Tribunal Supremo de Puerto Rico
Lydia E. Cruz v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico
2013 TSPR 78
Poder Judicial de Puerto Rico
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Lydia E. Cruz v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico
CT-2013-11
Resolución con Voto Particular Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Lydia E. Cruz y otros
Peticionarios
Certificación
v.
2013 TSPR 78
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico
188 DPR ____
Recurridos
Número del Caso: CT-2013-11
Fecha: 28 de junio de 2013
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Ernesto Aponte Rosario
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Beatriz Annexy Guevara
Materia: Resolución con Voto Particular Disidente
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Lydia E. Cruz y otros
Peticionarios
v.
CT-2013-011
Estado
Libre
Puerto Rico
Asociado
de
Recurridos
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2013.
A la petición de certificación que presentaron
los peticionarios, no ha lugar. Véase, Trinidad
Hernández v. E.L.A., Op. de 24 de junio de 2013, CT2013-8, CT-2013-9 y CT-2013-10, 2013 T.S.P.R. __.
Esa
opinión
dispone
de
los
señalamientos
y
fundamentos expuestos por los peticionarios. Del
propio estatuto se desprende con claridad que los
beneficios de aguinaldo de navidad y aumentos
trienales no son parte de la pensión de los
retirados. Sobre el particular, el Art. 1-101 de la
Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendado,
3 L.P.R.A. sec. 761, dispone en lo pertinente:
Por las secs. 761 a 788 de este título se
crea un sistema de retiro y beneficios que
se denominará Sistema de Retiro de los
Empleados del Gobierno del Estado Libre
Asociado
de
Puerto
Rico
el
cual
se
considerará un fideicomiso. Los fondos del
Sistema que por la presente se crea, se
utilizarán y aplicarán, según lo dispuesto
en las secs. 761 a 788 de este título, en
CT-2013-011
2
provecho de los miembros participantes de su matrícula, sus
dependientes y beneficiarios, para el pago de anualidades
por retiro y por incapacidad, anualidades y beneficios por
defunción y otros beneficios, una vez satisfechos los
requisitos que más adelante se establecen, para en esta
forma conseguir economía y eficiencia en el funcionamiento
del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Advertimos de su faz que el Art. 1-101, íd., no define qué
constituye la pensión. Eso se hace en el Art. 2-101 de la Ley Núm.
447, supra, según enmendado, 3 L.P.R.A. sec. 766. Allí se define la
pensión como “una anualidad por retiro” y se establece la fórmula que
determina la elegibilidad y el importe de esa anualidad. Lo único que
se hace en el Art. 1-101, supra, es establecer que el fideicomiso de
retiro se estableció para pagar la anualidad, los beneficios
específicos que allí se mencionan “y otros beneficios” que el
legislador adopte. No los hace parte de la anualidad.
Definida la pensión como una “anualidad por retiro”, tenemos que
concluir entonces que los otros beneficios concedidos no son parte de
la pensión. Son beneficios adicionales que la Asamblea Legislativa ha
concedido. En otras palabras, son lo que la ley dice que son; “otros
beneficios”. Es por eso que en Trinidad Hernández v. E.L.A., supra,
pág. 11, esc. 2, dijimos que “los beneficios otorgados mediante las
leyes especiales que la Reforma del Sistema de Retiro elimina no
forman parte de su pensión”.
Abona a nuestra conclusión el trato desigual que el legislador
ha dado a esos beneficios. Por ejemplo, el aumento de tres porciento
en las pensiones que se otorgó mediante legislación se sufragaría,
por mandato legislativo, por el presupuesto general del Estado Libre
Asociado. Art. 3 de la Ley Núm. 157-2003, 3 L.P.R.A. sec. 761 n. En
cambio, el aguinaldo de navidad a los pensionados se sufragaría por
el fideicomiso del sistema de retiro. Art. 3 de la Ley Núm. 98 de 4
de junio de 1980, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 761 n. Así pues,
es evidente que todos los beneficios especiales no se sufragan del
fideicomiso del sistema de retiro.
Conforme con lo antes expuesto, reiteramos que la eliminación de
beneficios adicionales a los retirados que introdujo la Ley Núm. 32013 no constituye un menoscabo que viole la Constitución. Véanse,
Art. 1 Sec. 10 de la Constitución de Estados Unidos; Art. II Sec. 7
de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A. Tomo I.
CT-2013-011
3
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal
Supremo, Interina. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió
Voto Particular Disidente al cual se unen la Jueza Asociada señora
Pabón Charneco y los Jueces Asociados señores Kolthoff Caraballo y
Rivera García.
Camelia Montilla Alvarado
Secretaria del Tribunal Supremo, Interina
CT-2013-011
4
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Lydia E. Cruz y otros
Peticionarios
v.
CT-2013-011
Certificación
Estado Libre Asociado de Puerto
Rico y Otros
Recurridos
Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado SEÑOR
ESTRELLA MARTÍNEZ, al cual se unen la Jueza Asociada señora PABÓN
CHARNECO y los Jueces Asociados señores KOLTHOFF CARABALLO y
RIVERA GARCÍA
San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2013.
Desde
los
inicios
de
la
vigencia
de
la
Constitución, que todos los jueces y juezas de
este Tribunal juramos defender, los pensionados
han confiado en el entendimiento certero de que
“[c]on
el
populares
advenimiento
y
la
de
las
desaparición
de
democracias
los
regímenes
monárquicos, el fundamento jurídico de la pensión
no
lo
constituye
un
acto
de
recompensa
del
soberano, sino una obligación moral del Estado”.
(Énfasis suplido.) Rivera v. Rodríguez, 93 D.P.R.
21, 24 (1966).
Uno
verdadera
de
los
principios
democracia
es
la
claves
en
una
existencia
de
mecanismos para que sus ciudadanos tengan acceso
CT-2013-011
al
reclamo
5
de
constituyan
sus
una
Lamentablemente,
derechos,
independientemente
mayoría
cinco
o
minoría
compañeros
y
de
que
cuantitativa.
compañeras
de
este
Tribunal nuevamente han optado por no ejercer su rol en la
protección de los derechos constitucionales de ciudadanos
afectados por la Ley Núm. 3-2013. Tristemente, ahora en
nuestra democracia las pensiones por retiro del servicio
público han sido degradadas a una mera gracia del Estado.
Peor
aún,
ha
quedado
en
el
olvido
el
reconocimiento
reiterado de que la pensión de un jubilado no está sujeta
a cambios o menoscabos.
Por considerar que las pensiones trastocadas poseen
una protección absoluta, a la luz de la cláusula en contra
del menoscabo de las obligaciones contractuales, y que la
Ley Núm. 3-2013 menoscaba los derechos adquiridos de los
pensionados, respetuosamente disiento.
I
El
24
de
junio
de
2013,
un
grupo
de
exempleados
públicos acogidos al retiro, presentaron ante esta Curia
un recurso de Certificación, en el cual solicitaron que se
declare
inconstitucional
la
Ley
Núm.
incidir
adversamente
3-2013,
sobre
sus
derechos
por
ésta
adquiridos
al
disfrute de un Aguinaldo de Navidad, un Bono de Verano y
un
aumento
periódico
de
sus
pensiones,
según
estos
beneficios le fueron reconocidos en la Ley Núm. 447 de 15
de mayo de 1951, al igual que en otras leyes especiales.
En sus recursos, los peticionarios invocan la Sección
7 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico, la cual
CT-2013-011
impide
6
que
relaciones
el
Estado
promulgue
contractuales,
leyes
incluyendo
que
menoscaben
aquellas
que
son
públicas en su naturaleza. Art. II, Sec. 7, Const. P.R.,
L.P.R.A. Tomo 1. A su vez, descansan en el Art. 3 del
Código Civil de Puerto Rico para argüir que los beneficios
que le fueron reconocidos, por virtud de diferentes leyes
especiales,
son
derechos
adquiridos
que
no
pueden
ser
afectados retroactivamente. Art. 3, Código Civil de Puerto
Rico, 31 L.P.R.A sec. 3.
Teniendo
ante
nos
presente
son
que
empleados
los
peticionarios
retirados,
que
quienes
acuden
ya
eran
acreedores de los beneficios de retiro que la Ley Núm. 32013
pretende
privarles,
pasemos
a
repasar
el
marco
jurídico aplicable.
II
Este Tribunal ha establecido con meridiana claridad
que los empleados públicos que ya se han acogido al retiro
poseen un derecho adquirido de carácter absoluto sobre los
beneficios de jubilación que le han sido reconocidos. A
esos
efectos,
hemos
pautado
que
la
pensión
de
estos
individuos no “está sujeta a cambios o menoscabos”, ya que
tales beneficios son un “derecho adquirido de naturaleza
contractual”.1
1
Bayrón
Toro
v.
Serra,
119
DPR
605,
618
En la parte II de la Opinión disidente que emití en
el caso Trinidad Hernández y otros v. E.L.A., discuto
extensamente los elementos requeridos para todo análisis
al amparo de la cláusula constitucional en contra del
menoscabo de las relaciones contractuales. Véase, Op. Dis.
del Juez Asociado señor Estrella Martínez, págs. 3-19,
res. el 24 de junio de 2013. En aquella ocasión, citando a
Bayrón Toro v. Serra, supra, expuse que en nuestra
CT-2013-011
7
(1987). Véanse, también: Rodríguez v. Retiro, 159 D.P.R.
467, 474 y 477 (2003); Calderón Morales v. Adm. de los
Sistemas de Retiro, 129 D.P.R. 1020, 1032 (1992).
Es
por
ello
que
todo
perjuicio
legislativamente
infundido a los beneficios de retiro de un pensionado es
improcedente,
de
cara
a
la
protección
constitucional
instaurada por la Sección 7 del Art. II de la Constitución
de Puerto Rico, la cual impide el menoscabo de relaciones
contractuales, incluyendo los contratos de retiro pactados
entre el Estado y el empleado pensionado. Art. II, Sec. 7
de la Constitución de Puerto Rico. Véase, también, Bayrón
Toro v. Serra, supra, pág. 607.
En
aras
de
aplicar
la
prohibición
constitucional
esbozada urge plantearnos, como punto de partida, cuáles
____________________________
jurisdicción, distinto a otras, el sistema de retiro
público es considerado un contrato público sujeto a la
Sec. 7 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico. Íd.,
págs. 13-14. De tal manera, queda satisfecho el primer
criterio requerido por el Tribunal Supremo federal en
General Motors Corp. v. Rein, 503 U.S. 181, 186 (1992), al
momento de analizar una alegada violación de la cláusula
constitucional en contra del menoscabo de relaciones
contractuales, el cual exige determinar, como cuestión de
umbral, si existe una relación contractual.
Los restantes criterios del Tribunal Supremo federal,
según fueron esbozados en General Motors Corp. v. Rein,
supra, a saber: que una legislación menoscabe la relación
contractual, y que el menoscabo indicado sea sustantivo en
su naturaleza también están presentes en el caso de autos.
En primer lugar, y según lo estableceremos más adelante,
la Ley Núm. 3-2013 menoscaba la relación contractual
pactada entre los empleados públicos y el Estado al
afectar el sistema de retiro público. En segundo plano, de
establecerse que el plan de pensión de los empleados
retirados ha sido menoscabado, tal menoscabo, sin importar
su grado de intensidad, ya es considerado como uno
sustancial en su naturaleza y prohibido por la cláusula
constitucional bajo examen.
CT-2013-011
8
son los componentes de la pensión de retiro sobre la que
un
pensionado
contractual.
ostenta
A
esos
un
derecho
efectos,
es
adquirido
de
carácter
imperativo
examinar
el
Art. 1-101 de la Ley Núm. 447, el cual desglosa tales
elementos. Veamos.
Desde la primera línea del Art. 1-101 de la Ley Núm.
447,
el
legislador
expresamente
reconoció
concedidos
por
parte
beneficios
importe
que
recibirán
los
ley
son
retirados.
que
los
integral
del
Específicamente,
estableció lo siguiente: “[p]or la presente se crea un
sistema de retiro y beneficios que se denominará „Sistema
de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre
Asociado
de
Puerto
Rico´
el
cual
se
considerará
un
fideicomiso.”
El Art. 1-101 de la Ley Núm. 447, dispone que el
sistema de retiro de Puerto Rico existe para el “provecho
de
los
miembros
participantes
de
su
matrícula,
sus
dependientes y beneficiarios, para el pago de anualidades
por retiro y por incapacidad, anualidades y beneficios por
defunción
y
otros
beneficios...”.2
(Énfasis
suplido.)
3
L.P.R.A. sec. 761. De tal manera, podemos concluir que la
pensión garantizada a los empleados retirados, incluye los
siguientes componentes: (1) el pago de una anualidad por
retiro; (2) el pago de una anualidad por incapacidad, de
ser aplicable; (3) el pago de una anualidad, al igual que
2
Amerita resaltar que la Sección 1 de la Ley Núm. 32013 no enmendó el referido articulado. Véase, Sección 1,
Ley Núm. 3-2013.
CT-2013-011
9
otros beneficios, por motivo de la muerte; y (4) cualquier
otro beneficio cuyo pago deba sufragarse del fideicomiso
para el sistema de retiro, aunque el mismo sea conferido
por virtud de una ley especial.
A la luz de lo anterior, el Estado viene obligado a
respetar el pago de las partidas antes mencionadas, en
función
de
la
cláusula
constitucional
en
contra
del
menoscabo de las obligaciones contractuales, sin importar
que alguna de ellas sea conferida por virtud de una ley
especial. Lo anterior responde a nuestros pronunciamientos
jurisprudenciales, en los cuales hemos establecido que la
referida
garantía
protege
los
“términos
o
condiciones
esenciales del contrato que principalmente dieron motivo a
la celebración de éste de modo que [no] se frustren las
expectativas de las partes”. Domínguez Castro v. E.L.A.,
178
D.P.R.
1,
83
(2010).
En
iguales
términos,
así
lo
requiere el Art. 3 del Código Civil de Puerto Rico, el
cual dispone que cuando una ley tenga efecto retroactivo,
ésta
no
podrá
“perjudicar
los
derechos
adquiridos
al
amparo de una legislación anterior”. 31 L.P.R.A sec. 3;
Hernández Colón v. Pol. de P.R., 177 D.P.R. 121, 146-148
(2009).
Una vez queda establecido que se ha menoscabado algún
componente de la pensión de un retirado, según lo hemos
detallado anteriormente, huelga hablar de la intensidad
del menoscabo. Ello, en función de lo que hemos reiterado
a
lo
largo
legitimado
de
a
esta
Opinión:
afectar,
de
que
forma
el
Estado
alguna,
el
no
está
derecho
CT-2013-011
10
adquirido de un empleado jubilado sobre sus beneficios de
retiro,
por
virtud
de
la
cláusula
constitucional
bajo
examen, nuestros pronunciamientos jurisprudenciales y el
Art. 3 del Código Civil, supra.
Habiendo repasado estos principios constitucionales,
pasemos a reseñar cómo la Ley Núm. 3-2013 priva a los
empleados
públicos
ya
retirados
de
ciertos
derechos
adquiridos.
III
Consciente de la realidad jurídica antes explicada, de
que la pensión de un retirado es intocable, la Sección 29
de la Ley Núm. 3-2013 contiene la denominada “Preservación
de
Beneficios”.
expone
que
Bajo
los
este
acápite,
“beneficios
bajo
la
Ley
Núm.
esta
Ley
3-2013
de
los
participantes del Sistema que se pensionaron en o antes
del 30 de junio de 2013, no serán modificados, incluyendo
los beneficios que reciben o recibirían sus beneficiarios
en
caso
de
referida
muerte”.
Sin
Núm.
3-2013
Ley
embargo,
una
demuestra
lectura
lo
de
la
contrario.
Abundemos.
Antes de la aprobación de la Ley Núm. 3-2013, los
pensionados
otros,
recibían
incluían
un
beneficios
aumento
adicionales
trienal,
un
que,
entre
Aguinaldo
de
Navidad ascendente a $600 y un Bono de Verano de $100. La
aprobación de la Ley Núm. 3-2013 despojó de un plumazo a
los pensionados del aumento trienal, del Bono de Verano y
redujo el Bono de Navidad de $600 a sólo $200.
CT-2013-011
11
Los empleados públicos que se acogieron al retiro por
virtud de la Ley Núm. 447 y la Ley Núm. 1 de 16 de febrero
de 1990 gozaban, desde el 1 de enero de 1992, del derecho
a
que
sus
anualidades
por
años
de
servicio,
edad
o
incapacidad, fuesen aumentadas en un 3% cada 3 años. Art.
2-104,
Ley
Núm.
447,
3
L.P.R.A.
sec.
766e.
El
Estado
catalogó este derecho como una “obligación moral de ayudar
a mejorar la condición de vida de lo(a)s pensionado(a)s,
personas que dieron lo mejor de su vida en el servicio del
Pueblo de Puerto Rico”. Exposición de Motivos, Ley Núm.
35-2007. Además, el referido aumento existía con el fin de
palear
la
disminución
relativa
del
valor
de
las
anualidades de los pensionados, por causa del aumento en
el costo de vida impuesto por el transcurso del tiempo.
Íd.
Desde
el
1992,
la
Asamblea
Legislativa
proveyó
diferentes legislaciones conducentes a ese fin, siendo el
último aumento trienal aquel conferido el 24 de abril de
2007, por virtud de la Ley Núm. 35-2007. Véanse: Ley Núm.
35-2007;
Ley
Núm.
también,
Puerto
157-2003;
Rico
Ley
Government
Núm.
10-1992.
Employee‟s
Véase,
Retirement
System, Actuarial Valuation Report, 30 de junio de 2011,
pág. 57.
El Art. 2-113 de la Ley Núm. 447 reconoce que el
beneficio
fideicomiso
del
aumento
trienal
de
retiro.
3
es
L.P.R.A.
parte
sec.
inherente
775.
Según
al
lo
disponía el Art. 2-104 de la Ley Núm. 447, el pago del
aumento trienal quedó sujeto a que el actuario del sistema
CT-2013-011
de
retiro
12
emitiera
una
recomendación
favorable
a
esos
efectos y que se identificaran los fondos para su pago por
vía de legislación. 3 L.P.R.A. secs. 766e y 775. De tal
manera, sólo ante la falta de recomendación del actuario
es
que
se
reconoce
temporeramente
a
los
la
posibilidad
pensionados
de
de
privar
recibir
este
beneficio. Ello, sin necesidad de que se derogue en su
totalidad tal derecho adquirido, el cual forma parte del
fideicomiso y, a su vez, constituye un componente de la
pensión. Ahora bien, una vez el actuario reconoce como un
pasivo
el
pago
del
aumento
trienal,
y
en
ausencia
de
legislación para proveer el pago de esa obligación, el
Sistema de Retiro deberá sufragar este beneficio con cargo
al
fideicomiso.
Ello,
porque
el
en
Ley
aumento
está
engranado
beneficio
a
sufragarse
y
la
una
derecho
al
referido
Núm.
447
como
un
obligación
del
fondo
de
retiro. Íd.
A esos efectos, el último informe del actuario del
sistema del fondo de retiro emitido el 30 de junio de
2011, asumió que los beneficios conferidos por virtud del
aumento trienal serían otorgados a los pensionados. Véase,
Actuarial Valuation Report, supra, págs. 37 y 84. A pesar
de que el informe del actuario provee para el pago de
estos
beneficios,
la
Sección
6
de
la
Ley
Núm.
3-2013
eliminó por completo el Art. 2-104, desechando, a su vez,
el derecho de todo pensionado al pago del aumento trienal.
Véase, Sec. 6, Ley Núm. 3-2013.
CT-2013-011
13
Como si fuera poco, el pensionado tampoco gozará del
beneficio
de
un
Aguinaldo
de
Navidad
con
el
cual
ha
contado desde la vigencia de la Ley Núm. 98 de 4 de junio
de 1980. El dinero para sufragar el Aguinaldo de Navidad
provenía
Retiro
de
en
los
el
fondos
caso
de
del
fideicomiso
del
los
pensionados
o
Sistema
de
beneficiarios
acogidos a la Ley Núm. 447, según enmendada. 3 L.P.R.A.
sec.
761
nt.
Este
beneficio,
que
formaba
parte
de
la
pensión del retirado, respondió a un aumento programático
para
asegurarle
abandona[ban]
el
un
“agradable
servicio
público
porvenir
y
se
una
acog[ían]
vez
a
un
merecido retiro”. Véase, Exposición de Motivos de la Ley
Núm. 144-2005. El último incremento fijó el Aguinaldo de
Navidad en $600. 3 L.P.R.A. sec. 761 nt. A pesar de que la
Ley
Núm.
3-2013
enunció
que
no
se
modificarían
los
beneficios de los pensionados, ello no fue así, ya que
ésta redujo el Aguinaldo de Navidad en $400. Por tanto,
con la aprobación de la referida legislación, el jubilado
tan sólo contará con $200 como pago de su Aguinaldo de
Navidad.
Para empeorar el cuadro de modificaciones drásticas
del
pacto
suscrito
con
los
pensionados
del
Sistema
de
Retiro, éstos tampoco disfrutarán del Bono de Verano, con
el cual contaban desde hace más de una década. Con el fin
de
incrementar
los
“beneficios
existentes”
a
los
pensionados, la Ley Núm. 37-2001 les reconoció un derecho
a
recibir
un
Bono
de
Verano
de
$100
–exento
de
contribuciones- a ser pagado antes del 15 de julio de cada
CT-2013-011
14
año. 3 L.P.R.A. sec. 757g. La Sección 33 de la Ley Núm. 32013 enmendó el Artículo 1 de la Ley Núm. 37-2001, a los
fines
de
excluir
de
este
beneficio
a
los
pensionados
cobijados por la Ley Núm. 447, según enmendada, a los
acreedores de pensiones de los sistemas sobreseídos por
esta ley, o a los administrados por la Administración de
los Sistemas de Retiro que hoy acuden ante esta Curia.3
En consecuencia, el retirado no contará con un aumento
trienal, un Bono de Verano y se le reduce su Aguinaldo de
Navidad a la ínfima cantidad de $200. A la luz de estas
consideraciones,
pasemos
a
disponer
de
la
controversia
pendiente ante nuestra consideración.
IV
En el caso de autos, los retirados que, al 30 de junio
de 2013, ya gozaban de los beneficios provistos por el
sistema
de
retiro
público,
acuden
ante
esta
Curia
solicitando que se declare la inconstitucionalidad de la
Ley
Núm.
3-2013,
por
ésta
violentar
la
cláusula
constitucional en contra del menoscabo de las relaciones
contractuales. Al igual que los peticionarios desamparados
por este Tribunal en Trinidad Hernández v. E.L.A., los
pensionados
del
caso
de
epígrafe
cuentan
con
el
aval
indiscutible de la Justicia y del Derecho. Ahora bien, los
pensionados poseen una protección mayor reforzada por los
3
Hoy día la Ley Núm. 3-2013 únicamente reconoce el
Bono de Verano a los pensionados bajo la Ley de Retiro de
la Judicatura, Ley Núm. 12 de 19 de octubre de 1954, según
enmendada, 4 L.P.R.A. secs. 233, et seq., según enmendada.
CT-2013-011
15
pronunciamientos de este Tribunal, según lo expusimos a la
saciedad en nuestra exposición del Derecho.
Un pensionado posee un derecho absoluto, intocable e
incontestable a que su pensión no sea trastocada de forma
alguna por los actos legislativos del Soberano. Nuestra
jurisprudencia
ha
establecido
palmariamente
que
los
beneficios de pensión, conferidos por el fideicomiso del
fondo
del
retiro,
son
derechos
adquiridos
en
su
naturaleza, los cuales no pueden ser menoscabados por el
Estado, una vez un empleado se acoge a la jubilación.
Cónsono con lo anterior, y debido a que la pensión de
un retirado está compuesta por su anualidad de retiro y
por los otros beneficios que le sean reconocidos por Ley,4
cuyo pago provenga del fideicomiso del sistema de retiro,
un
empleado
posee
un
derecho
adquirido
a
todos
los
beneficios que le sean reconocidos por leyes especiales,
especialmente
cuando
éstos
sean
sufragados
por
el
fideicomiso del sistema de retiro.
En el caso de autos, la Ley Núm. 3-2013 ha eliminado
por
completo
4
el
aumento
trienal
de
los
exempleados
Como bien establecimos anteriormente, la pensión de
un retirado está compuesta por los beneficios reconocidos
en el Artículo 1-101 de la Ley Núm. 447. Contrario a lo
propuesto en la Resolución mayoritaria, el Artículo 2-101
de la Ley Núm. 447, se circunscribe a establecer cómo
habrá de computarse la anualidad de retiro. De tal manera,
una mayoría de este Tribunal limita erradamente el alcance
del sistema de retiro y beneficios creados por esta Ley a
una mera anualidad de retiro. Tal ejercicio interpretativo
violenta el principio básico de hermenéutica que exige que
las diferentes secciones de una ley no se interpreten
aisladamente, sino íntegramente, las unas con las otras.
Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378,
386 (1973).
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públicos que ya se acogieron al retiro. Ello, a pesar de
que
tales
beneficios
deberían
ser
sufragados
por
los
fondos del sistema de retiro, en ausencia de una fuente de
financiamiento,
y
que,
como
resultado,
constituyen
una
parte esencial de su pensión.
Tal proceder es inaceptable de cara a la protección
constitucional en contra del menoscabo de las relaciones
contractuales, la cual prohíbe que se menoscabe la pensión
de
un
retirado,
de
forma
alguna.
A
su
vez,
esta
legislación contraviene el Art. 3 de nuestro Código Civil,
el
cual
impide
que
una
legislación
con
efectos
retroactivos prive a nuestros ciudadanos de sus derechos
adquiridos.
Sin
importar
ordenamiento
que
legal
la
vedan
Constitución
notoriamente
y
el
nuestro
atropello
configurado en la Ley Núm. 3-2013, una mayoría de esta
Curia ha ignorado los pronunciamientos contundentes que en
el
pasado
hemos
promulgado,
optando
en
su
lugar
por
rechazar las pautas de nuestra Constitución. Al así obrar,
cinco jueces de este Foro vuelven a maniatar los reclamos
de
miles
de pensionados quienes, asistidos
diáfanamente
por la verdad inconmovible del Derecho y la Justicia, han
acudido
ante
nos
a
reclamar
lo
que
por
Ley
les
corresponde.
Al igual que en Trinidad Hernández v. E.L.A., supra,
nuevamente
este
Tribunal
niega
a
los
peticionarios
sus
derechos constitucionales a los beneficios de retiro que
les
correspondían,
claudicando
así
a
su
función
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adjudicativa
y
validando
injustamente
una
Ley
que
contraviene, a todas luces, las protecciones fundamentales
de nuestra Ley Suprema.
Una mayoría de este Tribunal interpreta erróneamente
que la pensión se reduce meramente a una anualidad por
retiro.
Con
reconoció
ello,
desde
beneficios.
ignoran
sus
que
inicios
la
Ley
Núm.
un
sistema
447
de
creó
y
retiro
y
No meramente un sistema de retiro.
Una vez
reconocidos esos derechos desde la creación del sistema,
no podemos avalar la acción de la mayoría que persigue
reducir la Ley Núm. 447 a un mero “pago de una anualidad
de
retiro”,
cuando
el
retiro y beneficios”.
legislador
creó
un
“sistema
de
Sencillamente procedía revocar al
Tribunal de Primera Instancia, en lugar de declarar No Ha
Lugar la petición de los pensionados.
Como
resultado,
activamente
en
la
hoy
privación
este
de
Tribunal
los
participa
beneficios
que
le
fueron garantizados por el Estado a nuestros pensionados.
Los jueces que hoy avalan la validez de la ilícita Ley
Núm.
3-2013,
último
olvidan
garante
de
que
las
los
Tribunales
protecciones
representan
inherentes
a
el
una
democracia constitucional. Si renunciamos tan fácilmente a
nuestra
responsabilidad
como
guardianes
finales
de
las
exigencias de la Constitución, ¿cómo habrá de prosperar la
justicia? La respuesta a esta interrogante, compañeros, ha
quedado enturbiada y ensombrecida por la Resolución que
hoy
aprueba
disiento.
una
mayoría
de
este
Tribunal.
Por
ello,
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V
Por entender que la decisión de una mayoría de este
Tribunal violenta los derechos de nuestros pensionados al
amparo de la Sec. 7 del Art. II de nuestra Constitución,
hubiese
expedido
el
recurso
de
epígrafe,
revocado
al
Tribunal de Primera Instancia y declarado inconstitucional
aquellas provisiones de la Ley Núm. 3-2013 que lesionan
los derechos adquiridos de nuestros retirados.
LUIS F. ESTRELLA MARTÍNEZ
Juez Asociado