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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Ley de Menores de Puerto Rico – Renuncia de jurisdicción sobre menor por advenir a la mayoría de edad; factores a considerar para determinar si procede la renuncia de jurisdicción

2013 TSPR 32

Poder Judicial de Puerto Rico

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Ley de Menores de Puerto Rico – Renuncia de jurisdicción sobre menor por advenir a la mayoría de edad; factores a considerar para determinar si procede la renuncia de jurisdicción

CC-2012-551

Pueblo de Puerto Rico en interés del menor L.A.B.M.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Certiorari

Pueblo de Puerto Rico en interés

del menor L.A.B.M.

2013 TSPR 32

188 DPR ____

Número del Caso: CC-2012-551

Fecha: 14 de marzo de 2013

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Caguas

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Luis Román Negrón

Procurador General

Lcda. Ana Garcés Camacho

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Recurrida:

Lcdo. Héctor Crespo Millán

Materia: Ley de Menores de Puerto Rico – Renuncia de jurisdicción sobre menor

por advenir a la mayoría de edad; factores a considerar para determinar si

procede la renuncia de jurisdicción.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

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público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pueblo de Puerto Rico en

interés del menor L.A.B.M.

CC-2012-0551

Certiorari

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Hernández

Denton.

San Juan, Puerto Rico, a 14 de marzo de 2013.

Nuevamente,

nos

enfrentamos

a

una

controversia en que una persona mayor de edad es

imputada

de

una

conducta

delictiva

alegadamente

ocurrida cuando era menor. En esta ocasión, debemos

determinar si la Sala de Asuntos de Menores del

Tribunal

de

Primera

Instancia

debe

analizar

los

factores establecidos en el Art. 15 de la Ley Núm.

88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida

como Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A.

sec. 2215, para determinar si procede renunciar a

su jurisdicción, a la luz de lo resuelto en Pueblo

v.

Villafañe

concluir en

Marcano,

la

183

D.P.R.

negativa, revocamos

50

al

(2011).

Por

tribunal

CC-2012-0551

2

recurrido

y

ordenamos

Criminal

del

foro

el traslado del caso a la Sala de lo

primario

para

la

continuación

de

los

procedimientos.

I.

El 5 de julio de 1997, el Sr. Porfirio Bezares Torres

fue asesinado en su residencia ubicada en el Barrio Jaguar

del Municipio de Gurabo. Por esos hechos, el 25 de mayo de

2007, el Ministerio Público presentó ante el Tribunal de

Primera Instancia, Sala de lo Criminal, seis (6) denuncias

contra el Sr. Luis Alberto Benítez Martínez. Aunque en un

inició se encontró causa para el arresto, tras una solicitud

de reconsideración, la Sala de lo Criminal se declaró sin

jurisdicción porque, aunque para ese momento el señor Benítez

Martínez

tenía

25

años,

imputados

tenía

15

años

cuando

de

edad.

ocurrieron

los

En

dicho

alzada,

hechos

foro

desestimó los proyectos de denuncia porque la Sala de Asuntos

de Menores no había renunciado a su jurisdicción para que la

Sala de lo Criminal pudiera asumir la suya.

El 12 de agosto de 2008, por los mismos hechos, el

Procurador

de

Menores

presentó

contra

el

señor

Benítez

Martínez seis (6) proyectos de queja por violación a los Art.

83, 173 y 262 del Código Penal de Puerto Rico de 1974, 33

L.P.R.A. ant. secs. 4002, 4279 y 4523, y a los Art. 6, 8 y

8(A) de la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, conocida como

la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. ant. secs. 416, 418 y 418a. Esta

vez, las denuncias fueron presentadas ante la Sala de Asuntos

de

Menores.

Dicho

foro

se

declaró

sin

jurisdicción

para

celebrar la vista de determinación de causa para radicar

CC-2012-0551

3

querella. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones le ordenó

que atendiera el caso.

En la vista de causa probable para radicar querella, no

se encontró causa. Al recurrir en alzada, sí se determinó

causa

por

todas

las

faltas

imputadas.

Tras

dicha

determinación, el Procurador de Menores (Procurador) presentó

Solicitud de Renuncia de Jurisdicción. A tales efectos se

celebró una vista adjudicativa. La Sala de Asuntos de Menores

determinó que:

Examinada y aquilatada la prueba documental y

testifical presentada, luego de un análisis de los

cuatro factores requeridos por la Ley de Menores,

supra, considerando la edad actual del imputado y la

falta de servicios para un adulto en un sistema de

menores, el tribunal declara Con Lugar la Renuncia

de Jurisdicción en el caso de autos. Los hechos

particulares de este caso y las características del

imputado, entendemos que, a pesar de no necesitar

rehabilitación en estos momentos, en caso de

hallarse incurso en las faltas imputadas este

tribunal no tendría servicios que ofrecerle al

imputado, por tratarse de un adulto. Resolución del

TPI, Sala de Asuntos de Menores, Apéndice, pág. 109.

Además, concluyó que unas notas del agente que testificó

en la vista no eran admisibles por carecer de suficientes

garantías de confiabilidad.

Inconforme con esa determinación sobre admisibilidad, el

Procurador acudió oportunamente al Tribunal de Apelaciones

mediante recurso de certiorari. Alegó que la actuación de la

Sala de Asuntos de Menores fue ultra vires toda vez que no

procedía

suprimir

evidencia

en

una

vista

de

renuncia

de

jurisdicción ya que la misma es de alcance limitado. En la

alternativa, cuestionó los méritos de la determinación.

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4

Por su parte, el señor Benítez Martínez presentó un

recurso de Apelación y Réplica al Escrito de Certiorari.

Solicitó la revocación de la determinación sobre renuncia de

jurisdicción.

El

foro

apelativo

denegó

la

expedición

del

auto

de

certiorari solicitado por el Procurador y revocó el dictamen

apelado por el señor Benítez Martínez. Determinó que los

factores

a

analizar

cuando

se

trata

de

la

renuncia

de

jurisdicción de una persona que al momento de ser imputado es

un adulto son los mismos que si se tratara de un menor de

edad. Así pues, concluyó que el Procurador no satisfizo el

quantum

de

preponderancia

de

la

prueba

necesario

fundamentar

la

renuncia

de

jurisdicción.

De

rechazó

la

mayoría

de

edad

el

único

factor

Sala

de

Menores

deba

renunciar

cuando

el

que

considerar

y

que

automáticamente

a

la

su

jurisdicción

sea

esa

para

forma,

imputado

a

sea

mayor de edad al momento de iniciarse el procedimiento en su

contra.

Inconforme,

el

Procurador

acude

ante

nos.

Con

el

beneficio de la comparecencia de ambas partes, expedimos el

recurso y procedemos a resolver.

II.

El sistema de justicia juvenil en Puerto Rico se rige

por la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada,

conocida como Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. sec.

2201 et seq. (Ley de Menores) y las Reglas de Procedimiento

para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A. Mediante la Ley

de

Menores

se

estableció

un

enfoque

filosófico

penal

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5

ecléctico de rehabilitación del menor a la vez que se le

exige responsabilidad por sus actos. Pueblo en interés del

menor E.A.L.N., 2012 TSPR 173, 187 D.P.R.____ (2012); Pueblo

en interés de los menores C.L.R. y A.V.L., 178 D.P.R. 315,

323 (2010); Pueblo en interés del menor R.H.M., 126 D.P.R.

404, 409 (1990).

La jurisdicción de la Sala de Asuntos de Menores se

encuentra delimitada por el Art. 4 de dicha Ley. 34 L.P.R.A

sec. 2204. Como regla general, esta sala atiende aquellos

casos

en

que

se

le

imputa

a

una

persona

menor

de

edad

conducta constitutiva de falta, incurrida antes de este haber

cumplido dieciocho (18) años de edad. Sin embargo, la Ley de

Menores reconoce expresamente instancias en las que, de forma

automática, el caso será atendido en la Sala de lo Criminal,

como si se tratare de un adulto. A saber, cuando se le impute

a un menor que hubiere cumplido quince (15) años de edad la

comisión de hechos constitutivos de asesinato en primer grado

mediante deliberación y premeditación; o cuando se le imputen

hechos

constitutivos

transacción

grado

o

mediante

evento

de

delito

que

constitutivo

deliberación

y

de

surjan

de

la

misma

asesinato

en

primer

premeditación;

o

cuando

se

hubiese adjudicado previamente un asesinato como adulto.

Además, la Ley de Menores reconoce la posibilidad de que

el Procurador solicite que la Sala de Asuntos de Menores

renuncie a su jurisdicción. El Art. 15 de la Ley de Menores

dispone:

(a) Solicitud por Procurador.- El Tribunal, a

solicitud

del

Procurador,

podrá

renunciar

la

jurisdicción sobre un menor que sea mayor de catorce

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6

(14) años y menor de dieciocho (18) años, a quien se

le impute la comisión de cualquier falta Clase II o

III. El Procurador deberá efectuar dicha solicitud

mediante moción fundamentada cuando considere que

entender en el caso bajo las disposiciones de este

capítulo no responderá a los mejores intereses del

menor y de la comunidad.

El Procurador deberá promover la solicitud de

renuncia de jurisdicción en los siguientes casos:

(1) Cuando se impute a un menor que sea mayor

de catorce (14) años la comisión de hechos

constitutivos de asesinato en la modalidad que está

bajo la autoridad del tribunal, cualquier otro

delito grave de primer grado, y cualquier otro hecho

delictivo que surja de la misma transacción o

evento.

(2) Cuando se impute al menor una falta Clase

II o III y se le hubiera adjudicado previamente una

falta Clase II o III, incurrida entre los catorce

(14) y dieciocho (18) años.

El Procurador vendrá obligado a advertir al

tribunal la falta de jurisdicción cuando se trata de

aquellos casos excluidos de su autoridad por

disposición expresa de este capítulo.

(b)Vista.-El

tribunal,

previa

notificación,

celebrará una vista de renuncia de jurisdicción.

(c)Factores a considerar.-Para determinar la

procedencia de la renuncia a que se refiere el

inciso (a) de esta sección, el tribunal examinará

los siguientes factores:

(1)Naturaleza de la falta que se imputa al

menor y las circunstancias que la rodearon.

(2)Historial legal previo del menor, si alguno.

(3)Historial social del menor.

(4)Si

el

historial

socioemocional

y

sus

actitudes

hacia

la

autoridad

hacen

necesario

establecer controles respecto a su comportamiento

que no se le puedan ofrecer en los centros de

custodia o en las instituciones de tratamiento

social a disposición del tribunal. 34 L.P.R.A sec.

2215.

La

renuncia

de

jurisdicción

se

considera

una

etapa

crítica del procedimiento porque se trata del traslado del

menor de una jurisdicción a otra. Pueblo en interés del menor

R. H. M., supra, a la pág. 411.

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7

En cuanto al procedimiento durante la vista señalada en

el Art. 15, la Regla 4.4 de Procedimiento para Asuntos de

Menores establece que:

Durante la vista, el Procurador presentará la

prueba con que cuente en apoyo de su solicitud.

El menor podrá rebatir la prueba y cuestionar

el contenido de los documentos presentados en

evidencia, así como interrogar a las personas

que suscriban informes periciales.

El

Tribunal

resolverá

a

base

de

la

preponderancia de la prueba. 34 L.P.R.A. Ap. IA R. 4.4

Por otra parte, la Ley de Menores establece en su Art. 5

que la autoridad de la Sala de Asuntos de Menores, sobre

aquellos menores sujetos a su jurisdicción, cesa cuando estos

cumplan la edad de veintiún (21) años o cuando se dé por

terminada mediante orden.

Ahora bien, el que la Sala de Asuntos de Menores pierda

su autoridad por el menor cumplir veintiún (21) años, no

implica

que

también

pierda

su

jurisdicción.

Pueblo

v.

Villafañe Marcano, supra. Por eso, es una condición previa

que la Sala de Menores renuncie a su jurisdicción para que

luego se pueda iniciar el procedimiento ante la Sala de lo

Criminal. Íd. Esto, a menos que las acciones de la persona se

puedan

interpretar

como

una

renuncia

implícita

a

la

jurisdicción de dicha Sala. Íd. Véase Pueblo v. Cruz Alicea,

170 D.P.R. 837 (2007) y Pueblo v. Suárez, 167 D.P.R. 850

(2006).

Recordemos que:

[…] es el Art. 4 de la mencionada ley [de Menores]

el único que establece los parámetros de la

jurisdicción del Tribunal de Menores. Mientras, el

Art. 5 enmarca no el aspecto jurisdiccional del

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8

Tribunal de Menores, sino el término para la

implementación del tipo y la duración de la medida

dispositiva que se ha de imponer. Pueblo v.

Villafañe Marcano, supra, pág. 73.

Así pues, según pautamos en Pueblo v. Villafañe Marcano,

supra, cuando una persona mayor de edad es imputada de una

conducta delictiva alegadamente ocurrida cuando era menor de

edad y la situación se ajusta a lo establecido en el Art. 15,

ya que el imputado tiene más de catorce (14) años y se le

imputa la comisión de algunas de las faltas previstas en

dicho artículo, la Sala de Asuntos de Menores tiene tres

posibles cursos de acción ante la solicitud de renuncia. A

saber,

1)

considerar

cualquier

moción

de

desestimación,

declararla Ha Lugar y que así concluya el procedimiento; 2)

considerar cualquier moción de desestimación, declararla No

Ha Lugar y renunciar a su jurisdicción; o 3) simplemente

renunciar a su jurisdicción para que la Sala de lo Criminal

atienda el planteamiento. Ahora bien:

en el supuesto de que decida no atender ningún

planteamiento dirigido a desestimar los cargos

contra la persona o que, considerado en sus méritos,

el planteamiento se declare “no ha lugar”, el

Tribunal de Menores no tiene otra opción que

renunciar a su jurisdicción y enviar el caso al

tribunal ordinario. Íd

III.

En el caso de autos, al señor Benítez Martínez se le

imputa la comisión de faltas cuando tenía 15 años de edad.

Aunque a la fecha en que se inició el proceso en su contra

este tenía 25 años, la Sala de Asuntos de Menores tenía

jurisdicción para atender el caso, según el Art. 4 de la Ley

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9

de Menores. Como la situación se ajustaba a lo establecido en

el Art. 15 de la Ley de Menores, el Procurador de Menores

solicitó la renuncia de jurisdicción.

Conforme a lo resuelto en Pueblo v. Villafañe Marcano,

supra, la Sala de Asuntos de Menores podía atender cualquier

moción de desestimación y resolverla o podía rechazar atender

esos planteamientos. Sin embargo, el señor Benítez Martínez

no presentó ninguna moción de desestimación. Por lo tanto, la

Sala de Asuntos de Menores no tenía otra opción que renunciar

a su jurisdicción y enviar el caso a la Sala de lo Criminal.

Esto, pues el señor Benítez Martínez advino a la mayoría de

edad y la Sala de Asuntos de Menores perdió su autoridad. Por

lo tanto, es forzoso concluir que la Sala de Asuntos de

Menores no tenía que realizar el análisis de los factores

establecidos en el Art. 15 de la Ley de Menores, pues estos

sirven

para

analizar

renuncias

de

jurisdicción

cuando

el

imputado es todavía menor de edad.

Esta conclusión no solo se desprende de lo resuelto por

este Tribunal en el caso Pueblo v. Villafañe Marcano, supra,

sino

que

es

la

más

razonable

en

términos

prácticos.

Los

factores para evaluar la renuncia de jurisdicción permiten al

tribunal:

[…] resolver a la luz de la totalidad de las

circunstancias de cada caso si el menor es

rehabilitable y, por ende, acreedor a los servicios

ofrecidos por el sistema de menores o si debe

responder

por

sus

actos

ante

los

tribunales

ordinarios. Pueblo en interés del menor R. H. M.,

supra, pág. 417.

Evidentemente, cuando se trata de una persona que ha

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10

cumplido los veintiún (21) años esta deja de ser acreedora de

los servicios ofrecidos por el sistema de menores. Es por

esto que la Sala de Asuntos de Menores pierde su autoridad.

Además,

realizar

un

análisis

de

los

factores,

en

esas

circunstancias, implica suponer qué hubiera ocurrido si se

hubiera iniciado el proceso cuando todavía era menor de edad.

En el caso ante nos, tanto el foro primario como el

intermedio, analizaron los factores del Art. 15 de la Ley de

Menores

para

determinar

si

procedía

o

no

la

renuncia

de

jurisdicción. Como ya indicamos, ese análisis no es necesario

en los casos en donde se solicita la renuncia de jurisdicción

sobre

una

persona

mayor

de

veintiún

(21)

años

que

alegadamente cometió unas faltas entre los catorce (14) y

dieciocho (18) años. Por consiguiente, tampoco procedía la

determinación

de

admisibilidad

que

realizaron

los

foros

recurridos. La única determinación que procedía por parte de

la

Sala

de

Asuntos

de

Menores

era

renunciar

a

su

jurisdicción.

IV.

Por los fundamentos señalados anteriormente, se revoca

la sentencia recurrida y se ordena el traslado del caso a la

Sala de lo Criminal para que continúe con los procedimientos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pueblo de Puerto Rico en

interés del menor L.A.B.M.

CC-2012-0551

Certiorari

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de marzo de 2013.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente Sentencia, se revoca la sentencia recurrida y

se ordena el traslado del caso a la Sala de lo Criminal

para que continúe con los procedimientos.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria

del Tribunal. El Juez Asociado señor Martínez Torres

emitió una Opinión de conformidad.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

interés del menor L.A.B.M.

en

CC-2012-0551

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES

a la que se une el Juez Asociado señor RIVERA GARCÍA

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de marzo de 2013.

La Opinión del Tribunal expone el derecho aplicable

a la situación de hechos que nos ocupa, por lo que he

votado de conformidad con ella. Hoy resolvemos que la

autoridad o jurisdicción del Tribunal de Menores sobre

un adulto que cometió un delito cuando era menor de edad

se limita a la presentación de los cargos, seguida de

una renuncia automática y el traslado del caso a la sala

de adultos del Tribunal de Primera Instancia. El momento

es

apropiado

para

expandir

mi

expresión

particular,

hecha en Pueblo v. Villafañe Marcano, 183 D.P.R. 50, 76

(2011).

CC-2013-0551

2

Me aparté entonces de las expresiones de este Tribunal en

Pueblo en interés menor A.A.O., 138 D.P.R. 160 (1995). Allí

hicimos

una

distinción

entre

los

términos

“jurisdicción”

y

“autoridad” empleados en los Arts. 4 y 5 de la Ley Núm. 88 de 9

de julio de 1986, según enmendada, conocida como la Ley de

Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. secs. 2204 y 2205. Sin

embargo, hay una explicación de los Arts. 4 y 5 que evita esa

caracterización y confundiría menos a la comunidad legal.

En sustancia, los términos “jurisdicción” y “autoridad”

son sinónimos. La “jurisdicción” es la autoridad, es decir, el

poder de un tribunal para atender un asunto. Véanse, I. Rivera

García,

Diccionario

de

términos

jurídicos,

Equity

Publ.,

Orford, N.H., 1976, pág. 144; Black’s Law Dictionary, West

Publ., 9na ed. (B.A. Garner, editor), 2009, pág. 927. Por eso

el legislador utilizó esos términos indistintamente en la Ley

de Menores. De hecho, en Pueblo en interés menor A.A.O., supra,

pág. 172, dijimos que el uso de ambos términos en la ley era

laxo.

La diferencia entre los Arts. 4 y 5 de la Ley de Menores,

supra,

es

sencilla.

Basta

preguntarnos

para

qué

es

la

jurisdicción o autoridad a la que se refiere cada artículo de

la ley. El Art. 4, supra, se refiere a “los parámetros de la

jurisdicción del Tribunal de Menores”... para encausar a un

menor de edad. Pueblo v. Villafañe Marcano, supra, pág. 73.

(Énfasis nuestro.) En cambio, el Art. 5, supra, se refiere a la

jurisdicción

del

Tribunal

de

Menores

para

implementar

y

supervisar las medidas dispositivas impuestas a los menores que

son hallados incursos en faltas. A tal fin, el Art. 5, íd.,

señala en su primer párrafo que la jurisdicción del Tribunal de

CC-2013-0551

Menores

para

3

ejercer

esa

implementación

y

supervisión

cesa

cuando el menor cumple 21 años de edad. Si intercambiamos los

términos “jurisdicción” y “autoridad” en ambos artículos nada

cambia. No es una cuestión de semántica sino de sustancia.

Esa explicación es cónsona con el análisis del tribunal

en Pueblo v. Villafañe Marcano, supra, y en la Opinión que el

Tribunal emite hoy. Por eso mi voto es de conformidad.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado