87

D.P.R. 57, 61 (1963). La jurisdicción sobre la materia, por su

parte, ―se refiere a la capacidad del tribunal para atender y

resolver

una

controversia

sobre

un

aspecto

legal‖.

S.L.G.

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, íd., citando a J. Echevarría

Vargas,

Procedimiento

civil

puertorriqueño,

Colombia,

2010,

pág. 25. Por ello, ―la falta de jurisdicción sobre la materia

significa que el tribunal carece de autoridad y poder para

entender en el asunto‖. Unisys v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R.

842, 862 n. 5 (1991). Ahora bien, ―[s]ólo el Estado, a través

de sus leyes, puede [privar de jurisdicción sobre la materia a

un tribunal]‖. Íd.

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.

III,

enumera

entre

las

defensas

para

solicitar

la

desestimación de un pleito, la falta de jurisdicción sobre la

materia. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848,

854

(2009).

Esta

es

una

defensa

privilegiada

que

puede

levantarse en cualquier momento durante el proceso. Íd., pág.

CC-2010-617

23

855, citando a R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto

Rico: Derecho procesal civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexis

Nexis, 2007, Sec. 2601, pág. 234.

Por su parte,

[l]a Regla 10.8(c) de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A. Ap. III R. 10.8(c), dispone que ―[s]iempre

que surja, por indicación de las partes o de algún

otro modo, que el tribunal carece de jurisdicción

sobre la materia, éste desestimará el pleito‖. Bajo

esta

disposición,

se

puede

desestimar

una

reclamación por ser de jurisdicción de una agencia

administrativa

o

de

la

esfera

federal.

Esto

significa que es al amparo de la Regla 10.8(c) que

se ordena a los tribunales locales desestimar una

acción civil cuando surge la falta de jurisdicción

sobre la materia ante el foro aludido. [Énfasis

nuestro; citas omitidas.]

González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, pág.

855.

En el caso que nos ocupa, el legislador quiso otorgarle

en primera instancia jurisdicción exclusiva al D.A.Co. para

ventilar los reclamos que hicieran los condóminos dueños de

apartamentos

residenciales

en

contra

de

la

Junta

de

Directores. Debido a lo anterior, en este caso no cabe hablar

de reconvención compulsoria pues el matrimonio Gómez Cruz no

podía presentarla, ya que el foro primario no contaba con

jurisdicción para atenderla. Así pues, lo único que le resta a

la pareja es defenderse en el juicio y probar que los daños al

elevador no son producto de su negligencia.

V

Por

resolución

los

del

fundamentos

Tribunal

antes

de

expuestos,

Apelaciones

y

revocaría

la

desestimaría

la

reconvención presentada por el matrimonio Gómez-Cruz por falta

CC-2010-617

de

24

jurisdicción

soslaye

la

sobre

voluntad

la

materia.

No

puedo

del

legislador

con

el

avalar

que

se

pretexto

de

la

economía procesal. Comprendo la preocupación de la mayoría al

respecto, pero me parece evidente que el matrimonio Gómez-Cruz

debió ser más proactivo en su reclamo. Es decir, una vez los

recurridos obtuvieron la denegatoria de cubierta por parte de

la aseguradora del condominio, debieron acudir al D.A.Co. El

texto

de

acciones

la

u

contrarias

ley

es

omisiones

a

la

ley,

claro.

de

El

los

debe

titular

órganos

reclamar

que

desee

directivos

impugnar

que

oportunamente

sean

ante

el

D.A.Co. Es evidente que los recurridos no tenían la intención

de reclamarle al condominio hasta que el Consejo de Titulares

les demandó. Eso no hace compulsoria la reconvención, pues el

primer requisito para ello es que el foro judicial

cuente

con

no

jurisdicción

para

atender

la

reclamación.

Aquí

hay

jurisdicción por mandato de la Asamblea Legislativa. Por esta

razón, disiento respetuosamente.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado