LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Lydia E. Cruz v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico

2013 TSPR 78

Poder Judicial de Puerto Rico

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Lydia E. Cruz v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico

CT-2013-11

Resolución con Voto Particular Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lydia E. Cruz y otros

Peticionarios

Certificación

v.

2013 TSPR 78

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

188 DPR ____

Recurridos

Número del Caso: CT-2013-11

Fecha: 28 de junio de 2013

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Ernesto Aponte Rosario

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Beatriz Annexy Guevara

Materia: Resolución con Voto Particular Disidente

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lydia E. Cruz y otros

Peticionarios

v.

CT-2013-011

Estado

Libre

Puerto Rico

Asociado

de

Recurridos

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2013.

A la petición de certificación que presentaron

los peticionarios, no ha lugar. Véase, Trinidad

Hernández v. E.L.A., Op. de 24 de junio de 2013, CT2013-8, CT-2013-9 y CT-2013-10, 2013 T.S.P.R. __.

Esa

opinión

dispone

de

los

señalamientos

y

fundamentos expuestos por los peticionarios. Del

propio estatuto se desprende con claridad que los

beneficios de aguinaldo de navidad y aumentos

trienales no son parte de la pensión de los

retirados. Sobre el particular, el Art. 1-101 de la

Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendado,

3 L.P.R.A. sec. 761, dispone en lo pertinente:

Por las secs. 761 a 788 de este título se

crea un sistema de retiro y beneficios que

se denominará Sistema de Retiro de los

Empleados del Gobierno del Estado Libre

Asociado

de

Puerto

Rico

el

cual

se

considerará un fideicomiso. Los fondos del

Sistema que por la presente se crea, se

utilizarán y aplicarán, según lo dispuesto

en las secs. 761 a 788 de este título, en

CT-2013-011

2

provecho de los miembros participantes de su matrícula, sus

dependientes y beneficiarios, para el pago de anualidades

por retiro y por incapacidad, anualidades y beneficios por

defunción y otros beneficios, una vez satisfechos los

requisitos que más adelante se establecen, para en esta

forma conseguir economía y eficiencia en el funcionamiento

del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Advertimos de su faz que el Art. 1-101, íd., no define qué

constituye la pensión. Eso se hace en el Art. 2-101 de la Ley Núm.

447, supra, según enmendado, 3 L.P.R.A. sec. 766. Allí se define la

pensión como “una anualidad por retiro” y se establece la fórmula que

determina la elegibilidad y el importe de esa anualidad. Lo único que

se hace en el Art. 1-101, supra, es establecer que el fideicomiso de

retiro se estableció para pagar la anualidad, los beneficios

específicos que allí se mencionan “y otros beneficios” que el

legislador adopte. No los hace parte de la anualidad.

Definida la pensión como una “anualidad por retiro”, tenemos que

concluir entonces que los otros beneficios concedidos no son parte de

la pensión. Son beneficios adicionales que la Asamblea Legislativa ha

concedido. En otras palabras, son lo que la ley dice que son; “otros

beneficios”. Es por eso que en Trinidad Hernández v. E.L.A., supra,

pág. 11, esc. 2, dijimos que “los beneficios otorgados mediante las

leyes especiales que la Reforma del Sistema de Retiro elimina no

forman parte de su pensión”.

Abona a nuestra conclusión el trato desigual que el legislador

ha dado a esos beneficios. Por ejemplo, el aumento de tres porciento

en las pensiones que se otorgó mediante legislación se sufragaría,

por mandato legislativo, por el presupuesto general del Estado Libre

Asociado. Art. 3 de la Ley Núm. 157-2003, 3 L.P.R.A. sec. 761 n. En

cambio, el aguinaldo de navidad a los pensionados se sufragaría por

el fideicomiso del sistema de retiro. Art. 3 de la Ley Núm. 98 de 4

de junio de 1980, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 761 n. Así pues,

es evidente que todos los beneficios especiales no se sufragan del

fideicomiso del sistema de retiro.

Conforme con lo antes expuesto, reiteramos que la eliminación de

beneficios adicionales a los retirados que introdujo la Ley Núm. 32013 no constituye un menoscabo que viole la Constitución. Véanse,

Art. 1 Sec. 10 de la Constitución de Estados Unidos; Art. II Sec. 7

de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A. Tomo I.

CT-2013-011

3

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal

Supremo, Interina. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió

Voto Particular Disidente al cual se unen la Jueza Asociada señora

Pabón Charneco y los Jueces Asociados señores Kolthoff Caraballo y

Rivera García.

Camelia Montilla Alvarado

Secretaria del Tribunal Supremo, Interina

CT-2013-011

4

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lydia E. Cruz y otros

Peticionarios

v.

CT-2013-011

Certificación

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico y Otros

Recurridos

Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado SEÑOR

ESTRELLA MARTÍNEZ, al cual se unen la Jueza Asociada señora PABÓN

CHARNECO y los Jueces Asociados señores KOLTHOFF CARABALLO y

RIVERA GARCÍA

San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2013.

Desde

los

inicios

de

la

vigencia

de

la

Constitución, que todos los jueces y juezas de

este Tribunal juramos defender, los pensionados

han confiado en el entendimiento certero de que

“[c]on

el

populares

advenimiento

y

la

de

las

desaparición

de

democracias

los

regímenes

monárquicos, el fundamento jurídico de la pensión

no

lo

constituye

un

acto

de

recompensa

del

soberano, sino una obligación moral del Estado”.

(Énfasis suplido.) Rivera v. Rodríguez, 93 D.P.R.

21, 24 (1966).

Uno

verdadera

de

los

principios

democracia

es

la

claves

en

una

existencia

de

mecanismos para que sus ciudadanos tengan acceso

CT-2013-011

al

reclamo

5

de

constituyan

sus

una

Lamentablemente,

derechos,

independientemente

mayoría

cinco

o

minoría

compañeros

y

de

que

cuantitativa.

compañeras

de

este

Tribunal nuevamente han optado por no ejercer su rol en la

protección de los derechos constitucionales de ciudadanos

afectados por la Ley Núm. 3-2013. Tristemente, ahora en

nuestra democracia las pensiones por retiro del servicio

público han sido degradadas a una mera gracia del Estado.

Peor

aún,

ha

quedado

en

el

olvido

el

reconocimiento

reiterado de que la pensión de un jubilado no está sujeta

a cambios o menoscabos.

Por considerar que las pensiones trastocadas poseen

una protección absoluta, a la luz de la cláusula en contra

del menoscabo de las obligaciones contractuales, y que la

Ley Núm. 3-2013 menoscaba los derechos adquiridos de los

pensionados, respetuosamente disiento.

I

El

24

de

junio

de

2013,

un

grupo

de

exempleados

públicos acogidos al retiro, presentaron ante esta Curia

un recurso de Certificación, en el cual solicitaron que se

declare

inconstitucional

la

Ley

Núm.

incidir

adversamente

3-2013,

sobre

sus

derechos

por

ésta

adquiridos

al

disfrute de un Aguinaldo de Navidad, un Bono de Verano y

un

aumento

periódico

de

sus

pensiones,

según

estos

beneficios le fueron reconocidos en la Ley Núm. 447 de 15

de mayo de 1951, al igual que en otras leyes especiales.

En sus recursos, los peticionarios invocan la Sección

7 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico, la cual

CT-2013-011

impide

6

que

relaciones

el

Estado

promulgue

contractuales,

leyes

incluyendo

que

menoscaben

aquellas

que

son

públicas en su naturaleza. Art. II, Sec. 7, Const. P.R.,

L.P.R.A. Tomo 1. A su vez, descansan en el Art. 3 del

Código Civil de Puerto Rico para argüir que los beneficios

que le fueron reconocidos, por virtud de diferentes leyes

especiales,

son

derechos

adquiridos

que

no

pueden

ser

afectados retroactivamente. Art. 3, Código Civil de Puerto

Rico, 31 L.P.R.A sec. 3.

Teniendo

ante

nos

presente

son

que

empleados

los

peticionarios

retirados,

que

quienes

acuden

ya

eran

acreedores de los beneficios de retiro que la Ley Núm. 32013

pretende

privarles,

pasemos

a

repasar

el

marco

jurídico aplicable.

II

Este Tribunal ha establecido con meridiana claridad

que los empleados públicos que ya se han acogido al retiro

poseen un derecho adquirido de carácter absoluto sobre los

beneficios de jubilación que le han sido reconocidos. A

esos

efectos,

hemos

pautado

que

la

pensión

de

estos

individuos no “está sujeta a cambios o menoscabos”, ya que

tales beneficios son un “derecho adquirido de naturaleza

contractual”.1

1

Bayrón

Toro

v.

Serra,

119

DPR

605,

618

En la parte II de la Opinión disidente que emití en

el caso Trinidad Hernández y otros v. E.L.A., discuto

extensamente los elementos requeridos para todo análisis

al amparo de la cláusula constitucional en contra del

menoscabo de las relaciones contractuales. Véase, Op. Dis.

del Juez Asociado señor Estrella Martínez, págs. 3-19,

res. el 24 de junio de 2013. En aquella ocasión, citando a

Bayrón Toro v. Serra, supra, expuse que en nuestra

CT-2013-011

7

(1987). Véanse, también: Rodríguez v. Retiro, 159 D.P.R.

467, 474 y 477 (2003); Calderón Morales v. Adm. de los

Sistemas de Retiro, 129 D.P.R. 1020, 1032 (1992).

Es

por

ello

que

todo

perjuicio

legislativamente

infundido a los beneficios de retiro de un pensionado es

improcedente,

de

cara

a

la

protección

constitucional

instaurada por la Sección 7 del Art. II de la Constitución

de Puerto Rico, la cual impide el menoscabo de relaciones

contractuales, incluyendo los contratos de retiro pactados

entre el Estado y el empleado pensionado. Art. II, Sec. 7

de la Constitución de Puerto Rico. Véase, también, Bayrón

Toro v. Serra, supra, pág. 607.

En

aras

de

aplicar

la

prohibición

constitucional

esbozada urge plantearnos, como punto de partida, cuáles

____________________________

jurisdicción, distinto a otras, el sistema de retiro

público es considerado un contrato público sujeto a la

Sec. 7 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico. Íd.,

págs. 13-14. De tal manera, queda satisfecho el primer

criterio requerido por el Tribunal Supremo federal en

General Motors Corp. v. Rein, 503 U.S. 181, 186 (1992), al

momento de analizar una alegada violación de la cláusula

constitucional en contra del menoscabo de relaciones

contractuales, el cual exige determinar, como cuestión de

umbral, si existe una relación contractual.

Los restantes criterios del Tribunal Supremo federal,

según fueron esbozados en General Motors Corp. v. Rein,

supra, a saber: que una legislación menoscabe la relación

contractual, y que el menoscabo indicado sea sustantivo en

su naturaleza también están presentes en el caso de autos.

En primer lugar, y según lo estableceremos más adelante,

la Ley Núm. 3-2013 menoscaba la relación contractual

pactada entre los empleados públicos y el Estado al

afectar el sistema de retiro público. En segundo plano, de

establecerse que el plan de pensión de los empleados

retirados ha sido menoscabado, tal menoscabo, sin importar

su grado de intensidad, ya es considerado como uno

sustancial en su naturaleza y prohibido por la cláusula

constitucional bajo examen.

CT-2013-011

8

son los componentes de la pensión de retiro sobre la que

un

pensionado

contractual.

ostenta

A

esos

un

derecho

efectos,

es

adquirido

de

carácter

imperativo

examinar

el

Art. 1-101 de la Ley Núm. 447, el cual desglosa tales

elementos. Veamos.

Desde la primera línea del Art. 1-101 de la Ley Núm.

447,

el

legislador

expresamente

reconoció

concedidos

por

parte

beneficios

importe

que

recibirán

los

ley

son

retirados.

que

los

integral

del

Específicamente,

estableció lo siguiente: “[p]or la presente se crea un

sistema de retiro y beneficios que se denominará „Sistema

de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre

Asociado

de

Puerto

Rico´

el

cual

se

considerará

un

fideicomiso.”

El Art. 1-101 de la Ley Núm. 447, dispone que el

sistema de retiro de Puerto Rico existe para el “provecho

de

los

miembros

participantes

de

su

matrícula,

sus

dependientes y beneficiarios, para el pago de anualidades

por retiro y por incapacidad, anualidades y beneficios por

defunción

y

otros

beneficios...”.2

(Énfasis

suplido.)

3

L.P.R.A. sec. 761. De tal manera, podemos concluir que la

pensión garantizada a los empleados retirados, incluye los

siguientes componentes: (1) el pago de una anualidad por

retiro; (2) el pago de una anualidad por incapacidad, de

ser aplicable; (3) el pago de una anualidad, al igual que

2

Amerita resaltar que la Sección 1 de la Ley Núm. 32013 no enmendó el referido articulado. Véase, Sección 1,

Ley Núm. 3-2013.

CT-2013-011

9

otros beneficios, por motivo de la muerte; y (4) cualquier

otro beneficio cuyo pago deba sufragarse del fideicomiso

para el sistema de retiro, aunque el mismo sea conferido

por virtud de una ley especial.

A la luz de lo anterior, el Estado viene obligado a

respetar el pago de las partidas antes mencionadas, en

función

de

la

cláusula

constitucional

en

contra

del

menoscabo de las obligaciones contractuales, sin importar

que alguna de ellas sea conferida por virtud de una ley

especial. Lo anterior responde a nuestros pronunciamientos

jurisprudenciales, en los cuales hemos establecido que la

referida

garantía

protege

los

“términos

o

condiciones

esenciales del contrato que principalmente dieron motivo a

la celebración de éste de modo que [no] se frustren las

expectativas de las partes”. Domínguez Castro v. E.L.A.,

178

D.P.R.

1,

83

(2010).

En

iguales

términos,

así

lo

requiere el Art. 3 del Código Civil de Puerto Rico, el

cual dispone que cuando una ley tenga efecto retroactivo,

ésta

no

podrá

“perjudicar

los

derechos

adquiridos

al

amparo de una legislación anterior”. 31 L.P.R.A sec. 3;

Hernández Colón v. Pol. de P.R., 177 D.P.R. 121, 146-148

(2009).

Una vez queda establecido que se ha menoscabado algún

componente de la pensión de un retirado, según lo hemos

detallado anteriormente, huelga hablar de la intensidad

del menoscabo. Ello, en función de lo que hemos reiterado

a

lo

largo

legitimado

de

a

esta

Opinión:

afectar,

de

que

forma

el

Estado

alguna,

el

no

está

derecho

CT-2013-011

10

adquirido de un empleado jubilado sobre sus beneficios de

retiro,

por

virtud

de

la

cláusula

constitucional

bajo

examen, nuestros pronunciamientos jurisprudenciales y el

Art. 3 del Código Civil, supra.

Habiendo repasado estos principios constitucionales,

pasemos a reseñar cómo la Ley Núm. 3-2013 priva a los

empleados

públicos

ya

retirados

de

ciertos

derechos

adquiridos.

III

Consciente de la realidad jurídica antes explicada, de

que la pensión de un retirado es intocable, la Sección 29

de la Ley Núm. 3-2013 contiene la denominada “Preservación

de

Beneficios”.

expone

que

Bajo

los

este

acápite,

“beneficios

bajo

la

Ley

Núm.

esta

Ley

3-2013

de

los

participantes del Sistema que se pensionaron en o antes

del 30 de junio de 2013, no serán modificados, incluyendo

los beneficios que reciben o recibirían sus beneficiarios

en

caso

de

referida

muerte”.

Sin

Núm.

3-2013

Ley

embargo,

una

demuestra

lectura

lo

de

la

contrario.

Abundemos.

Antes de la aprobación de la Ley Núm. 3-2013, los

pensionados

otros,

recibían

incluían

un

beneficios

aumento

adicionales

trienal,

un

que,

entre

Aguinaldo

de

Navidad ascendente a $600 y un Bono de Verano de $100. La

aprobación de la Ley Núm. 3-2013 despojó de un plumazo a

los pensionados del aumento trienal, del Bono de Verano y

redujo el Bono de Navidad de $600 a sólo $200.

CT-2013-011

11

Los empleados públicos que se acogieron al retiro por

virtud de la Ley Núm. 447 y la Ley Núm. 1 de 16 de febrero

de 1990 gozaban, desde el 1 de enero de 1992, del derecho

a

que

sus

anualidades

por

años

de

servicio,

edad

o

incapacidad, fuesen aumentadas en un 3% cada 3 años. Art.

2-104,

Ley

Núm.

447,

3

L.P.R.A.

sec.

766e.

El

Estado

catalogó este derecho como una “obligación moral de ayudar

a mejorar la condición de vida de lo(a)s pensionado(a)s,

personas que dieron lo mejor de su vida en el servicio del

Pueblo de Puerto Rico”. Exposición de Motivos, Ley Núm.

35-2007. Además, el referido aumento existía con el fin de

palear

la

disminución

relativa

del

valor

de

las

anualidades de los pensionados, por causa del aumento en

el costo de vida impuesto por el transcurso del tiempo.

Íd.

Desde

el

1992,

la

Asamblea

Legislativa

proveyó

diferentes legislaciones conducentes a ese fin, siendo el

último aumento trienal aquel conferido el 24 de abril de

2007, por virtud de la Ley Núm. 35-2007. Véanse: Ley Núm.

35-2007;

Ley

Núm.

también,

Puerto

157-2003;

Rico

Ley

Government

Núm.

10-1992.

Employee‟s

Véase,

Retirement

System, Actuarial Valuation Report, 30 de junio de 2011,

pág. 57.

El Art. 2-113 de la Ley Núm. 447 reconoce que el

beneficio

fideicomiso

del

aumento

trienal

de

retiro.

3

es

L.P.R.A.

parte

sec.

inherente

775.

Según

al

lo

disponía el Art. 2-104 de la Ley Núm. 447, el pago del

aumento trienal quedó sujeto a que el actuario del sistema

CT-2013-011

de

retiro

12

emitiera

una

recomendación

favorable

a

esos

efectos y que se identificaran los fondos para su pago por

vía de legislación. 3 L.P.R.A. secs. 766e y 775. De tal

manera, sólo ante la falta de recomendación del actuario

es

que

se

reconoce

temporeramente

a

los

la

posibilidad

pensionados

de

de

privar

recibir

este

beneficio. Ello, sin necesidad de que se derogue en su

totalidad tal derecho adquirido, el cual forma parte del

fideicomiso y, a su vez, constituye un componente de la

pensión. Ahora bien, una vez el actuario reconoce como un

pasivo

el

pago

del

aumento

trienal,

y

en

ausencia

de

legislación para proveer el pago de esa obligación, el

Sistema de Retiro deberá sufragar este beneficio con cargo

al

fideicomiso.

Ello,

porque

el

en

Ley

aumento

está

engranado

beneficio

a

sufragarse

y

la

una

derecho

al

referido

Núm.

447

como

un

obligación

del

fondo

de

retiro. Íd.

A esos efectos, el último informe del actuario del

sistema del fondo de retiro emitido el 30 de junio de

2011, asumió que los beneficios conferidos por virtud del

aumento trienal serían otorgados a los pensionados. Véase,

Actuarial Valuation Report, supra, págs. 37 y 84. A pesar

de que el informe del actuario provee para el pago de

estos

beneficios,

la

Sección

6

de

la

Ley

Núm.

3-2013

eliminó por completo el Art. 2-104, desechando, a su vez,

el derecho de todo pensionado al pago del aumento trienal.

Véase, Sec. 6, Ley Núm. 3-2013.

CT-2013-011

13

Como si fuera poco, el pensionado tampoco gozará del

beneficio

de

un

Aguinaldo

de

Navidad

con

el

cual

ha

contado desde la vigencia de la Ley Núm. 98 de 4 de junio

de 1980. El dinero para sufragar el Aguinaldo de Navidad

provenía

Retiro

de

en

los

el

fondos

caso

de

del

fideicomiso

del

los

pensionados

o

Sistema

de

beneficiarios

acogidos a la Ley Núm. 447, según enmendada. 3 L.P.R.A.

sec.

761

nt.

Este

beneficio,

que

formaba

parte

de

la

pensión del retirado, respondió a un aumento programático

para

asegurarle

abandona[ban]

el

un

“agradable

servicio

público

porvenir

y

se

una

acog[ían]

vez

a

un

merecido retiro”. Véase, Exposición de Motivos de la Ley

Núm. 144-2005. El último incremento fijó el Aguinaldo de

Navidad en $600. 3 L.P.R.A. sec. 761 nt. A pesar de que la

Ley

Núm.

3-2013

enunció

que

no

se

modificarían

los

beneficios de los pensionados, ello no fue así, ya que

ésta redujo el Aguinaldo de Navidad en $400. Por tanto,

con la aprobación de la referida legislación, el jubilado

tan sólo contará con $200 como pago de su Aguinaldo de

Navidad.

Para empeorar el cuadro de modificaciones drásticas

del

pacto

suscrito

con

los

pensionados

del

Sistema

de

Retiro, éstos tampoco disfrutarán del Bono de Verano, con

el cual contaban desde hace más de una década. Con el fin

de

incrementar

los

“beneficios

existentes”

a

los

pensionados, la Ley Núm. 37-2001 les reconoció un derecho

a

recibir

un

Bono

de

Verano

de

$100

–exento

de

contribuciones- a ser pagado antes del 15 de julio de cada

CT-2013-011

14

año. 3 L.P.R.A. sec. 757g. La Sección 33 de la Ley Núm. 32013 enmendó el Artículo 1 de la Ley Núm. 37-2001, a los

fines

de

excluir

de

este

beneficio

a

los

pensionados

cobijados por la Ley Núm. 447, según enmendada, a los

acreedores de pensiones de los sistemas sobreseídos por

esta ley, o a los administrados por la Administración de

los Sistemas de Retiro que hoy acuden ante esta Curia.3

En consecuencia, el retirado no contará con un aumento

trienal, un Bono de Verano y se le reduce su Aguinaldo de

Navidad a la ínfima cantidad de $200. A la luz de estas

consideraciones,

pasemos

a

disponer

de

la

controversia

pendiente ante nuestra consideración.

IV

En el caso de autos, los retirados que, al 30 de junio

de 2013, ya gozaban de los beneficios provistos por el

sistema

de

retiro

público,

acuden

ante

esta

Curia

solicitando que se declare la inconstitucionalidad de la

Ley

Núm.

3-2013,

por

ésta

violentar

la

cláusula

constitucional en contra del menoscabo de las relaciones

contractuales. Al igual que los peticionarios desamparados

por este Tribunal en Trinidad Hernández v. E.L.A., los

pensionados

del

caso

de

epígrafe

cuentan

con

el

aval

indiscutible de la Justicia y del Derecho. Ahora bien, los

pensionados poseen una protección mayor reforzada por los

3

Hoy día la Ley Núm. 3-2013 únicamente reconoce el

Bono de Verano a los pensionados bajo la Ley de Retiro de

la Judicatura, Ley Núm. 12 de 19 de octubre de 1954, según

enmendada, 4 L.P.R.A. secs. 233, et seq., según enmendada.

CT-2013-011

15

pronunciamientos de este Tribunal, según lo expusimos a la

saciedad en nuestra exposición del Derecho.

Un pensionado posee un derecho absoluto, intocable e

incontestable a que su pensión no sea trastocada de forma

alguna por los actos legislativos del Soberano. Nuestra

jurisprudencia

ha

establecido

palmariamente

que

los

beneficios de pensión, conferidos por el fideicomiso del

fondo

del

retiro,

son

derechos

adquiridos

en

su

naturaleza, los cuales no pueden ser menoscabados por el

Estado, una vez un empleado se acoge a la jubilación.

Cónsono con lo anterior, y debido a que la pensión de

un retirado está compuesta por su anualidad de retiro y

por los otros beneficios que le sean reconocidos por Ley,4

cuyo pago provenga del fideicomiso del sistema de retiro,

un

empleado

posee

un

derecho

adquirido

a

todos

los

beneficios que le sean reconocidos por leyes especiales,

especialmente

cuando

éstos

sean

sufragados

por

el

fideicomiso del sistema de retiro.

En el caso de autos, la Ley Núm. 3-2013 ha eliminado

por

completo

4

el

aumento

trienal

de

los

exempleados

Como bien establecimos anteriormente, la pensión de

un retirado está compuesta por los beneficios reconocidos

en el Artículo 1-101 de la Ley Núm. 447. Contrario a lo

propuesto en la Resolución mayoritaria, el Artículo 2-101

de la Ley Núm. 447, se circunscribe a establecer cómo

habrá de computarse la anualidad de retiro. De tal manera,

una mayoría de este Tribunal limita erradamente el alcance

del sistema de retiro y beneficios creados por esta Ley a

una mera anualidad de retiro. Tal ejercicio interpretativo

violenta el principio básico de hermenéutica que exige que

las diferentes secciones de una ley no se interpreten

aisladamente, sino íntegramente, las unas con las otras.

Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378,

386 (1973).

CT-2013-011

16

públicos que ya se acogieron al retiro. Ello, a pesar de

que

tales

beneficios

deberían

ser

sufragados

por

los

fondos del sistema de retiro, en ausencia de una fuente de

financiamiento,

y

que,

como

resultado,

constituyen

una

parte esencial de su pensión.

Tal proceder es inaceptable de cara a la protección

constitucional en contra del menoscabo de las relaciones

contractuales, la cual prohíbe que se menoscabe la pensión

de

un

retirado,

de

forma

alguna.

A

su

vez,

esta

legislación contraviene el Art. 3 de nuestro Código Civil,

el

cual

impide

que

una

legislación

con

efectos

retroactivos prive a nuestros ciudadanos de sus derechos

adquiridos.

Sin

importar

ordenamiento

que

legal

la

vedan

Constitución

notoriamente

y

el

nuestro

atropello

configurado en la Ley Núm. 3-2013, una mayoría de esta

Curia ha ignorado los pronunciamientos contundentes que en

el

pasado

hemos

promulgado,

optando

en

su

lugar

por

rechazar las pautas de nuestra Constitución. Al así obrar,

cinco jueces de este Foro vuelven a maniatar los reclamos

de

miles

de pensionados quienes, asistidos

diáfanamente

por la verdad inconmovible del Derecho y la Justicia, han

acudido

ante

nos

a

reclamar

lo

que

por

Ley

les

corresponde.

Al igual que en Trinidad Hernández v. E.L.A., supra,

nuevamente

este

Tribunal

niega

a

los

peticionarios

sus

derechos constitucionales a los beneficios de retiro que

les

correspondían,

claudicando

así

a

su

función

CT-2013-011

17

adjudicativa

y

validando

injustamente

una

Ley

que

contraviene, a todas luces, las protecciones fundamentales

de nuestra Ley Suprema.

Una mayoría de este Tribunal interpreta erróneamente

que la pensión se reduce meramente a una anualidad por

retiro.

Con

reconoció

ello,

desde

beneficios.

ignoran

sus

que

inicios

la

Ley

Núm.

un

sistema

447

de

creó

y

retiro

y

No meramente un sistema de retiro.

Una vez

reconocidos esos derechos desde la creación del sistema,

no podemos avalar la acción de la mayoría que persigue

reducir la Ley Núm. 447 a un mero “pago de una anualidad

de

retiro”,

cuando

el

retiro y beneficios”.

legislador

creó

un

“sistema

de

Sencillamente procedía revocar al

Tribunal de Primera Instancia, en lugar de declarar No Ha

Lugar la petición de los pensionados.

Como

resultado,

activamente

en

la

hoy

privación

este

de

Tribunal

los

participa

beneficios

que

le

fueron garantizados por el Estado a nuestros pensionados.

Los jueces que hoy avalan la validez de la ilícita Ley

Núm.

3-2013,

último

olvidan

garante

de

que

las

los

Tribunales

protecciones

representan

inherentes

a

el

una

democracia constitucional. Si renunciamos tan fácilmente a

nuestra

responsabilidad

como

guardianes

finales

de

las

exigencias de la Constitución, ¿cómo habrá de prosperar la

justicia? La respuesta a esta interrogante, compañeros, ha

quedado enturbiada y ensombrecida por la Resolución que

hoy

aprueba

disiento.

una

mayoría

de

este

Tribunal.

Por

ello,

CT-2013-011

18

V

Por entender que la decisión de una mayoría de este

Tribunal violenta los derechos de nuestros pensionados al

amparo de la Sec. 7 del Art. II de nuestra Constitución,

hubiese

expedido

el

recurso

de

epígrafe,

revocado

al

Tribunal de Primera Instancia y declarado inconstitucional

aquellas provisiones de la Ley Núm. 3-2013 que lesionan

los derechos adquiridos de nuestros retirados.

LUIS F. ESTRELLA MARTÍNEZ

Juez Asociado