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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. Báez López

2013 TSPR 143

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pueblo v. Báez López

CC-2012-461

Derecho Constitucional – Registros y Allanamientos: percepción del tacto como excepción al requisito de orden judicial previa a un registro

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

Octavio Báez López

Certiorari

2013 TSPR 143

189 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: CC-2012-461

Fecha: 10 de diciembre de 2013

Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de Bayamón

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Luis Román Negrón

Procurador General

Lcda. Lisa M. Durán Ortiz

Procuradora General Auxiliar

Abogado del Recurrido:

Lcdo. Ramón Negrón Colón

Materia: Derecho Constitucional – Registros y Allanamientos: Percepción del

tacto como excepción al requisito de orden judicial previa a un registro.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-2012-461

Certiorari

Octavio Báez López

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA

MARTÍNEZ

San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre de 2013.

El

recurso

requiere

a

ante

este

nuestra

Tribunal

analizar

descubrimiento

de

evidencia

percepción

tacto

es

doctrina

por

de

afirmativa,

plena

por

vista.

lo

que

consideración

un

si

el

mediante

la

corolario

de

la

Respondemos

en

la

incorporamos

esta

excepción al requisito de una orden previa para

un registro válido.

I

El Ministerio Público presentó una acusación

contra el Sr. Octavio Báez López por el delito de

portar un arma de fuego sin licencia

Art.

5.04 de

la Ley

para

ello.

de Armas, 25 L.P.R.A. sec.

CC-2012-461

2

458c. 1

Luego de los procedimientos de rigor, el señor Báez

López solicitó la supresión del arma de fuego incautada.

Al así hacerlo, argumentó que no existía una emergencia

que justificara la acción de la agente del orden público,

al buscar en el interior de su cartera de cintura, sin una

orden

de

registro

previa.

Indicó

que,

tras

sufrir

el

accidente, no se encontraba inconsciente y que la agente

Rivera

Alvarado

recibió

del

paramédico

su

cartera

de

cintura, la cual palpó y “sintió lo que a su experiencia

era un arma de fuego”. Acto seguido, “abrió la cartera y

extrajo

una

pistola

Smith

&

Wesson”.

Véase,

Moción

supresión de identificación [sic] del acusado,

Petición

de

Certiorari,

resaltó

que

la

agente

págs.

4.

admitió

que

El

señor

“su

de

Apéndice

Báez

búsqueda

López

en

la

cartera no tuvo como propósito atender la emergencia en

proceso –el accidente de Báez López- sino corroborar su

percepción

sensorial

reconoció

que

“rebuscó

en

su

interior

[con]

un

de

fuego,

identificación”.

en

arma

Íd.,

la

cartera

supra,

del

interior

págs.

no

perjudicado”

y

para

dar

en

su

para

dar

con

su

7-8.

El

Ministerio

Público se opuso a la supresión de evidencia.

El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista

para dilucidar si procedía la supresión de la evidencia.

Durante ésta, y en lo pertinente, el testimonio presentado

1

Smith & Wesson negra, calibre .40 mm, modelo XDM-40

cargada con una munición en recámara y 15 municiones.

CC-2012-461

3

por la agente Rivera Alvarado revela que acudió a atender

un

accidente

de

motora

como

parte

de

su

patrullaje

preventivo. Al llegar al lugar, encontró al señor Báez

López un poco aturdido y tirado en el pavimento con la

cabeza, manos y piernas ensangrentadas, por lo que llamó

al precinto para que enviaran a emergencias médicas. Una

vez llegaron los paramédicos, le removieron una cartera

negra que portaba el señor Báez López de forma transversal

en su torso. Ésta fue entregada a la agente, quien al

palparla sintió un arma de fuego y procedió a abrir la

cartera.

Así,

pudo

ver

que

pistola.

Luego,

el

señor

en

Báez

el

interior

López

fue

había

una

trasladado

al

hospital y allí fue entrevistado por la agente. Ésta le

leyó las advertencias legales y le preguntó sobre el arma.

El acusado admitió que no tenía licencia para poseer y

portar armas de fuego. De otra parte, el paramédico que

intervino con el señor Báez López indicó que le removió la

cartera

y

testificó

entregó

que

la

encontró

misma

al

a

la

acusado

agente.

en

el

A

su

pavimento

vez,

con

sangrado en la cara. Señaló que éste le respondía a sus

preguntas, dio sus datos personales y le mencionó que le

dolía la cabeza y las rodillas.

Tras

escuchar

la

prueba,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia emitió una Resolución en la cual declaró con

lugar

la

solicitud

de

supresión

de

evidencia.

El

foro

primario concluyó que la agente justificó el registro de

la cartera a base de una situación de emergencia. Sin

embargo,

lo

que

quería

era

verificar

si

efectivamente

CC-2012-461

4

había un arma. Así, el tribunal de instancia destacó que,

si la agente tenía una sospecha de que en el interior de

la cartera había un arma, debió solicitar una orden de

registro.

En

desacuerdo

con

la

determinación

del

foro

de

instancia, el Ministerio Público presentó un recurso de

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. En síntesis,

arguyó

que

el

foro

primario

pasó

por

desapercibido

el

interés y la facultad investigativa de un agente del orden

público, no sólo para registrar el bulto con el fin de

identificar a una persona herida tras sufrir un accidente

de tránsito sino que, además, para registrarlo una vez

percibe inevitablemente un arma de fuego en el interior de

ese bulto. Ante ello, el Ministerio Público argumentó que

no procedía suprimir la evidencia porque se trató de un

registro razonable debido a que: (1) la expectativa de

intimidad de un motociclista herido es limitadísima; (2)

el

accidente

procurar

la

justificó

el

registro

de

emergencia

identidad

del

herido,

ya

que

éste

para

estaba

aturdido y con contusiones en la cabeza; y (3) una vez el

agente inevitablemente percibe sensorialmente la posible

existencia de un arma de fuego en el interior del bulto,

se justifica la corroboración de tal percepción, pues se

trata de un objeto inherentemente peligroso y altamente

reglamentado por el Estado.

Mediante Resolución emitida el 29 de marzo de 2012, el

Tribunal de Apelaciones denegó el recurso de certiorari

presentado por el Ministerio Público. El foro apelativo

CC-2012-461

intermedio

5

concluyó

que

si

la

agente

Rivera

Alvarado

percibió un arma mediante el tacto, procedía poner bajo

arresto

al

recurrido

y

hacerle

las

advertencias,

para

luego proceder al registro incidental al arresto.

Oportunamente,

el

Ministerio

Público

solicitó

reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones.

Reiteró

sus

a

ser

preparara

el

planteamientos

descubierta

y

añadió

eventualmente

que

el

cuando

arma

se

correspondiente recibo de propiedad.

iba

El foro intermedio

declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración.

Insatisfecho, el Ministerio Público compareció ante

este Tribunal y solicitó la revocación de la Resolución

emitida por el Tribunal de Apelaciones. Para ello, señaló

que erró el tribunal intermedio al validar la supresión

del arma de fuego a pesar de que se trató de un registro

razonable porque: (1) la agente tuvo la creencia razonable

de

la

existencia

de

una

emergencia

que

justificó

el

registro; (2) el descubrimiento del arma de fuego ilegal

hubiese

sido

inevitable

cuando

la

agente

realizara

el

obligado recibo de propiedad de la cartera; y, (3) la

agente percibió mediante tacto (“plain feel”) el arma de

fuego que estaba en el interior del bolso del acusado

herido,

la

cual

le

fue

legítimamente

entregada

junio

de

2012

el

por

el

paramédico.

El

4

de

expedimos

recurso

ante

nuestra consideración. Transcurridos los términos para que

las

partes

presentaran

sus

respectivos

procedemos, a resolver conforme a derecho.

alegatos

CC-2012-461

6

II

A.

La

protección

allanamientos

contra

registros,

irrazonables

es

incautaciones

una

de

y

índole

constitucional. La Sec. 10 del Art. II de la Constitución

de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, dispone lo siguiente:

No se violará el derecho del pueblo a la

protección de sus personas, casas, papeles y

efectos

contra

registros,

incautaciones

y

allanamientos irrazonables.

No se interceptará la comunicación telefónica.

Sólo

se

expedirán

mandamientos

autorizando

registros, allanamientos o arrestos por la

autoridad judicial, y ello únicamente cuando

exista causa probable apoyada en juramento o

afirmación,

describiendo

particularmente

el

lugar a registrarse, y las personas a detenerse

o las cosas a ocuparse.

Evidencia obtenida en violación de esta sección

será inadmisible en los tribunales.

Por su parte, la Cuarta Enmienda de la Constitución

de

los

Estados

establece

Unidos

de

América,

L.P.R.A.,

Tomo

1,

que:

No se violará el derecho del pueblo a la

seguridad de sus personas, hogares, documentos y

pertenencias, contra registros y allanamientos

irrazonables, y no se expedirá mandamiento, sino

en virtud de causa probable, apoyado por

juramento o promesa, y que describa en detalle

el lugar que ha de ser allanado y las personas o

casas que han de ser detenidas o incautadas.

Ambas

derecho

disposiciones

del

allanamientos

pueblo

constitucionales

contra

irrazonables

registros,

que

protegen

el

incautaciones

y

puedan

afectar

sus

personas, casas, papeles y efectos. Véase, E.L. Chiesa,

Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos,

CC-2012-461

7

Colombia, Ed. Forum, 1991, T. 1, Vol. I, pág. 283. La

razón de estos preceptos constitucionales es proteger el

derecho a la intimidad y dignidad del individuo, amparar

sus

documentos

y

pertenencias

frente

a

actuaciones

irrazonables del Estado, e interponer la figura del juez

para

ofrecer

una

mayor

garantía

de

razonabilidad

a

la

intervención con los ciudadanos. Pueblo v. Díaz, Bonano,

176 D.P.R. 601, 611-612 (2009); Blassini et als. v. Depto.

Rec. Naturales, 176 D.P.R. 454, 463-464 (2009); Pueblo v.

Martínez Torres, 120 D.P.R. 496, 500 (1988); E.L.A. v.

Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197, 207 (1984).

A

pesar

de

la

constitucionales,

la

similitud

contenida

en

de

ambas

nuestra

cláusulas

Constitución

limita expresamente al Ministerio Público con relación al

uso

que

le

puede

dar

al

objeto

incautado

mediante

un

registro irrazonable sin una orden previa. Así, nuestra

garantía

constitucional

dispone

palmariamente

que

la

evidencia incautada sin una orden previa será inadmisible

en los tribunales. 3 Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente

1566

(1961);

Pueblo

v.

Rivera

Colón,

128

D.P.R. 672, 681-682 (1991).2 Ante ello, y por razón de que

nuestra Constitución reconoce y concede unos derechos más

abarcadores

que

los

garantizados

en

la

Constitución

federal, se articula que la Sec. 10 de nuestra Ley Suprema

2

Nótese

que,

a

nivel

federal,

es

mediante

jurisprudencia que se resuelve que es inadmisible aquella

evidencia obtenida en violación a la Cuarta Enmienda de la

Constitución federal. Véanse, Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643

(1961); E.L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico

y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, T. 1, Vol. I,

págs.290-291.

CC-2012-461

8

es de factura más ancha. Así, reconocemos como protección

mínima la contemplada contra registros e incautaciones a

base de la Cuarta Enmienda federal, sin impedimento alguno

para

ampliar

nuestra

protección

constitucional.

Véanse:

Blassini et als. v. Depto. Rec. Naturales, supra, pág.

463; Pueblo v. Rivera Colón, supra, pág. 680; Pueblo v.

Malavé González, 120 D.P.R. 470, 475-476 (1988); Pueblo v.

Falú

Martínez,

116

D.P.R.

828,

837

(1986);

Pueblo

v.

Lebrón, 108 D.P.R. 324, 327 (1979); Pueblo v. Dolce, 105

D.P.R. 422, 428-429 (1976). Además, refiérase a: Cooper v.

California,

386

U.S.

58,

62

(1967);

United

States

v.

Sibron, 392 U.S. 40, 60-61 (1968).

La norma general requiere que se obtenga una orden

judicial

para

efectuar

un

registro.

Pueblo

v.

Malavé

González, supra, pág. 477. Procesalmente, las Reglas 230 a

la 234 de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap.

II,

establecen

expedición

de

contenido,

los

una

así

diligenciamiento

y,

requisitos

y

fundamentos

orden

de

allanamiento,

como

el

procedimiento

además,

el

mecanismo

su

para

la

forma

y

para

su

procesal

para

solicitar la supresión de evidencia ilegalmente obtenida.

Pueblo v. Cruz Calderón, 156 D.P.R. 61, 69 (2002).

Ante

un

reclamo

de

que

se

violó

el

derecho

constitucional contenido en la Sec. 10 del Art. II de

nuestra

Constitución,

efecto,

hubo

un

es

necesario

registro

que

dilucidar

haya

si,

en

infringido

la

expectativa razonable de intimidad que nuestra sociedad

reconoce sobre el objeto del registrado. Pueblo v. Ortiz

CC-2012-461

9

Rodríguez, 147 D.P.R. 433, 442-443 (1999). Para ello, es

determinante establecer si la persona tiene un derecho a

abrigar una expectativa razonable de intimidad dentro de

las circunstancias particulares que rodean el caso y si

ese derecho está reconocido por nuestra sociedad. Pueblo

v.

Ortiz

Rodríguez,

supra.

Véase,

además,

Smith

v.

Maryland, 442 U.S. 735, 740-741 (1979); Katz v. United

States,

389

U.S.

347

(1967).

En

este

sentido,

la

exposición del objeto al público, en mayor o menor grado,

determinará el interés constitucional que se posee sobre

éste, y repercutirá en el alcance de la protección. O.E.

Resumil

de

San

Filippo,

Derecho

Procesal

Penal,

New

Hampshire, Ed. Equity, 1990, T.1, pág. 205. El resultado

es

que

un

lugar

u

objeto

gozará

de

la

protección

constitucional indicada dependiendo de la naturaleza de la

intrusión gubernamental, su efecto sobre la expectativa de

intimidad

método

del

ciudadano

investigativo

y

la

necesidad

utilizado

para

y

utilidad

implantar

la

del

ley.

Pueblo v. Rivera Colón, supra, pág. 683.

B.

Una

vez

se

determina

que

existe

una

expectativa

razonable de intimidad que puede estar protegida por la

garantía constitucional contenida en la Sec. 10 del Art.

II

de

nuestra

Constitución,

y

que

en

efecto

hubo

un

registro por parte del Estado, se debe realizar un balance

de

intereses

entre

esa

expectativa

y

los

intereses

públicos que hayan motivado la actuación estatal. Pueblo

v. Díaz, Bonano, supra, pág. 613; Pueblo v. Yip Berríos,

CC-2012-461

10

142 D.P.R. 386, 409 (1997); Pueblo v. Dolce, supra, pág.

434-435.

El referido balance no es uno mecánico. Éste requiere

que se considere la pugna entre la protección de nuestros

ciudadanos y el interés de la sociedad de las asolaciones

perpetuadas por el crimen. Como hemos expresado, “nuestra

tarea es conciliar los intereses en pugna y no permitir

que uno pulverice al otro. El sistema democrático de vida

se funda en la libertad con orden, no en el orden sin

libertad o en la libertad que lleve al caos”. Pueblo v.

Dolce, supra, págs. 434-435. Véase, además: E.L. Chiesa,

op cit., págs.406-407.

Empero,

el

hecho

aislado

de

que

el

objeto

en

controversia ha sido incautado sin una orden previa de un

tribunal, por sí solo, no conlleva la inadmisibilidad de

la

evidencia

así

obtenida.

Un

registro

sin

una

orden

judicial activa una presunción iuris tantum de que éste

fue

irrazonable

siempre

puede

particular

referida

e

inválido.

demostrar

justifican

orden,

que

la

En

estos

casos,

los

hechos

intervención

constituyéndose

así

una

y

la

el

Estado

situación

policial

sin

excepción

la

a

la

norma general. Pueblo v. Blase Vázquez, 148 D.P.R. 618,

632-633 (1999); Pueblo v. Santiago Alicea I, 138 D.P.R.

230, 235 (1995); Pueblo v. Malavé González, supra, pág.

476.

Véanse,

también:

Missouri

v.

McNeely,

569

U.S.

____(2013); 133 S.Ct. 1552; Coolidge v. New Hampshire, 403

U.S. 443 (1971).

CC-2012-461

Este

11

Tribunal

excepcionales

en

ha

las

adoptado

que

no

es

y

definido

situaciones

indispensable

la

orden

judicial previa. Al hacerlo, hemos sido enfáticos en que

cada una de éstas no responden a reglas automáticas y

deben examinarse a la luz de los hechos específicos de

cada

caso.

Pueblo

v.

Blase

Vázquez,

supra,

pág.

633;

Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 D.P.R. 356, 363 (1997). En

todas las instancias mencionadas se ha resuelto que no

existe una expectativa razonable de intimidad y por lo

tanto,

no

se

violenta

el

otras,

se

han

(1) un

registro incidental a un arresto legal, Pueblo v.

Pacheco

Báez,

validado

130

D.P.R.

mandato

las

constitucional.

circunstancias

664

(1992);

Pueblo

Entre

siguientes:

v.

Malavé

González, supra; Pueblo v. Zayas Fernández, 120 D.P.R. 158

(1987);

Pueblo

v.

(1971);3

(2)

registro

un

Costoso

Caballero,

consentido

100

D.P.R.

voluntariamente

147

de

forma expresa o implícita, Pueblo en interés del Menor

N.O.R., 136 D.P.R. 949 (1994); Pueblo v. Narváez Cruz, 121

D.P.R. 429 (1988); Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R.

770 (1982); Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 270

(1968); (3) un registro en situación de emergencia, Pueblo

v. Rivera Collazo, 122 D.P.R. 408 (1988); (4) evidencia

3

Recordamos que no es permisible un registro sin orden

de allanamiento aunque sea contemporáneo a un arresto

válido, si el área no está al alcance de la persona

arrestada. El propósito de ello es ocupar armas que puedan

ser empuñadas y utilizadas por el acusado para agredir a

los agentes del orden público o para intentar una fuga y

para ocupar evidencia que de otro modo se pueda destruir.

La doctrina no convalida todo registro incidental a un

arresto legalmente efectuado. Véanse: Pueblo v. Cruz

Torres, 137 D.P.R. 42, 46 (1994); Pueblo v. Costoso

Caballero, 100 D.P.R. 147, 152-153 (1976); Pueblo v.

Dolce, 105 D.P.R. 422, 434-435 (1976).

CC-2012-461

12

ocupada en el transcurso de una persecución, Pueblo v.

Riscard,

95

D.P.R.

405

(1967);

(5)

evidencia

a

plena

vista, Pueblo v. Cruz Torres, 137 D.P.R. 42 (1994); Pueblo

v. Muñoz, Colón y Ocasio, 131 D.P.R. 965 (1992); Pueblo v.

Dolce,

supra;

obtiene

(6)

cuando

conocimiento

de

el

agente

del

la

existencia

orden

público

del

material

delictivo por el olfato, Pueblo v. Acevedo Escobar, supra,

pág. 779; Pueblo v. Díaz, Bonano, supra; (7) evidencia

arrojada o abandonada, Pueblo v. Ortiz Zayas, 122 D.P.R.

567

(1988);

Pueblo

v.

Ortiz

Martínez,

116

D.P.R.

139

(1985); Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324 (1979); (8) un

registro

Pueblo

o

v.

evidencia

allanamiento

Erausquín

obtenida

de

una

Martínez,

durante

96

un

estructura

abandonada,

D.P.R.

(1968);

registro

1

(9)

administrativo,

Pueblo v. Sánchez Molina, 134 D.P.R. 577 (1993); Pueblo v.

Rodríguez Rodríguez, 128 D.P.R. 438 (1991), siempre que se

cumpla con las limitaciones expresadas por este Tribunal

en Blassini et als. v. Depto. Rec. Naturales, supra; (10)

un

registro

tipo

inventario,

Pueblo

v.

Rodríguez

Rodríguez, supra;4 ó (11) evidencia obtenida en un lugar

público

4

–como

el

aeropuerto-,

como

resultado

de

la

Esta excepción tiene lugar cuando se convalida un

registro como parte de un procedimiento rutinario y

estandarizado de hacer un inventario con el propósito de

salvaguardar el contenido de los objetos que por ley la

policía mantiene bajo su control en espera de que se lleve

a cabo un procedimiento de confiscación. La excepción

requiere al Estado demostrar que procede prima facie la

incautación preliminar de la propiedad con el propósito de

confiscarla; que existe un procedimiento o unas guías

establecidas para este tipo de situaciones y que esa

acción se efectúa siguiendo estrictamente el procedimiento

establecido.

CC-2012-461

13

utilización

de

canes

para

olfatear,

Pueblo

v.

Díaz,

Bonano, supra.

III

Ante esta Curia, el Procurador General sostiene que

no

procede

la

supresión

de

evidencia.

Explica

que

el

registro no fue irrazonable e invoca tres excepciones para

la admisibilidad de la prueba. Específicamente, sostiene

que:

(1)

el

emergencia;

registro

(2)

inevitablemente

propiedad;

y

el

fue

durante

arma

de

descubierta

(3)

la

al

agente

una

situación

fuego

hubiese

realizarse

percibió

el

de

sido

un

recibo

arma

de

de

fuego

mediante tacto. Discutamos cada una de estas excepciones.

A. Situación de emergencia

Los registros de emergencia constituyen una excepción

a

la

inadmisibilidad

de

evidencia

obtenida

mediante

un

registro sin una orden previa. Véase, E.L.A. v. Coca Cola

Bott. Co., supra, págs. 207-208. A estos efectos, debemos

recordar

que

registro

irrazonable.

suficiente

lo

para

constitucionalmente

Lo

que

validar

un

prohibido

constituye

registro

una

sin

es

el

emergencia

previa

orden

dependerá del grado de emergencia versus la expectativa

razonable

de

intimidad

que

se

pueda

oponer

frente

al

Estado.

En lo particular, en Pueblo v. Rivera Collazo, supra,

este

Tribunal

emergencia

adoptó

para

la

admitir

excepción

prueba

de

incautada

situaciones

sin

una

de

orden

judicial. De esta manera, avalamos las actuaciones de unos

agentes

del

orden

público

cuando,

al

no

llegar

una

CC-2012-461

14

ambulancia, actuaron con el fin de socorrer a un conductor

de un automóvil que estaba inconsciente, con dificultad al

respirar y quien requería de inmediata asistencia. Durante

el

proceso,

los

agentes

observaron

unas

jeringuillas

y

abrieron una cajetilla de cigarrillos dentro de la cual

había un sobre con cocaína. Este Tribunal, enfatizó que la

intención de los agentes fue la de ayudar al ciudadano

accidentado y no la de obtener evidencia relacionada a un

delito. Ante tales hechos, cualquier registro a la persona

o a sus pertenencias era vital para el tratamiento médico.

Íd., pág. 419. Sin embargo, ello no significa que todo

accidente

de

tránsito

emergencia

médica

constituya,

que

conlleve

por

la

sí

mismo,

aplicación

una

de

la

excepción de situación de emergencia.

Otras situaciones que constituyen una emergencia son

el entrar a un lugar para salvar la vida o propiedad;

investigar

lo

que

pública

y

privada,

imputado

o

de

socorrer

u

ofrecer

la

parece

peligroso

independiente

existencia

para

la

del

tipo

seguridad

de

o

no

de

un

asistencia

a

una

persona

delito

sospechoso;

que

y

se

encuentra en peligro o necesidad. Véase, Chiesa, op cit.,

págs. 450-451.

Ahora bien, la mera alegación de emergencia infundada

y sin explicar, es insuficiente para la admisibilidad de

la

evidencia.

tenía

una

emergencia.

El

Estado

creencia

No

está

obligado

razonable

existen

de

a

demostrar

que

que

existía

una

categóricas

que

circunstancias

constituyan de por sí una situación de emergencia. Para

CC-2012-461

determinar

15

si

un

oficial

del

orden

público

encara

una

situación de emergencia que le permita registrar sin una

orden, los tribunales debemos examinar la totalidad de las

circunstancias. Véase, Missouri v. Mcneely, supra. Es la

función

de

los

tribunales

evaluar

la

prueba

presentada

rigurosamente. Así, hemos expresado que “[l]a Policía debe

tener la creencia razonable de que existe una emergencia

que requiere de su inmediata asistencia para la protección

de vidas o de propiedad; la entrada o registro no puede

estar

motivada

evidencia,

y

por

un

intento

debe

haber

de

alguna

arrestar

o

buscar

relación

entre

la

emergencia y el área o sitio en que se penetra”. Pueblo v.

Rivera Collazo, supra, pág. 417.

B. Descubrimiento inevitable

La doctrina de descubrimiento inevitable se emplea

con el fin de evitar la supresión de aquella evidencia

obtenida sin una orden de arresto que está estrechamente

vinculada con una intervención ilegal.5 Mediante ésta, se

permite la admisibilidad de la prueba si ésta hubiese sido

inevitablemente detectada, es decir, de todas formas iba a

ser legalmente obtenida. La justificación para permitir la

admisibilidad de la prueba consiste en evitar colocar al

Estado en una peor posición de la que estaba antes de la

actuación ilegal.6

5

En este sentido, se dice que el objeto del “fruto del

árbol ponzoñoso” es admisible cuando cumple con cualquiera

de las siguientes doctrinas: (1) vínculo atenuado; (2)

fuente independiente y (3) descubrimiento inevitable.

6

Véase,

discusión

del

descubrimiento

inevitable

mediante investigación discutido en la Opinión disidente

del Hon. Federico Hernández Denton en Pueblo v. González,

CC-2012-461

Para

inevitable,

16

que

aplique

la

doctrina

el

Estado

debe

del

demostrar

descubrimiento

que

existía

una

investigación en curso que hubiera permitido obtener la

misma evidencia objeto de la supresión. En aquellos casos

en que el Estado invoque la doctrina de descubrimiento

inevitable, al amparo de que realizaba una investigación

deber

demostrar

que:

(1)

estaba

realizando

una

investigación legal que seguramente hubiera producido la

misma evidencia; (2) la investigación era realizada por

agentes distintos a los que actuaron ilegalmente y; (3) la

investigación era anterior a la actuación ilegal.

C.H.

Whitebread

y

C.

Slobogin,

Criminal

Véase,

Procedure:

An

Analysis of Cases and Concpets, Nueva York, Ed. Foundation

Press, 2000, pág. 46.

De igual modo, aplica la doctrina de descubrimiento

inevitable si a través de un procedimiento rutinario o

estandarizado se hubiera permitido el descubrimiento de la

evidencia

objetada.7

En

otras

palabras,

si

el

Estado

demuestra que existen normas o procedimientos habituales

mediante los cuales lo ilegalmente obtenido hubiera sido

encontrado

de

forma

legal,

entonces,

167 D.P.R. 350, 358-359 (2006)

Williams, 467 U.S. 431 (1984).

7

no

procede

(Sentencia);

Nix

la

v.

Este tipo de procedimiento estandarizado puede ser

los registros de inventario, registros en aeropuertos o

registros en la frontera. En cuanto al registro tipo

inventario como un procedimiento rutinario refiérase a

Pueblo v. Rodríguez Rodríguez, 128 D.P.R. 438 (1991).

Dicho procedimiento no es de aplicación en el caso de

autos, pues no estamos ante un proceso de confiscación o

incautación en relación a una persona que ha sido

arrestada o ingresada a una institución penal.

CC-2012-461

17

supresión.

Ello,

procedimiento

pues,

por

lo

general

este

estandarizado

es

razonable,

ya

tipo

de

que

el

registro es limitado en su extensión y responde a una

función necesaria para la protección de: (1) el interés

propietario del dueño; (2) los policías o custodios del

reclamo de pérdida o daño a la propiedad custodiada y (3)

agentes de la posibilidad de algún daño.

Véanse: Florida

v. Wells, 495 U.S. 1 (1990); Colorado v. Bertine, 479 U.S.

367 (1987); Illinois v. Lafayette, 462 U.S. 640 (1983);

South Dakota v. Opperman, 428 U.S. 364, 376 (1976); United

States v. Infante-Ruiz, 13 F.3d 498, 503-504 (1er. Cir.

1994)8; People v. Bayles, 82 Ill. 2d 128 (1980); 411 N.Ed

1346,

cert.

denied

Illinois

v.

Bayles,

453

U.S.

923

(1981); Chiesa, op. cit., págs. 321-325. Véase, también,

W.R. LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth

Amendment, 5ta. Ed., West Pub. Co., 2012, Vol. 3, sec.

5.5(b); W.R. LaFave y otros, Criminal Procedure, 3ra. Ed.,

West Pub. Co., West Pub. Co., 2007, Vol. 3 sec. 9.3(e).

Claro

está,

le

corresponde

al

Ministerio

Público

presentar evidencia que sostenga que el descubrimiento del

objeto hubiere sido inevitable. Para ello, podrá presentar

la política escrita, el testimonio del agente o establecer

el tipo de rutina a seguir. United States v. Infante-Ruiz,

supra, pág. 503.

8

En este caso se suprimió un arma de fuego que se

encontraba en un bulto dentro del baúl del vehículo

arrendado en el que fue detenido el acusado mientras

transitaba

por la Parguera, Lajas, Puerto Rico. Entre

otras, descartó el descubrimiento inevitable debido a la

ausencia de evidencia en cuanto al procedimiento rutinario

llevado por la policía en estos casos.

CC-2012-461

18

C. Percepción mediante los sentidos

La percepción mediante los sentidos constituye otra de

las excepciones a la regla general de inadmisibilidad de

prueba obtenida sin una orden de arresto. La norma general

es

que

no

existe

protección

constitucional

contra

la

inspección de objetos que están a la plena percepción de

los

agentes.

Para

que

proceda

la

admisibilidad

de

la

evidencia es necesario que exista una justificación para

que

los

agentes

percibieron

el

estén

objeto

y

en

el

lugar

desde

la

incautación

el

surja

cual

por

la

percepción misma y no del registro realizado. Chiesa, op.

cit.,

pág.

434.

Precisamente,

se

ha

permitido

la

admisibilidad de objetos que se encuentren a plena vista o

aquellos

que

se

perciban

mediante

el

olfato.

Para

una

mejor comprensión de la excepción, exponemos brevemente su

trasfondo.

Uno de los casos normativos sobre la excepción de

percepción

mediante

los

Hampshire,

supra.

éste,

En

sentidos

el

es

Coolidge

Tribunal

Supremo

v.

New

de

los

Estados Unidos suprimió cierta evidencia obtenida en un

caso de asesinato en primer grado, por lo que revocó la

convicción del acusado. Al así hacerlo, la Corte Suprema

de los Estados Unidos discutió y delimitó los contornos de

la doctrina de descubrimiento a plena vista. No obstante,

el Máximo Foro Federal concluyó que la excepción de plena

vista no aplicaba a los hechos ante su consideración.

Concretamente, y en lo pertinente, en Coolidge v. New

Hampshire, supra, la Corte explicó que el razonamiento de

CC-2012-461

19

la doctrina de la excepción de plena vista no conflige con

el objetivo de las garantías constitucionales de la Cuarta

Enmienda por dos razones sustanciales. De primer plano, la

excepción de la doctrina de plena vista no ocurre hasta

que hay un registro en proceso y, en segundo lugar, el

descubrimiento fue inadvertido. Además, se estableció que

para que la doctrina aplique es necesario que: (1) el

agente del orden público esté legalmente en el lugar desde

el

cual

percibió

el

objeto

incautado;

(2)

el

descubrimiento tiene que ser de forma inadvertida; y (3)

la apariencia delictiva del objeto incautado debe surgir

inmediatamente. Por tanto, el hecho aislado de que una

cosa esté a simple vista no resulta suficiente para que

aplique la excepción. Íd., págs. 466-473. Véase, LaFave,

Search and Seizure, Vol. 1, sec. 2.2(a).

La doctrina de la percepción a plena vista evolucionó.

En la jurisdicción federal el que el objeto haya sido

descubierto inadvertidamente ya no constituye un factor

necesario.

Ahora,

basta

que

exista

una

justificación

independiente para que el agente del orden público esté

legalmente en el lugar desde el cual percibió el objeto y

el carácter incriminatorio de éste sea aparente, o exista

causa

probable

para

creer

que

el

mismo

constituye

evidencia de crimen, contrabando o de conducta delictiva.

Véanse, Chiesa, op. cit., pág. 439; Horton v. California,

CC-2012-461

20

496 U.S. 128 (1990); Texas v. Brown, 460 U.S. 730, 742

(1983).9

Igualmente, en la jurisdicción federal la doctrina de

la

percepción

adicionales

prosperó

al

de

la

para

vista.

incluir

otros

sentidos

estos

efectos,

se

A

ha

reconocido la inclusión de evidencia que se puede escuchar

(plain

hearing),

olfatear

(plain

smell)

o

percibir

por

tacto (plain feel or touch) por agentes del orden público.

LaFave, Search and Seizure, op cit., Vol. 1, sec. 2.2(a).

El

Prof.

Chiesa

abunda

sobre

este

particular

al

establecer que “no hay protección constitucional contra la

inspección de objetos que están a la plena percepción de

los agentes, siempre que la presencia de los agentes en el

lugar esté independientemente justificada. Para ocupar o

incautarse

del

objeto,

la

incautabilidad

debe

también

surgir de la percepción del objeto y no de su registro.

Además, hay que justificar independientemente el acceso al

lugar de la incautación”. (Énfasis suplido.) Chiesa, op.

cit., pág. 434. El distinguido tratadista sostiene que de

ordinario se alude a la vista, pero que la doctrina se

extiende

a

todos

los

sentidos.

(Énfasis

suplido.)

Íd.,

pág. 441 nota al calce 428.

Consciente de este desarrollo judicial, este Tribunal

incorporó en nuestro ordenamiento jurídico el impedimento

para suprimir evidencia incautada sin orden previa cuando

9

En el caso de Horton v. California, 496 U.S. 128

(1990), la Corte Suprema federal estableció que el

carácter inadvertido del descubrimiento o percepción del

objeto no es esencial. Véase, Pueblo v. Cruz Torres,

supra, pág. 53, Opinión concurrente de la Hon. Juez

Asociada señora Naveira de Rodón.

CC-2012-461

21

ésta se encuentra a plena percepción del agente del orden

público. Desde Pueblo v. Dolce, supra, establecimos los

criterios a considerar cuando determinado objeto incautado

sin una orden judicial se encontraba a plena vista, previo

al registro. A saber: (1) el artículo debe ser descubierto

por estar a plena vista y no en el curso o por razón de un

registro;

(2)

el

agente

debe

haber

tenido

un

derecho

previo a estar en la posición desde la cual se percató de

la

evidencia

descubierta

a

ser

incautada;

inadvertidamente;

(3)

la

misma

y

(4)

la

debió

ser

naturaleza

delictiva del objeto debe surgir de la simple observación.

Íd., pág. 436.

Posteriormente, en Pueblo v. Acevedo Escobar, supra,

mantuvimos la admisibilidad de cierta evidencia ocupada

sin

una

orden

de

registro

al

advertir

que

el

agente

“percibió el olor de la marihuana” por lo que reconocimos

que

“a

través

del

sentido

del

olfato

pudo

apreciar

y

derivar el conocimiento de su existencia”. Íd., pág. 779.

Con este proceder, este Tribunal expresamente reconoció

que la percepción mediante el olfato guarda analogía y

equivalencia funcional a las situaciones en que se aplica

la

doctrina

diferencia

en

de

el

prueba

a

modo

en

plena

vista,

con

la

que

objeto

es

detectado.

el

única

Indicamos que uno es producto de la visión y otro del

sentido del olfato, por lo que no existe fundamento para

descartar el valor lógico y jurídico de esa percepción.

Íd.

CC-2012-461

Al

22

día

de

hoy,

este

Tribunal

no

ha

tenido

la

oportunidad de expresarse en cuanto a la analogía de la

doctrina

de

plena

vista

a

lo

que

los

agentes

mediante tacto. Por tal razón, enmarcamos el

lo

discutido

y

resuelto

por

la

Corte

palpan

análisis en

Suprema

de

los

Estados Unidos.

En la jurisdicción federal existía la discusión en

torno a si la percepción mediante tacto era análoga a la

doctrina de plena vista o el descubrimiento mediante el

sentido del olfato. En esencia, el debate se centraba en

si el sentido del tacto podía ser tratado de igual forma

que el de la vista y, de ello ser así, qué circunstancias

permitían

a

un

agente

del

orden

público

estar

en

una

posición en la que palpar un objeto no viola las garantías

constitucionales. Véase, LaFave, Criminal Procedure, Vol.

2, sec. 3.2 (b), págs. 76-79.

En

un

principio,

se

planteaba

que

la

doctrina

de

percepción mediante el tacto no era algo diferente de la

de plena vista, sino un corolario inevitable de ésta. Más

aún, se advertía que Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968), fue

un presagio en cuanto a la doctrina de percepción mediante

el tacto porque se validó la percepción de un arma de

fuego por medio de ese sentido. Para que prosperara el

descubrimiento mediante el tacto, se proponía requerir que

el

agente:

(1)

se

encontrase

legalmente

justificado

a

estar en el área desde el cual pudo palpar y percibir el

objeto;

(2)

tuviera

un

motivo

colocar

sus

manos

en

la

independiente

propiedad

o

para

persona;

poder

y

(3)

CC-2012-461

23

adquiriera

simultáneamente

con

su

sentido

táctil

la

creencia de que el objeto percibido constituye evidencia

de

crimen,

contrabando

o

que

Véase,

E.

Holtz,

incautación.

L.

puede

ser

The

sujeto

“Plain

a

Touch”

Corollary: a Natural and Foreseeable Consequence of the

Plain View Doctrine, 95 Dick. L. Rev. 521 (1991).

No es hasta que la Corte Suprema federal resolvió

Minnesota v. Dickerson, 508 U.S. 366 (1993) que se disipó

cualquier duda sobre si la percepción mediante el tacto

constituye

una

descubrimiento

resolvió

secuela

a

esta

plena

permisible

vista.

interrogante

La

de

Corte

sin

la

doctrina

Suprema

ambigüedad,

de

federal

en

la

afirmativa. Íd, págs. 375-378.

Los hechos en Minnesota v. Dickerson, supra, surgen

cuando dos agentes del orden público intervienen con un

sujeto

para

investigarlo.10

Durante

este

proceso,

los

agentes realizaron un cateo sobre el sujeto, en el cual no

encontraron armas, pero uno de los oficiales sintió un

bulto

en

el

abrigo

de

nilón

del

individuo.

El

agente

escudriñó con sus dedos y pensó que era crack en una bolsa

de celofán. Inmediatamente, el agente sacó el objeto del

10

La intervención original realizada por el agente del

orden público está validada en lo federal en el caso de

Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968). Ello, no afecta la

aplicación de la doctrina de descubrimiento mediante tacto

en otras instancias. En Puerto Rico no se ha extendido

expresamente la norma de Terry v. Ohio, supra, como

tampoco ha sido rechazada categóricamente. Pueblo en

interés del Menor N.O.R., 136 D.P.R. 949, 963 (1994). De

igual forma, en Puerto Rico hemos reconocido que un agente

del orden público puede detectar armas mediante el tacto

al permitirse el cateo de los individuos durante un

arresto válido. Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R.

147 (1971); Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622, 631

(1964).

CC-2012-461

bolsillo

24

de

la

persona

y,

en

efecto,

confirmó

sus

sospechas. Como consecuencia, se acusó al individuo por

violaciones

a

la

ley

de

sustancias

controladas.

El

imputado solicitó la supresión de la evidencia. La corte

inferior

determinó

la

validez

de

la

incautación

al

realizar una analogía con la doctrina de descubrimiento a

plena vista. Luego, encontró culpable al imputado. Durante

la apelación, la Corte de Apelación de Minnesota revocó el

dictamen del foro primario al declinar aplicar la doctrina

de descubrimiento mediante el tacto.

La Corte de Apelación de Minnesota rehusó extender la

doctrina

de

plena

vista

al

sentido

del

tacto

bajo

el

razonamiento de que es menos confiable que el de la vista

y

mucho

más

intrusivo

a

la

privacidad

del

individuo.

Asimismo, expresó que la acción realizada por el agente

fue

mayor

a

lo

permisible.

Por

su

parte,

el

Tribunal

Supremo federal, luego de declinar el rechazo a adoptar la

doctrina de descubrimiento mediante tacto, confirmó a la

Corte de Apelación de Minnesota por entender que no se

cumplieron

con

los

requisitos

para

aplicar

la

referida

doctrina. Ese análisis es el que resulta importante al

caso de autos. Abundamos.

En cuanto al descubrimiento mediante la percepción o

el tacto, la Corte Suprema federal expresamente determinó

que esta doctrina tiene una aplicación obvia por analogía

a

casos

en

los

que

un

oficial

descubre

contrabando

a

través del sentido del tacto durante un registro legal.

Para descartar las justificaciones de la corte apelativa,

CC-2012-461

25

el Tribunal Supremo federal citó en su análisis a Terry v.

Ohio,

supra,

mediante

el

y

resaltó

sentido

que

del

en

éste

se

reconoció

tacto

se

puede

revelar

que

la

naturaleza de un objeto con suficiente confiabilidad para

detectar la presencia de armas de fuego y permitir su

incautación. Además, indicó que, incluso, de ser cierto

que el sentido del tacto es generalmente menos confiable

que el de la vista, ello solamente implicaría que los

oficiales

se

amparen

en

esta

justificación

con

menor

frecuencia. A su vez, descartó el temor a incautaciones

especulativas

debido

a

que

en

este

tipo

de

casos

la

existencia de causa probable siempre será un prerrequisito

para

el

registro.

Más

aún,

la

Corte

Suprema

federal

concluyó que no puede existir una invasión adicional a la

privacidad del individuo cuando lo que se registra es un

objeto

cuya

identidad

es

ya

conocida.

Minnesota

v.

Dickerson, supra, págs. 376-377.11

11

La cita directa en Minnesota v. Dickerson, supra,

págs. 376-377, lee como sigue:

First, Terry itself demonstrates that the sense

of touch is capable of revealing the nature of

an object with sufficient reliability to support

a seizure. The very premise of Terry, after all,

is that officers will be able to detect the

presence of weapons trough the sense of touch

and Terry upheld precisely such a seizure. Even

if it were true that the sense of touch is

generally less reliable than the sense of sight,

that only suggests that officers will less often

be

able

to

justify

seizures

of

unseen

contraband. Regardless of whether the officer

detects the contraband by sight or by touch,

however, the Fourth Amendment‟s requirement that

the officer have probable cause to believe that

the item is contraband before seizing it ensures

against excessively speculative seizures. The

court‟s second concern -that touch is more

CC-2012-461

Acto

26

seguido,

la

Corte

Suprema

federal

avaló

la

decisión de la corte apelativa de Minnesota. Concluyó que

en las circunstancias del caso ante su consideración, el

agente estaba legalmente permitido a encontrarse en una

posición desde la cual podía percibir el objeto. Empero,

la

naturaleza

incriminatoria

del

objeto

no

fue

inmediatamente aparente. Al agente apretar, manipular y

deslizarse sobre el objeto, rebasó los límites legales que

justificaban

su

intervención

original,

por

lo

que

su

registro fue uno ilegal. A pesar de ello, reiteró que “una

vez más, la analogía con la doctrina de plena vista es

acertada”.12 (Traducción nuestra.) Minnesota v. Dickerson,

supra, pág. 378.

Al analizar el precedente en Minnesota v. Dickerson,

supra, el tratadista de Derecho Criminal, Wayne R. LaFave,

expone que la lógica de la decisión consiste en afirmar

que la doctrina de percepción mediante el tacto justifica

un registro sin orden. Ello, pues, el acto de palpar hace

tan certero e inmediatamente aparente lo que es el objeto

que resulta innecesaria una orden judicial que garantice

la protección constitucional bajo examen. LaFave, Search &

Seizure, op. cit., Vol. 1, sec. 2.2 (a), págs. 605, 608-

intrusive into privacy than is sightis

inapposite in light of the fact that the

intrusion the court fears has already been

authorized by the lawful search for weapons. The

seizure of an item whose identity is already

known occasions no further invasion of privacy.

(Énfasis suplido.)

12

El texto original en inglés lee de la siguiente

forma: Once again, the analogy to the plain-view doctrine

is apt.

CC-2012-461

27

614; La Fave, Criminal Procedure, op. cit., Vol. 2, sec.

3.2

(b),

Minnesota

pág

v.

78.

Véase,

Dickerson:

además,

Sense

of

J.D.

Touch

Harvey,

and

the

Jr.,

Fourth

Amendment, 21 Okla. City U.L. Rev. 151, 170 (1996).

Del

marco

doctrinal

antes

reseñado,

surge

con

meridiana claridad que hoy día está resuelto, en la esfera

federal,

que

la

percepción

mediante

el

tacto

es

un

derivado del descubrimiento a plena vista. Ésta última ha

sido acogida por este Tribunal como una de las excepciones

al requisito de una orden judicial previa a un registro.

Ello,

pues,

no

hay

protección

constitucional

contra

la

inspección que está a plena percepción de los agentes.

Como

consecuencia,

y

por

analogía,

no

vacilamos

en

extender la excepción a la percepción por medio del olfato

en

vista

de

que

la

doctrina

se

extiende

a

todos

los

sentidos. Chiesa, op. cit., págs. 434, 441 nota al calce

428. Por tanto, no vemos razón alguna para impedir que la

percepción mediante el tacto constituya una excepción al

registro judicial sin orden previa. Sin lugar a dudas, la

percepción mediante el tacto es un equivalente razonable

de la doctrina de plena vista.

Para que la percepción mediante el tacto justifique la

incautación

del

objeto

sin

una

orden

previa,

será

necesario que: (1) el objeto sea descubierto por haber

sido palpado y no por razón de su registro; (2) exista una

justificación legal para que el agente esté en el lugar

desde donde pudo entrar en contacto con la evidencia; (3)

el oficial del orden público advino en contacto con la

CC-2012-461

28

evidencia

de

forma

inadvertida;

delictiva del objeto surge

través

del

sentido

del

y

(4)

la

naturaleza

inmediata y razonablemente a

tacto

sin

que

el

agente

pueda

manipular o escudriñar de forma alguna éste. Véase, K. W.

Inverson: “Plain Feel”: a Common Sense Proposal Following

State v. Dickerson, 16 Hamline L. Rev. 247, 277-278 (19921993).

Bajo

este

crisol,

la

doctrina

no

provee

autoridad

para tocar indiscriminadamente. Sin embargo, permite que

un

agente

percibir

del

orden

mediante

el

público

tacto,

interprete

siempre

y

lo

cuando

que

pudo

haya

una

justificación para ello. Al igual que el descubrimiento a

plena vista, la doctrina de percepción mediante el tacto

puede servir de base para que agentes del orden público se

excedan en sus intervenciones en violación a la garantía

constitucional. Es aquí donde es importante la prudencia

en

las

decisiones,

a

base

de

las

circunstancias

particulares de cada caso. Le corresponde a los tribunales

la tarea de discernir si existían razones suficientes para

que el agente del orden público inmediatamente percibiera

mediante su sentido del tacto suficiente información para

concluir que, en efecto, el objeto era lo que creía que

es. Una vez la identidad y naturaleza del objeto adviene

inminentemente

aparente

mediante

el

tacto,

no

hay

una

intromisión con los derechos del individuo. Ello, pues, no

hay necesidad de una orden previa para descubrir lo que su

sentido

del

tacto

ya

reveló.

Minnesota

v.

Dickerson,

supra, págs. 376-377; United States v. Portillo, 633 F.2d

CC-2012-461

29

1313, 1320 (9vno. Cir. 1980) cert. denegado, 450 U.S. 1043

(1981). B. Andrew Harvey, Minnesota v. Dickerson and the

Plain

Touch

Doctrine:

a

Proposal

to

Preserve

Fourth

Amendment Liberties during Investigatory Stops, 58 Alb. L.

Rev. 871, 904-905 (1994-1995).

El

juzgador

debe

sopesar

el

hecho

de

que

existen

objetos que son fácilmente reconocibles, pues tienen una

consistencia y forma distintiva. Más aún, el entrenamiento

y experiencia previa de los agentes del orden público les

permite reconocer e identificarlos a través de su sentido

del tacto de la misma forma que identifican un objeto

mediante el sentido de la vista. United States v. Pace,

709 F. Supp. 948, 955 (C.D. Cal. 1989), confirmado en 893

F.2d 1103 (9vno Cir. 1990). (“objects have a distinctive

and consistent feel and shape that an officer has been

trained

to

detecting,

detect

then

and

has

touching

previous

these

objects

experience

in

provides

the

officer with the same recognition his sight would have

produced”).

Con

el

marco

doctrinal

analizar

si

procedía

la

antes

expuesto,

supresión

de

la

pasemos

a

evidencia

incautada.

IV

En el caso de autos se solicitó la supresión de un

arma

de

fuego

incautada

sin

una

orden

judicial

previa

durante la intervención de una agente de la policía al

atender

un

accidente

de

motora.

El

arma

de

fuego

se

encontraba en una cartera que poseía el señor Báez López y

CC-2012-461

que

30

fue

entregada

a

ofreció

asistencia

durante

referida

cartera,

la

agente

palpó

el

procedió

a

el

bolso.

Éstos

hechos

abrir

la

agente

el

por

el

paramédico

que

Al

recibir

la

de

fuego

y

están

en

accidente.

arma

no

controversia.

Conforme a lo discutido, la garantía constitucional

protege

a

todo

expectativa

objeto

razonable

en

de

el

cual

se

intimidad.

albergue

una

Ciertamente,

los

efectos personales, como lo es la cartera del señor Báez

López,

están

protegidos

contra

registros

por

la

irrazonables.

garantía

Como

constitucional

condición

para

su

incautación, la norma general requiere que haya una orden

judicial

previa

a

menos

que

el

Estado

justifique

que

procede aplicar una excepción. Por tanto, y aunque existe

una expectativa de intimidad sobre los efectos personales,

ésta no es absoluta. Pueblo v. Bonilla, 149 D.P.R. 318,

329 (1999); United States v. Chadwick, 433 U.S. 1 (1977).

En este último se estableció que, como regla general, se

requiere

una

personales.

orden

Sin

judicial

embargo,

ello

para

no

registrar

significa

efectos

que

todo

registro de un efecto personal sin orden previa es per se

inválido.

Así,

se

ha

establecido

la

legalidad

de

un

registro cuando los efectos personales están a plena vista

y se cree que son de valor evidenciario. Véanse, LaFave,

Search and Seizure, op. cit., Vol. 3, 5.5 (c), págs. 316 y

320;

People v. Wright, 804 P.2d, 866 (Colo. 1991), 11

A.L.R. 5th 947.

CC-2012-461

El

31

Ministerio

Público

invoca

tres

excepciones

al

requisito de una orden judicial previa al registro de la

cartera del señor Báez López. Veamos si alguna de éstas

aplica.

En primer y segundo lugar, el Ministerio Público nos

señala que la agente tuvo la creencia de que estaba ante

una situación de emergencia y que el arma de fuego de

todos

modos

hubiera

sido

descubierta

al

realizarse

un

recibo de propiedad. Ninguna de estas excepciones aplica

al caso de autos.

Un examen ponderado de la prueba presentada demuestra

que

no

se

dan

los

criterios

para

que

se

aplique

la

doctrina de situación de emergencia como una excepción al

requisito de una orden judicial previa. Aunque ciertamente

el señor Báez López fue atendido durante un accidente de

motora, éste no estaba inconsciente ni aturdido al grado

que no pudiera colaborar para su pronta atención médica.

Por el contrario, conforme al testimonio del paramédico

que lo atendió, el señor Báez López contestó sus preguntas

y suministró sus datos personales e, incluso, le expresó

dónde sentía dolor. Ante ello, y al igual que el foro

primario,

entendemos

que

la

agente

Rivera

Alvarado

no

podía albergar la creencia razonable de que estaba ante

una

emergencia.

Más

aún,

sus

actuaciones

al

abrir

la

cartera así lo demuestran, ya que una vez encontró el arma

de fuego desistió de indagar sobre los datos personales

del señor Báez López. Los hechos relatados demuestran que

no existen las circunstancias que permitieran justificar

CC-2012-461

32

la excepción de una situación de emergencia para validar

el registro.

De

otra

parte,

durante

el

proceso

apelativo,

el

Ministerio Público invocó la excepción de descubrimiento

inevitable. Ante ello, arguye que la evidencia iba a ser

descubierta

inevitablemente

al

realizarse

un

recibo

de

propiedad. Sin embargo, al sostener que aplica la referida

excepción, el Ministerio Público no cumplió con su deber

de

demostrar

cuál

es

el

procedimiento

de

recibo

de

propiedad aplicable a las circunstancias de autos. Simple

y llanamente, el Ministerio Público se limita a alegar que

existe un procedimiento de recibo de propiedad. No existe

un ápice de prueba sobre cómo se implementa el mismo, si

aplica para situaciones como las que están ante nuestra

consideración,

o

si

éste

es

uno

rutinario

o

estandarizado. Por tanto, el Ministerio Público no cumplió

con su obligación de demostrar que procedía aplicar la

referida excepción.

Por

último,

el

Ministerio

Público

sostiene

que

no

procede la supresión del arma de fuego, ya que ésta fue

obtenida luego de que la agente la percibiera mediante el

tacto en el interior de la cartera del acusado, la cual le

fue

entregada

legítimamente

por

el

paramédico.

Así,

sostiene que la incautabilidad surgió de la percepción del

objeto y no de su registro, por lo que aplica por analogía

la doctrina de percepción mediante el tacto.

Conforme a lo discutido, en nuestra jurisdicción se

permite ocupar un objeto sin orden judicial previa si el

CC-2012-461

33

agente estaba legítimamente en una posición en la que pudo

percibir la evidencia por alguno de sus sentidos, lo cual

incluye

la

indicamos

percepción

mediante

anteriormente,

para

el

que

tacto.

proceda

Según

lo

aplicar

la

excepción señalada debe existir un motivo válido para que

la agente estuviera en el lugar desde el cual pudo palpar

el objeto e inferir la naturaleza delictiva de éste sin

necesidad de manipular o escudriñarlo de forma alguna.

Estimamos

que

en

las

circunstancias

ante

nuestra

consideración, aplica la doctrina de percepción mediante

el tacto. Los hechos demuestran que la agente del orden

público

arribó

al

lugar

para

atender

un

accidente

de

motora que tuvo el señor Báez López. Como parte de sus

funciones, la agente tramitó asistencia para ofrecer los

primeros

auxilios.

Al

llegar

el

paramédico,

éste

le

entregó la cartera del señor Báez López para proceder a

atenderlo. Una vez la agente recibió la cartera y sintió

lo que a su juicio y experiencia era un arma de fuego,

procedió a abrir la misma para dar en su interior con el

referido

objeto.

identificación

Véase,

[sic]

del

además,

Moción

acusado,

de

supresión

de

Apéndice

Petición

de

Certiorari, págs. 4, 7-8.

Lo expuesto, demuestra que la agente del orden público

se encontraba legítimamente en el lugar desde donde pudo

percibir el objeto. A su vez, ésta advino en contacto con

la referida arma de fuego de forma inadvertida cuando el

paramédico le entregó la cartera. En ese momento, y no

mediante un registro, la agente percibió el arma de fuego.

CC-2012-461

34

La naturaleza del objeto surgió por la percepción mediante

tacto que tuvo la agente al tocar la cartera. Al abrir la

cartera del señor Báez López no hubo una invasión a su

privacidad ya que, en efecto, al palpar la cartera la

agente advino en conocimiento de la existencia del arma de

fuego.

En

este

constitucional

contexto,

contra

un

no

procede

registro

sin

la

protección

orden

judicial

previa. No podemos olvidar que un arma de fuego es un

objeto con características particulares a las cuales los

agentes del orden público están diariamente expuestos, por

lo que indudablemente, como regla general, éstos pueden

reconocerlos por la mera percepción del sentido del tacto.

En el caso de autos se produjeron las circunstancias

que justifican la aplicación de la doctrina de percepción

mediante el tacto, por lo que no procedía la supresión de

la evidencia incautada.

V

Por las razones expuestas, se revoca al Tribunal de

Apelaciones, y se devuelve el caso al Tribunal de Primera

Instancia para la continuación de los procedimientos de

acuerdo con lo aquí resuelto.

LUIS F. ESTRELLA MARTÍNEZ

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-2012-461

Certiorari

Octavio Báez López

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre de 2013.

Por las razones expuestas, se revoca al

Tribunal de Apelaciones, y se devuelve el caso al

Tribunal

de

Primera

Instancia

para

la

continuación de los procedimientos de acuerdo con

lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La

Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió

una Opinión Disidente a la cual se une el Juez

Presidente señor Hernández Denton y la Jueza

Asociada señora Fiol Matta.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

CC-2012-461

v.

Octavio Báez López

Recurrido

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez a la que se unen el Juez Presidente

señor Hernández Denton y la Juez Asociada señora Fiol Matta

San Juan, Puerto Rico, a

10 de diciembre de 2013

And,

in

order

to

be

exercised, this power had to

be given the instrument of

permanent,

exhaustive,

omnipresent

surveillance,

capable

of

making

all

visible, as long as it could

itself remain invisible.13

Disiento

enérgicamente

de

la

determinación

que

hoy

anuncia este Tribunal por entender que lejos de impartirle

un contenido más abarcador a los derechos que establece

nuestra

Constitución,

innecesariamente

evidencia

a

obtenida

la

mayoría

nuestra

opta

jurisdicción

mediante

registro sin orden judicial.

el

tacto

por

incorporar

la

doctrina

de

para

validar

un

Peor aún, al aplicar los

criterios de esta doctrina, la mayoría limita los derechos

de los ciudadanos más allá del ámbito mínimo de protección

establecido

13

por

la

jurisprudencia

federal

en

aras

de

Michel Foucault, Panopticism, Discipline & Punish: The

Birth of the Prison 214 (Alan Sheridan trans., Pantheon

1977) (1975).

CC-2012-461

2

validar el registro.

Al así proceder, olvidan que “there

is nothing new in the realization that the Constitution

sometimes insulates the criminality of a few in order to

protect the privacy of us all”. Arizona v. Hicks, 480 U.S.

321, 329 (1987).

I

El 5 de octubre de 2011 el Ministerio Público presentó

una

denuncia

contra

el

señor

Octavio

Báez

López

por

violación al Art. 5.04 de la Ley de Armas, Ley Núm. 404 de

11

de

septiembre

de

2000,

25

L.P.R.A.

sec.

458c.

Específicamente, se le imputó que para la fecha del 30 de

mayo de 2011, el señor Báez López portaba ilegalmente una

pistola Smith & Wesson negra, calibre .40mm, modelo XDM-40,

cargada

con

una

munición

en

recámara

y

quince

(15)

municiones.

Luego de la lectura de acusación, el señor Báez López

presentó

una

incautada.

de

la

moción

de

supresión

del

arma

de

fuego

En síntesis, alegó que conforme al testimonio

agente

Michaida

Rivera

Alvarado

en

la

vista

preliminar, la incautación del arma de fuego se realizó en

violación a la protección constitucional contra registros y

allanamientos

irrazonables.

Sostuvo

que

conforme

a

los

hechos narrados por ésta procedía suprimir el arma de fuego

incautada.

Según relató la agente Rivera Alvarado, los

hechos que dieron base para incautar el arma fueron los

siguientes:

El

30

de

mayo

de

2011

la

agente

Rivera

Alvarado

escuchó por la radiocomunicación de la Policía sobre la

CC-2012-461

ocurrencia

3

de

un

accidente

interestatal 174.

accidente.

de

motora

en

la

carretera

En ese momento se dirigió al lugar del

Al arribar al lugar, ésta observó a un joven

que yacía en el pavimento cerca de una motora accidentada.

El

joven

Describió

sangraba

el

por

estado

inconsciente.

No

identificarlo

o

la

del

joven

obstante,

para

cabeza,

no

conocer

manos

como

aturdido

cuestionó

si

y

le

al

piernas.

y

medio

joven

para

afectaba

alguna

condición.

Minutos después, los paramédicos arribaron a la escena

y ofrecieron los primeros auxilios al joven.

Para proceder

a prestarle los servicios médicos, el paramédico le removió

al

joven

una

cartera

color

transversalmente en el pecho.

negra,

que

éste

llevaba

Acto seguido, debido a que

en ese momento no se encontraba ningún familiar del joven

en

la

escena,

el

paramédico

procedió

cartera a la agente Rivera Alvarado.

a

entregarle

la

Cuando ésta recibió

la cartera, palpó lo que aparentaba ser un arma de fuego y,

sin pedirle autorización al joven, procedió a abrirla.

Al

abrir la cartera, se percató de que en ésta había un arma

de fuego y extrajo lo que resultó ser una pistola Smith &

Wesson.

Posteriormente,

el

joven

fue

trasladado

al

Hospital Regional. Allí, la agente Rivera Alvarado, luego

de

leerle

las

entrevistarlo.

advertencias

legales,

procedió

a

Cuando le cuestionó sobre la posesión del

arma, el joven aceptó que no tenía licencia para portar

armas.

Ello dio lugar a la acusación contra el señor Báez

López por portación ilegal de un arma.

CC-2012-461

4

Conforme a estos hechos, el señor Báez López sostuvo

su alegato de supresión del arma de fuego.

evidencia

señaló

incautada

que

no

estaba

contrario

las

a

plena

Adujo que la

vista.

declaraciones

de

Además,

la

agente

Michaida Rivera Alvarado en su declaración jurada,14 en la

vista preliminar ésta aceptó que el registro iba dirigido a

encontrar material delictivo y no estaba vinculado a la

atención de una emergencia ni a la identificación del señor

Báez López.

Finalmente, sostuvo que la agente no tenía

una sospecha individualizada que le permitiera concluir que

en

el

interior

de

la

cartera

se

transportaba

material

delictivo sino que mediante el registro trató de validar

una sospecha producto de una actuación ilegal.

El

Ministerio

Público

se

opuso

a

la

supresión

solicitada por el señor Báez López.

Señaló que debido a

que el señor Báez López

peligro y necesitaba

ayuda,

se

reconocidos

estaba en

cumplieron

los

por

jurisprudencia

nuestra

criterios

de

razonabilidad

para

realizar

un

registro sin orden judicial en una situación de emergencia.

Además, arguyó que el señor Báez López transitaba en una

motora, cuya expectativa de intimidad es menor que cuando

se

transita

en

un

automóvil.

Luego

de

la

vista

de

supresión de evidencia, el 1 de febrero de 2012 el Tribunal

de

Primera

Instancia

declaró

con

lugar

la

moción

de

supresión de evidencia.

14

En la declaración jurada la agente Rivera Alvarado

sostuvo que procedió a “abrir la cartera [sic] para tratar

de localizar una tarjeta de identificación con foto del

joven, y me percaté que en el interior de la misma había

una arma de fuego”.

CC-2012-461

5

El foro de instancia razonó que según el testimonio de

la agente Rivera Alvarado y el paramédico Carlos Rosado

Erazo en la vista

de supresión, no se configuraron las

circunstancias para realizar un registro sin orden judicial

en una situación de emergencia.

En la vista la agente

aceptó

no

que

señor

Báez

López

que

éste

respondía

paramédicos.

Sostuvo

que

la

búsqueda

la

Además,

alguna

el

indicó

en

cartera,

identificación,

a

agente,

indicó

pero

estaba

en

que

la

inconsciente.

preguntas

para

de

los

justificar

la

intentaba

vista

encontrar

aceptó

que

el

propósito del registro fue la curiosidad de encontrar el

arma de fuego.

Por tanto, concluyó que de la agente haber

tenido sospecha fundada sobre la existencia de un arma,

procedía dejar la cartera en custodia con otro agente y

solicitar una orden de registro.

En desacuerdo con esta determinación, el Ministerio

Público

acudió

ante

el

Tribunal

recurso de certiorari.

de

Apelaciones

mediante

En síntesis, sostuvo que erró el

foro primario al suprimir la evidencia por razón de que no

hubo una orden judicial previa, esto a pesar de que se

trataba de un registro válido mediando una situación de

emergencia.

Alegó que la expectativa de intimidad de un

motociclista

herido

es

limitadísima

y

que

el

accidente

justificó el registro de emergencia como mecanismo dirigido

a identificar al herido.

Esta vez, sin embargo, sostuvo

que aún si no hubiese mediado una situación de emergencia,

procedía

el

registro

percibió

mediante

el

sin

orden

tacto

toda

que

vez

había

que

un

el

agente

objeto

que

CC-2012-461

6

aparentaba ser un arma de fuego, con lo cual la agente

tenía una sospecha individualizada de que en el interior de

la

cartera

había

un

arma

de

fuego,

lo

que

validaba

el

registro sin orden judicial.

Mediante Resolución emitida el 29 de marzo de 2012, el

foro apelativo intermedio denegó el recurso de certiorari

presentado por el Ministerio Público.

Razonó que a la luz

de los hechos de este caso no se configuró una situación de

emergencia que permitiera el registro sin orden judicial.

Además,

sostuvo

que

si

la

agente

Rivera

Alvarado

tenía

motivos fundados para creer que el señor Báez López estaba

cometiendo un delito en su presencia, procedía ponerlo bajo

arresto antes de realizar el registro.

Inconforme,

el

Ministerio

Público

solicitó

reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones.

Esta vez

sostuvo que la agente realizó el registro partiendo de la

creencia

razonable

emergencia.

de

que

estaba

ante

una

situación

de

Sin embargo, en la reconsideración sostuvo que

es inmaterial si hubo o no una situación de emergencia.

Una vez la agente palpó un objeto que aparentaba ser un

arma de fuego en el interior de la cartera se generó una

sospecha individualizada y razonable que validó el registro

de

la

cartera

inherentemente

debido

peligroso

además

a

que

y

el

arma

altamente

Estado.

Sostuvo

que,

situación

de

emergencia,

el

delictiva

era

inevitable

toda

es

un

regulado

objeto

por

el

de

la

independientemente

descubrimiento

vez

que

como

de

la

pieza

cuestión

de

protocolo del paramédico, éste debía preparar un recibo de

CC-2012-461

7

propiedad, excepción al registro con orden judicial.

El

Tribunal de Apelaciones declaró no ha lugar la solicitud de

reconsideración.

En desacuerdo con la determinación del foro apelativo

intermedio, el Ministerio Público acudió ante este Tribunal

mediante

recurso

presentados

en

de

certiorari.

la

moción

Tribunal de Apelaciones.

de

Reiteró

los

argumentos

reconsideración

ante

el

El 4 de junio de 2012, expedimos

el recurso ante nuestra consideración.

II

A

La Sec. 10 del Art. II de la Constitución del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico establece el derecho de todo

ciudadano

papeles

y

incautaciones

y

allanamientos irrazonables. Const. PR Art. II Sec. 10.

El

efectos

a

la

protección

personales

contra

sobre

sus

casas,

registros,

propósito de este precepto constitucional es proteger el

derecho a la intimidad de las personas y la dignidad del

individuo

frente

a

las

actuaciones

arbitrarias

e

irrazonables del Estado. Pueblo v. Yip Berríos, 142 D.P.R.

386, 397 (1997); Pueblo v. Ramos Santos, 132 D.P.R. 363,

370 (1992).

Esta

Enmienda

disposición

IV

de

la

constitucional

Constitución

de

es

los

análoga

Estados

a

la

Unidos,

Const. EEUU Enmd. IV. Pueblo v. Yip Berríos, 142 D.P.R. en

la

pág.

397;

véase

además

3

Diario

de

Sesiones

de

la

Convención Constituyente 1568 (1961); 3 José Trías Monge,

Historia

Constitucional

de

Puerto

Rico

191

(1982).

No

CC-2012-461

8

obstante, en el pasado hemos reconocido que la disposición

en la Constitución federal sólo establece el ámbito mínimo

de protección, por lo que tanto los estados como Puerto

Rico

pueden

ampliar

esta

garantía

constitucional

con

el

propósito de conceder mayores protecciones a la ciudadanía.

Pueblo v. Yip Berríos, 142 D.P.R. en la pág. 397-398. 15

Como bien reconoce una mayoría de este Tribunal, a

diferencia de la Constitución federal, nuestra Constitución

expresamente limita el uso que se le puede otorgar a una

evidencia incautada mediante un registro irrazonable sin

orden

judicial

nuestro

previa.

ordenamiento

Es

requiere

decir,

que

como

se

regla

obtenga

general,

una

orden

judicial previo a que se realice un registro. Pueblo v.

Malavé

González,

Consecuentemente,

judicial

se

120

todo

presume

D.P.R.

registro

o

irrazonable

y,

470,

477

incautación

por

tanto,

(1988).

sin

orden

inválido.

Pueblo v. Serrano Reyes, 176 D.P.R. 437, 447 (2009).16

15

A propósito, en Pueblo v. Bonilla, 149 D.P.R. 318, 329

(1999), señalamos que: “[a] pesar de que la protección

contra registros y allanamientos se encuentra redactada en

idénticos términos en ambas Constituciones, por gozar

nuestra Constitución de una „vitalidad independiente‟,

podemos darle a la garantía un contenido distinto y mayor.

Esto es, podemos interpretarla de forma más beneficiosa al

acusado”.

16

La Regla 234 de las de Procedimiento Criminal establece

que la evidencia obtenida en violación a la garantía

constitucional

contra

registros,

incautaciones

y

allanamientos irrazonables, será suprimida y no será

admisible en los tribunales como prueba de la comisión de

un delito. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 234. Según el profesor

Ernesto L. Chiesa Aponte, esta norma de exclusión persigue

varios propósitos importantes, a saber: (1) provee un

remedio efectivo a la víctima del registro y allanamiento

irrazonable o ilegal; (2) evita que el gobierno se

beneficie de sus propios actos ilegales; (3) preserva la

integridad del Tribunal; y (4) disuade a los oficiales del

CC-2012-461

Para

9

que

irrazonables

se

lo

active

la

primero

que

protección

debe

contra

determinarse

registros

es

si

en

efecto hubo un registro. Pueblo v. Bonilla, 149 D.P.R. 318,

329 (1999).

Así, hemos sostenido que “se entiende que ha

ocurrido un registro cuando se infringe la expectativa de

intimidad que la sociedad está preparada a reconocer como

razonable”.

Pueblo

en

el

interés

D.P.R. 949, 961-962 (1994).

del

menor

N.O.R.,

136

Esto es, el ciudadano debe

albergar una expectativa de intimidad y que la sociedad

esté

dispuesta

razonable.

a

aceptar

que

dicha

expectativa

es

Por tal razón, hemos señalado que la protección

constitucional se refiere a aquella propiedad sobre la cual

la persona tenga una expectativa de intimidad, y protege

tanto al sospechoso u ofensor como al inocente. Pueblo v.

Miranda Alvarado, 143 D.P.R. 356, 363 (1997).

En Pueblo v. Yip Berríos, 142 D.P.R. en la pág. 399,

sostuvimos que el criterio para determinar si la actuación

gubernamental es constitucionalmente permisible vis-à-vis la

expectativa de intimidad del ciudadano, es la razonabilidad

de la intrusión estatal con la intimidad de la persona.

Añadimos que:

[E]sto

normalmente

se

determina

balanceando

los

intereses

del

Estado

frente

a

los

derechos

individuales. El menor o mayor grado de expectativa a

la intimidad que nuestro ordenamiento le reconoce a

una persona en determinada circunstancia es pertinente

para el análisis acerca de la razonabilidad de la

actuación

gubernamental

y

en

consecuencia

para

orden público a que en el futuro no repitan las acciones

objeto de impugnación. Ernesto L. Chiesa Aponte, Derecho

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 284-285

(Ed. Forum, 1991).

CC-2012-461

10

determinar el alcance de la protección constitucional.

En este contexto, y dado que en Puerto Rico los

derechos individuales y particularmente el derecho a

la intimidad y dignidad reciben una protección más

amplia que en la jurisdicción federal, en nuestra

jurisdicción el criterio de razonabilidad es más

estricto.

Id. en la pág. 399 (énfasis nuestro).

B

Si

orden

bien

se

en

nuestro

presume

ordenamiento

inválido,

hemos

todo

registro

reconocido

sin

excepciones

limitadas y específicas a la presunción de invalidez.

En

Pueblo

3

(1997),

v.

Miranda

señalamos

Alvarado,

que

143

D.P.R.

356,

363

validado

las

siguientes

allanamiento

de

estructuras

hemos

fn.

excepciones:

(1)

registro

abandonadas;

y

(2) registro de evidencia abandonada o arrojada

por la persona;

(3) registro incidental al arresto, cuando el

área registrada está al alcance inmediato del sujeto y

el propósito es ocupar armas o instrumentos que puedan

ser utilizados por la persona arrestada para agredir a

los agentes del orden público, o para intentar una

fuga o evitar la destrucción de evidencia;

(4) cuando la evidencia se encuentra a plena

vista [o cuando un agente del orden público adviene en

conocimiento de material delictivo por el olfato];

(5) campo abierto;

(6) cuando circunstancias de emergencia así lo

requieran;

(7) registro tipo inventario, que sea realizado

para salvaguardar el contenido del vehículo y proteger

a la Policía así como al dueño del vehículo;

(8) cuando la evidencia es obtenida durante el

transcurso de una persecución;

(9)

evidencia

obtenida

durante

un

registro

administrativo en una actividad altamente reglamentada

por el Estado; y

CC-2012-461

11

(10) cuando el registro es consentido directa o

indirectamente.

Pueblo v. Miranda Alvarado,

(1997) (citas omitidas).17

143

D.P.R.

356,

363

fn.

3

En todas estas circunstancias se ha reconocido que no

existe una expectativa razonable de intimidad, por ende, no

hay protección constitucional que salvaguardar.

III

A

Hoy

una

correctamente

mayoría

que

en

de

este

este

caso

Tribunal

no

se

determina

configuraron

los

criterios para que aplique la

excepción al requisito de

una

media

orden

emergencia.

judicial

cuando

una

situación

de

En este caso, la agente Rivera Alvarado no

podía albergar la creencia razonable de que estaba ante una

emergencia; el señor Báez López estaba consciente y podía

haber sido interrogado para conocer su identidad antes de

proceder

a

abrir

la

cartera.

Además,

en

la

vista

preliminar la agente reconoció que la intención de abrir la

cartera

fue

la

“curiosidad”

por

encontrar

material

delictivo y no para dar con una identificación del señor

Báez

López,

según

había

sostenido

en

su

declaración

jurada. Coincidimos, a su vez, con la determinación de una

mayoría de este Tribunal al señalar que en este caso no

procedía

17

la

excepción

de

descubrimiento

inevitable

al

Añádase a las excepciones mencionadas, la reconocida por

una mayoría de este Tribunal en Pueblo v. Díaz, Bonano, 176

D.P.R. 601 (2009) sobre la evidencia obtenida en un lugar

público como resultado de la utilizacón de canes para

olfatear.

CC-2012-461

12

realizarse un recibo de propiedad.

que

existiese

inevitablemente

un

El Estado no demostró

procedimiento

hubiese

permitido

el

rutinario

que

descubrimiento

del

arma de fuego incautada.

No obstante a lo anterior, ausente de argumentos para

sostener la razonabilidad de un registro que a todas luces

incumple con las garantías mínimas consagradas en nuestra

Constitución,

hoy

innecesariamente

una

la

mayoría

de

doctrina

de

este

Tribunal

evidencia

adopta

incautada

mediante el sentido del tacto, “plain touch/plain feel”,

reconocida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en

Minnesota v. Dickerson, 508 U.S. 366 (1993), como excepción

a la presunción de ilegalidad de un registro sin orden.

el

proceso

olvidan

que

nuestra

Constitución,

que

En

tantas

veces hemos señalado es de factura más ancha,  aunque en

tiempos recientes tal contención se encuentre exigua por la

desmemoria del Tribunal exige que en aras de proteger el

derecho a la intimidad y dignidad de los ciudadanos, seamos

guardianes de tales garantías al evaluar los criterios y

las

circunstancias

judicial.

Más

para

grave

permitir

aún,

una

un

registro

sin

orden

vez

adoptan

la

nueva

excepción, la aplican erróneamente. Veamos entonces.

B

En

Terry

v.

Ohio,

391

U.S.

1

(1968),

el

Tribunal

Supremo de los Estados Unidos determinó que un agente de la

policía puede detener a una persona sospechosa y, por la

seguridad

del

agente,

someterla

a

un

cateo

o

registro

CC-2012-461

superficial

13

para

detectar

probable para arresto.

armas,

aun

ausente

de

causa

Cabe señalar que, al día de hoy, la

doctrina desarrollada en Terry no ha sido adoptada por este

Tribunal.

Precisamente, al amparo de la doctrina de Terry,

en Minnesota v. Dickerson, 508 U.S. 366 (1993), un oficial

de la policía detuvo a un sujeto que entendió se comportaba

de manera sospechosa y procedió a realizarle un cateo o

registro

superficial

para

detectar

si

tenía

armas.

Al

realizar el registro superficial, el oficial no encontró

armas.

Sin

embargo,

sintió

curiosidad

por

un

pequeño

abultamiento que tenía el ciudadano en uno de los bolsillos

de

la

chaqueta

que

llevaba

puesta.

Al

palpar

el

abultamiento, sintió lo que aparentaba ser una bolsa de

“crack”.

Por

tal

razón,

procedió

a

registrarlo

y,

efectivamente, encontró una bolsa de “crack”.

El

Tribunal

Supremo

federal

sostuvo

que

conforme

a

Terry:

If a police officer lawfully pats down a

suspect's outer clothing and feels an object whose

contour or mass makes its identity immediately

apparent, there has been no invasion of the suspect's

privacy

beyond

that

already

authorized

by

the

officer's search for weapons; if the object is

contraband, its warrantless seizure would be justified

by the same practical considerations that inhere in

the plain view context.

Dickerson, 508 U.S. en las págs. 375-376.

Como se puede apreciar en

la cita anterior, en su

análisis el Tribunal Supremo federal adoptó la excepción de

evidencia incautada mediante el sentido del tacto o “plain

touch/plain

feel”

como

corolario

de

la

doctrina

de

CC-2012-461

14

evidencia a plena vista.

Al tiempo en que descartó el

argumento sostenido por el Tribunal Supremo de Minnesota de

que la evidencia obtenida mediante “plain touch/plain feel”

es menos confiable y más invasiva que la evidencia a plena

vista y, por tanto, violaba el derecho a la intimidad de

las personas.18

Para que se cumpla con la excepción de

“plain touch/plain feel” deben estar presentes los mismos

requisitos de evidencia incautada mediante la excepción de

plena vista, según reconocido en Coolidge v. New Hampshire,

403 U.S. 443 (1971).

Por tal razón, el Tribunal señaló que

en Dickerson no procedía el registro toda vez que el agente

tuvo

que

incautada

escudriñar

y,

por

el

bulto

ende,

la

para

palpar

naturaleza

la

evidencia

delictiva

de

la

evidencia no era aparente de su faz.

Esta doctrina ha sido criticada en distintos artículos

de revistas jurídicas por las implicaciones que tiene sobre

el derecho a la intimidad de las personas y por el riesgo

de que los agentes de la policía abusen de su poder y

pretendan

establecer

que

la

naturaleza

delictiva

de

la

evidencia era inmediatamente aparente cuando en realidad no

lo era. Véase John A. Cecere, Searches Woven From Terry

18

Para descartar el argumento de que la evidencia obtenida

mediante el sentido del tacto es menos confiable que la

evidencia a plena vista, el Tribunal Supremo federal se

limitó a señalar que: “[e]ven if it were true that the

sense of touch is generally less reliable than the sense of

sight, that only suggests that officers will less often be

able to justify seizures of unseen contraband”. Dickerson,

508 U.S. en la pág. 376.

En cuanto a que ésta es más

invasiva a la privacidad, sostuvo que:

“is inapposite in

light of the fact that the intrusion the court fears has

already been authorized by the lawful search for weapons”.

Dickerson, 508 U.S. en las págs. 376-377.

CC-2012-461

Cloth:

How

15

the

Plain

Pretextual Search,

Feel

Doctrine

Plus

Terry

36 B.C. L. Rev. 125 (1994);

Equals

Eric B.

Liebman, The Future of the Fourth Amendment After Minnesota

v. Dickerson - A "Reasonable" Proposal, 44 Depaul L. Rev.

167 (1994); David L. Haselkorn, The Case against a Plain

Feel Exception to the Warrant Requirement, 54 U. Chi. L.

Rev. 683 (1987).

De hecho, previo a Dickerson, además del

Tribunal Supremo de Minnesota, el Tribunal Supremo de Nueva

York, People v. Diaz, 81 N.Y.2d 106 (1993), y el Tribunal

Supremo de Washington,

State v. Broadnax, 98 Wash. 2d 289

(1982), se negaron a reconocer la excepción de la evidencia

encontrada mediante el sentido del tacto como corolario de

la

excepción

de

plena

vista,

precisamente

por

las

implicaciones que tenía en el derecho a la intimidad de las

personas y la poca confiabilidad del sentido del tacto.

Por tanto, debido a que hoy una mayoría de este Tribunal

adopta esta excepción, considerada análoga a la evidencia

obtenida a plena vista, procede que, como mínimo, evaluemos

con suma mesura los requisitos establecidos en Dickerson a

la

luz

de

la

consideración

controversia

las

ante

advertencias

nosotros,

ante

tomando

señaladas

a

en

la

excepción de evidencia obtenida mediante el tacto.

IV

A

Según sostiene una mayoría de este Tribunal, para que

aplique

la

excepción

tacto se requiere que:

de

evidencia

obtenida

mediante

el

CC-2012-461

16

(1) el objeto sea descubierto por

palpado y no por razón de su registro;

haber

sido

(2) exista una justificación legal para que el

agente esté en el lugar desde donde pudo entrar en

contacto con la evidencia;

(3) el oficial del orden público advino

contacto con la evidencia de forma inadvertida; y

en

(4) la naturaleza delictiva del objeto surge

inmediata y razonablemente a través del sentido del

tacto sin que el agente pueda manipular o escrudiñar

de forma alguna éste.

Opinión mayoritaria, en la pág. 28 haciendo referencia a

K.W. Inverson, “Plain Feel”: a Common Sense Proposal

Following State v. Dickerson, 16 Hamline L. Rev. 247, 277278 (1992-1993).

En otras palabras, aplican los requisitos reconocidos

para

evidencia

obtenida

percepción

mediante

el

requisitos

adoptados

por

a

plena

vista,

tacto.

la

mayoría

adecuados

a

la

Considerando

estos

así

propia

como

la

jurisprudencia federal citada con aprobación, una lectura

objetiva y sin ánimo prevenido, deja claro que en este caso

es imposible que, mediante el tacto, la agente haya podido

percibir inmediatamente la naturaleza delictiva del arma de

fuego incautada.

Veamos.

En Arizona v. Hicks, 480 U.S. 321 (1987), el Tribunal

Supremo

federal,

al

evaluar

los

requisitos

de

evidencia

obtenida a plena vista, tuvo la oportunidad de abordar el

requisito de que la naturaleza delictiva del objeto surja

inmediatamente de la simple observación.

curso

de

un

registro

para

dar

con

el

En Hicks, en el

sospechoso

de

un

tiroteo en un apartamento, uno de los agentes se percató de

que

en

el

apartamento

había

sospechaba que eran robadas.

unas

bocinas

que

éste

El agente procedió a voltear

CC-2012-461

17

las bocinas para verificar el número de serie.

Al conocer

el número de serie, constató con el cuartel que en efecto

las bocinas habían sido

robadas.

Por estos hechos,

al

señor Hicks se le acusó del delito de robo.

Al

resolver

esta

controversia,

el

Tribunal

Supremo

federal sostuvo que la incautación del sistema de bocinas

hurtadas

mientras

la

policía

realizaba

un

registro

para

encontrar otra evidencia era inválida, toda vez que para

conocer la ilegalidad de las bocinas el agente tuvo que

voltearlas

para

leer

el

número

de

serie.

Según

el

Tribunal, luego de voltear las bocinas, acto que constituyó

un registro, fue que el oficial tuvo conocimiento de la

naturaleza delictiva de las bocinas, no obstante a que el

agente

tenía

una

sospecha

habían sido hurtadas.

razonable

de

que

las

bocinas

Añadió que “the „distinction between

looking at a suspicious object in plain view and moving it

even a few inches‟ is much more than trivial for purposes

of the Fourth Amendment”. Hicks, 480 U.S. en la pág. 325.

Previo a la determinación del Tribunal Supremo federal

en Hicks, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos

para el Sexto Circuito tuvo la oportunidad de evaluar un

caso similar a Hicks pero en relación a la incautación de

unos

rifles

en

el

curso

de

una

orden

de

registro

e

incautación de bebidas alcohólicas. U.S. v. Gray, 484 F.2d

352

(6to

Cir.

1973).

Allí

el

foro

apelativo

federal

sostuvo que si bien los agentes estaban autorizados a estar

en lugar donde estaban y habían advenido con los rifles

inadvertidamente, la naturaleza delictiva de los mismos no

CC-2012-461

18

era inmediatamente aparente. Una vez el agente copió el

número de serie de los rifles y comprobó que habían sido

robados, entonces se percató de la naturaleza delictiva de

los mismos. Id.

Por tal razón, concluyó que el registro e

incautación de los mismos fue inválido.19

Posteriormente,

en

U.S.

v.

Szymkowiak,

727

F.2d

95

(6to Cir. 1984), el propio Tribunal de Apelaciones de los

Estados Unidos para el Sexto Circuito, sostuvo que un arma

percibida a simple vista mientras se efectuaba un registro

en una casa por otra evidencia, no era suficiente para

sostener

fuego.

la

naturaleza

delictiva

inmediata

del

arma

de

El foro apelativo federal sostuvo que “[t]he record

in [Szymkowiak] is clear that the executing officers who

discovered the weapon could not „at the time‟ of discovery

determine whether its possession was unlawful”. Szymkowiak,

727 F.2d en la pág. 99.

Así, citando con aprobación a

Gray, sostuvo que a pesar de que se percibió un arma de

fuego, la naturaleza delictiva del arma no era aparente.

Id. en la pág. 97.

A

la

misma

conclusión

llegó

el

Tribunal

de

Apelaciones de Florida en Ray v. State, 634 So.2d 695 (Fla.

19

En U.S. v. Truitt, 521 F.2d 1174 (6to. Cir. 1975), el

foro apelativo distinguió los hechos de Gray para sostener

la validez del registro e incautación de una escopeta con

los cañones recortados. Según Truitt, en ese caso la

escopeta con los cañones recortados en sí misma daba cuenta

de la probabilidad de su naturaleza delictiva. Para llegar

a tal conclusión, sostuvo que la escopeta con los cañones

recortados no es un arma comúnmente utilizada y consideró

las circunstancias concomitantes al registro mediante

orden.

CC-2012-461

19

App. 1994). El foro apelativo intermedio de Florida sostuvo

lo siguiente:

In the present case, the discovery of the pistol

was a lawful consequence of the authorized search

which brought the pistol within the plain view of

Officer Carroll. However, the incriminating character

of the pistol was not immediately apparent to Officer

Carroll because its defaced serial number could not be

seen by the officer until he picked up the pistol and

turned it over. In picking up the pistol and turning

it over Officer Carroll extended the search beyond the

scope permitted by the warrant.

Ray, en la pág. 696.20

Conforme

ordenamiento

a

lo

anterior,

estatutario

evaluemos

respecto

a

entonces

las

armas

nuestro

y

la

aplicación del marco jurídico reseñado a los hechos de este

caso.

B

En

Puerto

Superintendente

Rico

de

la

la

Ley

de

Policía

Armas

“expedirá

establece

una

que

el

licencia

de

armas a cualquier peticionario” que cumpla con una serie de

requisitos.

25

L.P.R.A.

sec.

456a.

Entre

éstos,

ser

ciudadano de los Estados Unidos o residente legal de Puerto

Rico; haber cumplido veintiún (21) años de edad; tener un

certificado

de

antecedentes

penales

expedido

no

más

de

treinta (30) días previo a la fecha de la solicitud; no ser

acusado o estar en proceso de juicio por violar la licencia

especial

20

de

armas

largas

y

municiones;

no

ser

ebrio

Conviene señalar que los casos anteriormente reseñados

versan sobre evidencia obtenida a plena vista, sentido más

confiable que el del tacto, como bien consideró el Tribunal

Supremo federal en Dickerson. Dickerson, 508 U.S. en la

pág. 376.

CC-2012-461

habitual,

20

adicto

a

sustancias

controladas

o

haber

sido

declarado incapaz mental por un tribunal; y presentar una

(1) declaración jurada de tres (3) personas que no tengan

relación de consanguinidad o afinidad con el peticionario

que atestigüen que el peticionario goza de buena reputación

en su comunidad; entre otros. 25 L.P.R.A. sec. 456a(a).

A su vez, la Ley establece que “[l]as armas de fuego

se podrán portar, conducir y transportar de forma oculta o

no ostentosa”. 25 L.P.R.A. sec. 456a(d)(1); véase además

Reglamento de la Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000,

según enmendada, conocida como la “Ley de Armas de Puerto

Rico”, Reglamento de la Policía de Puerto Rico Núm. 7311 de

5 de marzo de 2008.

En tal caso, el concesionario sólo

podrá portar un (1) arma de fuego a la vez.

25 L.P.R.A.

sec. 456a(d)(4).

Por su parte, en la sección 458c de la

Ley

establece

de

Armas

se

encuentre

incursa

en

requiere

que

persona

fuego.

la

.

.sin

tener

cualquier

arma

de

que

violación

para

que

de

dicha

“transporte

una

fuego

licencia

sin

una

persona

se

disposición

se

cualquier

de

tener

armas,

su

arma

o

de

porte

correspondiente

permiso para portar armas”. 25 L.P.R.A.

sec.

458c.

Es

decir, el elemento del delito requiere que (1) la persona

transporte un arma de fuego y (2) no tenga una licencia de

armas o un permiso para portar armas.

Si aplicamos las disposiciones de la Ley a los hechos

de

este

caso,

notamos

que

al

momento

en

que

el

agente

efectuó el registro sin orden judicial sobre la cartera del

señor

Báez

López,

éste

no

pudo

haber

percibido

CC-2012-461

21

inmediatamente la naturaleza delictiva del arma de fuego

incautada.

La cartera estaba cerrada, y conforme a la Ley,

un arma de fuego mientras se porte o transporte de forma

oculta o no ostentosa, de su faz no constituye un delito. 21

De otra parte, al momento en que la agente palpó lo

que en su experiencia entendió era un arma de fuego, no

sabía

si

el

señor

Báez

portar armas de fuego.

López

poseía

una

licencia

para

Tampoco indagó o cuestionó al señor

Báez López para saber si éste tenía licencia para portar

armas de fuego cuando palpó lo que en su creencia era un

arma de fuego.

No es hasta que el señor Báez López es

trasladado al hospital, tiempo después de que la agente

efectuara el registro sobre la cartera, cuando la agente

cuestionó al joven sobre el arma y éste le notificó que no

poseía licencia para portarla.

Fue en ese momento en que

la agente advino en conocimiento de la naturaleza delictiva

del arma de fuego.

Cabe señalar que en Dickerson, a diferencia de este

caso, existía una sospecha individualizada sobre la persona

a

raíz

de

un

registro

superficial

conforme

a

Terry.

Adviértase que la incautación de armas mediante un registro

superficial bajo la doctrina de Terry se fundamenta en la

protección y seguridad de los agentes y no en que el arma

de su faz es un objeto ilegal.

21

Esto es, debido a que

En relación a la expectativa de la intimidad sobre la

cartera, como bien reconoce una mayoría de este Tribunal,

no hay duda de que el señor Báez López tenía una

expectativa de intimidad razonable reconocida por nuestra

sociedad sobre ésta. Por tanto, no entraremos a la

discusión sobre ese asunto.

CC-2012-461

22

cuando un agente realiza un registro superficial autorizado

por Terry se tiene sospecha sobre la comisión de un delito

y el sospechoso pudiese estar armado, se permite que los

agentes verifiquen si la persona está armada y, en ese

registro,

Dickerson

permitió

el

delictivo perceptible al tacto.22

registro

de

material

Por tanto, la incautación

de un arma de fuego que después de un registro superficial

resulta

ser

ilegal

está

autorizada

precisamente

por

el

registro sobre un sospechoso que autoriza Terry.

En este caso la cadena de eventos que concluyó en el

registro

de

tránsito.

la

cartera

se

inició

con

un

accidente

de

No

estamos

ante

hechos

en

que

hubiese

una

sospecha individualizada sobre el señor Báez López o en una

investigación

delito.

en

curso

Tampoco

sobre

podemos

la

posible

concluir

comisión

que

el

de

un

agente

se

encontraba ante una situación en que tuviese que velar por

su seguridad o su protección que lo incitara a tener que

registrar la cartera, esto mientras el señor Báez López

estaba siendo atendido por paramédicos.

Valga señalar que

el señor Báez López, como bien reconoció la agente, estaba

consciente

al

momento

en

que

registró

la

cartera.

Es

decir, la agente pudo solicitar la autorización del señor

22

El Tribunal Supremo federal lo resumió de esta manera:

“If a police officer lawfully pats down a suspect's outer

clothing and feels an object whose contour or mass makes

its identity immediately apparent, there has been no

invasion of the suspect's privacy beyond that already

authorized by the officer's search for weapons; if the

object is contraband, its warrantless seizure would be

justified by the same practical considerations that inhere

in the plain view context”. Dickerson, 508 U.S. en la pág.

375-376.

CC-2012-461

23

Báez López para abrir la cartera; pudo indagar al señor

Báez López sobre lo que en su creencia era un arma de

fuego;

y

más

aún,

pudo

solicitar,

conforme

al

mandato

constitucional, una orden de registro.

C

No obstante a lo anterior, hoy una mayoría sostiene

que procedía el registro de la cartera y la incautación del

arma de fuego por haberse cumplido los requisitos de la

excepción de evidencia obtenida mediante el tacto.

Si bien

coincidimos

a

donde

en

estaba

que

y

el

agente

advino

en

estaba

autorizado

conocimiento

de

lo

que

estar

en

su

creencia y experiencia era un arma de fuego, entendemos que

al evaluar el requisito de que la naturaleza delictiva del

objeto

surja

tacto,

la

inmediatamente

sentido

del

mínimo

de

protección establecido por la jurisprudencia federal.

En

otras

en

mayoría

palabras,

en

va

más

este

por

medio

del

allá

del

ámbito

caso

la

mayoría

actúa

contravención a lo resuelto por el Tribunal Supremo federal

en Dickerson. Y lo hace, no para reconocerle a un ciudadano

un marco más amplio de la protección constitucional bajo

nuestra

Constitución

lo

que

sabemos

es

perfectamente

válido  sino que actúa para restringir los derechos más

allá de lo permitido en Dickerson.

La mayoría se coloca al

margen de la Constitución de los Estados Unidos conforme a

lo interpretado por el foro judicial más alto de ese País.

Explicamos.

CC-2012-461

24

Para la mayoría, a diferencia de lo establecido en la

jurisprudencia federal, basta con que el objeto sea un arma

de fuego para que se active la inmediatez de la naturaleza

delictiva del objeto. Sostienen que si un agente palpa lo

que aparenta ser un arma de fuego, ello es suficiente para

que proceda a realizar un registro sin orden judicial, a

pesar de que de su faz el agente no sabía ni pudo saber que

el arma se poseía ilegalmente; esto es, que la naturaleza

del objeto era delictiva.23

Es decir, palpar lo que en su

experiencia era un arma de fuego, la cual se encontraba

oculta dentro de una cartera, no es suficiente para que la

agente

pudiese

establecer,

inmediatamente,

la

naturaleza

delictiva del objeto.

El criterio no es que el agente pueda identificar el

objeto como sostiene la mayoría, sino que pueda identificar

el objeto mediante el tacto y tenga la creencia inmediata

de que es un objeto ilegal.

Precisamente en Dickerson, el

Tribunal Supremo federal puntualizó que

“[r]egardless

of

whether the officer detects the contraband by sight or by

touch, however, the Fourth Amendment's requirement that the

officer have probable cause to believe that the item is

contraband before seizing it

ensures against excessively

speculative seizures”. Dickerson, 508 U.S. en la pág. 376.

Un arma de fuego en sí misma no se considera contrabando

pues, como señalamos, en nuestra jurisdicción, por ejemplo,

23

Particularmente, ante el arma incautada en este caso, una

Smith & Wesson, calibre .40, cuya obtención no está sujeta

a los requisitos, por ejemplo, para las armas de asalto, 24

L.P.R.A. sec. 456, y calibre comúnmente utilizado por

portadores de armas de fuego en Puerto Rico.

CC-2012-461

25

se permite su portación por cualquier ciudadano que cumpla

con ciertos criterios razonables de solicitud de portación,

siempre y cuando el arma se porte de manera oculta y no

ostentosa.

Consecuentemente, no tenemos duda de que la

premisa

inarticulada

garantías

mínimas

por

la

mayoría

establecidas

en

contraviene

la

las

jurisprudencia

federal, jurisprudencia que la mayoría cita con aprobación.

Adviértase

que

en

la

opinión

mayoritaria

no

se

mencionan los fundamentos para sostener que basta con que

se palpe un arma de fuego para cumplir con los requisitos

de la excepción de evidencia obtenida mediante el tacto.

Sólo se menciona que la agente percibió un arma de fuego

dentro de una cartera y, según la mayoría, ese acto de por

sí basta para que se cumpla con el requisito de que la

naturaleza

premisa,

delictiva

sin

más,

del

objeto

parece

sea

estar

inmediata.

fundamentada

Esta

en

la

determinación de este Foro en Pueblo v. Del Río, 113 D.P.R.

684

(1982).

señor Héctor

Allí

nos

Gerardino

enfrentamos

Del

Río,

al

quien

planteamiento

fue

acusado

del

de

portación ilegal de un arma de fuego, de que los agentes no

tenían motivos para arrestarlo ya que portar un arma de

fuego a plena vista no le da derecho a un agente de la

policía a intervenir con él. Del Río, 113 D.P.R. en la pág.

688.

Al interpretar la Ley de Armas entonces vigente, la

Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, 25 L.P.R.A. secs. 411454 (derogada), sostuvimos que era innecesario la discusión

sobre este asunto ya que:

CC-2012-461

26

[E]n la etapa del juicio, „[e]n casos de portación o

posesión ilegal de armas de fuego el fiscal no viene

obligado a probar que el acusado no tenía licencia con

tal fin, cuando se ha alegado tal hecho en la

acusación y se ha probado la portación o posesión del

arma, ya que en ellos surge la presunción de portación

ilegal y es al acusado a quien incumbe destruir tal

presunción.

Id. en las págs. 688-689.

Para apoyar esta contención añadimos lo siguiente:

Es sumamente importante que mantengamos presente el

hecho de que en nuestra jurisdicción la posesión y/o

portación de un arma de fuego no es un derecho y sí un

privilegio; en otras palabras, es una „actividad’

controlada o restringida por el Estado. Sobre este

punto no hay que abundar mucho; ello surge con

meridiana claridad de una simple lectura de las

disposiciones de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley

Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada. 25

L.P.R.A. secs. 411-454.

Del Río, 113 D.P.R. en la pág. 689.

Ahora

bien,

hay

varios

señalamientos

que

deben

realizarse sobre nuestros pronunciamientos en Del Río, 113

D.P.R. 684.

En primer lugar, según los hechos en Del Río,

los

se

agentes

observar

al

ubicaron

señor

Del

en

el

edificio

Río

tras

donde

recibir

una

pudieron

llamada

telefónica que apuntaba a la posible captura de uno de los

prófugos más buscados en Puerto Rico.

Cuando el señor Del

Río

mismo

y

un

acompañante

salieron

del

edificio

que

observaban los agentes, éstos se percataron de que tanto el

señor Del Río como su acompañante llevaban armas de fuego.

El señor Del Río y su acompañante procedieron a montarse en

un vehículo.

Momentos después, los agentes se acercaron al

vehículo del señor Del Río, se identificaron como agentes

del

orden

público

y

solicitaron

al

señor

Del

Río

que

CC-2012-461

27

detuviera el vehículo. En ese instante, se le preguntó si

éste tenía licencia para portar el arma de fuego.

Cuando el señor Del Río aceptó que no poseía licencia

para

portar

armas

de

fuego,

el

agente

le

notificó

que

estaba bajo arresto y procedió a realizar el registro.

Por

estos hechos fue acusado de portación ilegal de armas de

fuego.

Los hechos de Del Río claramente se distinguen de

los hechos en el caso ante nuestra consideración.

En este

caso, la agente atendía un accidente de tránsito ordinario.

No es hasta que la agente llega al hospital que le preguntó

al señor Báez López si poseía licencia para portar armas de

fuego.

del

En ese momento ya se había registrado la cartera

señor

Báez

investigación

López.

Tampoco

sobre

un

en

Río

la

sospechoso

agente

o

la

realizaba

comisión

de

una

un

delito.

Además,

Del

se

interpretó

la

Ley

de

Armas

aprobada en el año 1951, Ley que fue aprobada a raíz de los

sucesos

ocurridos

el

30

de

octubre

de

1950

cuando

se

intentó derrocar el gobierno mediante el uso de armas de

fuego. Informe P. de la C. 3447, Comisión de lo Jurídico

Penal

de

pág. 4.

30 de

la

Cámara

Por razón

octubre

de

de

de

Representantes

de

Puerto

Rico,

los eventos ocurridos durante

1950,

esta

legislación

el

limitó

significativamente la posibilidad de que un ciudadano común

pudiese obtener una licencia para la portación armas de

fuego.

En esencia, el Artículo 20 de la Ley limitaba el

uso de armas de fuego a un reducido número de funcionarios

de

gobierno,

entre

éstos:

los

miembros

de

las

fuerzas

CC-2012-461

28

armadas, los miembros de la Policía y jueces y fiscales. 25

L.P.R.A. sec. 430 (derogada).

En caso de que un ciudadano interesara solicitar un

arma de fuego, sólo podía poseerla en su domicilio y si

demostraba, a juicio del tribunal, que estaba en peligro de

muerte

o

grave

(derogada).

Por

daño

corporal.

tanto,

cobra

25

L.P.R.A.

particular

sec.

importancia

431

el

hecho de que en Del Río el arma estaba a simple vista, acto

que en sí mismo levantaba sospecha de la comisión de un

delito.

Consecuentemente, se validó la evidencia incautada

percibida mediante el sentido de la vista.

Según reseñado,

esto contrasta con la Ley de Armas vigente y los requisitos

para solicitar la portación de armas de fuego.

Desde

entonces,

al

interpretar

la

Ley

de

Armas

de

1951, este Tribunal ha repetido la norma establecida en Del

Río.

Véase Rivera Pagán v. Supte. Policía de P.R., 135

D.P.R. 789 (1994); Pueblo v. Corraliza Collazo, 121 D.P.R.

244 (1988).

No obstante, a partir de la aprobación de la

nueva Ley de Armas y del desarrollo en la jurisprudencia

federal sobre la portación y posesión de armas de fuego, no

nos hemos expresado sobre nuestros pronunciamientos en Del

Río.24

24

Cabe señalar que nuestros pronunciamientos en Del Río

están sujetos a la evaluación y discusión de este Tribunal

sobre las determinaciones recientes del Tribunal Supremo

federal de reconocer el derecho de poseer y portar armas

como uno fundamental, District of Columbia v. Heller, 554

U.S.

570

(2008),

y,

posteriormente,

extender

la

aplicabilidad de este derecho a los estados,

McDonald v.

Chicago, 561 U.S. 3025 (2010). Adviértase que en Del Río

sostuvimos que en Puerto Rico poseer y portar un arma es un

CC-2012-461

29

Somos del criterio que conforme a la Ley de Armas

vigente y la jurisprudencia federal citada en apoyo

la

mera portación de un arma, transportada de forma oculta y

no ostentosa como establece la Ley, no crea de su faz una

presunción

de

ilegalidad

o

de

contrabando,

como

parecía

crear la legislación anterior al momento en que decidimos

Del Río. Por tanto, no podemos avalar que la interpretación

sobre esta legislación descanse, sin análisis ulterior, en

nuestros pronunciamientos sobre una legislación derogada.

En

particular,

para

determinar

si

en

este

caso

se

establecieron las excepciones para realizar un registro sin

orden

judicial,

excepciones

en

las

que

subyace

la

protección al derecho a la intimidad.

Por ejemplo, en Commonwealth v. Cruz, 459 Mass. 459

(2011), el Tribunal Supremo de Massachusetts, al evaluar la

evidencia incautada mediante una detención y registro de un

vehículo,

sostuvo

que,

con

la

aprobación

de

la

nueva

legislación que despenalizaba el consumo de una onza de

marihuana, y contrario a lo que había reconocido ese foro

previo a la nueva legislación, el olor a marihuana por sí

solo no era suficiente para generar los motivos fundados

para realizar un registro.

Por tanto, a pesar

de que la posesión de más de una

onza continuaba siendo material delictivo, añadió que la

sospecha levantada debía ser sobre material delictivo y no

sobre una infracción civil.

A tales fines, sostuvo que:

privilegio, no un derecho. Del Río, 113 D.P.R. en la pág.

689.

CC-2012-461

30

Articulable facts, then, must demonstrate a

suspicion that the defendant possessed more than one

ounce of marijuana, because possession of one ounce or

less of marijuana is not a crime. There are no facts

in the record to support a reasonable suspicion that

the defendant possessed more than one ounce of

marijuana.

Cruz, 459 Mass. en la pág. 469.

Por tanto, el más alto Foro de Massachusetts invalidó

el registro de la evidencia incautada.

criterios

establecidos

por

el

Coincidimos con los

Tribunal

Supremo

de

Massachusetts al aplicarlos a la controversia de este caso

en que se percibe, sin más, la posesión de un arma de fuego

sin que se puedan articular hechos que conduzcan a alguna

sospecha sobre la utilización del arma de forma ilegal o

sobre la ausencia de licencia para portar el arma.

En este

caso,

por

la

agente

admitió

que

el

registro

surgió

“curiosidad” de haber percibido un arma de fuego.

la

No tenía

sospecha alguna de que se había cometido un delito y no

tenía sospecha sobre si el señor Báez López tenía o no

licencia para portar la misma.

En suma, la decisión de una mayoría de este Tribunal

cede ante el poder policiaco del Estado25 para realizar un

registro

sin

conferido

intimidad.

por

orden

judicial

nuestros

En

el

dejando

en

constituyentes

proceso,

no

sólo

rezago

al

el

derecho

prescinde

valor

a

la

de

la

protección de factura más ancha al derecho a la intimidad

25

Poder que en palabras de Giorgio Agamben “is the site

where the contiguity if not the constitutive exchange

between violence and law characterizes the figure of the

sovereign is visible in all its nakedness”. Giorgio

Agamben, The Sovereign Police, The Politics of Everyday

Fear 61 (1993).

CC-2012-461

que

31

establece

muerta,

nuestra

sino

que

al

Constitución,

adoptar

la

que

hoy

es

doctrina

de

letra

evidencia

incautada mediante el tacto, restringe el ámbito mínimo de

protección

que

establece

la

jurisprudencia

federal,

colocándose al margen de la propia Constitución federal.

Por tanto, con mucho pesar disiento del curso seguido por

una

mayoría

confirmado

de

la

este

Tribunal.

determinación

En

de

los

su

lugar,

foros

hubiese

inferiores

y

suprimiría la evidencia incautada.

El dictamen de hoy me obliga a esta última reflexión.

En los últimos años, Puerto Rico ha sido testigo de un

vertiginoso aumento en la criminalidad especialmente en la

comisión de delitos graves con armas de fuego.

Hace apenas

un (1) año se trató de enmendar la Constitución del Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico

para

limitar

el

derecho

constitucional a la fianza, como mecanismo para reducir la

criminalidad.

No es un secreto, el sentido de inseguridad

profunda que aqueja a la inmensa mayoría de los ciudadanos

de

este

País.

Todo

aquello

que

nos

hace

sentir

tranquilos, más seguros, le damos la bienvenida.

más

Aunque en

ocasiones sin embargo, ciegamente.

“Buscamos

seguridad

es

seguridad.

difícil.

La

Vivir

necesitamos.

exclusivamente

Vivir

para

sin

ella

es

peligroso. . . .[N]o hemos de olvidar que la seguridad ha

de

estar

al

servicio

de

supeditada

a

la

necesidad,

la

seguridad

bien,

la

seguridad.

libertad

.

habría

y

no

la

.

.Entre

el

miedo

de

ser

un

libertad

aliado.

y

la

Ahora

más parece que no pocas veces sobre ese miedo se

CC-2012-461

32

sustenta una desmedida consideración de la seguridad, que

se

ofrece

como

coartada

del

inmovilismo

o

de

la

delimitación o eliminación de los derechos individuales”.

Ángel Gabilondo, Seguramente, en El País, disponible en

http://blogs.elpais.com/el-salto-del-angel/2012/08/

seguramente.html

(última

(énfasis

original).

Franklin:

en

el

“aquellos

visita

que

5

de

Como

sacrifican

diciembre

de

bien

Benjamín

la

dijo

libertad

seguridad no merecen tener ninguna de las dos”. Id.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

2013)

por