Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Luis R. Mendoza Ramírez
2013 TSPR 35
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Luis R. Mendoza Ramírez
AB-2006-283 cons. AB-2012-314 (Ref. CP-2011-17)
Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y la notaría por incumplir con requerimientos del Tribunal
TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2013 TSPR 35
188 DPR ____
Luis R. Mendoza Ramírez
Número del Caso: AB-2006-283
Cons.
AB-2012-314
(Ref. CP-2011-17)
Fecha: 14 de marzo de 2013
Abogado de la parte querellada:
Por derecho Propio
Colegio de Abogados de Puerto Rico
Lcda. María de Lourdes Rodríguez
Oficina de Inspección de Notarías:
Lcda. Lourdes Quintana Llorens
Directora
Lcda. Marla D. Ríos Díaz
Directora Auxiliar
Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 21
de marzo de 2013, fecha en que se le notificó al abogado de su
suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Luis R. Mendoza Ramírez
AB-2006-283
cons.
AB-2012-314
(Ref.
CP-2011-17)
Per Curiam
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de marzo de 2013.
I
El
licenciado
Luis
R.
Mendoza
Ramírez
fue
admitido al ejercicio de la abogacía el 20 de abril
de 1979 y a la notaria el 4 de octubre de 1979. En
contra del letrado se presentaron dos quejas, una
ante la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y
otra
ante
la
Comisión
de
Ética
del
Colegio
de
Abogados de Puerto Rico (Colegio de Abogados), las
cuales
fueron
posteriormente
referidas
ante
este
Tribunal. En el trámite de ambas quejas, el letrado
ha
incumplido
requerimientos.
reiteradamente
Por
ello
con
consolidamos
nuestros
las
quejas
AB-2006-283 cons. AB-2012-314
AB-2006-0283
y
AB-2012-314,
2
las
que
a
continuación
resumimos.1
AB-2006-0283:
El
14
de
agosto
de
2007,
la
ODIN
presentó ante este Tribunal un Informe mediante el cual
nos informó de una queja presentada por el señor Isaías
Hernández Garay (quejoso) en contra del licenciado Mendoza
Ramírez el 4 de octubre de 2006. Según éste, por falta de
pago
por
uno
de
los
miembros
de
una
sucesión,
el
licenciado Mendoza Ramírez no cumplió parte de un acuerdo
en el que se le requirió presentar en el Registro de la
Propiedad unas escrituras relacionadas a la partición de
una
herencia.
escrituras
no
Al
respecto,
se
habían
el
quejoso
presentado
aun
alegó
que
cuando
las
habían
transcurrido más de un año y medio desde que el letrado
las autorizó. Asimismo, señaló que no existe comunicación
con el abogado.
A esos efectos, el licenciado Mendoza Ramírez presentó
ante la ODIN su reacción a la queja junto con un legajo
que contiene las escrituras y minutas de presentación ante
el Registrador relacionadas a la queja. Así pues, negó la
falta de comunicación con el quejoso y sostuvo que todas
las escrituras y documentos pertinentes a la partición de
la
herencia
fueron
presentados
en
el
Registro
de
la
Propiedad.
1
Además, el licenciado Mendoza Ramírez tiene pendiente
ante este Tribunal una querella presentada por el
AB-2006-283 cons. AB-2012-314
De
los
documentos
3
presentados
por
el
licenciado
Mendoza Ramírez, la ODIN concluyó que el asunto medular de
la queja parecía haberse resuelto ya que en efecto las
escrituras relacionadas a la partición de herencia fueron
presentadas en el Registro de la Propiedad. No obstante lo
anterior,
después
la
de
ODIN
que
indicó
el
que
quejoso
no
fue
radicó
hasta
la
dos
queja
meses
que
se
presentaron algunas de las escrituras y documentos en el
Registro de la Propiedad. Así pues, resaltó que aun cuando
una de las escrituras fue autorizada el 19 de marzo de
2005
no
fue
hasta
el
11
de
diciembre
de
2006
que
el
licenciado la presentó ante el Registrador.2
La ODIN interpretó que el quejoso tuvo que solicitar
la intervención de este Tribunal para que el licenciado
cumpliera con la responsabilidad asumida. En su Informe
recomienda
el
ordene
licenciado
al
archivo
de
la
Mendoza
queja
luego
Ramírez
de
informar
que
se
le
sobre
el
estado de la calificación e inscripción de las escrituras
y documentos objetos de la queja y de que se le aperciba
contra futuras actuaciones de tal naturaleza.
Procurador General (CP-2011-0017) la cual no será parte de
este caso.
2
Escritura Número 17 de Liquidación de Sociedad de
Gananciales,
Rectificación
de
Cabida,
Segregaciones,
Constitución de Servidumbre, Cesión a Uso Público,
Partición de Herencia y Adjudicaciones otorgada por la
sucesión de Marcelino Hernández Díaz y Carlina Rivera el
19 de marzo de 2005 ante el licenciado Mendoza Ramírez.
AB-2006-283 cons. AB-2012-314
4
En vista de lo anterior, el 23 de septiembre de 2008
concedimos al licenciado un término de sesenta días para
que
nos
informara
el
estado
de
la
calificación
e
inscripción de las escrituras presentadas en el Registro
de la Propiedad. A esos efectos, el licenciado presentó
Moción en Cumplimiento de Orden
en la que nos informó
sobre
realizado
las
gestiones
que
había
para
darle
seguimiento a los asientos presentados en el Registro de
la Propiedad relacionados a la queja.
Posteriormente, el 8 de junio de 2009, le instruimos
al letrado a que nos mantuviera informados sobre el estado
de
la
calificación
e
inscripción
de
las
escrituras
en
cuestión. El abogado no respondió a dicho requerimiento,
por lo que el 8 de agosto de 2011 le concedimos un término
adicional de treinta (30) días para que diera cumplimiento
a
la
orden
anterior.
Nuevamente
ignorado
nuestro
requerimiento, el 20 de septiembre de 2012 le concedimos
un
término
final
de
diez
(10)
días
para
que
diera
no
hemos
cumplimiento a las órdenes anteriores.
Transcurridos
cerca
de
seis
meses,
aún
recibido respuesta a nuestras órdenes relacionadas a este
asunto.
AB-2012-314: Por otro lado, el 17 de febrero de 2012
la señora Mercedes Rodríguez Pabellón (quejosa) presentó
ante el Colegio de Abogados una queja formal en contra del
AB-2006-283 cons. AB-2012-314
5
licenciado Mendoza Ramírez.3 Según surge del Formulario de
Queja sobre Conducta Profesional de Abogado y el Contrato
de Servicios otorgado el 23 de febrero de 2004 entre el
licenciado Mendoza Ramírez y la quejosa, ésta contrató al
letrado para que gestionara la partición de herencia y la
segregación y adjudicación de un predio que le corresponde
por sus derechos de un caudal hereditario. La quejosa pagó
al licenciado lo pactado, sin embargo, ésta sostiene que a
ocho años desde el convenio, los servicios acordados no
han sido completados. Al respecto, alega que durante los
tres años antes de radicar la queja, el abogado no realizó
trámite
alguno
para
cumplir
el
acuerdo.
El
licenciado
tampoco ofreció a la quejosa una solución para atender sus
requerimientos.
El
Colegio
licenciado
de
Abogados
notificó
Mendoza
Ramírez,
en
por
cinco
escrito
al
ocasiones,
la
instancia de la queja en su contra y le concedió tiempo
para
expresarse.4
De
esas
comunicaciones
surge
que
el
Colegio de Abogados envió al licenciado Mendoza Ramírez
3
Queja Número Q-2012-17 ante la Comisión de Ética del
Colegio de Abogados.
4
El Colegio de Abogados envió al licenciado Mendoza
Ramírez las cartas a la dirección postal que surge del
Registro Único de Abogados, a saber: P.O. Box 5065,
Caguas, P.R. 00726. Las mismas fueron remitidas: el 1 de
marzo de 2012 vía correo certificado con prueba de que fue
recibida por el letrado; el 12 de abril de 2012 por correo
regular; el 8 de mayo de 2012 por correo certificado con
prueba de que fue devuelta por no haber sido reclamada; el
1 de junio de 2012 vía correo certificado con prueba de
que fue recibida; y el 7 de agosto de 2012 vía correo
regular.
AB-2006-283 cons. AB-2012-314
copia
de
la
queja,
le
dio
6
oportunidad
de
expresar
su
posición al respecto, le concedió término adicional para
contestar y le apercibió que la queja sería referida ante
este Tribunal si incumplía con sus requerimientos.
Ausente
una
respuesta
por
parte
del
licenciado
Mendoza Ramírez, el 16 de agosto de 2012 el Colegio de
Abogados presentó ante este foro una Moción Informativa
sobre Incumplimiento de Colegiado en la que nos informó
sobre la incomparecencia del abogado y nos solicitó que
tomáramos la acción que estimáramos pertinente.
Así
las
cosas,
mediante
de
2012
concedimos
septiembre
le
Resolución
al
de
licenciado
10
de
Mendoza
Ramírez un término de diez (10) días para que cumpliera
con los requerimientos del Colegio de Abogado, además de
que dentro del mismo término nos expusiera las razones por
las cuales no debía ser disciplinado por no responder a
éstos. La Resolución fue diligenciada personalmente el 17
de septiembre de 2012.
El 11 de enero de 2013, el Colegio de Abogados nos
presentó una Moción Informativa en la cual indicó que el
licenciado Mendoza Ramírez no había contestado la queja.
Seis meses desde que se le notificó personalmente nuestra
orden,
aún
no
hemos
nuestro
requerimiento
recibido
de
respuesta
expresar
las
del
letrado
causas
por
cuales este Tribunal no debiera disciplinarlo.
a
las
AB-2006-283 cons. AB-2012-314
7
II
En reiteradas ocasiones hemos recordado a los miembros
de la profesión legal que tienen el deber de contestar con
diligencia
los
requerimientos
de
este
Tribunal
relacionados con su práctica profesional.5 Ello tiene que
hacerse prontamente, independientemente de los méritos de
las quejas presentadas en su contra.6 No hacerlo constituye
un
serio
agravio
a
la
autoridad
de
los
tribunales
e
infringe el Canon 9 de Ética Profesional, que dicta: “El
abogado debe observar para con los tribunales una conducta
que se caracterice por el mayor respeto”.7
Al respecto, hemos enfatizado que la naturaleza de la
función
de
abogado
requiere
una
escrupulosa
atención
y
obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente
cuando
se
trata
de
procedimientos
sobre
su
conducta
5
Véanse, por ejemplo: In re Colón Olivo, 2013 T.S.P.R. 22;
In re Buono Colón, 2012 T.S.P.R. 177; In re Torres
Trinidad, 183 D.P.R. 371 (2011); In re Rodríguez Salas,
181 D.P.R. 579 (2011); In re Martínez Sotomayor I, 181
D.P.R. 1 (2011); In re Rodríguez Rodríguez, 180 D.P.R. 841
(2011); In re Fiel Martínez, 180 D.P.R. 426 (2010); In re
Polanco Ortiz, 179 D.P.R. 771 (2010); In re Grau Díaz, 167
D.P.R. 397 (2006); In re Quiñones Cardona, 164 D.P.R. 217
(2005); In re Zayas Cabán, 162 D.P.R. 839 (2004); In re
Arroyo Rivera, 161 D.P.R. 567 (2004); In re Torres
Torregrosa, 161 D.P.R. 66 (2004); In re Fernández Pacheco,
152 D.P.R. 531 (2000); In re Corujo Collazo, 149 D.P.R.
857 (1999); In re Ron Menéndez, 149 D.P.R. 105 (1999); In
re Ribas Dominicci, 131 D.P.R. 491 (1992).
6
In re García Ortiz, 2013 T.S.P.R.
Encarnación, 179 D.P.R. 827 (2010).
7
5;
In
re
Otero
Canon 9, Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX
C. 9. Véanse: In re Rosado Cruz, 176 D.P.R. 1012 (2009);
In re Salichs Martínez, 131 D.P.R. 481 (1992).
AB-2006-283 cons. AB-2012-314
8
profesional.8 La dejadez es incompatible con el ejercicio
de la abogacía.9 Cuando un abogado se muestra indiferente
ante los apercibimientos de sanciones disciplinarias por
no comparecer ante este Tribunal, procede su suspensión
inmediata de la profesión.10
III
El Lcdo. Luis R. Mendoza Ramírez ha actuado de forma
censurable al no responder a los requerimientos que le ha
hecho
este
Tribunal.
Su
reiterado
incumplimiento
con
nuestras órdenes constituye una violación al Canon 9 de
Ética Profesional, que nos lleva a decretar su suspensión
inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y de
la
notaría,
según
se
le
había
apercibido.
Además,
se
ordena el archivo administrativo de la querella CP-20110017 hasta que el letrado solicite su reinstalación.
Como
consecuencia,
se
le
impone al
señor
Luis
R.
Mendoza Ramírez el deber de notificar a todos sus clientes
de
su
inhabilidad
para
seguir
representándolos,
devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos
no realizados e informar oportunamente de su suspensión a
los
foros
judiciales
y
administrativos.
Además,
deberá
acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior
8
In re Montes Díaz, 184 D.P.R. 90 (2011); In re Otero
Encarnación, supra.
9
In re Colón Rivera, 170 D.P.R. 440 (2007); In re González
Barreto, 169 D.P.R. 772 (2006).
10
In re Montes Díaz, supra; In re Feliciano Jiménez, 176
D.P.R. 234 (2009); In re Osorio Díaz, 146 D.P.R. 39
(1998); In re Reyes Rovira, 139 D.P.R. 42 (1995).
AB-2006-283 cons. AB-2012-314
9
dentro del término de treinta (30) días a partir de la
notificación de esta opinión Per Curiam y Sentencia.
El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra
y el sello notarial del señor Luis R. Mendoza Ramírez y
entregarlos
a
la
Directora
de
la
ODIN
correspondiente examen e informe a este Tribunal.
Se dictará sentencia de conformidad.
para
el
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Luis R. Mendoza Ramírez
AB-2006-283
cons.
AB-2012-314
(Ref.
CP-2011-17)
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de marzo de 2013.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de
la presente Sentencia, se suspende al Sr.
Luis R.
Mendoza Ramírez del ejercicio de la profesión
inmediata e indefinidamente.
Se le ordena al señor Mendoza Ramírez notificar a
todos sus clientes de su inhabilidad para seguir
representándolos, devolverles cualesquiera honorarios
recibidos por trabajos no realizados e informar
oportunamente de su suspensión a los foros judiciales
y administrativos. Además, deberá acreditar a este
Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del
término de treinta (30) días a partir de la
notificación de esta opinión Per Curiam y Sentencia.
El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la
obra y el sello notarial del abogado suspendido y
entregar los mismos a la Directora de la Oficina de
Inspección
de
Notarías
para
la
correspondiente
investigación e informe.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria
del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo