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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Luis R. Mendoza Ramírez

2013 TSPR 35

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Luis R. Mendoza Ramírez

AB-2006-283 cons. AB-2012-314 (Ref. CP-2011-17)

Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y la notaría por incumplir con requerimientos del Tribunal

TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2013 TSPR 35

188 DPR ____

Luis R. Mendoza Ramírez

Número del Caso: AB-2006-283

Cons.

AB-2012-314

(Ref. CP-2011-17)

Fecha: 14 de marzo de 2013

Abogado de la parte querellada:

Por derecho Propio

Colegio de Abogados de Puerto Rico

Lcda. María de Lourdes Rodríguez

Oficina de Inspección de Notarías:

Lcda. Lourdes Quintana Llorens

Directora

Lcda. Marla D. Ríos Díaz

Directora Auxiliar

Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 21

de marzo de 2013, fecha en que se le notificó al abogado de su

suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Luis R. Mendoza Ramírez

AB-2006-283

cons.

AB-2012-314

(Ref.

CP-2011-17)

Per Curiam

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de marzo de 2013.

I

El

licenciado

Luis

R.

Mendoza

Ramírez

fue

admitido al ejercicio de la abogacía el 20 de abril

de 1979 y a la notaria el 4 de octubre de 1979. En

contra del letrado se presentaron dos quejas, una

ante la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y

otra

ante

la

Comisión

de

Ética

del

Colegio

de

Abogados de Puerto Rico (Colegio de Abogados), las

cuales

fueron

posteriormente

referidas

ante

este

Tribunal. En el trámite de ambas quejas, el letrado

ha

incumplido

requerimientos.

reiteradamente

Por

ello

con

consolidamos

nuestros

las

quejas

AB-2006-283 cons. AB-2012-314

AB-2006-0283

y

AB-2012-314,

2

las

que

a

continuación

resumimos.1

AB-2006-0283:

El

14

de

agosto

de

2007,

la

ODIN

presentó ante este Tribunal un Informe mediante el cual

nos informó de una queja presentada por el señor Isaías

Hernández Garay (quejoso) en contra del licenciado Mendoza

Ramírez el 4 de octubre de 2006. Según éste, por falta de

pago

por

uno

de

los

miembros

de

una

sucesión,

el

licenciado Mendoza Ramírez no cumplió parte de un acuerdo

en el que se le requirió presentar en el Registro de la

Propiedad unas escrituras relacionadas a la partición de

una

herencia.

escrituras

no

Al

respecto,

se

habían

el

quejoso

presentado

aun

alegó

que

cuando

las

habían

transcurrido más de un año y medio desde que el letrado

las autorizó. Asimismo, señaló que no existe comunicación

con el abogado.

A esos efectos, el licenciado Mendoza Ramírez presentó

ante la ODIN su reacción a la queja junto con un legajo

que contiene las escrituras y minutas de presentación ante

el Registrador relacionadas a la queja. Así pues, negó la

falta de comunicación con el quejoso y sostuvo que todas

las escrituras y documentos pertinentes a la partición de

la

herencia

fueron

presentados

en

el

Registro

de

la

Propiedad.

1

Además, el licenciado Mendoza Ramírez tiene pendiente

ante este Tribunal una querella presentada por el

AB-2006-283 cons. AB-2012-314

De

los

documentos

3

presentados

por

el

licenciado

Mendoza Ramírez, la ODIN concluyó que el asunto medular de

la queja parecía haberse resuelto ya que en efecto las

escrituras relacionadas a la partición de herencia fueron

presentadas en el Registro de la Propiedad. No obstante lo

anterior,

después

la

de

ODIN

que

indicó

el

que

quejoso

no

fue

radicó

hasta

la

dos

queja

meses

que

se

presentaron algunas de las escrituras y documentos en el

Registro de la Propiedad. Así pues, resaltó que aun cuando

una de las escrituras fue autorizada el 19 de marzo de

2005

no

fue

hasta

el

11

de

diciembre

de

2006

que

el

licenciado la presentó ante el Registrador.2

La ODIN interpretó que el quejoso tuvo que solicitar

la intervención de este Tribunal para que el licenciado

cumpliera con la responsabilidad asumida. En su Informe

recomienda

el

ordene

licenciado

al

archivo

de

la

Mendoza

queja

luego

Ramírez

de

informar

que

se

le

sobre

el

estado de la calificación e inscripción de las escrituras

y documentos objetos de la queja y de que se le aperciba

contra futuras actuaciones de tal naturaleza.

Procurador General (CP-2011-0017) la cual no será parte de

este caso.

2

Escritura Número 17 de Liquidación de Sociedad de

Gananciales,

Rectificación

de

Cabida,

Segregaciones,

Constitución de Servidumbre, Cesión a Uso Público,

Partición de Herencia y Adjudicaciones otorgada por la

sucesión de Marcelino Hernández Díaz y Carlina Rivera el

19 de marzo de 2005 ante el licenciado Mendoza Ramírez.

AB-2006-283 cons. AB-2012-314

4

En vista de lo anterior, el 23 de septiembre de 2008

concedimos al licenciado un término de sesenta días para

que

nos

informara

el

estado

de

la

calificación

e

inscripción de las escrituras presentadas en el Registro

de la Propiedad. A esos efectos, el licenciado presentó

Moción en Cumplimiento de Orden

en la que nos informó

sobre

realizado

las

gestiones

que

había

para

darle

seguimiento a los asientos presentados en el Registro de

la Propiedad relacionados a la queja.

Posteriormente, el 8 de junio de 2009, le instruimos

al letrado a que nos mantuviera informados sobre el estado

de

la

calificación

e

inscripción

de

las

escrituras

en

cuestión. El abogado no respondió a dicho requerimiento,

por lo que el 8 de agosto de 2011 le concedimos un término

adicional de treinta (30) días para que diera cumplimiento

a

la

orden

anterior.

Nuevamente

ignorado

nuestro

requerimiento, el 20 de septiembre de 2012 le concedimos

un

término

final

de

diez

(10)

días

para

que

diera

no

hemos

cumplimiento a las órdenes anteriores.

Transcurridos

cerca

de

seis

meses,

aún

recibido respuesta a nuestras órdenes relacionadas a este

asunto.

AB-2012-314: Por otro lado, el 17 de febrero de 2012

la señora Mercedes Rodríguez Pabellón (quejosa) presentó

ante el Colegio de Abogados una queja formal en contra del

AB-2006-283 cons. AB-2012-314

5

licenciado Mendoza Ramírez.3 Según surge del Formulario de

Queja sobre Conducta Profesional de Abogado y el Contrato

de Servicios otorgado el 23 de febrero de 2004 entre el

licenciado Mendoza Ramírez y la quejosa, ésta contrató al

letrado para que gestionara la partición de herencia y la

segregación y adjudicación de un predio que le corresponde

por sus derechos de un caudal hereditario. La quejosa pagó

al licenciado lo pactado, sin embargo, ésta sostiene que a

ocho años desde el convenio, los servicios acordados no

han sido completados. Al respecto, alega que durante los

tres años antes de radicar la queja, el abogado no realizó

trámite

alguno

para

cumplir

el

acuerdo.

El

licenciado

tampoco ofreció a la quejosa una solución para atender sus

requerimientos.

El

Colegio

licenciado

de

Abogados

notificó

Mendoza

Ramírez,

en

por

cinco

escrito

al

ocasiones,

la

instancia de la queja en su contra y le concedió tiempo

para

expresarse.4

De

esas

comunicaciones

surge

que

el

Colegio de Abogados envió al licenciado Mendoza Ramírez

3

Queja Número Q-2012-17 ante la Comisión de Ética del

Colegio de Abogados.

4

El Colegio de Abogados envió al licenciado Mendoza

Ramírez las cartas a la dirección postal que surge del

Registro Único de Abogados, a saber: P.O. Box 5065,

Caguas, P.R. 00726. Las mismas fueron remitidas: el 1 de

marzo de 2012 vía correo certificado con prueba de que fue

recibida por el letrado; el 12 de abril de 2012 por correo

regular; el 8 de mayo de 2012 por correo certificado con

prueba de que fue devuelta por no haber sido reclamada; el

1 de junio de 2012 vía correo certificado con prueba de

que fue recibida; y el 7 de agosto de 2012 vía correo

regular.

AB-2006-283 cons. AB-2012-314

copia

de

la

queja,

le

dio

6

oportunidad

de

expresar

su

posición al respecto, le concedió término adicional para

contestar y le apercibió que la queja sería referida ante

este Tribunal si incumplía con sus requerimientos.

Ausente

una

respuesta

por

parte

del

licenciado

Mendoza Ramírez, el 16 de agosto de 2012 el Colegio de

Abogados presentó ante este foro una Moción Informativa

sobre Incumplimiento de Colegiado en la que nos informó

sobre la incomparecencia del abogado y nos solicitó que

tomáramos la acción que estimáramos pertinente.

Así

las

cosas,

mediante

de

2012

concedimos

septiembre

le

Resolución

al

de

licenciado

10

de

Mendoza

Ramírez un término de diez (10) días para que cumpliera

con los requerimientos del Colegio de Abogado, además de

que dentro del mismo término nos expusiera las razones por

las cuales no debía ser disciplinado por no responder a

éstos. La Resolución fue diligenciada personalmente el 17

de septiembre de 2012.

El 11 de enero de 2013, el Colegio de Abogados nos

presentó una Moción Informativa en la cual indicó que el

licenciado Mendoza Ramírez no había contestado la queja.

Seis meses desde que se le notificó personalmente nuestra

orden,

aún

no

hemos

nuestro

requerimiento

recibido

de

respuesta

expresar

las

del

letrado

causas

por

cuales este Tribunal no debiera disciplinarlo.

a

las

AB-2006-283 cons. AB-2012-314

7

II

En reiteradas ocasiones hemos recordado a los miembros

de la profesión legal que tienen el deber de contestar con

diligencia

los

requerimientos

de

este

Tribunal

relacionados con su práctica profesional.5 Ello tiene que

hacerse prontamente, independientemente de los méritos de

las quejas presentadas en su contra.6 No hacerlo constituye

un

serio

agravio

a

la

autoridad

de

los

tribunales

e

infringe el Canon 9 de Ética Profesional, que dicta: “El

abogado debe observar para con los tribunales una conducta

que se caracterice por el mayor respeto”.7

Al respecto, hemos enfatizado que la naturaleza de la

función

de

abogado

requiere

una

escrupulosa

atención

y

obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente

cuando

se

trata

de

procedimientos

sobre

su

conducta

5

Véanse, por ejemplo: In re Colón Olivo, 2013 T.S.P.R. 22;

In re Buono Colón, 2012 T.S.P.R. 177; In re Torres

Trinidad, 183 D.P.R. 371 (2011); In re Rodríguez Salas,

181 D.P.R. 579 (2011); In re Martínez Sotomayor I, 181

D.P.R. 1 (2011); In re Rodríguez Rodríguez, 180 D.P.R. 841

(2011); In re Fiel Martínez, 180 D.P.R. 426 (2010); In re

Polanco Ortiz, 179 D.P.R. 771 (2010); In re Grau Díaz, 167

D.P.R. 397 (2006); In re Quiñones Cardona, 164 D.P.R. 217

(2005); In re Zayas Cabán, 162 D.P.R. 839 (2004); In re

Arroyo Rivera, 161 D.P.R. 567 (2004); In re Torres

Torregrosa, 161 D.P.R. 66 (2004); In re Fernández Pacheco,

152 D.P.R. 531 (2000); In re Corujo Collazo, 149 D.P.R.

857 (1999); In re Ron Menéndez, 149 D.P.R. 105 (1999); In

re Ribas Dominicci, 131 D.P.R. 491 (1992).

6

In re García Ortiz, 2013 T.S.P.R.

Encarnación, 179 D.P.R. 827 (2010).

7

5;

In

re

Otero

Canon 9, Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX

C. 9. Véanse: In re Rosado Cruz, 176 D.P.R. 1012 (2009);

In re Salichs Martínez, 131 D.P.R. 481 (1992).

AB-2006-283 cons. AB-2012-314

8

profesional.8 La dejadez es incompatible con el ejercicio

de la abogacía.9 Cuando un abogado se muestra indiferente

ante los apercibimientos de sanciones disciplinarias por

no comparecer ante este Tribunal, procede su suspensión

inmediata de la profesión.10

III

El Lcdo. Luis R. Mendoza Ramírez ha actuado de forma

censurable al no responder a los requerimientos que le ha

hecho

este

Tribunal.

Su

reiterado

incumplimiento

con

nuestras órdenes constituye una violación al Canon 9 de

Ética Profesional, que nos lleva a decretar su suspensión

inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y de

la

notaría,

según

se

le

había

apercibido.

Además,

se

ordena el archivo administrativo de la querella CP-20110017 hasta que el letrado solicite su reinstalación.

Como

consecuencia,

se

le

impone al

señor

Luis

R.

Mendoza Ramírez el deber de notificar a todos sus clientes

de

su

inhabilidad

para

seguir

representándolos,

devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos

no realizados e informar oportunamente de su suspensión a

los

foros

judiciales

y

administrativos.

Además,

deberá

acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior

8

In re Montes Díaz, 184 D.P.R. 90 (2011); In re Otero

Encarnación, supra.

9

In re Colón Rivera, 170 D.P.R. 440 (2007); In re González

Barreto, 169 D.P.R. 772 (2006).

10

In re Montes Díaz, supra; In re Feliciano Jiménez, 176

D.P.R. 234 (2009); In re Osorio Díaz, 146 D.P.R. 39

(1998); In re Reyes Rovira, 139 D.P.R. 42 (1995).

AB-2006-283 cons. AB-2012-314

9

dentro del término de treinta (30) días a partir de la

notificación de esta opinión Per Curiam y Sentencia.

El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra

y el sello notarial del señor Luis R. Mendoza Ramírez y

entregarlos

a

la

Directora

de

la

ODIN

correspondiente examen e informe a este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

para

el

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Luis R. Mendoza Ramírez

AB-2006-283

cons.

AB-2012-314

(Ref.

CP-2011-17)

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de marzo de 2013.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de

la presente Sentencia, se suspende al Sr.

Luis R.

Mendoza Ramírez del ejercicio de la profesión

inmediata e indefinidamente.

Se le ordena al señor Mendoza Ramírez notificar a

todos sus clientes de su inhabilidad para seguir

representándolos, devolverles cualesquiera honorarios

recibidos por trabajos no realizados e informar

oportunamente de su suspensión a los foros judiciales

y administrativos. Además, deberá acreditar a este

Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del

término de treinta (30) días a partir de la

notificación de esta opinión Per Curiam y Sentencia.

El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la

obra y el sello notarial del abogado suspendido y

entregar los mismos a la Directora de la Oficina de

Inspección

de

Notarías

para

la

correspondiente

investigación e informe.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria

del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo