LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. Fernández Rodríguez

2013 TSPR 27

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pueblo v. Fernández Rodríguez

CC-2009-622

Procedimiento Criminal – Evidencia real obtenida como producto de declaraciones realizadas por un abogado en violación al privilegio abogado-cliente; doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso”; derecho a la no autoincriminación

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

2013 TSPR 27

188 DPR ____

Waldemar Fernández Rodríguez

Peticionario

Número del Caso: CC-2009-622

Fecha: 1ro de marzo de 2013

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan, Panel III

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Carlos Ramos Pantoja

Lcda. Carmen D. Ruiz López

Lcdo. René Muñoz Castillo

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Zaira Girón Anadón

Subprocuradora General

Materia: En Reconsideración – Procedimiento Criminal – Evidencia real

obtenida como producto de declaraciones realizadas por un abogado en

violación del privilegio abogado-cliente; doctrina del “fruto del árbol

ponzoñoso”; derecho a la no autoincriminación.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2009-622

Certiorari

Waldemar Fernández Rodríguez

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo

(En Reconsideración)

San Juan, Puerto Rico, a 1 de marzo de 2013.

En

determinar

el

presente

si

procede

caso

la

nos

corresponde

supresión

de

evidencia

real obtenida como producto de las declaraciones

realizadas

por

un

abogado

privilegio

abogado-cliente

en

violación

por

al

alegadamente

considerarse “fruto del árbol ponzoñoso”.

El

9

de

diciembre

de

2011

emitimos

una

Opinión en el presente caso, Pueblo v. Fernández

Rodríguez,

183

D.P.R.

770

(2011),

en

la

que

resolvimos

que

constituye

materia

privilegiada

inadmisible en evidencia toda información ofrecida

a un agente del orden público por el abogado de una

persona que lo vincula con conducta delictiva, sin

CC-2009-622

2

que esa persona haya renunciado al privilegio abogadocliente.

obtenida

Asimismo,

como

suprimimos

producto

de

la

toda

evidencia

información

real

revelada

al

agente del orden público, conforme a la normativa sobre

el

privilegio

abogado-cliente

y

la

garantía

constitucional a la no autoincriminación.1

Por la presente, reconsideramos nuestra posición

con el único efecto de establecer que la doctrina del

“fruto del árbol ponzoñoso” no se extiende para suprimir

evidencia real obtenida como producto de una violación al

privilegio abogado-cliente.2

I

Los

hechos

que

son

pertinentes

perfectamente

reseñados

en

reconsideramos,

Pueblo

Fernández

v.

la

se

Opinión

encuentran

que

Rodríguez,

hoy

supra,

págs. 776-783, y que pasamos a reproducir:

El caso que nos ocupa tiene su génesis en un

doble

asesinato

ocurrido

el

1

de

noviembre

de 2006, en el Barrio Venezuela de Río Piedras. Se

deduce del legajo, que en horas de la tarde de ese

día Waldemar Fernández Rodríguez acudió al Cuartel

General de la Policía (Cuartel General) en compañía

de su abogado, Lcdo. Luis Carbone, y de su amigo,

también abogado, el Lcdo. Ovidio Zayas. Una vez en

el Cuartel General, el señor Fernández Rodríguez,

el licenciado Carbone y el licenciado Zayas fueron

entrevistados por el Sargento José Curbelo Muñiz,

adscrito a la División de Homicidios. Véase

Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 15.

A preguntas del sargento Curbelo, el licenciado

Carbone expresó que en ese momento su cliente no

1

Contra esa determinación, el Procurador General compareció el 28 de

diciembre de 2011 mediante una Solicitud de Reconsideración.

2

Debido a que la controversia en este caso gira en torno a una

violación al privilegio abogado-cliente y no al derecho contra la

autoincriminación, únicamente discutimos y resolvimos si procede la

supresión de evidencia real obtenida como producto de una violación

al privilegio-abogado cliente.

CC-2009-622

emitiría declaración alguna sobre los hechos, pero

que posteriormente sí lo haría. Consecuentemente,

el sargento Curbelo le leyó las advertencias de ley

al señor Fernández Rodríguez y este las firmó en

presencia de su abogado. Luego, el señor Fernández

Rodríguez fue puesto en una celda bajo la custodia

de otros agentes. Acto seguido, el sargento Curbelo

se reunió aparte y a solas con el licenciado

Carbone para indagar sobre el arma con que

alegadamente se habían cometido los asesinatos.

Véase Apéndice de la Petición de certiorari, págs.

15-16.

A raíz de la investigación de los hechos, se

presentaron

sendas

denuncias

contra

el

peticionario. El 3 de enero de 2007 se celebró la

vista al amparo de la Regla 6 de Procedimiento

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. El peticionario

estuvo representado por varios abogados, entre

ellos el licenciado Carbone. Éstos no objetaron el

testimonio

en

cuestión

del

sargento

Curbelo.

Escuchada la prueba, se determinó causa probable

para arresto contra el señor Fernández Rodríguez.

La vista preliminar fue señalada para el 17 de

enero de 2007. Véase Apéndice de la Petición de

certiorari, pág. 145.

Luego

de

varias

suspensiones,

la

vista

preliminar comenzó el 25 de mayo de 2007, y se

extendió por varios meses. Ese día las partes

estipularon la siguiente prueba: (1) el informe de

balística; (2) la prueba de ADN; (3) el análisis

forense de la ropa incautada al señor Fernández

Rodríguez; (4) servilletas y marcas de sangre de

uno de los occisos; y (5) el registro del arma de

fuego y la licencia de tiro al blanco del señor

Fernández Rodríguez. Véase Apéndice de la Petición

de certiorari, págs. 146-147.

Posteriormente, en la continuación de la vista

preliminar los días 25 y 29 de octubre de 2007, el

Ministerio Público presentó como parte del desfile

de prueba siete testigos, entre los que figuró el

sargento Curbelo. Este declaró que el día 1 de

noviembre de 2006, como a las 5:00 p.m., escuchó

por radio que hubo una muerte violenta en la

barriada Venezuela de Río Piedras, por lo que se

personó al lugar. Estando en la escena, fue

instruido para que acudiera al Cuartel General

debido a que allí se encontraba una persona

relacionada a los hechos acaecidos acompañado de

dos abogados. El testigo añadió que en el Cuartel

General entrevistó al licenciado Carbone y que este

le indicó que representaba al señor Fernández

Rodríguez.

Específicamente,

señaló

que

el

licenciado

Carbone

le

expresó

que

el

señor

Fernández Rodríguez no haría declaración alguna en

ese momento ya que

estaba

muy nervioso y que

posteriormente ofrecería una declaración completa

de los hechos ocurridos. Véase Transcripción de

Vista Preliminar de 25 y 29 de octubre de 2007,

págs. 6-9, CC-2009-0622, Pieza 2.

3

CC-2009-622

El sargento Curbelo declaró, además, que con

posterioridad a que el licenciado Carbone le

informara que su cliente guardaba relación con los

hechos ocurridos en la barriada Venezuela, ellos

tres (el señor Fernández Rodríguez, el licenciado

Carbone y él) se ubicaron en una oficina del

cuartel para hacerle las advertencias de ley al

imputado. Así, señaló que el señor Fernández

Rodríguez leyó las advertencias de rigor y las

firmó en presencia de su abogado. Continuó narrando

que el señor Fernández Rodríguez fue puesto bajo la

custodia de otro agente en un lugar distinto a la

oficina donde se encontraban, por lo que procedió a

entrevistar a solas al licenciado Carbone. Véase

Transcripción de Vista Preliminar de 25 y 29 de

octubre de 2007, págs. 46-47 y 49, CC-2009-0622,

Pieza 2.

Así las cosas, el sargento Curbelo declaró que

durante

la

entrevista

el

licenciado

Carbone

manifestó que su cliente era extorsionado por los

occisos desde hacía un tiempo. De inmediato, el

sargento Curbelo inquirió al licenciado Carbone

sobre la localización del arma de fuego utilizada

para cometer los asesinatos, a lo que este contestó

que estaba tirada en una jardinera de una casa

aledaña al área de los hechos. Con esa información,

el sargento Curbelo procedió a llamar a la agente

Daliza Ortiz Claudio, quien se encontraba en la

escena del crimen. Una vez estableció comunicación

con la agente, el sargento Curbelo pasó el teléfono

al licenciado Carbone para que este explicara a la

agente

Ortiz

Claudio

los

detalles

sobre

la

ubicación exacta del arma. Al no poder localizar el

cargador ni las municiones, pero sí el arma de

fuego, la agente Ortiz Claudio llamó de vuelta al

sargento Curbelo para explicarle lo sucedido. Así,

el sargento Curbelo la comunicó nuevamente con el

licenciado Carbone y este le indicó a la agente

dónde estaban el cargador y las municiones. Véase

Transcripción de Vista Preliminar de 25 y 29 de

octubre de 2007, págs. 12-14, CC-2009-0622, Pieza

2.

En su contrainterrogatorio, el sargento Curbelo

reconoció que la información abogado-cliente es de

naturaleza

privilegiada.

De

igual

forma,

a

preguntas de la defensa, indicó que una vez le hizo

las

advertencias

de

ley

al

señor

Fernández

Rodríguez no le preguntó si iba a emitir una

declaración, ya que el licenciado Carbone le había

dicho expresamente que su cliente no iba a hacer

manifestación alguna porque se encontraba muy

nervioso. Asimismo, el testigo añadió que, a su

entender, el señor Fernández Rodríguez no había

hecho renuncia alguna a su privilegio abogadocliente,

como

tampoco

autorizó

al

licenciado

Carbone a que declarara por él. Véase Transcripción

de Vista Preliminar de 29 de octubre de 2007 y 7 de

mayo de 2008, págs. 47-52, CC-2009-0622, Pieza 2.

Finalmente, durante su contrainterrogatorio, el

sargento Curbelo admitió que no preguntó al señor

4

CC-2009-622

Fernández Rodríguez si renunciaba a sus derechos

constitucionales y que este no había autorizado al

licenciado

Carbone

a

divulgarle

información

privilegiada. Íd.

En consecuencia, el señor Fernández Rodríguez

solicitó que se suprimiera el testimonio del

sargento Curbelo, así como la evidencia ocupada. En

apoyo de su petitorio, el imputado adujo que el

testimonio del sargento Curbelo era inadmisible

debido a que era producto de una declaración

confidencial que él le hizo a su abogado, que esta

declaración era de naturaleza privilegiada y que

estaba cobijada por el privilegio abogado-cliente.

También alegó, que el arma y las municiones

ocupadas constituían frutos del árbol ponzoñoso

pues su descubrimiento fue producto directo de una

conversación privilegiada. Véase Apéndice de la

Petición de certiorari, pág. 146.

Luego de diversos trámites procesales, en

febrero de 2008 el Tribunal de Primera Instancia

emitió una resolución mediante la cual descalificó

al licenciado Carbone como abogado del señor

Fernández Rodríguez y lo citó para que compareciera

como testigo a la vista de supresión de evidencia.

Además, el foro primario citó como testigo al

licenciado Zayas, quien estuvo presente en ciertas

conversaciones entre el licenciado Carbone y el

imputado Fernández Rodríguez. Todo ello en aras de

escudriñar adecuadamente la solicitud de supresión

del testimonio del sargento Curbelo. Véase Apéndice

de la Petición de certiorari, pág. 146.

Véase,

además, Transcripción de Vistas de 29 de octubre

2007 y 7 de mayo de 2008, págs. 106-108,

CC-2009-0622, Pieza 2.

Así, pues, el 7 de mayo de 2008 el Tribunal de

Primera Instancia celebró una vista de supresión de

evidencia en la que testificaron el licenciado

Carbone y el licenciado Zayas, entre otros. En

esencia, el licenciado Carbone negó haber informado

al sargento Curbelo sobre la localización del arma,

cargador y municiones debido a que no estuvo en el

lugar de los hechos y desconocía totalmente esta

información.

Véase Transcripción de Vistas de

29 de octubre 2007 y 7 de mayo de 2008, págs. 106108, CC-2009-0622, Pieza 2.

Véase, además,

Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 146.

Por su parte, el licenciado Zayas testificó, en lo

pertinente, que el 1 de noviembre de 2006 acompañó

al señor Fernández Rodríguez al Cuartel General en

calidad de amigo y no como su abogado. Véase

Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 146147.

Culminada la vista de supresión de evidencia,

el 9 de mayo de 2008 el Tribunal de Primera

Instancia dictó dos resoluciones. En la primera de

ellas, el foro primario declaró no ha lugar la

moción de supresión de evidencia presentada por el

señor Fernández Rodríguez. En el referido dictamen,

el tribunal de instancia señaló que no confirió

credibilidad al testimonio del licenciado Carbone

5

CC-2009-622

6

ni al del licenciado Zayas porque habían omitido

hechos importantes y fueron inconsistentes sus

declaraciones. Véase Apéndice de la Petición de

certiorari, pág. 147.

Cónsono con lo anterior, el tribunal primario

sostuvo que no se había violado el privilegio

abogado-cliente del señor Fernández Rodríguez.

Ello, debido a que su intención siempre fue acudir

al Cuartel General para entregarse. A esos efectos,

añadió

que

Fernández

Rodríguez

compareció

acompañado

y

asesorado

por

su

abogado,

el

licenciado Carbone, se presentó con la intención de

hacer unas declaraciones sobre un doble asesinato

que había ocurrido esa misma tarde y estuvo

presente cuando su abogado divulgó la razón para su

comparecencia. Véase Apéndice de la Petición de

certiorari, págs. 65 y 146-147.

Por otra parte, en la segunda resolución, el

Tribunal de Primera Instancia determinó causa

probable para acusar por dos cargos de asesinato,

dos cargos al amparo del Art. 5.15 y un cargo por

infracción al Art. 5.04 de la Ley Núm. 404-2000,

según enmendada, conocida como Ley de Armas de

Puerto Rico. Véase Apéndice de la Petición de

certiorari, pág. 65.

Subsiguientemente, el 16 de mayo de 2008 el

Pueblo presentó las acusaciones según autorizadas

contra el señor Fernández Rodríguez. El 9 de junio

del mismo año, el imputado presentó una Moción de

Desestimación al amparo de la Regla 64(p) de

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. En su

escrito adujo que la determinación de causa

probable para acusar fue contraria a derecho debido

a que la prueba presentada en la vista preliminar

era inadmisible e ilegal por ser producto de

información privilegiada, la cual fue confiada por

el imputado a su representante legal. Además,

señaló que la única prueba que lo ataba a los

hechos era el testimonio del sargento Curbelo y

que, siendo el mismo inadmisible, la determinación

de

causa

probable

era

contraria

a

derecho.

Oportunamente, el 7 de agosto de 2008 la Fiscalía

presentó su oposición al petitorio de desestimación

presentada por el imputado. Véase Apéndice de la

Petición de certiorari, págs. 65-69.

Luego de varias incidencias procesales, el

29 de diciembre de 2008 el foro primario emitió una

resolución en la que denegó la solicitud de

desestimación

del

imputado.

En

su

dictamen

puntualizó que aunque el señor Fernández Rodríguez

no renunció a su privilegio abogado-cliente, el

testimonio del sargento Curbelo era admisible.

Ello, debido a que el sargento Curbelo actuó

conforme a la doctrina de “autoridad aparente”. Es

decir,

…el sargento Curbelo estaba convencido de que

el licenciado Carbone estaba autorizado a

divulgar

[la]

información

que

divulgó.

Ciertamente aparentaba tenerla. Las propias

actuaciones del licenciado Carbone son las que

CC-2009-622

7

dan base “a la buena fe de los agentes de la

policía y permite llegar a una creencia o

conclusión razonable de que la persona que

representa tener la autoridad… la tiene”.

Apéndice de la Petición de certiorari, pág.

86.

Inconforme, el 28 de enero de 2009 el imputado

presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal

de Apelaciones. El Ministerio Público, por su

parte, se opuso oportunamente. Estudiados los

argumentos de las partes, el 22 de mayo de 2009 el

Tribunal de Apelaciones dictó una sentencia y

confirmó la resolución recurrida. Sostuvo que la

determinación de causa probable para acusar fue

conforme a derecho ya que el peticionario renunció

tácitamente al privilegio abogado-cliente. Ello,

pues la prueba desfilada reveló que su intención

siempre

fue

acudir

al

Cuartel

General

para

entregarse. Véase Apéndice de la Petición de

certiorari, pág. 172.

Además, el foro apelativo intermedio señaló que

el

peticionario

no

objetó

oportunamente

el

testimonio del sargento Curbelo durante la vista de

causa probable para arresto. Por esta razón, dicho

foro coligió que era innecesario que el Tribunal de

Primera Instancia aplicara por analogía la doctrina

de “autoridad aparente”. Apéndice de la Petición de

certiorari, pág. 172.

Nuevamente insatisfecho, el 21 de julio de 2009

el imputado presentó una petición de certiorari

ante este Tribunal. En ella señaló la comisión de

los errores siguientes:

Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar

la

resolución

del

Tribunal

de

Primera

Instancia denegando la moción de desestimación

presentada

por

el

peticionario

bajo

las

disposiciones

de

la

Regla

64(p)

de

Procedimiento Criminal a pesar de que la

determinación de causa probable fue contraria

a derecho ya que la misma se basó en prueba

que legalmente no era admisible.

Es errada la decisión del foro apelativo

intermedio a los efectos de que medió una

renuncia implícita al privilegio abogadocliente

porque:

el

peticionario

había

comparecido voluntariamente al Cuartel General

de la Policía en relación a una investigación

de unos hechos delictivos; la información

ofrecida por el abogado que lo representó en

ese momento no fue compelido a ofrecer la

información en relación a dónde se encontraba

el

arma

de

fuego

sino

que

brindó

voluntariamente

y

sin

coacción

tal

información; y no invocó oportunamente dicho

privilegio

en

el

procedimiento

judicial

seguido en su contra. Petición de certiorari,

págs. 5-6.

CC-2009-622

8

Como señalamos, el 9 de diciembre de 2011 emitimos

una opinión en la que determinamos que era inadmisible en

evidencia toda evidencia real obtenida como producto de

información

ofrecida

por

un

privilegio

abogado-cliente.

comparecido

solicitando

abogado

El

la

en

violación

Procurador

General

reconsideración

de

al

ha

tal

dictamen.

II

A. La regla de exclusión conocida como la doctrina del

“fruto del árbol ponzoñoso”

La regla de exclusión conocida como la doctrina del

“fruto

del

árbol

ponzoñoso”

fue

establecida

por

el

Tribunal Supremo federal en Silverthorne Lumber Co. v.

United States, 251 U.S. 385 (1920), en el contexto de

excluir evidencia derivada de una violación a la Cuarta

Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.3

caso

el

Tribunal

Supremo

federal

expresó

que

En ese

“[l]a

esencia de la disposición que prohíbe adquirir evidencia

de cierta manera, no es meramente que la evidencia así

adquirida no será usada en los tribunales, sino que no

será usada de ninguna manera”.4

No obstante, el tratadista estadounidense Wayne R.

LaFave

explica

que

la

doctrina

del

“fruto

del

árbol

ponzoñoso” no se limita a los casos en que se ha violado

la

3

Cuarta

Enmienda,

supra,

E.L. Chiesa,

Derecho procesal

Publicaciones JTS, 2006, pág. 127.

4

sino

que

penal:

también

etapa

se

ha

investigativa,

Silverthorne Lumber Co. v. United States, 251 U.S. 385, 392 (1920).

CC-2009-622

9

utilizado

cuando

constitucionales,

confesiones

han

otras

como

las

ruedas

obtenidas

en

violación

constitucionales.5

federal

ocurrido

esta

situaciones

en

producto

de

de

violaciones

detenidos

a

los

y

las

derechos

Es importante señalar que en el foro

doctrina

se

ha

utilizado

mayormente

las

se

ha

obtenido

evidencia

que

arrestos

o

registros

en

como

ilegales,

interrogatorios ilegales e identificaciones ilegales.6

En el 1961 con el caso de Mapp v. Ohio, 367 U.S.

643

(1961),

regla

de

el

Tribunal

exclusión

Decimocuarta

a

Supremo

los

Enmienda.7

federal

estados,

El

caso

a

incorporó

través

resolvió

de

que

la

la

toda

evidencia obtenida en violación a la Cuarta Enmienda,

supra, bien por funcionarios federales o estatales, será

inadmisible tanto en las cortes federales como en las

cortes estatales.8

los

estados

a

Sin embargo, esta pauta no obligó a

implantar

una

regla

de

exclusión

con

relación a la evidencia obtenida en violación de la ley o

el derecho estatal.9

Puerto

Rico,

están

Esto es, los estados, incluyendo

obligados

a

utilizar

la

regla

de

exclusión cuando se obtiene evidencia en violación a la

Cuarta Enmienda, pero no así cuando se obtiene evidencia

5

6 LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment

Sec. 11.4, pág. 257 (2004).

6

3 LaFave, Israel, King & Kerr, Criminal Procedure Sec. 9.3(a), pág.

419 (2007).

7

E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados

Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, vol. I, pág. 289.

8

Íd., pág. 290.

9

Íd.

CC-2009-622

10

en violación a un derecho estatal.

En esas instancias,

Puerto Rico, como cada estado, tiene la discreción de

implantar o no la regla de exclusión.

En nuestra jurisdicción, más de una década antes

del

caso

de

Mapp

promulgación

de

incorporado

una

jurisprudencia.10

regla

de

v.

Ohio,

nuestra

supra,

y

Constitución,

regla

de

antes

de

ya

había

se

exclusión

la

mediante

No obstante, el único propósito de esa

exclusión

era

evitar

que

funcionarios

gubernamentales se beneficiaran de actuaciones claramente

ilegales.11

Luego,

Constituyente

optaron

exclusión

creada

Silverthorne

por

Lumber

los

miembros

por

de

la

Convención

incorporar

la

regla

de

Supremo

federal

en

el

Tribunal

Co.

v.

United

States,

expresamente al texto de la Constitución.12

supra,

Así, y en lo

pertinente, el Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución

dispone claramente que “evidencia obtenida en violación a

esta sección será inadmisible en los tribunales”.13

B. Aplicación de la doctrina del “fruto del árbol

ponzoñoso” para suprimir evidencia real obtenida en

violación a los privilegios probatorios

1. Estados Unidos

10

Véanse: Pueblo v. Rosado, 62 D.P.R. 197 (1943); Pueblo v. Decós,

62 D.P.R. 148 (1943); Pueblo v. Capriles, 58 D.P.R. 548 (1941).

Véase, además, Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina,

130 D.P.R. 352, 357-358 (1992).

11

Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, supra, pág. 358.

12

E.L. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 290.

13

Art. II, Sec. 10. Const. E.L.A., Tomo 1.

CC-2009-622

11

Como mencionáramos anteriormente, el foro federal

ha utilizado mayormente la doctrina del “fruto del árbol

ponzoñoso” cuando se ha obtenido evidencia real como

producto de la violación a la Cuarta Enmienda, supra.

Más aún, aunque el Tribunal Supremo federal nunca ha

establecido

expresamente

que

dicha

doctrina

solo

se

circunscribe a violaciones a la mencionada enmienda, lo

cierto es que, al día de hoy, ese foro no ha resuelto

ninguna controversia en la cual se haya aplicado la

doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso” a evidencia

obtenida

en

violación

a

uno

de

los

privilegios

probatorios, como lo es el privilegio abogado-cliente.

Sin

embargo,

Apelaciones

varios

federal

sí

circuitos

han

tenido

del

la

Tribunal

de

oportunidad

de

expresar si la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso”

aplica

para

producto

suprimir

de

violaciones

constitucionales.

conclusión

evidencia

de

real

a

obtenida

como

privilegios

no

Todos los circuitos han llegado a la

que

la

doctrina

del

“fruto

del

árbol

ponzoñoso” no aplica cuando se ha obtenido evidencia real

en

violación

interpretaron

a

los

que

privilegios

esa

probatorios.14

doctrina

está

violaciones de privilegios constitucionales.

Estos

limitada

a

Incluso, el

Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito expresó

14

Véanse: U.S. v. Warshak, 631 F.3d 266 (6th Cir. 2010);

U.S. v. Squillacote, 221 F.3d 542 (4th Cir. 2000); Nickel v.

Hannigan, 97 F.3d 403 (10th Cir. 1996); U.S. v. Marashi, 913 F.2d 724

(9th Cir. 1990); U.S. v. White, 879 F.2d 1509 (7th Cir. 1989).

CC-2009-622

12

que ningún tribunal ha aplicado la doctrina del “fruto

del árbol ponzoñoso” a los privilegios probatorios.15

De manera persuasiva, veamos lo que dos circuitos

del

Tribunal

de

Apelaciones

federal

resolvieron

en

controversias en las que se quería aplicar la mencionada

doctrina para suprimir evidencia obtenida como producto

de la violación al privilegio abogado-cliente.

Tan

reciente

como

en

el

2010,

el

Tribunal

de

Apelaciones para el Sexto Circuito resolvió el caso de

U.S. v. Warshak, 631 F.3d 266 (6th Cir. 2010).

En ese

caso, el gobierno se encontraba investigando a Berkeley

Premium Nutraceuticals, Inc.

Durante un registro de las

oficinas principales, los agentes copiaron el contenido

de unas 90 computadoras.

Entre los documentos obtenidos

se encontraban documentos protegidos por el privilegio

abogado-cliente.16

Además, a través de una orden del

tribunal, tuvieron acceso al correo electrónico de la

corporación.

En el correo electrónico existían más de

60,000 comunicaciones con abogados.17

Warshak

violación

alegó

al

que

esos

documentos

privilegio

El señor Steven

se

obtuvieron

abogado-cliente

consiguiente, pidió que se suprimieran.

y,

en

por

Al respecto, el

Tribunal de Apelaciones para el Sexto Circuito resolvió

que no encontró ninguna autoridad que indicara que la

evidencia derivativa obtenida en violación al privilegio

15

Véase nota al calce 11 en U.S. v. Marashi, supra.

16

U.S. v. Warshak, supra, pág. 292.

17

Íd.

CC-2009-622

13

abogado-cliente es suprimible.18

Al respecto expresó lo

siguiente:

[W]e agree that it is unwise to extend the fruitof-the-poisonous-tree doctrine beyond the context

of constitutional violations.19 (Énfasis nuestro.)

En

Nickel

v.

Hannigan,

97

F.3d

(10th

403

Cir.

1996), el Tribunal de Apelaciones para el Décimo Circuito

negó aplicar la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso”

a la violación del privilegio abogado-cliente.

caso,

el

Sr.

Willie

Nickel

acudió

a

la

En este

oficina

del

abogado Dan Boyer y confesó que había asesinado a una

señora.20

Luego de que el señor Nickel se marchara, el

abogado llamó a la Policía e indicó que el señor Nickel

posiblemente había cometido un asesinato.

Más tarde, el

licenciado Boyer llamó al señor Nickel y le aconsejó que

acudiera

a

la

Policía

a

entregarse.21

Siguiendo

consejo del abogado, el señor Nickel se entregó.

el

Durante

el interrogatorio, el señor Nickel solicitó un abogado y

se

le

asignó

al

abogado

representara.

En

la

William

vista

Mize

preliminar,

para

el

que

lo

Ministerio

Público sentó al licenciado Boyer a testificar contra el

acusado.

El

aduciendo

que

licenciado

ese

Mize

objetó

el

testimonio

testimonio

violaba

el

privilegio

abogado-cliente que existía entre el licenciado Boyer y

el señor Nickel.

Sin embargo, el tribunal permitió el

18

Íd., pág. 294.

19

Íd.

20

Nickel v. Hannigan, supra, pág. 405.

21

Íd.

CC-2009-622

14

testimonio.22

El licenciado Boyer se sentó nuevamente a

testificar en el juicio.

Así las cosas, el señor Nickel

fue hallado culpable por asesinato en primer grado.

El

señor Nickel alegó que el licenciado Mize violó la Sexta

Enmienda al no representarlo adecuadamente, esto por no

objetar el testimonio del licenciado Boyer en el juicio.

El

Tribunal

de

Apelaciones

para

el

Décimo

Circuito

expresó que:

[A]lthough Mr. Nickel‟s confession to Detective

Marble

could

be

considered

the

result

of

Mr. Boyer‟s breach of Mr. Nickel‟s attorney-client

privilege in reporting Mr. Nickel to the police,

there is no indication that Kansas law requires

the exclusion of all evidence derived from a

breach of an attorney-client privilege. Further,

other courts have refused to apply such a broad

evidentiary rule of exclusion to breaches of

privilege.

[R]ejecting the application of the fruit of the

poisonous tree doctrine to evidence obtained from

a

breach

of

attorney-client

privilege

and

reasoning that “the marginal effectiveness of

denying use to an innocent [state] agency for

reports produced not by a state but by a private

citizen is not justified”.23 (Énfasis nuestro.)

Por otra parte, también existe jurisprudencia de

distintos estados que, al igual que los circuitos del

Tribunal

de

Apelaciones

federal,

doctrina

del

“fruto

del

árbol

en

violación

evidencia

obtenida

probatorios.24

han

resuelto

ponzoñoso”

a

los

no

que

la

aplica

a

privilegios

Por ejemplo, en el estado de Florida el

Tribunal de Apelaciones para el Cuarto Distrito resolvió

22

Íd., pág. 406.

23

Nickel v. Hannigan, supra, pág. 409.

24

Véanse: People v. Navarro, 138 Cal. App. 4th 146 (2006);

State v. Sandini, 395 So.2d 1178 (1981); Securities and Exchange

Commission v. OKC Corp., 474 F. Supp. 1031 (1979).

CC-2009-622

15

el caso State v. Sandini, 395 So.2d 1178 (1981).

En ese

caso, el abogado del acusado violó el privilegio abogadocliente y ofreció a la Policía cierta información que fue

esencial para establecer causa probable para realizar un

registro.

El tribunal apelativo expresó que no existe

justificación

suficiente

para

extender

la

regla

de

exclusión para suprimir evidencia obtenida como producto

de

las

declaraciones

voluntarias

de

un

violación al privilegio abogado-cliente.25

abogado

en

Añadió que el

cliente que haya sufrido daños por dicha violación podrá

incoar

una

presentar

demanda

una

civil

queja

por

contra

el

abogado

y

podrá

violación

al

Código

de

Ética

Profesional.26

Podemos

observar

que,

según

los

tribunales

han

interpretado la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso”

y

los

privilegios

privilegios

no

probatorios,

conlleva

obtenidos.27

Y

proveen

protección

una

confidenciales.

es

Una

que,

de

la

la

supresión

los

de

privilegios

limitada

esas

violación

a

de

los

tales

frutos

probatorios

comunicaciones

limitaciones

es

que

los

frutos que se obtengan por comunicaciones no autorizadas,

en violación a los privilegios, no son excluidos como

25

State v. Sandini, supra, pág. 1181.

26

Íd.

27

R.P. Mosteller, Admissibility of Fruits of Breached Evidentiary

Privileges:

The

Importance

of

Adversarial

Fairness,

Party

Culpability, and Fear of Immunity, 81 Wash. U. L.Q. 961, 1010

(2003).

CC-2009-622

16

evidencia.28

La comunicación privilegiada revelada será

excluida

hacerse

por

en

violación

al

privilegio,

sin

embargo no será una justificación para que se excluya la

evidencia derivada de dicha comunicación.29

2. Puerto Rico

Como

mencionáramos

anteriormente,

el

caso

de

Mapp v. Ohio, supra, resolvió que toda evidencia obtenida

en

violación

funcionarios

tanto

en

estatales.

a

la

Cuarta

federales

las

cortes

o

Enmienda,

estatales,

federales

supra,

será

como

en

bien

por

inadmisible

las

cortes

Sin embargo, los estados pueden optar por no

aplicar la regla de exclusión a evidencia obtenida en

violación al derecho estatal que no constituye violación

a la Cuarta Enmienda, supra.30

Esto quiere decir que si

agentes estatales actúan de manera que violan un derecho

estatal, pero no violan la Cuarta Enmienda, supra, no es

aplicable la regla de exclusión de dicha enmienda.31

El

derecho estatal determinará si la evidencia es admisible

en la corte estatal.32

28

Íd., pág. 963.

29

Íd., pág. 1006.

30

E.L. Chiesa Aponte, op. cit., págs. 290-291.

31

E.L. Chiesa,

cit., pág. 112.

32

Íd.

Derecho

procesal

penal:

etapa

investigativa,

op.

CC-2009-622

17

Por otro lado, nuestra regla de exclusión es de

naturaleza

constitucional.

En

otras

palabras,

aprobarse nuestra Constitución en el 1952

al

Puerto Rico

optó por incorporar expresamente la regla de exclusión

federal en la Sección 10 de su Carta de Derechos.33

Desde

entonces,

la

jurisprudencia

se

apartado

de

la

federal

con

relación

exclusión.34

ponzoñoso”

suprimir

de

esta

Curia

interpretación

del

Tribunal

al

alcance

de

no

la

ha

Supremo

regla

de

Esto es, la doctrina del “fruto del árbol

se

ha

utilizado

por

este

Tribunal

evidencia

obtenida

como

fruto

de

para

registros

ilegales,35 arrestos ilegales36 y detenciones ilegales de

un

vehículo.37

Además,

hemos

suprimido

confiscaciones

producto de registros ilegales,38 confesiones producto de

detenciones y registros ilegales39 e identificaciones de

acusados producto de detenciones ilegales.40

Sin embargo,

nunca

la

hemos

avalado

la

utilización

de

regla

de

exclusión para suprimir evidencia obtenida en violación a

33

34

Íd.

E.L. Chiesa,

cit., pág. 132.

35

Derecho

procesal

penal:

etapa

investigativa,

op.

Pueblo v. Cedeño Laclaustra, 157 D.P.R. 743 (2002).

36

Pueblo v. Calderón Díaz, 156 D.P.R. 549 (2002); Pueblo v. Bonilla,

120 D.P.R. 92 (1987).

37

Pueblo v. Serrano Cancel, 148 D.P.R. 173 (1999); Pueblo v. Yip

Berríos, 142 D.P.R. 386 (1997).

38

Pueblo

v.

Negrón

Martínez

II,

144

D.P.R.

Pueblo v. Negrón Martínez I, 143 D.P.R. 1 (1997).

39

Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 D.P.R.

Rodríguez Rivera, 91 D.P.R. 456 (1964).

40

356

Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739 (1980).

873

(1997);

(1998);

Pueblo

v.

CC-2009-622

18

otros derechos estatales, como lo son los privilegios

probatorios.

Antes de incorporar la regla de exclusión a nuestra

Constitución,

presentaron

en

seis

la

Convención

proposiciones

Constituyente

que

disponían

sobre

se

la

inadmisibilidad de la evidencia obtenida en violación de

alguna sección de la Constitución.41

Luego, en el Informe

de la Comisión de la Carta de Derechos se expresó que el

propósito

de

la

regla

de

exclusión

era

“dar

garantía

adicional y efectiva a estos derechos [los contenidos en

el Art. II, Sec. 10]”.42

Convención

incorporar

Constituyente

esta

Constitución.

un

interés

Así las cosas, los padres de la

doctrina

tomaron

al

Art.

la

II,

decisión

Sec.

10

de

de

la

Fundamentaron su decisión en que existía

público

de

hacer

valer

la

garantía

contra

registros, detenciones o incautaciones irrazonables.43

En el caso de Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno

Medina, 130 D.P.R. 352, 358-359 (1992), expresamos los

propósitos de incluir esta regla de exclusión al Art. II,

Sec.

10

de

nuestra

Constitución.

En

lo

pertinente,

expusimos que:

[L]a

regla

de

exclusión

encarna

tres

(3)

propósitos ínsitos en el Art. II, Sec. 10, supra.

Primero, disuadir y desalentar a los funcionarios

del orden público de que violen la protección

constitucional (deterrence). Se reconoce que este

41

Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, supra, pág. 356.

42

4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2568 (1952).

Véase, además, Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, supra,

pág. 356.

43

Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, supra, pág. 359.

CC-2009-622

19

elemento

disuasivo

realmente

es

el

más

fundamental. Segundo, integridad judicial. Los

tribunales no deben ser cómplices de actos de

desobediencia

a

la

Constitución

y

admitir

evidencia ilegalmente obtenida. Y tercero, impedir

que el Gobierno se beneficie de sus propios actos

ilícitos; de otra manera la ciudadanía perdería

confianza en el Gobierno.44 (Énfasis nuestro.)

En conclusión y en esencia, la doctrina del “fruto

del árbol ponzoñoso” se estableció con el propósito de

evitar que los agentes del gobierno obtengan evidencia de

forma

reñida

con

la

protección

constitucional.

Esta

doctrina no se incorporó en ninguna otra sección de la

Constitución

y

tampoco

se

ha

extendido

a

ningún

otro

derecho estatal.

III

Argumenta el Procurador General que “la supresión

de

las

declaraciones

supresión

de

municiones)”.

la

privilegiadas

evidencia

real

(el

no

arma,

acarrea

la

cargador

y

Le asiste la razón al Procurador General.

Veamos.

El Tribunal Supremo federal estableció la doctrina

del

“fruto

Cuarta

del

árbol

Enmienda,

ponzoñoso”

supra.

En

en

cuanto

violaciones

a

los

a

la

estados,

incluyendo a Puerto Rico, solamente dispuso que tenían

que aplicar la regla de exclusión cuando se viola la

Cuarta Enmienda, supra, ya sea por funcionarios federales

o estatales.

Sin embargo, no limitó a los estados a

utilizar la doctrina en leyes o derechos estatales.

Así

las cosas, Puerto Rico optó por incorporar la regla de

44

Véase, además, E.L. Chiesa Aponte, op. cit., págs. 284-285.

CC-2009-622

20

exclusión al Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución,

supra.

Esto implica que la doctrina en Puerto Rico es de

naturaleza

constitucional

y

evidencia

por

detenciones

irrazonables.

registros,

aplica

cuando

o

se

obtiene

incautaciones

No hemos extendido la doctrina del “fruto

del árbol ponzoñoso” cuando se han violado otras leyes o

derechos estatales.

Por otra parte, resulta importante advertir que los

privilegios

probatorios

exclusión.

Esta regla de exclusión establece que toda

comunicación

tienen

privilegiada

su

revelada

propia

en

regla

violación

privilegio será inadmisible como evidencia.

de

al

Nótese que

la propia regla limita su alcance a la comunicación per

se,

no

incluye

aquella

evidencia

consecuencia de esa comunicación.

que

surja

como

Por lo tanto y a tenor

con lo anterior, cuando se viola un privilegio probatorio

se excluirá únicamente la comunicación que se hizo en

violación

al

privilegio.

En

conclusión,

no

existe

ninguna norma en Puerto Rico ni en Estados Unidos que

justifique

extender

la

doctrina

del

“fruto

del

árbol

ponzoñoso” a evidencia real obtenida en violación a estos

privilegios.

En

el

caso

de

autos,

en

primer

lugar

debemos

resaltar el hecho de que el agente del orden público no

actuó

de

manera

abusiva

evidencia de manera ilegal.

ni

maliciosa

para

obtener

Quien violó el privilegio

abogado-cliente y actuó contrario al derecho vigente fue

CC-2009-622

21

el abogado del acusado.45

Una vez el policía le preguntó

al abogado dónde se encontraba el arma, su obligación era

levantar el privilegio abogado-cliente, pero no lo hizo.

Esa

declaración

privilegio

del

abogado

abogado-cliente

se

hizo

en

violación

al

y,

por

lo

tanto,

esa

comunicación privilegiada no es admisible como evidencia.

Sin embargo, la evidencia que se obtuvo como fruto de esa

comunicación, en este caso el arma, el cargador y las

municiones, sí es admisible en evidencia.

real

no

se

obtuvo

por

actuaciones

Esta evidencia

ilegales

de

los

agentes, en violación al Art. II, Sec. 10 de nuestra

Constitución, supra, sino por el testimonio que realizó

el abogado en violación al privilegio abogado-cliente.

Por

lo

tanto,

aplica

la

regla

de

exclusión

de

los

privilegios probatorios, mas no la doctrina del “fruto

del

árbol

ponzoñoso”

para

suprimir

la

evidencia

real

obtenida.

El cliente que se ve afectado por la violación al

privilegio

abogado-cliente

1)

una

45

presentar

demanda

tiene

civil

por

dos

remedios:

daños

contra

el

Conviene aclarar lo dicho en la Opinión que en parte hoy

reconsideramos en el sentido de que “si la información divulgada de

forma no autorizada incrimina penalmente… el abogado… viola el

derecho a la no autoincriminación de su cliente”.

Lo que quisimos

decir fue lo señalado por los tratadistas Weinstein y Berger en el

sentido de la estrecha relación que existe entre esta falta ética y

el derecho a la no autoincriminación del cliente; no que el abogado

pueda violar tal derecho constitucional. J.B. Weinstein & M.A.

Berger, Weinstein's Federal Evidence, Vol. 3, Sec. 503.03[1] (Joseph

M. McLaughlin, ed., Mattew Bender 2011); Notes, The Attorney–Client

Privilege: Fixed Rules, Balancing, and Constitutional Entitlement,

91 Harv. L.Rev. 464, 480 (1977).

CC-2009-622

22

abogado, y 2) procurar una acción disciplinaria contra el

abogado.

IV

Por todo lo anterior, reconsideramos lo resuelto en

Pueblo v. Fernández Rodríguez, supra, y establecemos que

la

regla

de

exclusión,

conocida

como

la

doctrina

del

“fruto del árbol ponzoñoso”, no se extiende para suprimir

evidencia real obtenida como producto de una violación al

privilegio abogado-cliente.

Siendo así, se modifica la Opinión emitida por esta

Curia

a

los

únicos

fines

de

limitar

la

exclusión

de

evidencia a las declaraciones del abogado en violación al

privilegio abogado-cliente y no extender la exclusión al

arma, cargador y municiones ocupadas.

Se dictará sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2009-622

Certiorari

Waldemar Fernández Rodríguez

Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 1 de marzo de 2013.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte íntegra

de la presente, reconsideramos lo resuelto en

Pueblo v. Fernández Rodríguez, 183 D.P.R. 770

(2011), y establecemos que la regla de exclusión,

conocida como la doctrina del “fruto del árbol

ponzoñoso”, no se extiende para suprimir evidencia

real obtenida como producto de una violación al

privilegio abogado-cliente.

Siendo así, se modifica la Opinión emitida

por esta Curia a los únicos fines de limitar la

exclusión de evidencia a las declaraciones del

abogado en violación al privilegio abogado-cliente

y no extender la exclusión al arma, cargador y

municiones ocupadas.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El

Juez Asociado señor Rivera García emitió Opinión

Concurrente. La Jueza Asociada señora Fiol Matta

concurre con el resultado sin opinión escrita.

CC-2009-622

2

El Juez Presidente señor

constar la siguiente expresión:

Hernández

Denton

hace

El

Juez

Presidente

señor

Hernández

Denton disiente de la Opinión mayoritaria,

por las mismas razones expuestas en su

disenso en Pueblo v. Fernández Rodríguez, 183

D.P.R. 770 (2011).

La

Juez

Asociada

señora

disiente sin opinión escrita.

Rodríguez

Rodríguez

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Certiorari

Recurrido

v.

CC-2009-0622

Waldemar Fernández Rodríguez

Peticionario

Opinión concurrente

Rivera García.

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de marzo de 2013.

El 9 de diciembre de 2011 dictamos la Opinión Pueblo

v.

Fernández

Rodríguez,

183

D.P.R.

770

(2011),

donde

resolvimos que no podían admitirse en evidencia partes del

testimonio

que

involucraba

brindó

materia

un

agente

de

privilegiada

privilegio

abogado-cliente.

Así

supresión

de

real

testimonio.

General

la

la

evidencia

policía,

cobijada

también,

porque

por

el

ordenamos

producto

de

la

dicho

El 28 de diciembre de 2011 el Procurador

presentó

ante

esta

Curia

una

moción

de

reconsideración en la que argumenta que erramos al excluir

dicha evidencia y al aplicar en este caso la doctrina del

“fruto del árbol ponzoñoso”.

CC-2009-0622

2

Rexaminada

la

controversia,

una

mayoría

de

este

Tribunal colige que erramos al excluir los frutos de la

divulgación

de

la

Estado

los

obtuvo

no

comunicación

de

privilegiada

manera

porque

el

Luego

de

ilegal.

justipreciar el asunto, concurrimos con ello, no obstante,

entendemos necesario aclarar ciertos extremos.

I

A

La

Opinión

transcribe

caso.

en

Reconsideración

que

hoy

se

emite

fielmente los antecedentes fácticos de este

Sin embargo,

en aras de destacar la controversia

medular del asunto que estuvo ante nuestra consideración,

pasamos a exponer los detalles pertinentes a la contención

neurálgica que hoy se reconsidera.

Allá para el 1 de noviembre de 2006, el Sr. Waldemar

Fernández Rodríguez (en adelante señor Fernández) acudió

al

cuartel

general

abogado, el

de

la

policía

acompañado

por

su

Lcdo. Luis Carbone (en adelante licenciado

Carbone), y de un amigo.

Una vez allí, el licenciado

Carbone le indicó al sargento que los entrevistó –Sgto.

José

Curbelo

Ortiz-

que

el

señor

Fernandez

no

haría

declaración alguna, ya que se encontraba muy nervioso.46

Poco tiempo después, el agente Curbelo procedió a leerle

las

advertencias

específico,

46

le

pertinentes

indicó

que

al

tenía

señor

Fernandez.47

“derecho

a

permanecer

Transcripción de la vista del 25 y 29 octubre 2009, pág. 41.

Íd., pág. 11.

47

En

CC-2009-0622

3

callado, (a que) todo lo que di(jera) podr(ía) ser usado

en su contra,… (a) estar representado por un abogado… y a

no

declarar”.48

Luego

de

esto,

el

licenciado

Carbone,

quien estuvo presente cuando le hicieron las advertencias

de

rigor

agente

al

Curbelo

momentos.49

el

señor

Fernández,

que

su

nuevamente

cliente

no

le

indicó

declararía

en

al

esos

Igualmente lo reconoció dicho agente durante

interrogatorio

que

se

le

practicó

en

la

vista

preliminar, cuando reconoció que el señor Fernández invocó

su derecho a no declarar.50

En vista de que el licenciado Carbone “se mantuvo

diciendo(le) que su cliente estaba nervioso y que no iba a

prestar declaración jurada en esos momentos”51, el agente

Curbelo

inquirió

encontraba

el

arma

a

dicho

que

había

relación a es(os) hechos”.52

abogado

sobre

utilizado

su

“dónde

se

cliente

con

En respuesta, el licenciado

Carbone le ofreció información sobre la ubicación de la

misma.

Acto seguido, el agente Curbelo informó

ese dato

a una agente que se encontraba en la escena del crimen.

Minutos después, dicha agente contactó vía telefónica al

agente Curbelo y le requirió pistas adicionales para poder

dar con el paradero de las municiones y el cargador del

48

Transcripción de la vista del 29 de octubre de 2007 y 7 de mayo de

2008, pág. 8.

49

Transcripción de la vista 25 y 29 de octubre de 2007, pág. 12.

50

Íd., pág. 49.

51

Íd., pág. 39.

52

Íd., pág. 12, pág. 37; Véase también, Transcripción de la vista del

29 de octubre de 2007 y 7 de mayo de 2008, pág. 9.

CC-2009-0622

arma.53

4

Ante ello, el agente Curbelo comunicó a la agente

con el licenciado Carbone, quien finalmente le indicó a

esta

última

el

lugar

preciso

dónde

se

encontraba

la

evidencia que intentaban recuperar.

Así las cosas, tanto el testimonio del agente Curbelo

como la evidencia ocupada en virtud de la información que

el licenciado Carbone le ofreció a este, se presentó como

evidencia en contra del señor Fernández.

Ante ello, este

solicitó la supresión alegando que eran producto directo

de una comunicación privilegiada.

Instancia

declaró

no

ha

El Tribunal de Primera

lugar

dicha

petición,

determinación que confirmó el foro apelativo.

Llegada

la

controversia

a

esta

Fernández alegó en su recurso de

actuación

del

Estado

autoincriminación,

el

vulneró

Curia,

el

señor

certiorari

que

“…la

(su)

privilegio

derecho

contra

abogado-cliente

y

la

el

derecho al debido proceso de ley.” (Énfasis nuestro) Véase

Alegato del peticionario, pág. 7.

Indicó que resultaba

“insostenible que, por un lado, se (le garantizara) el

derecho contra la autoincriminación, y por otro lado, se

requiera del representante legal de la persona información

que está íntimamente entrelazada a tal derecho…”. Íd. Pág.

20.

Sostuvo que era aplicable a su caso la normativa

atinente a la obtención de manifestaciones incriminatorias

involuntarias por parte del Estado. Íd., pág. 23.

Pueblo

53

v.

Fernández

Íd., pág. 13.

Rodríguez,

supra,

Así, en

resolvimos

la

CC-2009-0622

5

controversia y ordenamos que se suprimieran el testimonio

del agente Curbelo que involucraba materia privilegiada,

así como el arma, el cargador y las municiones por ser

producto de dicho testimonio.

Inconforme, el Procurador General acude nuevamente a

este

Tribunal

mediante

una

moción

de

reconsideración

parcial que se circunscribe a señalar que incidimos al

excluir la evidencia real.

Esto pues, sostiene que el

Estado no cometió actuación ilegal alguna.

umbral

que

tenemos

ante

nuestra

El asunto de

consideración

es

el

siguiente: si atendiendo específicamente las contenciones

del

señor

Fernández,

privilegiada

-en

el

la

exclusión

contexto

de

de

la

la

comunicación

relación

abogado-

cliente- debió conllevar automáticamente la exclusión de

sus frutos evidenciarios.

Reconsideramos este particular,

recordando lo que antes hemos expresado, en cuanto a que

“el „temor de que se nos tache de inconsistentes no debe

impedir

que

reconsideremos‟

la

actuación,

o

decisión,

errónea que hayamos emitido en un caso en particular”.

Lebrón v. Díaz, 166 D.P.R. 89, 90 (2005), Reyes Coreano v.

Director Ejecutivo, 110 D.P.R. 40, 42 (1980).

II

A

La evidencia derivativa es aquella que se ocupa como

“fruto” de una evidencia primaria. Ese concepto se utiliza

generalmente para identificar aquella evidencia secundaria

CC-2009-0622

que

se

6

deriva

de

una

evidencia

ilegalmente

obtenida.54

Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 D.P.R. 356, 371 (1997).

Así pues, en la tramitación de los casos criminales

existen varias razones por las cuales se puede excluir

evidencia

de

esta

índole.55

Estas

instancias

son

las

siguientes: cuando la exclusión está estatuida en alguna

ley

estatal;

evidencia

“fruto

del

que

cuando

se

árbol

aplica

la

regla

de

la

doctrina

conocida

ponzoñoso”,

o;

ante

existencia

deriva

de

la

exclusión

alguna ley federal relacionada a ese asunto.

de

como

de

Véase, en

general, James J. Dalessio, Evidentiary Privileges and the

Exclusion of Derivative Evidence: Commentary and Analysis,

26 San Diego L. Rev. 625 (1989).

Es preciso señalar que la exclusión de evidencia que

se hace bajo el supuesto de que el Estado cometió alguna

actuación ilegal, lleva en sí un propósito intrínsecamente

disuasivo, pues los remedios para excluir evidencia son

una “medicina fuerte” que normalmente se reserva para las

instancias

en

que

ocurran

violaciones

constitucionales.

United States v. White, 879 F.2d 1509, 1513 (7th

Cir.

54

Como regla general, este tipo de evidencia es una “cuyo origen está

vinculado estrechamente a la evidencia obtenida originalmente en

violación de la protección constitucional” que provee la Sec. 10 de

nuestra Carta de Derechos contra arrestos y allanamientos ilegales,

Art. II sec. 10, Const. P.R., L.P.R.A. Tomo 1, Ed. 2008. Pueblo v.

Miranda Alvarado, 143 D.P.R. 356, 371 (1997).

55

Se ha expresado que: “[t]here is a derivative evidence component to

most of the constitutional exclusionary rules”. E. J. Imwinkelried,

The New Wigmore: A treatise on evidence: evidentiary privileges, Ed.

2, Sec. 6.6.6. Aspen Publishers, Vol. 2, pág. 709

CC-2009-0622

1989).

Por

7

tal

razón ,

el

Tribunal

Supremo

federal

ha enfatizado que:

Fundamental

to

suppressing

fruits

is

a

deterrence

rationale

that

the

derivative

evidence should generally be suppressed to deter

the

government

from

future

violations

of

constitutional rights. United States v. Leon,

468 U.S. 897, 908-13 (1984). Véase también,

United States v. White, supra.

Según indicamos, una de las instancias en que procede

excluir evidencia ocupada por el Estado es cuando aplica

la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso”.

La Opinión

en reconsideración que hoy se emite correctamente recoge

el tratamiento jurisprudencial atinente a la misma.

En

esencia, esta doctrina, con sus excepciones, encuentra su

origen en la jurisprudencia federal norteamericana.

Desde

principios de siglo el Tribunal Supremo federal la adoptó

al interpretar la Cuarta Enmienda de la Constitución de

Estados

Unidos,

con

el

propósito

de

lograr

un

balance

adecuado entre el “interés de encausar a los transgresores

del orden social y el de disuadir a los oficiales que

protegen y mantienen el orden público de recurrir a medios

o procedimientos ilegales, violentando de esa manera los

derechos

constitucionales

de

cada

ciudadano”.

Op.

disidente del Juez Asociado señor Rebollo López, Pueblo v.

Negrón

Martínez

I,

143

D.P.R.

1,

16

(1997).

Véase

CC-2009-0622

8

Silverthorne Lumber Co. v. United States, 251 U.S. 385

(1920).56

Según señala el Prof. Ernesto L. Chiesa, la “regla de

exclusión” que establece la doctrina del fruto del árbol

ponzoñoso se extiende a “evidencia derivativa” que ha sido

obtenida

como

“fruto”

de

evidencia

primaria

obtenida

ilegalmente. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de

Puerto

Rico

y

Estados

Forum, 1991, Vol. I,

I, supra.

Unidos,

1ra

ed.,

Colombia,

Ed.

pág. 317; Pueblo v. Negrón Martínez

Esto es, “a otra evidencia cuyo origen está

56

Resulta interesante cómo en una concisa, pero directa opinión, el

Tribunal Supremo federal reconoce la necesidad de hacer funcional la

norma establecida en la Carta Magna de Estados Unidos. Veamos:

The Government now, while in form repudiating and condemning the

illegal seizure, seeks to maintain its right to avail itself of

the knowledge obtained by that means which otherwise it would

not have had.

The proposition could not be presented more nakedly. It is that

although of course its seizure was an outrage which the

Government now regrets, it may study the papers before it

returns them, copy them, and then may use the knowledge that it

has gained to call upon the owners in a more regular form to

produce them; that the protection of the Constitution covers the

physical possession but not any advantages that the Government

can gain over the object of its pursuit by doing the forbidden

act. Weeks v. United States, 232 U. S. 383, 34 Sup. Ct. 341, 58

L. Ed. 652, L. R. A. 1915B, 834, Ann. Cas. 1915C, 1177, to be

sure, had established that laying the papers directly before the

grand jury was unwarranted, but it is taken to mean only that

two steps are required instead of one. In our opinion such is

not the law. It reduces the Fourth Amendment to a form of words.

The essence of a provision forbidding the acquisition of

evidence in a certain way is that not merely evidence so

acquired shall not be used before the Court but that it shall

not be used at all. Of course this does not mean that the facts

thus obtained become sacred and inaccessible. If knowledge of

them is gained from an independent source they may be proved

like any others, but the knowledge gained by the Government's

own wrong cannot be used by it in the way proposed. (Énfasis

nuestro y citas internas omitidas.) Silverthorne Lumber Co. v.

United States, 251 U.S. 385, 391-92 (1920).

CC-2009-0622

vinculado

9

estrechamente

originalmente

en

a

la

evidencia

violación

de

obtenida

la

protección

constitucional”. E.L. Chiesa Aponte, op. cit.

En cuanto a

esto, conviene resaltar lo que nos instruye el tratadista

La

Fave,

tal

como

se

reseña

en

la

Opinión

en

Reconsideración de autos, en cuanto a que “...la doctrina

del „fruto del árbol ponzoñoso‟ no se limita a los casos

en que se ha violado la Cuarta Enmienda, supra, sino que

también

se

ha

utilizado

cuando

han

ocurrido

otras

violaciones constitucionales, como las ruedas de detenidos

y las confesiones obtenidas en violación a los derechos

constitucionales”.

Opinión en reconsideración, págs. 8-9,

citando a La Fave, Search and Seizure: A treatise on the

fourth amendment, Vol. 6 Sec. 11.4, pág. 257 (2004).

En

ese sentido, la regla de exclusión también se ha aplicado

cuando

se

obtiene

evidencia

secundaria

fruto

de

violaciones a limitaciones no constitucionales, pero que

están estatuidas legalmente. La Fave, op. cit.

Destacamos que es acertada la discusión de la Opinión

mayoritaria en reconsideración en cuanto a que para que

aplique la referida regla de exclusión es necesario que el

Estado

incurra

en

alguna

actuación

estatal

ilegal

o

inconstitucional al obtener la pieza evidenciaria que se

intenta

excluir.

podrían

suscitarse

procedente

excluir

A

pesar

de

esto,

entendemos

situaciones

en

los

evidenciarios

frutos

las

cuales

que

sí

sería

de

la

CC-2009-0622

10

divulgación

de

una

comunicación

privilegiada

-y

aclaramos- en el contexto de la relación abogado-cliente.

B

Si bien es cierto que el privilegio abogado-cliente

no está investido de cualidad constitucional alguna, en

casos criminales existen situaciones en que este estará

estrechamente

relacionado

fundamentales

de

un

con

derechos

sospechoso

o

constitucionales

acusado.

Ante

esa

particular situación, se ha planteado que la violación del

privilegio abogado-cliente debe tratarse como se tratan

las

violaciones

constitucionales

cuando

ese

privilegio

suplementa algún derecho de raigambre constitucional, como

lo sería el derecho a representación legal adecuada que

surge de la Sexta Enmienda de la Constitución federal, el

derecho a no autoincriminarse de la Quinta Enmienda y el

debido

proceso

Enmienda.57

834,

839

de

ley

que

emana

de

la

Decimocuarta

Véase, United States v. Neill, 952 F. Supp.

(D

Evidentiary

DC

1997);

Issues,

2

B.P.

Saul,

Constitutional

Attorney-Client

Privilege

in

and

the

U.S., Cap. 10, Sec. 10:10 (2012).

Desde

hace

abogado-cliente

derecho

57

es

contra

constitucional

Véase,

décadas,

The

una

la

a

una

Attorney

se

propuso

garantía

que

el

privilegio

contra

el

menoscabo

autoincriminación

y

el

representación

legal

Client

Privilege:

derecho

adecuada.

Fixed

Emdas. V, VI, XIV, EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008.

al

rules,

CC-2009-0622

balancing,

11

and

constitutional

entitlement,

91

Harv.

L.

Rev. 464, 485 (1977).

Esto, ya que el privilegio abogado-

cliente,

que

a

pesar

de

no

se

ha

elevado

a

rango

constitucional, es clave para ejercer tales prerrogativas

constitucionales.

United States v. Neill, supra;

United

States v. White, supra. Por tanto, es correcto concluir

que el hecho de que el privilegio abogado-cliente no sea

de índole constitucional, no implica que el Estado pueda

ganar

acceso

conducta

a

comunicaciones

que

reconocidos.

mine

Véase,

privilegiadas

derechos

E.D.

mediante

constitucionalmente

Macarthur,

The

Search

and

seizure of privileged attorney-client communications, 72

U.

Chi.

L.

Rev.

729

(2005).

En

ese

sentido,

precisa

examinar si procede excluir los frutos de la divulgación

de una comunicación cobijada por el privilegio abogadocliente considerando la normativa atinente a la exclusión

de evidencia.

Según indicamos anteriormente, el privilegio abogadocliente está ligado a los derechos constitucionales contra

la autoincriminación y el derecho a asistencia de abogado.

El texto de la Sexta Enmienda de la Constitución federal

establece que en todas las causas criminales, el acusado

gozará, entre otros, del derecho a la asistencia de un

abogado

para

su

defensa.

Enmienda

VI,

Const.

EE.UU.,

L.P.R.A., Tomo I, ed. 2008. Bajo la aludida disposición,

el derecho

a asistencia de abogado se activa luego de la

iniciación

de

los

procedimientos

acusatorios

de

manera

CC-2009-0622

12

formal. Kirby v. Illinois, 406 U.S. 682, 689 (1972).

Por

otra parte, cuando se ha centralizado una investigación

sobre un individuo, a este le cobijan los derechos que

emanan de la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados

Unidos, entre ellos, el derecho a asistencia de abogado

para asegurar su derecho a la no autoincriminación.

Véase

E.L. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 66.

En

Puerto

Constitución

Rico,

la

garantiza

Sec.

criminales,

el

que

acusado

11

en

L.P.R.A.,

prerrogativa

fundamental

Además,

de

dicha

Art.

todos

disfrutará,

derecho a asistencia de abogado.

P.R.,

del

II

los

entre

de

la

procesos

otros,

del

Art. 2 Sec. 11, Const.

Tomo

1,

Ed.

2008,

pág.

343.

Esta

también

se

ha

consagrado

como

parte

del

debido

la

cláusula

representación

debe

proceso

ser

una

de

ley.

adecuada.

Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883 (1993). De esta

forma,

hemos

disfrute

de

reconocido

asistencia

cuando

esta

toma

lectura

de

acusación,

el

legal

carácter

derecho

de

en

etapa

la

acusatorio,

durante

sentencia y en la fase apelativa.

el

un

acusado

al

investigativa

en

el

acto

juicio,

al

dictarse

Íd.58

de

Véase, Miranda v.

Arizona, 384 U.S. 436 (1966).59

58

En cuanto a las disposiciones de las cuales emana el derecho a

asistencia de abogado, el Profesor Chiesa nos aclara lo siguiente:

“No cabe duda alguna de que, actualmente, el derecho a

asistencia de abogado durante el interrogatorio bajo

custodia del sospechoso emana de la Enmienda Quinta como

corolario del privilegio contra la autoincriminación y no,

del derecho a asistencia de abogado en la Enmienda Sexta.”

E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y

Estados Unidos, 1ra ed., Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. 1,

CC-2009-0622

13

Es meritorio apuntar que el derecho constitucional a

asistencia

de

abogado

claramente

alberga

en

sí

la

protección de la confidencialidad de las comunicaciones

entre el acusado y su representante.

United States v.

Henry, 447 U.S. 264, 295 (1980) (Opinión disidente del

Juez Rehnquist).

abogado-cliente

Enmienda

en

la

representación

Así pues, el concepto de la relación

se

interseca

medida

legal

en

con

la

que

estas

adecuada:

ya

Quinta

sea

y

Sexta

requieren

una

durante

un

interrogatorio al sospechoso, previo a la iniciación del

procedimiento criminal formal o luego de comenzado este.

Ante ese escenario, una de las instancias en que puede

ocurrir una vulneración al derecho a una representación

legal adecuada es cuando el Estado interviene ilegalmente

en la relación abogado-cliente para obtener información

privilegiada

y

utiliza

esa

información

evidencia en contra del imputado.

Neil, supra.

para

obtener

Véase, United States v.

En United States v. Lin Lyn Trading, Ltd.,

____________________________________________________________________

pág. 66. Véase también, Massiah v. United States, 377 U.S.

201 (1964).

Nos señala además que el derecho a asistencia de abogado que

emana directamente de la Enmienda Sexta solo se activa tras la

denuncia o acusación- es decir, con el comienzo de procedimientos

adversativos formales.

Chiesa, op. cit., pág. 66.

Bajo nuestro

entramado de reglas procesales criminales esto significa que se activa

el derecho a asistencia de abogado luego de la presentación de una

denuncia, acusación, determinación de causa probable para el arresto,

o, comparecencia ante magistrado tras la realización de un arresto sin

orden. Íd., pág. 65, esc. 41.

59

Cabe aclarar que en este caso la corte enfatizó que ante un

interrogatorio de un sospechoso bajo custodia, para proteger el

derecho contra la autoincriminación, es necesario que se le haga al

individuo las advertencias sobre sus derechos constitucionales, lo que

se ha conocido como los “Miranda rights”.

CC-2009-0622

925

F.

Supp.

14

1507,

1517

(D.

Utah

1996)60

se

dijo

lo

siguiente:

... intentional intrusion into the attorneyclient

relationship

constitutes

a

direct

interference with the Sixth Amendment rights of

a defendant, and because a fair adversary

proceeding is a fundamental right secured by the

Sixth and Fourteenth Amendments, we believe that

absent a countervailing state interest, such an

intrusion must constitute a per se violation of

the Sixth Amendment. In other words, we hold

that

when

the

state

becomes

privy

to

confidential

communications

because

of

its

purposeful intrusion into the attorney-client

relationship

and

lacks

a

legitimate

justification for doing so, a prejudicial effect

on the reliability of the trial process must be

presumed.

Por otro lado, la intrusión del Estado en la relación

abogado-cliente puede ser de tal magnitud que también configure

una violación al debido proceso de ley. Véase, R.P. Mosteller,

Admissibility of fruits of breached evidentiary privileges: The

importance of adversarial fairness, party culpability, and fear

of immunity, 81 Wash. U. L.Q. 961 (2003).

Véase también, United

States ex rel. Shiflet v. Lane, 815 F.2d 457 (7th Cir. 1987).

Así pues, se ha resuelto que cuando el Estado transgrede

los derechos que dimanan de la Quinta, Sexta o Decimocuarta

enmienda de la Constitución federal y, en consecuencia, obtiene

evidencia a través de la intrusión intencional e inadecuada en

los

derechos

constitucionales

de

una

persona,

el

remedio

correspondiente en el procedimiento criminal se limita a negarle

a la Fiscalía los frutos de la transgresión. United State v.

60

Citando a Shillinger v. Haworth, 70 F.3d 1132, 1142 (10th Cir.1995)

CC-2009-0622

15

Morrison, 449 U.S. 361, 366 (1980); Shillinger v. Haworth, 70 F.

3d 1132, 1143 (10th Cir. 1995).61

Al repasar los hechos de este caso, vemos que la

defensa

del

supresión

señor

de

amparándose

Fernández

evidencia

en

constitucional

que

a

no

y

el

se

limitó

a

reclamar

desestimación

de

los

cargos

su

derecho

Estado

violentó

autoincriminarse,

el

la

privilegio

abogado-cliente, y su derecho a un debido proceso de ley.

Ciertamente, reiteramos, por los fundamentos expuestos en

Pueblo v. Fernández Rodríguez,

supra, que las partes del

testimonio

materia

debieron

que

involucraban

admitirse

circunscribiéndonos

a

en

evidencia.

los

reclamos

de

privilegiada

Ahora

la

no

bien,

defensa,

es

forzoso concluir que no procede lo solicitado puesto que

en este caso el Estado no cometió acción ilegal alguna que

infringiera

los

derechos

constitucionales

Fernández, ni su privilegio abogado-cliente.

del

señor

Se desprende

de los testimonios vertidos en el TPI que el licenciado

Carbone divulgó voluntariamente, sin coacción alguna por

parte del agente Curbelo, información confidencial.

Por

tanto, no procede suprimir la evidencia derivativa.

Ello

pues, en este caso no cabe la menor duda de que está

61

En este último caso se expresó que: “Morrison (United State v.

Morrison, 449 U.S. 361 (1980)) makes clear that evidence obtained

through an intentional and improper intrusion into a defendant's

relationship with his attorney, as well as any “fruits of [the

prosecution's] transgression” must be suppressed in proceedings

against him”.(Citas internas omitidas).

CC-2009-0622

16

ausente alguna acción inconstitucional o ilegal atribuible

al Estado.62

III

Por los fundamentos que anteceden, concurrimos con la

Opinión en reconsideración que hoy se emite.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

62

Tal como se mencionó en US. v. Neill, 952 F. Supp. 834, 839 (D DC

1997),

“[n]onetheless, not every intrusion on the attorney-client

privilege constitutes a constitutional violation, an intrusion may

result in a constitutional violation if privileged information is

intentionally obtained and used to the defendant's detriment at

trial”.