LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Trinidad Hernández v. Estado Libre Asociado y otros

2013 TSPR 73

Poder Judicial de Puerto Rico

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Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

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Trinidad Hernández v. Estado Libre Asociado y otros

CT-2013-8 CT-2013-9 CT-2013-10

Derecho Constitucional- Constitucionalidad de la Ley 3-2013 que enmendó la Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Víctor A. Trinidad Hernández

y otros

Peticionarios

v.

Estado Libre Asociado

y otros

Recurridos

___________________________

María del C. Alvarado

Pacheco y otros

Peticionarios

v.

Estado Libre Asociado

y otros

Recurridos

___________________________

José A. De Jesús Vera

y otros

Peticionarios

v.

Estado Libre Asociado y otros

Recurridos

Número del Caso: CT-2013-8

CT-2013-9

CT-2013-10

Fecha: 24 de junio de 2013

Certificación

2013 TSPR 73

188 DPR ____

CT-2013-8

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Iván Crespo Arroyo

Oficina de la Procurador General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray

CT-2013-9

Abogadas de la Parte Peticionaria:

Lcda. Judith Berkan

Lcda. Mary Jo Meléndez

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Beatriz Annexy Guevara

CT-2013-10

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Raúl Santiago Meléndez

Lcdo. Edgar R. Vega Pabón

Abogadas de la Parte Recurrida:

Lcda. Judith Berkan

Lcda. Mary Jo. Meléndez

Materia: Per Curiam con Opinión de Conformidad y Opiniones Disidentes

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Víctor A. Trinidad Hernández

y otros

Peticionarios

v.

Estado Libre Asociado

y otros

Recurridos

___________________________

María del C. Alvarado

Pacheco y otros

CT-2013-0008

CT-2013-0009

Certificación

CT-2013-0010

Peticionarios

v.

Estado Libre Asociado

y otros

Recurridos

____________________________

José A. De Jesús Vera

y otros

Peticionarios

v.

Estado Libre Asociado y otros

Recurridos

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2013.

Nos encontramos ante la delicada situación de atender el

reclamo

de

cientos

de

empleados

públicos

para

evaluar

la

constitucionalidad de la Ley Núm. 3-2013, la cual reforma el

Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico

CT-2013-0008, CT-2013-0009, CT-2013-0010

2

y sus Instrumentalidades (en adelante, Reforma del Sistema de

Retiro).

Al suscribir esta decisión, somos conscientes del efecto de

esta

reforma

sobre

los

planes

de

retiro

de

las

partes

demandantes y otros empleados públicos. Todos los que estamos

en

el

servicio

público

tenemos

familiares,

compañeros

y

compañeras y amigos y amigas cercanos que se afectarán por

esta legislación. Por otro lado, sabemos la importancia que

tiene

la

resolución

de

estos

casos

sobre

la

situación

económica del país, particularmente, sobre la deuda del Estado

que

le

permite

mantenimiento

singular

de

acceso

a

fondos

infraestructura

importancia

para

todos

para

y

de

los

que

el

desarrollo

y

otros

programas

de

vivimos

en

Puerto

Rico. Esta Curia tiene la obligación de adjudicar los casos

ante nos y de hacer ese delicado balance entre unos intereses

en

conflicto

de

extrema

importancia

en

nuestra

vida

como

pueblo.

Ante

este

dilema,

examinados

cuidadosamente

los

recursos

presentados a la luz de nuestro ordenamiento constitucional y

de la jurisprudencia, procede que sostengamos la validez de

las medidas adoptadas por los poderes ejecutivo y legislativo

para resolver la insolvencia actuarial del Sistema de Retiro.

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se acogen y

consolidan los recursos de certificación intrajurisdiccional

presentados por Trinidad Hernández y otros, Alvarado Pacheco y

otros, así como por De Jesús Vera y otros, y se confirma la

sentencia desestimatoria decretada por el Tribunal de Primera

Instancia.

CT-2013-0008, CT-2013-0009, CT-2013-0010

3

I.

En

síntesis,

en

los

casos

que

tenemos

ante

nuestra

consideración, las partes demandantes solicitaron al Tribunal

de Primera Instancia que declarara inconstitucional la Reforma

del

Sistema

de

Retiro

y

que

concediera

un

injunction

preliminar y permanente para detener su implementación.

En

esencia,

la

la

reforma

consiste

en:

1)

la

congelación

de

acumulación de beneficios de los empleados públicos activos

bajo los planes de beneficio definido establecidos en la Ley

447

y

la

Ley

1,

beneficios

bajo

acumulación

ganada

al

el

eliminar

sistema

por

dichos

la

actual

adquisición

pero

empleados

de

nuevos

respetando

públicos

toda

hasta

el

presente; 2) el incremento en la edad de retiro, el cual se

implantará

de

manera

escalonada

para

aquellos

empleados

públicos que se encuentran hoy cerca de cumplir con la edad de

retiro requerida bajo las leyes vigentes; 3) el incremento de

la aportación de los empleados públicos al sistema; 4) mover

los empleados públicos activos al amparo de la Ley 447 y la

Ley 1 a un plan de contribución definida similar a la Reforma

2000; y 5) la modificación de los beneficios otorgados por las

leyes

especiales,

utilizando

todo

el

ahorro

en

las

aportaciones patronales que esto produzca para allegarle más

fondos

al

sistema

de

retiro

de

empleados

públicos

y

así

asegurar el pago de los beneficios de los jubilados y de

aquellos empleados públicos activos con beneficios acumulados

al amparo de la Ley 447 y la Ley 1.

Estando el trámite pendiente ante el Tribunal de Primera

Instancia,

las

partes

demandantes

acudieron

al

Tribunal

CT-2013-0008, CT-2013-0009, CT-2013-0010

4

Supremo solicitando la certificación de los casos. Mediante

Resolución

emitida

solicitudes

y

el

11

de

señalamos,

junio

entre

de

2013,

denegamos

las

otras

cosas,

que

foro

el

primario debía atender con premura las mociones dispositivas

que tenía ante sí y que celebrara una vista evidenciaria no

más tarde del 18 de junio de 2013. Alvarado Pacheco y otros v.

E.L.A. y otros, 2013 T.S.P.R. 64, 188 D.P.R. __ (2013).

El

17

de

junio

de

2013,

el

foro

primario

emitió

una

sentencia y sentencia parcial mediante la cual resolvió las

mociones de desestimación presentadas por los demandados y

desestimó todas las reclamaciones al amparo de la Regla 10.2

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. Por eso, dejó sin

efecto la vista señalada para el día siguiente.

Oportunamente, las partes demandantes, Trinidad Hernández y

otros,

Alvarado

acudieron

ante

Pacheco

este

y

otros

Tribunal

y

De

Jesús

Vera

y

otros

mediante

las

peticiones

de

certificación intrajurisdiccional.1 Por su parte, las partes

recurridas presentaron sus respectivas oposiciones a que se

1

La parte peticionaria compuesta por Alvarado Pacheco y

otros, CT-2013-0009, presentó un recurso de apelación ante el

Tribunal de Apelaciones el 18 de junio de 2013 pero no

incluyó copia de este en el apéndice incumpliendo con la

Regla 20 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap.

XXI-B. Por otro lado, no surge del expediente del grupo de

peticionarios De Jesús Vera y otros, CT-2013-0010, que haya

presentado una moción de reconsideración ante el foro

primario o una apelación ante el foro apelativo intermedio,

por lo que no podemos corroborar si existe asunto pendiente

ante alguno de los foros de inferior jerarquía. De hecho,

este último tiene serias deficiencias que incluyen la falta

de índice del apéndice y enumeración de las páginas. No

obstante, como el recurso de Trinidad Hernández y otros, CT2013-0008, cumple con todos los requisitos para ejercer

nuestra jurisdicción, consolidamos los recursos y resolvemos

en virtud de la Regla 50 del Reglamento del Tribunal Supremo,

supra.

CT-2013-0008, CT-2013-0009, CT-2013-0010

5

certificara los casos. Resuelto los casos por el Tribunal de

Primera Instancia, y toda vez que este “asunto es de tal

importancia que exige una pronta atención” ante la vigencia

inminente de la Reforma del Sistema de Retiro, certificamos y

resolvemos estos recursos sin más trámite. U.P.R. v. Laborde

Torres y otros I, 180 D.P.R. 253, 272-273 (2010).

II.

Una

parte

puede

presentar

como

defensa

una

moción

de

desestimación bien fundamentada cuando la reclamación en su

contra

no

justifica

la

concesión

de

remedio

alguno.

32

L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2 (5); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera

Schatz, 180 D.P.R. 920 (2011). Para disponer de una moción de

desestimación bajo este fundamento

el tribunal tomará como ciertos todos los hechos bien

alegados en la demanda, que hayan sido aseverados de

manera clara y concluyente, y que de su faz no den

margen a dudas. Ante una moción de desestimación, las

alegaciones hechas en la demanda hay que interpretarlas

de forma conjunta, liberal y lo más favorable posible

para la parte demandante. La demanda no deberá

desestimarse a menos que se demuestre que el demandante

no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera

hechos que pueda probar. Colón v. Lotería, 167 D.P.R.

625 (2006).

Por otra parte, tanto la Constitución de Puerto Rico como la

federal disponen que no se aprobarán leyes que menoscaben las

obligaciones contractuales. Art. II., Sec. 7, Const. E.L.A.,

L.P.R.A., Tomo 1; Art. 1, Sec. 10, Const. E.E. U.U., L.P.R.A.,

Tomo 1. Ambas cláusulas buscan asegurar la estabilidad de las

relaciones contractuales. Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I,

178 D.P.R. 1, 81 (2010), certiorari denegado, Domínguez Castro

v. Puerto Rico, 131 S. Ct. 152, 562 U.S. __ (2010); Warner

Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 395 (1973).

CT-2013-0008, CT-2013-0009, CT-2013-0010

6

No obstante, la protección de las obligaciones contractuales

no es absoluta, pues debe ser armonizada con el poder de

reglamentación del Estado en beneficio del interés público.

United States Trust Co. v. New Jersey, 431 U.S. 1, 21 (1977);

Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, supra, pág. 394. Por

tal

razón,

es

norma

reiterada

que

no

todo

menoscabo

contractual es inconstitucional. Bayrón Toro v. Serra, 119

D.P.R. 605, 619 (1987); United States Trust Co. v. New Jersey,

supra, pág. 16.

Para analizar la validez constitucional de un estatuto bajo

la cláusula de menoscabo de obligaciones contractuales, el

criterio

aplicable

es

el

de

razonabilidad.

Bayrón

Toro

v.

Serra, supra, pág. 620. Así, al evaluar la interferencia del

Estado con la contratación privada, primero se debe auscultar

si

existe

una

relación

contractual

y

si

la

modificación

constituye un menoscabo sustancial o severo. Domínguez Castro

et al. v. E.L.A. I, supra, pág. 80; Warner Lambert Co. v.

Tribunal Superior, supra, pág. 395. De existir un menoscabo

sustancial

o

severo,

se

gubernamental

responde

racionalmente

relacionada

a

evalúa

un

con

si

la

interferencia

interés

legítimo

la

consecución

y

si

de

está

dicho

objetivo. Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra; Warner

Lambert Co. v. Tribunal Superior, supra.

Cuando

se

modifica

una

obligación

del

Gobierno,

el

escrutinio debe ser más cuidadoso en aras de asegurar que la

actuación del Estado no sea en beneficio propio. Domínguez

Castro et al. v. E.L.A. I, supra. Por ello, la modificación

contractual, además de ser razonable, debe ser necesaria para

CT-2013-0008, CT-2013-0009, CT-2013-0010

7

adelantar un propósito gubernamental importante. Bayrón Toro

v. Serra, supra, pág. 619; United States Trust Co. v. New

Jersey, supra, pág. 29. En fin, si el menoscabo surge como

consecuencia

dirigida

de

a

adelantar

validez. Íd.

E.L.A.

I,

deferencia

una

un

interés

razonable

público,

y

se

necesaria

sostendrá

su

Al respecto, en Domínguez Castro et al. v.

supra,

a

modificación

la

pág.

85,

establecimos

determinación

de

la

que

debemos

Asamblea

dar

Legislativa

respecto a la necesidad y razonabilidad de la medida.

En 1987, este Tribunal tuvo la oportunidad de expresarse

sobre

una

reforma

al

sistema

de

retiro

de

los

empleados

públicos de la Universidad de Puerto Rico (U.P.R.). Bayrón

Toro v. Serra, supra. En esencia, se fijó en cincuenta y cinco

(55) años la edad mínima para que un participante pudiera ser

elegible para recibir una anualidad, se redujo el importe de

la pensión que recibirían los participantes que se jubilaran

antes de cumplir los cincuenta y ocho (58) años y se aumentó

la aportación de los participantes al fondo del sistema.

En ese contexto, reconocimos que “un participante en un plan

de

retiro

tiene

un

interés

propietario

de

naturaleza

contractual protegido por la garantía constitucional contra el

menoscabo de obligaciones contractuales”. Íd., págs. 607-608.

No obstante, entendimos prudente “armonizar, por un lado, el

interés de proteger los derechos de los participantes y, por

el otro, el de permitirle al Estado la libertad de adoptar

cambios

que

garanticen

la

estabilidad

y

solvencia

del

sistema”. Íd., pág. 618. Cónsono con lo anterior, establecimos

que el Estado puede, antes de que un empleado

se jubile,

CT-2013-0008, CT-2013-0009, CT-2013-0010

8

enmendar los términos del sistema de retiro siempre y cuando

las

enmiendas

sean

razonables

y

adelanten

la

solvencia

actuarial del mismo. Íd.

III.

En los casos que nos ocupan, enfrentamos una legislación de

naturaleza económica que reforma el Sistema de Retiro de los

empleados públicos. Las partes demandantes alegan que ello

constituye un menoscabo de las obligaciones contractuales del

Estado.

Ciertamente,

la

Reforma

del

Sistema

de

Retiro

menoscaba sustancialmente las obligaciones del Estado, pues

afecta adversamente las expectativas de los empleados públicos

respecto a su retiro.

Determinado lo anterior, debemos examinar si la modificación

persigue

un

interés

importante

en

beneficio

del

bienestar

general y si esta es necesaria y razonable para adelantar

dicho interés. Al tratarse del Sistema de Retiro, según Bayrón

Toro v. Serra, supra, esta reforma será válida si es razonable

y necesaria para asegurar la solvencia actuarial del mismo.

Recordemos que aunque no debemos dar deferencia absoluta a la

determinación

de

razonabilidad

y

la

Asamblea

necesidad

del

Legislativa

respecto

estatuto,

debemos

sí

a

la

darle

alguna deferencia. Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra,

pág. 85.

Surge de la Exposición de Motivos de la Reforma del Sistema

de Retiro que el legislador entendió necesario y razonable

adoptar las medidas fiscales en controversia para evitar que

dicho sistema colapse y que el crédito de Puerto Rico sea

CT-2013-0008, CT-2013-0009, CT-2013-0010

9

degradado a “chatarra” por las agencias clasificadoras. En

particular, la Asamblea Legislativa especificó que

para el año fiscal 2013-2014, los activos netos del

sistema serán negativos, ya que la deuda del Sistema

evidenciada por bonos de obligaciones de pensión

excederá los activos del Sistema y, para el año fiscal

2018-2019, el Sistema se quedará sin fondos suficientes

para cubrir el pago de sus obligaciones, entre las que

se encuentra el pago de pensiones a los propios

pensionados, ya que sus activos totales se agotarán.

Inclusive, es probable que, de no hacer esos cambios,

ahora el agotamiento de los activos del Sistema ocurrirá

antes.

Actualmente, y conforme a los informes provistos por los

actuarios al 30 de junio de 2011, el Sistema de

Empleados Públicos, junto con el Sistema de Retiro para

Maestros […] cargan con un déficit actuarial combinado

de $35,260 millones, siendo el déficit del Sistema de

Empleados aproximadamente $25,491 millones. Se anticipa

que este déficit actuarial habrá crecido sustancialmente

para el 30 de junio de 2013. La magnitud del déficit

actuarial de ambos Sistemas de Retiro es tal, que

equivale a más de cuatro veces el ingreso anual del

Fondo General y a más de la mitad del Producto Nacional

Bruto de Puerto Rico, ambos para el año 2011.

Al respecto, el legislador enfatizó que las múltiples medidas

aprobadas a través de los años no han logrado atajar la crisis

financiera del Sistema de Retiro.

Indudablemente, de la Exposición de Motivos de la Reforma

del Sistema de Retiro se desprende que las medidas adoptadas

son necesarias y razonables para atender de forma adecuada la

crisis financiera que atenta contra la solvencia actuarial de

este sistema. Ello ciertamente constituye un interés público

importante

pues,

al

garantizar

la

solvencia

económica

del

sistema, se beneficia a todos sus participantes y se atiende,

en parte, la crisis fiscal que enfrenta el País en protección

del bienestar de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas.

CT-2013-0008, CT-2013-0009, CT-2013-0010

10

Ciertamente, no se sostendrá el menoscabo de una obligación

contractual

si

alternativas

la

parte

menos

demandante

drásticas

o

demuestra

severas

que

que

existen

las

que

el

legislador escogió para lograr su objetivo. Domínguez Castro

et al. v. E.L.A. I, supra, pág. 84; United States Trust Co. v.

New Jersey, supra, págs. 29-31. Ahora bien, amerita mencionar

que las partes demandantes alegaron de forma generalizada que

existían alternativas menos onerosas, sin detallar cómo estas

se llevarían a cabo y cómo asegurarían la solvencia actuarial

del Sistema de Retiro. Se limitan a señalar que el Estado

puede aumentar sus recaudos con otras medidas, como aumentar

la captación del Impuesto sobre Ventas y Uso (I.V.U.) o las

contribuciones.

Sin

embargo,

no

demostraron

que

tienen

evidencia para convencer al tribunal en un juicio que estas

alternativas son viables y menos onerosas. Véase Regla 110 (a)

de

Evidencia,

32

L.P.R.A.

Ap.

VI;

United

Automobile

v.

Fortuño, 633 F. 3d 37, 42-44 (1er Cir. 2011); Buffalo Teachers

Federation v. Tobe, 464 F. 3d 362, 365 (2do Cir. 2006) citado

con aprobación en Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra,

pág. 85.

No obstante, es norma establecida que no corresponde a los

tribunales hacer una determinación de novo sobre la existencia

de otras alternativas para solucionar el problema. Domínguez

Castro et al. v. E.L.A. I, supra, pág. 89. La determinación de

la

Asamblea

Legislativa

en

torno

a

las

medidas

aprobadas

constituye un ejercicio de política pública que merece nuestra

deferencia en este sistema de separación de poderes. Íd., pág.

45. En nuestro sistema republicano de gobierno, las tres ramas

CT-2013-0008, CT-2013-0009, CT-2013-0010

deben

mantener

un

balance

que

11

respete

los

límites

de

las

funciones de cada una. Véase Art. 1, Sec. 2, Const. E.L.A.,

L.P.R.A., Tomo 1. Recordemos que “[d]ebido a que las Ramas

Legislativa

y

Ejecutiva

son

las

llamadas

a

establecer

e

implantar la política pública del Estado, el examen judicial

no se puede convertir en una evaluación independiente de la

sabiduría

o

corrección

de

la

legislación

o

actuación

impugnada”. San Miguel Lorenzana v. E.L.A., 134 D.P.R. 405,

431 (1993). Véase además Clases A, B, C v. P.R.T.C., 183

D.P.R. 666, 681 (2011).

Incluso, de la propia Exposición de Motivos surge que la

Asamblea Legislativa consideró otros tipos de medidas para

resolver

el

problema

apremiante

de

solvencia

que

tiene

el

Sistema de Retiro pero concluyó que “no son factibles y, en

todo caso, tampoco pudieran resolver por sí solas la crisis

actuarial

vigente

[…]

Por

el

contrario,

se

requieren

soluciones integradas y abarcadoras en las cuales todos los

constituyentes del Sistema y todos los contribuyentes aporten

a la salvación del mismo”.

Por otro lado, del estatuto se desprende que la Reforma del

Sistema de Retiro es de aplicación prospectiva y que no afecta

la pensión de los ya jubilados.2 Igualmente, asegura a las

2

En cuanto a las alegaciones de las partes demandantes ya

pensionadas, basta señalar que los beneficios otorgados

mediante las leyes especiales que la Reforma del Sistema de

Retiro elimina no forman parte de su pensión. Por el

contrario, son gracias legislativas que se nutren del

presupuesto general del Estado y no con fondos del

fideicomiso del Sistema de Retiro. Se trata, más bien, de

beneficios adicionales otorgados por la Legislatura. Su

pensión queda inalterada. Véanse Domínguez Castro et al. v.

CT-2013-0008, CT-2013-0009, CT-2013-0010

12

partes demandantes y al resto de los participantes del sistema

que como resultado de dichas medidas podrán disfrutar de una

pensión al momento de cumplir los requisitos para retirarse.

La

Exposición

de

Motivos

detalló

que

ello

no

sería

una

posibilidad sin esta Reforma que busca evitar la insolvencia y

debacle de este sistema y la degradación del crédito de Puerto

Rico con sus consecuencias nefastas sobre la economía.

Por todo lo anterior, concluimos que la Reforma del Sistema

de Retiro es constitucional porque, a pesar de que existe un

menoscabo

sustancial

controversia,

necesarias

las

para

de

las

medidas

obligaciones

implantadas

salvaguardar

la

contractuales

son

solvencia

razonables

actuarial

en

y

del

Sistema de Retiro, y no existen medidas menos onerosas para

lograr ese fin.

Consiguientemente, al amparo de la Regla 50 del Reglamento

de

este

confirma

Tribunal,

la

supra,

Sentencia

y

sin

dictada

ulterior

por

el

procedimiento,

Tribunal

de

se

Primera

Instancia que desestimó las acciones incoadas por las partes

demandantes y aquí peticionarias.

Se dictará la Sentencia correspondiente.

_________________________________________

E.L.A. I, supra, págs. 67-70; Asoc. Maestros v. Dpto.

Educación, 171 D.P.R. 640, 665-666 (2007); Consejo Titulares

v. Williams Hospitality, 168 D.P.R. 101, 109 (2006).

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Víctor A. Trinidad Hernández

y otros

Peticionarios

v.

Estado Libre Asociado y otros

Recurridos

___________________________

CT-2013-0008

María del C. Alvarado

Pacheco y otros

CT-2013-0009

Peticionarios

Certificación

CT-2013-0010

v.

Estado Libre Asociado y otros

Recurridos

____________________________

José A. De Jesús Vera y

otros

Peticionarios

v.

Estado Libre Asociado y otros

Recurridos

Sentencia

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2013.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam

que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la

presente Sentencia, se acogen y consolidan los recursos CT2013-0008, CT-2013-0009, CT-2013-0010, y se confirma la

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

CT-2013-0008, CT-2013-0009, CT-2013-0010

2

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón

emitió una Opinión de Conformidad a la cual se une el Juez

Asociado señor Martínez Torres. La Jueza Asociada señora

Pabón Charneco y los Jueces Asociados señores Kolthoff

Caraballo, Rivera García y Estrella Martínez emitieron

Opiniones Disidentes.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

VÍCTOR A. TRINIDAD HERNÁNDEZ

Y OTROS

Certificación

CT-2013-008

MARÍA DEL CARMEN ALVARADO

PACHECO Y OTROS

CT-2013-009

JOSÉ ALEJANDRO DE JESÚS VERA

Y OTROS

CT-2013-010

Peticionarios

v.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE

PUERTO RICO Y OTROS

Recurridos

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor

FELIBERTI CINTRÓN a la que se une el Juez Asociado señor

MARTÍNEZ TORRES.

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2013.

“La realidad es que corresponde al

Estado

velar

por

el

bienestar

económico colectivo, a expensas del

bienestar individual.”1

Por PUERTO RICO y por ser lo correcto en Derecho,

estoy conforme con la Opinión Per Curiam emitida hoy por

este Tribunal.

No por chantajes, presiones o comentarios

públicos injustos, insultantes y lamentables por miembros

de las otras dos ramas de gobierno que han sido electos

para

servir

jóvenes,

1

y

como

líderes

y

que

tratan

de

ser

ejemplo

anticipar

para

e

nuestros

influenciar

Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 D.P.R. 1, 15, cert.

denied sub nom. Domínguez Castro v. Puerto Rico, 131 S.Ct. 152 (2010).

2

CT-2013-008; CT-2013-009; CT-2013-010

indebidamente las determinaciones de los componentes de la

Rama Judicial.

Aunque

empleados

siento

el

dolor

y

la

angustia

públicos

que

con

su

trabajo

y

de

aquellos

esfuerzo

han

laborado arduamente por años con miras a alcanzar un retiro

digno, para bien o para mal, las necesidades y el bienestar

colectivo de los aproximadamente tres millones y medio de

habitantes en Puerto Rico se imponen y prevalecen sobre los

intereses individuales de los miles de empleados públicos

afectados por la Ley Núm. 3-2013.

al.

v.

E.L.A.

I,

178

D.P.R.

1,

Véase Domínguez Castro et

15,

cert.

denied

sub

nom.

Domínguez Castro v. Puerto Rico, 131 S.Ct. 152 (2010).

Debido a la precaria condición de los Sistemas de

Retiro de los Empleados Públicos del Gobierno de Puerto

Rico,2

así

como

a

la

incertidumbre

y

las

posibles

2

Según indicado en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 32013, aprobada el 4 de abril de 2013, y concediéndole a la Asamblea

Legislativa la deferencia y el respeto que siempre nos ha merecido,

ésta es necesaria para estabilizar las finanzas de los Sistemas de

Retiro de los Empleados Públicos del Gobierno de Puerto Rico dada la

crisis financiera existente.

Los Sistemas de Retiro confrontan una

deficiencia de recursos que amenaza con agravar catastróficamente la

crisis económica que atraviesa actualmente la Isla, cargando con un

déficit actuarial combinado de $35,260 millones según informes

actuariales al 30 de junio de 2011 (se anticipa que dicho déficit

actuarial habrá crecido sustancialmente para el 30 de junio de 2013).

La magnitud del déficit actuarial de dichos Sistemas de Retiro es tal

que equivale a más de cuatro veces el ingreso anual del Fondo General.

Se proyecta que para cumplir con las obligaciones a los pensionados

por los próximos 26 años, el Gobierno de Puerto Rico (gobierno

central, corporaciones públicas y municipios) tendrá que inyectarle

cerca de $2,850 millones anuales a los Sistemas de Retiro. La razón

de la Ley Núm. 3-2013 es evitar la erosión total de los activos del

Sistema de Retiro de Empleados Públicos y con ello una catástrofe

económica sin precedentes para la Isla, al igual que proteger los

beneficios de retiro para los miles de servidores públicos activos y

retirados.

Continúa…

3

CT-2013-008; CT-2013-009; CT-2013-010

consecuencias

inestable

adversas

capacidad

determinación

distinta

a

la

ya

crediticia

a

la

maltrecha

del

tomada

hoy

economía

e

país

que

una

por

esta

Curia

podría ocasionar, opino humildemente y con gran respeto a

los

compañeros

disidentes,

que

actuar

de

otra

manera

sería, aun con la mejor de las intenciones, contrario a

nuestros precedentes constitucionales, al bien común y al

futuro de nuestros hijos y de nuestra querida Isla.

Quienes

presumieron

la

existencia

de

una

agenda

escondida por parte de miembros de este Tribunal, quedan

hoy desmentidos.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN

Juez Asociado

Dado que el crédito de la Isla se encuentra en una situación

sumamente frágil, habiendo sido degradada la deuda pública del

Gobierno Central a un punto anterior al llamado “nivel de chatarra”, y

ante la grave situación de estrechez fiscal en la que se encuentra

todo el aparato gubernamental, el gobierno no cuenta con fondos

suficientes para inyectar el dinero necesario y atenuar el déficit

actuarial en los Sistemas de Retiro.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Víctor A. Trinidad Hernández

y otros

Peticionarios

v.

Estado Libre Asociado y otros

Recurridos

___________________________

Certificación

María del C. Alvarado Pacheco y

otros

Peticionarios

v.

Estado Libre Asociado y otros

Recurridos

___________________________

CT-2013-0008

CT-2013-0009

CT-2013-0010

José A. De Jesús Vera y otros

Peticionarios

v.

Estado Libre Asociado y otros

Recurridos

Opinión disidente emitida

PABÓN CHARNECO.

por la Jueza Asociada señora

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2013.

Emergency does not create

power. Emergency does not

increase granted power or

remove

or

diminish

the

restrictions

imposed

upon

power granted or reserved.1

1

Home Bldg. & Loan Ass’n v. Blaisdell, 290 U.S. 398 (1934).

CT-2013-8, CT-2013-9 y CT-2013-10

Ante

la

Opinión

que

2

antecede,

no

queda

otra

alternativa que disentir del resultado anunciado. A través

de solo doce (12) páginas, una mayoría de este Tribunal se

aferra a una aplicación equivocada de Domínguez Castro v.

E.L.A. I, 178 D.P.R. 1 (2010), cert. denegado, Castro v.

Puerto Rico, 131 S.Ct. 152 (2010). Con una escueta opinión

Per Curiam –huérfana de autor específico- se le da una

trastada final a miles de servidores públicos utilizando

una

metodología

constitucionalización

adjudicativa

de

un

"sello

que

raya

de

goma".

en

No

la

puedo

prestar mi voto a ese proceder, por lo que debo emitir

estas breves expresiones.

I

De acuerdo a la doctrina de Domínguez Castro v. E.L.A.

I, supra, los tribunales deben limitarse a analizar la

razonabilidad de las medidas legislativas que tengan el

efecto de menoscabar relaciones contractuales. Sin embargo,

el producto final del ratio decidendi de la Opinión Per

Curiam que hoy se emite nos invita a concluir que la Ley

Núm. 3-2013 es razonable porque...pues porque el Gobierno

lo dice. Soy de la opinión que ese no es el análisis

constitucional que requiere Domínguez Castro v. E.L.A. I,

supra, y United States Trust Co. v. New Jersey, 431 U.S. 1

(1977).

Al igual que discute el hermano Juez Asociado señor

Rivera García en su Opinión disidente, considero que para

CT-2013-8, CT-2013-9 y CT-2013-10

3

que el Estado cumpla con el estándar de razonabilidad al

momento de alterar las pensiones de los empleados públicos,

este debe proveer algún beneficio al empleado que aminore

el

impacto

de

los

cambios

negativos

en

la

relación

contractual. Por eso, ante la eminencia de los intereses

involucrados, soy del criterio que para llevar a cabo el

análisis de razonabilidad los tribunales deben utilizar el

estándar siguiente:

To be sustained as reasonable, alterations of

employees' pension rights must bear some material

relation to the theory of a pension system and

its successful operation, and changes in a

pension plan which result in disadvantage to

employees should be accompanied by comparable new

advantages. Allen v. City of Long Beach, 287 P.2d

765, 767 (1955)(Énfasis suplido).

Ese es el estándar que sabiamente han utilizado varios

tribunales

que

han

analizado

legislaciones

involucrada en los casos de autos.

como

la

Véase Calabro v. City

of Omaha, 531 N.W.2d. 541 (Neb. 1995); Singer v. City of

Topeka,

607

P.2d

467

(Kan.

1980);

Betts

v.

Board

of

Administration, 21 Cal.3d 859 (1978). Un proceder contrario

convertiría la actuación del Estado en un mero ejercicio de

poder deslegitimado. Lamento que este Tribunal avale tal

utilización del poder.

Nótese que el estatuto que analizamos en Domínguez

Castro v. E.L.A. I, supra, cumplía con ese estándar de

razonabilidad. La Ley Núm. 7-2009, 3 L.P.R.A sec. 8791 et

seq.,

compensaba

el

efecto

negativo

del

menoscabo

CT-2013-8, CT-2013-9 y CT-2013-10

4

contractual por ser una medida temporera, que afectaba un

número limitado de empleados públicos y que colocaba a

disposición

de

los

cesanteados

una

serie

de

ayudas

económicas que amortizaban el efecto patrimonial a estos.

Ese

proceder

cumplía

adecuadamente

con

el

estándar

de

razonabilidad que propongo. Ello a diferencia de la Ley

Núm. 3, supra, que contiene menoscabo tras menoscabo, con

efectos

presentes

trabajadores.

Por

y

futuros,

esta

en

el

y

por

razón,

patrimonio

lo

de

los

profundamente

discutido en las Opiniones disidentes de los compañeros

Jueces Asociados señores Kolthoff Caraballo, Rivera García

y Estrella Martínez, la Ley Núm. 3, supra, debería ser

declarada inconstitucional.

II

Por otro lado, si bien es cierto que el crédito de

Puerto Rico está en riesgo y se ha alegado que declarar

inconstitucional la Ley Núm. 3, supra, causaría finalmente

su degradación, este no es el Foro para pasar juicio sobre

ello. Sencillamente, esa es una consideración exógena al

Derecho que no debe guiar la decisión de los casos de

autos. Si el principio de independencia judicial significa

algo es que ese tipo de amenaza no puede empañar la labor

constitucional de los tribunales en Puerto Rico.

Lamentablemente, con la Opinión que hoy se emite el

crédito

que

sí

ha

quedado

degradado

es

el

de

la

CT-2013-8, CT-2013-9 y CT-2013-10

5

credibilidad del Estado como patrono. Con solo doce (12)

páginas este Tribunal dio la bendición final para que en

apenas unos cuantos días miles de puertorriqueños vean sus

vidas alteradas ante el cambio inminente e ineludible de su

futuro económico. En unos días tendrán que aportar más a un

sistema de retiro que nuevamente se les ha prometido, pero

con el conocimiento de que, tras años de labor incansable

al servicio de su Isla, la pensión original a la cual eran

acreedores sencillamente se esfumó. En doce (12) páginas de

análisis judicial pasajero, se selló ese nuevo futuro de

los empleados públicos en Puerto Rico. El sacrificio de

largos años de estos servidores públicos merecía mucho más

que eso.

Finalmente, tres (3) miembros de este Tribunal que

conforman la Mayoría en este caso han dado su anuencia a

este lamentable proceder. Ello a pesar de haber disentido

enérgicamente de lo resuelto en Domínguez Castro v. E.L.A.

I, supra. Este es tan solo el segundo capítulo de una saga

en la cual aparentemente presenciaremos una ―virazón‖ en la

metodología

adjudicativa

de

estos

tres

(3)

compañeros.

Véase Alvarado Pacheco y otros v. E.L.A., 2013 T.S.P.R. 64,

188

D.P.R.

Parecería

___

que

(2013),

ahora

res.

estamos

el

11

ante

de

un

junio

―nuevo‖

de

2013.

Tribunal

Supremo. La inconsistencia de estos tres (3) compañeros en

las últimas semanas ―es evidente e irrefutable. Nada, que

esta falta de constancia sólo se puede entender —tal vez—

CT-2013-8, CT-2013-9 y CT-2013-10

6

cuando, desde la orilla, observamos el flujo y reflujo de

la

marea‖.

(Op.

Disidente

de

RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ,

J.)

Domínguez Castro v. E.L.A. I, supra pág. 161.

III

Por todo lo anterior, declararía la Ley Núm. 3, supra,

inconstitucional.

Por ende, revocaría la Sentencia emitida

por el Tribunal de Primera Instancia.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Víctor A. Trinidad Hernández

y otros

Peticionarios

v.

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico y otros

Recurridos

____________________________

María

del

C.

Alvarado

Pacheco y otros

Peticionarios

CT-2013-8

Certificación

CT-2013-9

v.

CT-2013-10

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico y otros

Recurridos

____________________________

José A. De Jesús Vera y

otros

Peticionarios

v.

Estado Libre Asociado

Puerto Rico y otros

Recurridos

de

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo

San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2013.

Salary and pensions are not synonymous.1

Si usted tuviera 30 años de edad y le anunciaran

que a los 40 indefectiblemente va a morir, ¿invertiría

sus últimos 10 años de vida aportando a un plan de

retiro?

1

¡Claro

que

no!

¿Para

qué?,

si

usted

jamás

Oregon State Police Officers' Ass'n v. State, 323 Or. 356, 374

(1996).

CT-2013-8, CT-2013-9, CT-2013-10

2

alcanzará la edad de retiro. Pues algo parecido es lo

que el Estado ha provocado con la aprobación de la Ley

Núm. 3-2013. Un análisis profundo y a conciencia me

lleva

irremediablemente

a

concluir

que,

en

lo

que

respecta a la dramática reducción de las anualidades

que

impone,

esta

ley

ha

convertido

al

Sistema

de

Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico en

un particular oxímoron: obliga al empleado público a

aportar a un plan de retiro con el cual jamás podrá

retirarse. Es una contradicción de términos porque los

"planes

de

retiro"

son

precisamente

para

poder

"retirarse".

Cuando a un empleado que ha aportado a su plan de

retiro por espacio de 20, 23, 25, 30 o más años de

honroso

servicio

finalmente

público,

alcance

su

se

edad

le

de

anuncia

retiro

que

cuando

recibirá,

en

lugar de una pensión acordada equivalente al 75% o 65%

de su salario, una pensión de apenas 40%, 35% o hasta

el 30%, ese empleado sabe que realmente no se podrá

retirar.

De

manera

que,

además

de

que

tendrá

que

aportar por más tiempo y en mayor cantidad a su “plan

de retiro”, al final esta persona tendrá que continuar

trabajando, ya sea en la posición que ocupa en el

servicio

público

o

buscar

otro

empleo

a

tiempo

completo en la empresa privada.2 Tal grado de menoscabo

contractual hace necesaria una intervención de esta

2

Para los policías, solo estaría disponible la segunda opción

porque estos están obligados a retirarse a los 58 años de edad.

CT-2013-8, CT-2013-9, CT-2013-10

Curia,

que

no

puede

3

relegarse

en

aras

de

la

autolimitación o no intervención con los poderes de

las otras dos ramas de gobierno.

Ciertamente,

este

Tribunal

está

impedido

de

dictaminar la forma y manera en que las ramas hermanas

de

gobierno

deben

resolver

un

problema

de

política

pública. Eso, claramente constituiría una intromisión

indebida en sus poderes, pues al Tribunal Supremo no

le corresponde legislar o establecer cuál ha de ser la

política

pública

del

País.

No

nos

corresponde

gobernar.

Sin embargo, en circunstancias como las de los

casos de autos, estamos obligados a impedir o al menos

mitigar

cualquier

acción

de

las

ramas

políticas

dirigida a menoscabar sustancial y permanentemente los

derechos

cuando

adquiridos

tal

de

menoscabo

los

es

ciudadanos.

tan

Sobre

todo,

y

tal

sustancial

de

naturaleza que no cumple con el grado de razonabilidad

que

exige

el

escrutinio

hemos

utilizado

en

casos

de

son

autos

Domínguez Castro

(2010),

S.Ct.

cert.

152

racional

estatutos

denegado,

en

el

distinguibles

Castro

v.

Puerto

Rico,

En

esta

ocasión,

el

propietario

de

empleados

públicos

así

violación

de

sus

Los

de

v. E.L.A. I, 178 D.P.R. 1

(2010).

los

pasado

socioeconómicos.

claramente

et al.

que

derechos

131

interés

como

adquiridos

sustancialmente distintos en gravedad y naturaleza.

la

son

CT-2013-8, CT-2013-9, CT-2013-10

4

Soy consciente –como debemos serlo todos- de que

el gobierno se encuentra en una extremadamente difícil

situación financiera.

Sin embargo, pienso que si el

barco está haciendo agua y existe la amenaza real de

un naufragio, se lanzan por la borda primeramente las

bagatelas.

Luego,

si

es

necesario

las

cosas

importantes y finalmente las cosas más valiosas. Para

cualquier persona trabajadora la pensión por la cual

ha trabajado toda su vida constituye su seguridad y

posesión más valiosa. Por eso, y aunque estoy impedido

de

identificarlas,

fiscales”

y

veo

claramente

múltiples

“cosas

muchas

“bagatelas

importantes”

que

precisarían ser arrojadas por la borda, antes que las

valiosas

pensiones

de

decenas

de

miles

de

nuestros

empleados públicos.

I

La sentencia del tribunal de primera instancia en el

contexto de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil

En

los

desestimación

casos

de

de

causas

las

autos

no

procedía

presentadas

por

la

los

demandantes, pues no se cumplió con la jurisprudencia

interpretativa

de

la

Regla

10.2

de

Procedimiento

Civil.3 Contrario a lo resuelto por el tribunal de

primera instancia, las alegaciones de las demandas no

dejaban de exponer una reclamación que justificara la

concesión de un remedio. Me explico.

3

32 L.P.R.A. Ap. V.

CT-2013-8, CT-2013-9, CT-2013-10

Sabido

es

Civil, supra,

que

la

Regla

5

10.2

de

Procedimiento

concede el que un demandado presente

una moción de desestimación contra cualquier alegación

hecha en el cuerpo de una demanda. Sin embargo, tal

desestimación procederá solo si “es evidente de las

alegaciones de la demanda que algunas de las defensas

afirmativas prosperará”. (Énfasis suplido.)4 Del mismo

modo, en diversas ocasiones hemos expresado que ante

una moción de desestimación las alegaciones hechas en

la demanda tienen que ser interpretadas en conjunto,

liberalmente y de la manera más favorable posible para

la parte demandante.5 Además, al resolver una moción de

desestimación

fundamentada

Procedimiento

Civil,

obligación

dar

de

supra,

por

en

la

el

ciertos

y

Regla

10.2

de

tribunal

tiene

la

buenos

todos

las

hechos bien alegados por el demandante.6 Por último, y

específicamente al evaluar la defensa de si la demanda

deja

de

concesión

exponer

de

una

un

reclamación

remedio,

el

que

justifique

tribunal

la

deberá

“determinar si a base de éstos [hechos] la demanda

establece una reclamación plausible que justifique que

el demandante tiene derecho a un remedio, guiado en su

análisis por la experiencia y el sentido común”.7

4

Trans-Oceanic

(2012).

Life

Ins.

Oracle

Corp.,

184

5

Colón v. Lotería, 167 D.P.R. 625, 649 (2006).

6

Íd.

7

D.P.R.

689,

701

R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan,

LexisNexis, 2010, pág. 268.

CT-2013-8, CT-2013-9, CT-2013-10

6

En los casos de autos, los demandantes expusieron

claramente

en

sus

alegaciones

sustancial

y

permanente

en

no

sus

sólo

un

menoscabo

pensiones,

sino

que

especificaron y detallaron el grado de ese menoscabo,

sobre todo con relación a la cantidad en que se verían

reducidas sus anualidades futuras. Sin embargo, y sin

explicación aparente, el tribunal de primera instancia

obvió tales alegaciones. Conforme lo requiere la Regla

10.2 de Procedimiento Civil, supra, el foro de primera

instancia

debió

-y

podía

con

razonable

facilidad-

determinar que con la aprobación de la Ley Núm. 3-2013

todos los demandantes sufrirán al momento de su retiro

una reducción promedio en sus pensiones de entre 30% a

45%. De esta forma, y guiado por un análisis racional

y objetivo, el tribunal de primera instancia hubiera

tenido

que

concluir

que

tal

reducción

en

las

anualidades de los demandantes constituye un menoscabo

no

sólo

sustancial

y

permanente,

sino

demasiado

drástico en comparación con la pensión que el Estado

acordó

les

honraría,

a

cambio

de

sus

constantes

aportaciones. United Auto., Aerospace, Agr. Implement

Workers of America Intern. Union v. Fortuño, 633 F.3d

37,

45-46

(1st.

Cir,

2011).

De

manera,

que

los

demandantes alegaron claramente la forma, extensión y

severidad en las que la Ley Núm. 3-2013 socavaba sus

expectativas contractuales. Íd.

Por

otro

demandantes

lado,

también

de

las

surgía

alegaciones

claramente

que

de

los

estos

CT-2013-8, CT-2013-9, CT-2013-10

expusieron

alternativas

no

7

contempladas

en

la

Exposición de Motivos ni en el resto del cuerpo de la

Ley

Núm.

3-2013,

moderadas

y

que,

que

al

constituían

menos

de

su

opciones

faz,

más

parecerían

viables para sustituir y así cuando menos mitigar el

menoscabo a sus pensiones.8 Como surge del texto de la

propia

Ley

Núm.

establece

3-2013,

tienen

las

el

enmiendas

propósito

que

esta

de

“en

conjunto...reducir...el déficit actuarial del Sistema

[de Retiro y] el déficit de caja”9, y no de solventar

el déficit total de la agencia. (Énfasis suplido.) Por

lo tanto, las distintas alternativas propuestas por

los demandantes no debían evaluarse como un remedio

total o una cornucopia a los problemas de la agencia,

sino como un paliativo que podría sustituir parte de

los ingresos que el gobierno busca al menoscabar las

pensiones

de

los

demandantes.

En

esencial

el

que

se

todas

aprobadas

por

la

implanten

Ley

Núm.

síntesis,

las

3-2013.

no

es

enmiendas

Es

posible

identificar aquellas más drásticas al menoscabo de las

pensiones de los servidores públicos y sustituirlas

por

alguna

de

las

alternativas

propuestas

por

los

propios demandantes. Véase U.S. Trust Co. of New York

v.

New

Jersey,

431

U.S.

1,

29-30

(1977)

(“The

determination of necessity can be considered on two

8

Véanse alegaciones 4.58 y 4.59 de la Petición presentada ante el

Tribunal de Primera Instancia.

9

Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 3-2013.

CT-2013-8, CT-2013-9, CT-2013-10

8

levels. First, it cannot be said that total repeal of

the

covenant

modification

plan

was

would

without

essential;

a

less

drastic

have

permitted

the

contemplated

entirely

removing

the

covenant's

limitations on the use of Port Authority revenues and

reserves to subsidize commuter railroads”).

Por otro lado, en casos en que se cuestiona la

constitucionalidad

de

una

ley

obligaciones

contractuales,

determinar

la

si

ley

en

por

el

menoscabo

el

primer

cuestión

ha

de

paso

es

provocado

un

menoscabo substancial del contrato entre las partes.

De

determinarse

substancial,

la

entonces

existencia

procede

de

en

un

menoscabo

segundo

término

determinar si tal menoscabo es razonable y necesario

para

conseguir

un

propósito

importante

para

el

Estado.10 Ahora bien, cuando el Estado es una de las

partes en tal contratación, nuestro escrutinio debe

ser más riguroso, otorgándole menos deferencia a la

acción legislativa en el análisis de razonabilidad y

necesidad. Véase U.S. Trust Co. of New York v. New

Jersey, supra, págs. 25-26 (“complete deference to a

legislative assessment of reasonable and necessity is

not appropriate because the State’s self-interest is

at stake”).

En la evaluación de una moción de desestimación

en virtud de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil,

10

U.S. Trust Co. of New York v. New Jersey, 431 U.S. 1 (1977).

CT-2013-8, CT-2013-9, CT-2013-10

9

supra, fundamentada en que la parte demandante dejó de

exponer una causa de acción que amerite la concesión

de

un

remedio,

ninguna

de

las

partes

tiene

que

presentar prueba. Sin embargo, y como señalamos, lo

que

sí

es

necesario

determinar

alegados

en

la

demanda

reclamación

que

sea

es

si

los

establecen

de

su

plausible

y

que,

hechos

faz

como

una

tal,

justifique que el demandante tiene derecho al remedio

que

busca

o,

al

menos,

a

parte

del

mismo.

Si

se

determina que los hechos alegados “no cumple[n] con el

estándar de plausibilidad, el tribunal debe desestimar

la demanda”.11

plausibilidad

Lo que se busca con el análisis de

es

el

“no

permitir

que

una

demanda

insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el

descubrimiento

de

prueba

pueden

probarse

las

alegaciones conclusorias”.12

Me parece evidente que en los casos de autos, las

alegaciones

de

suficientes

en

los

el

demandantes

aspecto

del

eran

drástico

claras

y

menoscabo

producido por la Ley Núm. 3-2013, sobre todo en lo

concerniente al Art. 5-103(6)(iii-iv) de la ley, que

establece la dramática reducción de sus anualidades

futuras. Asimismo, me parece que las alegaciones son

plausibles en el aspecto de la viabilidad de opciones

más moderadas para sustituir y cuando menos mitigar el

11

Hernández Colón, op. cit., pág. 268. Véase, además, Ashcroft v.

Iqbal, 556 U.S. 662 (2009).

12

Íd.

CT-2013-8, CT-2013-9, CT-2013-10

10

menoscabo a las pensiones de los demandantes. Además,

en

sus

alegaciones

los

distintas

alternativas

que

demandantes

se

le

enumeraron

presentaron

a

la

Asamblea Legislativa, de las cuales no surge de la

Exposición

de

Motivos

de

la

ley

que

alguna

fuera

considerada. U.S. Trust Co. of New York v. New Jersey,

supra, págs. 30-31. (“[A] State is not completely free

to

consider

impairing

the

obligations

of

its

own

contracts on a par with other policy alternatives”.)

Por todo lo anterior, me parece que -al analizar

las

alegaciones

de

las

demandas-

el

tribunal

de

primera instancia no podía concluir que era evidente

que

los

demandantes

justificara

la

no

tenían

concesión

de

una

un

reclamación

remedio.

En

que

este

contexto y en casos como los de autos, son lapidarias

las expresiones del Dr. José A. Cuevas Segarra:

En

aquellos

casos

en

los

que

esté

involucrado un alto interés público, no debe

desestimarse ninguna acción bajo la Regla

10.2

de

Procedimiento

Civil,

por

insuficiencia de las alegaciones, salvo en

aquellas ocasiones en que no quepa duda que

bajo ninguna situación de hechos que surja

lógicamente

en

la

demanda,

es

posible

conceder un remedio adecuado, cualquiera que

este sea. (Énfasis suplido).13

II

Las diferencias entre los casos de autos y el caso de

la notoria Ley Núm. 7-2009

Ciertamente erró el foro de instancia al implicar

que los casos de autos son similares al caso Domínguez

13

J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho civil, 2da ed., San

Juan, Pubs. J.T.S., 2011, Tomo II, pág. 529.

CT-2013-8, CT-2013-9, CT-2013-10

11

Castro et al. v. E.L.A. I, supra, que interpretó la

Ley

Núm.

7-2009,

Ley

especial

fiscal

y

estableciendo

emergencia

declarando

plan

estado

de

integral

de

estabilización fiscal para salvar el crédito de Puerto

Rico.

Como

adelanté,

propietario

de

violación

de

los

en

esta

empleados

sus

ocasión

el

públicos

derechos

interés

así

como

adquiridos

la

son

sustancialmente distintos en gravedad y naturaleza.

Primeramente,

Domínguez

la

Castro

el

caso

se

v.

E.L.A.

I,

supra,

básicamente

al

despido

de

empleados

principalmente

al

reclamo

de

que

públicos

y

despidos

constituían

constitucional

del

aspecto

sustantivo

Castro

requería

escrutinio

en

al.

circunscribía

et

controversia

una

violación

a

la

cláusula

debido

proceso

de

ley,

en

procesal.14

y

meramente

racional

tales

que

un

su

Mientras

Domínguez

análisis

según

un

acción

del

justificara

la

Estado, en los casos de autos se trata de un reclamo

de una violación a la cláusula de no menoscabo de

obligaciones contractuales en el que el propio Estado

es el violador del contrato entre las partes, según ya

lo determinó el foro de instancia. Como señalamos, tal

realidad

obliga

a

un

escrutinio

más

riguroso,

otorgándole menos deferencia a la acción legislativa

en el análisis de razonabilidad y necesidad.

14

Domínguez

(2010).

Castro

et

al.

v.

E.L.A.

I,

178

D.P.R.

1,

38-48

CT-2013-8, CT-2013-9, CT-2013-10

Además,

es

claro

que

contrariedad

la

pérdida

o

si

12

constituye

disminución

una

de

gran

nuestros

salarios –como fue el caso de Domínguez Castro- mucho

peor es la virtual pérdida de una pensión de retiro,

sobre todo cuando se ha trabajado y aportado a la

misma por décadas. Y es que, la pérdida de un salario

son

sinónimos.15

Mientras

–como detallamos más adelante-

un empleado

público

no

y

la

pérdida

de

una

ostenta

pensión

un

no

derecho

adquirido

en

la

permanencia de su empleo, sí lo tiene en cuanto a su

pensión.

Pero,

pragmático,

todo

en

la

los

productivo-

además

y

en

persona

que

pierde

años

que

todavía

en

siempre

tiene

la

el

aspecto

un

real

empleo

puede

expectativa

-sobre

ser

de

o

más

poder

conseguir otro. En el ínterin, esa persona descansa en

la

seguridad

de

que

llegada

su

vejez,

lo

que

ha

aportado a su pensión permanezca inalterado y le sirva

para su retiro. Sin embargo, el que conserva su empleo

pero le alteran sustancialmente la anualidad que ha de

recibir en el momento de su retiro, no le queda ni

opción ni esperanza. Máxime, cuando, como ocurrirá con

la mayoría de los empleados públicos a consecuencia de

la

ley

aquí

en

controversia,

si

alguno

decidiera

renunciar y buscar un “nuevo horizonte” con mejores

15

Oregon State Police Officers' Ass'n v. State, 323 Or. 356, 374

(1996).

CT-2013-8, CT-2013-9, CT-2013-10

beneficios

futuros,

no

podrá

13

llevarse

consigo

las

aportaciones realizadas a su plan de retiro.16

En segundo lugar, en Domínguez Castro, ante el

reclamo de los empleados públicos sobre la ilegalidad

de sus despidos por la retroactividad de la Ley Núm.

7, no les reconocimos un derecho adquirido pues no

existe

ley

alguna

que

expresa

o

implícitamente

le

reconozca a un empleado público un derecho irrestricto

a no ser despedido, sino todo lo contrario.17 En ese

sentido, señalamos que “no cabe hablar de un derecho

adquirido a la retención o a no ser cesanteado de un

empleo

en

el

servicio

público,

pues

se

encuentra

ausente el elemento del amparo de una ley anterior

[del Art. 3 del Código Civil] que hubiese concedido

tal

derecho”.18

Sin

embargo,

es

claro

que

los

demandantes de los casos de autos sí tienen en sus

respectivos contratos de pensiones, no solo un derecho

o

interés

propietario,

sino

un

derecho

adquirido

mediante la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según

enmendada, la Ley Núm. 1 de 16 de febrero de 1990,

según enmendada, y la Ley Núm. 305 de 24 de septiembre

de 1999, según enmendada. Como señalamos en Domínguez

Castro, “no todo derecho o interés propietario es a su

vez un derecho adquirido”.19 Pero los demandantes de

16

Véase Art. 5-110 de la Ley Núm. 3-2013.

17

Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra, págs. 67-70.

18

Íd., pág. 69.

19

Íd., pág. 68.

CT-2013-8, CT-2013-9, CT-2013-10

los

casos

de

públicos

autos,

lo

al

14

juramentar

hicieron

bajo

como

unas

empleados

condiciones

contractuales definidas claramente por la ley vigente

al

momento

de

su

juramentación,

lo

que

constituye

claramente un derecho adquirido. Así, recientemente,

en Pagán Santiago v. ASR, 185 D.P.R. 341, 354 (2012),

señalamos

que

facultad

para

“la

Asamblea

menoscabar

Legislativa

ese

derecho

no

tiene

adquirido

de

naturaleza contractual, o que ha sido “comprado”, por

ese

participante

mediante

aportaciones

compulsorias

provenientes de su salario”.

Por otro lado,

en

Domínguez

Castro

et al.

v.

E.L.A. I, supra, el reclamo de menoscabo contractual

que se hizo fue en función, no de las pensiones de

retiro

de

los

empleados

públicos,

sino

del

incumplimiento temporero de los convenios colectivos

de aquellos servidores públicos unionados por virtud

de

la

Ley

Núm.

45

de

25

de

febrero

de

1998.20

Específicamente, indicamos que era “meritorio señalar

que

la

legislación

situación

de

impugnada

emergencia

y

es

la

producto

de

una

suspensión

de

las

disposiciones de los convenios que no sean conformes a

la

referida

suplido).21

Ley

Como

Núm.

ya

7

es

temporera”.

expresamos,

el

contrato

(Énfasis

que

se

menoscaba en los casos de autos es la seguridad de las

20

3 L.P.R.A. sec. 1451 et seq.

21

Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra, pág. 68.

CT-2013-8, CT-2013-9, CT-2013-10

15

pensiones de retiro de los demandantes y la vigencia

de tal menoscabo no es temporera sino permanente.

Es claro entonces, que la naturaleza de la causa

de acción y el reclamo constitucional en el caso de la

Ley Núm. 7 y los casos de autos son muy distintos.

Domínguez

Castro

era

un

violación

de

debido

temporero

(en

aquellos

convenios

colectivos.

caso

de

despidos,

proceso

de

ley

empleados

En

los

y

menoscabo

unionados)

casos

alegada

de

de

sus

autos

nos

enfrentamos al reclamo de un menoscabo sustancial y

permanente de un contrato entre el Gobierno de Puerto

Rico y los empleados públicos,22 muchos de los cuales

han

laborado

haciendo

sus

distinta

a

por

décadas

aportaciones

lo

que

ahora

en

el

bajo

la

servicio

una

Ley

público,

expectativa

Núm.

3-2013

muy

les

anuncia.

Ciertamente y como ya señalamos, los beneficios

provenientes de planes de pensión claramente pueden

ser más importantes que el salario de un empleado.23 De

hecho, como implicamos en el normativo Bayrón Toro v.

Serra,

119

D.P.R.

605

(1987),

la

persona

que

se

convierte en empleado de gobierno con la expectativa

de hacer una carrera en el servicio público, no lo

hace necesariamente por el salario que recibirá. Ya

“[a]nteriomente

22

23

hemos

reconocido

los

sacrificios

Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 D.P.R. 341 (2012).

Oregon State Police Officers' Ass'n v. State, supra; Rose City

Transit v. City of Portland, 271 Or. 588 (1975).

CT-2013-8, CT-2013-9, CT-2013-10

económicos

que

conlleva

la

16

dedicación

al

servicio

público”.24 Así, señalamos que “[s]ólo si se ofrecen

beneficios marginales tales como un atractivo plan de

retiro, puede el Gobierno atraer personal competente,

que de otra forma ofrecería sus servicios a la empresa

privada”.25 Además, en Bayrón Toro señalamos que “[e]s

indiscutible que cuando alguien acepta una oferta de

empleo

toma

en

consideración

y

descansa

en

la

seguridad que le brinda el sistema de retiro que le

ofrece dicho empleo”.26 Ciertamente, estos casos no son

Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I.

III

El

Gobierno

Sistema

de

de

Puerto

Retiro

Rico

ha

de

los

Empleados

confrontado

un

del

déficit

actuarial desde sus mismos inicios. Basta con citar la

propia Exposición de Motivos de la Ley Núm. 3-2013, al

describir la primera de las causas principales de la

crisis:

Desde sus comienzos, el Sistema no contó con

las aportaciones adecuadas para mantener un

nivel saludable de solvencia. El Sistema fue

diseñado

como

un

sistema

de

beneficio

definido cuyas pensiones estaban fijadas por

ley

y

no

dependían

del

monto

de

las

aportaciones que hicieran los patronos o los

empleados. La ley que creó el Sistema

estableció un nivel de aportación que no

estaba ligado a los beneficios que tenía que

pagar el Sistema y tampoco se ajustaba a los

cambios

económicos

o

actuariales

que

24

Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605, 616 (1987).

25

Íd.

26

Íd.

CT-2013-8, CT-2013-9, CT-2013-10

afectaban el

suplido).27

nivel

Como

el

vemos,

de

17

beneficios.

fundamento

de

(Énfasis

la

crisis

del

Sistema de Retiro estriba en un problema de diseño: la

ley

que

creó

el

Sistema

estableció

un

nivel

de

aportación que no estaba ligado a los beneficios que

este

tenía

cambios

que

pagar

económicos

o

y

tampoco

se

actuariales

ajustaba

que

a

los

afectaban

el

nivel de beneficios.

A este problema base, se sumó el incumplimiento

por

parte

de

las

distintas

agencias

con

portaciones

suplementarias

requeridas;

la

de

leyes

1960

presente

varias

entre

el

y

el

las

aprobación

que

aumentaron los beneficios, pero que no contaron con

aportaciones

gobierno

adicionales;

nunca

realizó

y

el

la

hecho

de

aportación

que

el

patronal

recomendada por los actuarios para poder cubrir los

beneficios de retiro.28 De manera que al cuestionarnos:

¿cuándo ha estado bien financieramente nuestro Sistema

de Retiro? La contestación es: nunca. O, expuesto de

otra forma: ¿desde cuándo ha existido el déficit del

Sistema de Retiro?

La contestación, por la admisión

que hace la propia Ley Núm. 3-2013, es: siempre. La

conclusión

entonces

es

que

el

problema

deficitario

siempre ha existido; siempre ha sido el mismo, excepto

27

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 3-2013, pág. 5.

28

Íd.

CT-2013-8, CT-2013-9, CT-2013-10

que

se

ha

ido

agravando

por

18

las

propias

acciones

incorrectas del gobierno.

Con relación a lo anterior, me parece justo lo

implicado por el Tribunal Supremo federal al final de

la

opinión

Jersey,

en

U.S.

Trust

Co.

of

New

York

v.

New

supra, pág. 32, y que ha sido adoptado en

otras jurisdicciones. Y es que, de determinarse que el

problema

que

el

Estado

busca

resolver

con

la

implantación del estatuto que menoscaba el contrato en

cuestión existía al momento en que se incurrió en la

obligación, tal menoscabo no puede determinarse como

uno

razonable

y

necesario.

Massachusetts

Community

College Council v. Commonwealth, 420 Mass. 126; 649

N.E.

2d

708

(1995).

(“An

impairment

is

not

a

reasonable one if the problem sought to be resolved by

an impairment of a contract existed at the time the

contractual obligation was incurred”). Incluso, si los

cambios

ocurridos

a

través

de

los

años

hasta

el

momento en que se propone la medida que menoscaba el

contrato obedecen a un incremento de lo que en esencia

es

el

mismo

originalmente,

problema

el

habido

menoscabo

cuando

es

se

contrató

irrazonable

e

innecesario. Carlstrom v. State, 103 Wash.2d 391, 397;

694 P.2d 1 (1985) (“The United States Supreme Court

has observed that if the state is aware of problems

when

it

enters

into

a

contract,

the

state

cannot

impair those contracts on the basis of problems that

have only changed in degree rather than in kind”). No

CT-2013-8, CT-2013-9, CT-2013-10

19

me cabe la menor duda de que esta es la situación en

los casos de autos.

IV

En Bayrón Toro señalamos que “[l]a solución más

adecuada es aquella que nos permita armonizar, por un

lado,

el

interés

participantes

y,

de

proteger

los

derechos

por

el

el

de

otro,

de

los

permitirle

al

Estado la libertad de adoptar cambios que garanticen

la

estabilidad

y

solvencia

del

sistema”.29

Ante

un

claro menoscabo no solo sustancial sino drástico de

los beneficios de los demandantes, específicamente por

la reducción de sus anualidades futuras, se imponía

que el foro de instancia encontrara ese balance entre

las necesidades reales del Sistema de Retiro y los

derechos de los empleados. Entiendo que al final, tal

balance

hubiera

requerido

que

el

foro

primario

preservara la constitucionalidad de la inmensa mayoría

de las enmiendas establecidas por la Ley Núm. 3-2013.

Sin embargo, creo que la reducción en las anualidades

futuras de los empleados públicos, en el grado que fue

impuesta,

no

pasa

el

constituir

una

medida

existencia

de

posibles

cedazo

constitucional

por

demasiado

drástica,

ante

la

opciones

más

moderadas

que

sirven el mismo fin.

Advierto en la decisión que hoy toma la Mayoría

de esta Curia lo que me sospecho es una actuación

29

Bayrón Toro v. Serra, supra, pág. 618.

CT-2013-8, CT-2013-9, CT-2013-10

20

cuidadosa, recelosa, suspicaz ante la amenaza de una

degradación

del

crédito

del

País.

Sin

embargo,

con

nuestra decisión permitimos que a nuestros servidores

públicos,

víctimas

inocentes

de

los

errores

del

Estado, se les quite tanto sin que se les conceda

nada.

Por todo lo anterior, respetuosamente disiento.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Víctor A. Trinidad Hernández,

et al.

María del Carmen Alvarado

Pacheco, et al.

José A. De Jesús Vera, et al.

CT-2013-08

cons.

CT-2013-09

cons.

CT-2013-10

Peticionarios

v.

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico et al.

Recurridos

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor Rivera García.

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2013.

“El

sustento

de

miles

de

servidores públicos merecía un

Tribunal

que

examinara

a

cabalidad sus planteamientos

de acuerdo con la prueba que

en su momento se presentara, y

no

que

se

atendieran

sus

reclamos mediante una decisión

que valida, cual sello de

goma,

los

argumentos

del

Estado”.1

El pasado 11 de junio de 2013 una mayoría de

este Tribunal emitió una Resolución en la cual le

ordenó al Tribunal de Primera Instancia (T.P.I.)

que con suma diligencia y premura celebrara una

1

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez, Domínguez Castro et al v. E.L.A. I, 178

D.P.R. 1, 158 (2010)

2

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

vista evidenciaria en los casos de epígrafe y además,

emitiera los remedios provisionales necesarios para que se

pudieran

atender

peticionarios.

a

El

tiempo

foro

las

reclamaciones

primario

atendió

el

de

los

caso

y

desestimó las causas de los demandantes. Hoy, una mayoría

de este Tribunal avala este endeble rumbo decisorio.

En

la

nefasta

Opinión

que

hoy

mayoría

ha

optado

por

navegar

un

se

certifica,

curso

de

una

acción

apresurado, sin que se haya presentado en los tribunales

la prueba necesaria para establecer que las modificaciones

al

Sistema

de

Retiro

constituyen

la

alternativa

menos

onerosa a la luz de la situación fiscal de Puerto Rico.

Peor aún, so pretexto de atender una crisis, a fin de

cuentas el resultado nos lleva inevitablemente hacia una

hecatombe mayor. Con esta decisión, se conduce al servidor

público a un estado de indefensión y se le condena a

conmemorar el fin de su carrera a que viva en el ocaso de

su existencia al borde de la pobreza. Sin duda alguna, el

Estado, haciendo uso de su poder, ha echado a un lado al

empleado público que por años dedicó su vida al servicio

del

pueblo.

Ante

la

postura

pusilánime

asumida

por

5

miembros de este Tribunal, no me queda más que disentir.

I

En vista de que se ordenó que se consolidaran los

casos y que las controversias de estos están estrechamente

entrelazadas,

exponemos

facilitar su comprensión.

los

hechos

por

separado

para

3

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

CT-2013-08

En

el

presente

caso

tenemos

ante

nuestra

consideración una demanda presentada el 21 de mayo de 2013

por Víctor A. Trinidad Hernández y otros 45 miembros de la

Policía de Puerto Rico (en adelante, los peticionarios) en

contra del Gobierno de Puerto Rico y de la Administración

de los Sistemas de Retiro de los empleados del Gobierno y

la

Judicatura

de

Puerto

Rico

(en

adelante

Sistema

de

Retiro). Estos impugnan la constitucionalidad de la Ley

Núm. 3-2013 (Ley 3) por menoscabar su relación contractual

con

el

Gobierno

y

tener

una

aplicación

arbitraria

e

irrazonable al alterar los beneficios de retiro que tenían

la expectativa de recibir. Además, solicitan que se emita

un

injunction

preliminar

y

permanente

para

detener

su

implantación.

En

síntesis,

los

peticionarios

alegan

que

están

cobijados por la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según

enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 761, et seq., (Ley 447) y la

Ley Núm. 1 de 16 de febrero de 1990, que aplica a aquellos

empleados que entraron al Sistema de Retiro después del 1

de abril de 1990. La sección 3 de la Ley Núm. 1, establece

una pensión idéntica a la pensión por mérito de la Ley

447, dirigida únicamente a los miembros de la Policía.

Plantean además, que las enmiendas realizadas por la Ley

3, supra, son inconstitucionales, toda vez que constituyen

un menoscabo sustancial de su relación contractual con el

Estado.

4

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

Esto,

pues

con

la

aprobación

de

la

Ley

3,

se

enfrentan a un panorama de retiro totalmente distinto al

que planificaron. Aducen que tienen derecho a retirarse

con una anualidad equivalente a 75% de su salario promedio

si cuentan con 30 años de servicio y con al menos 55 años

de edad al momento de su retiro, o 65% de su salario

promedio si cuentan con 30 años de servicio y menos de 55

años de edad.

Con la aprobación de la Ley 3, supra, se enmendó la

Ley Núm. 447 y con ello el compromiso y la garantía que

tenían

los

peticionarios

correspondiente

al

75%

o

de

65%

recibir

de

su

una

pensión

salario

promedio.

Establece esta ley además, que aquellos que se retiren

antes del 30 de junio de 2013, podrán continuar recibiendo

las aportaciones gubernamentales al plan médico así como

el bono de medicamentos y el bono de navidad. Por el

contrario, aquellas personas que se retiren del 1 de julio

de

2013

en

Asimismo,

adelante

no

recibirán

estas

cuestionan

la

eliminación

de

aportaciones.

la

pensión

por

incapacidad y la imposición de un seguro por incapacidad

compulsorio.

Por

otro

lado,

como

agravante

los

peticionarios

expresan que son servidores públicos de alto riesgo y que

no

pueden

aportar

al

Seguro

recibirán

pensión

alguna

por

Social,

ese

por

concepto

lo

que

no

cuando

se

retiren. Así pues, luego de varios incidentes procesales

acaecidos en el Tribunal de Primera Instancia, el señor

5

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

Trinidad Hernández y otros presentaron el 5 de junio de

2013

un

recurso

de

certificación

ante

esta

Curia.

Examinada la petición, emitimos una Resolución en la que,

entre otros asuntos, se ordenó al Tribunal de Primera

Instancia a que celebrase una vista evidenciaria no más

tarde del 18 de junio de 2013, en la que las partes

presentaran prueba sobre las edades de los demandantes y

los años cotizados en el servicio público.

Conforme a ese mandato, el foro primario emitió una

Orden en la que citó a las partes a una vista evidenciaria

a celebrarse el 18 de junio de 2013, a las 8:30 a.m. No

obstante, el 17 de junio de 2013 desestimó la presente

demanda mediante Sentencia Declaratoria e Injunction. De

esta

determinación,

se

presentó

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones un recurso de apelación. Sin embargo, ante la

inminencia de la entrada en vigor de la Ley 3, supra, los

peticionarios acuden ante nos mediante una petición de

certificación. En esencia, nos solicitan que ante el poco

tiempo

que

actuemos

falta

con

para

que

celeridad

entre

y

en

vigor

expidamos

el

la

Ley

3,

auto

de

certificación.

CT-2013-09

Los peticionarios en este caso consisten en sesenta y

ocho (68) empleados de la Oficina del Contralor de Puerto

Rico que entraron en el servicio público hace más de 23

años. Entre estos, figuran el Sub Contralor de Puerto

Rico, la Directora de Auditoría de los Sistemas de Retiro

6

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

y Asuntos Financieros de la Oficina del Contralor, la

Directora

Ejecutiva

de

la

Oficina

de

Asuntos

Legales,

Investigaciones y Litigios, el Director Ejecutivo de la

Oficina de Prevención y Anticorrupción, el Director de la

División de Análisis de Datos Forense Digital y Desarrollo

Tecnológico,

Directora

la

Directora

Ejecutiva

de

de

la

Auditoría

Oficina

de

Interna,

la

Asuntos

de

Auditorías, el Director de la División de Auditorías de

Departamentos y Agencias, y la Directora de la División de

Auditorías de Municipios, además de varios Sub-directores

de divisiones, Gerentes, Auditores y Ayudantes Ejecutivos.

Todos

estos

empleados

han

aportado

al

Sistema

de

Retiro vigente de forma compulsoria. Por formar parte del

servicio público antes del 1 de abril de 1990, cada uno

está

protegido

por

la

estructura

de

beneficios

que

adquirieron cuando comenzaron sus labores. Cada uno es

participante en un plan de pensión de tipo “beneficio

definido”

basado

en

la

Ley

447,

supra,

estatuto

que

estableció la llamada “pensión por mérito”. Por décadas,

se les ha garantizado que al día de su retiro, disfrutarán

de una anualidad equivalente a 75% de su salario promedio

si cuentan con 30 años de servicio y con al menos 55 años

de edad al momento de retirarse, o 65% de su salario

promedio

si

no

cuentan

con

55

años

de

edad.

Los

peticionarios tienen entre 44 y 57 años de edad y todos

han cotizado para su plan de retiro por más de veinte años

al amparo de la Ley 447. Empero, al día de hoy ninguno ha

7

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

alcanzado los 55 años de edad ni los 30 años de servicio

que los cualifica para recibir la pensión por mérito.

Actualmente, los demandantes se enfrentan a tener que

optar entre dos alternativas: (1) retirarse en o antes del

30 de junio de 2013 para acogerse al sistema antiguo de

retiro o; (2) continuar trabajando en el Gobierno por un

espacio

de

contemplado

entre

1.6

a

en

ley

anterior

la

17

años

adicionales

para,

a

lo

eventualmente,

jubilarse con una anualidad significativamente menor a la

que

les

quedar

fue

prometida

desprovistos

cuando

de

un

ingresaron

plan

médico,

al

sistema

beneficio

y

que

también tendrían al amparo de la Ley 447, supra.

Por

esta

razón,

el

8

de

mayo

de

2013

los

peticionarios presentaron una petición ante el T.P.I. en

solicitud

de

preliminar

sentencia

y

declaratoria

permanente

para

e

interdicto

impugnar

la

constitucionalidad de ciertas disposiciones de la recién

aprobada

Ley

3,

supra,

que

menoscaban

su

derecho

a

retirarse bajo el plan por el cual contrataron con el

Gobierno de Puerto Rico.

Luego de varias incidencias procesales, y al igual

que en el caso anterior, la Sra. María del Carmen Alvarado

y otros presentaron el 5 de junio de 2013 un recurso de

certificación

ante

este

Tribunal.

Posteriormente,

ordenamos al Tribunal de Primera Instancia que celebrara

una vista evidenciaria antes del 18 de junio de 2013. Sin

8

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

embargo, el foro primario desestimó la demanda de autos el

día antes de celebrar la vista.

Inconformes

con

ese

proceder,

los

peticionarios

presentaron ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de

apelación. No obstante, ante la proximidad de que cobren

vigencia las disposiciones de la Ley 3, supra, acuden ante

nos mediante una petición de certificación. En esencia,

nos

solicitan

que

expidamos

el

auto

y

que

declaremos

inconstitucional las condiciones de la Ley Núm. 3 que

tienen

el

efecto

de

menoscabar

las

relaciones

contractuales del Gobierno con los empleados.

CT-2013-10

El presente recurso es instado por cincuenta (50)

empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados,

cuatro (4) empleados del Departamento de la Vivienda, tres

(3) del Municipio de Bayamón, uno (1) del Departamento de

Transportación y Obras Públicas, uno (1) del Departamento

de Asuntos del Consumidor, y dos (2) del Departamento de

la Familia. Estos plantean que la Ley 3, supra, menoscaba

retroactivamente

los

derechos

adquiridos

por

los

peticionarios al amparo de la Ley 447, supra, y a la luz

de

la

indubitada

relación

contractual

existente

entre

estos y la Administración del Sistema de Retiro. Alegan,

además, que esa relación contractual les fue impuesta por

parte

del

recurrido

como

requisito

compulsorio

e

irrevocable cuando fueron reclutados en sus respectivos

empleos.

9

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

Cónsono con lo anterior, los peticionarios arguyen

que confiados en la certidumbre de sus derechos y las

obligaciones

del

gobierno,

planificaron

su

futuro

económico con la expectativa de acogerse al retiro con los

beneficios y en las fechas que las leyes correspondientes

establecían.

préstamos,

Fundamentan

los

cuales

su

posición

están

en

pagando,

que

realizaron

para

que

le

acreditaran tiempo no cotizado y así completar los años

requeridos. De igual forma, alegan tenían planes de saldar

sus deudas con la liquidación a la que tienen derecho para

luego costear sus gastos con lo que recibirían de pensión.

Arguyen

además,

que

rechazaron

ofertas

de

empleo

más

lucrativas en el sector privado por no poner en riesgo su

retiro.

Al igual que los casos anteriores, los peticionarios

confrontan una situación espinosa: optar por una pensión

sustancialmente menor a la pactada o continuar trabajando

un gran número de años adicionales para finalmente recibir

una pensión menguada y sin los beneficios de plan médico,

bonos y bajo unas condiciones totalmente diferentes.

En atención a ello, el Sr. José A. De Jesús Vera y

otros presentaron el 6 de junio de 2013 una petición de

sentencia

declaratoria

e

interdicto

provisional

y

permanente ante el T.P.I. Este recurso fue consolidado a

nivel de instancia con los casos mencionados anteriormente

y,

al

igual

que

estos,

sus

reclamaciones

fueron

10

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

desestimadas por el foro primario el pasado 17 de junio de

2013.

Ante el factor inminente de que cobren vigencia los

postulados

de

la

Ley

3,

supra,

presentaron

un

recurso

de

certificación

tribunal.

En

este,

urgencia

expidamos

inconstitucionalidad

nos

el

solicitan

auto

de

la

los

que

peticionarios

con

ante

este

carácter

de

solicitado

y

declaremos

la

Ley

3,

ordenemos

la

Núm.

celebración de una vista ante un Comisionado Especial a

los fines de determinar la edad de los demandantes y los

años cotizados al Sistema de Retiro. Además, nos imploran

a que emitamos una orden de interdicto preliminar contra

la Administración de Retiro prohibiéndole realizar gestión

o trámite alguno sobre el retiro de los peticionarios

hasta la adjudicación del presente recurso.

II

A

Antes de entrar a discutir el marco doctrinal que

aplica

a

los

reclamos

de

los

demandantes,

debemos

expresarnos respecto a la procedencia de la petición de

injunction preliminar que presentaron ante el TPI.

Cuando emitimos nuestra resolución del 11 de junio de

este mes, fuimos enfáticos en que “de no proveerse un

remedio

interlocutorio

oportuno,

ver[í]an

obligados

tomar

a

los

peticionarios

decisiones

drásticas

se

que

podrían ir desde renunciar a sus empleos y acogerse a un

plan de pensión menor del esperado o continuar trabajando

11

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

por

años

provista

y

acogerse

por

esa

a

la

ley”.2

nueva

estructura

Ciertamente,

el

de

retiro

Tribunal

de

Primera Instancia posee discreción para otorgar este tipo

de remedios. 32 L.P.R.A. sec. 3522. Sin embargo, ante la

situación

particular

que

presentan

estos

casos,

era

procedente que se emitiera un interdicto preliminar para

paralizar los efectos de la Ley 3, supra, en lo que se

dilucidaba esta controversia. Elaboremos.

Como regla general, un interdicto para suspender los

efectos de una ley es improcedente. Art. 678 del Código de

Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3524. No obstante,

el citado precepto en su inciso (3) dispone que:

[U]n tribunal podrá dictar orden de entredicho

provisional, injunction preliminar o permanente

sujeto a los términos de la Regla 57 de

Procedimiento Civil:

(a)

En

aquellos

casos

en

que

ello

sea

indispensable

para

hacer

efectiva

su

jurisdicción y previa una determinación de que

la orden es indispensable para evitar un daño

irreparable a la parte peticionaria.

(b) Cuando en la petición se alegue que alguna

persona, bajo la autoridad de alguna ley,

ordenanza,

o

reglamento

del

Estado

Libre

Asociado de Puerto Rico, esté privando o sea el

causante de que alguien esté privando al

peticionario de algún derecho, privilegio o

inmunidad protegido por la Constitución o las

leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o

por la Constitución o leyes de los Estados

Unidos de América que sean aplicables a las

personas bajo la jurisdicción del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.

Disponiéndose, además, que al dictar dicha orden

el tribunal debe considerar el interés público

envuelto y concluir que la parte peticionaria

2

María del C. Alvarado Pacheco, et al. v. E.L.A. CT-2013-05/06/07,

pág. 25.

12

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

tiene una posibilidad real de prevalecer en los

méritos de su petición. Dicha orden sólo tendrá

vigor en el caso específico ante el tribunal y

entre las partes.

(Énfasis nuestro)

El caso que pende ante nuestra consideración involucra

asuntos

complejos

que

requieren

una

seria

y

ponderada

dilucidación. Precisamente, por esa razón es que se le

ordenó

al

foro

primario

que

celebrara

una

vista

evidenciaria. Así también, ante la postura del T.P.I. de

no celebrarla ni emitir remedio provisional alguno, se

hacía

necesario

que

hoy

emitiéramos

un

interdicto

preliminar paralizando la vigencia de la Ley 3, supra,

para que este pleito se pudiera atender correctamente. Y

es que no existía otra forma de evaluar responsablemente

los reclamos de los demandantes en este caso. Sin ánimos

de ser repetitivos, nos remitimos a todas las razones que

para ello esbozamos en nuestra resolución del pasado 11 de

junio. Como bien expresó el Juez Presidente hace pocos

años, “no haberles provisto a las partes una oportunidad

adecuada de probar sus puntos de vista y disponer del caso

sin el rigor que nos exige una controversia como la de

autos, es a todas luces contraria al principio de igualdad

procesal que debe regir todo proceso judicial (…) priva a

los

empleados

públicos

afectados

de

sus

derechos

13

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

adquiridos sin tan siquiera haberles provisto un proceso

judicial completo y transparente …”.3 (Énfasis nuestro)

Concluido este primer asunto, somos del criterio que

los hechos de este caso presentan una fuerte presunción de

que los artículos de la Ley 3 que afectan los derechos

adquiridos de los participantes del Sistema de Retiro bajo

la Ley 447, supra, son inconstitucionales, y por ende, se

hacía

imperativo

acceder

a

la

petición

de

interdicto

preliminar de los peticionarios. Pasemos ahora a exponer

el derecho aplicable a los planteamientos constitucionales

de los demandantes que a nuestro juicio operan con mayor

fuerza

en

detrimento

de

la

constitucionalidad

de

esas

disposiciones.

B

Toda comunidad políticamente organizada tiene lo que

se conoce como “police power” o poder público del Estado,

que opera en función de salvaguardar la seguridad, la

salud y el bienestar de sus habitantes. Domínguez Castro

et al.

v. E.L.A. I, 178 D.P.R. 1, 36 (2010). Ese poder es

amplio y responde a las circunstancias de cada caso. Así

por ejemplo, la precariedad económica es “una realidad que

3

Domínguez Castro et al.

v. E.L.A. I, 178 D.P.R. 1, 110. Opinión

disidente del Juez Presidente señor Hernández Denton. En esa misma

línea opina el Profesor Paul Secunda, quien al respecto nos dice:

Because of the lack of legal uniformity in public pension

regulation from one state to the nest, the only possible

way to determine whether state curtailment of public

employee pension rights will be constitutional is by

undertaking an in-depth legal analysis of the applicable

pension laws, regulations, ordinances, court opinions and

prior settlements. (Énfasis y subrayado nuestro) P. M.

Secunda, Constitutional Contract Clause Challenges in

Public Pension Litigation, 28 Hofstra Lab. & Em. L.J.

263, 300, (2011).

14

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

necesariamente pesa en la definición del ámbito de la

acción gubernamental bajo el poder de razón de Estado”.

Id., pág. 37. Ahora bien, ello no implica que ese poder se

pueda

ejercer

de

manera

Rico,

la

omnímoda

en

ausencia

de

parámetros.

En

Puerto

protección

de

las

relaciones

contractuales encuentra apoyo en el Art. II, sec. 7 de

nuestra Constitución, que prohíbe que se promulguen leyes

que

menoscaben

las

disposición

es

Constitución

federal,

obligaciones

análoga

al

por

Art.

lo

contractuales.

I,

que

sec.

al

10

Esa

de

la

interpretar

la

nuestra, debemos mirar cómo el Tribunal Supremo federal ha

evaluado esa cláusula. Tales decisiones constituyen las

protecciones mínimas que nos vemos precisados a proveer en

nuestro ordenamiento.

Domínguez Castro et al. v. E.L.A.

I, supra, pág. 80; Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R 605

(1987). Cabe señalar que mediante la misma se protegen las

obligaciones entre partes privadas como las contraídas por

el Estado.

Es conocido que la cláusula contractual no constituye

una prohibición absoluta, pues como ya mencionamos, el

Estado

tiene

la

facultad

bienestar del pueblo.

de

reglamentar

en

favor

del

Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R.

605, 619 (1987). En otras palabras, no prohíbe que se

promulgue

ninguna

legislación

que

tenga

el

efecto

colateral de menoscabar una obligación contractual pública

o privada.

U.S. Trust Co. v. New Jersey, 431 U.S. 1, 20-

15

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

21 (1977). Lo que hay que observar es si el menoscabo

sobrevive el escrutinio constitucional. Id.

Para

evaluar

las

situaciones

en

que

el

Estado

modifica sus propias obligaciones, el escrutinio que se

emplea es más cuidadoso que el que se utiliza cuando

el

Gobierno interfiere en relaciones contractuales privadas.

Es decir, es más severo. Véase Dominguez Castro et al. v.

E.L.A., I supra, pág. 81; Bayrón Toro v. Serra, supra;

Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378

(1973). La función del foro judicial es evaluar la validez

de la legislación estableciendo un balance entre el poder

del Estado para salvaguardar el bienestar ciudadano y el

interés de proteger las relaciones contractuales. Id.

Como cuestión de umbral, al analizar reclamaciones

bajo esta doctrina es preciso auscultar

si existe una

relación contractual sobre la cual se reclama protección.

Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I. supra, págs. 81-84;

U.S. Trust v. New Jersey, supra. En ese ejercicio, procede

examinar

si

la

actuación

estatal

ha

menoscabado

sustancialmente esa relación. Id. Por último, el hecho de

que

eso

haya

ocurrido

no

implica

que

la

actuación

gubernamental se convierta ipso facto en inconstitucional.

Id. La medida del Estado podría prevalecer si a pesar de

menoscabar

la

relación

contractual,

es

necesaria

y

razonable y persigue adelantar un propósito gubernamental

importante. Id.

16

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

Expuesto este marco general, pasemos a discutir la

doctrina más detalladamente.

1.

Relación contractual entre el Estado y los servidores

públicos demandantes

En

el

caso

de

autos

la

relación

contractual

que

pretenden vindicar los demandantes deriva de la Ley 447,

supra,

que

creó

el

Sistema

de

Retiro.

Ese

estatuto,

¿puede considerarse como un acuerdo contractual entre el

Estado y el empleado? Veamos.

Para propósitos de determinar que una legislación es

inconstitucional en el contexto de que el Estado se obligó

contractualmente

con

el

demandante

mediante

cierta

legislación, es necesario que de la medida en controversia

se deriven derechos contractuales. National Railroad v.

Atchinson, 470 U.S. 451, 466-467 (1985). Pues como regla

general, las medidas legislativas no crean automáticamente

una relación contractual con las personas beneficiadas por

el estatuto de que se trate. Id.

No obstante, varios tribunales estatales han resuelto

que los estatutos referentes a los sistemas de retiro dan

17

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

génesis

a

una

contractual.4

relación

Nuestra

norma

jurisprudencial nos lleva a la misma conclusión. De hecho,

desde Bayrón Toro v. Serra, supra, rechazamos la teoría

arcaica de que las pensiones de los empleados públicos

retirados eran una mera dádiva del gobierno e hicimos

hincapié

en

que

estas

constituían

Estado cimentada en bases de moral.

una

obligación

del

Dijimos también allí

que “los participantes de un sistema de retiro tienen un

derecho adquirido de naturaleza contractual que surge con

el ingreso del empleado al sistema, independientemente de

que la participación sea voluntaria o compulsoria”. Bayrón

Toro

v.

Serra,

supra,

pág.

618.

Esta

norma

derrota

cualquier alegación que pretenda convencernos de que no

existen derechos adquiridos sobre la pensión antes de que

el empleado se retire.

Si fuera así, ¿Por qué Bayrón Toro

nos

derecho

enfatiza

que

ese

adquirido

de

naturaleza

contractual surge con el ingreso del empleado al sistema?

Tan

Santiago

4

recientemente

et

al.

v.

como

ASR,

el

185

año

pasado

en

Pagán

D.P.R.

341,

352

(2012)

Muchos estados siguen la teoría contractual. Bajo este alcance,

existe una relación contractual entre el Estado, como el patrono, y

el empleado público en cuanto a los beneficios que se le han

garantizado mediante la ley. En algunos estados los beneficios

adquieren la categoría de derechos adquiridos dependiendo la etapa

laboral en que se encuentre el empleado, por ejemplo: cuando comenzó

a trabajar e ingresó al sistema de retiro; luego de cada día de

servicio rendido en el empleo; cuando el empleado satisface los

requisitos de elegibilidad o, cuando el empleado se retira y comienza

a devengar su pensión.

En otros estados los empleados obtienen

derechos adquiridos absolutos en el plan de pensión una vez entran al

sistema. Otros, tienen una visión más restrictiva. Para una discusión

general sobre este asunto véase Eric M. Madiar, Public Pension

Benefits under siege: does state law facilitate or block recent

efforts to cut the pension benefits of public servants? 27 ABA J.

Lab. & Emp. L. 179 (2012). Véase también, J. M. Beermann, The Public

Pension Crisis, 70 Wash. & Lee L. Rev. 3, 40 (2013).

18

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

reiteramos

lo

que

habíamos

colegido

en

Bayrón

Toro

respecto a que

[e]l derecho a pensión de retiro por años de

servicio

del

empleado

público

tiene

un

respetable contenido ético y moral y constituye

un seguro de dignidad para el hombre o la mujer

que habiendo dedicado al servicio público sus

años fecundos, no debe encontrarse en la etapa

final de su vida en el desamparo, o convertido

en carga de parientes o del Estado.”5 Pagán

Santiago et al v. ASR, supra, pág. 353.

Finalmente,

acotamos

que

entre

el

Estado

y

el

empleado existe un acuerdo de voluntades que produce un

efecto jurídico vinculante para ambas partes, lo que hacía

que el plan de retiro al amparo de la Ley 447, supra,

fuera parte de ese contrato. Id., pág. 353. Sostuvimos

entonces que por esa razón “la Asamblea Legislativa no

tiene facultad para menoscabar ese derecho adquirido de

naturaleza contractual, o que ha sido „comprado‟, por ese

participante

mediante

aportaciones

compulsorias

provenientes de su salario.”6 Id., 354.

Nótese la connotación que se le da a la pensión de

los empleados impartiéndole características de un derecho

adquirido fundamentado en una relación contractual.

Esta

es la norma establecida por este Tribunal hace años y que

hasta hoy no ha sido revocada. Y aún en caso de que no

existiera

ese

precedente,

para

evaluar

el

reclamo

contractual procedería estudiar el lenguaje de la ley para

5

Citando a Rosa Resto v. Rodríguez Solís, 111 D.P.R. 89, 92 (1981).

Citando a Calderón v. Adm. Sistemas de Retiro, supra, págs. 1041–

1042. Claro está, esa limitación a menoscabar la relación contractual

se encuentra supeditada al poder de razón del Estado que discutimos

previamente.

6

19

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

ver si del mismo se desprende un intento legislativo de

crear derechos de ese tipo. Véase, National Railroad v.

Atchison, supra.

En ese sentido, podemos mencionar como ejemplo la Ley

Núm. 35-2007, que enmendó la Ley 447, supra, en varios

aspectos.

Entre las enmiendas se aumentó un 3% a las

pensiones

que

allí

se

mencionaron.

Esos

aumentos

se

concedieron por que el legislador reconoció que “con el

paso del tiempo, el aumento en el costo de vida conlleva

una

disminución

relativa

de

las

anualidades

de

los

pensionados”. Asimismo, añadió que de esa manera “… el

Gobierno enfrenta la obligación moral de ayudar a mejorar

la condición de vida de los pensionados, personas que

dieron lo mejor de su vida en el servicio al Pueblo de

Puerto Rico”. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm.

35-2007.

Aprovechamos la coyuntura para plasmar la ironía de

“la obligación moral” que existió para aumentarle un 3% a

las pensiones de retiro en aquel entonces pero que hoy no

existe

para

garantizarles

un

retiro

digno

a

los

demandantes. Fíjese que a costa de esa y otras medidas

poco analizadas es que esa “obligación moral” para con los

retirados se desvanece entre las páginas de la Exposición

de Motivos de la Ley 3, supra.

Así

pues,

quedando

meridianamente

claro

que

el

precedente jurídico y las expresiones legislativas avalan

la existencia de una relación contractual en cuanto a las

20

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

pensiones

de

retiro,

pasemos

al

siguiente

asunto

ante

nuestra consideración.

2.

Menoscabo sustancial de los acuerdos contractuales

entre los servidores públicos y el Estado

Como regla general, la cláusula constitucional contra

el menoscabo de las obligaciones contractuales se activa

cuando

la

modificación

afecta

de

manera

adversa

los

términos esenciales que se tuvieron en cuenta al momento

de contratar, de modo que se afecten las expectativas

razonables

de

E.L.A.

supra,

I,

las

partes.

pág.

Domínguez

83.

Véase

Castro

et

también,

al.

V.

Baltimore

Teachers Union, v. Mayor, 6 F.3d 1012 (4th Cir. 1993).

Cuando

resolvimos

Bayrón

Toro

v.

Serra,

supra,

dictaminamos que ciertas enmiendas al Sistema de Retiro de

los empleados de la Universidad de Puerto Rico no eran

irrazonables.

Se

estableció

los

55

años

como

la

edad

mínima de retiro, se redujo el importe de la pensión a los

participantes que se jubilaran antes de los 58 años de

edad y se aumentó la aportación de los participantes al

fondo del sistema. En ese caso, antes de la enmienda todo

participante aportaba mensualmente 4% de los primeros $350

de su sueldo, más, el 6.5% del sueldo restante.

Luego de

la enmienda, la aportación mensual de un 4% se aumentó a

un

5%

del

sueldo

mensual

hasta

la

cantidad

máxima

cotizable al seguro social y en lugar de un 6.5 % se

aportaría el 7% de la porción del sueldo en exceso de esa

cantidad. Estos hechos, en nada se asimilan a la situación

21

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

de

los

hoy

demandantes,

quienes

verán

sus

beneficios

reducidos dramáticamente.

En ese mismo caso, dijimos que cuando un empleado se

ha retirado y cumple con todas las condiciones para el

retiro, su pensión no está sujeta a menoscabo.

antes

de

que

términos

del

ese

empleado

sistema

se

podían

acogiera

al

Empero,

retiro,

enmendarse

si

los

las

modificaciones eran razonables y con el fin de adelantar

la solvencia del sistema.

Y es que no debe ser de otra

forma. La cláusula constitucional no le prohíbe al Estado

poner en vigor medidas que tengan el efecto colateral de

menoscabar una obligación contractual.

Ahora bien, esto

debe

de

hacerse

dentro

de

los

parámetros

necesidad

y

razonabilidad.

3.

Criterios de necesidad y razonabilidad

Un menoscabo contractual sustancial no es razonable

si el problema que se intenta resolver mediante la medida

impugnada existía al momento en que el Estado entró en la

obligación contractual que se intenta proteger.

problema previsible

Si ese

se agravó con el tiempo, pero se

agravó solo en cuanto al grado o magnitud, el menoscabo no

es razonable.

Véase,

US Trust v. New Jersey, supra,

pág. 31 (1977); Massachusetts v. Community College, 649

N.E. 2d 708 (1955). Así se resolvió en Carlstrom v. State,

103 Wash. 2d 391 (1985) cuando le correspondió al Tribunal

Supremo de Washington dilucidar si por el hecho de haber

declarado una emergencia fiscal, el Gobierno podía negarse

22

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

a

honrar

sus

acuerdos

contractuales

con

la

parte

demandante. El Tribunal señaló que, aunque la situación

financiera había empeorado, lo que ocurrió fue un cambio

en el grado del problema y no en la clase o tipo de

problema.

También

impugnadas

eran

se

concluyó

irrazonables

que

no

como

las

necesitaba

medidas

abordar

el

cuestionamiento en cuanto a si eran necesarias.7

Por otra parte, en Singer v. City of Topeka, 607 P 2d

467 (1980) el Tribunal Supremo de Kansas señaló que las

modificaciones a los planes de pensión eran razonables si

tenían una relación material con la esencia del sistema de

retiro y si propendían a la

mismo.

administración exitosa del

No obstante, cambios que resultaran en desventajas

para los empleados debían venir acompañados con nuevas

ventajas. Véase también Calabro v. City of Omaha, 247 Neb.

955 (1995).

nuevas

Ese análisis comparativo de desventajas y

ventajas

compensatorias

debe

enfocarse

empleado que tiene el derecho a la pensión.

en

el

Betts v.

Board of Administration, 582 P2d 614 (1978).

Existe

cierta

controversia

en

los

Tribunales

apelativos del circuito federal en cuanto a cuál de las

partes

7

tiene

la

carga

probatoria

para

demostrar

la

Since the State was fully aware of its financial problems while

negotiating and prior to signing the Agreement, it cannot now be

permitted to avoid the agreement based on those same economic

circumstances. Although the financial situation worsened, it was a

change in degree, not in kind. We therefore find as a matter of law

that because the State‟s acts were not reasonable in view of the

circumstances existing when it entered into a contract, ... Finding

the State‟s acts unreasonable, we need not reach the question of

necessity. Carlstrom v. State, 103 Wash. 2d 391, 397 (1985) (Énfasis

nuestro)

23

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

ausencia o presencia de la necesidad y razonabilidad de la

medida impugnada.8

Varias interpretaciones han surgido a

partir del caso normativo U.S. Trust v. New Jersey, supra.

Allí el máximo foro federal hizo la siguiente expresión:

“…the State has failed to demonstrate that repeal of the

1962 covenant was similarly necessary”. Id., pág. 30.

En el 2007 la Corte de Apelaciones de los Estados

Unidos para Cuarto Circuito resolvió que el demandante es

quien debe demostrar que hubo un menoscabo contractual y

que

el

Estado

no

ejerció

legítimamente

su

poder

de

reglamentación. Catawha Indian Tribe v. City of Rock, 501

F.

3d

368,

371

(4th

Cir.

2007).

Poco

después,

en

Fraternal Order v. Prince George County, 645 F. Supp 2d

492 (4th Cir. 2009), ese tribunal señaló:

To pass constitutional muster, however, a State,

or as in the present case, a County, when

exercising this power, by enacting legislation

that constitutes a

substantial impairment of

its own contracts, must demonstrate that the

legislation is “reasonable and necessary to

serve an important public purpose”.

Sin embargo, hace poco en United Auto Aerospace v.

Fortuño, 633 F. 3d 37, 45-47 (1st Cir. 2011) el Primer

Circuito le impuso la carga de la prueba a la parte que

reclama que el menoscabo a la obligación contractual no

era razonable ni necesario. Pero, tan reciente como el año

pasado,

el cuarto circuito en Cherry et al. v. Mayor and

City Councy of Baltimore,9

8

9

expresó:

Véase, Paul Secunda, supra, pág. 283.

2012 WL431446.

24

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

However, the Fortuño court addressed the matter

in the initial pleading context, holding that

generalized allegations of illegitimate purpose

and the existence of other alternatives are

insufficient to allege a plausible claim that

challenged legislation was not reasonable and

necessary to serve an important public purpose.

In sum, the Court finds the burden of proof

issue unresolved, at least for courts outside

the First Circuit.

In any event, the Court will assume that

Plaintiffs have the burden of proving that the

impairment of their contract rights by the

Ordinance was not “reasonable and necessary to

serve an important public purpose.” As discussed

herein, Plaintiffs have carried that burden, if

they had it.

Si

bien

el

Tribunal

concluyó

que

los

demandantes

habían cumplido con su carga probatoria, si alguna, dejó

constar lo siguiente:

If required to predict the burden of proof

allocation

that

would

be

adopted

by

the

appellate courts, the Court would find a useful

analogy in the McDonnell Douglas burden of proof

scheme.

Mc Donnel Douglas Corp v. Green, 411

U.S. 792, 93 S. Ct. 1817, 36 L.Ed. 2d 668

(1973).

Therefore, consistent with the First

Circuit decision in Fortuño, the Court would

impose a threshold

burden on a plaintiff to

plead (and ultimately to prove) facts sufficient

to create a prima facie case that an impairment

was not “reasonable and necessary to serve an

important public purpose”. Then, the ultimate

burden would be on the plaintiff to disprove the

government unit‟s asserted basis for contending

that

the

impairment

was

“reasonable

and

necessary to serve an important public purpose”.

Id, N. 15.

Así

mismo

lo

concluyó

el

Juez

Presidente

señor

Hernández Denton hace poco más de tres años al interpretar

U.S. Trust v. New Jersey, supra, expresó lo siguiente:

[e]n cuanto a la valoración de los elementos de

razonabilidad

y

necesidad

de

una

medida

impugnada en casos como el de autos, el máximo

foro federal resolvió que no procede otorgarle

25

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

deferencia absoluta al juicio legislativo cuando

el propio interés del Estado está en juego. Lo

contrario, razonó el Tribunal Supremo federal,

implicaría que la cláusula constitucional contra

el menoscabo de las obligaciones contractuales

no proveería protección alguna y, en esencia,

sería letra muerta.

Por lo tanto, el Estado

debe probar en los tribunales que la medida es

razonable y necesaria. Domínguez Castro et al.

v. E.L.A., I supra, pág. 104. Opinión disidente

del Juez Presidente señor Hernández Denton.

(Énfasis suprimido y énfasis suplido)

En

necesidad

ese

de

proceder

una

de

evaluar

medida

que

la

razonabilidad

menoscaba

una

y

obligación

contractual –aunque con un alcance algo indefinido- el

Estado disfruta de una limitada deferencia que se le debe

al

criterio

de

la

Legislatura

en

relación

obligación contractual debe perjudicarse.

New Jersey, supra, pág. 26.

menoscabó

un

contrato

a

si

la

U.S. Trust v.

Cuando se alega que el Estado

público

del

cual

es

parte,

la

determinación de razonabilidad y necesidad de la Asamblea

Legislativa merece menos deferencia.

completa

en

estos

casos

no

es

Id. Una deferencia

apropiada

porque

es

el

propio interés del Estado el que está en juego. Id. Aporta

a la determinación final de razonabilidad de la medida el

hecho de que la legislación impugnada se promulgue debido

a una situación de emergencia y que su aplicación sea

temporal o transitoria. Domínguez Castro et al. v. E.L.A,

I, supra, pág. 85.

interés

público

No obstante, la existencia de un

importante

no

es

suficiente

para

prevalecer en cuanto a la limitación constitucional. U.S.

Trust v. New Jersey, supra, pág. 21.

No se sostendrá el

menoscabo de una obligación contractual si para alcanzar

26

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

el objetivo perseguido por el Estado existen otras medidas

alternas menos severas. Id., pág. 27 (1977).

Ante

este

marco

normativo

entendemos que las secciones

discutamos

por

qué

de la Ley 3 que afectan los

derechos adquiridos de los participantes del Sistema de

Retiro bajo la Ley 447, presentan una fuerte presunción de

inconstitucionalidad.

III

A.

La Ley 3 menoscaba sustancialmente la relación

contractual entre los demandantes y el Gobierno de

Puerto Rico

Comencemos explicando a rasgos generales cómo opera

el sistema de retiro de los demandantes.

La Ley 447, supra, creó el Sistema de Retiro de los

empleados del Gobierno de Puerto Rico en 1951 bajo un

programa de retiro de beneficios definidos.10 Este tuvo el

propósito de garantizarles a sus participantes un ingreso

sustentable una vez concluida su carrera en el servicio

público.

El

individuales

considera

Sistema

se

nutre

de

uno

de

los

fideicomiso,

ya

que

un

cada

de

las

contribuciones

participantes

los

fondos

y

se

deben

utilizarse “en provecho de los miembros participantes de

su matrícula, sus dependientes y beneficiarios, para el

pago

de

anualidades

anualidades

10

y

por

retiro

beneficios

por

y

por

defunción

incapacidad,

y

otros

Es importante señalar las características generales de un sistema

de pensiones de beneficios definidos. En este tipo de plan el patrono

tiene la carga de aportar fondos al sistema de pensión en bases

actuariales de modo que existan suficientes fondos para pagarle al

empleado cuando se retire. Para una explicación más detallada véase,

P. Secunda, supra, Parte I.

27

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

beneficios…”. 3 L.P.R.A. sec. 761. Véanse, Pagán Santiago

et al. v. ASR, 185 D.P.R. 341, 352 (2012); Aquino González

v. A.E.E.L.A., 182 D.P.R. 1 (2011).

El Sistema tiene tres estructuras de beneficios: (1)

el plan de retiro bajo la Ley 447 para los participantes

que entraron al Sistema antes del 1 de abril de 1990 y al

cual pertenecen los peticionarios; (2) la estructura bajo

la Ley Núm. 1 del 16 de febrero de 1990 y; (3) el plan de

retiro

conocido

como

Reforma

2000

para

aquellos

participantes que entraron al Sistema a partir del 1 de

enero de 2000.

Ahora bien, con la aprobación de la Ley 3, supra, se

crea un nuevo sistema de retiro a base de un “Programa

Híbrido

de

Contribuciones

Definidas”.

El

sistema

nuevo

elimina por completo el criterio de mérito por años de

servicio y también aumenta la edad de retiro a 61 años

para los empleados cobijados por la Ley 447. Ciertamente,

esta es la primera vez que el Gobierno aplica cambios

sustanciales de forma retroactiva a los planes de retiro

de sus servidores públicos. A pesar de que en el 1990 ese

principio

de

mérito

fue

eliminado

para

los

nuevos

empleados, los peticionarios continuaron bajo el sistema

pactado al momento de su reclutamiento.

Es decir, los

cambios anteriores se han realizado de forma prospectiva

sin

menoscabar

los

intereses

de

los

que

ya

eran

participantes y sus derechos adquiridos a través de los

años.

28

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

Contrario a lo que ha sido la práctica en el pasado,

las enmiendas aprobadas bajo la Ley 3, supra, implican un

aumento drástico en la cantidad de tiempo que tendrán que

trabajar los empleados para cualificar y poder retirarse.

Aun así, después de esos años adicionales de servicio,

sólo tendrán derecho a una pensión considerablemente menor

a

la

pactada

al

momento

que

ingresaron

al

Sistema

de

Retiro. Todo ello constituye un menoscabo sustancial y

severo a su relación contractual con el Estado.

B.

El fin público que se intenta alcanzar con la Ley

Núm. 3 y la razonabilidad de esa medida.

Ciertamente, alcanzar la estabilidad del Sistema de

Retiro

es

un

fin

público

de

gran

envergadura

y

es

sumamente apremiante atender esa crisis. Ahora bien, las

medidas

que

aquí

se

impugnan,

¿son

razonables

y

necesarias?

Cuando

el

T.P.I.

analizó

el

reclamo

de

los

demandantes sobre si la Asamblea Legislativa

consideró

alternativas

menos

problema

fiscal

Sistema,

del

determinación

medidas

onerosas

para

este

atender

foro

el

concluyó

que

“la

de

del

Legislador

en

cuanto

a

la

serie

escogidas

constituye

un

ejercicio

de

política

pública, que merece deferencia… por lo que no corresponde

realizar una determinación de novo sobre la misma”.

Tiene

razón el foro primario en que el criterio de razonabilidad

y necesidad del legislador merece deferencia. Domínguez

Castro

et

al.

v.

E.L.A.

I,

pág.

85.

Pero

como

ya

explicamos, cuando se trata de casos en que el Estado es

29

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

parte de la obligación contractual, ese análisis es más

cuidadoso.

Lo

mínimo

que

eso

implica

es

que

se

debe

ponderar adecuadamente si lo que el legislador impregnó en

la

ley

es

público

razonable

que

se

y

busca.

necesario

No

se

para

puede

alcanzar

dar

el

fin

deferencia

al

criterio legislativo meramente por que el legislador opina

que la medida es razonable. Hay que evaluar si existían

alternativas menos onerosas, si el problema que se intenta

remediar era conocido o desconocido, si se compensan los

daños

causados,

entre

otras

cosas.

Lo

contrario

equivaldría a obviar toda la norma jurisprudencial que

hemos

discutido

que

señala

que

el

foro

judicial

debe

justipreciar esos criterios lo que sería muy conveniente

para el Estado.

Para que esto se lograra se hacía necesario emitir un

injunction preliminar y ponderar la prueba pertinente.11

Por

ello

somos

del

criterio

que

ante

el

menoscabo

sustancial que evidentemente han sufrido los demandantes

le correspondía al Estado presentar prueba de que las

medidas impugnadas eran necesarias y razonables como bien

lo puntualizó el Juez Presidente en su Opinión disidente

de Domínguez Castro. En cuanto a esto encontramos muy

acertadas las expresiones que se hicieron en Cherry v.

Mayor,

11

supra,

disponiendo

que

una

vez

los

demandantes

Al tener ante nuestra consideración un asunto tan importante,

teníamos a nuestra disposición la Regla 51 del Reglamento del

Tribunal Supremo de 2011 que establece que este Tribunal puede a

iniciativa propia ordenar que se celebre una vista evidenciaria ante

un comisionado especial.

30

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

demostraran

que

sufrieron

un

menoscabo

sustancial,

la

carga probatoria pasa al Estado. Así pues, le correspondía

al

Estado

probar

en

este

caso

que

era

necesario

y

razonable afectar tan dramáticamente las pensiones de los

empleados que ya estaban a punto de retirarse. También

debía demostrar que era razonable y necesario obligarlos a

trabajar un sin número de años adicionales para al final

recibir menos beneficios.

Cónsono

con

lo

anterior,

una

razón

por

la

cual

entendemos que las secciones de la Ley 3 que afectan los

derechos adquiridos de los participantes del Sistema de

Retiro bajo la Ley 447 son irrazonables es debido a que

los problemas que intenta remediar no eran desconocidos

para el Estado al momento en que entró en una obligación

contractual con sus empleados mediante la Ley 447. Esto

requiere que dediquemos algunas líneas para explicar con

detalle a lo que nos referimos.

El

Sistema

planificación

de

así

Retiro

como

de

ha

carecido

un

sistema

de

de

una

buena

contribución

eficiente desde sus inicios en 1951. Surge del estudio

intitulado Review of the Events and Decisions That Have

Led

to

the

Current

Financial

Crisis

of

the

Employees

Retirement System of the Government of Puerto Rico, que la

estructura del sistema ha estado arruinada por años.12

No

obstante, se señala qué acciones que se realizaron en el

periodo

12

de

2004

a

2008

han

exacerbado

el

deteriorado

Véase también la Exposición de Motivos de la Ley 116-2011.

31

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

estado fiscal del sistema.13

Entre estas, la emisión de

los bonos de obligaciones de pensión o Pension Obligation

Bond Transactions (POB por sus siglas en inglés), los

programas o ventanas de retiro temprano14, el incremento

en

la

cuantía

procedimientos

permitida

inadecuados

de

y

préstamos

las

leyes

personales,

especiales

de

concesión de beneficios para retirados, a saber, bonos de

verano,

bonos

para

medicamentos,

aguinaldo

de

Navidad,

estudio

critica

ajustes por costo de vida, entre otros.15

Específicamente,

severamente

el

aumento

el

en

citado

la

cantidad

permitida

por

préstamo personal contra los fondos de retiro, de $5,000 a

13

Véase Apéndice I del CT-2013-06. Review of the Events and Decisions

That Have Led to the Current Financial Crisis of the Employees

Retirement System of the Government of Puerto Rico, Conway MacKenzie,

Inc. Octubre 2010.

14

Es preocupante que recientemente se haya aprobado la Ley 27-2013

que creó una ventana de retiro tempano a los empleados de la

Autoridad de Puertos de Puerto Rico que tuvieran al menos 20 años de

servicio. Más aún, la ley tiene vigencia inmediata a partir de su

aprobación el pasado el 17 de junio de 2013. Esa ley en su Artículo 1

señala que se promulga en estricto cumplimiento con las leyes

laborales y los derechos adquiridos de los servidores públicos.

Además, se les proveerá una bonificación mínima de $900 por cada año

de servicio, hasta un máximo de $27,000 de bonificación. Señaló la

legislatura que para ello se separaron $50 millones provenientes de

la

transacción

del

arrendamiento

del

aeropuerto

Luis

Muñoz

Marín. Tal medida es contradictoria a lo enunciado en la Exposición

de Motivos de la Ley 3.

15

Véase la propia Exposición de Motivos de la Ley Núm. 3, supra; Ley

Núm. 524-2004, Ley Núm. 144-2005, Ley Núm. 35-2007.

32

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

$15,000.16

Esto, porque ello tuvo un efecto nefasto sobre

la liquidez del sistema. De las entrevistas realizadas por

los investigadores a varios empleados clave, se llegó a la

conclusión de que al permitir ese cambio en el 2007, no se

ejerció el debido cuidado por la administración y la Junta

de

Directores.17

No

constaban

en

archivos

análisis

documentados ni información que indicara que incrementar

la

cuantía

de

préstamos

personales

era

un

paso

fundamentado, hecho con el debido análisis que revelara el

impacto que ello tendría sobre la salud financiera del

sistema.

Esa documentación nunca apareció, y es que,

según los propios empleados del sistema, esos análisis

nunca se realizaron.18

De otra parte, en el 2008 los POB se aprobaron para

resolver el problema de liquidez del Retiro. Al emitir los

bonos se incrementarían los activos del sistema y, por

ende, el coeficiente de financiación, el cual se esperaba

aumentara en un 70% según se estimó. Sin embargo, ese

efecto nunca se alcanzó. Surge que los cálculos realizados

para

16

verificar

el

resultado

de

esa

emisión

sobre el

The potential impact of increasing the capo n personal loans from

$5,000 to $15,000 on the System‟s liquidity profile and investment

portfolio should have been thoroughly vetted before the ERS [(Sistema

de Retiro de Empleados) decided to amend the regulations pertaining

to personal loans. Based on our review of the relevant documentation

that was provided to us, including the 2007 ERS Board of Trustee

minutes, and interviews with various key employees of the ERS, it

appears that such due care was not used by the System Administrator

in supporting this change or by the Board of Trustees in approving

this change. …Approving such a decision without supporting analyses

demonstrates lack of fiduciary responsibility by ERS management and

the Board of Trustees. Íd. Pág. 17.

17

Íd., pág. 10.

18

Íd.

33

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

coeficiente

ignoraron

de

la

financiación

deuda

en

la

fueron

que

erróneos,

consistió

la

pues

emisión.

Realmente, el incremento sería en un 9.7%, un porcentaje

drásticamente menor al estimado por el Sistema de Retiro

durante el proceso de emisión. Esta crasa falta llevó a

los

autores

del

estudio

a

cuestionar

cómo

a

aquellos

individuos responsables en la toma de decisiones entraron

en este tipo de transacción y se les escapó un paso tan

fundamental en el método de cómputo del coeficiente de

financiación.19 Según establece el estudio, los riesgos de

esa decisión no se midieron o no se entendían, lo que

indica que tanto la gerencia como la Junta de Síndicos del

Sistema

de

Retiro

y

la

Junta

de

Directores

Gubernamental de Fomento fueron negligentes.

del

Banco

El arreglo

de la liquidez del sistema a corto plazo realmente provocó

un problema mayor que ha resultado en grandes costos que

se

pagarán

en

décadas

por

venir.20

Precisamente,

en

consideración a ello, se recomendó en el informe que se

realizaran más investigaciones sobre la toma de decisiones

que

19

permeó el

proceso dela

emisión de

bonos en el 2008

Concretamente el estudio expresa lo siguiente:

Given the dramatic increase in the funding ratio

presented

to

them,

ERS

[(el

Sistema

de

Retiro)]

management, the Board of Trustees and GDB [(Banco

Gubernamental de Fomento)] Board of Directors had a

responsibility to fully understand if the increase was

reasonable and calculated consistently with prior period

calculations. This lack of understanding falls short of

what is expected from a director or a fiscal agent that

is exercising prudence or acting within the general

standards of reasonability. Íd. Pág. 12.

20

Íd., pág. 15.

34

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

por las autoridades correspondientes.21

Hasta ahora, lo

único que sabemos es que la factura se le pasó a quien no

tuvo la culpa: los servidores públicos que hicieron sus

aportaciones y confiaron a un sistema mal manejado el

fruto de su trabajo.

Entre otros errores administrativos que ahora paga el

pueblo,

cabe

resaltar

que

varias

leyes

especiales

que

otorgaban beneficios se aprobaron ignorando las metas de

reforzar el sistema de manera que este contara con fuentes

suficientes de fondo a largo plazo.

Entre ellas, algunas

fueron la Ley Núm. 524-2004, la Ley Núm. 144 de 2005 y la

Ley

Núm.

35

de

2007.

De

esta

forma,

los

beneficios

especiales, los cuales no son un componente explícito del

Sistema de Retiro han sido cubiertos con los activos del

mismo.

Esto, pues, el Fondo General, las corporaciones

públicas y municipios han faltado a su responsabilidad de

pagar

los

especiales.22

21

beneficios

concedidos

por

estas

leyes

Tanto así que para junio de 2009, los

Íd., pág. 16. The POB transaction has negatively impacted the ERS

and the Government, in general. Rather than addressing the System‟s

long-term funding problems, the POB transaction merely provided a

short-term temporary measure to address the System‟s liquidity needs.

This short-term measure is pricey and its cost may be realized for

decades to come.

In our opinion, the POB transaction accomplished

little more than passing on, and increasing the complexity of, the

burden of fixing the System‟s fundamental structural problems to

future administrations of the ERS.

We also believe that certain

actions and omissions of the Board of Trustees, GDB Board of

Directors and ERS management during the POB decision making process

were not reasonable and potentially flawed.

As such, Conway

MacKenzie recommends that further investigation into the POB

decision-making process should be pursued by the appropriate

authorities.

22

Nótese que el Estado evade una responsabilidad previamente

contraída con la Administración de los Sistemas de Retiro. Y así, a

raíz de esa negligencia intenta remediar el problema menoscabando los

derechos adquiridos de los futuros pensionados. Véase, U.S. Trust v.

New Jersey, supra.

35

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

beneficios

provistos

por

las

leyes

especiales

ocupaban

$2.3 billones de $19 billones en deudas actuariales del

sistema.

Como vemos, es más que obvio que la crisis por la que

atraviesa la Administración del Sistema de Retiro le era

conocida al Estado al momento en que contrató con los

demandantes. Es cierto que la estabilización del Sistema

de Retiro no deja de ser un “propósito público importante”

por el hecho de que era previsible la severa crisis que se

intenta remediar mediante la Ley 3, supra. Sin embargo,

las enmiendas impugnadas no son razonables al analizarlas

desde esta perspectiva.

El hecho de que exista un deseo

genuino

ese

de

aminorar

problema

no

implica

que

automáticamente la Ley 3, supra, sea razonable en toda su

extensión. Véase U.S. Trust v. New Jersey, supra.

Así también, si analizamos las medidas impugnadas de

la Ley 3, supra, bajo el examen de ventajas y desventajas

es más que predecible el resultado. La desventaja que se

legisla no viene acompañada de ningún beneficio, como se

ha resuelto en algunas jurisdicciones estatales. Todo lo

contrario, quedan desamparados con la ínfima pensión que

recibirán.

Por

otra

parte,

en

cuanto

a

los

criterios

de

razonabilidad y necesidad el Estado alega que este caso es

similar a Domínguez et al. Castro v. E.L.A. I, supra,

donde se evaluó la constitucionalidad de la Ley 7. En ese

caso es que se ampara una mayoría de este Tribunal para

36

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

darle

la

espalda

a

los

servidores

públicos

puertorriqueños. Veamos cómo un examen de las dos medidas

legislativas

nos

lleva

a

concluir

que

la

pauta

allí

establecida no es óbice para que atendamos los reclamos de

los demandantes.

C.

Domínguez Castro v. E.L.A. es distinguible del caso

de autos

Hoy,

decisión

una

en

mayoría

un

de

análisis

este

Tribunal

equivocado

del

fundamenta

caso

su

Domínguez

Castro et al. v. E.L.A. I, supra. Ese caso trataba sobre

el “Plan Integrado de Estabilización” que incluía despidos

de empleados públicos al amparo de la Ley Núm. 7 de 9 de

marzo de 2009, según enmendada, denominada como la Ley

Especial

Declarando

Estado

de

Emergencia

Fiscal

y

Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para

Salvar el Crédito de Puerto Rico.

Contrario a lo que concluye la mayoría, los hechos en

Domínguez Castro no representan la misma situación que en

el caso de autos.

La Opinión del Tribunal se recuesta de

los fundamentos de ese precedente, pero se equivoca al

ignorar

las

diferencias

fundamentales

entre

ambos

estatutos. Veamos.

En Domínguez Castro esta Curia estableció que la ley

era razonable y necesaria y que la razón principal para su

aprobación

era

la

crisis

fiscal

que

existía

y

que

le

impedía al Gobierno incluso pagar la nómina gubernamental

en ese momento. Allí la Asamblea Legislativa realizó un

análisis

de

otras

medidas

que

fueron

presentadas

y

37

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

evaluadas

dicha

ley.

conjuntamente

Sobre

este

con

las

particular

medidas

el

propuestas

tribunal

en

resolvió

haciendo alusión a la Exposición de Motivos de la Ley 7

que:

…[t]odas las alternativas típicamente usadas

como pasos previos a la reducción de personal [o

sea]

traslados,

reubicaciones,

readiestramientos,

licencias

sin

sueldo

y

reducción de jornada, entre otros no son viables

dentro del contexto de la magnitud del déficit

estructural del Gobierno y la precariedad de la

situación. Es necesario reducir dramáticamente y

de forma expedita, el gasto gubernamental. En

vista del tamaño de la nómina y del tamaño del

déficit, ninguna de las demás alternativas es

compatible con este objetivo o no son viables

ante su impacto sobre la operación del Gobierno.

Los

traslados,

las

reubicaciones

y

los

readiestramientos

meramente

transfieren

el

empleado y, por consiguiente, el gasto de un

lado a otro. La reducción general de jornada y

mucho menos las licencias sin sueldos, no son

alternativas viables pues tendrían que ser de

tal

magnitud

y

duración

que

impactarían

gravemente

la

gobernabilidad

de

la

Rama

Ejecutiva.

Por otro lado, y como bien se explica en la

Exposición de Motivos de la ley, el establecer

medidas impositivas únicamente, tampoco es una

alternativa viable. De manera que, la Asamblea

Legislativa,

como

funcionarios

electos

y

legítimos representantes del Pueblo de Puerto

Rico,

determinaron

que

la

imposición

al

contribuyente de los recaudos necesarios para

cerrar una brecha de $3,200 millones en el

déficit ahogarían a la ciudadanía y hundirían a

Puerto Rico en una depresión catastrófica.

Domínguez Castro

supra, págs. 61-62.

et

al.

v.

E.L.A.,

I,

Como puede observarse, en aquella ocasión validamos

la razonabilidad y necesidad de la Ley 7 debido a que esta

se aprobó luego de evaluar otras alternativas y determinar

que las mismas no podrían resolver la crisis fiscal de

38

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

aquel momento. En otras palabras, las medidas impuestas al

amparo de la Ley Núm. 7 eran las menos onerosas dentro de

las

alternativas

disponibles

para

lograr

el

fin

propuesto.23

Ahora bien, a diferencia de la Ley 7 en esta ley Núm.

3-2013 no surge de la Exposición de Motivos cuales fueron

las gestiones hechas durante el proceso legislativo para

evaluar

otras

alternativas

menos

onerosas

que

pudiesen

resolver la crisis que afecta al Sistemas de Retiro. Lo

que sí surge de la Exposición de Motivos es que, distinto

al

panorama

de

insolvencia

económica

que

imperaba

en

momentos que se aprobaba la Ley 7 el Gobierno no tendía la

solvencia económica para pagar la nómina gubernamental en

ese momento, el sistema de Retiro tiene fondos suficientes

para cubrir sus gastos hasta el 2018. Por tal razón, era

imperativo

que

se

estudiara

esta

situación

con

más

detenimiento y se evaluaran otras alternativas previo a la

aprobación de la ley.

No obstante, a pesar de presentar una variedad de

razones

atraviesa

23

que

llevaron

a

los

problemas

el

Sistema

de

Retiro,

la

ley

fiscales

se

que

limita,

Cabe señalar que la propia Exposición de Motivos de la Ley Núm. 7

establece que el Gobernador de Puerto Rico había tomado medidas para

atender esta grave situación y que mediante las Órdenes Ejecutivas

OE-2009-001 y OE-2009-004, había establecido medidas inmediatas de

control de gastos incluyendo: la congelación de puestos vacantes; la

prohibición a la creación de nuevos puestos; la eliminación de un 30%

de los puestos de confianza en las agencias; la reducción de gastos

operacionales equivalente al 10% de la mitad de los gastos

operacionales presupuestados para el año fiscal 2008-2009; la

prohibición del uso de tarjetas de crédito; la limitación al uso de

vehículos oficiales; y la prohibición del uso de fondos públicos para

sufragar gastos relacionados al uso de celulares, entre otras

medidas.

39

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

exclusivamente,

empleados.

No

a

se

disminuir

menciona

en

los

beneficios

toda

la

Ley

3

de

los

una

sola

alternativa que haya sido considerada y que las aprobadas

finalmente fueran las menos onerosas. Todo ello, en clara

distinción a la Ley 7.

Por otro lado, la Ley 7 establecía tres fases que

ofrecían diversas opciones en beneficio de los empleados

que voluntariamente se acogieran a las mismas. Así pues,

en la Fase 1 de implementación el empleado o empleada

tenía

la

opción

de:

(1)

acogerse

a

una

reducción

permanente de jornada si contaba con más de (20) años de

servicio, de hacerlo, recibiría un incentivo económico;

(2)

renunciar

voluntariamente,

recibiendo

ayudas

incluyendo que el gobierno subsidiaría el primer año de su

sueldo en el sector privado o en alguna organización sin

fines de lucro, además de brindar incentivos económicos de

acuerdo

al

tiempo

que

llevaba

trabajando;

(3)

vales

educativos para que finalizaran sus estudios; (4) vales de

adiestramiento

para

que

aprendieran

las

herramientas

necesarias que les permitiera reintegrarse a la fuerza

laboral; (5) recibir subsidio económico de plan médico

hasta por un año; (6) el pago de gastos de relocalización

si

el

cambio

requería

una

mudanza

y;

(7)

vales

para

establecer un negocio propio.

La Fase II, por su parte, comenzaría con despidos de

empleados irregulares o transitorios, pasando luego a los

regulares, de ser necesario, y siguiendo el principio de

40

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

antigüedad.

Los

empleados

afectados

bajo

esta

fase

recibirían el pago del plan médico por seis meses y podían

participar en del Programa de Alternativas al Empleado,

además de ser incluidos en un registro de elegibles por el

cual tendrían prioridad sobre otros candidatos para ser

contratado

en

una

agencia

en

la

que

se

desempeñaran

labores similares. Es decir, la Ley Núm. 7-2009 creó un

registro

de

reingreso

al

gobierno

con

prioridad

para

aquellas personas cesanteadas.

Finalmente

la

Fase

III

incorporaba

dos

medidas

adicionales: (1) la congelación de aumentos, beneficios

marginales o compensación adicional y; (2) la suspensión

de ascensos, traslados y movimiento de personal.

Distinto a la Ley, la Ley 7 era de carácter temporero

y su vigencia fue de dos años. Por el contrario, las

enmiendas aprobadas al Sistema de Retiro condenan a miles

de servidores públicos a un nuevo estado de pobreza y de

marginación social. No existe un periodo de orientación o

de espera suficiente para que el empleado pueda tomar una

decisión ponderada que le permita lidiar con un cambio tan

súbito

en

sus

planes

de

vida,

tanto

emocional

como

financieramente.

Por otro lado, diferente a la Ley 7, los empleados no

tienen otra alternativa, más allá de retirarse para no

perder beneficios pactados previamente como el pago de

plan médico y el bono de navidad. Tampoco existen medidas

para

compensar

de

alguna

manera

el

menoscabo

de

las

41

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

relaciones contractuales de los empleados por parte de la

aprobación de esta ley. No hay vales, ni posibilidades de

readiestramiento,

ni

incentivos,

ni

subsidios

para

empresas del sector privado que puedan contratarle. No

existe compensación alguna que aminore los severos daños

que sufrirán los demandantes a causa del menoscabo de sus

expectativas contractuales con el Gobierno. Estos daños

cobran más fuerza en el caso de los miembros de la fuerza

policiaca, quienes no cotizan para el Seguro Social y que

por mandato de ley deben retirarse a los 58 años de edad.

La medida impugnada no contiene disposición alguna que

intente aminorar los vejámenes y vicisitudes que tendrán

que enfrentar los peticionarios.

Cabe señalar además que un importante pronunciamiento

en Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra, fue la

inaplicabilidad

del

Artículo

3

del

Código

Civil,

31

L.P.R.A. sec. 3, que dispone que “[e]n ningún caso podrá

el efecto retroactivo de una ley perjudicar los derechos

adquiridos

al

amparo

de

una

legislación

anterior”.

Entonces resolvimos que un empleado despedido por virtud

de la Ley 7 no podía “hablar de un derecho adquirido a la

retención

o

a

no

ser

cesanteado

de

un

empleo

en

el

servicio público, pues se encuentra ausente el elemento

del amparo de una ley anterior que hubiese concedido tal

derecho”. (Énfasis nuestro) Domínguez Castro et al. v.

E.L.A. I, supra, págs. 69-70. Es decir, en ausencia de una

42

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

ley que los protegiera, el Art. 3 del Código Civil no los

cobijaba.24

La situación de los peticionarios y sus derechos al

amparo

de

la

Ley

447

es

ampliamente

distinta.

Estos

claramente tienen sus derechos garantizados por una ley

anterior. Si bien podría argumentarse que ese derecho se

activa una vez el empleado se retira y comienza a devengar

su pensión, ciertos pronunciamientos de Bayrón Toro v.

Serra, supra, nos motivan a rechazar ese planteamiento.

En

ese

caso

Sistema

de

Retiro

naturaleza

empleado

señalamos

tienen

contractual

al

sistema,

que

que

“los

participantes

un

derecho

adquirido

de

surge

con

ingreso

del

de

la

el

independientemente

que

del

participación sea voluntaria o compulsoria”. Bayrón Toro

v. Serra, supra, pág. 618.

La naturaleza contractual y el

tratamiento

impartido

que

se

le

ha

a

la

relación

que

existe entre los empleados públicos y el Gobierno varían

en las distintas jurisdicciones estatales. Pero aquí en

Bayrón Toro concluimos que los participantes de un sistema

de

retiro

tienen

un

derecho

de

naturaleza

contractual

desde que ingresan al Sistema, eso quiere decir, desde que

comenzaron a cotizar para el mismo. De esta forma, todo

menoscabo

a

ese

derecho

debe

pasar

el

crisol

de

la

razonabilidad y necesidad.

24

Sobre este particular expresamos que “…ninguna ley al momento le

reconoce al empleado público un derecho sin limitaciones a la

retención, o un derecho a no ser cesanteado2. Domínguez Castro et al.

v. E.L.A. I, 178 D.P.R. 1, 69 (2010).

43

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

Igualmente,

es

preciso

recordar

que

la

Quinta

Enmienda de la Constitución de Estado Unidos establece

que: [N]or shall private property be taken for public use,

without just compensation”.

Asimismo, nuestra Carta Magna

dispone en su Art. II, Sec. 9

que: “No se tomará o

perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser

mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo

con la forma provista por ley”.

En

casos

sobre

controversias

de

legislaciones

que

afectan los sistemas de pensiones de empleados públicos es

común que se hagan planteamientos sobre incautación en

conjunto a reclamaciones bajo el menoscabo de relaciones

contractuales.

En ese contexto, el interés del empleado

en las promesas contractuales puede constituir un derecho

propietario cuando estas estén protegidas por la cláusula

del

menoscabo

de

las

relaciones

contractuales

o

la

doctrina estatal sobre el sistema público de pensiones.25

Jack M. Beermann, The Public Pension Crisis, 70 Wash. &

Lee L. Rev. 3, 63-64 (2013).

El Tribunal Supremo de

Estados Unidos ha señalado que los intereses propietarios

se

extienden

más

allá

de

las

formas

tradicionales

de

propiedad, tales como el dinero, inmuebles, entre otros

25

Sin embargo, es posible que una acción estatal que no viola la

cláusula contra el menoscabo de las relaciones contractuales –ya que

esta acción estatal es razonable y necesaria para servir un interés

público- viole la cláusula contra la expropiación sin justa

compensación o taking.

Esto así, ya que cuando el Estado toma

propiedad privada, es irrelevante si lo hace con un fin importante,

por ende, cuando expropia este debe pagar una justa compensación.

Jack M. Beermann, The Public Pension Crisis, 70 Wash. & Lee L. Rev.

3, 63-64 (2013).

44

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

bienes.

Regents v. Roth, 408 U.S. 564, 577 (1972).

A

esos efectos la Corte Suprema ha expresado que:

To have a property interest in a benefit, a

person clearly must have more than an abstract

need or desire for it. He must have more than a

unilateral expectation of it. He must, instead

have a legitimate claim of entitlement to it.

Asimismo,

determinan

la

hemos

expresado

existencia

de

un

que

son

interés

factores

que

propietario

el

hecho de que un interés esté protegido por ley o que las

circunstancias

creen

una

expectativa

de

continuidad.

Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra. De esa forma,

al

considerar

la

constitucionalidad

de

las

enmiendas

legislativas a los planes de pensiones la determinación

sobre los derechos adquiridos de un empleado yace en si

este tiene suficientes años de servicio en el sistema y si

ha descansado o confiado sustancialmente en el recibo de

tales beneficios contratados. Véase, Booth v. Sims, 456

S.E.2d

167,

181

Public

Pension

(W.

Va.

Crisis,

1995);

Jack

Wash.

&

70

M.

Lee

Beermann,

L.

Rev.

3,

The

40

(2013).

Los

demandantes

ciertamente

tienen

un

derecho

propietario sobre su pensión según acordada y sobre las

aportaciones

hechas

al

sistema.

Véase,

Bayrón

Toro

v.

Serra, 119 D.P.R. 605, 612 (1987). Pero el reclamo de los

empleados cobijados bajo la Ley 447, supra, descansa en

que con el pasar del tiempo confiaron en que a través de

su

esfuerzo

beneficios

laboral

acordados

y

sus

aportaciones

contractualmente

al

obtendrían

los

alcanzar

las

45

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

edades dispuestas en la citada disposición.

Después de

todo, su seguridad económica y su calidad de vida están de

por medio y ello tendrá un efecto social que de una forma

u otra padeceremos todos.26 Estas enmiendas despojan a los

participantes de sus derechos adquiridos a recibir una

pensión completa y su expectativa sobre la fecha para

acogerse al plan de retiro.

En fin, surge con meridiana claridad que el análisis

de la constitucionalidad de la Ley tiene que realizarse

distinguiéndolo considerablemente del examen elaborado en

Domínguez

Castro

y

la

evaluación

necesidad

de

Ley

7.

Hacer

la

lo

de

razonabilidad

contrario

denota

y

una

equívoca metodología adjudicativa sin precedentes. Para

dar la atención meritoria a estos asuntos tan sensitivos y

de

vital

importancia

económica

de

estas

para

la

personas,

estabilidad

era

necesario

social

y

auscultar

responsablemente los reclamos de los peticionarios.

La Opinión de la mayoría señala que “[a]nte este

dilema,

examina[ron]

presentados

a

constitucional”.

26

la

cuidadosamente

luz

de

los

nuestro

Respetuosamente

dudamos

recursos

ordenamiento

de

esa

Nótese que en la Exposición de Motivos de la Ley 3, supra, el

legislador plasmó que “[e]l bienestar de todos los que vivimos en

Puerto Rico se vería seriamente afectado si más recursos del Fondo

General se compromete para pagar las pensiones de los pensionados”.

También indicó que “[m]ás fondos para los Sistemas de Retiro implican

menos fondos para educar a nuestros niños, proteger nuestros hogares,

cuidar nuestra salud y mejorar la infraestructura que utilizamos

todos los días”. El impacto económico que sufrirán los empleados

retirados no tiene precedente. Las expresiones que acabamos de

transcribir no contiene ápice de razonabilidad alguna y no ha sido

objeto de prueba para ser aquilatado por un tribunal.

46

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

aseveración pues “…para determinar los hechos relevantes,

la opinión mayoritaria se sustenta exclusivamente en la

Exposición

de

Motivos

y

acepta,

sin

prueba,

….que

no

existe otra opción para corregir el déficit…”.27 “En otras

palabras,

la

mayoría

de

este

Tribunal

no

tomó

en

consideración posiciones distintas a la adoptada por la

Legislatura, porque no hubo oportunidad para recibir y

dirimir

prueba

en

un

Foro

de

Primera

Instancia

o

administrativo”.28 (Énfasis en el original). Esto, pues “…

lo único que hay en los expedientes de los casos es la

demanda,

el

recurso

interlocutorias…”;29

y

de

certificación

de

esta

forma

y

la

las

mociones

mayoría

quiere

“…apresurarse a resolver el asunto constitucional”.30 “Un

análisis

somero

de

los

expedientes

de

los

recursos

consolidados nos permite percibir que las controversias

que se presentan no tan sólo son complejas, sino múltiples

y diversas”.31

Cada uno de estos asuntos pudo requerir la

intervención del foro administrativo o del

Tribunal de Primera Instancia para dirimir la

prueba y crear un expediente que permitiera la

labor

efectiva

de

los

foros

apelativos,

incluyendo la de este Tribunal Supremo.

Es

axiomático que el derecho no se aplica en el

vacío, requiere de hechos que sirvan de base

para aplicar las normas.32

27

Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra, pág. 117. Opinión

disidente de la Jueza Fiol Matta.

28

Id.

29

Id.

30

Id., pág. 111.

31

Id., pág. 115.

32

Id., pág. 114.

47

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

Tal como dijimos en nuestra resolución del pasado 11

de junio “…los intereses públicos involucrados en estos

casos son excepcionales. Los peticionarios han hecho unos

planteamientos

que

merecen

una

consideración

seria

y

pronta”. “La Ley Núm. 3, supra, entra en vigor en poco

menos

de

un

mes

interlocutorio

y,

de

oportuno,

no

los

proveerse

un

peticionarios

remedio

se

verán

obligados a tomar decisiones drásticas…las repercusiones

de estos casos pueden afectar a los peticionarios por el

resto de sus días”. Resolución del Tribunal Supremo del 11

de junio de 2013, María del C. Alvarado Pacheco, et al. v.

E.L.A. CT-2013-05/06/07. Las Juezas Asociadas Rodríguez

Rodríguez

disidentes.

emitió

un

y

Fiol

El

voto

Matta

Juez

emitieron

Presidente

particular

votos

señor

disidente.

particulares

Hernández

El

Juez

Denton

Estrella

Martínez emitió un voto particular y disintió en que no se

expidieran en aquel momento los autos de epígrafe.

Es insostenible que hoy una mayoría de este foro se

olvide de todas esas y otras tantas palabras. Cómo mínimo

este

Tribunal

debió

proveerles

a

los

demandantes

la

oportunidad de que presentaran su caso, cumpliendo cada

parte con su carga probatoria. Hace poco este Tribunal en

Lozada v. J.C.A., 184 D.P.R. 898, (2012) se expresó muy

acertadamente respecto a cómo deben decidir los jueces.

Allí dijimos:

En tiempo reciente no hemos vacilado en indicar

que a “los jueces no nos puede dominar el temor

a decidir”. Ahora, tenemos que añadir que la

imparcialidad debe ser la piedra angular que

48

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

guíe

nuestros

razonamientos,

sin

importar

quiénes sean las partes ni la empatía que sus

planteamientos nos provoquen. Eso implica que si

bien nuestras ideas y experiencias influyen en

nuestro análisis al momento de adjudicar una

controversia, debemos analizar los argumentos de

las partes involucradas como lo haría la famosa

Dama de la Justicia, con la mayor objetividad

que nuestra condición humana nos permita. En

esta coyuntura, conviene recordar cómo Juan

Carlos Mendonca describe el mandamiento judicial

de la imparcialidad:

El litigante lucha por su derecho, en

tanto que tú luchas por el derecho; y esto

no debes olvidarlo nunca. No te dejes

llevar por sus simpatías o antipatías, por

conveniencias o compasiones, por temor o

misericordia. La imparcialidad implica el

coraje de fallar contra el poderoso, pero

también el valor, mucho más grande, de

fallar contra el débil. (Citas internas

omitidas). Id, pág. 926.

IV

Todo lo que hemos enunciado nos lleva a la conclusión

de que algunas secciones la Ley 3 son irrazonables, lo que

nos

sugiere

están

inconstitucionalidad.

remediar

con

esa

revestidas

Los

medida

de

problemas

no

eran

fuertes

que

se

desconocidos

visos

de

intentan

para

el

Gobierno de Puerto Rico a través de las décadas en que

mantuvo a sus servidores públicos a la expectativa de que

tendrían un retiro digno y justo. Tampoco se les compensa

con algún tipo de beneficio la severidad del menoscabo en

sus expectativas de retiro. Para evaluar esta controversia

con más detenimiento y responsabilidad era necesario que

emitiéramos el injunction preliminar que nos solicitaron

los peticionarios para paralizar la aplicación de esa ley.

49

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

Según

expresé

recientemente,

“[e]l

último

foro

representativo del Poder Judicial no puede callar mientras

se diseña el escenario perfecto para un ardid contra el

pueblo de Puerto Rico”.33

Hoy, lamentablemente la mayoría

de esta Curia por razones que, en su consciencia llevarán,

han

desatendido

ciudadanos.

su

responsabilidad

para

con

nuestros

A mucho pesar, ciertamente es un día lúgubre

para las familias y el pueblo puertorriqueño. Ahora me

resta solo esperar que en un futuro aquellos que ocupen

posiciones

de

liderato

en

el

servicio

público

nunca

olviden que la persona no está en función del sistema

económico, sino que es el sistema económico el que está en

función de la persona.

Hoy el Estado plantea enérgicamente que este Tribunal

no debe pasar juicio sobre la sabiduría legislativa que se

empleó

cuando

la

Asamblea

promulgó

la

Ley

3,

supra.

Quieren total deferencia. Sin embargo, nos preguntamos si

esa misma sabiduría legislativa fue o pudo ser un factor

determinante de la crisis que hoy se intenta resolver a

costa del empleado público.

En esto son pertinentes las

palabras que hace más de dos décadas plasmó el entonces

Juez

Asociado

Alonso

Alonso

en

su

voto

particular

en

Bayrón Toro v. Serra, supra, pág. 624:

"[e]l Estado no debe justificar cambios al

sistema de retiro al alegar que son necesarios y

razonables para mantener la solvencia económica

33

Voto particular del Juez Asociado señor Rivera García, María del C.

Alvarado Pacheco, et al. v. E.L.A. CT-2013-05/06/07.

50

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

de éste cuando la debilidad fiscal del mismo se

debe al descuido y a la falta de cuidado del

Estado propiamente."

En

cuanto

a

esto

también

es

preciso

que

hagamos

constar cierta preocupación de los demandantes, la cual

transcribimos según ellos mismos la han expresado:

[t]erminamos indicando que el planteamiento

mediático

de

los

demandados

de

que

la

responsabilidad del crédito de Puerto Rico está

en manos del Tribunal Supremo es absurdo y más

aún, un medio de presión del Ejecutivo para

obtener

su

propósito.

Es

imperioso

e

indispensable recordar la separación de poderes,

que a su vez implica una separación de

responsabilidades,

de

nuestro

sistema

democrático. El rol de los Tribunales en el

sistema judicial no es proveer las alternativas

para resolver la crisis fiscal de la Isla ni del

Sistema de Retiro. El rol es asegurarse que en

el descargue de sus poderes, las demás ramas de

gobierno, a quienes sí les corresponde buscar

alternativas, no se excedan de las facultades

conferidas

por

ley

ni

incidan

inconstitucionalmente

sobre

los

derechos

adquiridos de las personas a quienes gobiernan;

más aún de sus propios empleados, con quienes

contratan. Petición de certificación Victor A.

Rivera et. al. v. E.L.A., et. al., pág. 24.

Como último foro judicial estatal en aras de promover

un verdadero acceso a la justicia debemos preguntarnos:

¿conocemos

a

las

comunidades

que

servimos?

Soy

del

criterio que como consecuencia de esta detrimental medida

legislativa, los retos económicos de toda una generación

están incrementándose severa y adversamente.

Empero, la

comunidad de futuros pensionados afectados por la Ley 3,

supra, ahora parece ser un “obstáculo para el crecimiento

financiero” y damos por buenas las acciones del Gobierno

sin más preguntas o análisis objetivos.

Si hoy cientos de

miles

los

de

puertorriqueños

viven

bajo

niveles

de

51

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

pobreza,

sin

ambientales

infraestructura

difíciles

y

básica,

viviendas

bajo

condiciones

deficientes34

esta

decisión judicial será el opresor de otros miles más.

En

ese sentido, estoy concorde con la siguiente aseveración:

[W]e must reject abstract neutrality and

acquire a different kind of objectivity, assume

our role as guardians of procedural fairness,

and learn to value the feelings and ideas of

others…

Under

the

Constitution,

the

primary

function of a judge is to guarantee the

fundamental

constitutional

rights

of

every

person. This duty is based on the conviction

that judges, as citizens who are aware of the

value of these rights in a democratic society,

choose their profession knowingly, and they

assume

responsibility

for

protecting

those

rights.

They are committed to this end, and

part of this commitment is to be aware of the

great adversities faced by communities that have

limited access to courts, whose members hope to

find a helping hand among legal professionals …

Judges as human beings are the sum of their

own diverse experiences, ideas, situations,

expectations, and realities. Therefore, when a

judge

neglects

to

recognize

her

own

subjectivity, her judgments will be inevitably

biased. We must become aware of our own

subjectivities, ideologies, and paradigms. By

doing so, we may be able to exercise our

judgment more effectively and more closer to a

truly impartial assessment of events. Our goal,

the,

is

not

neutrality

but

a

reasonable

objectivity.35

Si hoy los jueces y juezas de este Tribunal no se

hubieran

apartado

seguro

que

34

de

actuarían

estas

como

sabias

expresiones,

guardianes

de

estoy

nuestra

Jueza Asociada, señora Fiol Matta, Knowing the communities

serve, 49 Court Review, 13, 2013. Disponible en:

http://aja.ncsc.dni.us/publications/courtrv/cr49-1/CR491Matta.pdf. (Última visita 24 de junio de 2013).

35

Íd., pág. 19.

we

52

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

Constitución. Asimismo, en las páginas de la historia de

nuestro

Pueblo

no

se

escribiría

pobreza que hoy están avalando.

de

estos

temas,

puedan

de

la

nueva

clase

de

Espero que los estudiosos

responsable

y

objetivamente

escuchar el grito de justicia de estos empleados y no

yerren

como

esta

Curia

hoy

lo

hace

al

ignorar

los

preceptos que en algún momento juro defender.

No olvidemos que el pueblo espera de los jueces que

siempre estemos

ávidos a escuchar las posturas que le

plantean las partes en un pleito. Asimismo, espera que el

juez sea un árbitro que cante las jugadas como las ve, no

como otros pretenden que se vean. Que el éxito en las

decisiones económicas que se pretenden implantar bajo el

palio

del

atropellar

bienestar

al

ser

común

humano

y

jamás

sea

pretexto

para

menos

aún

menospreciar

su

dignidad. Es oportuno evocar la ilustre frase de Cicerón,

“summum ius summa iniuria”.

Por todos los fundamentos que anteceden, disiento.

Edgardo Rivera Garcia

Juez Asociado

53

CT-2013-08

CT-2013-09

CT-2013-10

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Víctor A. Trinidad Hernández y

Otros

Peticionarios

v.

CT-2013-008

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico y otros

Recurridos

María del Carmen Alvarado

Pacheco y otros

Peticionarios

CT-2013-009

v.

Certificación

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico y otros

Recurridos

José A. De Jesús Vega y otros

Cons.

Peticionarios

CT-2013-010

v.

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico y otros

Recurridos

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA

MARTÍNEZ

San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2013.

[e]l derecho a [la] pensión de retiro

por años de servicio del empleado

público tiene un respetable contenido

ético y moral y constituye un seguro de

dignidad para el hombre o la mujer que

habiendo dedicado al servicio público

sus años fecundos, no debe encontrarse

en la etapa final de su vida en el

desamparo, o convertido en carga de

parientes

o

del

Estado.

(Énfasis

suplido.)

Rosa

Resto

v.

Rodríguez

Solís, 111 D.P.R. 89, 92 (1981).

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

Nuevamente

servidores

comparecen

públicos

2

ante

clamando

este

Tribunal

justicia.

Acuden

cientos

de

desde

los

empleados de la Oficina del Contralor que han dedicado sus

vidas por más de dos décadas a la lucha en contra de la

corrupción; hasta los policías

de mayor veteranía que se

encuentran al borde de la edad obligatoria de retiro y se

enfrentan a un estatuto que elimina la pensión por mérito,

reduce drásticamente el importe de la pensión y hasta duplica

los años de servicio previo a retirarse.

Hoy todos los trabajadores peticionarios se enfrentan a

una

ley

que

menoscaba

contraídas por el Estado.

sustancialmente

las

obligaciones

Además, se enfrentan a la realidad

que revela el antiguo proverbio de que la cuerda triple no se

corta fácilmente. En efecto, el hilo del ejecutivo, el hilo

del legislativo y el hilo de una mayoría de este Tribunal se

han entrelazado para crear una soga que, lejos de cortarse,

ha estrangulado los derechos de los empleados públicos del

Gobierno de Puerto Rico. Ciertamente, la soga no cortó por

los más finos, cortó por los más humildes: los asalariados,

los trabajadores, los que subsisten de quincena en quincena.

Con

ello,

queda

acreditado

que

las

acciones

de

los

componentes de esa cuerda triple han convertido en chatarra

las

obligaciones

contractuales

del

Estado

con

los

trabajadores y han degradado las garantías constitucionales

del Pueblo.

En consecuencia, disiento por entender que la Ley Núm.

3-2013 está plagada de cambios drásticos al Sistema de Retiro

que contravienen la Constitución de Puerto Rico. Veamos.

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

3

I

A.

La Sec. 7 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico

garantiza que en nuestro sistema democrático de gobierno “no

se

aprueben

leyes

que

menoscaben

las

obligaciones

contractuales”. Const. P.R., Art. II, Sec. 7, L.P.R.A., Tomo

1, pág. 296 (2008). En iguales términos, la Sec. 10 del Art.

I

de

la

Constitución

federal

establece

una

prohibición

homóloga en su naturaleza, la cual veda que los Estados de la

Unión

Americana

promulguen

estatutos

que

perjudiquen

las

relaciones contractuales.1 Const. EE.UU., Art. I, Sec. 10,

L.P.R.A., Tomo 1, pág. 169 (2008).

En términos generales, esta prohibición constitucional

impide

que

los

Estados

y

sus

gobiernos

locales

emitan

legislación alguna que pretenda atenuar los compromisos de

una

parte

ejecución

contratante

de

un

o

contrato.

dificultar

2

R.D.

irrazonablemente

Rotunda

&

J.E.

la

Nowak,

Treatise on Constitutional Law: Substance and Procedure, 5th

ed., Thomson Reuters, Minnesota, § 15.8(b), pág. 879 (2012).

A su vez, la referida cláusula persigue incentivar el crédito

y el comercio, promoviendo la confianza en la estabilidad de

1

Esta prohibición constituye una de las limitaciones

expresas de la Constitución federal al poder de los Estados

de la Unión. U.S. Trust Co. of New York v. New Jersey, 431

U.S. 1, 14 (1977). Esta limitación no vincula al Gobierno

federal. E. Chemerinsky, Constitutional Law: Principles and

Policies, 4th ed., Wolters Kluwer, Maryland, § 8.3.1, pág.

645 (2011). No obstante, el Gobierno federal queda sujeto a

prohibiciones análogas en su naturaleza por virtud de la

Quinta Enmienda de la Constitución federal, que garantiza el

derecho a un debido proceso de ley. Íd.

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

4

las relaciones contractuales. U.S. Trust Co. of New York v.

New Jersey, 431 U.S. 1, 15 (1977).

En

consecución

jurisprudenciales

federal

han

de

con

estos

esta

reconocido

fines,

Curia

que

y

esta

los

del

pronunciamientos

Tribunal

garantía

Supremo

constitucional

impide que el gobierno incida adversamente sobre dos tipos de

obligaciones

contractuales:

(1)

aquellas

sostenidas

entre

partes privadas; y (2) aquellas en las cuales el gobierno

constituya una de las partes contratantes. U.S. Trust Co. of

New York v. New Jersey, supra, pág. 17; Domínguez Castro v.

E.L.A., 178 D.P.R. 1, 80 (2010). Según lo estableceremos más

adelante, esta distinción resulta trascendental al momento de

seleccionar

el

escrutinio

constitucional

que

un

Tribunal

habrá de emplear ante un reclamo incoado al amparo de la

cláusula en contra del menoscabo de relaciones contractuales.

Domínguez Castro v. E.L.A., supra, pág. 80. Conscientes de la

importancia

que

conlleva

el

identificar

una

relación

contractual como privada o pública en su naturaleza, pasemos

a

elaborar

el

marco

de

análisis

aplicable

ante

una

interpelación constitucional erguida sobre la palestra de la

protección constitucional bajo examen.

Como

reclame

cuestión

que

legislación

el

a

de

umbral,

Gobierno,

esos

efectos,

cuando

mediante

ha

la

determinada

parte

promulgación

menoscabado

una

de

relación

contractual, un tribunal deberá determinar si la legislación

impugnada

realmente

tuvo

el

efecto

de

perjudicar

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

5

sustancialmente la alegada obligación contractual.2 General

Motors Corp. v. Romein, 503 U.S. 181, 186 (1992); Energy

Reserves Group, Inc. v. Kansas Power and Light Co., 459 U.S.

400, 411 (1983); U.S. Trust Co. of New York v. New Jersey,

supra, pág. 17. Ello, independientemente de si la relación

contractual en disputa resulta ser pública o privada en su

naturaleza.

El Más Alto Foro federal ha dividido este primer paso en

tres

factores

relación

adicionales,

contractual;

(2)

a

saber:

si

un

(1)

cambio

si

existe

una

legislativo

ha

menoscabado esa relación contractual; y, (3) si el menoscabo

infligido

es

sustantivo

en

su

naturaleza.

General

Motors

Corp. v. Romein, supra, pág. 186. Véanse, también: Keystone

2

El

Tribunal

Supremo

federal

ha

requerimiento en las siguientes palabras:

abordado

este

The severity of the impairment measures the height

of the hurdle the state legislation must clear.

Minimal alteration of the contractual obligations

may end the inquiry at its first stage. Severe

impairment, on the other hand, will push the

inquiry to a careful examination of the nature and

purpose of the state legislation. The severity of

an impairment of contractual obligations can be

measured by the factors that reflect the high

value the Framers placed on the protection of ...

contracts. Contracts enable individuals to order

their personal ... affairs according to their

particular needs and interests. Once arranged,

those rights and obligations are binding under the

law, and the parties are entitled to rely on them.

(Énfasis nuestro.) Allied Structural Steel Co. v.

Spannaus, 438 U.S. 234, 244-245 (1978).

En Domínguez Castro v. E.L.A., supra, pág. 83, una

mayoría de este Tribunal, según estaba compuesto en aquel

entonces, añadió que un menoscabo contractual severo es aquel

que modifica “adversamente los términos o condiciones

esenciales del contrato que principalmente dieron motivo a la

celebración de éste de modo que se frustren las expectativas

de las partes”.

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

6

Bituminous Coal Ass’n v. DeBenedictis, 480 U.S. 470, 504

(1987); Domínguez Castro v. E.L.A, supra, págs. 81-82.

Al emplear el análisis señalado, urge tener presente que

la prohibición instaurada en la cláusula constitucional en

contra

absoluta

del

en

menoscabo

su

de

relaciones

naturaleza.

Home

contractuales

Bldg.

&

Loan

no

es

Ass’n

v.

Blaisdell, 290 U.S. 398, 428 (1934) (“[T]he prohibition is

not ... to be read with literal exactness like a mathematical

formula.”) Véanse, también: Keystone Bituminous Coal Ass’n v.

DeBenedictis, supra, pág. 502; Allied Structural Steel Co. v.

Spannaus, supra, pág. 240; U.S. Trust Co. of New York v. New

Jersey, supra, pág. 21; City of El Paso v. Simmons, 379 U.S.

497, 508 (1965); Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101

D.P.R. 378, 394 (1973). A esos efectos, la jurisprudencia

federal

ha

establecido

que

un

Estado

puede

afectar

o

modificar el remedio provisto por la relación contractual con

la cual interviene, siempre y cuando no menoscabe derechos

sustanciales.3 City of El Paso v. Simmons, supra, pág. 503;

Home Bldg. & Loan Ass’n v. Blaisdell, supra, pág. 430.

3

El Tribunal Supremo federal ha afirmado lo anterior en

los siguientes términos:

It is competent for the States to change the

form of the remedy, or to modify it otherwise, as

they may see fit, provided no substantial right

secured by the contract is thereby impaired. No

attempt has been made to fix definitely the line

between alterations of the remedy, which are to be

deemed legitimate, and those which, under the form

of modifying the remedy, impair substantial rights.

Every case must be determined upon its own

circumstances.

(Énfasis

suplido.)(Citaciones

internas omitidas.) Home Bldg. & Loan Ass’n v.

Blaisdell, supra, pág. 430.

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

Es

por

ello

interpretado

que

que

la

el

7

Tribunal

cláusula

en

Supremo

contra

del

federal

ha

menoscabo

de

obligaciones contractuales debe quedar atemperada de cara al

entendimiento de que en todo contrato, el Estado siempre se

reserva

un

residuo

de

autoridad

para

poder

legislar

en

consecución de la salud y seguridad pública, al igual que el

bienestar general del pueblo. Energy Reserves Group, Inc. v.

Kansas

Power

Structural

and

Light

Steel

Co.

Co.,

v.

supra,

Spannaus;

pág.

supra,

410;

Allied

págs.

240-241

(“[T]he Contract Clause cannot obliterate the police powers

of the State”); U.S. Trust Co. of New York v. New Jersey,

supra, págs. 15-16; City of El Paso v. Simmons, supra, pág.

508

(“the

reservation

of

essential

attributes

of

the

sovereign power [are] read into contracts as a postulate of

the legal order”); Home Bldg. & Loan Ass’n v. Blaisdell,

supra,

págs.

434-440;

Warner

Lambert

Co.

v.

Tribunal

Superior, supra, pág. 394. Respecto a la deferencia que un

Tribunal

viene

residuo

de

llamado

poder

por

a

otorgarle

parte

del

al

ejercicio

de

amerita

traer

Estado,

ese

a

memoria la bifurcación de contratos antes señalada, enfocando

nuestra

mirada,

primeramente,

sobre

los

contractos

de

naturaleza privada.

Cuando el contrato afectado es de carácter privado, los

tribunales estamos llamados a otorgarle amplia discreción en

torno a lo que la Legislatura entiende que es o no resulta

ser necesario para el bienestar general. City of El Paso v.

Simmons, supra, pág. 508; U.S. Trust Co. of New York v. New

Jersey, supra, pág. 16. No obstante, esa deferencia no es

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

irrestricta

o

carente

de

8

fronteras.

City

of

El

Paso

v.

Simmons, supra, pág. 509; Warner Lambert Co. v. Tribunal

Superior, supra, pág. 394. Ante el choque de los intereses

del

Estado

en

el

ejercicio

de

su

poder

inherente

como

Soberano y los intereses de las partes contratantes en que

sus

acuerdos

no

sufran

un

perjuicio

sustancial

legislativamente infundido, es función del Tribunal servir

como ente reconciliador. U.S. Trust Co. of New York v. New

Jersey, supra, pág. 21.

El Tribunal Supremo federal afirmó lo anterior en los

siguientes términos:

Whatever is reserved of state power must be

consistent

with

the

fair

intent

of

the

constitutional limitation of that power. The

reserved power cannot be construed so as to

destroy the limitation, nor is the limitation to

be construed to destroy the reserved power in its

essential aspects. They must be construed in

harmony with each other. This principle precludes

a construction which would permit the state to

adopt as its policy the repudiation of debts or

the destruction of contracts or the denial of the

means to enforce them. (Énfasis suplido.) City of

El Paso v. Simmons, supra, pág. 509.

Lo anterior se debe a que, de lo contrario, la cláusula

en contra del menoscabo de relaciones contractuales sería

letra

muerta

constitucional

y

quedaría

alguno.

desprovista

Allied

de

Structural

significado

Steel

Co.

v.

Spannaus, supra, pág. 241 (“[T]he Contract Clause remains

part of the Constitution. It is not a dead letter”); U.S.

Trust Co. of New York v. New Jersey, supra, pág. 16 (“Whether

or

not

the

protection

of

contract

rights

comports

with

current views of wise public policy, the Contract Clause

remains a part of our written Constitution”).

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

9

En función de ello, el Tribunal debe tener presente que

la

garantía

constitucional

señalada

limita

ejercicios

legítimos de legislación estatal y que la existencia de un

interés público importante no siempre será suficiente para

contravenir tal limitación. Keystone Bituminous Coal Ass’n v.

DeBenedictis, supra, pág. 505; Allied Structural Steel Co. v.

Spannaus, supra, pág. 242 (“If the Contract Clause is to

retain any meaning at all, ... it must be understood to

impose some limits upon the power of a State to abridge

existing contractual relationships, even in the exercise of

its otherwise legitimate police power”); U.S. Trust Co. of

New York v. New Jersey, supra, pág. 21 (“private contracts

are not subject to unlimited modification under the police

power”).

A la luz de lo reseñado, una legislación que pretenda

afectar relaciones contractuales existentes, privadas en su

naturaleza, debe responder a un interés público legítimo y

significante.4 Energy Reserves Group, Inc. v. Kansas Power

and Light Co., supra, págs. 411-412; U.S. Trust Co. of New

York

v.

New

Jersey,

supra,

pág.

22;

Domínguez

Castro

v.

E.L.A, supra, pág. 84. Además, la legislación lesiva a los

derechos y las responsabilidades de las partes contratantes

debe ser razonable y necesaria. Allied Structural Steel Co.

v. Spannaus, supra, págs. 244 y 247; U.S. Trust Co. of New

York

v.

4

New

Jersey,

supra,

pág.

22;

Domínguez

Castro

v.

Se ha reconocido que el intento por remediar un

problema social o económico de naturaleza amplia y general

puede

constituir

un

interés

público

importante

y

significativo. Energy Reserves Group, Inc. v. Kansas Power

and Light Co., supra, pág. 412.

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

10

E.L.A, supra, pág. 84. Como norma general, los tribunales le

otorgarán deferencia al Estado respecto a la razonabilidad y

necesidad de la legislación impugnada. Domínguez Castro v.

E.L.A, supra, págs. 22-23.

Ahora bien, esta deferencia se limita estrictamente al

análisis de contratos de carácter privado. Ello, pues, cuando

la

relación

naturaleza

y

contractual

menoscabada

es

pública

en

el

constituye

una

de

partes

Estado

las

su

contratantes, existen consideraciones adicionales que exigen

un criterio de adjudicación constitucional mucho más oneroso

para el Gobierno. U.S. Trust Co. of New York v. New Jersey,

supra, pág. 23; Domínguez Castro v. E.L.A., supra, pág. 81.

En primer lugar, será imperativo examinar si los derechos

contractuales reconocidos por el Estado no representan un

ejercicio

ilegítimo

de

sus

Soberano.

Específicamente,

legislatura

contratante

atributos

habrá

cedió

esenciales

que

examinar

poderes

que

como

si

la

vinculan

indebidamente a las legislaturas futuras y sucesivas. U.S.

Trust Co. of New York v. New Jersey, supra, pág. 23.

A esos fines, ya se ha determinado que el Estado tiene

el poder de incurrir en compromisos financieros futuros con

partes

privadas.

compromisos

la

promulgación

examen

pág.

financieros,

satisfacerlos.

modificar

Íd.,

Íd.

de

el

Aunque

obligación

24.

Estado

contractual

sólo

razonable. Íd., págs. 25-26.

vez

ciertamente

legislación,

constitucional

Una

tal

si

viene

el

mismo

crean

estos

obligado

Gobierno

incurrida

menoscabo

el

se

a

puede

mediante

la

sobrevivirá

un

es

necesario

y

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

11

En ese análisis, el Tribunal debe tener presente que el

Estado velará por sus propios intereses. Por ello, y distinto

al

análisis

empleado

para

relaciones

contractuales

de

carácter privado, el Tribunal no puede conferirle deferencia

al juicio de la legislatura respecto a qué representa una

medida razonable y necesaria. Keystone Bituminous Coal Ass’n

v. DeBenedictis, supra, pág. 505; Energy Reserves Group, Inc.

v. Kansas Power and Light Co., supra, pág. 412 (“Unless the

State

itself

is

a

contracting

party,

as

is

customary

in

reviewing economic and social regulations, courts properly

defer

to

legislative

judgments

as

to

the

necessity

and

reasonableness of a particular measure.”) (Énfasis suplido.);

U.S. Trust Co. of New York v. New Jersey, supra, pág. 26.

(“[C]omplete

deference

to

a

legislative

assessment

of

reasonableness and necessity is not appropriate because the

State’s self-interest is at stake....If a State could reduce

its financial obligations whenever it wanted to spend the

money for what it regarded as an important public purpose,

the Contract Clause would provide no protection at all.”)

(Énfasis suplido.)

Por tanto, en su análisis de aquello que constituye una

medida

necesaria,

consistente

de

dos

el

Tribunal

criterios.

debe

emplear

Primero,

una

un

medida

examen

no

es

necesaria si imparte una eliminación total de la relación

contractual

menoscabada,

cuando

existía

la

posibilidad

de

instaurar una modificación menos drástica en su naturaleza.

U.S. Trust Co. of New York v. New Jersey, supra, págs. 29-30.

En segundo plano, una medida no es necesaria si existieron

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

12

medios alternos para alcanzar el interés público articulado

por el Estado.5 Íd., pág. 30; Domínguez Castro v. E.L.A,

supra, pág. 84.

En

consecuencia,

realizada

por

alternativas

Domínguez

indicó

el

el

la

selección

poder

disponibles,

Castro

v.

política

pública

legislativo

entre

las

no

entera

deferencia.

E.L.A,

Tribunal

de

merece

supra,

Supremo

pág.

federal,

84.

“a

muchas

Como

bien

lo

State

is

not

completely free to consider impairing the obligations of its

own

contracts

on

a

par

with

other

policy

alternatives.

Similarly, a State is not free to impose a drastic impairment

when an evident and more moderate course would serve its

purpose equally well”. (Énfasis suplido.) U.S. Trust Co. v.

New Jersey, supra, pág. 31.

Respecto

al

criterio

de

razonabilidad,

el

Tribunal

deberá valerse de un examen de previsibilidad a la luz de

todas las circunstancias cambiantes. Véanse: Energy Reserves

Group, Inc. v. Kansas Power and Light Co., supra, págs. 415416; City of El Paso v. Simmons, supra, pág. 511. A esos

efectos,

una

contractuales

5

legislación

será

razonable

que

sólo

menoscabe

si

los

relaciones

efectos

que

se

El

profesor

de

derecho

constitucional,

Erwin

Chemerinsky, al interpretar la exigencia del Tribunal Supremo

federal respecto a que la medida empleada sea necesaria y que

no existan alternativas cuyos efectos sean menos drásticos a

la hora de alcanzar el interés público articulado por el

Estado, concluyó que el Más Alto Foro federal equiparó el

escrutinio utilizado en casos de menoscabo de relaciones

contractuales

públicas

a

un

escrutinio

estricto.

E.

Chemerinsky, Constitutional Law: Principles and Policies, op

cit., § 8.3, pág. 655. Ello implica, necesariamente, que la

inconstitucionalidad de la legislación impugnada debería

presumirse.

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

13

pretenden mitigar no fueron previstos o intencionados por el

Estado al momento en el cual contrajo la obligación afectada.

U.S. Trust Co. of New York v. New Jersey, supra, pág. 31. Un

cambio no previsto será aquél que ocurra en el tipo del

efecto,

mas

no

en

el

grado

de

éste.

Íd.,

pág.

32.

(“subsequent changes ... of degree and not of kind”).

Finalmente, amerita añadir que, como parte del análisis

concerniente a la razonabilidad y necesidad de una medida,

resulta imperativo examinar si son temporeras y dirigidas a

atender

una

situación

pública

de

emergencia,

social

o

económica en su naturaleza. Domínguez Castro v. E.L.A, supra,

pág. 85. Si estos criterios adicionales no están presentes,

urge inclinar la balanza en favor de la protección de la

relación contractual menoscabada. Allied Structural Steel Co.

v. Spannaus, supra, pág. 250.

Teniendo presente los principios generales aplicables a

todo reclamo instado al amparo de la cláusula constitucional

en contra del menoscabo de relaciones contractuales, pasemos

a particularizar los mismos en el contexto de los planes

públicos de retiro.

B.

Por más de dos décadas, esta Curia ha reconocido que las

participaciones

de

un

empleado

público

en

el

sistema

de

retiro del gobierno constituyen “un interés propietario de

naturaleza

contractual

constitucional

contra

protegido

el

menoscabo

por

la

de

garantía

obligaciones

contractuales”. Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605, 607-608

(1987).

En

concreto,

hemos

establecido,

sin

lugar

a

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

ambigüedades,

públicos,

que

los

mediante

14

planes

los

de

cuales

retiro

existe

son

un

contratos

“acuerdo

de

voluntades entre el Estado y el empleado, dirigido a producir

un efecto vinculante para las partes”. (Énfasis suplido.)

Íd., pág. 618.

Por un lado, la relación contractual acordada beneficia

al Estado en su esfuerzo por reclutar y retener personal de

alta calidad para el bien común del pueblo puertorriqueño.

Bayrón Toro v. Serra, supra, pág. 615. Sólo ofreciendo un

atractivo plan de retiro, es que el Gobierno logra “atraer

personal

competente,

que

de

otra

forma

ofrecería

sus

servicios a la empresa privada”. Íd., pág. 616.

Por otra parte, el empleado público acepta la encomienda

de servir a sus conciudadanos a cambio de este beneficio “de

considerable importancia”, el cual “significa una fuente de

ingreso futuro, que le permitirá disfrutar de su vejez con

razonable

seguridad

económica”.

(Énfasis

suplido.)

Bayrón

Toro v. Serra, supra, pág. 616. “Es indiscutible que cuando

alguien acepta una oferta de empleo toma en consideración y

descansa en la seguridad que le brinda el sistema de retiro”,

convirtiéndose

los

términos

y

las

condiciones

de

este

beneficio en una “parte esencial de su contrato de empleo”.

(Énfasis suplido.) Íd., págs. 616-617.

Reconociendo

esta

naturaleza

contractual

del

plan

de

retiro gubernamental, hemos extirpado de nuestro ordenamiento

legal

la

concepción

anacrónica

y

retrógrada

“de

que

las

pensiones son [meras] concesiones o dádivas del Gobierno, y

que un empleado participante [que aporta compulsoriamente a

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

15

las mismas] no adquiere derecho alguno sobre” ellas. Bayrón

Toro

v.

Serra,

supra,

pág.

610.

A

raíz

de

lo

anterior,

nuestra conceptualización de los planes de retiro en el plano

legal, ha venido a descansar sobre el entendimiento certero

de que “con el advenimiento de las democracias populares y la

desaparición

de

los

regímenes

monárquicos,

el

fundamento

jurídico de la pensión no lo constituye un acto de recompensa

del soberano, sino una obligación moral del Estado”. (Énfasis

suplido.) Íd., pág. 615, citando a, Rivera v. Rodríguez, 93

D.P.R. 21, 24 (1966).

Tal obligación persigue reconocer el principio indeleble

de que las pensiones constituyen “una retribución final y

bien ganada por el empleado público que honrando una vocación

de servicio, que en muchas ocasiones conlleva sacrificio y

renuncia de bienes materiales, dedica los años fructíferos de

su vida al bien común”. Bayrón v. Serra, supra, pág. 615,

citando a, Sánchez Nieves v. A.S.R.E.G.J., 116 D.P.R. 372

(1985); Román Mayol v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 807, 811

(1973);

Maldonado

v.

Tribunal

Superior,

100

D.P.R.

370

(1972). Cónsono con lo anterior, hemos pautado que “[e]l

derecho a [la] pensión de retiro por años de servicio ...

tiene un respetable contenido ético y moral y constituye un

seguro de dignidad para el hombre o la mujer que habiendo

dedicado al servicio público sus años más fecundos, no debe

encontrarse en la etapa final de su vida en el desamparo, o

convertido en carga de parientes o del Estado”. Bayrón Toro

v. Serra, supra, pág. 616.

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

Ante

la

importancia

16

trascendental

de

este

beneficio

contractual de carácter público, en Bayrón Toro v. Serra,

fuimos

prontos

en

concluir,

categóricamente,

que

“los

participantes [del] Sistema de Retiro del Gobierno tienen un

derecho adquirido de naturaleza contractual que surge con el

ingreso del empleado al sistema, independientemente de que la

participación

sea

voluntaria

o

compulsoria”.

(Énfasis

suplido.) Íd., pág. 618. A su vez, explícitamente reconocimos

dos dimensiones de este derecho adquirido: (1) la dimensión

del

pensionado

ya

retirado;

y,

(2)

la

dimensión

del

participante de la pensión, quien aún está pendiente por

retirarse.

A la primera de estas dimensiones le conferimos

una

protección absoluta a la luz de la cláusula en contra del

menoscabo

de

obligaciones

contractuales.

Es

por

ello

que

establecimos que “[u]na vez el empleado se ha retirado..., su

pensión no está sujeta a cambios o menoscabos”. Íd., pág.

618. Véanse, también: Rodríguez v. Retiro, 159 D.P.R. 467,

474 y 477 (2003); Calderón Morales v. Adm. de los Sistemas de

Retiro,

129

D.P.R.

1020,

1032

(1992)

(“La

Asamblea

Legislativa no tiene facultad para menoscabar ese derecho

adquirido de naturaleza contractual”). Respecto a la segunda

dimensión del derecho adquirido bajo examen, aseveramos lo

siguiente: “antes de que [un participante] pueda acogerse a

la jubilación, los términos del sistema de retiro pueden ser

enmendados por el Gobierno siempre que las enmiendas sean

razonables y con el fin de adelantar” un fin importante del

Estado. Bayrón Toro v. Serra, supra, pág. 618.

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

17

De tal manera, nuestras expresiones reconocieron que los

términos del sistema de retiro pueden ser enmendados cuando

el participante aún no se haya retirado. A esos efectos,

también dispusimos que el aumento de la edad mínima para que

un participante cualifique para el retiro; la reducción del

importe de la pensión que recibirá el participante una vez se

retire;

y

el

aumento

de

la

cantidad

que

un

participante

deberá aportar al fondo del retiro, constituyen, como mínimo,

un

menoscabo

cláusula

lo

suficientemente

constitucional

obligaciones

en

contractuales

severo

contra

quede

como

del

activada.

para

que

la

perjuicio

de

Bayrón

Toro

v.

Serra, supra, págs. 608-609 y 621-622.

A

la

luz

de

lo

anterior,

y

adoptando

los

pronunciamientos del Tribunal Supremo federal en el ámbito de

la

garantía

constitucional

indicada,

fuimos

precisos

en

indicar que cuando una garantía contractual como ésta quedaba

menoscabada

señaladas,

severamente

tal

perjuicio

por

causa

sólo

de

quedaría

las

modificaciones

justificado

si

el

Estado sustentaba que la legislación promulgada a esos fines

adelanta un fin público importante y que la modificación al

plan de retiro resulta ser razonable y necesaria. Bayrón Toro

v. Serra, supra, pág. 621. Sostuvimos el requerimiento de que

la modificación sea necesaria, además de razonable, en el

entendimiento de que, cuando se trata de un contrato público

en el cual el Gobierno es parte, el escrutinio judicial a

emplear

“debe

ser

más

cuidadoso

para

asegurar

que

la

actuación del Estado no sólo sea en beneficio propio”. Íd.,

pág. 620.

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

18

No obstante, a pesar de reconocer la exigencia de que el

menoscabo de relaciones contractuales públicas requiere un

escrutinio judicial más oneroso para el Estado, en el cual se

evalúe si las modificaciones impuestas a los participantes

no-retirados del fondo de retiro público son necesarias y

razonables, guardamos total silencio respecto al significado

de

aquello

que

constituye

una

modificación

necesaria

y

razonable, según el Más Alto Foro federal ya había definido

tales conceptos.

Así,

nuestro

caso

normativo

en

esta

materia

omite

distinguir lo que ya hemos explicado, a saber: (1) que una

modificación a un plan de retiro será necesaria sólo si no

existen

medidas

proferido

por

el

alternas

para

alcanzar

el

fin

Estado;

y,

(2)

tal

medida

que

público

será

razonable, sólo si los efectos que se pretenden mitigar no

fueron previstos o intencionados por el Estado al momento en

el cual contrajo con sus empleados públicos los beneficios de

retiro afectados.

Ante tal omisión, urge que hoy interpretemos nuestros

pronunciamientos en Bayrón Toro v. Serra, supra, a la luz de

estas

consideraciones

adicionales,

las

cuales

ya

estaban

plasmadas en la normativa del Tribunal Supremo de los EE.UU.

al momento de emitirse esa Opinión, y que constituyen la

protección mínima garantizada por la Constitución federal.

Además, en esa faena hermenéutica, está vedado olvidar que

“las leyes que crean derechos al disfrute de pensiones se

deben interpretar liberalmente a favor del beneficiario[,] a

fin de que se cumpla el propósito reparador para las cuales

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

19

fueron aprobadas”. Calderón Morales v. Adm. de los Sistemas

de Retiro, supra, pág. 1034.

Habiendo

expuesto

el

marco

jurídico

aplicable

a

la

controversia que nos atañe, pasemos a repasar las incidencias

históricas, económicas y legislativas que han conducido al

estado actual del plan de retiro de los empleados públicos

del Gobierno de Puerto Rico.

II

A.

El Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de

Puerto Rico se creó con el propósito de proveer seguridad

económica a sus empleados a través del pago de una pensión

vitalicia. Al 30 de junio de 2011, el Sistema de Retiro tenía

un

total

de

distribuyen

135,972

en

participantes

30,057,

50,346

activos.

y

55,569

Éstos

se

empleados

participantes de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951 (Ley

Núm. 447), la Ley Núm. 1 de 16 de febrero de 1990 (Ley Núm.

1), y la Ley Núm. 305-1999 (Reforma 2000), respectivamente.

Además, existen 79,177 y 4,239 retirados para la Ley Núm. 447

y

la

Ley

Núm.

1,

respectivamente.

Véase,

Valorización

Actuarial del Sistema de Retiro al 30 de junio de 2011,

Milliman, Wayne, PA.

Mediante el referido sistema, se pretende asegurar el

ingreso

de

los

pensionados

para

que

se

ajuste

a

las

necesidades y al nivel de vida de cada uno de ellos, a la vez

que se promueve la retención de recursos idóneos en el sector

público.

Con

estos

propósitos,

se

creó

un

fideicomiso

conocido como el Sistema de Retiro mediante la Ley Núm. 447,

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

20

en el que se estableció como edad promedio de retiro los 55

años de edad con 25 años de servicio. De esta forma, se

sustituyeron los fondos de pensiones existentes bajo la Ley

Núm. 70 de 3 de mayo de 1931 (Cuerpo de la Policía Insular),

la

Ley

Núm.

23

de

16

de

julio

de

1935

(funcionarios

permanentes del Gobierno de Puerto Rico) y la Ley Núm. 155 de

9 de mayo de 1938 (pensiones a las viudas de los policías que

perdían su vida en funciones de su deber). En consecuencia,

desde la creación del fideicomiso, el sistema comenzó con un

déficit actuarial que el Estado venía obligado a amortizar en

un periodo de 30 años. Este compromiso no se cumplió. Así, el

Estado sabía de antemano el deber que tenía para asegurar los

compromisos contraídos para con sus servidores públicos.6

Un

déficit

actuarial

se

crea

cuando

se

otorgan

beneficios mayores a los activos que posee el sistema de

retiro. Por ende, resulta elemental que un déficit actuarial

incrementa por ciertas razones principales, a saber: (1) la

falta de aportaciones recurrentes al sistema; (2) el aumento

de obligaciones, producto de un mayor número de beneficiarios

no contemplados en su implementación; y (3) el rendimiento

inadecuado de las proyecciones.

estas

circunstancias,

Estado sobre la falta

6

los

Ante el panorama de todas

actuarios

de solvencia

y

otros

alertaron

al

económica del Sistema de

Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno,

Origen, Déficit Actuarial y Recomendaciones, Volumen 3, de la

Comisión Especial Permanente sobre los Sistemas de Retiro,

Enero 2013.

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

21

Retiro creado.7 A su vez, hicieron hincapié en la obligación

que tiene el Estado para realizar asignaciones anuales para

cumplir con los compromisos contraídos. El Estado no encaró

oportunamente los problemas señalados.

Para la década de los ochenta, la divulgación de la

información fluyó y creó consternación sobre el futuro del

fondo de retiro.

Ello abonó a la incertidumbre respecto a si

los empleados públicos contarían con un sistema de retiro que

atendiera sus necesidades. Nuevamente, el Estado se mostró

indiferente.

medidas

Mediante

sus

legislativas

actuaciones

para

continuó

radicando

los

beneficios,

aumentar

incrementar los beneficiados y procedió con dejadez en el

análisis de las necesidades para atender el déficit actuarial

anunciado. Como consecuencia, el déficit actuarial ascendió a

los $2.8 billones.8

La falta de acción provocó el crecimiento acelerado del

déficit

actuarial.

repercusiones,

Para

una

idea

exponemos

que

al

30

de

de

la

magnitud

junio

de

de

las

2011,

el

déficit actuarial ascendía a $23.7 billones para un total de

$4.8 billones adicionales al año 2009. No cabe duda que esto

representa un problema que requiere ser atendido con extrema

7

Desde el 1957 la Oficina del Contralor, por medio de

los distintos informes de auditoría, señaló el déficit

actuarial y las recomendaciones a seguir. Mediante el Informe

Número DB-58-04 del 30 de septiembre de 1957 se estableció un

déficit Actuarial de $23,705,363; el Informe Número DA-83-41

de 30 de junio de 1983 estableció un déficit actuarial de

$1.1 billones al 30 de junio de 1975; el Informe DA-89-43 lo

estableció en $2.8 billones al 30 de junio de 1984; el

Informe DA-96-28 de 14 de mayo de 1996 lo estableció en $4.5

billones al 30 de junio de 1994 y el RF-12-03 del 13 de enero

de 2012 lo estableció en $17 billones al 30 de junio de 2009.

8

Véase el Informe de la Oficina del Contralor DA-89-43.

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

22

prontitud. Sin embargo, conforme a la propia Administración

de los Sistemas de Retiro, el déficit actuarial surge desde

el

origen

de

la

creación

impediría

la

operación

alcanzar

un

equilibrio

del

del

fideicomiso,

sistema

actuarial.

siempre

De

pero

éste

que

se

esta

no

pueda

forma,

la

Administración de los Sistemas de Retiro manifiesta que para

lograr el equilibrio actuarial es necesario que el flujo de

fondos provenientes de las aportaciones más el rendimiento de

los

activos

sea

adecuado

para

cubrir

las

obligaciones

contraídas por el sistema. Bajo esa condición, el déficit

actuarial no constituye un problema inmediato, ya que éste

únicamente se activa en caso de que se liquide el Sistema de

Retiro. Véase, Informe Final del 29 de junio de 2012 de la

Comisión de los Sistemas de Retiro del Servicio Público de la

Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre la R. de la C.

283, 7ma. Sesión Ordinaria, 16ta Asamblea Legislativa, págs.

2-4.

La

Administración

de

los

Sistemas

de

Retiro

sugiere

concentrarse en un problema principal del Sistema de Retiro

constituido por la falta de flujo de efectivo. Esta falta de

dinero en caja afecta directa y recurrentemente el pago de

las

obligaciones

empleados

contraídas

públicos

y

por

el

pensionados.

Estado

Claro

para

está,

el

con

sus

enfoque

exclusivo de atender la necesidad del flujo de efectivo, sin

un

plan

en

que

se

capitalicen

los

activos

del

sistema,

resultaría en la crónica de una muerte anunciada.

El déficit de flujo de efectivo del Sistema de Retiro de

los Empleados de Gobierno ascendió del 2008 al 2009 a $380

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

23

millones cuando del 2007 al 2008 era de $240 millones. De

otra parte, el Banco Gubernamental de Fomento estima que el

déficit del Sistema de Retiro tendrá un impacto en el Fondo

General

de

aproximadamente

$900

millones

anuales

por

los

próximos 25 años.9 El flujo negativo de caja agotará los

activos del Sistema de Retiro para el 2014.10

El déficit en el flujo de efectivo responde, en gran

medida, a que las aportaciones individuales y patronales son

insuficientes para mantener los beneficios concedidos y a las

gracias adicionales otorgadas sin la debida identificación de

fondos para sufragarlas. Básicamente, el Sistema de Retiro se

nutre de estas aportaciones. Igualmente, era de esperarse un

crecimiento

significativo

del

déficit

en

caja,

según

9

Véanse, Ponencia del Departamento de Hacienda sobre el

P. de la C. 888 del 12 de marzo de 2013, pág. 3; Informe

Positivo de 12 de junio de 2013 de la Comisión de Hacienda y

Finanzas Públicas del Senado de Puerto Rico con relación al

P. de la C. 1055, 1ra Sesión Ordinaria, 17ma Asamblea

Legislativa. En la actualidad, el Sistema de Retiro

desembolsa cerca de $1.55 billones anualmente y recibe $750

millones, por lo que el 52% de sus obligaciones no están

cubiertas. De estos se espera que para el 2014 el Estado

desembolse el 1.4% del Fondo General. Véase, Puerto Rico

adopts major pension reform and proposes sales tax expansion

for fiscal 2014 budget, May 15, 2013, Moody’s Investors

Service,

en

http://www.gdbpur.com/documents/PensionReformIssuerComment-5-15-13.pdf.

10

Véanse, además, Employee’s Retirement System of the

Government of the Commonwealth of Puerto Rico, Estados

financieros para el año término del 30 de junio de 2011

realizados por Deloitte & Touch, LLP y la Valorización

Actuarial al 30 de junio de 2011, Milliam, Wayne, PA. Para

este periodo los beneficios se entienden que procederán de

dinero prestado.

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

24

incrementaran los beneficiarios bajo la Ley Núm. 447 y la Ley

Núm. 1.11

A pesar de la insuficiencia de efectivo para cumplir con

las obligaciones contraídas, el Estado procedió a inyectar

sumas no recurrentes para tratar

de aminorar el impacto.

Entre

procedió

estas

medidas,

el

Estado

a

la

venta

de

acciones de la Puerto Rico Telephone Company, la venta de

activos del Sistema de Retiro, la adquisición de préstamos

millonarios y la emisión desmedida de bonos. En este último

caso, lejos de actuar con prudencia, el Estado emitió bonos

de $3,000 millones que ocasionaron pérdidas al Sistema de

Retiro.

Por

medio

de

esta

emisión

se

crearon

unas

expectativas de rendimiento de 11%, las cuales resultaron

únicamente en un ínfimo rendimiento real de 4.4% para cumplir

con la obligación generada para con los bonistas de 6.6%. En

el 2008 la emisión de bonos alcanzó los $937 millones, los

cuales para el 2009 se habían convertido en tan sólo $837

millones. No tan sólo el rendimiento de estas emisiones de

bonos fue muy por debajo de lo esperado, sino que el Estado

prestó como colateral al pago de la deuda las aportaciones

patronales, previamente comprometidas para el pago a nuestros

pensionados. El resultado obtenido agravó aún más el Sistema

de Retiro. Véanse: Primer Informe Parcial del 30 de junio de

2011 de la Comisión de los Sistemas de Retiro del Servicio

Público de la Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre

la R. de la C. 417, 5ta Sesión Ordinaria, 16ta Asamblea

11

Refiérase a las Valorizaciones Actuariales al 30 de

junio de 2011 y al 30 de junio de 2007, Milliman, Wayne, PA.

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

25

Legislativa; Segundo Informe Parcial del 7 de octubre de 2011

de la Comisión de los Sistemas de Retiro del Servicio Público

de la Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre la R. de

la C. 417, 6ta Sesión Ordinaria, 16ta Asamblea Legislativa;

Tercer Informe de 30 de junio de 2012 de la Comisión de los

Sistemas

de

Retiro

del

Servicio

Público

de

la

Cámara

de

Representantes de Puerto Rico sobre la R. de la C. 417, 7ma.

Sesión Ordinaria, 16ta Asamblea Legislativa.

La vorágine se acrecienta con las acciones y omisiones

exclusivas del Estado, las cuales contribuyen a un mayor

déficit

que

afecta

obligados

a

depender

dignamente

luego

señalar

sólo

de

a

los

miles

de

este

una

jornada

algunas

de

las

de

empleados

sistema

de

para

arduo

públicos

poder

vivir

trabajo.

Para

irrazonables

actuaciones

realizadas por el Estado, identificamos las siguientes: (1)

el pago no subsidiado de leyes especiales;12 (2) la extensión

de beneficios a los cónyuges e hijos de los participantes;13

(3) el aumento de aportaciones a los gastos fúnebres;14 (4)

12

Véanse, Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963 (aportación

a planes de salud); Ley Núm. 98 de 4 de junio de 1980

(Aguinaldo de Navidad); Ley Núm. 14 de 24 de abril de 1987

(Aguinaldo de Navidad); Ley Núm. 109-1997 (aumentó el

Aguinaldo de Navidad); Ley Núm. 37-2001 (Bono de Verano); Ley

Núm. 155-2003 (Bono de Medicinas); Ley Núm. 159-2003 (aumentó

el Aguinaldo de Navidad); Ley Núm. 433-2004 (aumentó el

Aguinaldo de Navidad); Ley Núm.144-2005 (aumentó el Aguinaldo

de Navidad).

13

Véanse, Ley Núm. 169 de 30 de junio de 1968; Ley Núm.

105 de 28 de junio de 1969; Ley Núm. 4 de 7 de abril de 1985;

Ley Núm. 13-1992; Ley Núm. 156-2003 (aumentó en un 50% la

pensión al cónyuge).

14

Véanse, Ley Núm. 11 de 13 de abril de 1986; Ley Núm.

316-2000 (aumentó en $250 pago mínimo por defunción); Ley

Núm. 524-2004 (aumentó en $250 pago mínimo por defunción).

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

la

cantidad

de

préstamos

concedidos

26

a

los

miembros

del

sistema, que en el 2011 era de $1,275 millones, equivalente a

un 37% del portfolio de inversiones;15 (5) la falta y dejadez

en el cobro de aportaciones patronales a los patronos morosos

y a los municipios;16 (6) la falta de cobro de deudas por el

pago de leyes especiales y otros beneficios legislados a

sufragarse por los municipios y las corporaciones públicas;

(7) la falta de cobro de intereses;17 (8) la falta de aumento

en el pago de las aportaciones patronales e individuales; (9)

el aumento de pensionados (incluye las ventanas de retiro);18

15

Véanse, Informe de Auditoría RF-13-10 de 8 de mayo de

2013 de Administración de los Sistemas de Retiro de los

Empleados del Gobierno y la Judicatura para el período del 1

de julio de 2003 al 30 de junio de 2012; Employee’s

Retirement System of the Government of the Commonwealth of

Puerto Rico, Estados financieros para el año término del 30

de junio de 2011 realizados por Deloitte & Touch, LLP; Ley

Núm. 72 de 20 de junio de 1956.

16

El Informe de Patronos Morosos al 13 de mayo de 2013,

refleja que las corporaciones públicas y los municipios

adeudan

al

sistema

$58,618,412.18

y

$26,772,919.33,

respectivamente, por concepto de leyes especiales, tales

como: bonos de navidad, bonos de medicamentos, pagos de

préstamos, remesas y programas de retiro temprano, entre

otros. Además, se estima que la Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados adeuda al Sistema de Retiro $833,219,000 y el

Fondo del Seguro del Estado $984,943,000 por falta de

cumplimiento con el Art. 2-116 de la Ley Núm. 447, 3 L.P.R.A.

sec. 781.

17

A modo de ejemplo: Ley Núm. 110 de 1973 (promovió un

préstamo de $100 millones al presupuesto general sin el pago

de intereses); Ley Núm. 97-2002; Ley Núm. 168-2005 (concedió

un plan de pago a aquellos empleados que retiraron sus

aportaciones del Sistema de Retiro).

18

Véanse, Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958 (concedió

beneficios a participantes de alto riesgo); Ley Núm. 2 de 26

de marzo de 1965 (anualidad vitalicia a exgobernadores antes

de 1992 y $10,000 a la viuda); Ley Núm. 80 de 13 de julio de

1988

(acreditó

los

servicios

militares

prestados

con

anterioridad y posterioridad a la Ley Núm. 447); Ley Núm. 71

de 17 de agosto de 1989 (acreditó el tiempo que un dirigente

obrero sirvió a una unión); Ley Núm. 116-1993 (acreditó los

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

27

______________________

servicios prestados por los empleados de la Oficina Legal de

Santurce, Inc.); Ley Núm. 24-1994 (Retiro Temprano a los

empleados de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico y sus

subsidiarias); Ley Núm. 90-1994 (Retiro Temprano a los

empleados de la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial

y Agrícola de PR); Ley Núm. 149-1994 (acreditó los servicios

prestados a la Asociación de Pensionados del Gobierno de

Puerto Rico, Inc.); Ley Núm. 54-1995 (Retiro Temprano a los

empleados del Banco Gubernamental de Fomento); Ley Núm. 2551995 (eliminó el impedimento por edad para entrar al Sistema

de Retiro y la acreditación por años de servicio); Ley Núm.

3-1996

(incluyó

compulsoriamente

a

los

empleados

y

funcionarios municipales); Ley Núm. 49-1996 (incluyó como

servicios acreditables los prestados por los empleados de la

Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, la Federación de

Municipios de Puerto Rico y los Consorcios Municipales); Ley

Núm. 57-1996 (incluyó a los alcaldes como funcionarios que

pueden acogerse al Sistema de Retiro); Ley Núm. 204-1997

(Retiro Temprano a Compañía de Fomento Industrial); Ley Núm.

182-1996 (Retiro Temprano a empleados de las Ramas Ejecutiva,

Legislativa y Judicial); Ley Núm. 217-1998 (acreditó el

tiempo trabajado a los empleados de la Administración del

Derecho al Trabajo); Ley Núm. 370-1999 (Retiro Temprano a

empleados del Municipio de San Juan); Ley Núm. 112-2000

(Retiro Temprano a empleados del Banco Gubernamental de

Fomento); Ley Núm. 119-2000 (Retiro Temprano a empleados de

la Corporación del Fondo del Seguro del Estado); Ley Núm.

174-2000 (Retiro Temprano a empleados de las Ramas Ejecutiva,

Legislativa y Judicial); Ley Núm. 193-2000 (acreditó el

servicio prestado por empleados de San Juan Legal Services

Incorporated); Ley Núm. 218-2000 (acreditó el servicio

prestado por empleados de Agencias del Gobierno de los

Estados Unidos de Norte América); Ley Núm. 339-2000 (Retiro

Temprano a los empleados del Departamento de Salud); Ley Núm.

464-2000 (Retiro Temprano a los empleados del Banco

Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, la Autoridad para

el

Financiamiento

de

las

Facilidades

Industriales,

Turísticas, Educativas, Médicas y Control Ambiental y de la

Corporación para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto

Rico); Ley Núm. 360-2004 (Retiro Temprano a los empleados de

la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico); Ley

Núm. 143-2005 (Retiro Temprano empleados de la Compañía de

Fomento Industrial); Ley Núm. 273-2006 (Retiro Temprano a los

Empleados de la Compañía de Turismo); Ley Núm. 33-2007

(eliminó el requisito mínimo por tiempo servido al legislador

municipal); Ley Núm.66-2007 (Retiro Temprano a los empleados

de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico); Ley

Núm. 188-2007 (Retiro Temprano a los empleados del Banco

Gubernamental de Fomento); Ley Núm. 59-2008 (Retiro Temprano

a los empleados de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico);

Ley Núm. 136-2008 (Retiro Temprano a los empleados del

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos); Ley Núm. 2442008 (Retiro Temprano a los empleados de la Junta de Calidad

Ambiental); Ley Núm. 275-2008 (Retiro Temprano a los

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

(10)

el

incremento

porcentual

28

en

las

pensiones

sin

identificar la procedencia de fondos para su pago;19 (11) el

aumento de los salarios de los empleados antes del retiro;

(12)

el

porque

pago

los

de

pensiones

beneficiarios

sin

hayan

revisar

si

éstas

proceden

fallecido;20

(13)

la

alta

incidencia de participantes que se acogieron al sistema por

incapacidad; (14) el cambio de expectativa de vida de los

participantes del sistema sin que se tomaran previsiones a

tales efectos; (15) las pensiones por mérito;21 y (16) las

inversiones mal estructuradas en la emisión de bonos, entre

otras.22

______________________

empleados de la Administración del Derecho al Trabajo); Ley

Núm. 70-2010.

Según cifras presentadas por la Oficina del

Contralor en su Ponencia del 14 de marzo de 2013 sobre el P.

del C. 888, pág. 3, el costo de los empleados que se

acogieron al retiro temprano ronda en los $739,894,544.

19

Véanse, Ley Núm. 124 de 8 de junio de 1973; Ley Núm.

23 de 23 de septiembre de 1983 (la mitad del aumento de

ciertas pensiones); Ley Núm. 221-1998 (aumentó en un 3% las

anualidades pagadas por la Ley Núm. 447); Ley Núm. 22-2005

(fijó la edad de retiro obligatorio de los miembros de la

Policía de Puerto Rico y el Cuerpo de Bomberos a los 58 años

de edad); Ley Núm. 35-2007 (concedió otro aumento de 3% a las

anualidades pagadas para ciertas pensiones y aumentó la

pensión mínima por $100 mensuales); Ley Núm. 15 de 24 de

abril de 1987; Ley Núm. 207-1995; Ley Núm. 134-1996 (aumento

C.O.L.A. a pensionados de alto riesgo); Ley Núm. 221-1998;

Ley Núm. 208-2000(aumento de $200 a pensión de ciertos

beneficiarios); Ley Núm. 40-2001 (aumento adicional de 3%);

Ley Núm. 156-2003; Ley Núm. 157-2003; Ley Núm. 35-2007.

20

Conforme al Informe Final de 28 de septiembre de 2012

de la Comisión de los Sistemas de Retiro del Servicio Público

de la Cámara de Representantes con relación a la R. de la C.

477, 7ma

Sesión Ordinaria, 16ta Asamblea Legislativa,

existen 4,027 pensionados y beneficiarios mayores a los 90

años de edad. Éstos reciben una pensión mensual con leyes

especiales de alrededor de $1,895,000.

21

Véanse, Ley Núm. 216-2008; Ley Núm. 234-2008.

22

Sobre este particular refiérase a las siguientes

Ponencias presentadas durante la discusión del P. de la C.

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

29

Todas estas razones eran conocidas por el Estado. Tan es

así que sirvieron de base para la Exposición de Motivos de la

Ley

Núm.

3-2013.

Expresamente,

el

Estado

señala

que

el

Sistema de Retiro se afectó por las aportaciones inadecuadas

que no estaban pareadas con los beneficios que se recibirían

y

la

falta

de

proyección

de

los

cambios

económicos

o

actuariales que afectan a éstos. Asimismo, el propio Estado

destaca que una serie de leyes aprobadas entre el 1960 y el

presente debilitaron las finanzas, al aumentar los beneficios

sin contar con aportaciones adicionales y sin que el propio

gobierno hiciera la aportación recomendada por los actuarios

para cubrir los beneficios del retiro. De igual forma, el

Estado reconoce el impacto de las leyes especiales –bonos de

verano, para medicamentos, aguinaldo de navidad, aportaciones

a planes médicos, pensiones mínimas, beneficios por muerte o

incapacidad

y

ajustes

por

el

costo

de

vida-

que

fueron

concedidos sin que los responsables por tal pago -el mismo

______________________

888 que se convirtió en la Ley Núm. 3-2013: (1) Memorial

Explicativo de 20 de marzo de 2003 sobre el P. de la C. 888,

presentado por los Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico

Concilio 95/AFSCME, págs. 4-5; (2) Ponencia del 8 de marzo de

2013 del Lcdo. Héctor Mayol Kauffmann, Administrador de la

Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del

Gobierno y la Judicatura sobre el P. del C. 888, pág. 3.; (3)

Ponencia del 12 de marzo de 2013 del Banco Gubernamental de

Fomento sobre el P. de la C. 888, págs. 2-3; (4) Ponencia del

12 de marzo de 2013 del Departamento de Hacienda sobre el P.

de la C. 888, pág. 4; (5) Ponencia de la Federación de

Pensionados y Jubilados de Puerto Rico sobre el P. de la C.

888, págs. 2-4, 6-7; (6) Ponencia del 12 de marzo de 2013 de

la Federación del Trabajo de PR-AFL-CIO, la Central

Puertorriqueña de Trabajadores, la Central Alianza Laboral y

la Asociación de Maestros de Puerto Rico sobre el P. de la C.

888, págs.7-13; (7) Ponencia de 11 de marzo de 2013 de la

Oficina de Gerencia y Presupuesto sobre el P. de la C. 888,

pág. 2; (8) Ponencia del 14 de marzo de 2013 del Grupo de

Funcionarios y Empleados de la Oficina del Contralor de

Puerto Rico sobre el P. de la C. 888, págs.2-3.

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

gobierno,

las

corporaciones

30

públicas

y

los

municipios-

remitieran el correspondiente pago.

El propio Estado admite que los programas de retiro

temprano para reducir la plantilla laboral tuvieron el efecto

de reducir los ingresos al Sistema de Retiro. Todo ello,

unido

a

los

cambios

en

y

programas

participantes

hipotecarios

y

los

de

la

viajes

expectativa

de

de

préstamos

culturales

vida

de

los

personales,

conferidos

a

los

beneficiados, tuvieron un efecto de quebranto en la salud del

Sistema de Retiro. En cuanto a la emisión de bonos, el Estado

reconoce que no fue realizada conforme al patrón seguido por

otras

jurisdicciones,

que

asignaron

una

fuente

de

pago

externa para pagar el servicio de la deuda. Por el contrario,

y para agravar la situación del fideicomiso, en Puerto Rico

la emisión se estructuró como una deuda del mismo Sistema, en

donde las aportaciones patronales sirvieron como fuente de

repago

de

los

bonos.

Como

consecuencia

de

la

referida

emisión, el Sistema de Retiro está obligado a pagar alrededor

de $6,000 millones en intereses, más el principal de $3,000

millones con las aportaciones al fondo de retiro, que son la

única fuente de ingreso para el pago de los beneficios a los

pensionados. Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 32013, págs. 5-8.

Por otra parte, en un intento incompleto por atender la

crisis, el Estado aprobó legislaciones dirigidas a aumentar

la capacidad de inversión del Sistema de Retiro.23

23

Además,

Ley Núm. 42 de 19 de junio de 1987; Ley Núm. 46 de 29

de junio de 1988.

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

31

para responder con el pago de pensiones futuras y mantener la

solvencia del Sistema de Retiro, el Estado realizó cambios a

la estructura del referido fideicomiso mediante la aprobación

de la Ley Núm. 1 de 26 de febrero de 1990 y la Ley Núm. 3051999 (Reforma 2000).

Mediante la Ley Núm. 1, se aumentaron las aportaciones

patronales

(9.275%)

e

individuales

(8.275%)

para

aquellos

empleados que ingresaron posterior al 1 de abril de 1990. No

obstante, y advertido de ello, el Estado declinó aumentar las

aportaciones a los servidores públicos cobijados por la Ley

Núm.

447.

De

igual

forma,

se

estableció

que:

(1)

la

retribución promedio sería a base de los últimos cinco años

de servicios; (2) la edad normal de retiro aumentó a los 65

años de edad; (3) las aportaciones patronales e individuales

se

remitirían

requirió

la

dentro

de

un

término

determinado

y

(4)

se

realización

de

estudios

actuariales

antes

de

adoptarse cualquier medida que liberalizara fondos.

Luego, y ante la insuficiencia de las medidas, se aprobó

la Reforma 2000 para cerrar el Sistema de Retiro y crear un

Plan

de

Ahorros

para

el

Retiro

que

beneficiara

a

los

empleados que ingresen al gobierno a partir del 1 de enero de

2000. Mediante la Reforma 2000, los empleados públicos no

recibían beneficios definidos, sino el rendimiento de sus

ahorros en el sistema a los 60 años de edad. Además, la

aportación patronal que se hiciera para los participantes de

la

Reforma

2000

se

utilizaría

actuarial del antiguo sistema.

para

sanear

el

déficit

A su vez, se eliminó el

beneficio por incapacidad, no se garantizaron los beneficios

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

32

al final de la jornada y el empleado quedo obligado a pagar

un 25% de sus ganancias al Sistema para la administración de

sus fondos.

Posteriormente,

en

el

2001

se

presentaron

varios

proyectos con el fin de atemperar el quebranto del Sistema de

Retiro. A pesar de ello, el Estado desatendió muchas de las

medidas

y

declinó

otras.

Con

sus

acciones,

aventajó

los

ingresos al Fondo General sobre los ingresos necesitados por

el Sistema de Retiro. A modo de ejemplo, el 17 de abril de

2001, se presentó el P. de la C. 966 en el que se propuso

destinar

bianualmente

1%

del

monto

total

de

las

rentas

anuales del Estado Libre Asociado al Sistema de Retiro para

que

fuera

invertido

y

su

rédito

distribuido

en

los

beneficiarios del Sistema. Este proyecto no fue aprobado por

el impacto en el fondo general.

Más tarde, en el 2005 se presentó el P. del S. 476 con

el

fin

de

autorizar

una

emisión

de

bonos

$2,000 millones para el Sistema de Retiro.

para

financiar

Además, proponía

un aumento en las aportaciones patronales e individuales. A

pesar de que el P. del S. 476 contó con un informe positivo

de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes,

nunca

fue

Durante

el

llevado

a

2009

hubo

votación

un

en

nuevo

el

pleno

intento

de

de

la

Cámara.

aumentar

las

aportaciones patronales –en específico las del Sistema de

Retiro para Maestros- que tampoco fue evaluado. También quedó

pendiente en el 2010 un plan de reorganización para integrar

los sistemas de retiro y crear una Junta de Síndicos. Otro

intento en el 2012 para ingresar fondos al sistema lo fue el

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

33

P. de la C. 4059, en el que se propuso requerir que las

contribuciones

sobre

ingresos

pagadas,

en

torno

a

las

pensiones recibidas del Sistema de Retiro de Empleados del

Gobierno de Puerto Rico, sean depositados en el fondo de

retiro, a

fin de allegarle fondos adicionales al sistema. La

medida también quedó engavetada.

Más tarde en el 2012 se presentó el P. del S. 2509 a los

fines

de

crear

la

“Pega

Dominical”

como

un

sorteo

para

reforzar las finanzas del Sistema de Retiro y crear un fondo

especial

para

cubrir

el

déficit

actuarial.

El

proyecto

tampoco fue evaluado por la Comisión. Lo mismo ocurrió con el

P. de la C. 3918, presentado en el 2012 a los fines de

proveer un sistema de sorteo electrónico desde la computadora

personal y asignar esos fondos al Sistema de Retiro. Sin

embargo, el Estado acaba de duplicar determinados sorteos de

juegos de azar, cuyos ingresos no están destinados al Sistema

de Retiro.

Independiente a ello, el Estado promulgó la Ley Núm. 962011 para inyectar $162 millones en bonos con la esperanza de

recibir $1,200 millones en un periodo no mayor de 40 años.

Por otro lado, la Ley Núm. 114-2011 aumentó la aportación

patronal para el fondo del sistema de retiro de maestros.

También, la Ley Núm. 116-2011 validó una nueva enmienda al

Sistema de Retiro. La pieza legislativa original contemplaba

las siguientes propuestas de cambio, las cuales no fueron

adoptadas:

(1)

que

se

aumentaran

a

los

alcaldes

los

requisitos para ser acreedores del sistema; (2) el aumento de

aportaciones individuales y la revisión periódica de éstas;

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

(3)

la

limitación

del

34

gravamen

para

la

adquisición

del

empréstito y (4) un término para el recobro de las deudas

acumuladas por aportaciones al Sistema de Retiro. Ninguna de

estas

propuestas

fue

avalada.

Solamente,

se

validaron

en

dicha ley las siguientes modificaciones parciales: (1) el

incluir

como

miembros

de

la

matrícula

a

los

empleados

transitorios; (2) aumentar las aportaciones patronales; (3)

acoger

la

aprobación

mediante

certificación

de

deuda

por

parte del Sistema de Retiro al Centro de Recaudaciones sobre

Impuestos Municipales o el Departamento de Hacienda y (4) la

imposición

de

criterios

rígidos

para

conceder

activos

en

garantías. A su vez, mediante la Ley Núm. 156-2011 y la Ley

Núm.

196-2011,

se

modificó

la

cartera

de

préstamos

del

sistema y el ingreso de las cooperativas en este programa. A

pesar de ello, las medidas aprobadas en el 2011 no tendrán un

impacto significativo en las finanzas del sistema. Véase,

Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno,

Origen,

Déficit

de

Actuarial

y

Recomendaciones,

Volumen

3,

la

Comisión Especial Permanente sobre los Sistemas de Retiro,

Enero 2013.

Ante

este

cuadro,

desoyendo

el

reclamo

de

varios

sectores y carente de información actuarial para valorizar

las modificaciones, el Estado aprueba a la ligera la Ley Núm.

3-2013.24

24

Al

momento

de

su

aprobación,

varios

sectores

reclamaron y denunciaron la falta de información actuarial

para

valorizar

las

propuestas

aprobadas.

Entre

estos

sectores, se encontraron los siguientes: los Servidores

Públicos Unidos de Puerto Rico Concilio 95/AFSCME, la AARP,

la Federación del Trabajo de PR-AFL-CIO, la Central

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

35

B.

Ante ello, es nuestro deber identificar el abanico de

propuestas y recomendaciones que el Estado tiene ante sí,

previo a recurrir e imponer sobre los servidores públicos

todos los cambios drásticos incorporados con la aprobación de

la Ley Núm. 3-2013. Veamos las alternativas disponibles que

son menos drásticas y razonables.

En cuanto a las propuestas presentadas por los miembros

de

la

Cámara

aquellas

que

de

Representantes

facilitan

fondos

y

del

Senado,

recurrentes

al

destacamos

Sistema

de

Retiro.25 Revisemos.

Entre las opciones que tiene el Estado se encuentran un

sinnúmero

de

proyectos

presentados

por

la

Cámara

de

Representantes con el fin de atender el problema del Sistema

de Retiro. Realzamos los siguientes: (1) el P. de la C. 786,

que pretende crear la “Ley de Justicia Tarifaria y Rescate

del Sistema de Retiro de Puerto Rico”, mediante la cual se

propone la distribución al Sistema de Retiro del exceso de

recaudos

de

$1,800

millones

de

la

imposición

fija

del

______________________

Puertorriqueña de Trabajadores, la Central Alianza Laboral y

la Asociación de Maestros de Puerto Rico, la Local 2396,

representante exclusiva de los empleados de Comedores

Escolares, la Local 1850, representante exclusiva de los

empleados de la Asociación de Empleados del Gobierno de

Puerto

Rico,

y

el

Sr.

José

Melara,

representante

internacional y “Organizing Coordinator” de la UAW.

25

Debido al gran número de propuestas, se propuso que se

hiciera un solo proyecto para recoger las mismas, denominado

Ley

de

Recaudos

para

Salvar

las

Pensiones

de

los

Participantes y Empleados Públicos del Gobierno Central.

Véase, Ponencia de la Asociación de Empleados de Comedores

Escolares de Puerto Rico UAW Local 2396 ante la Comisión de

Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro del Servicio Público

de la Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre el P. de

la C. 888.

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

36

arbitrio especial a las entidades foráneas; (2) el P. de la

C. 868, que propone la “Ley de Juegos al Azar” con el fin de

transferir fondos de los ingresos brutos generados por las

máquinas tragamonedas; (3) el P. de la C. 917, que promueve

transferir de la Contribución Mínima Tentativa un porcentaje

determinado

al

Sistema

de

Retiro;

se

estima

que

esta

iniciativa podría redundar en $150 millones anuales; (4) el

P. de la C. 922, que

procura disponer que el 1% del arbitrio

a la adquisición de cierta propiedad mueble y servicios se

destine al Sistema de Retiro; (5) el P. de la C. 925, que

propone un aumento en la aportación patronal al Sistema de

Retiro y aumenta el tiempo de servicio y la edad de retiro

para que los alcaldes puedan beneficiarse del programa; (6)

el

P.

de

la

contributiva

C.

a

926,

los

que

persigue

espíritus

eliminar

destilados

u

la

exención

otras

bebidas

alcohólicas para asignar ese recaudo al Sistema de Retiro; se

estima que la medida recaudaría $180,000,000; (7) el P. de la

C. 981, que enmendaría la Ley de la Lotería de Puerto Rico

y

asignaría $10,000,000 al Sistema de Retiro; (8) el P. de la

C.

997,

que

establece

una

contribución

especial

a

las

cooperativas de ahorro y crédito, subsidiarias y afiliadas

para el fondo del retiro de los maestros, y (9) el P. de la

C. 1045, que provee para descontar las deudas de ciertas

remesas

al

Sistema

de

Retiro,

lo

cual

resultaría

en

una

inyección inmediata de $60,542,036.

De otra parte, los proyectos presentados por el Senado

como

opciones

para

atender

la

referida

crisis

son

los

siguientes: (1) el P. del S. 23, que persigue crear la “Pega

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

37

Dominical”, cuyos fondos serían destinados a reforzar las

finanzas del sistema; (2) el P. del S. 219, que propone

enmendar la “Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio

para Vehículos de Motor”, a los fines de disponer que $4 de

la prima pagada por el seguro obligatorio fuera destinada al

Sistema de Retiro; se estima que existen 3,045,000 vehículos

de motor, por lo que la medida podría aportar fondos en

$12,180,000 anuales; (3) el P. del S. 428, que enmendaría la

“Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos

de Motor” con el fin de incluir 84 centavos mensuales a la

prima

universal

obligatorio

y

inicial

destinarla

del

al

seguro

Sistema

de

de

responsabilidad

Retiro;

la

cual

redundaría en $2,557,000 anuales; (4) el P. del S. 429,

que

crearía la “Ley del Fondo de Ayuda al Sistema de Retiro del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, que establecería que

toda corporación multinacional que venda más de un billón de

dólares por año estará obligada a dejar en la banca local un

25% de ese dinero en Puerto Rico, por un término de diez años

y de ese dinero se le traspasará un 5% al referido fondo con

el propósito de reducir el déficit actuarial; (5) el P. del

S. 430, que autorizaría al Sistema de Retiro a tomar dinero

prestado

de

Responsabilidad

la

Asociación

Obligatorio;

Conjunta

(6)

el

P.

del

del

Seguro

S.

431,

de

que

crearía la “Ley de Justicia al Pensionado del Sistema de

Retiro

de

los

Empleados

del

Gobierno

del

Estado

Libre

Asociado de Puerto Rico”, mediante la cual se cedería un 2%

del dinero retenido por toda entidad bancaria o financiera en

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

38

nuestra jurisdicción, como parte del dinero en circulación26

de los depósitos de nómina de pensionados del Sistema de

Retiro y de la nómina de empleados públicos; (7) el P. del S.

474,

que

destinaría

al

Sistema

de

Retiro

el

exceso

de

$6,500,000 de los fondos transferidos por la Asociación de

Suscripción Conjunta, provenientes de la partida de “Fondos

Retenidos por el Asegurador Pertenecientes a Otros”, luego de

que éstos se convierten en propiedad del Gobierno de Puerto

Rico y pasen al Fondo General del Tesoro Estatal; y (8) el P.

del S. 493, un proyecto similar al P. del S. 474, dirigido a

crear

una

nueva

asignación

anual

para

nutrir

el

déficit

actuarial del Sistema de Retiro.

Además, durante el proceso de la aprobación de la Ley

Núm. 3-2013 participaron distintos sectores en representación

de los grupos obreros y otros. Éstos expusieron claramente

las repercusiones que la medida conllevaría en los servidores

públicos.

En

opiniones,

sino

Muchas

de

ese

las

proceso

que

no

emitieron

tan

sólo

presentaron

recomendaciones

recomendaciones

razonables

sus

al

Estado.

y

acciones

necesarias que el Estado pudo implantar son las siguientes:

(1) cobrar las deudas que mantiene el Sistema de Retiro y no

condonar las mismas; (2) requerir que se cumpla con el envío

de las aportaciones individuales y patronales retenidas y que

se impongan multas y penalidades por tal incumplimiento; (3)

aumentar la captación del Impuesto a la Venta y Uso; (4)

26

Se refiere al dinero depositado pero no acreditado a

la cuenta de su destinatario. Ese dinero devenga intereses

para las entidades bancarias mientras se finaliza ese

proceso.

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

atender

la

evasión

39

contributiva;

(5)

evaluar

aumentar

razonablemente las aportaciones de los empleados; (6) reducir

los contratos de servicios profesionales, consultivos y de

publicidad;

(7)

solicitar

informes

sobre

el

impacto

de

aprobaciones de leyes que permitieron acogerse al retiro a

ciertos

empleados

para

evaluar

si

recibieron

aumentos

de

sueldo con el propósito de gozar de mayores beneficios al

momento

de

la

jubilación;

(8)

establecer

un

“grandfather

clause” para aplicarse a servidores públicos de más de 50

años

para

que

puedan

retener

su

derecho

a

retirarse

por

mérito; (9) investigar el desembolso de beneficios a favor de

personas fallecidas; y (10) solicitar información certificada

sobre:

(a)

las

deudas

patronales,

planes

de

pago

y

cumplimiento de éstos; y (b) las deudas condonadas a patronos

y las razones para ello. Véanse, Ponencia del 14 de marzo de

2013 del Grupo de Funcionarios y Empleados de la Oficina del

Contralor de Puerto Rico, págs. 8 y 9; Ponencia de 20 de

marzo de 2013 de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico,

Concilio 95/AFSCME con relación al P. de la C. 888, págs. 1517.

Queda

evidenciado

que

el

Estado

tuvo

y

tiene

a

su

alcance varias recomendaciones y alternativas viables para

reducir

la

brecha

del

flujo

Retiro,

el

cual

amenaza

con

de

efectivo

afectar

la

del

Sistema

solvencia

de

del

fideicomiso. A pesar de ello, el Estado procedió a aprobar la

Ley Núm. 3-2013. Expongamos las consecuencias adversas y los

cambios drásticos contenidos en la legislación que nos ocupa.

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

40

III

Como hemos expuesto, el Sistema de Retiro está enmarcado

en tres legislaciones diferentes, a saber: la Ley Núm. 447,

la Ley Núm. 1 y la Reforma 2000. La Ley Núm. 3-2013 propone

cambios radicales, entre los que se destacan los siguientes:

(1) crear un programa híbrido de contribución definida; (2)

eliminar la pensión por mérito (edad más años de servicio);

(3) modificar las estructuras de las leyes que cobijan a los

empleados públicos en el Sistema de Retiro; (4) alterar y

requerir más años de servicio a los servidores públicos para

gozar

de

los

beneficios

de

una

jubilación;

(5)

reducir

beneficios especiales; (6) aumentar la aportación individual

del

empleado

empleado

público;

público

al

y

(7)

obligarle

aumentar

a

el

adquirir

desembolso

del

un

por

seguro

incapacidad e imponerle los gastos de la administración del

sistema.

En términos generales, los beneficiarios de la Ley Núm.

447 y la Ley Núm. 1, hasta la aprobación de la Ley Núm. 32013, gozaban de un plan de beneficio definido y una pensión

por

mérito

bajo

ciertas

condiciones.

Por

su

parte,

la

Reforma 2000 no contemplaba un beneficio definido, ya que

ésta funcionaba como un plan de ahorro el cual repartía la

aportación del empleado más el rendimiento que ésta pudiera

generar,

por

lo

que

no

existía

un

beneficio

mínimo

estipulado.

Las anualidades de retiro de los participantes de la Ley

Núm. 447 eran calculados a base del 1.5% del salario promedio

multiplicado por los primeros 20 años de servicio, más un 2%

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

41

del salario promedio multiplicado por los años de servicio

restantes.27 En todo caso, la anualidad no podía exceder de

un 75% de su salario promedio. Además, al amparo de la Ley

Núm.

447,

los

empleados

tenían

la

opción

de

recibir

una

pensión por mérito equivalente al 75% de su salario promedio,

siempre y cuando contaran con 30 años de servicio y 55 años

de edad. No obstante, por virtud de la Ley Núm. 3-2013 la

pensión por mérito ha quedado eliminada, excepto para todo

empleado que entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de diciembre

de 2013, cumpla con las condiciones indicadas. Ahora bien, de

estos

empleados

reducida

hasta

Sistema

de

ejercer

un

su

derecho,

15%.

Véase,

Informe

Retiro,

Ley

Núm.

su

pensión

de

la

quedará

Reforma

3-2013.

del

http://

www.retiro.pr.gov/ wp-content /uploads/2013/04/ PresentacionLey-3-17-de-abril-de-2013.pdf.

Por otra parte, al aprobarse la Ley Núm. 1 la anualidad

de retiro de todo empleado que entrara al servicio público

entre el 1 de abril de 1990 y el 31 de diciembre de 1999,

equivaldría

al

1.5%

por

ciento

de

su

multiplicado por sus años de servicio.28

salario

promedio

Ambas legislaciones

contemplaban un beneficio mínimo.

La Ley Núm. 3-2013 alteró el pilar de estos sistemas al

cambiar la fórmula de beneficio a partir del 30 de junio de

2013;

eliminó

exigió

a

los

El salario promedio es calculado a base

salarios más altos durante cualesquiera 36 meses.

de

los

27

28

la

pensión

por

mérito,

y

El salario promedio es calculado a base de los últimos

5 años de servicio.

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

42

servidores públicos laborar por más tiempo, requiriéndoles, a

su vez, mayores aportaciones y eliminando beneficios.

Básicamente,

a

partir

del

30

de

junio

de

2013

los

integrantes de la Ley Núm. 447 y la Ley Núm. 1 tendrán que

trabajar más tiempo y luego de esa fecha sus beneficios para

jubilación equivaldrían a un plan de ahorro.29 En cuanto a

los empleados bajo la Reforma 2000, éstos no podrán contar

con el rembolso en una suma global de lo que aportaron para

luego poder invertir el mismo, sino que, por el contrario,

dependerán de una anualidad vitalicia. Ante la incertidumbre

de cuánto realmente será el rendimiento de su dinero, los

empleados

públicos

tendrán

mayores

dificultades

para

planificar su retiro. A su vez, nadie les garantiza que el

nuevo sistema de retiro goce de suficiente liquidez para

cumplir

con

el

pago

de

estas

anualidades

una

vez

estos

empleados se retiren.

Con relación a la edad de retiro, debemos señalar que,

en términos generales, bajo la Ley Núm. 447 un empleado podía

retirarse a los 55 años de edad con 25 años de servicio, o 58

años de edad con 10 años de servicio. De igual forma, la Ley

Núm. 447 proveía para que un empleado se pudiera acoger a una

pensión diferida.30 Por el contrario, con las modificaciones

29

La Ley Núm. 3-2013 contempla que la rentabilidad de

las aportaciones nunca será menor del 80% del rendimiento

neto de la cartera de inversión por semestre de rentabilidad.

La anualidad se hará a base de un factor a determinarse por

el actuario del Sistema de Retiro y la expectativa de vida

actuarial con la tasa fija garantizada.

30

Específicamente, la Ley Núm. 447 proveía para que un

empleado público con menos de 58 años de edad y con 10 a 25

años de servicios pudiera recibir una pensión diferida una

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

43

introducidas por la Ley Núm. 3-2013, los participantes bajo

la Ley Núm. 447 que tengan, al 30 de junio de 2013, 55 años

de edad o menos, podrán retirarse a los 61 años de edad, por

lo que tendrán que laborar y aportar, como mínimo, por 3 años

adicionales a los que se comprometieron al comenzar su faena

de servicio. El examen de cada uno de los restantes grupos

escalonados

demuestra

que

los

cambios

relacionados con la edad para acogerse a

efectuados,

los beneficios,

tienen el efecto de, como mínimo, duplicar los años que le

faltaba a un empleado para retirarse bajo la Ley Núm. 447.31

Por su parte, la gran mayoría de los empleados cobijados

por la estructura creada por la Ley Núm. 1 podrán retirarse a

los 65 años de edad, pero no contarán con el beneficio de un

retiro temprano y del ajuste actuarial que ello conllevaba.

Recordemos

que

mediante

la

opción

del

retiro

temprano

existente, antes de entrar en vigor la Ley Núm. 3-2013, un

empleado cobijado por la Ley Núm. 1, podía jubilarse una vez

cumplía un mínimo de 25 años de servicio y alcanzaba la edad

de 55 años. Ahora, estos empleados tendrán que esperar a la

edad

mínima

de

65

años

para

recibir

los

beneficios.

Un

______________________

vez alcanzara los 58 años de edad. Asimismo, este beneficio

de pensión diferida también estaba disponible para aquellos

servidores públicos que se hubiesen retirado con 25 años de

servicio, pero con menos de 55 años de edad.

31

Ello surge de que hoy día los funcionarios bajo la Ley

Núm. 447, que al 30 de junio de 2013 no cumplan con las

condiciones antes descritas, podrán retirarse escalonadamente

de la siguiente manera: si el empleado tiene 57 años de edad,

el retiro será cuando el empleado alcance los 59 años de

edad; si el empleado tiene 56 años de edad, podrá retirarse a

los 60 años de edad; si el empleado tiene 55 años de edad o

menos, será elegible para el retiro cuando alcance 61 años de

edad. Véase, Sección 17 de la Ley Núm.3-2013.

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

44

ejemplo basta para conceptualizar el alcance nefasto de esta

situación. Un empleado público que a sus 21 años de edad

comenzó a laborar para el servicio público el 1ro de abril de

1990, hubiera podido optar por el retiro temprano de cumplir

con 25 años de servicio y 55 años de edad. Por tanto, este

empleado, al 30 de junio de 2013, le faltaban sólo 2 años de

servicios y tendría que haber esperado, únicamente, 11 años

para cumplir con el requisito de edad y recibir su pensión

por retiro temprano. No obstante, con los cambios impuestos

por la Ley Núm. 3-2013, ahora tendrá que trabajar por los

próximos 21 años hasta alcanzar los 65 años de edad, lo que

equivale

a

10

años

adicionales

de

servicio

a

los

que

contempló originalmente al firmar su contrato de empleo.

Los empleados cubiertos por lo que era la Reforma 2000

podían retirarse a los 60 años de edad. Sin embargo, con las

nuevas enmiendas

introducidas por la Ley Núm. 3-2013, si

éstos no tienen la edad de 60 años al 30 de junio de 2013, se

les duplica el tiempo que les resta por aportar al sistema,

al igual que los beneficiados de la Ley Núm. 447.32 De ahora

en

adelante,

bajo

la

Ley

Núm.

3-2013,

todo

empleado

que

ingrese al Sistema de Retiro podrá recibir los beneficios de

32

Ello se desprende de que la edad de retiro para los

participantes de la Reforma 2000 era, en su mayoría, de 60

años de edad. Ahora, con la nueva ley, si al 30 de junio de

2013 el empleado tiene 59 años de edad, el retiro será

opcional a los 61 años de edad; si tiene 58 años de edad,

podrá retirarse a los 62 años de edad; si tiene 57 años de

edad, será elegible para el retiro a los 63 años de edad; si

tiene 56 años de edad, podrá jubilarse a los 64 años de edad

y si tiene 55 años o menos, será elegible a los 65 años de

edad. Véase, Sección 17 de la Ley Núm.3-2013.

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

45

jubilación a los 67 años de edad, o a los 55 años de edad, si

es considerado un empleado de alto riesgo.

Con relación a la situación particular de los empleados

de alto riesgo (policías y bomberos), éstos bajo la Ley Núm.

447, podían retirarse al cumplir 50 años de edad y completar

25

años

de

servicio.

Asimismo,

estos

servidores

podían

retirarse antes de cumplir los 50 años de edad si habían

prestado entre 10 a 25 años de servicio. No obstante, esta

segunda alternativa implicaba una anualidad diferida hasta la

fecha en la cual cumplieran los 50 años de edad. En ambos

casos, la anualidad sería equivalente a los demás empleados

cobijados por la Ley Núm. 447. De igual forma, el retiro de

los policías y bomberos era obligatorio a partir de los 62

años.

En el caso de los servidores públicos de alto riesgo

cobijados por la Ley Núm. 1, éstos podían retirarse a la edad

de 55 años, siempre y cuando hubieran completado 30 años de

servicio. En estos casos, distinto a otros empleados, se

gozaba del derecho a un 75% de su retribución promedio. Si el

empleado de alto riesgo se retiraba antes de los 55 años de

edad con 30 años de servicio, se reducía su pensión a un 65%

de su retribución promedio.

Con la Reforma 2000, para los empleados de alto riesgo

el legislador mantuvo la edad de retiro en los 55 años. A su

vez,

eliminó

la

edad

de

retiro

obligatoria

para

estos

funcionarios. Respecto a la aportación individual de estos

empleados,

mensual.

la

Sin

ley

mantuvo

embargo,

el

el

8.275%

empleado

de

de

su

alto

retribución

riesgo

que

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

46

comenzara a laborar a partir del 1 de enero de 2000, vería

limitado

el

importe

de

su

pensión

al

total

de

ahorros

generados por tales aportaciones a lo largo de su carrera,

más el rendimiento alcanzado por la inversión de éstas.

Con el advenimiento de la Ley Núm. 3-2013, se catalogó

como

empleados

estatales

y

de

alto

municipales

riesgo

y

a

a

los

los

policías,

oficiales

de

bomberos

custodia,

excluyendo de esta clasificación a los alguaciles. De igual

forma, la Ley Núm. 3-2013 ubicó al personal de alto riesgo en

un

programa

híbrido

de

contribución

definida.

Como

consecuencia, aquellos empleados de alto riesgo cobijados por

la Ley Núm. 447, tendrán que esperar hasta tener 55 años de

edad y 30 años de servicio para retirarse, por lo que les

aumentó en 5 años la edad de retiro y el tiempo de servicio.

Igualmente, aquellos servidores de alto riesgo acogidos a la

Ley Núm. 1 tendrán que esperar a los 55 años de edad y 30

años de servicio para jubilarse. Por tanto, de igual forma se

incrementó por 5 años su tiempo de servicio. La situación de

estos funcionarios se recrudece aún más al considerar que

tienen que retirarse por obligación a los 58 años de edad y

30 años de servicio.

Por otra parte, mediante esta nueva pieza legislativa,

se aumentan los desembolsos que los servidores públicos deben

hacer. Así, su aportación se establece en un mínimo de 10% de

su retribución. Como si ello no fuera poco, al eliminarse la

pensión

por

incapacidad

ocupacional

o

no

ocupacional,

se

obliga a estos servidores a desembolsar para la adquisición

de

un

seguro

por

incapacidad.

Ese

costo,

aunque

no

debe

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

exceder

de

un

cuarto

por

47

ciento

de

la

retribución

del

participante, aún no ha sido establecido por el Administrador

del Sistema de Retiro.33

Por

otra

parte,

la

Ley

Núm.

3-2013

elimina

varios

beneficios para los futuros retirados y reduce otros para los

futuros

pensionados:

el

bono

de

navidad,

la

aportación

patronal al plan médico, y el bono de medicamentos. De otra

parte, esta ley elimina los reconocimientos de servicios no

cotizados, la facultad de devolver y transferir aportaciones,

y modifica los beneficios por defunción.

Con

el

derecho

marco

discutido

antes

a

expuesto,

la

pasemos

a

aplicar

el

controversia

ante

nuestra

certificación

ante

nuestra

consideración.

IV

En

las

peticiones

de

consideración, cientos de empleados públicos alegan que la

Ley

Núm.

3-2013

es

sustancialmente

los

acordados

ellos

entre

inconstitucional

beneficios

y

el

de

retiro

Estado.

por

menoscabar

contractualmente

Distinto

al

criterio

errado de una mayoría de esta Curia, los peticionarios están

asistidos por la justicia y la razón. Veamos.34

33

Véase, Sección 19 y 26 de la Ley Núm. 3-2013.

34

Recordemos que las peticiones de certificación ante

nuestra consideración impugnan una desestimación conferida

por el Tribunal de Primera Instancia. Ante ello, tomamos como

ciertos todos los hechos bien alegados en las demandas de los

peticionarios. Epifanio Vidal v. Suro, 103 D.P.R. 793 (1975).

Una desestimación sólo procederá si, luego de resolver toda

duda a favor de los peticionarios-demandantes, encontramos

que éstos no exponen una reclamación que justifique la

concesión de un remedio. Ramos Lozada v. Orientalist Rattan

Furniture, 130 D.P.R. 712 (1992). A su vez, tomamos

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

48

Según lo discutido en nuestra exposición del Derecho, en

nuestra

jurisdicción

participaciones

de

no

un

existe

empleado

duda

alguna

público

en

de

el

que

las

sistema

de

retiro del Gobierno de Puerto Rico constituyen un interés

propietario de naturaleza contractual que activa la garantía

constitucional

en

contra

del

menoscabo

de

relaciones

contractuales.

La

Ley

Núm.

3-2013,

al

aumentar

considerablemente la edad de retiro y los años de servicio

que un servidor público deberá satisfacer antes de acogerse

al retiro; al reducir significativamente el importe de la

anualidad que recibirán los empleados públicos una vez se

jubilen; al eliminar la acumulación de beneficios conferidos

por las Leyes Núm. 447 y 1, en aras de establecer un nuevo

programa de contribución definida; al aumentar la aportación

de

los

peticionarios

al

fondo

de

retiro;

al

eliminar

o

reducir los beneficios otorgados a los servidores públicos

por virtud de ciertas leyes especiales, y al imponer el pago

de un seguro de incapacidad, ha menoscabado sustancialmente

las expectativas de retiro y el contrato de empleo de los

servidores públicos, en el cual se les reconoció un derecho

adquirido a sus participaciones en el fondo de pensión del

Estado, según los términos y las condiciones dispuestas en la

Ley Núm. 447, la Ley Núm. 1 y la Reforma 2000.

Un

menoscabo

contractual

tan

severo

como

éste,

sólo

puede sobrevivir las exigencias de nuestra Constitución si el

Estado logra articular que la Ley Núm. 3-2013 es necesaria y

______________________

conocimiento judicial de todas las ponencias y los proyectos

de ley presentados ante la Asamblea Legislativa con relación

al sistema de retiro de los empleados públicos.

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

razonable

para

alcanzar

un

49

fin

público

importante.

Al

considerar estos factores, no debe haber duda de que, por ser

el sistema de retiro un contrato público en el cual el Estado

es

una

de

otorgarle

a

las

partes

contratantes,

no

hay

cabida

para

la

Asamblea

Legislativa

una

deferencia

ciega

respecto a si las modificaciones instauradas por la Ley Núm.

3-2013 representaban la vía más necesaria y razonable para el

fin público perseguido. Emplear el escrutinio constitucional

bajo examen de tal manera, equivale a una renuncia tácita e

ilegítima de nuestro poder constitucional para examinar la

validez de las leyes a la luz del significado de nuestra Ley

Suprema, según tal significado ha sido demarcado por esta

Curia

y

el

anterior,

Tribunal

examinemos

Supremo

estos

de

los

factores

EE.UU.

de

cara

Aclarado

al

lo

contexto

específico de la Ley Núm. 3-2013.

La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 3-2013, nos

ilustra

que

el

fin

público

perseguido

por

el

Estado,

al

aprobar la disposición legal indicada, lo constituía atender

la erosión total de los activos del sistema de retiro público

y evitar la degradación del crédito de Puerto Rico al llamado

nivel “chatarra”. Véase, Exposición de Motivos, Ley Núm. 32013.

Para

que

la

Ley

Núm.

3-2013

sea

válida

constitucionalmente, las modificaciones instauradas por su

texto

para

alcanzar

ese

fin

público,

debían

ser

las

alternativas necesarias y razonables.

Como

legislativa

bien

indicamos

que

menoscaba

anteriormente,

relaciones

una

contractuales

medida

será

necesaria si no existían medidas legislativas alternas que

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

50

lograran la obtención del fin público perseguido de manera

menos

drástica.

consideración,

En

el

encontramos

caso

particular

ante

nuestra

que

existían

medidas

alternas

menos drásticas para inyectarle fondos al sistema de retiro

público y evitar la erogación de sus activos.

Según expusimos detalladamente en la Parte II. B. de

esta Opinión, al momento de aprobarse la Ley Núm. 3-2013, los

miembros de la Cámara y el Senado, y las entidades y los

sectores

de

nuestra

empleados

públicos

sociedad

afectados,

que

representaban

presentaron

una

a

miríada

los

de

alternativas razonables y menos drásticas a la Ley Núm. 32013, las cuales prometían allegar una cantidad significativa

de fondos recurrentes al sistema de retiro público.

Estas

numerosas

alternativas

hubiesen

resuelto

el

problema de flujo de caja del sistema de retiro, evitando así

la necesidad de imponer sobre los hombros frágiles de los

empleados públicos, la carga onerosa de los déficits creados

negligentemente

por

el

abrumadora

de

medidas

menoscabo

contractual

Estado.

alternas

aquí

Ante

que

la

disponibilidad

hubiesen

impugnado,

evitado

resulta

el

forzoso

concluir que la Ley Núm. 3-2013 no era necesaria.

En iguales términos, la disposición bajo examen tampoco

es

razonable

en

su

naturaleza.

Según

lo

discutimos

anteriormente, una medida legislativa es razonable sólo si

los efectos que se pretenden mitigar con su promulgación no

eran previsibles o intencionados por el Estado al momento en

el cual contrajo la obligación menoscabada. Cuando analizamos

la Ley Núm. 3-2013 a la luz de este crisol, encontramos que

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

51

los efectos que pretende mitigar fueron previstos desde la

fecha en que se creó el sistema de retiro público. Peor aún,

las acciones y omisiones del Estado por los pasados 62 años

han

sido

esfuerzos

que

pretende

remediar,

a

han

costas

agravado

del

la

crisis

bienestar

de

que

hoy

miles

de

empleados públicos inocentes.

Concretamente, desde el 15 de mayo de 1951, fecha en la

cual se creó el sistema de retiro que hoy analizamos, el

Estado conocía que el mismo sufría de un déficit actuarial

millonario que debía atajar con prontitud. Desde el 1957

hasta el presente, la Oficina del Contralor y otras entidades

financieras públicas y privadas, pronosticaron el crecimiento

desbocado de este déficit y aconsejaron al Estado respecto a

la

necesidad

de

atender

la

crisis

financiera

del

retiro

oportuna y adecuadamente.

A su vez, el Gobierno conocía que, por virtud del número

significativo de participantes del sistema de retiro prontos

a retirarse, el déficit actuarial quedaría agravado por un

déficit en el flujo de efectivo, el cual incidiría sobre la

liquidez del sistema y la fuente de pago de los beneficios de

los empleados. A pesar de estas exhortaciones e indicios de

peligro, el Estado se cruzó de brazos y permitió que los

déficits trogloditas crecieran desmedidamente.

Peor aún, el Estado se convirtió en agente activo de la

crisis que veía venir, tomando acciones en detrimento de la

liquidez

del

fondo

de

retiro.

Según

lo

expuesto

anteriormente, el Estado: (1) aprobó un número significativo

de

leyes

especiales

que

concedieron

unos

beneficios

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

52

adicionales a la anualidad de retiro; (2) mantuvo en un nivel

insostenible

el

porcentaje

mínimo

de

las

aportaciones

patronales y de los empleados; (3) emitió bonos garantizados

por las aportaciones patronales requeridas para el pago de

beneficios de retiro, y (4) otorgó un sinnúmero de préstamos

que comprometieron la liquidez del sistema.

Por causa de

estas

los

acciones,

desde

el

1954

al

presente,

déficits

indicados continuaron su ascenso a niveles insostenibles.

Mientras tanto, el Estado se hizo el desentendido y se

convirtió en el principal responsable de lo que hoy, en aras

de

evadir

responsabilidad,

pretende

catalogar

como

una

“acción inevitable”. Nada más lejos de la verdad. Todo lo

reseñado apunta a que esta crisis era previsible desde el

momento en el cual se creó el sistema de retiro que hoy se

encuentra

al

borde

del

abismo.

Asimismo,

las

acciones

y

omisiones del Estado han sellado el fracaso del sistema, en

aras de atender otros intereses de menor importe social. Ante

tal proceder, la Ley Núm. 3-2013 no cumple con el criterio de

razonabilidad.

En

resumidas

cuentas,

las

cargas

impuestas

a

los

trabajadores puertorriqueños por virtud de la Ley Núm. 3-2013

no

eran

quedaba

necesarias

otra

ni

alternativa

razonables.

que

Consecuentemente,

reconocer

los

vicios

no

de

inconstitucionalidad presentes en la ley impugnada.35

35

En iguales términos, recordemos que toda legislación

que procure menoscabar relaciones contractuales debe ser

temporera en su naturaleza. Aquí, los cambios impugnados no

tienen un ámbito de aplicabilidad limitado. Al contrario,

éstos

son

de

carácter

permanente.

Ello

abona

a

su

inconstitucionalidad.

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

53

Sin embargo, la decisión de una mayoría de este Tribunal

opta por vindicar la Ley Núm. 3-2013, la cual sólo puede

interpretarse como la opción más drástica disponible en el

arsenal

legislativo

realidad

de:

(1)

del

Estado,

acelerar

la

que

conlleva

decisión

de

la

nefasta

jubilación

o

renuncia de los servidores públicos, ocasionando la erogación

de fondos no previstos; (2) aumentar de manera dramática e

irrazonable los años de servicio requeridos a un empleado

para

jubilarse;

acordados

cuando

(3)

reducir

fue

los

beneficios

nombrado;

(4)

de

agravar

jubilación

la

crisis

económica y social que atraviesa Puerto Rico, al impedir que

los

empleados

públicos

puedan

cumplir

cabalmente

con

sus

deudas contraídas, ya que al momento de jubilarse no contarán

con los ingresos esperados y planificados para su jubilación;

(5) limitar las opciones de los servidores públicos, quienes

no gozan de alternativas con relación al disfrute de las

aportaciones que realizaron; (6) promover la inestabilidad

emocional,

afectando

así

la

salud

y

el

servidores públicos, quienes desconocen el

bienestar

de

los

monto con el que

podrán contar al momento de retirarse; e (7) impedir que el

empleado público pueda ahorrar debido a que se gravan sus

fondos

al

aumentar

sus

aportaciones

y

requerírsele

que

adquieran un seguro de incapacidad y que aporten al pago de

la administración del sistema.36

Hoy, una mayoría de esta Curia

obvia esta realidad.

Como situación agravante, compran “el argumento ad terrorem

36

Véase, Ponencia de 14 de marzo de 2008 del Grupo de

Funcionarios y Empleados de la Oficina del Contralor de

Puerto Rico sobre el P. de la C. 888, págs. 7-8.

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

de

que

la

legislación

54

[bajo

examen]

es

intocable

judicialmente debido a que la anulación causaría una posible

degradación del crédito del país”.37 De tal manera, permiten

que el Estado cancele “unilateralmente su compromiso laboral

con

los

servidores

públicos...,

Poder Judicial” en el proceso.38

pretendiendo

amordazar

al

En efecto, dos hilos se han

entrelazado armoniosamente con un hilo de la mayoría de este

Tribunal y el resultado irremediable es que la cuerda triple

amordazó a la justicia.

Al así obrar, la Opinión mayoritaria le da la espalda al

trabajador

puertorriqueño,

permitiendo

que

el

Estado

le

imponga la carga de sus errores a los servidores públicos que

confiaron en él. De este modo, olvidan las palabras acertadas

del

Juez

coyuntura

Asociado,

similar

señor

a

la

Alonso

que

hoy

Alonso,

quien,

examinamos,

en

una

afirmó

lo

siguiente:

El

Estado

y

las

entidades

que

tienen

responsabilidad sobre la administración y buena

marcha de los sistemas de retiro tienen sobre sus

hombros una gran responsabilidad de mantener la

solvencia de los sistemas de retiro y de

administrarlos con debido cuidado y prudencia. El

Estado no debe justificar cambios al sistema de

retiro al alegar que son necesarios y razonables

para mantener la solvencia económica de éste

cuando la debilidad fiscal del mismo se debe al

descuido y a la falta de cuidado del Estado

propiamente. (Énfasis suplido.) Bayrón Toro v.

Serra, supra, pág. 625. (Voto Particular del Juez

Asociado, señor Alonso Alonso.)

Ciertamente,

el

mal

que

hoy

se

le

impone

a

los

trabajadores es producto del descuido administrativo que, por

37

A. S. Negrón García, Tribunal Supremo y sistema de

retiro, El Nuevo Día, 18 de junio de 2013.

38

Íd.

CT-2013-008, CT-2013-009 y CT-2013-10

55

décadas, el Estado ha venido arrastrando y postergando. Sin

embargo,

una

mayoría

de

este

Foro

ha

castigado

al

más

inocente –al empleado- y ha premiado la irresponsabilidad del

más culpable -el Gobierno. Con ello, ha consentido a que el

Estado apunte su lanza en contra de los servidores públicos,

para así poder sembrar terror, acusarlos y repartirles las

responsabilidades que declinó ejercer. Ante tal proceder, no

me queda otra opción que disentir.

V

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

resulta

irremediable reconocer que la Ley Núm. 3-2013 adolece de

patentes vicios constitucionales.

En consecuencia, procedía

revocar al Tribunal de Primera Instancia.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado