Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pueblo v. Báez López
2013 TSPR 143
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pueblo v. Báez López
CC-2012-461
Derecho Constitucional – Registros y Allanamientos: percepción del tacto como excepción al requisito de orden judicial previa a un registro
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
Octavio Báez López
Certiorari
2013 TSPR 143
189 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2012-461
Fecha: 10 de diciembre de 2013
Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de Bayamón
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Luis Román Negrón
Procurador General
Lcda. Lisa M. Durán Ortiz
Procuradora General Auxiliar
Abogado del Recurrido:
Lcdo. Ramón Negrón Colón
Materia: Derecho Constitucional – Registros y Allanamientos: Percepción del
tacto como excepción al requisito de orden judicial previa a un registro.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-2012-461
Certiorari
Octavio Báez López
Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA
MARTÍNEZ
San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre de 2013.
El
recurso
requiere
a
ante
este
nuestra
Tribunal
analizar
descubrimiento
de
evidencia
percepción
tacto
es
doctrina
por
de
afirmativa,
plena
por
vista.
lo
que
consideración
un
si
el
mediante
la
corolario
de
la
Respondemos
en
la
incorporamos
esta
excepción al requisito de una orden previa para
un registro válido.
I
El Ministerio Público presentó una acusación
contra el Sr. Octavio Báez López por el delito de
portar un arma de fuego sin licencia
Art.
5.04 de
la Ley
para
ello.
de Armas, 25 L.P.R.A. sec.
CC-2012-461
2
458c. 1
Luego de los procedimientos de rigor, el señor Báez
López solicitó la supresión del arma de fuego incautada.
Al así hacerlo, argumentó que no existía una emergencia
que justificara la acción de la agente del orden público,
al buscar en el interior de su cartera de cintura, sin una
orden
de
registro
previa.
Indicó
que,
tras
sufrir
el
accidente, no se encontraba inconsciente y que la agente
Rivera
Alvarado
recibió
del
paramédico
su
cartera
de
cintura, la cual palpó y “sintió lo que a su experiencia
era un arma de fuego”. Acto seguido, “abrió la cartera y
extrajo
una
pistola
Smith
&
Wesson”.
Véase,
Moción
supresión de identificación [sic] del acusado,
Petición
de
Certiorari,
resaltó
que
la
agente
págs.
4.
admitió
que
El
señor
“su
de
Apéndice
Báez
búsqueda
López
en
la
cartera no tuvo como propósito atender la emergencia en
proceso –el accidente de Báez López- sino corroborar su
percepción
sensorial
reconoció
que
“rebuscó
en
su
interior
[con]
un
de
fuego,
identificación”.
en
arma
Íd.,
la
cartera
supra,
del
interior
págs.
no
perjudicado”
y
para
dar
en
su
para
dar
con
su
7-8.
El
Ministerio
Público se opuso a la supresión de evidencia.
El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista
para dilucidar si procedía la supresión de la evidencia.
Durante ésta, y en lo pertinente, el testimonio presentado
1
Smith & Wesson negra, calibre .40 mm, modelo XDM-40
cargada con una munición en recámara y 15 municiones.
CC-2012-461
3
por la agente Rivera Alvarado revela que acudió a atender
un
accidente
de
motora
como
parte
de
su
patrullaje
preventivo. Al llegar al lugar, encontró al señor Báez
López un poco aturdido y tirado en el pavimento con la
cabeza, manos y piernas ensangrentadas, por lo que llamó
al precinto para que enviaran a emergencias médicas. Una
vez llegaron los paramédicos, le removieron una cartera
negra que portaba el señor Báez López de forma transversal
en su torso. Ésta fue entregada a la agente, quien al
palparla sintió un arma de fuego y procedió a abrir la
cartera.
Así,
pudo
ver
que
pistola.
Luego,
el
señor
en
Báez
el
interior
López
fue
había
una
trasladado
al
hospital y allí fue entrevistado por la agente. Ésta le
leyó las advertencias legales y le preguntó sobre el arma.
El acusado admitió que no tenía licencia para poseer y
portar armas de fuego. De otra parte, el paramédico que
intervino con el señor Báez López indicó que le removió la
cartera
y
testificó
entregó
que
la
encontró
misma
al
a
la
acusado
agente.
en
el
A
su
pavimento
vez,
con
sangrado en la cara. Señaló que éste le respondía a sus
preguntas, dio sus datos personales y le mencionó que le
dolía la cabeza y las rodillas.
Tras
escuchar
la
prueba,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia emitió una Resolución en la cual declaró con
lugar
la
solicitud
de
supresión
de
evidencia.
El
foro
primario concluyó que la agente justificó el registro de
la cartera a base de una situación de emergencia. Sin
embargo,
lo
que
quería
era
verificar
si
efectivamente
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4
había un arma. Así, el tribunal de instancia destacó que,
si la agente tenía una sospecha de que en el interior de
la cartera había un arma, debió solicitar una orden de
registro.
En
desacuerdo
con
la
determinación
del
foro
de
instancia, el Ministerio Público presentó un recurso de
certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. En síntesis,
arguyó
que
el
foro
primario
pasó
por
desapercibido
el
interés y la facultad investigativa de un agente del orden
público, no sólo para registrar el bulto con el fin de
identificar a una persona herida tras sufrir un accidente
de tránsito sino que, además, para registrarlo una vez
percibe inevitablemente un arma de fuego en el interior de
ese bulto. Ante ello, el Ministerio Público argumentó que
no procedía suprimir la evidencia porque se trató de un
registro razonable debido a que: (1) la expectativa de
intimidad de un motociclista herido es limitadísima; (2)
el
accidente
procurar
la
justificó
el
registro
de
emergencia
identidad
del
herido,
ya
que
éste
para
estaba
aturdido y con contusiones en la cabeza; y (3) una vez el
agente inevitablemente percibe sensorialmente la posible
existencia de un arma de fuego en el interior del bulto,
se justifica la corroboración de tal percepción, pues se
trata de un objeto inherentemente peligroso y altamente
reglamentado por el Estado.
Mediante Resolución emitida el 29 de marzo de 2012, el
Tribunal de Apelaciones denegó el recurso de certiorari
presentado por el Ministerio Público. El foro apelativo
CC-2012-461
intermedio
5
concluyó
que
si
la
agente
Rivera
Alvarado
percibió un arma mediante el tacto, procedía poner bajo
arresto
al
recurrido
y
hacerle
las
advertencias,
para
luego proceder al registro incidental al arresto.
Oportunamente,
el
Ministerio
Público
solicitó
reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones.
Reiteró
sus
a
ser
preparara
el
planteamientos
descubierta
y
añadió
eventualmente
que
el
cuando
arma
se
correspondiente recibo de propiedad.
iba
El foro intermedio
declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración.
Insatisfecho, el Ministerio Público compareció ante
este Tribunal y solicitó la revocación de la Resolución
emitida por el Tribunal de Apelaciones. Para ello, señaló
que erró el tribunal intermedio al validar la supresión
del arma de fuego a pesar de que se trató de un registro
razonable porque: (1) la agente tuvo la creencia razonable
de
la
existencia
de
una
emergencia
que
justificó
el
registro; (2) el descubrimiento del arma de fuego ilegal
hubiese
sido
inevitable
cuando
la
agente
realizara
el
obligado recibo de propiedad de la cartera; y, (3) la
agente percibió mediante tacto (“plain feel”) el arma de
fuego que estaba en el interior del bolso del acusado
herido,
la
cual
le
fue
legítimamente
entregada
junio
de
2012
el
por
el
paramédico.
El
4
de
expedimos
recurso
ante
nuestra consideración. Transcurridos los términos para que
las
partes
presentaran
sus
respectivos
procedemos, a resolver conforme a derecho.
alegatos
CC-2012-461
6
II
A.
La
protección
allanamientos
contra
registros,
irrazonables
es
incautaciones
una
de
y
índole
constitucional. La Sec. 10 del Art. II de la Constitución
de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, dispone lo siguiente:
No se violará el derecho del pueblo a la
protección de sus personas, casas, papeles y
efectos
contra
registros,
incautaciones
y
allanamientos irrazonables.
No se interceptará la comunicación telefónica.
Sólo
se
expedirán
mandamientos
autorizando
registros, allanamientos o arrestos por la
autoridad judicial, y ello únicamente cuando
exista causa probable apoyada en juramento o
afirmación,
describiendo
particularmente
el
lugar a registrarse, y las personas a detenerse
o las cosas a ocuparse.
Evidencia obtenida en violación de esta sección
será inadmisible en los tribunales.
Por su parte, la Cuarta Enmienda de la Constitución
de
los
Estados
establece
Unidos
de
América,
L.P.R.A.,
Tomo
1,
que:
No se violará el derecho del pueblo a la
seguridad de sus personas, hogares, documentos y
pertenencias, contra registros y allanamientos
irrazonables, y no se expedirá mandamiento, sino
en virtud de causa probable, apoyado por
juramento o promesa, y que describa en detalle
el lugar que ha de ser allanado y las personas o
casas que han de ser detenidas o incautadas.
Ambas
derecho
disposiciones
del
allanamientos
pueblo
constitucionales
contra
irrazonables
registros,
que
protegen
el
incautaciones
y
puedan
afectar
sus
personas, casas, papeles y efectos. Véase, E.L. Chiesa,
Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos,
CC-2012-461
7
Colombia, Ed. Forum, 1991, T. 1, Vol. I, pág. 283. La
razón de estos preceptos constitucionales es proteger el
derecho a la intimidad y dignidad del individuo, amparar
sus
documentos
y
pertenencias
frente
a
actuaciones
irrazonables del Estado, e interponer la figura del juez
para
ofrecer
una
mayor
garantía
de
razonabilidad
a
la
intervención con los ciudadanos. Pueblo v. Díaz, Bonano,
176 D.P.R. 601, 611-612 (2009); Blassini et als. v. Depto.
Rec. Naturales, 176 D.P.R. 454, 463-464 (2009); Pueblo v.
Martínez Torres, 120 D.P.R. 496, 500 (1988); E.L.A. v.
Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197, 207 (1984).
A
pesar
de
la
constitucionales,
la
similitud
contenida
en
de
ambas
nuestra
cláusulas
Constitución
limita expresamente al Ministerio Público con relación al
uso
que
le
puede
dar
al
objeto
incautado
mediante
un
registro irrazonable sin una orden previa. Así, nuestra
garantía
constitucional
dispone
palmariamente
que
la
evidencia incautada sin una orden previa será inadmisible
en los tribunales. 3 Diario de Sesiones de la Convención
Constituyente
1566
(1961);
Pueblo
v.
Rivera
Colón,
128
D.P.R. 672, 681-682 (1991).2 Ante ello, y por razón de que
nuestra Constitución reconoce y concede unos derechos más
abarcadores
que
los
garantizados
en
la
Constitución
federal, se articula que la Sec. 10 de nuestra Ley Suprema
2
Nótese
que,
a
nivel
federal,
es
mediante
jurisprudencia que se resuelve que es inadmisible aquella
evidencia obtenida en violación a la Cuarta Enmienda de la
Constitución federal. Véanse, Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643
(1961); E.L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico
y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, T. 1, Vol. I,
págs.290-291.
CC-2012-461
8
es de factura más ancha. Así, reconocemos como protección
mínima la contemplada contra registros e incautaciones a
base de la Cuarta Enmienda federal, sin impedimento alguno
para
ampliar
nuestra
protección
constitucional.
Véanse:
Blassini et als. v. Depto. Rec. Naturales, supra, pág.
463; Pueblo v. Rivera Colón, supra, pág. 680; Pueblo v.
Malavé González, 120 D.P.R. 470, 475-476 (1988); Pueblo v.
Falú
Martínez,
116
D.P.R.
828,
837
(1986);
Pueblo
v.
Lebrón, 108 D.P.R. 324, 327 (1979); Pueblo v. Dolce, 105
D.P.R. 422, 428-429 (1976). Además, refiérase a: Cooper v.
California,
386
U.S.
58,
62
(1967);
United
States
v.
Sibron, 392 U.S. 40, 60-61 (1968).
La norma general requiere que se obtenga una orden
judicial
para
efectuar
un
registro.
Pueblo
v.
Malavé
González, supra, pág. 477. Procesalmente, las Reglas 230 a
la 234 de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap.
II,
establecen
expedición
de
contenido,
los
una
así
diligenciamiento
y,
requisitos
y
fundamentos
orden
de
allanamiento,
como
el
procedimiento
además,
el
mecanismo
su
para
la
forma
y
para
su
procesal
para
solicitar la supresión de evidencia ilegalmente obtenida.
Pueblo v. Cruz Calderón, 156 D.P.R. 61, 69 (2002).
Ante
un
reclamo
de
que
se
violó
el
derecho
constitucional contenido en la Sec. 10 del Art. II de
nuestra
Constitución,
efecto,
hubo
un
es
necesario
registro
que
dilucidar
haya
si,
en
infringido
la
expectativa razonable de intimidad que nuestra sociedad
reconoce sobre el objeto del registrado. Pueblo v. Ortiz
CC-2012-461
9
Rodríguez, 147 D.P.R. 433, 442-443 (1999). Para ello, es
determinante establecer si la persona tiene un derecho a
abrigar una expectativa razonable de intimidad dentro de
las circunstancias particulares que rodean el caso y si
ese derecho está reconocido por nuestra sociedad. Pueblo
v.
Ortiz
Rodríguez,
supra.
Véase,
además,
Smith
v.
Maryland, 442 U.S. 735, 740-741 (1979); Katz v. United
States,
389
U.S.
347
(1967).
En
este
sentido,
la
exposición del objeto al público, en mayor o menor grado,
determinará el interés constitucional que se posee sobre
éste, y repercutirá en el alcance de la protección. O.E.
Resumil
de
San
Filippo,
Derecho
Procesal
Penal,
New
Hampshire, Ed. Equity, 1990, T.1, pág. 205. El resultado
es
que
un
lugar
u
objeto
gozará
de
la
protección
constitucional indicada dependiendo de la naturaleza de la
intrusión gubernamental, su efecto sobre la expectativa de
intimidad
método
del
ciudadano
investigativo
y
la
necesidad
utilizado
para
y
utilidad
implantar
la
del
ley.
Pueblo v. Rivera Colón, supra, pág. 683.
B.
Una
vez
se
determina
que
existe
una
expectativa
razonable de intimidad que puede estar protegida por la
garantía constitucional contenida en la Sec. 10 del Art.
II
de
nuestra
Constitución,
y
que
en
efecto
hubo
un
registro por parte del Estado, se debe realizar un balance
de
intereses
entre
esa
expectativa
y
los
intereses
públicos que hayan motivado la actuación estatal. Pueblo
v. Díaz, Bonano, supra, pág. 613; Pueblo v. Yip Berríos,
CC-2012-461
10
142 D.P.R. 386, 409 (1997); Pueblo v. Dolce, supra, pág.
434-435.
El referido balance no es uno mecánico. Éste requiere
que se considere la pugna entre la protección de nuestros
ciudadanos y el interés de la sociedad de las asolaciones
perpetuadas por el crimen. Como hemos expresado, “nuestra
tarea es conciliar los intereses en pugna y no permitir
que uno pulverice al otro. El sistema democrático de vida
se funda en la libertad con orden, no en el orden sin
libertad o en la libertad que lleve al caos”. Pueblo v.
Dolce, supra, págs. 434-435. Véase, además: E.L. Chiesa,
op cit., págs.406-407.
Empero,
el
hecho
aislado
de
que
el
objeto
en
controversia ha sido incautado sin una orden previa de un
tribunal, por sí solo, no conlleva la inadmisibilidad de
la
evidencia
así
obtenida.
Un
registro
sin
una
orden
judicial activa una presunción iuris tantum de que éste
fue
irrazonable
siempre
puede
particular
referida
e
inválido.
demostrar
justifican
orden,
que
la
En
estos
casos,
los
hechos
intervención
constituyéndose
así
una
y
la
el
Estado
situación
policial
sin
excepción
la
a
la
norma general. Pueblo v. Blase Vázquez, 148 D.P.R. 618,
632-633 (1999); Pueblo v. Santiago Alicea I, 138 D.P.R.
230, 235 (1995); Pueblo v. Malavé González, supra, pág.
476.
Véanse,
también:
Missouri
v.
McNeely,
569
U.S.
____(2013); 133 S.Ct. 1552; Coolidge v. New Hampshire, 403
U.S. 443 (1971).
CC-2012-461
Este
11
Tribunal
excepcionales
en
ha
las
adoptado
que
no
es
y
definido
situaciones
indispensable
la
orden
judicial previa. Al hacerlo, hemos sido enfáticos en que
cada una de éstas no responden a reglas automáticas y
deben examinarse a la luz de los hechos específicos de
cada
caso.
Pueblo
v.
Blase
Vázquez,
supra,
pág.
633;
Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 D.P.R. 356, 363 (1997). En
todas las instancias mencionadas se ha resuelto que no
existe una expectativa razonable de intimidad y por lo
tanto,
no
se
violenta
el
otras,
se
han
(1) un
registro incidental a un arresto legal, Pueblo v.
Pacheco
Báez,
validado
130
D.P.R.
mandato
las
constitucional.
circunstancias
664
(1992);
Pueblo
Entre
siguientes:
v.
Malavé
González, supra; Pueblo v. Zayas Fernández, 120 D.P.R. 158
(1987);
Pueblo
v.
(1971);3
(2)
registro
un
Costoso
Caballero,
consentido
100
D.P.R.
voluntariamente
147
de
forma expresa o implícita, Pueblo en interés del Menor
N.O.R., 136 D.P.R. 949 (1994); Pueblo v. Narváez Cruz, 121
D.P.R. 429 (1988); Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R.
770 (1982); Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 270
(1968); (3) un registro en situación de emergencia, Pueblo
v. Rivera Collazo, 122 D.P.R. 408 (1988); (4) evidencia
3
Recordamos que no es permisible un registro sin orden
de allanamiento aunque sea contemporáneo a un arresto
válido, si el área no está al alcance de la persona
arrestada. El propósito de ello es ocupar armas que puedan
ser empuñadas y utilizadas por el acusado para agredir a
los agentes del orden público o para intentar una fuga y
para ocupar evidencia que de otro modo se pueda destruir.
La doctrina no convalida todo registro incidental a un
arresto legalmente efectuado. Véanse: Pueblo v. Cruz
Torres, 137 D.P.R. 42, 46 (1994); Pueblo v. Costoso
Caballero, 100 D.P.R. 147, 152-153 (1976); Pueblo v.
Dolce, 105 D.P.R. 422, 434-435 (1976).
CC-2012-461
12
ocupada en el transcurso de una persecución, Pueblo v.
Riscard,
95
D.P.R.
405
(1967);
(5)
evidencia
a
plena
vista, Pueblo v. Cruz Torres, 137 D.P.R. 42 (1994); Pueblo
v. Muñoz, Colón y Ocasio, 131 D.P.R. 965 (1992); Pueblo v.
Dolce,
supra;
obtiene
(6)
cuando
conocimiento
de
el
agente
del
la
existencia
orden
público
del
material
delictivo por el olfato, Pueblo v. Acevedo Escobar, supra,
pág. 779; Pueblo v. Díaz, Bonano, supra; (7) evidencia
arrojada o abandonada, Pueblo v. Ortiz Zayas, 122 D.P.R.
567
(1988);
Pueblo
v.
Ortiz
Martínez,
116
D.P.R.
139
(1985); Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324 (1979); (8) un
registro
Pueblo
o
v.
evidencia
allanamiento
Erausquín
obtenida
de
una
Martínez,
durante
96
un
estructura
abandonada,
D.P.R.
(1968);
registro
1
(9)
administrativo,
Pueblo v. Sánchez Molina, 134 D.P.R. 577 (1993); Pueblo v.
Rodríguez Rodríguez, 128 D.P.R. 438 (1991), siempre que se
cumpla con las limitaciones expresadas por este Tribunal
en Blassini et als. v. Depto. Rec. Naturales, supra; (10)
un
registro
tipo
inventario,
Pueblo
v.
Rodríguez
Rodríguez, supra;4 ó (11) evidencia obtenida en un lugar
público
4
–como
el
aeropuerto-,
como
resultado
de
la
Esta excepción tiene lugar cuando se convalida un
registro como parte de un procedimiento rutinario y
estandarizado de hacer un inventario con el propósito de
salvaguardar el contenido de los objetos que por ley la
policía mantiene bajo su control en espera de que se lleve
a cabo un procedimiento de confiscación. La excepción
requiere al Estado demostrar que procede prima facie la
incautación preliminar de la propiedad con el propósito de
confiscarla; que existe un procedimiento o unas guías
establecidas para este tipo de situaciones y que esa
acción se efectúa siguiendo estrictamente el procedimiento
establecido.
CC-2012-461
13
utilización
de
canes
para
olfatear,
Pueblo
v.
Díaz,
Bonano, supra.
III
Ante esta Curia, el Procurador General sostiene que
no
procede
la
supresión
de
evidencia.
Explica
que
el
registro no fue irrazonable e invoca tres excepciones para
la admisibilidad de la prueba. Específicamente, sostiene
que:
(1)
el
emergencia;
registro
(2)
inevitablemente
propiedad;
y
el
fue
durante
arma
de
descubierta
(3)
la
al
agente
una
situación
fuego
hubiese
realizarse
percibió
el
de
sido
un
recibo
arma
de
de
fuego
mediante tacto. Discutamos cada una de estas excepciones.
A. Situación de emergencia
Los registros de emergencia constituyen una excepción
a
la
inadmisibilidad
de
evidencia
obtenida
mediante
un
registro sin una orden previa. Véase, E.L.A. v. Coca Cola
Bott. Co., supra, págs. 207-208. A estos efectos, debemos
recordar
que
registro
irrazonable.
suficiente
lo
para
constitucionalmente
Lo
que
validar
un
prohibido
constituye
registro
una
sin
es
el
emergencia
previa
orden
dependerá del grado de emergencia versus la expectativa
razonable
de
intimidad
que
se
pueda
oponer
frente
al
Estado.
En lo particular, en Pueblo v. Rivera Collazo, supra,
este
Tribunal
emergencia
adoptó
para
la
admitir
excepción
prueba
de
incautada
situaciones
sin
una
de
orden
judicial. De esta manera, avalamos las actuaciones de unos
agentes
del
orden
público
cuando,
al
no
llegar
una
CC-2012-461
14
ambulancia, actuaron con el fin de socorrer a un conductor
de un automóvil que estaba inconsciente, con dificultad al
respirar y quien requería de inmediata asistencia. Durante
el
proceso,
los
agentes
observaron
unas
jeringuillas
y
abrieron una cajetilla de cigarrillos dentro de la cual
había un sobre con cocaína. Este Tribunal, enfatizó que la
intención de los agentes fue la de ayudar al ciudadano
accidentado y no la de obtener evidencia relacionada a un
delito. Ante tales hechos, cualquier registro a la persona
o a sus pertenencias era vital para el tratamiento médico.
Íd., pág. 419. Sin embargo, ello no significa que todo
accidente
de
tránsito
emergencia
médica
constituya,
que
conlleve
por
la
sí
mismo,
aplicación
una
de
la
excepción de situación de emergencia.
Otras situaciones que constituyen una emergencia son
el entrar a un lugar para salvar la vida o propiedad;
investigar
lo
que
pública
y
privada,
imputado
o
de
socorrer
u
ofrecer
la
parece
peligroso
independiente
existencia
para
la
del
tipo
seguridad
de
o
no
de
un
asistencia
a
una
persona
delito
sospechoso;
que
y
se
encuentra en peligro o necesidad. Véase, Chiesa, op cit.,
págs. 450-451.
Ahora bien, la mera alegación de emergencia infundada
y sin explicar, es insuficiente para la admisibilidad de
la
evidencia.
tenía
una
emergencia.
El
Estado
creencia
No
está
obligado
razonable
existen
de
a
demostrar
que
que
existía
una
categóricas
que
circunstancias
constituyan de por sí una situación de emergencia. Para
CC-2012-461
determinar
15
si
un
oficial
del
orden
público
encara
una
situación de emergencia que le permita registrar sin una
orden, los tribunales debemos examinar la totalidad de las
circunstancias. Véase, Missouri v. Mcneely, supra. Es la
función
de
los
tribunales
evaluar
la
prueba
presentada
rigurosamente. Así, hemos expresado que “[l]a Policía debe
tener la creencia razonable de que existe una emergencia
que requiere de su inmediata asistencia para la protección
de vidas o de propiedad; la entrada o registro no puede
estar
motivada
evidencia,
y
por
un
intento
debe
haber
de
alguna
arrestar
o
buscar
relación
entre
la
emergencia y el área o sitio en que se penetra”. Pueblo v.
Rivera Collazo, supra, pág. 417.
B. Descubrimiento inevitable
La doctrina de descubrimiento inevitable se emplea
con el fin de evitar la supresión de aquella evidencia
obtenida sin una orden de arresto que está estrechamente
vinculada con una intervención ilegal.5 Mediante ésta, se
permite la admisibilidad de la prueba si ésta hubiese sido
inevitablemente detectada, es decir, de todas formas iba a
ser legalmente obtenida. La justificación para permitir la
admisibilidad de la prueba consiste en evitar colocar al
Estado en una peor posición de la que estaba antes de la
actuación ilegal.6
5
En este sentido, se dice que el objeto del “fruto del
árbol ponzoñoso” es admisible cuando cumple con cualquiera
de las siguientes doctrinas: (1) vínculo atenuado; (2)
fuente independiente y (3) descubrimiento inevitable.
6
Véase,
discusión
del
descubrimiento
inevitable
mediante investigación discutido en la Opinión disidente
del Hon. Federico Hernández Denton en Pueblo v. González,
CC-2012-461
Para
inevitable,
16
que
aplique
la
doctrina
el
Estado
debe
del
demostrar
descubrimiento
que
existía
una
investigación en curso que hubiera permitido obtener la
misma evidencia objeto de la supresión. En aquellos casos
en que el Estado invoque la doctrina de descubrimiento
inevitable, al amparo de que realizaba una investigación
deber
demostrar
que:
(1)
estaba
realizando
una
investigación legal que seguramente hubiera producido la
misma evidencia; (2) la investigación era realizada por
agentes distintos a los que actuaron ilegalmente y; (3) la
investigación era anterior a la actuación ilegal.
C.H.
Whitebread
y
C.
Slobogin,
Criminal
Véase,
Procedure:
An
Analysis of Cases and Concpets, Nueva York, Ed. Foundation
Press, 2000, pág. 46.
De igual modo, aplica la doctrina de descubrimiento
inevitable si a través de un procedimiento rutinario o
estandarizado se hubiera permitido el descubrimiento de la
evidencia
objetada.7
En
otras
palabras,
si
el
Estado
demuestra que existen normas o procedimientos habituales
mediante los cuales lo ilegalmente obtenido hubiera sido
encontrado
de
forma
legal,
entonces,
167 D.P.R. 350, 358-359 (2006)
Williams, 467 U.S. 431 (1984).
7
no
procede
(Sentencia);
Nix
la
v.
Este tipo de procedimiento estandarizado puede ser
los registros de inventario, registros en aeropuertos o
registros en la frontera. En cuanto al registro tipo
inventario como un procedimiento rutinario refiérase a
Pueblo v. Rodríguez Rodríguez, 128 D.P.R. 438 (1991).
Dicho procedimiento no es de aplicación en el caso de
autos, pues no estamos ante un proceso de confiscación o
incautación en relación a una persona que ha sido
arrestada o ingresada a una institución penal.
CC-2012-461
17
supresión.
Ello,
procedimiento
pues,
por
lo
general
este
estandarizado
es
razonable,
ya
tipo
de
que
el
registro es limitado en su extensión y responde a una
función necesaria para la protección de: (1) el interés
propietario del dueño; (2) los policías o custodios del
reclamo de pérdida o daño a la propiedad custodiada y (3)
agentes de la posibilidad de algún daño.
Véanse: Florida
v. Wells, 495 U.S. 1 (1990); Colorado v. Bertine, 479 U.S.
367 (1987); Illinois v. Lafayette, 462 U.S. 640 (1983);
South Dakota v. Opperman, 428 U.S. 364, 376 (1976); United
States v. Infante-Ruiz, 13 F.3d 498, 503-504 (1er. Cir.
1994)8; People v. Bayles, 82 Ill. 2d 128 (1980); 411 N.Ed
1346,
cert.
denied
Illinois
v.
Bayles,
453
U.S.
923
(1981); Chiesa, op. cit., págs. 321-325. Véase, también,
W.R. LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth
Amendment, 5ta. Ed., West Pub. Co., 2012, Vol. 3, sec.
5.5(b); W.R. LaFave y otros, Criminal Procedure, 3ra. Ed.,
West Pub. Co., West Pub. Co., 2007, Vol. 3 sec. 9.3(e).
Claro
está,
le
corresponde
al
Ministerio
Público
presentar evidencia que sostenga que el descubrimiento del
objeto hubiere sido inevitable. Para ello, podrá presentar
la política escrita, el testimonio del agente o establecer
el tipo de rutina a seguir. United States v. Infante-Ruiz,
supra, pág. 503.
8
En este caso se suprimió un arma de fuego que se
encontraba en un bulto dentro del baúl del vehículo
arrendado en el que fue detenido el acusado mientras
transitaba
por la Parguera, Lajas, Puerto Rico. Entre
otras, descartó el descubrimiento inevitable debido a la
ausencia de evidencia en cuanto al procedimiento rutinario
llevado por la policía en estos casos.
CC-2012-461
18
C. Percepción mediante los sentidos
La percepción mediante los sentidos constituye otra de
las excepciones a la regla general de inadmisibilidad de
prueba obtenida sin una orden de arresto. La norma general
es
que
no
existe
protección
constitucional
contra
la
inspección de objetos que están a la plena percepción de
los
agentes.
Para
que
proceda
la
admisibilidad
de
la
evidencia es necesario que exista una justificación para
que
los
agentes
percibieron
el
estén
objeto
y
en
el
lugar
desde
la
incautación
el
surja
cual
por
la
percepción misma y no del registro realizado. Chiesa, op.
cit.,
pág.
434.
Precisamente,
se
ha
permitido
la
admisibilidad de objetos que se encuentren a plena vista o
aquellos
que
se
perciban
mediante
el
olfato.
Para
una
mejor comprensión de la excepción, exponemos brevemente su
trasfondo.
Uno de los casos normativos sobre la excepción de
percepción
mediante
los
Hampshire,
supra.
éste,
En
sentidos
el
es
Coolidge
Tribunal
Supremo
v.
New
de
los
Estados Unidos suprimió cierta evidencia obtenida en un
caso de asesinato en primer grado, por lo que revocó la
convicción del acusado. Al así hacerlo, la Corte Suprema
de los Estados Unidos discutió y delimitó los contornos de
la doctrina de descubrimiento a plena vista. No obstante,
el Máximo Foro Federal concluyó que la excepción de plena
vista no aplicaba a los hechos ante su consideración.
Concretamente, y en lo pertinente, en Coolidge v. New
Hampshire, supra, la Corte explicó que el razonamiento de
CC-2012-461
19
la doctrina de la excepción de plena vista no conflige con
el objetivo de las garantías constitucionales de la Cuarta
Enmienda por dos razones sustanciales. De primer plano, la
excepción de la doctrina de plena vista no ocurre hasta
que hay un registro en proceso y, en segundo lugar, el
descubrimiento fue inadvertido. Además, se estableció que
para que la doctrina aplique es necesario que: (1) el
agente del orden público esté legalmente en el lugar desde
el
cual
percibió
el
objeto
incautado;
(2)
el
descubrimiento tiene que ser de forma inadvertida; y (3)
la apariencia delictiva del objeto incautado debe surgir
inmediatamente. Por tanto, el hecho aislado de que una
cosa esté a simple vista no resulta suficiente para que
aplique la excepción. Íd., págs. 466-473. Véase, LaFave,
Search and Seizure, Vol. 1, sec. 2.2(a).
La doctrina de la percepción a plena vista evolucionó.
En la jurisdicción federal el que el objeto haya sido
descubierto inadvertidamente ya no constituye un factor
necesario.
Ahora,
basta
que
exista
una
justificación
independiente para que el agente del orden público esté
legalmente en el lugar desde el cual percibió el objeto y
el carácter incriminatorio de éste sea aparente, o exista
causa
probable
para
creer
que
el
mismo
constituye
evidencia de crimen, contrabando o de conducta delictiva.
Véanse, Chiesa, op. cit., pág. 439; Horton v. California,
CC-2012-461
20
496 U.S. 128 (1990); Texas v. Brown, 460 U.S. 730, 742
(1983).9
Igualmente, en la jurisdicción federal la doctrina de
la
percepción
adicionales
prosperó
al
de
la
para
vista.
incluir
otros
sentidos
estos
efectos,
se
A
ha
reconocido la inclusión de evidencia que se puede escuchar
(plain
hearing),
olfatear
(plain
smell)
o
percibir
por
tacto (plain feel or touch) por agentes del orden público.
LaFave, Search and Seizure, op cit., Vol. 1, sec. 2.2(a).
El
Prof.
Chiesa
abunda
sobre
este
particular
al
establecer que “no hay protección constitucional contra la
inspección de objetos que están a la plena percepción de
los agentes, siempre que la presencia de los agentes en el
lugar esté independientemente justificada. Para ocupar o
incautarse
del
objeto,
la
incautabilidad
debe
también
surgir de la percepción del objeto y no de su registro.
Además, hay que justificar independientemente el acceso al
lugar de la incautación”. (Énfasis suplido.) Chiesa, op.
cit., pág. 434. El distinguido tratadista sostiene que de
ordinario se alude a la vista, pero que la doctrina se
extiende
a
todos
los
sentidos.
(Énfasis
suplido.)
Íd.,
pág. 441 nota al calce 428.
Consciente de este desarrollo judicial, este Tribunal
incorporó en nuestro ordenamiento jurídico el impedimento
para suprimir evidencia incautada sin orden previa cuando
9
En el caso de Horton v. California, 496 U.S. 128
(1990), la Corte Suprema federal estableció que el
carácter inadvertido del descubrimiento o percepción del
objeto no es esencial. Véase, Pueblo v. Cruz Torres,
supra, pág. 53, Opinión concurrente de la Hon. Juez
Asociada señora Naveira de Rodón.
CC-2012-461
21
ésta se encuentra a plena percepción del agente del orden
público. Desde Pueblo v. Dolce, supra, establecimos los
criterios a considerar cuando determinado objeto incautado
sin una orden judicial se encontraba a plena vista, previo
al registro. A saber: (1) el artículo debe ser descubierto
por estar a plena vista y no en el curso o por razón de un
registro;
(2)
el
agente
debe
haber
tenido
un
derecho
previo a estar en la posición desde la cual se percató de
la
evidencia
descubierta
a
ser
incautada;
inadvertidamente;
(3)
la
misma
y
(4)
la
debió
ser
naturaleza
delictiva del objeto debe surgir de la simple observación.
Íd., pág. 436.
Posteriormente, en Pueblo v. Acevedo Escobar, supra,
mantuvimos la admisibilidad de cierta evidencia ocupada
sin
una
orden
de
registro
al
advertir
que
el
agente
“percibió el olor de la marihuana” por lo que reconocimos
que
“a
través
del
sentido
del
olfato
pudo
apreciar
y
derivar el conocimiento de su existencia”. Íd., pág. 779.
Con este proceder, este Tribunal expresamente reconoció
que la percepción mediante el olfato guarda analogía y
equivalencia funcional a las situaciones en que se aplica
la
doctrina
diferencia
en
de
el
prueba
a
modo
en
plena
vista,
con
la
que
objeto
es
detectado.
el
única
Indicamos que uno es producto de la visión y otro del
sentido del olfato, por lo que no existe fundamento para
descartar el valor lógico y jurídico de esa percepción.
Íd.
CC-2012-461
Al
22
día
de
hoy,
este
Tribunal
no
ha
tenido
la
oportunidad de expresarse en cuanto a la analogía de la
doctrina
de
plena
vista
a
lo
que
los
agentes
mediante tacto. Por tal razón, enmarcamos el
lo
discutido
y
resuelto
por
la
Corte
palpan
análisis en
Suprema
de
los
Estados Unidos.
En la jurisdicción federal existía la discusión en
torno a si la percepción mediante tacto era análoga a la
doctrina de plena vista o el descubrimiento mediante el
sentido del olfato. En esencia, el debate se centraba en
si el sentido del tacto podía ser tratado de igual forma
que el de la vista y, de ello ser así, qué circunstancias
permitían
a
un
agente
del
orden
público
estar
en
una
posición en la que palpar un objeto no viola las garantías
constitucionales. Véase, LaFave, Criminal Procedure, Vol.
2, sec. 3.2 (b), págs. 76-79.
En
un
principio,
se
planteaba
que
la
doctrina
de
percepción mediante el tacto no era algo diferente de la
de plena vista, sino un corolario inevitable de ésta. Más
aún, se advertía que Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968), fue
un presagio en cuanto a la doctrina de percepción mediante
el tacto porque se validó la percepción de un arma de
fuego por medio de ese sentido. Para que prosperara el
descubrimiento mediante el tacto, se proponía requerir que
el
agente:
(1)
se
encontrase
legalmente
justificado
a
estar en el área desde el cual pudo palpar y percibir el
objeto;
(2)
tuviera
un
motivo
colocar
sus
manos
en
la
independiente
propiedad
o
para
persona;
poder
y
(3)
CC-2012-461
23
adquiriera
simultáneamente
con
su
sentido
táctil
la
creencia de que el objeto percibido constituye evidencia
de
crimen,
contrabando
o
que
Véase,
E.
Holtz,
incautación.
L.
puede
ser
The
sujeto
“Plain
a
Touch”
Corollary: a Natural and Foreseeable Consequence of the
Plain View Doctrine, 95 Dick. L. Rev. 521 (1991).
No es hasta que la Corte Suprema federal resolvió
Minnesota v. Dickerson, 508 U.S. 366 (1993) que se disipó
cualquier duda sobre si la percepción mediante el tacto
constituye
una
descubrimiento
resolvió
secuela
a
esta
plena
permisible
vista.
interrogante
La
de
Corte
sin
la
doctrina
Suprema
ambigüedad,
de
federal
en
la
afirmativa. Íd, págs. 375-378.
Los hechos en Minnesota v. Dickerson, supra, surgen
cuando dos agentes del orden público intervienen con un
sujeto
para
investigarlo.10
Durante
este
proceso,
los
agentes realizaron un cateo sobre el sujeto, en el cual no
encontraron armas, pero uno de los oficiales sintió un
bulto
en
el
abrigo
de
nilón
del
individuo.
El
agente
escudriñó con sus dedos y pensó que era crack en una bolsa
de celofán. Inmediatamente, el agente sacó el objeto del
10
La intervención original realizada por el agente del
orden público está validada en lo federal en el caso de
Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968). Ello, no afecta la
aplicación de la doctrina de descubrimiento mediante tacto
en otras instancias. En Puerto Rico no se ha extendido
expresamente la norma de Terry v. Ohio, supra, como
tampoco ha sido rechazada categóricamente. Pueblo en
interés del Menor N.O.R., 136 D.P.R. 949, 963 (1994). De
igual forma, en Puerto Rico hemos reconocido que un agente
del orden público puede detectar armas mediante el tacto
al permitirse el cateo de los individuos durante un
arresto válido. Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R.
147 (1971); Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622, 631
(1964).
CC-2012-461
bolsillo
24
de
la
persona
y,
en
efecto,
confirmó
sus
sospechas. Como consecuencia, se acusó al individuo por
violaciones
a
la
ley
de
sustancias
controladas.
El
imputado solicitó la supresión de la evidencia. La corte
inferior
determinó
la
validez
de
la
incautación
al
realizar una analogía con la doctrina de descubrimiento a
plena vista. Luego, encontró culpable al imputado. Durante
la apelación, la Corte de Apelación de Minnesota revocó el
dictamen del foro primario al declinar aplicar la doctrina
de descubrimiento mediante el tacto.
La Corte de Apelación de Minnesota rehusó extender la
doctrina
de
plena
vista
al
sentido
del
tacto
bajo
el
razonamiento de que es menos confiable que el de la vista
y
mucho
más
intrusivo
a
la
privacidad
del
individuo.
Asimismo, expresó que la acción realizada por el agente
fue
mayor
a
lo
permisible.
Por
su
parte,
el
Tribunal
Supremo federal, luego de declinar el rechazo a adoptar la
doctrina de descubrimiento mediante tacto, confirmó a la
Corte de Apelación de Minnesota por entender que no se
cumplieron
con
los
requisitos
para
aplicar
la
referida
doctrina. Ese análisis es el que resulta importante al
caso de autos. Abundamos.
En cuanto al descubrimiento mediante la percepción o
el tacto, la Corte Suprema federal expresamente determinó
que esta doctrina tiene una aplicación obvia por analogía
a
casos
en
los
que
un
oficial
descubre
contrabando
a
través del sentido del tacto durante un registro legal.
Para descartar las justificaciones de la corte apelativa,
CC-2012-461
25
el Tribunal Supremo federal citó en su análisis a Terry v.
Ohio,
supra,
mediante
el
y
resaltó
sentido
que
del
en
éste
se
reconoció
tacto
se
puede
revelar
que
la
naturaleza de un objeto con suficiente confiabilidad para
detectar la presencia de armas de fuego y permitir su
incautación. Además, indicó que, incluso, de ser cierto
que el sentido del tacto es generalmente menos confiable
que el de la vista, ello solamente implicaría que los
oficiales
se
amparen
en
esta
justificación
con
menor
frecuencia. A su vez, descartó el temor a incautaciones
especulativas
debido
a
que
en
este
tipo
de
casos
la
existencia de causa probable siempre será un prerrequisito
para
el
registro.
Más
aún,
la
Corte
Suprema
federal
concluyó que no puede existir una invasión adicional a la
privacidad del individuo cuando lo que se registra es un
objeto
cuya
identidad
es
ya
conocida.
Minnesota
v.
Dickerson, supra, págs. 376-377.11
11
La cita directa en Minnesota v. Dickerson, supra,
págs. 376-377, lee como sigue:
First, Terry itself demonstrates that the sense
of touch is capable of revealing the nature of
an object with sufficient reliability to support
a seizure. The very premise of Terry, after all,
is that officers will be able to detect the
presence of weapons trough the sense of touch
and Terry upheld precisely such a seizure. Even
if it were true that the sense of touch is
generally less reliable than the sense of sight,
that only suggests that officers will less often
be
able
to
justify
seizures
of
unseen
contraband. Regardless of whether the officer
detects the contraband by sight or by touch,
however, the Fourth Amendment‟s requirement that
the officer have probable cause to believe that
the item is contraband before seizing it ensures
against excessively speculative seizures. The
court‟s second concern -that touch is more
CC-2012-461
Acto
26
seguido,
la
Corte
Suprema
federal
avaló
la
decisión de la corte apelativa de Minnesota. Concluyó que
en las circunstancias del caso ante su consideración, el
agente estaba legalmente permitido a encontrarse en una
posición desde la cual podía percibir el objeto. Empero,
la
naturaleza
incriminatoria
del
objeto
no
fue
inmediatamente aparente. Al agente apretar, manipular y
deslizarse sobre el objeto, rebasó los límites legales que
justificaban
su
intervención
original,
por
lo
que
su
registro fue uno ilegal. A pesar de ello, reiteró que “una
vez más, la analogía con la doctrina de plena vista es
acertada”.12 (Traducción nuestra.) Minnesota v. Dickerson,
supra, pág. 378.
Al analizar el precedente en Minnesota v. Dickerson,
supra, el tratadista de Derecho Criminal, Wayne R. LaFave,
expone que la lógica de la decisión consiste en afirmar
que la doctrina de percepción mediante el tacto justifica
un registro sin orden. Ello, pues, el acto de palpar hace
tan certero e inmediatamente aparente lo que es el objeto
que resulta innecesaria una orden judicial que garantice
la protección constitucional bajo examen. LaFave, Search &
Seizure, op. cit., Vol. 1, sec. 2.2 (a), págs. 605, 608-
intrusive into privacy than is sightis
inapposite in light of the fact that the
intrusion the court fears has already been
authorized by the lawful search for weapons. The
seizure of an item whose identity is already
known occasions no further invasion of privacy.
(Énfasis suplido.)
12
El texto original en inglés lee de la siguiente
forma: Once again, the analogy to the plain-view doctrine
is apt.
CC-2012-461
27
614; La Fave, Criminal Procedure, op. cit., Vol. 2, sec.
3.2
(b),
Minnesota
pág
v.
78.
Véase,
Dickerson:
además,
Sense
of
J.D.
Touch
Harvey,
and
the
Jr.,
Fourth
Amendment, 21 Okla. City U.L. Rev. 151, 170 (1996).
Del
marco
doctrinal
antes
reseñado,
surge
con
meridiana claridad que hoy día está resuelto, en la esfera
federal,
que
la
percepción
mediante
el
tacto
es
un
derivado del descubrimiento a plena vista. Ésta última ha
sido acogida por este Tribunal como una de las excepciones
al requisito de una orden judicial previa a un registro.
Ello,
pues,
no
hay
protección
constitucional
contra
la
inspección que está a plena percepción de los agentes.
Como
consecuencia,
y
por
analogía,
no
vacilamos
en
extender la excepción a la percepción por medio del olfato
en
vista
de
que
la
doctrina
se
extiende
a
todos
los
sentidos. Chiesa, op. cit., págs. 434, 441 nota al calce
428. Por tanto, no vemos razón alguna para impedir que la
percepción mediante el tacto constituya una excepción al
registro judicial sin orden previa. Sin lugar a dudas, la
percepción mediante el tacto es un equivalente razonable
de la doctrina de plena vista.
Para que la percepción mediante el tacto justifique la
incautación
del
objeto
sin
una
orden
previa,
será
necesario que: (1) el objeto sea descubierto por haber
sido palpado y no por razón de su registro; (2) exista una
justificación legal para que el agente esté en el lugar
desde donde pudo entrar en contacto con la evidencia; (3)
el oficial del orden público advino en contacto con la
CC-2012-461
28
evidencia
de
forma
inadvertida;
delictiva del objeto surge
través
del
sentido
del
y
(4)
la
naturaleza
inmediata y razonablemente a
tacto
sin
que
el
agente
pueda
manipular o escudriñar de forma alguna éste. Véase, K. W.
Inverson: “Plain Feel”: a Common Sense Proposal Following
State v. Dickerson, 16 Hamline L. Rev. 247, 277-278 (19921993).
Bajo
este
crisol,
la
doctrina
no
provee
autoridad
para tocar indiscriminadamente. Sin embargo, permite que
un
agente
percibir
del
orden
mediante
el
público
tacto,
interprete
siempre
y
lo
cuando
que
pudo
haya
una
justificación para ello. Al igual que el descubrimiento a
plena vista, la doctrina de percepción mediante el tacto
puede servir de base para que agentes del orden público se
excedan en sus intervenciones en violación a la garantía
constitucional. Es aquí donde es importante la prudencia
en
las
decisiones,
a
base
de
las
circunstancias
particulares de cada caso. Le corresponde a los tribunales
la tarea de discernir si existían razones suficientes para
que el agente del orden público inmediatamente percibiera
mediante su sentido del tacto suficiente información para
concluir que, en efecto, el objeto era lo que creía que
es. Una vez la identidad y naturaleza del objeto adviene
inminentemente
aparente
mediante
el
tacto,
no
hay
una
intromisión con los derechos del individuo. Ello, pues, no
hay necesidad de una orden previa para descubrir lo que su
sentido
del
tacto
ya
reveló.
Minnesota
v.
Dickerson,
supra, págs. 376-377; United States v. Portillo, 633 F.2d
CC-2012-461
29
1313, 1320 (9vno. Cir. 1980) cert. denegado, 450 U.S. 1043
(1981). B. Andrew Harvey, Minnesota v. Dickerson and the
Plain
Touch
Doctrine:
a
Proposal
to
Preserve
Fourth
Amendment Liberties during Investigatory Stops, 58 Alb. L.
Rev. 871, 904-905 (1994-1995).
El
juzgador
debe
sopesar
el
hecho
de
que
existen
objetos que son fácilmente reconocibles, pues tienen una
consistencia y forma distintiva. Más aún, el entrenamiento
y experiencia previa de los agentes del orden público les
permite reconocer e identificarlos a través de su sentido
del tacto de la misma forma que identifican un objeto
mediante el sentido de la vista. United States v. Pace,
709 F. Supp. 948, 955 (C.D. Cal. 1989), confirmado en 893
F.2d 1103 (9vno Cir. 1990). (“objects have a distinctive
and consistent feel and shape that an officer has been
trained
to
detecting,
detect
then
and
has
touching
previous
these
objects
experience
in
provides
the
officer with the same recognition his sight would have
produced”).
Con
el
marco
doctrinal
analizar
si
procedía
la
antes
expuesto,
supresión
de
la
pasemos
a
evidencia
incautada.
IV
En el caso de autos se solicitó la supresión de un
arma
de
fuego
incautada
sin
una
orden
judicial
previa
durante la intervención de una agente de la policía al
atender
un
accidente
de
motora.
El
arma
de
fuego
se
encontraba en una cartera que poseía el señor Báez López y
CC-2012-461
que
30
fue
entregada
a
ofreció
asistencia
durante
referida
cartera,
la
agente
palpó
el
procedió
a
el
bolso.
Éstos
hechos
abrir
la
agente
el
por
el
paramédico
que
Al
recibir
la
de
fuego
y
están
en
accidente.
arma
no
controversia.
Conforme a lo discutido, la garantía constitucional
protege
a
todo
expectativa
objeto
razonable
en
de
el
cual
se
intimidad.
albergue
una
Ciertamente,
los
efectos personales, como lo es la cartera del señor Báez
López,
están
protegidos
contra
registros
por
la
irrazonables.
garantía
Como
constitucional
condición
para
su
incautación, la norma general requiere que haya una orden
judicial
previa
a
menos
que
el
Estado
justifique
que
procede aplicar una excepción. Por tanto, y aunque existe
una expectativa de intimidad sobre los efectos personales,
ésta no es absoluta. Pueblo v. Bonilla, 149 D.P.R. 318,
329 (1999); United States v. Chadwick, 433 U.S. 1 (1977).
En este último se estableció que, como regla general, se
requiere
una
personales.
orden
Sin
judicial
embargo,
ello
para
no
registrar
significa
efectos
que
todo
registro de un efecto personal sin orden previa es per se
inválido.
Así,
se
ha
establecido
la
legalidad
de
un
registro cuando los efectos personales están a plena vista
y se cree que son de valor evidenciario. Véanse, LaFave,
Search and Seizure, op. cit., Vol. 3, 5.5 (c), págs. 316 y
320;
People v. Wright, 804 P.2d, 866 (Colo. 1991), 11
A.L.R. 5th 947.
CC-2012-461
El
31
Ministerio
Público
invoca
tres
excepciones
al
requisito de una orden judicial previa al registro de la
cartera del señor Báez López. Veamos si alguna de éstas
aplica.
En primer y segundo lugar, el Ministerio Público nos
señala que la agente tuvo la creencia de que estaba ante
una situación de emergencia y que el arma de fuego de
todos
modos
hubiera
sido
descubierta
al
realizarse
un
recibo de propiedad. Ninguna de estas excepciones aplica
al caso de autos.
Un examen ponderado de la prueba presentada demuestra
que
no
se
dan
los
criterios
para
que
se
aplique
la
doctrina de situación de emergencia como una excepción al
requisito de una orden judicial previa. Aunque ciertamente
el señor Báez López fue atendido durante un accidente de
motora, éste no estaba inconsciente ni aturdido al grado
que no pudiera colaborar para su pronta atención médica.
Por el contrario, conforme al testimonio del paramédico
que lo atendió, el señor Báez López contestó sus preguntas
y suministró sus datos personales e, incluso, le expresó
dónde sentía dolor. Ante ello, y al igual que el foro
primario,
entendemos
que
la
agente
Rivera
Alvarado
no
podía albergar la creencia razonable de que estaba ante
una
emergencia.
Más
aún,
sus
actuaciones
al
abrir
la
cartera así lo demuestran, ya que una vez encontró el arma
de fuego desistió de indagar sobre los datos personales
del señor Báez López. Los hechos relatados demuestran que
no existen las circunstancias que permitieran justificar
CC-2012-461
32
la excepción de una situación de emergencia para validar
el registro.
De
otra
parte,
durante
el
proceso
apelativo,
el
Ministerio Público invocó la excepción de descubrimiento
inevitable. Ante ello, arguye que la evidencia iba a ser
descubierta
inevitablemente
al
realizarse
un
recibo
de
propiedad. Sin embargo, al sostener que aplica la referida
excepción, el Ministerio Público no cumplió con su deber
de
demostrar
cuál
es
el
procedimiento
de
recibo
de
propiedad aplicable a las circunstancias de autos. Simple
y llanamente, el Ministerio Público se limita a alegar que
existe un procedimiento de recibo de propiedad. No existe
un ápice de prueba sobre cómo se implementa el mismo, si
aplica para situaciones como las que están ante nuestra
consideración,
o
si
éste
es
uno
rutinario
o
estandarizado. Por tanto, el Ministerio Público no cumplió
con su obligación de demostrar que procedía aplicar la
referida excepción.
Por
último,
el
Ministerio
Público
sostiene
que
no
procede la supresión del arma de fuego, ya que ésta fue
obtenida luego de que la agente la percibiera mediante el
tacto en el interior de la cartera del acusado, la cual le
fue
entregada
legítimamente
por
el
paramédico.
Así,
sostiene que la incautabilidad surgió de la percepción del
objeto y no de su registro, por lo que aplica por analogía
la doctrina de percepción mediante el tacto.
Conforme a lo discutido, en nuestra jurisdicción se
permite ocupar un objeto sin orden judicial previa si el
CC-2012-461
33
agente estaba legítimamente en una posición en la que pudo
percibir la evidencia por alguno de sus sentidos, lo cual
incluye
la
indicamos
percepción
mediante
anteriormente,
para
el
que
tacto.
proceda
Según
lo
aplicar
la
excepción señalada debe existir un motivo válido para que
la agente estuviera en el lugar desde el cual pudo palpar
el objeto e inferir la naturaleza delictiva de éste sin
necesidad de manipular o escudriñarlo de forma alguna.
Estimamos
que
en
las
circunstancias
ante
nuestra
consideración, aplica la doctrina de percepción mediante
el tacto. Los hechos demuestran que la agente del orden
público
arribó
al
lugar
para
atender
un
accidente
de
motora que tuvo el señor Báez López. Como parte de sus
funciones, la agente tramitó asistencia para ofrecer los
primeros
auxilios.
Al
llegar
el
paramédico,
éste
le
entregó la cartera del señor Báez López para proceder a
atenderlo. Una vez la agente recibió la cartera y sintió
lo que a su juicio y experiencia era un arma de fuego,
procedió a abrir la misma para dar en su interior con el
referido
objeto.
identificación
Véase,
[sic]
del
además,
Moción
acusado,
de
supresión
de
Apéndice
Petición
de
Certiorari, págs. 4, 7-8.
Lo expuesto, demuestra que la agente del orden público
se encontraba legítimamente en el lugar desde donde pudo
percibir el objeto. A su vez, ésta advino en contacto con
la referida arma de fuego de forma inadvertida cuando el
paramédico le entregó la cartera. En ese momento, y no
mediante un registro, la agente percibió el arma de fuego.
CC-2012-461
34
La naturaleza del objeto surgió por la percepción mediante
tacto que tuvo la agente al tocar la cartera. Al abrir la
cartera del señor Báez López no hubo una invasión a su
privacidad ya que, en efecto, al palpar la cartera la
agente advino en conocimiento de la existencia del arma de
fuego.
En
este
constitucional
contexto,
contra
un
no
procede
registro
sin
la
protección
orden
judicial
previa. No podemos olvidar que un arma de fuego es un
objeto con características particulares a las cuales los
agentes del orden público están diariamente expuestos, por
lo que indudablemente, como regla general, éstos pueden
reconocerlos por la mera percepción del sentido del tacto.
En el caso de autos se produjeron las circunstancias
que justifican la aplicación de la doctrina de percepción
mediante el tacto, por lo que no procedía la supresión de
la evidencia incautada.
V
Por las razones expuestas, se revoca al Tribunal de
Apelaciones, y se devuelve el caso al Tribunal de Primera
Instancia para la continuación de los procedimientos de
acuerdo con lo aquí resuelto.
LUIS F. ESTRELLA MARTÍNEZ
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-2012-461
Certiorari
Octavio Báez López
Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre de 2013.
Por las razones expuestas, se revoca al
Tribunal de Apelaciones, y se devuelve el caso al
Tribunal
de
Primera
Instancia
para
la
continuación de los procedimientos de acuerdo con
lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La
Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió
una Opinión Disidente a la cual se une el Juez
Presidente señor Hernández Denton y la Jueza
Asociada señora Fiol Matta.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
CC-2012-461
v.
Octavio Báez López
Recurrido
Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez a la que se unen el Juez Presidente
señor Hernández Denton y la Juez Asociada señora Fiol Matta
San Juan, Puerto Rico, a
10 de diciembre de 2013
And,
in
order
to
be
exercised, this power had to
be given the instrument of
permanent,
exhaustive,
omnipresent
surveillance,
capable
of
making
all
visible, as long as it could
itself remain invisible.13
Disiento
enérgicamente
de
la
determinación
que
hoy
anuncia este Tribunal por entender que lejos de impartirle
un contenido más abarcador a los derechos que establece
nuestra
Constitución,
innecesariamente
evidencia
a
obtenida
la
mayoría
nuestra
opta
jurisdicción
mediante
registro sin orden judicial.
el
tacto
por
incorporar
la
doctrina
de
para
validar
un
Peor aún, al aplicar los
criterios de esta doctrina, la mayoría limita los derechos
de los ciudadanos más allá del ámbito mínimo de protección
establecido
13
por
la
jurisprudencia
federal
en
aras
de
Michel Foucault, Panopticism, Discipline & Punish: The
Birth of the Prison 214 (Alan Sheridan trans., Pantheon
1977) (1975).
CC-2012-461
2
validar el registro.
Al así proceder, olvidan que “there
is nothing new in the realization that the Constitution
sometimes insulates the criminality of a few in order to
protect the privacy of us all”. Arizona v. Hicks, 480 U.S.
321, 329 (1987).
I
El 5 de octubre de 2011 el Ministerio Público presentó
una
denuncia
contra
el
señor
Octavio
Báez
López
por
violación al Art. 5.04 de la Ley de Armas, Ley Núm. 404 de
11
de
septiembre
de
2000,
25
L.P.R.A.
sec.
458c.
Específicamente, se le imputó que para la fecha del 30 de
mayo de 2011, el señor Báez López portaba ilegalmente una
pistola Smith & Wesson negra, calibre .40mm, modelo XDM-40,
cargada
con
una
munición
en
recámara
y
quince
(15)
municiones.
Luego de la lectura de acusación, el señor Báez López
presentó
una
incautada.
de
la
moción
de
supresión
del
arma
de
fuego
En síntesis, alegó que conforme al testimonio
agente
Michaida
Rivera
Alvarado
en
la
vista
preliminar, la incautación del arma de fuego se realizó en
violación a la protección constitucional contra registros y
allanamientos
irrazonables.
Sostuvo
que
conforme
a
los
hechos narrados por ésta procedía suprimir el arma de fuego
incautada.
Según relató la agente Rivera Alvarado, los
hechos que dieron base para incautar el arma fueron los
siguientes:
El
30
de
mayo
de
2011
la
agente
Rivera
Alvarado
escuchó por la radiocomunicación de la Policía sobre la
CC-2012-461
ocurrencia
3
de
un
accidente
interestatal 174.
accidente.
de
motora
en
la
carretera
En ese momento se dirigió al lugar del
Al arribar al lugar, ésta observó a un joven
que yacía en el pavimento cerca de una motora accidentada.
El
joven
Describió
sangraba
el
por
estado
inconsciente.
No
identificarlo
o
la
del
joven
obstante,
para
cabeza,
no
conocer
manos
como
aturdido
cuestionó
si
y
le
al
piernas.
y
medio
joven
para
afectaba
alguna
condición.
Minutos después, los paramédicos arribaron a la escena
y ofrecieron los primeros auxilios al joven.
Para proceder
a prestarle los servicios médicos, el paramédico le removió
al
joven
una
cartera
color
transversalmente en el pecho.
negra,
que
éste
llevaba
Acto seguido, debido a que
en ese momento no se encontraba ningún familiar del joven
en
la
escena,
el
paramédico
procedió
cartera a la agente Rivera Alvarado.
a
entregarle
la
Cuando ésta recibió
la cartera, palpó lo que aparentaba ser un arma de fuego y,
sin pedirle autorización al joven, procedió a abrirla.
Al
abrir la cartera, se percató de que en ésta había un arma
de fuego y extrajo lo que resultó ser una pistola Smith &
Wesson.
Posteriormente,
el
joven
fue
trasladado
al
Hospital Regional. Allí, la agente Rivera Alvarado, luego
de
leerle
las
entrevistarlo.
advertencias
legales,
procedió
a
Cuando le cuestionó sobre la posesión del
arma, el joven aceptó que no tenía licencia para portar
armas.
Ello dio lugar a la acusación contra el señor Báez
López por portación ilegal de un arma.
CC-2012-461
4
Conforme a estos hechos, el señor Báez López sostuvo
su alegato de supresión del arma de fuego.
evidencia
señaló
incautada
que
no
estaba
contrario
las
a
plena
Adujo que la
vista.
declaraciones
de
Además,
la
agente
Michaida Rivera Alvarado en su declaración jurada,14 en la
vista preliminar ésta aceptó que el registro iba dirigido a
encontrar material delictivo y no estaba vinculado a la
atención de una emergencia ni a la identificación del señor
Báez López.
Finalmente, sostuvo que la agente no tenía
una sospecha individualizada que le permitiera concluir que
en
el
interior
de
la
cartera
se
transportaba
material
delictivo sino que mediante el registro trató de validar
una sospecha producto de una actuación ilegal.
El
Ministerio
Público
se
opuso
a
la
supresión
solicitada por el señor Báez López.
Señaló que debido a
que el señor Báez López
peligro y necesitaba
ayuda,
se
reconocidos
estaba en
cumplieron
los
por
jurisprudencia
nuestra
criterios
de
razonabilidad
para
realizar
un
registro sin orden judicial en una situación de emergencia.
Además, arguyó que el señor Báez López transitaba en una
motora, cuya expectativa de intimidad es menor que cuando
se
transita
en
un
automóvil.
Luego
de
la
vista
de
supresión de evidencia, el 1 de febrero de 2012 el Tribunal
de
Primera
Instancia
declaró
con
lugar
la
moción
de
supresión de evidencia.
14
En la declaración jurada la agente Rivera Alvarado
sostuvo que procedió a “abrir la cartera [sic] para tratar
de localizar una tarjeta de identificación con foto del
joven, y me percaté que en el interior de la misma había
una arma de fuego”.
CC-2012-461
5
El foro de instancia razonó que según el testimonio de
la agente Rivera Alvarado y el paramédico Carlos Rosado
Erazo en la vista
de supresión, no se configuraron las
circunstancias para realizar un registro sin orden judicial
en una situación de emergencia.
En la vista la agente
aceptó
no
que
señor
Báez
López
que
éste
respondía
paramédicos.
Sostuvo
que
la
búsqueda
la
Además,
alguna
el
indicó
en
cartera,
identificación,
a
agente,
indicó
pero
estaba
en
que
la
inconsciente.
preguntas
para
de
los
justificar
la
intentaba
vista
encontrar
aceptó
que
el
propósito del registro fue la curiosidad de encontrar el
arma de fuego.
Por tanto, concluyó que de la agente haber
tenido sospecha fundada sobre la existencia de un arma,
procedía dejar la cartera en custodia con otro agente y
solicitar una orden de registro.
En desacuerdo con esta determinación, el Ministerio
Público
acudió
ante
el
Tribunal
recurso de certiorari.
de
Apelaciones
mediante
En síntesis, sostuvo que erró el
foro primario al suprimir la evidencia por razón de que no
hubo una orden judicial previa, esto a pesar de que se
trataba de un registro válido mediando una situación de
emergencia.
Alegó que la expectativa de intimidad de un
motociclista
herido
es
limitadísima
y
que
el
accidente
justificó el registro de emergencia como mecanismo dirigido
a identificar al herido.
Esta vez, sin embargo, sostuvo
que aún si no hubiese mediado una situación de emergencia,
procedía
el
registro
percibió
mediante
el
sin
orden
tacto
toda
que
vez
había
que
un
el
agente
objeto
que
CC-2012-461
6
aparentaba ser un arma de fuego, con lo cual la agente
tenía una sospecha individualizada de que en el interior de
la
cartera
había
un
arma
de
fuego,
lo
que
validaba
el
registro sin orden judicial.
Mediante Resolución emitida el 29 de marzo de 2012, el
foro apelativo intermedio denegó el recurso de certiorari
presentado por el Ministerio Público.
Razonó que a la luz
de los hechos de este caso no se configuró una situación de
emergencia que permitiera el registro sin orden judicial.
Además,
sostuvo
que
si
la
agente
Rivera
Alvarado
tenía
motivos fundados para creer que el señor Báez López estaba
cometiendo un delito en su presencia, procedía ponerlo bajo
arresto antes de realizar el registro.
Inconforme,
el
Ministerio
Público
solicitó
reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones.
Esta vez
sostuvo que la agente realizó el registro partiendo de la
creencia
razonable
emergencia.
de
que
estaba
ante
una
situación
de
Sin embargo, en la reconsideración sostuvo que
es inmaterial si hubo o no una situación de emergencia.
Una vez la agente palpó un objeto que aparentaba ser un
arma de fuego en el interior de la cartera se generó una
sospecha individualizada y razonable que validó el registro
de
la
cartera
inherentemente
debido
peligroso
además
a
que
y
el
arma
altamente
Estado.
Sostuvo
que,
situación
de
emergencia,
el
delictiva
era
inevitable
toda
es
un
regulado
objeto
por
el
de
la
independientemente
descubrimiento
vez
que
como
de
la
pieza
cuestión
de
protocolo del paramédico, éste debía preparar un recibo de
CC-2012-461
7
propiedad, excepción al registro con orden judicial.
El
Tribunal de Apelaciones declaró no ha lugar la solicitud de
reconsideración.
En desacuerdo con la determinación del foro apelativo
intermedio, el Ministerio Público acudió ante este Tribunal
mediante
recurso
presentados
en
de
certiorari.
la
moción
Tribunal de Apelaciones.
de
Reiteró
los
argumentos
reconsideración
ante
el
El 4 de junio de 2012, expedimos
el recurso ante nuestra consideración.
II
A
La Sec. 10 del Art. II de la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico establece el derecho de todo
ciudadano
papeles
y
incautaciones
y
allanamientos irrazonables. Const. PR Art. II Sec. 10.
El
efectos
a
la
protección
personales
contra
sobre
sus
casas,
registros,
propósito de este precepto constitucional es proteger el
derecho a la intimidad de las personas y la dignidad del
individuo
frente
a
las
actuaciones
arbitrarias
e
irrazonables del Estado. Pueblo v. Yip Berríos, 142 D.P.R.
386, 397 (1997); Pueblo v. Ramos Santos, 132 D.P.R. 363,
370 (1992).
Esta
Enmienda
disposición
IV
de
la
constitucional
Constitución
de
es
los
análoga
Estados
a
la
Unidos,
Const. EEUU Enmd. IV. Pueblo v. Yip Berríos, 142 D.P.R. en
la
pág.
397;
véase
además
3
Diario
de
Sesiones
de
la
Convención Constituyente 1568 (1961); 3 José Trías Monge,
Historia
Constitucional
de
Puerto
Rico
191
(1982).
No
CC-2012-461
8
obstante, en el pasado hemos reconocido que la disposición
en la Constitución federal sólo establece el ámbito mínimo
de protección, por lo que tanto los estados como Puerto
Rico
pueden
ampliar
esta
garantía
constitucional
con
el
propósito de conceder mayores protecciones a la ciudadanía.
Pueblo v. Yip Berríos, 142 D.P.R. en la pág. 397-398. 15
Como bien reconoce una mayoría de este Tribunal, a
diferencia de la Constitución federal, nuestra Constitución
expresamente limita el uso que se le puede otorgar a una
evidencia incautada mediante un registro irrazonable sin
orden
judicial
nuestro
previa.
ordenamiento
Es
requiere
decir,
que
como
se
regla
obtenga
general,
una
orden
judicial previo a que se realice un registro. Pueblo v.
Malavé
González,
Consecuentemente,
judicial
se
120
todo
presume
D.P.R.
registro
o
irrazonable
y,
470,
477
incautación
por
tanto,
(1988).
sin
orden
inválido.
Pueblo v. Serrano Reyes, 176 D.P.R. 437, 447 (2009).16
15
A propósito, en Pueblo v. Bonilla, 149 D.P.R. 318, 329
(1999), señalamos que: “[a] pesar de que la protección
contra registros y allanamientos se encuentra redactada en
idénticos términos en ambas Constituciones, por gozar
nuestra Constitución de una „vitalidad independiente‟,
podemos darle a la garantía un contenido distinto y mayor.
Esto es, podemos interpretarla de forma más beneficiosa al
acusado”.
16
La Regla 234 de las de Procedimiento Criminal establece
que la evidencia obtenida en violación a la garantía
constitucional
contra
registros,
incautaciones
y
allanamientos irrazonables, será suprimida y no será
admisible en los tribunales como prueba de la comisión de
un delito. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 234. Según el profesor
Ernesto L. Chiesa Aponte, esta norma de exclusión persigue
varios propósitos importantes, a saber: (1) provee un
remedio efectivo a la víctima del registro y allanamiento
irrazonable o ilegal; (2) evita que el gobierno se
beneficie de sus propios actos ilegales; (3) preserva la
integridad del Tribunal; y (4) disuade a los oficiales del
CC-2012-461
Para
9
que
irrazonables
se
lo
active
la
primero
que
protección
debe
contra
determinarse
registros
es
si
en
efecto hubo un registro. Pueblo v. Bonilla, 149 D.P.R. 318,
329 (1999).
Así, hemos sostenido que “se entiende que ha
ocurrido un registro cuando se infringe la expectativa de
intimidad que la sociedad está preparada a reconocer como
razonable”.
Pueblo
en
el
interés
D.P.R. 949, 961-962 (1994).
del
menor
N.O.R.,
136
Esto es, el ciudadano debe
albergar una expectativa de intimidad y que la sociedad
esté
dispuesta
razonable.
a
aceptar
que
dicha
expectativa
es
Por tal razón, hemos señalado que la protección
constitucional se refiere a aquella propiedad sobre la cual
la persona tenga una expectativa de intimidad, y protege
tanto al sospechoso u ofensor como al inocente. Pueblo v.
Miranda Alvarado, 143 D.P.R. 356, 363 (1997).
En Pueblo v. Yip Berríos, 142 D.P.R. en la pág. 399,
sostuvimos que el criterio para determinar si la actuación
gubernamental es constitucionalmente permisible vis-à-vis la
expectativa de intimidad del ciudadano, es la razonabilidad
de la intrusión estatal con la intimidad de la persona.
Añadimos que:
[E]sto
normalmente
se
determina
balanceando
los
intereses
del
Estado
frente
a
los
derechos
individuales. El menor o mayor grado de expectativa a
la intimidad que nuestro ordenamiento le reconoce a
una persona en determinada circunstancia es pertinente
para el análisis acerca de la razonabilidad de la
actuación
gubernamental
y
en
consecuencia
para
orden público a que en el futuro no repitan las acciones
objeto de impugnación. Ernesto L. Chiesa Aponte, Derecho
Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 284-285
(Ed. Forum, 1991).
CC-2012-461
10
determinar el alcance de la protección constitucional.
En este contexto, y dado que en Puerto Rico los
derechos individuales y particularmente el derecho a
la intimidad y dignidad reciben una protección más
amplia que en la jurisdicción federal, en nuestra
jurisdicción el criterio de razonabilidad es más
estricto.
Id. en la pág. 399 (énfasis nuestro).
B
Si
orden
bien
se
en
nuestro
presume
ordenamiento
inválido,
hemos
todo
registro
reconocido
sin
excepciones
limitadas y específicas a la presunción de invalidez.
En
Pueblo
3
(1997),
v.
Miranda
señalamos
Alvarado,
que
143
D.P.R.
356,
363
validado
las
siguientes
allanamiento
de
estructuras
hemos
fn.
excepciones:
(1)
registro
abandonadas;
y
(2) registro de evidencia abandonada o arrojada
por la persona;
(3) registro incidental al arresto, cuando el
área registrada está al alcance inmediato del sujeto y
el propósito es ocupar armas o instrumentos que puedan
ser utilizados por la persona arrestada para agredir a
los agentes del orden público, o para intentar una
fuga o evitar la destrucción de evidencia;
(4) cuando la evidencia se encuentra a plena
vista [o cuando un agente del orden público adviene en
conocimiento de material delictivo por el olfato];
(5) campo abierto;
(6) cuando circunstancias de emergencia así lo
requieran;
(7) registro tipo inventario, que sea realizado
para salvaguardar el contenido del vehículo y proteger
a la Policía así como al dueño del vehículo;
(8) cuando la evidencia es obtenida durante el
transcurso de una persecución;
(9)
evidencia
obtenida
durante
un
registro
administrativo en una actividad altamente reglamentada
por el Estado; y
CC-2012-461
11
(10) cuando el registro es consentido directa o
indirectamente.
Pueblo v. Miranda Alvarado,
(1997) (citas omitidas).17
143
D.P.R.
356,
363
fn.
3
En todas estas circunstancias se ha reconocido que no
existe una expectativa razonable de intimidad, por ende, no
hay protección constitucional que salvaguardar.
III
A
Hoy
una
correctamente
mayoría
que
en
de
este
este
caso
Tribunal
no
se
determina
configuraron
los
criterios para que aplique la
excepción al requisito de
una
media
orden
emergencia.
judicial
cuando
una
situación
de
En este caso, la agente Rivera Alvarado no
podía albergar la creencia razonable de que estaba ante una
emergencia; el señor Báez López estaba consciente y podía
haber sido interrogado para conocer su identidad antes de
proceder
a
abrir
la
cartera.
Además,
en
la
vista
preliminar la agente reconoció que la intención de abrir la
cartera
fue
la
“curiosidad”
por
encontrar
material
delictivo y no para dar con una identificación del señor
Báez
López,
según
había
sostenido
en
su
declaración
jurada. Coincidimos, a su vez, con la determinación de una
mayoría de este Tribunal al señalar que en este caso no
procedía
17
la
excepción
de
descubrimiento
inevitable
al
Añádase a las excepciones mencionadas, la reconocida por
una mayoría de este Tribunal en Pueblo v. Díaz, Bonano, 176
D.P.R. 601 (2009) sobre la evidencia obtenida en un lugar
público como resultado de la utilizacón de canes para
olfatear.
CC-2012-461
12
realizarse un recibo de propiedad.
que
existiese
inevitablemente
un
El Estado no demostró
procedimiento
hubiese
permitido
el
rutinario
que
descubrimiento
del
arma de fuego incautada.
No obstante a lo anterior, ausente de argumentos para
sostener la razonabilidad de un registro que a todas luces
incumple con las garantías mínimas consagradas en nuestra
Constitución,
hoy
innecesariamente
una
la
mayoría
de
doctrina
de
este
Tribunal
evidencia
adopta
incautada
mediante el sentido del tacto, “plain touch/plain feel”,
reconocida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en
Minnesota v. Dickerson, 508 U.S. 366 (1993), como excepción
a la presunción de ilegalidad de un registro sin orden.
el
proceso
olvidan
que
nuestra
Constitución,
que
En
tantas
veces hemos señalado es de factura más ancha, aunque en
tiempos recientes tal contención se encuentre exigua por la
desmemoria del Tribunal exige que en aras de proteger el
derecho a la intimidad y dignidad de los ciudadanos, seamos
guardianes de tales garantías al evaluar los criterios y
las
circunstancias
judicial.
Más
para
grave
permitir
aún,
una
un
registro
sin
orden
vez
adoptan
la
nueva
excepción, la aplican erróneamente. Veamos entonces.
B
En
Terry
v.
Ohio,
391
U.S.
1
(1968),
el
Tribunal
Supremo de los Estados Unidos determinó que un agente de la
policía puede detener a una persona sospechosa y, por la
seguridad
del
agente,
someterla
a
un
cateo
o
registro
CC-2012-461
superficial
13
para
detectar
probable para arresto.
armas,
aun
ausente
de
causa
Cabe señalar que, al día de hoy, la
doctrina desarrollada en Terry no ha sido adoptada por este
Tribunal.
Precisamente, al amparo de la doctrina de Terry,
en Minnesota v. Dickerson, 508 U.S. 366 (1993), un oficial
de la policía detuvo a un sujeto que entendió se comportaba
de manera sospechosa y procedió a realizarle un cateo o
registro
superficial
para
detectar
si
tenía
armas.
Al
realizar el registro superficial, el oficial no encontró
armas.
Sin
embargo,
sintió
curiosidad
por
un
pequeño
abultamiento que tenía el ciudadano en uno de los bolsillos
de
la
chaqueta
que
llevaba
puesta.
Al
palpar
el
abultamiento, sintió lo que aparentaba ser una bolsa de
“crack”.
Por
tal
razón,
procedió
a
registrarlo
y,
efectivamente, encontró una bolsa de “crack”.
El
Tribunal
Supremo
federal
sostuvo
que
conforme
a
Terry:
If a police officer lawfully pats down a
suspect's outer clothing and feels an object whose
contour or mass makes its identity immediately
apparent, there has been no invasion of the suspect's
privacy
beyond
that
already
authorized
by
the
officer's search for weapons; if the object is
contraband, its warrantless seizure would be justified
by the same practical considerations that inhere in
the plain view context.
Dickerson, 508 U.S. en las págs. 375-376.
Como se puede apreciar en
la cita anterior, en su
análisis el Tribunal Supremo federal adoptó la excepción de
evidencia incautada mediante el sentido del tacto o “plain
touch/plain
feel”
como
corolario
de
la
doctrina
de
CC-2012-461
14
evidencia a plena vista.
Al tiempo en que descartó el
argumento sostenido por el Tribunal Supremo de Minnesota de
que la evidencia obtenida mediante “plain touch/plain feel”
es menos confiable y más invasiva que la evidencia a plena
vista y, por tanto, violaba el derecho a la intimidad de
las personas.18
Para que se cumpla con la excepción de
“plain touch/plain feel” deben estar presentes los mismos
requisitos de evidencia incautada mediante la excepción de
plena vista, según reconocido en Coolidge v. New Hampshire,
403 U.S. 443 (1971).
Por tal razón, el Tribunal señaló que
en Dickerson no procedía el registro toda vez que el agente
tuvo
que
incautada
escudriñar
y,
por
el
bulto
ende,
la
para
palpar
naturaleza
la
evidencia
delictiva
de
la
evidencia no era aparente de su faz.
Esta doctrina ha sido criticada en distintos artículos
de revistas jurídicas por las implicaciones que tiene sobre
el derecho a la intimidad de las personas y por el riesgo
de que los agentes de la policía abusen de su poder y
pretendan
establecer
que
la
naturaleza
delictiva
de
la
evidencia era inmediatamente aparente cuando en realidad no
lo era. Véase John A. Cecere, Searches Woven From Terry
18
Para descartar el argumento de que la evidencia obtenida
mediante el sentido del tacto es menos confiable que la
evidencia a plena vista, el Tribunal Supremo federal se
limitó a señalar que: “[e]ven if it were true that the
sense of touch is generally less reliable than the sense of
sight, that only suggests that officers will less often be
able to justify seizures of unseen contraband”. Dickerson,
508 U.S. en la pág. 376.
En cuanto a que ésta es más
invasiva a la privacidad, sostuvo que:
“is inapposite in
light of the fact that the intrusion the court fears has
already been authorized by the lawful search for weapons”.
Dickerson, 508 U.S. en las págs. 376-377.
CC-2012-461
Cloth:
How
15
the
Plain
Pretextual Search,
Feel
Doctrine
Plus
Terry
36 B.C. L. Rev. 125 (1994);
Equals
Eric B.
Liebman, The Future of the Fourth Amendment After Minnesota
v. Dickerson - A "Reasonable" Proposal, 44 Depaul L. Rev.
167 (1994); David L. Haselkorn, The Case against a Plain
Feel Exception to the Warrant Requirement, 54 U. Chi. L.
Rev. 683 (1987).
De hecho, previo a Dickerson, además del
Tribunal Supremo de Minnesota, el Tribunal Supremo de Nueva
York, People v. Diaz, 81 N.Y.2d 106 (1993), y el Tribunal
Supremo de Washington,
State v. Broadnax, 98 Wash. 2d 289
(1982), se negaron a reconocer la excepción de la evidencia
encontrada mediante el sentido del tacto como corolario de
la
excepción
de
plena
vista,
precisamente
por
las
implicaciones que tenía en el derecho a la intimidad de las
personas y la poca confiabilidad del sentido del tacto.
Por tanto, debido a que hoy una mayoría de este Tribunal
adopta esta excepción, considerada análoga a la evidencia
obtenida a plena vista, procede que, como mínimo, evaluemos
con suma mesura los requisitos establecidos en Dickerson a
la
luz
de
la
consideración
controversia
las
ante
advertencias
nosotros,
ante
tomando
señaladas
a
en
la
excepción de evidencia obtenida mediante el tacto.
IV
A
Según sostiene una mayoría de este Tribunal, para que
aplique
la
excepción
tacto se requiere que:
de
evidencia
obtenida
mediante
el
CC-2012-461
16
(1) el objeto sea descubierto por
palpado y no por razón de su registro;
haber
sido
(2) exista una justificación legal para que el
agente esté en el lugar desde donde pudo entrar en
contacto con la evidencia;
(3) el oficial del orden público advino
contacto con la evidencia de forma inadvertida; y
en
(4) la naturaleza delictiva del objeto surge
inmediata y razonablemente a través del sentido del
tacto sin que el agente pueda manipular o escrudiñar
de forma alguna éste.
Opinión mayoritaria, en la pág. 28 haciendo referencia a
K.W. Inverson, “Plain Feel”: a Common Sense Proposal
Following State v. Dickerson, 16 Hamline L. Rev. 247, 277278 (1992-1993).
En otras palabras, aplican los requisitos reconocidos
para
evidencia
obtenida
percepción
mediante
el
requisitos
adoptados
por
a
plena
vista,
tacto.
la
mayoría
adecuados
a
la
Considerando
estos
así
propia
como
la
jurisprudencia federal citada con aprobación, una lectura
objetiva y sin ánimo prevenido, deja claro que en este caso
es imposible que, mediante el tacto, la agente haya podido
percibir inmediatamente la naturaleza delictiva del arma de
fuego incautada.
Veamos.
En Arizona v. Hicks, 480 U.S. 321 (1987), el Tribunal
Supremo
federal,
al
evaluar
los
requisitos
de
evidencia
obtenida a plena vista, tuvo la oportunidad de abordar el
requisito de que la naturaleza delictiva del objeto surja
inmediatamente de la simple observación.
curso
de
un
registro
para
dar
con
el
En Hicks, en el
sospechoso
de
un
tiroteo en un apartamento, uno de los agentes se percató de
que
en
el
apartamento
había
sospechaba que eran robadas.
unas
bocinas
que
éste
El agente procedió a voltear
CC-2012-461
17
las bocinas para verificar el número de serie.
Al conocer
el número de serie, constató con el cuartel que en efecto
las bocinas habían sido
robadas.
Por estos hechos,
al
señor Hicks se le acusó del delito de robo.
Al
resolver
esta
controversia,
el
Tribunal
Supremo
federal sostuvo que la incautación del sistema de bocinas
hurtadas
mientras
la
policía
realizaba
un
registro
para
encontrar otra evidencia era inválida, toda vez que para
conocer la ilegalidad de las bocinas el agente tuvo que
voltearlas
para
leer
el
número
de
serie.
Según
el
Tribunal, luego de voltear las bocinas, acto que constituyó
un registro, fue que el oficial tuvo conocimiento de la
naturaleza delictiva de las bocinas, no obstante a que el
agente
tenía
una
sospecha
habían sido hurtadas.
razonable
de
que
las
bocinas
Añadió que “the „distinction between
looking at a suspicious object in plain view and moving it
even a few inches‟ is much more than trivial for purposes
of the Fourth Amendment”. Hicks, 480 U.S. en la pág. 325.
Previo a la determinación del Tribunal Supremo federal
en Hicks, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos
para el Sexto Circuito tuvo la oportunidad de evaluar un
caso similar a Hicks pero en relación a la incautación de
unos
rifles
en
el
curso
de
una
orden
de
registro
e
incautación de bebidas alcohólicas. U.S. v. Gray, 484 F.2d
352
(6to
Cir.
1973).
Allí
el
foro
apelativo
federal
sostuvo que si bien los agentes estaban autorizados a estar
en lugar donde estaban y habían advenido con los rifles
inadvertidamente, la naturaleza delictiva de los mismos no
CC-2012-461
18
era inmediatamente aparente. Una vez el agente copió el
número de serie de los rifles y comprobó que habían sido
robados, entonces se percató de la naturaleza delictiva de
los mismos. Id.
Por tal razón, concluyó que el registro e
incautación de los mismos fue inválido.19
Posteriormente,
en
U.S.
v.
Szymkowiak,
727
F.2d
95
(6to Cir. 1984), el propio Tribunal de Apelaciones de los
Estados Unidos para el Sexto Circuito, sostuvo que un arma
percibida a simple vista mientras se efectuaba un registro
en una casa por otra evidencia, no era suficiente para
sostener
fuego.
la
naturaleza
delictiva
inmediata
del
arma
de
El foro apelativo federal sostuvo que “[t]he record
in [Szymkowiak] is clear that the executing officers who
discovered the weapon could not „at the time‟ of discovery
determine whether its possession was unlawful”. Szymkowiak,
727 F.2d en la pág. 99.
Así, citando con aprobación a
Gray, sostuvo que a pesar de que se percibió un arma de
fuego, la naturaleza delictiva del arma no era aparente.
Id. en la pág. 97.
A
la
misma
conclusión
llegó
el
Tribunal
de
Apelaciones de Florida en Ray v. State, 634 So.2d 695 (Fla.
19
En U.S. v. Truitt, 521 F.2d 1174 (6to. Cir. 1975), el
foro apelativo distinguió los hechos de Gray para sostener
la validez del registro e incautación de una escopeta con
los cañones recortados. Según Truitt, en ese caso la
escopeta con los cañones recortados en sí misma daba cuenta
de la probabilidad de su naturaleza delictiva. Para llegar
a tal conclusión, sostuvo que la escopeta con los cañones
recortados no es un arma comúnmente utilizada y consideró
las circunstancias concomitantes al registro mediante
orden.
CC-2012-461
19
App. 1994). El foro apelativo intermedio de Florida sostuvo
lo siguiente:
In the present case, the discovery of the pistol
was a lawful consequence of the authorized search
which brought the pistol within the plain view of
Officer Carroll. However, the incriminating character
of the pistol was not immediately apparent to Officer
Carroll because its defaced serial number could not be
seen by the officer until he picked up the pistol and
turned it over. In picking up the pistol and turning
it over Officer Carroll extended the search beyond the
scope permitted by the warrant.
Ray, en la pág. 696.20
Conforme
ordenamiento
a
lo
anterior,
estatutario
evaluemos
respecto
a
entonces
las
armas
nuestro
y
la
aplicación del marco jurídico reseñado a los hechos de este
caso.
B
En
Puerto
Superintendente
Rico
de
la
la
Ley
de
Policía
Armas
“expedirá
establece
una
que
el
licencia
de
armas a cualquier peticionario” que cumpla con una serie de
requisitos.
25
L.P.R.A.
sec.
456a.
Entre
éstos,
ser
ciudadano de los Estados Unidos o residente legal de Puerto
Rico; haber cumplido veintiún (21) años de edad; tener un
certificado
de
antecedentes
penales
expedido
no
más
de
treinta (30) días previo a la fecha de la solicitud; no ser
acusado o estar en proceso de juicio por violar la licencia
especial
20
de
armas
largas
y
municiones;
no
ser
ebrio
Conviene señalar que los casos anteriormente reseñados
versan sobre evidencia obtenida a plena vista, sentido más
confiable que el del tacto, como bien consideró el Tribunal
Supremo federal en Dickerson. Dickerson, 508 U.S. en la
pág. 376.
CC-2012-461
habitual,
20
adicto
a
sustancias
controladas
o
haber
sido
declarado incapaz mental por un tribunal; y presentar una
(1) declaración jurada de tres (3) personas que no tengan
relación de consanguinidad o afinidad con el peticionario
que atestigüen que el peticionario goza de buena reputación
en su comunidad; entre otros. 25 L.P.R.A. sec. 456a(a).
A su vez, la Ley establece que “[l]as armas de fuego
se podrán portar, conducir y transportar de forma oculta o
no ostentosa”. 25 L.P.R.A. sec. 456a(d)(1); véase además
Reglamento de la Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000,
según enmendada, conocida como la “Ley de Armas de Puerto
Rico”, Reglamento de la Policía de Puerto Rico Núm. 7311 de
5 de marzo de 2008.
En tal caso, el concesionario sólo
podrá portar un (1) arma de fuego a la vez.
25 L.P.R.A.
sec. 456a(d)(4).
Por su parte, en la sección 458c de la
Ley
establece
de
Armas
se
encuentre
incursa
en
requiere
que
persona
fuego.
la
.
.sin
tener
cualquier
arma
de
que
violación
para
que
de
dicha
“transporte
una
fuego
licencia
sin
una
persona
se
disposición
se
cualquier
de
tener
armas,
su
arma
o
de
porte
correspondiente
permiso para portar armas”. 25 L.P.R.A.
sec.
458c.
Es
decir, el elemento del delito requiere que (1) la persona
transporte un arma de fuego y (2) no tenga una licencia de
armas o un permiso para portar armas.
Si aplicamos las disposiciones de la Ley a los hechos
de
este
caso,
notamos
que
al
momento
en
que
el
agente
efectuó el registro sin orden judicial sobre la cartera del
señor
Báez
López,
éste
no
pudo
haber
percibido
CC-2012-461
21
inmediatamente la naturaleza delictiva del arma de fuego
incautada.
La cartera estaba cerrada, y conforme a la Ley,
un arma de fuego mientras se porte o transporte de forma
oculta o no ostentosa, de su faz no constituye un delito. 21
De otra parte, al momento en que la agente palpó lo
que en su experiencia entendió era un arma de fuego, no
sabía
si
el
señor
Báez
portar armas de fuego.
López
poseía
una
licencia
para
Tampoco indagó o cuestionó al señor
Báez López para saber si éste tenía licencia para portar
armas de fuego cuando palpó lo que en su creencia era un
arma de fuego.
No es hasta que el señor Báez López es
trasladado al hospital, tiempo después de que la agente
efectuara el registro sobre la cartera, cuando la agente
cuestionó al joven sobre el arma y éste le notificó que no
poseía licencia para portarla.
Fue en ese momento en que
la agente advino en conocimiento de la naturaleza delictiva
del arma de fuego.
Cabe señalar que en Dickerson, a diferencia de este
caso, existía una sospecha individualizada sobre la persona
a
raíz
de
un
registro
superficial
conforme
a
Terry.
Adviértase que la incautación de armas mediante un registro
superficial bajo la doctrina de Terry se fundamenta en la
protección y seguridad de los agentes y no en que el arma
de su faz es un objeto ilegal.
21
Esto es, debido a que
En relación a la expectativa de la intimidad sobre la
cartera, como bien reconoce una mayoría de este Tribunal,
no hay duda de que el señor Báez López tenía una
expectativa de intimidad razonable reconocida por nuestra
sociedad sobre ésta. Por tanto, no entraremos a la
discusión sobre ese asunto.
CC-2012-461
22
cuando un agente realiza un registro superficial autorizado
por Terry se tiene sospecha sobre la comisión de un delito
y el sospechoso pudiese estar armado, se permite que los
agentes verifiquen si la persona está armada y, en ese
registro,
Dickerson
permitió
el
delictivo perceptible al tacto.22
registro
de
material
Por tanto, la incautación
de un arma de fuego que después de un registro superficial
resulta
ser
ilegal
está
autorizada
precisamente
por
el
registro sobre un sospechoso que autoriza Terry.
En este caso la cadena de eventos que concluyó en el
registro
de
tránsito.
la
cartera
se
inició
con
un
accidente
de
No
estamos
ante
hechos
en
que
hubiese
una
sospecha individualizada sobre el señor Báez López o en una
investigación
delito.
en
curso
Tampoco
sobre
podemos
la
posible
concluir
comisión
que
el
de
un
agente
se
encontraba ante una situación en que tuviese que velar por
su seguridad o su protección que lo incitara a tener que
registrar la cartera, esto mientras el señor Báez López
estaba siendo atendido por paramédicos.
Valga señalar que
el señor Báez López, como bien reconoció la agente, estaba
consciente
al
momento
en
que
registró
la
cartera.
Es
decir, la agente pudo solicitar la autorización del señor
22
El Tribunal Supremo federal lo resumió de esta manera:
“If a police officer lawfully pats down a suspect's outer
clothing and feels an object whose contour or mass makes
its identity immediately apparent, there has been no
invasion of the suspect's privacy beyond that already
authorized by the officer's search for weapons; if the
object is contraband, its warrantless seizure would be
justified by the same practical considerations that inhere
in the plain view context”. Dickerson, 508 U.S. en la pág.
375-376.
CC-2012-461
23
Báez López para abrir la cartera; pudo indagar al señor
Báez López sobre lo que en su creencia era un arma de
fuego;
y
más
aún,
pudo
solicitar,
conforme
al
mandato
constitucional, una orden de registro.
C
No obstante a lo anterior, hoy una mayoría sostiene
que procedía el registro de la cartera y la incautación del
arma de fuego por haberse cumplido los requisitos de la
excepción de evidencia obtenida mediante el tacto.
Si bien
coincidimos
a
donde
en
estaba
que
y
el
agente
advino
en
estaba
autorizado
conocimiento
de
lo
que
estar
en
su
creencia y experiencia era un arma de fuego, entendemos que
al evaluar el requisito de que la naturaleza delictiva del
objeto
surja
tacto,
la
inmediatamente
sentido
del
mínimo
de
protección establecido por la jurisprudencia federal.
En
otras
en
mayoría
palabras,
en
va
más
este
por
medio
del
allá
del
ámbito
caso
la
mayoría
actúa
contravención a lo resuelto por el Tribunal Supremo federal
en Dickerson. Y lo hace, no para reconocerle a un ciudadano
un marco más amplio de la protección constitucional bajo
nuestra
Constitución
lo
que
sabemos
es
perfectamente
válido sino que actúa para restringir los derechos más
allá de lo permitido en Dickerson.
La mayoría se coloca al
margen de la Constitución de los Estados Unidos conforme a
lo interpretado por el foro judicial más alto de ese País.
Explicamos.
CC-2012-461
24
Para la mayoría, a diferencia de lo establecido en la
jurisprudencia federal, basta con que el objeto sea un arma
de fuego para que se active la inmediatez de la naturaleza
delictiva del objeto. Sostienen que si un agente palpa lo
que aparenta ser un arma de fuego, ello es suficiente para
que proceda a realizar un registro sin orden judicial, a
pesar de que de su faz el agente no sabía ni pudo saber que
el arma se poseía ilegalmente; esto es, que la naturaleza
del objeto era delictiva.23
Es decir, palpar lo que en su
experiencia era un arma de fuego, la cual se encontraba
oculta dentro de una cartera, no es suficiente para que la
agente
pudiese
establecer,
inmediatamente,
la
naturaleza
delictiva del objeto.
El criterio no es que el agente pueda identificar el
objeto como sostiene la mayoría, sino que pueda identificar
el objeto mediante el tacto y tenga la creencia inmediata
de que es un objeto ilegal.
Precisamente en Dickerson, el
Tribunal Supremo federal puntualizó que
“[r]egardless
of
whether the officer detects the contraband by sight or by
touch, however, the Fourth Amendment's requirement that the
officer have probable cause to believe that the item is
contraband before seizing it
ensures against excessively
speculative seizures”. Dickerson, 508 U.S. en la pág. 376.
Un arma de fuego en sí misma no se considera contrabando
pues, como señalamos, en nuestra jurisdicción, por ejemplo,
23
Particularmente, ante el arma incautada en este caso, una
Smith & Wesson, calibre .40, cuya obtención no está sujeta
a los requisitos, por ejemplo, para las armas de asalto, 24
L.P.R.A. sec. 456, y calibre comúnmente utilizado por
portadores de armas de fuego en Puerto Rico.
CC-2012-461
25
se permite su portación por cualquier ciudadano que cumpla
con ciertos criterios razonables de solicitud de portación,
siempre y cuando el arma se porte de manera oculta y no
ostentosa.
Consecuentemente, no tenemos duda de que la
premisa
inarticulada
garantías
mínimas
por
la
mayoría
establecidas
en
contraviene
la
las
jurisprudencia
federal, jurisprudencia que la mayoría cita con aprobación.
Adviértase
que
en
la
opinión
mayoritaria
no
se
mencionan los fundamentos para sostener que basta con que
se palpe un arma de fuego para cumplir con los requisitos
de la excepción de evidencia obtenida mediante el tacto.
Sólo se menciona que la agente percibió un arma de fuego
dentro de una cartera y, según la mayoría, ese acto de por
sí basta para que se cumpla con el requisito de que la
naturaleza
premisa,
delictiva
sin
más,
del
objeto
parece
sea
estar
inmediata.
fundamentada
Esta
en
la
determinación de este Foro en Pueblo v. Del Río, 113 D.P.R.
684
(1982).
señor Héctor
Allí
nos
Gerardino
enfrentamos
Del
Río,
al
quien
planteamiento
fue
acusado
del
de
portación ilegal de un arma de fuego, de que los agentes no
tenían motivos para arrestarlo ya que portar un arma de
fuego a plena vista no le da derecho a un agente de la
policía a intervenir con él. Del Río, 113 D.P.R. en la pág.
688.
Al interpretar la Ley de Armas entonces vigente, la
Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, 25 L.P.R.A. secs. 411454 (derogada), sostuvimos que era innecesario la discusión
sobre este asunto ya que:
CC-2012-461
26
[E]n la etapa del juicio, „[e]n casos de portación o
posesión ilegal de armas de fuego el fiscal no viene
obligado a probar que el acusado no tenía licencia con
tal fin, cuando se ha alegado tal hecho en la
acusación y se ha probado la portación o posesión del
arma, ya que en ellos surge la presunción de portación
ilegal y es al acusado a quien incumbe destruir tal
presunción.
Id. en las págs. 688-689.
Para apoyar esta contención añadimos lo siguiente:
Es sumamente importante que mantengamos presente el
hecho de que en nuestra jurisdicción la posesión y/o
portación de un arma de fuego no es un derecho y sí un
privilegio; en otras palabras, es una „actividad’
controlada o restringida por el Estado. Sobre este
punto no hay que abundar mucho; ello surge con
meridiana claridad de una simple lectura de las
disposiciones de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley
Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada. 25
L.P.R.A. secs. 411-454.
Del Río, 113 D.P.R. en la pág. 689.
Ahora
bien,
hay
varios
señalamientos
que
deben
realizarse sobre nuestros pronunciamientos en Del Río, 113
D.P.R. 684.
En primer lugar, según los hechos en Del Río,
los
se
agentes
observar
al
ubicaron
señor
Del
en
el
edificio
Río
tras
donde
recibir
una
pudieron
llamada
telefónica que apuntaba a la posible captura de uno de los
prófugos más buscados en Puerto Rico.
Cuando el señor Del
Río
mismo
y
un
acompañante
salieron
del
edificio
que
observaban los agentes, éstos se percataron de que tanto el
señor Del Río como su acompañante llevaban armas de fuego.
El señor Del Río y su acompañante procedieron a montarse en
un vehículo.
Momentos después, los agentes se acercaron al
vehículo del señor Del Río, se identificaron como agentes
del
orden
público
y
solicitaron
al
señor
Del
Río
que
CC-2012-461
27
detuviera el vehículo. En ese instante, se le preguntó si
éste tenía licencia para portar el arma de fuego.
Cuando el señor Del Río aceptó que no poseía licencia
para
portar
armas
de
fuego,
el
agente
le
notificó
que
estaba bajo arresto y procedió a realizar el registro.
Por
estos hechos fue acusado de portación ilegal de armas de
fuego.
Los hechos de Del Río claramente se distinguen de
los hechos en el caso ante nuestra consideración.
En este
caso, la agente atendía un accidente de tránsito ordinario.
No es hasta que la agente llega al hospital que le preguntó
al señor Báez López si poseía licencia para portar armas de
fuego.
del
En ese momento ya se había registrado la cartera
señor
Báez
investigación
López.
Tampoco
sobre
un
en
Río
la
sospechoso
agente
o
la
realizaba
comisión
de
una
un
delito.
Además,
Del
se
interpretó
la
Ley
de
Armas
aprobada en el año 1951, Ley que fue aprobada a raíz de los
sucesos
ocurridos
el
30
de
octubre
de
1950
cuando
se
intentó derrocar el gobierno mediante el uso de armas de
fuego. Informe P. de la C. 3447, Comisión de lo Jurídico
Penal
de
pág. 4.
30 de
la
Cámara
Por razón
octubre
de
de
de
Representantes
de
Puerto
Rico,
los eventos ocurridos durante
1950,
esta
legislación
el
limitó
significativamente la posibilidad de que un ciudadano común
pudiese obtener una licencia para la portación armas de
fuego.
En esencia, el Artículo 20 de la Ley limitaba el
uso de armas de fuego a un reducido número de funcionarios
de
gobierno,
entre
éstos:
los
miembros
de
las
fuerzas
CC-2012-461
28
armadas, los miembros de la Policía y jueces y fiscales. 25
L.P.R.A. sec. 430 (derogada).
En caso de que un ciudadano interesara solicitar un
arma de fuego, sólo podía poseerla en su domicilio y si
demostraba, a juicio del tribunal, que estaba en peligro de
muerte
o
grave
(derogada).
Por
daño
corporal.
tanto,
cobra
25
L.P.R.A.
particular
sec.
importancia
431
el
hecho de que en Del Río el arma estaba a simple vista, acto
que en sí mismo levantaba sospecha de la comisión de un
delito.
Consecuentemente, se validó la evidencia incautada
percibida mediante el sentido de la vista.
Según reseñado,
esto contrasta con la Ley de Armas vigente y los requisitos
para solicitar la portación de armas de fuego.
Desde
entonces,
al
interpretar
la
Ley
de
Armas
de
1951, este Tribunal ha repetido la norma establecida en Del
Río.
Véase Rivera Pagán v. Supte. Policía de P.R., 135
D.P.R. 789 (1994); Pueblo v. Corraliza Collazo, 121 D.P.R.
244 (1988).
No obstante, a partir de la aprobación de la
nueva Ley de Armas y del desarrollo en la jurisprudencia
federal sobre la portación y posesión de armas de fuego, no
nos hemos expresado sobre nuestros pronunciamientos en Del
Río.24
24
Cabe señalar que nuestros pronunciamientos en Del Río
están sujetos a la evaluación y discusión de este Tribunal
sobre las determinaciones recientes del Tribunal Supremo
federal de reconocer el derecho de poseer y portar armas
como uno fundamental, District of Columbia v. Heller, 554
U.S.
570
(2008),
y,
posteriormente,
extender
la
aplicabilidad de este derecho a los estados,
McDonald v.
Chicago, 561 U.S. 3025 (2010). Adviértase que en Del Río
sostuvimos que en Puerto Rico poseer y portar un arma es un
CC-2012-461
29
Somos del criterio que conforme a la Ley de Armas
vigente y la jurisprudencia federal citada en apoyo
la
mera portación de un arma, transportada de forma oculta y
no ostentosa como establece la Ley, no crea de su faz una
presunción
de
ilegalidad
o
de
contrabando,
como
parecía
crear la legislación anterior al momento en que decidimos
Del Río. Por tanto, no podemos avalar que la interpretación
sobre esta legislación descanse, sin análisis ulterior, en
nuestros pronunciamientos sobre una legislación derogada.
En
particular,
para
determinar
si
en
este
caso
se
establecieron las excepciones para realizar un registro sin
orden
judicial,
excepciones
en
las
que
subyace
la
protección al derecho a la intimidad.
Por ejemplo, en Commonwealth v. Cruz, 459 Mass. 459
(2011), el Tribunal Supremo de Massachusetts, al evaluar la
evidencia incautada mediante una detención y registro de un
vehículo,
sostuvo
que,
con
la
aprobación
de
la
nueva
legislación que despenalizaba el consumo de una onza de
marihuana, y contrario a lo que había reconocido ese foro
previo a la nueva legislación, el olor a marihuana por sí
solo no era suficiente para generar los motivos fundados
para realizar un registro.
Por tanto, a pesar
de que la posesión de más de una
onza continuaba siendo material delictivo, añadió que la
sospecha levantada debía ser sobre material delictivo y no
sobre una infracción civil.
A tales fines, sostuvo que:
privilegio, no un derecho. Del Río, 113 D.P.R. en la pág.
689.
CC-2012-461
30
Articulable facts, then, must demonstrate a
suspicion that the defendant possessed more than one
ounce of marijuana, because possession of one ounce or
less of marijuana is not a crime. There are no facts
in the record to support a reasonable suspicion that
the defendant possessed more than one ounce of
marijuana.
Cruz, 459 Mass. en la pág. 469.
Por tanto, el más alto Foro de Massachusetts invalidó
el registro de la evidencia incautada.
criterios
establecidos
por
el
Coincidimos con los
Tribunal
Supremo
de
Massachusetts al aplicarlos a la controversia de este caso
en que se percibe, sin más, la posesión de un arma de fuego
sin que se puedan articular hechos que conduzcan a alguna
sospecha sobre la utilización del arma de forma ilegal o
sobre la ausencia de licencia para portar el arma.
En este
caso,
por
la
agente
admitió
que
el
registro
surgió
“curiosidad” de haber percibido un arma de fuego.
la
No tenía
sospecha alguna de que se había cometido un delito y no
tenía sospecha sobre si el señor Báez López tenía o no
licencia para portar la misma.
En suma, la decisión de una mayoría de este Tribunal
cede ante el poder policiaco del Estado25 para realizar un
registro
sin
conferido
intimidad.
por
orden
judicial
nuestros
En
el
dejando
en
constituyentes
proceso,
no
sólo
rezago
al
el
derecho
prescinde
valor
a
la
de
la
protección de factura más ancha al derecho a la intimidad
25
Poder que en palabras de Giorgio Agamben “is the site
where the contiguity if not the constitutive exchange
between violence and law characterizes the figure of the
sovereign is visible in all its nakedness”. Giorgio
Agamben, The Sovereign Police, The Politics of Everyday
Fear 61 (1993).
CC-2012-461
que
31
establece
muerta,
nuestra
sino
que
al
Constitución,
adoptar
la
que
hoy
es
doctrina
de
letra
evidencia
incautada mediante el tacto, restringe el ámbito mínimo de
protección
que
establece
la
jurisprudencia
federal,
colocándose al margen de la propia Constitución federal.
Por tanto, con mucho pesar disiento del curso seguido por
una
mayoría
confirmado
de
la
este
Tribunal.
determinación
En
de
los
su
lugar,
foros
hubiese
inferiores
y
suprimiría la evidencia incautada.
El dictamen de hoy me obliga a esta última reflexión.
En los últimos años, Puerto Rico ha sido testigo de un
vertiginoso aumento en la criminalidad especialmente en la
comisión de delitos graves con armas de fuego.
Hace apenas
un (1) año se trató de enmendar la Constitución del Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico
para
limitar
el
derecho
constitucional a la fianza, como mecanismo para reducir la
criminalidad.
No es un secreto, el sentido de inseguridad
profunda que aqueja a la inmensa mayoría de los ciudadanos
de
este
País.
Todo
aquello
que
nos
hace
sentir
tranquilos, más seguros, le damos la bienvenida.
más
Aunque en
ocasiones sin embargo, ciegamente.
“Buscamos
seguridad
es
seguridad.
difícil.
La
Vivir
necesitamos.
exclusivamente
Vivir
para
sin
ella
es
peligroso. . . .[N]o hemos de olvidar que la seguridad ha
de
estar
al
servicio
de
supeditada
a
la
necesidad,
la
seguridad
bien,
la
seguridad.
libertad
.
habría
y
no
la
.
.Entre
el
miedo
de
ser
un
libertad
aliado.
y
la
Ahora
más parece que no pocas veces sobre ese miedo se
CC-2012-461
32
sustenta una desmedida consideración de la seguridad, que
se
ofrece
como
coartada
del
inmovilismo
o
de
la
delimitación o eliminación de los derechos individuales”.
Ángel Gabilondo, Seguramente, en El País, disponible en
http://blogs.elpais.com/el-salto-del-angel/2012/08/
seguramente.html
(última
(énfasis
original).
Franklin:
en
el
“aquellos
visita
que
5
de
Como
sacrifican
diciembre
de
bien
Benjamín
la
dijo
libertad
seguridad no merecen tener ninguna de las dos”. Id.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
2013)
por