Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pueblo v. Fernández Rodríguez
2013 TSPR 27
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pueblo v. Fernández Rodríguez
CC-2009-622
Procedimiento Criminal – Evidencia real obtenida como producto de declaraciones realizadas por un abogado en violación al privilegio abogado-cliente; doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso”; derecho a la no autoincriminación
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
v.
2013 TSPR 27
188 DPR ____
Waldemar Fernández Rodríguez
Peticionario
Número del Caso: CC-2009-622
Fecha: 1ro de marzo de 2013
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan, Panel III
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Carlos Ramos Pantoja
Lcda. Carmen D. Ruiz López
Lcdo. René Muñoz Castillo
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Zaira Girón Anadón
Subprocuradora General
Materia: En Reconsideración – Procedimiento Criminal – Evidencia real
obtenida como producto de declaraciones realizadas por un abogado en
violación del privilegio abogado-cliente; doctrina del “fruto del árbol
ponzoñoso”; derecho a la no autoincriminación.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2009-622
Certiorari
Waldemar Fernández Rodríguez
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor
Kolthoff Caraballo
(En Reconsideración)
San Juan, Puerto Rico, a 1 de marzo de 2013.
En
determinar
el
presente
si
procede
caso
la
nos
corresponde
supresión
de
evidencia
real obtenida como producto de las declaraciones
realizadas
por
un
abogado
privilegio
abogado-cliente
en
violación
por
al
alegadamente
considerarse “fruto del árbol ponzoñoso”.
El
9
de
diciembre
de
2011
emitimos
una
Opinión en el presente caso, Pueblo v. Fernández
Rodríguez,
183
D.P.R.
770
(2011),
en
la
que
resolvimos
que
constituye
materia
privilegiada
inadmisible en evidencia toda información ofrecida
a un agente del orden público por el abogado de una
persona que lo vincula con conducta delictiva, sin
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2
que esa persona haya renunciado al privilegio abogadocliente.
obtenida
Asimismo,
como
suprimimos
producto
de
la
toda
evidencia
información
real
revelada
al
agente del orden público, conforme a la normativa sobre
el
privilegio
abogado-cliente
y
la
garantía
constitucional a la no autoincriminación.1
Por la presente, reconsideramos nuestra posición
con el único efecto de establecer que la doctrina del
“fruto del árbol ponzoñoso” no se extiende para suprimir
evidencia real obtenida como producto de una violación al
privilegio abogado-cliente.2
I
Los
hechos
que
son
pertinentes
perfectamente
reseñados
en
reconsideramos,
Pueblo
Fernández
v.
la
se
Opinión
encuentran
que
Rodríguez,
hoy
supra,
págs. 776-783, y que pasamos a reproducir:
El caso que nos ocupa tiene su génesis en un
doble
asesinato
ocurrido
el
1
de
noviembre
de 2006, en el Barrio Venezuela de Río Piedras. Se
deduce del legajo, que en horas de la tarde de ese
día Waldemar Fernández Rodríguez acudió al Cuartel
General de la Policía (Cuartel General) en compañía
de su abogado, Lcdo. Luis Carbone, y de su amigo,
también abogado, el Lcdo. Ovidio Zayas. Una vez en
el Cuartel General, el señor Fernández Rodríguez,
el licenciado Carbone y el licenciado Zayas fueron
entrevistados por el Sargento José Curbelo Muñiz,
adscrito a la División de Homicidios. Véase
Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 15.
A preguntas del sargento Curbelo, el licenciado
Carbone expresó que en ese momento su cliente no
1
Contra esa determinación, el Procurador General compareció el 28 de
diciembre de 2011 mediante una Solicitud de Reconsideración.
2
Debido a que la controversia en este caso gira en torno a una
violación al privilegio abogado-cliente y no al derecho contra la
autoincriminación, únicamente discutimos y resolvimos si procede la
supresión de evidencia real obtenida como producto de una violación
al privilegio-abogado cliente.
CC-2009-622
emitiría declaración alguna sobre los hechos, pero
que posteriormente sí lo haría. Consecuentemente,
el sargento Curbelo le leyó las advertencias de ley
al señor Fernández Rodríguez y este las firmó en
presencia de su abogado. Luego, el señor Fernández
Rodríguez fue puesto en una celda bajo la custodia
de otros agentes. Acto seguido, el sargento Curbelo
se reunió aparte y a solas con el licenciado
Carbone para indagar sobre el arma con que
alegadamente se habían cometido los asesinatos.
Véase Apéndice de la Petición de certiorari, págs.
15-16.
A raíz de la investigación de los hechos, se
presentaron
sendas
denuncias
contra
el
peticionario. El 3 de enero de 2007 se celebró la
vista al amparo de la Regla 6 de Procedimiento
Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. El peticionario
estuvo representado por varios abogados, entre
ellos el licenciado Carbone. Éstos no objetaron el
testimonio
en
cuestión
del
sargento
Curbelo.
Escuchada la prueba, se determinó causa probable
para arresto contra el señor Fernández Rodríguez.
La vista preliminar fue señalada para el 17 de
enero de 2007. Véase Apéndice de la Petición de
certiorari, pág. 145.
Luego
de
varias
suspensiones,
la
vista
preliminar comenzó el 25 de mayo de 2007, y se
extendió por varios meses. Ese día las partes
estipularon la siguiente prueba: (1) el informe de
balística; (2) la prueba de ADN; (3) el análisis
forense de la ropa incautada al señor Fernández
Rodríguez; (4) servilletas y marcas de sangre de
uno de los occisos; y (5) el registro del arma de
fuego y la licencia de tiro al blanco del señor
Fernández Rodríguez. Véase Apéndice de la Petición
de certiorari, págs. 146-147.
Posteriormente, en la continuación de la vista
preliminar los días 25 y 29 de octubre de 2007, el
Ministerio Público presentó como parte del desfile
de prueba siete testigos, entre los que figuró el
sargento Curbelo. Este declaró que el día 1 de
noviembre de 2006, como a las 5:00 p.m., escuchó
por radio que hubo una muerte violenta en la
barriada Venezuela de Río Piedras, por lo que se
personó al lugar. Estando en la escena, fue
instruido para que acudiera al Cuartel General
debido a que allí se encontraba una persona
relacionada a los hechos acaecidos acompañado de
dos abogados. El testigo añadió que en el Cuartel
General entrevistó al licenciado Carbone y que este
le indicó que representaba al señor Fernández
Rodríguez.
Específicamente,
señaló
que
el
licenciado
Carbone
le
expresó
que
el
señor
Fernández Rodríguez no haría declaración alguna en
ese momento ya que
estaba
muy nervioso y que
posteriormente ofrecería una declaración completa
de los hechos ocurridos. Véase Transcripción de
Vista Preliminar de 25 y 29 de octubre de 2007,
págs. 6-9, CC-2009-0622, Pieza 2.
3
CC-2009-622
El sargento Curbelo declaró, además, que con
posterioridad a que el licenciado Carbone le
informara que su cliente guardaba relación con los
hechos ocurridos en la barriada Venezuela, ellos
tres (el señor Fernández Rodríguez, el licenciado
Carbone y él) se ubicaron en una oficina del
cuartel para hacerle las advertencias de ley al
imputado. Así, señaló que el señor Fernández
Rodríguez leyó las advertencias de rigor y las
firmó en presencia de su abogado. Continuó narrando
que el señor Fernández Rodríguez fue puesto bajo la
custodia de otro agente en un lugar distinto a la
oficina donde se encontraban, por lo que procedió a
entrevistar a solas al licenciado Carbone. Véase
Transcripción de Vista Preliminar de 25 y 29 de
octubre de 2007, págs. 46-47 y 49, CC-2009-0622,
Pieza 2.
Así las cosas, el sargento Curbelo declaró que
durante
la
entrevista
el
licenciado
Carbone
manifestó que su cliente era extorsionado por los
occisos desde hacía un tiempo. De inmediato, el
sargento Curbelo inquirió al licenciado Carbone
sobre la localización del arma de fuego utilizada
para cometer los asesinatos, a lo que este contestó
que estaba tirada en una jardinera de una casa
aledaña al área de los hechos. Con esa información,
el sargento Curbelo procedió a llamar a la agente
Daliza Ortiz Claudio, quien se encontraba en la
escena del crimen. Una vez estableció comunicación
con la agente, el sargento Curbelo pasó el teléfono
al licenciado Carbone para que este explicara a la
agente
Ortiz
Claudio
los
detalles
sobre
la
ubicación exacta del arma. Al no poder localizar el
cargador ni las municiones, pero sí el arma de
fuego, la agente Ortiz Claudio llamó de vuelta al
sargento Curbelo para explicarle lo sucedido. Así,
el sargento Curbelo la comunicó nuevamente con el
licenciado Carbone y este le indicó a la agente
dónde estaban el cargador y las municiones. Véase
Transcripción de Vista Preliminar de 25 y 29 de
octubre de 2007, págs. 12-14, CC-2009-0622, Pieza
2.
En su contrainterrogatorio, el sargento Curbelo
reconoció que la información abogado-cliente es de
naturaleza
privilegiada.
De
igual
forma,
a
preguntas de la defensa, indicó que una vez le hizo
las
advertencias
de
ley
al
señor
Fernández
Rodríguez no le preguntó si iba a emitir una
declaración, ya que el licenciado Carbone le había
dicho expresamente que su cliente no iba a hacer
manifestación alguna porque se encontraba muy
nervioso. Asimismo, el testigo añadió que, a su
entender, el señor Fernández Rodríguez no había
hecho renuncia alguna a su privilegio abogadocliente,
como
tampoco
autorizó
al
licenciado
Carbone a que declarara por él. Véase Transcripción
de Vista Preliminar de 29 de octubre de 2007 y 7 de
mayo de 2008, págs. 47-52, CC-2009-0622, Pieza 2.
Finalmente, durante su contrainterrogatorio, el
sargento Curbelo admitió que no preguntó al señor
4
CC-2009-622
Fernández Rodríguez si renunciaba a sus derechos
constitucionales y que este no había autorizado al
licenciado
Carbone
a
divulgarle
información
privilegiada. Íd.
En consecuencia, el señor Fernández Rodríguez
solicitó que se suprimiera el testimonio del
sargento Curbelo, así como la evidencia ocupada. En
apoyo de su petitorio, el imputado adujo que el
testimonio del sargento Curbelo era inadmisible
debido a que era producto de una declaración
confidencial que él le hizo a su abogado, que esta
declaración era de naturaleza privilegiada y que
estaba cobijada por el privilegio abogado-cliente.
También alegó, que el arma y las municiones
ocupadas constituían frutos del árbol ponzoñoso
pues su descubrimiento fue producto directo de una
conversación privilegiada. Véase Apéndice de la
Petición de certiorari, pág. 146.
Luego de diversos trámites procesales, en
febrero de 2008 el Tribunal de Primera Instancia
emitió una resolución mediante la cual descalificó
al licenciado Carbone como abogado del señor
Fernández Rodríguez y lo citó para que compareciera
como testigo a la vista de supresión de evidencia.
Además, el foro primario citó como testigo al
licenciado Zayas, quien estuvo presente en ciertas
conversaciones entre el licenciado Carbone y el
imputado Fernández Rodríguez. Todo ello en aras de
escudriñar adecuadamente la solicitud de supresión
del testimonio del sargento Curbelo. Véase Apéndice
de la Petición de certiorari, pág. 146.
Véase,
además, Transcripción de Vistas de 29 de octubre
2007 y 7 de mayo de 2008, págs. 106-108,
CC-2009-0622, Pieza 2.
Así, pues, el 7 de mayo de 2008 el Tribunal de
Primera Instancia celebró una vista de supresión de
evidencia en la que testificaron el licenciado
Carbone y el licenciado Zayas, entre otros. En
esencia, el licenciado Carbone negó haber informado
al sargento Curbelo sobre la localización del arma,
cargador y municiones debido a que no estuvo en el
lugar de los hechos y desconocía totalmente esta
información.
Véase Transcripción de Vistas de
29 de octubre 2007 y 7 de mayo de 2008, págs. 106108, CC-2009-0622, Pieza 2.
Véase, además,
Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 146.
Por su parte, el licenciado Zayas testificó, en lo
pertinente, que el 1 de noviembre de 2006 acompañó
al señor Fernández Rodríguez al Cuartel General en
calidad de amigo y no como su abogado. Véase
Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 146147.
Culminada la vista de supresión de evidencia,
el 9 de mayo de 2008 el Tribunal de Primera
Instancia dictó dos resoluciones. En la primera de
ellas, el foro primario declaró no ha lugar la
moción de supresión de evidencia presentada por el
señor Fernández Rodríguez. En el referido dictamen,
el tribunal de instancia señaló que no confirió
credibilidad al testimonio del licenciado Carbone
5
CC-2009-622
6
ni al del licenciado Zayas porque habían omitido
hechos importantes y fueron inconsistentes sus
declaraciones. Véase Apéndice de la Petición de
certiorari, pág. 147.
Cónsono con lo anterior, el tribunal primario
sostuvo que no se había violado el privilegio
abogado-cliente del señor Fernández Rodríguez.
Ello, debido a que su intención siempre fue acudir
al Cuartel General para entregarse. A esos efectos,
añadió
que
Fernández
Rodríguez
compareció
acompañado
y
asesorado
por
su
abogado,
el
licenciado Carbone, se presentó con la intención de
hacer unas declaraciones sobre un doble asesinato
que había ocurrido esa misma tarde y estuvo
presente cuando su abogado divulgó la razón para su
comparecencia. Véase Apéndice de la Petición de
certiorari, págs. 65 y 146-147.
Por otra parte, en la segunda resolución, el
Tribunal de Primera Instancia determinó causa
probable para acusar por dos cargos de asesinato,
dos cargos al amparo del Art. 5.15 y un cargo por
infracción al Art. 5.04 de la Ley Núm. 404-2000,
según enmendada, conocida como Ley de Armas de
Puerto Rico. Véase Apéndice de la Petición de
certiorari, pág. 65.
Subsiguientemente, el 16 de mayo de 2008 el
Pueblo presentó las acusaciones según autorizadas
contra el señor Fernández Rodríguez. El 9 de junio
del mismo año, el imputado presentó una Moción de
Desestimación al amparo de la Regla 64(p) de
Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. En su
escrito adujo que la determinación de causa
probable para acusar fue contraria a derecho debido
a que la prueba presentada en la vista preliminar
era inadmisible e ilegal por ser producto de
información privilegiada, la cual fue confiada por
el imputado a su representante legal. Además,
señaló que la única prueba que lo ataba a los
hechos era el testimonio del sargento Curbelo y
que, siendo el mismo inadmisible, la determinación
de
causa
probable
era
contraria
a
derecho.
Oportunamente, el 7 de agosto de 2008 la Fiscalía
presentó su oposición al petitorio de desestimación
presentada por el imputado. Véase Apéndice de la
Petición de certiorari, págs. 65-69.
Luego de varias incidencias procesales, el
29 de diciembre de 2008 el foro primario emitió una
resolución en la que denegó la solicitud de
desestimación
del
imputado.
En
su
dictamen
puntualizó que aunque el señor Fernández Rodríguez
no renunció a su privilegio abogado-cliente, el
testimonio del sargento Curbelo era admisible.
Ello, debido a que el sargento Curbelo actuó
conforme a la doctrina de “autoridad aparente”. Es
decir,
…el sargento Curbelo estaba convencido de que
el licenciado Carbone estaba autorizado a
divulgar
[la]
información
que
divulgó.
Ciertamente aparentaba tenerla. Las propias
actuaciones del licenciado Carbone son las que
CC-2009-622
7
dan base “a la buena fe de los agentes de la
policía y permite llegar a una creencia o
conclusión razonable de que la persona que
representa tener la autoridad… la tiene”.
Apéndice de la Petición de certiorari, pág.
86.
Inconforme, el 28 de enero de 2009 el imputado
presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal
de Apelaciones. El Ministerio Público, por su
parte, se opuso oportunamente. Estudiados los
argumentos de las partes, el 22 de mayo de 2009 el
Tribunal de Apelaciones dictó una sentencia y
confirmó la resolución recurrida. Sostuvo que la
determinación de causa probable para acusar fue
conforme a derecho ya que el peticionario renunció
tácitamente al privilegio abogado-cliente. Ello,
pues la prueba desfilada reveló que su intención
siempre
fue
acudir
al
Cuartel
General
para
entregarse. Véase Apéndice de la Petición de
certiorari, pág. 172.
Además, el foro apelativo intermedio señaló que
el
peticionario
no
objetó
oportunamente
el
testimonio del sargento Curbelo durante la vista de
causa probable para arresto. Por esta razón, dicho
foro coligió que era innecesario que el Tribunal de
Primera Instancia aplicara por analogía la doctrina
de “autoridad aparente”. Apéndice de la Petición de
certiorari, pág. 172.
Nuevamente insatisfecho, el 21 de julio de 2009
el imputado presentó una petición de certiorari
ante este Tribunal. En ella señaló la comisión de
los errores siguientes:
Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar
la
resolución
del
Tribunal
de
Primera
Instancia denegando la moción de desestimación
presentada
por
el
peticionario
bajo
las
disposiciones
de
la
Regla
64(p)
de
Procedimiento Criminal a pesar de que la
determinación de causa probable fue contraria
a derecho ya que la misma se basó en prueba
que legalmente no era admisible.
Es errada la decisión del foro apelativo
intermedio a los efectos de que medió una
renuncia implícita al privilegio abogadocliente
porque:
el
peticionario
había
comparecido voluntariamente al Cuartel General
de la Policía en relación a una investigación
de unos hechos delictivos; la información
ofrecida por el abogado que lo representó en
ese momento no fue compelido a ofrecer la
información en relación a dónde se encontraba
el
arma
de
fuego
sino
que
brindó
voluntariamente
y
sin
coacción
tal
información; y no invocó oportunamente dicho
privilegio
en
el
procedimiento
judicial
seguido en su contra. Petición de certiorari,
págs. 5-6.
CC-2009-622
8
Como señalamos, el 9 de diciembre de 2011 emitimos
una opinión en la que determinamos que era inadmisible en
evidencia toda evidencia real obtenida como producto de
información
ofrecida
por
un
privilegio
abogado-cliente.
comparecido
solicitando
abogado
El
la
en
violación
Procurador
General
reconsideración
de
al
ha
tal
dictamen.
II
A. La regla de exclusión conocida como la doctrina del
“fruto del árbol ponzoñoso”
La regla de exclusión conocida como la doctrina del
“fruto
del
árbol
ponzoñoso”
fue
establecida
por
el
Tribunal Supremo federal en Silverthorne Lumber Co. v.
United States, 251 U.S. 385 (1920), en el contexto de
excluir evidencia derivada de una violación a la Cuarta
Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.3
caso
el
Tribunal
Supremo
federal
expresó
que
En ese
“[l]a
esencia de la disposición que prohíbe adquirir evidencia
de cierta manera, no es meramente que la evidencia así
adquirida no será usada en los tribunales, sino que no
será usada de ninguna manera”.4
No obstante, el tratadista estadounidense Wayne R.
LaFave
explica
que
la
doctrina
del
“fruto
del
árbol
ponzoñoso” no se limita a los casos en que se ha violado
la
3
Cuarta
Enmienda,
supra,
E.L. Chiesa,
Derecho procesal
Publicaciones JTS, 2006, pág. 127.
4
sino
que
penal:
también
etapa
se
ha
investigativa,
Silverthorne Lumber Co. v. United States, 251 U.S. 385, 392 (1920).
CC-2009-622
9
utilizado
cuando
constitucionales,
confesiones
han
otras
como
las
ruedas
obtenidas
en
violación
constitucionales.5
federal
ocurrido
esta
situaciones
en
producto
de
de
violaciones
detenidos
a
los
y
las
derechos
Es importante señalar que en el foro
doctrina
se
ha
utilizado
mayormente
las
se
ha
obtenido
evidencia
que
arrestos
o
registros
en
como
ilegales,
interrogatorios ilegales e identificaciones ilegales.6
En el 1961 con el caso de Mapp v. Ohio, 367 U.S.
643
(1961),
regla
de
el
Tribunal
exclusión
Decimocuarta
a
Supremo
los
Enmienda.7
federal
estados,
El
caso
a
incorporó
través
resolvió
de
que
la
la
toda
evidencia obtenida en violación a la Cuarta Enmienda,
supra, bien por funcionarios federales o estatales, será
inadmisible tanto en las cortes federales como en las
cortes estatales.8
los
estados
a
Sin embargo, esta pauta no obligó a
implantar
una
regla
de
exclusión
con
relación a la evidencia obtenida en violación de la ley o
el derecho estatal.9
Puerto
Rico,
están
Esto es, los estados, incluyendo
obligados
a
utilizar
la
regla
de
exclusión cuando se obtiene evidencia en violación a la
Cuarta Enmienda, pero no así cuando se obtiene evidencia
5
6 LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment
Sec. 11.4, pág. 257 (2004).
6
3 LaFave, Israel, King & Kerr, Criminal Procedure Sec. 9.3(a), pág.
419 (2007).
7
E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados
Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, vol. I, pág. 289.
8
Íd., pág. 290.
9
Íd.
CC-2009-622
10
en violación a un derecho estatal.
En esas instancias,
Puerto Rico, como cada estado, tiene la discreción de
implantar o no la regla de exclusión.
En nuestra jurisdicción, más de una década antes
del
caso
de
Mapp
promulgación
de
incorporado
una
jurisprudencia.10
regla
de
v.
Ohio,
nuestra
supra,
y
Constitución,
regla
de
antes
de
ya
había
se
exclusión
la
mediante
No obstante, el único propósito de esa
exclusión
era
evitar
que
funcionarios
gubernamentales se beneficiaran de actuaciones claramente
ilegales.11
Luego,
Constituyente
optaron
exclusión
creada
Silverthorne
por
Lumber
los
miembros
por
de
la
Convención
incorporar
la
regla
de
Supremo
federal
en
el
Tribunal
Co.
v.
United
States,
expresamente al texto de la Constitución.12
supra,
Así, y en lo
pertinente, el Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución
dispone claramente que “evidencia obtenida en violación a
esta sección será inadmisible en los tribunales”.13
B. Aplicación de la doctrina del “fruto del árbol
ponzoñoso” para suprimir evidencia real obtenida en
violación a los privilegios probatorios
1. Estados Unidos
10
Véanse: Pueblo v. Rosado, 62 D.P.R. 197 (1943); Pueblo v. Decós,
62 D.P.R. 148 (1943); Pueblo v. Capriles, 58 D.P.R. 548 (1941).
Véase, además, Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina,
130 D.P.R. 352, 357-358 (1992).
11
Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, supra, pág. 358.
12
E.L. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 290.
13
Art. II, Sec. 10. Const. E.L.A., Tomo 1.
CC-2009-622
11
Como mencionáramos anteriormente, el foro federal
ha utilizado mayormente la doctrina del “fruto del árbol
ponzoñoso” cuando se ha obtenido evidencia real como
producto de la violación a la Cuarta Enmienda, supra.
Más aún, aunque el Tribunal Supremo federal nunca ha
establecido
expresamente
que
dicha
doctrina
solo
se
circunscribe a violaciones a la mencionada enmienda, lo
cierto es que, al día de hoy, ese foro no ha resuelto
ninguna controversia en la cual se haya aplicado la
doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso” a evidencia
obtenida
en
violación
a
uno
de
los
privilegios
probatorios, como lo es el privilegio abogado-cliente.
Sin
embargo,
Apelaciones
varios
federal
sí
circuitos
han
tenido
del
la
Tribunal
de
oportunidad
de
expresar si la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso”
aplica
para
producto
suprimir
de
violaciones
constitucionales.
conclusión
evidencia
de
real
a
obtenida
como
privilegios
no
Todos los circuitos han llegado a la
que
la
doctrina
del
“fruto
del
árbol
ponzoñoso” no aplica cuando se ha obtenido evidencia real
en
violación
interpretaron
a
los
que
privilegios
esa
probatorios.14
doctrina
está
violaciones de privilegios constitucionales.
Estos
limitada
a
Incluso, el
Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito expresó
14
Véanse: U.S. v. Warshak, 631 F.3d 266 (6th Cir. 2010);
U.S. v. Squillacote, 221 F.3d 542 (4th Cir. 2000); Nickel v.
Hannigan, 97 F.3d 403 (10th Cir. 1996); U.S. v. Marashi, 913 F.2d 724
(9th Cir. 1990); U.S. v. White, 879 F.2d 1509 (7th Cir. 1989).
CC-2009-622
12
que ningún tribunal ha aplicado la doctrina del “fruto
del árbol ponzoñoso” a los privilegios probatorios.15
De manera persuasiva, veamos lo que dos circuitos
del
Tribunal
de
Apelaciones
federal
resolvieron
en
controversias en las que se quería aplicar la mencionada
doctrina para suprimir evidencia obtenida como producto
de la violación al privilegio abogado-cliente.
Tan
reciente
como
en
el
2010,
el
Tribunal
de
Apelaciones para el Sexto Circuito resolvió el caso de
U.S. v. Warshak, 631 F.3d 266 (6th Cir. 2010).
En ese
caso, el gobierno se encontraba investigando a Berkeley
Premium Nutraceuticals, Inc.
Durante un registro de las
oficinas principales, los agentes copiaron el contenido
de unas 90 computadoras.
Entre los documentos obtenidos
se encontraban documentos protegidos por el privilegio
abogado-cliente.16
Además, a través de una orden del
tribunal, tuvieron acceso al correo electrónico de la
corporación.
En el correo electrónico existían más de
60,000 comunicaciones con abogados.17
Warshak
violación
alegó
al
que
esos
documentos
privilegio
El señor Steven
se
obtuvieron
abogado-cliente
consiguiente, pidió que se suprimieran.
y,
en
por
Al respecto, el
Tribunal de Apelaciones para el Sexto Circuito resolvió
que no encontró ninguna autoridad que indicara que la
evidencia derivativa obtenida en violación al privilegio
15
Véase nota al calce 11 en U.S. v. Marashi, supra.
16
U.S. v. Warshak, supra, pág. 292.
17
Íd.
CC-2009-622
13
abogado-cliente es suprimible.18
Al respecto expresó lo
siguiente:
[W]e agree that it is unwise to extend the fruitof-the-poisonous-tree doctrine beyond the context
of constitutional violations.19 (Énfasis nuestro.)
En
Nickel
v.
Hannigan,
97
F.3d
(10th
403
Cir.
1996), el Tribunal de Apelaciones para el Décimo Circuito
negó aplicar la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso”
a la violación del privilegio abogado-cliente.
caso,
el
Sr.
Willie
Nickel
acudió
a
la
En este
oficina
del
abogado Dan Boyer y confesó que había asesinado a una
señora.20
Luego de que el señor Nickel se marchara, el
abogado llamó a la Policía e indicó que el señor Nickel
posiblemente había cometido un asesinato.
Más tarde, el
licenciado Boyer llamó al señor Nickel y le aconsejó que
acudiera
a
la
Policía
a
entregarse.21
Siguiendo
consejo del abogado, el señor Nickel se entregó.
el
Durante
el interrogatorio, el señor Nickel solicitó un abogado y
se
le
asignó
al
abogado
representara.
En
la
William
vista
Mize
preliminar,
para
el
que
lo
Ministerio
Público sentó al licenciado Boyer a testificar contra el
acusado.
El
aduciendo
que
licenciado
ese
Mize
objetó
el
testimonio
testimonio
violaba
el
privilegio
abogado-cliente que existía entre el licenciado Boyer y
el señor Nickel.
Sin embargo, el tribunal permitió el
18
Íd., pág. 294.
19
Íd.
20
Nickel v. Hannigan, supra, pág. 405.
21
Íd.
CC-2009-622
14
testimonio.22
El licenciado Boyer se sentó nuevamente a
testificar en el juicio.
Así las cosas, el señor Nickel
fue hallado culpable por asesinato en primer grado.
El
señor Nickel alegó que el licenciado Mize violó la Sexta
Enmienda al no representarlo adecuadamente, esto por no
objetar el testimonio del licenciado Boyer en el juicio.
El
Tribunal
de
Apelaciones
para
el
Décimo
Circuito
expresó que:
[A]lthough Mr. Nickel‟s confession to Detective
Marble
could
be
considered
the
result
of
Mr. Boyer‟s breach of Mr. Nickel‟s attorney-client
privilege in reporting Mr. Nickel to the police,
there is no indication that Kansas law requires
the exclusion of all evidence derived from a
breach of an attorney-client privilege. Further,
other courts have refused to apply such a broad
evidentiary rule of exclusion to breaches of
privilege.
[R]ejecting the application of the fruit of the
poisonous tree doctrine to evidence obtained from
a
breach
of
attorney-client
privilege
and
reasoning that “the marginal effectiveness of
denying use to an innocent [state] agency for
reports produced not by a state but by a private
citizen is not justified”.23 (Énfasis nuestro.)
Por otra parte, también existe jurisprudencia de
distintos estados que, al igual que los circuitos del
Tribunal
de
Apelaciones
federal,
doctrina
del
“fruto
del
árbol
en
violación
evidencia
obtenida
probatorios.24
han
resuelto
ponzoñoso”
a
los
no
que
la
aplica
a
privilegios
Por ejemplo, en el estado de Florida el
Tribunal de Apelaciones para el Cuarto Distrito resolvió
22
Íd., pág. 406.
23
Nickel v. Hannigan, supra, pág. 409.
24
Véanse: People v. Navarro, 138 Cal. App. 4th 146 (2006);
State v. Sandini, 395 So.2d 1178 (1981); Securities and Exchange
Commission v. OKC Corp., 474 F. Supp. 1031 (1979).
CC-2009-622
15
el caso State v. Sandini, 395 So.2d 1178 (1981).
En ese
caso, el abogado del acusado violó el privilegio abogadocliente y ofreció a la Policía cierta información que fue
esencial para establecer causa probable para realizar un
registro.
El tribunal apelativo expresó que no existe
justificación
suficiente
para
extender
la
regla
de
exclusión para suprimir evidencia obtenida como producto
de
las
declaraciones
voluntarias
de
un
violación al privilegio abogado-cliente.25
abogado
en
Añadió que el
cliente que haya sufrido daños por dicha violación podrá
incoar
una
presentar
demanda
una
civil
queja
por
contra
el
abogado
y
podrá
violación
al
Código
de
Ética
Profesional.26
Podemos
observar
que,
según
los
tribunales
han
interpretado la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso”
y
los
privilegios
privilegios
no
probatorios,
conlleva
obtenidos.27
Y
proveen
protección
una
confidenciales.
es
Una
que,
de
la
la
supresión
los
de
privilegios
limitada
esas
violación
a
de
los
tales
frutos
probatorios
comunicaciones
limitaciones
es
que
los
frutos que se obtengan por comunicaciones no autorizadas,
en violación a los privilegios, no son excluidos como
25
State v. Sandini, supra, pág. 1181.
26
Íd.
27
R.P. Mosteller, Admissibility of Fruits of Breached Evidentiary
Privileges:
The
Importance
of
Adversarial
Fairness,
Party
Culpability, and Fear of Immunity, 81 Wash. U. L.Q. 961, 1010
(2003).
CC-2009-622
16
evidencia.28
La comunicación privilegiada revelada será
excluida
hacerse
por
en
violación
al
privilegio,
sin
embargo no será una justificación para que se excluya la
evidencia derivada de dicha comunicación.29
2. Puerto Rico
Como
mencionáramos
anteriormente,
el
caso
de
Mapp v. Ohio, supra, resolvió que toda evidencia obtenida
en
violación
funcionarios
tanto
en
estatales.
a
la
Cuarta
federales
las
cortes
o
Enmienda,
estatales,
federales
supra,
será
como
en
bien
por
inadmisible
las
cortes
Sin embargo, los estados pueden optar por no
aplicar la regla de exclusión a evidencia obtenida en
violación al derecho estatal que no constituye violación
a la Cuarta Enmienda, supra.30
Esto quiere decir que si
agentes estatales actúan de manera que violan un derecho
estatal, pero no violan la Cuarta Enmienda, supra, no es
aplicable la regla de exclusión de dicha enmienda.31
El
derecho estatal determinará si la evidencia es admisible
en la corte estatal.32
28
Íd., pág. 963.
29
Íd., pág. 1006.
30
E.L. Chiesa Aponte, op. cit., págs. 290-291.
31
E.L. Chiesa,
cit., pág. 112.
32
Íd.
Derecho
procesal
penal:
etapa
investigativa,
op.
CC-2009-622
17
Por otro lado, nuestra regla de exclusión es de
naturaleza
constitucional.
En
otras
palabras,
aprobarse nuestra Constitución en el 1952
al
Puerto Rico
optó por incorporar expresamente la regla de exclusión
federal en la Sección 10 de su Carta de Derechos.33
Desde
entonces,
la
jurisprudencia
se
apartado
de
la
federal
con
relación
exclusión.34
ponzoñoso”
suprimir
de
esta
Curia
interpretación
del
Tribunal
al
alcance
de
no
la
ha
Supremo
regla
de
Esto es, la doctrina del “fruto del árbol
se
ha
utilizado
por
este
Tribunal
evidencia
obtenida
como
fruto
de
para
registros
ilegales,35 arrestos ilegales36 y detenciones ilegales de
un
vehículo.37
Además,
hemos
suprimido
confiscaciones
producto de registros ilegales,38 confesiones producto de
detenciones y registros ilegales39 e identificaciones de
acusados producto de detenciones ilegales.40
Sin embargo,
nunca
la
hemos
avalado
la
utilización
de
regla
de
exclusión para suprimir evidencia obtenida en violación a
33
34
Íd.
E.L. Chiesa,
cit., pág. 132.
35
Derecho
procesal
penal:
etapa
investigativa,
op.
Pueblo v. Cedeño Laclaustra, 157 D.P.R. 743 (2002).
36
Pueblo v. Calderón Díaz, 156 D.P.R. 549 (2002); Pueblo v. Bonilla,
120 D.P.R. 92 (1987).
37
Pueblo v. Serrano Cancel, 148 D.P.R. 173 (1999); Pueblo v. Yip
Berríos, 142 D.P.R. 386 (1997).
38
Pueblo
v.
Negrón
Martínez
II,
144
D.P.R.
Pueblo v. Negrón Martínez I, 143 D.P.R. 1 (1997).
39
Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 D.P.R.
Rodríguez Rivera, 91 D.P.R. 456 (1964).
40
356
Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739 (1980).
873
(1997);
(1998);
Pueblo
v.
CC-2009-622
18
otros derechos estatales, como lo son los privilegios
probatorios.
Antes de incorporar la regla de exclusión a nuestra
Constitución,
presentaron
en
seis
la
Convención
proposiciones
Constituyente
que
disponían
sobre
se
la
inadmisibilidad de la evidencia obtenida en violación de
alguna sección de la Constitución.41
Luego, en el Informe
de la Comisión de la Carta de Derechos se expresó que el
propósito
de
la
regla
de
exclusión
era
“dar
garantía
adicional y efectiva a estos derechos [los contenidos en
el Art. II, Sec. 10]”.42
Convención
incorporar
Constituyente
esta
Constitución.
un
interés
Así las cosas, los padres de la
doctrina
tomaron
al
Art.
la
II,
decisión
Sec.
10
de
de
la
Fundamentaron su decisión en que existía
público
de
hacer
valer
la
garantía
contra
registros, detenciones o incautaciones irrazonables.43
En el caso de Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno
Medina, 130 D.P.R. 352, 358-359 (1992), expresamos los
propósitos de incluir esta regla de exclusión al Art. II,
Sec.
10
de
nuestra
Constitución.
En
lo
pertinente,
expusimos que:
[L]a
regla
de
exclusión
encarna
tres
(3)
propósitos ínsitos en el Art. II, Sec. 10, supra.
Primero, disuadir y desalentar a los funcionarios
del orden público de que violen la protección
constitucional (deterrence). Se reconoce que este
41
Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, supra, pág. 356.
42
4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2568 (1952).
Véase, además, Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, supra,
pág. 356.
43
Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, supra, pág. 359.
CC-2009-622
19
elemento
disuasivo
realmente
es
el
más
fundamental. Segundo, integridad judicial. Los
tribunales no deben ser cómplices de actos de
desobediencia
a
la
Constitución
y
admitir
evidencia ilegalmente obtenida. Y tercero, impedir
que el Gobierno se beneficie de sus propios actos
ilícitos; de otra manera la ciudadanía perdería
confianza en el Gobierno.44 (Énfasis nuestro.)
En conclusión y en esencia, la doctrina del “fruto
del árbol ponzoñoso” se estableció con el propósito de
evitar que los agentes del gobierno obtengan evidencia de
forma
reñida
con
la
protección
constitucional.
Esta
doctrina no se incorporó en ninguna otra sección de la
Constitución
y
tampoco
se
ha
extendido
a
ningún
otro
derecho estatal.
III
Argumenta el Procurador General que “la supresión
de
las
declaraciones
supresión
de
municiones)”.
la
privilegiadas
evidencia
real
(el
no
arma,
acarrea
la
cargador
y
Le asiste la razón al Procurador General.
Veamos.
El Tribunal Supremo federal estableció la doctrina
del
“fruto
Cuarta
del
árbol
Enmienda,
ponzoñoso”
supra.
En
en
cuanto
violaciones
a
los
a
la
estados,
incluyendo a Puerto Rico, solamente dispuso que tenían
que aplicar la regla de exclusión cuando se viola la
Cuarta Enmienda, supra, ya sea por funcionarios federales
o estatales.
Sin embargo, no limitó a los estados a
utilizar la doctrina en leyes o derechos estatales.
Así
las cosas, Puerto Rico optó por incorporar la regla de
44
Véase, además, E.L. Chiesa Aponte, op. cit., págs. 284-285.
CC-2009-622
20
exclusión al Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución,
supra.
Esto implica que la doctrina en Puerto Rico es de
naturaleza
constitucional
y
evidencia
por
detenciones
irrazonables.
registros,
aplica
cuando
o
se
obtiene
incautaciones
No hemos extendido la doctrina del “fruto
del árbol ponzoñoso” cuando se han violado otras leyes o
derechos estatales.
Por otra parte, resulta importante advertir que los
privilegios
probatorios
exclusión.
Esta regla de exclusión establece que toda
comunicación
tienen
privilegiada
su
revelada
propia
en
regla
violación
privilegio será inadmisible como evidencia.
de
al
Nótese que
la propia regla limita su alcance a la comunicación per
se,
no
incluye
aquella
evidencia
consecuencia de esa comunicación.
que
surja
como
Por lo tanto y a tenor
con lo anterior, cuando se viola un privilegio probatorio
se excluirá únicamente la comunicación que se hizo en
violación
al
privilegio.
En
conclusión,
no
existe
ninguna norma en Puerto Rico ni en Estados Unidos que
justifique
extender
la
doctrina
del
“fruto
del
árbol
ponzoñoso” a evidencia real obtenida en violación a estos
privilegios.
En
el
caso
de
autos,
en
primer
lugar
debemos
resaltar el hecho de que el agente del orden público no
actuó
de
manera
abusiva
evidencia de manera ilegal.
ni
maliciosa
para
obtener
Quien violó el privilegio
abogado-cliente y actuó contrario al derecho vigente fue
CC-2009-622
21
el abogado del acusado.45
Una vez el policía le preguntó
al abogado dónde se encontraba el arma, su obligación era
levantar el privilegio abogado-cliente, pero no lo hizo.
Esa
declaración
privilegio
del
abogado
abogado-cliente
se
hizo
en
violación
al
y,
por
lo
tanto,
esa
comunicación privilegiada no es admisible como evidencia.
Sin embargo, la evidencia que se obtuvo como fruto de esa
comunicación, en este caso el arma, el cargador y las
municiones, sí es admisible en evidencia.
real
no
se
obtuvo
por
actuaciones
Esta evidencia
ilegales
de
los
agentes, en violación al Art. II, Sec. 10 de nuestra
Constitución, supra, sino por el testimonio que realizó
el abogado en violación al privilegio abogado-cliente.
Por
lo
tanto,
aplica
la
regla
de
exclusión
de
los
privilegios probatorios, mas no la doctrina del “fruto
del
árbol
ponzoñoso”
para
suprimir
la
evidencia
real
obtenida.
El cliente que se ve afectado por la violación al
privilegio
abogado-cliente
1)
una
45
presentar
demanda
tiene
civil
por
dos
remedios:
daños
contra
el
Conviene aclarar lo dicho en la Opinión que en parte hoy
reconsideramos en el sentido de que “si la información divulgada de
forma no autorizada incrimina penalmente… el abogado… viola el
derecho a la no autoincriminación de su cliente”.
Lo que quisimos
decir fue lo señalado por los tratadistas Weinstein y Berger en el
sentido de la estrecha relación que existe entre esta falta ética y
el derecho a la no autoincriminación del cliente; no que el abogado
pueda violar tal derecho constitucional. J.B. Weinstein & M.A.
Berger, Weinstein's Federal Evidence, Vol. 3, Sec. 503.03[1] (Joseph
M. McLaughlin, ed., Mattew Bender 2011); Notes, The Attorney–Client
Privilege: Fixed Rules, Balancing, and Constitutional Entitlement,
91 Harv. L.Rev. 464, 480 (1977).
CC-2009-622
22
abogado, y 2) procurar una acción disciplinaria contra el
abogado.
IV
Por todo lo anterior, reconsideramos lo resuelto en
Pueblo v. Fernández Rodríguez, supra, y establecemos que
la
regla
de
exclusión,
conocida
como
la
doctrina
del
“fruto del árbol ponzoñoso”, no se extiende para suprimir
evidencia real obtenida como producto de una violación al
privilegio abogado-cliente.
Siendo así, se modifica la Opinión emitida por esta
Curia
a
los
únicos
fines
de
limitar
la
exclusión
de
evidencia a las declaraciones del abogado en violación al
privilegio abogado-cliente y no extender la exclusión al
arma, cargador y municiones ocupadas.
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2009-622
Certiorari
Waldemar Fernández Rodríguez
Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 1 de marzo de 2013.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte íntegra
de la presente, reconsideramos lo resuelto en
Pueblo v. Fernández Rodríguez, 183 D.P.R. 770
(2011), y establecemos que la regla de exclusión,
conocida como la doctrina del “fruto del árbol
ponzoñoso”, no se extiende para suprimir evidencia
real obtenida como producto de una violación al
privilegio abogado-cliente.
Siendo así, se modifica la Opinión emitida
por esta Curia a los únicos fines de limitar la
exclusión de evidencia a las declaraciones del
abogado en violación al privilegio abogado-cliente
y no extender la exclusión al arma, cargador y
municiones ocupadas.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El
Juez Asociado señor Rivera García emitió Opinión
Concurrente. La Jueza Asociada señora Fiol Matta
concurre con el resultado sin opinión escrita.
CC-2009-622
2
El Juez Presidente señor
constar la siguiente expresión:
Hernández
Denton
hace
El
Juez
Presidente
señor
Hernández
Denton disiente de la Opinión mayoritaria,
por las mismas razones expuestas en su
disenso en Pueblo v. Fernández Rodríguez, 183
D.P.R. 770 (2011).
La
Juez
Asociada
señora
disiente sin opinión escrita.
Rodríguez
Rodríguez
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Certiorari
Recurrido
v.
CC-2009-0622
Waldemar Fernández Rodríguez
Peticionario
Opinión concurrente
Rivera García.
emitida
por
el
Juez
Asociado
señor
En San Juan, Puerto Rico, a 1 de marzo de 2013.
El 9 de diciembre de 2011 dictamos la Opinión Pueblo
v.
Fernández
Rodríguez,
183
D.P.R.
770
(2011),
donde
resolvimos que no podían admitirse en evidencia partes del
testimonio
que
involucraba
brindó
materia
un
agente
de
privilegiada
privilegio
abogado-cliente.
Así
supresión
de
real
testimonio.
General
la
la
evidencia
policía,
cobijada
también,
porque
por
el
ordenamos
producto
de
la
dicho
El 28 de diciembre de 2011 el Procurador
presentó
ante
esta
Curia
una
moción
de
reconsideración en la que argumenta que erramos al excluir
dicha evidencia y al aplicar en este caso la doctrina del
“fruto del árbol ponzoñoso”.
CC-2009-0622
2
Rexaminada
la
controversia,
una
mayoría
de
este
Tribunal colige que erramos al excluir los frutos de la
divulgación
de
la
Estado
los
obtuvo
no
comunicación
de
privilegiada
manera
porque
el
Luego
de
ilegal.
justipreciar el asunto, concurrimos con ello, no obstante,
entendemos necesario aclarar ciertos extremos.
I
A
La
Opinión
transcribe
caso.
en
Reconsideración
que
hoy
se
emite
fielmente los antecedentes fácticos de este
Sin embargo,
en aras de destacar la controversia
medular del asunto que estuvo ante nuestra consideración,
pasamos a exponer los detalles pertinentes a la contención
neurálgica que hoy se reconsidera.
Allá para el 1 de noviembre de 2006, el Sr. Waldemar
Fernández Rodríguez (en adelante señor Fernández) acudió
al
cuartel
general
abogado, el
de
la
policía
acompañado
por
su
Lcdo. Luis Carbone (en adelante licenciado
Carbone), y de un amigo.
Una vez allí, el licenciado
Carbone le indicó al sargento que los entrevistó –Sgto.
José
Curbelo
Ortiz-
que
el
señor
Fernandez
no
haría
declaración alguna, ya que se encontraba muy nervioso.46
Poco tiempo después, el agente Curbelo procedió a leerle
las
advertencias
específico,
46
le
pertinentes
indicó
que
al
tenía
señor
Fernandez.47
“derecho
a
permanecer
Transcripción de la vista del 25 y 29 octubre 2009, pág. 41.
Íd., pág. 11.
47
En
CC-2009-0622
3
callado, (a que) todo lo que di(jera) podr(ía) ser usado
en su contra,… (a) estar representado por un abogado… y a
no
declarar”.48
Luego
de
esto,
el
licenciado
Carbone,
quien estuvo presente cuando le hicieron las advertencias
de
rigor
agente
al
Curbelo
momentos.49
el
señor
Fernández,
que
su
nuevamente
cliente
no
le
indicó
declararía
en
al
esos
Igualmente lo reconoció dicho agente durante
interrogatorio
que
se
le
practicó
en
la
vista
preliminar, cuando reconoció que el señor Fernández invocó
su derecho a no declarar.50
En vista de que el licenciado Carbone “se mantuvo
diciendo(le) que su cliente estaba nervioso y que no iba a
prestar declaración jurada en esos momentos”51, el agente
Curbelo
inquirió
encontraba
el
arma
a
dicho
que
había
relación a es(os) hechos”.52
abogado
sobre
utilizado
su
“dónde
se
cliente
con
En respuesta, el licenciado
Carbone le ofreció información sobre la ubicación de la
misma.
Acto seguido, el agente Curbelo informó
ese dato
a una agente que se encontraba en la escena del crimen.
Minutos después, dicha agente contactó vía telefónica al
agente Curbelo y le requirió pistas adicionales para poder
dar con el paradero de las municiones y el cargador del
48
Transcripción de la vista del 29 de octubre de 2007 y 7 de mayo de
2008, pág. 8.
49
Transcripción de la vista 25 y 29 de octubre de 2007, pág. 12.
50
Íd., pág. 49.
51
Íd., pág. 39.
52
Íd., pág. 12, pág. 37; Véase también, Transcripción de la vista del
29 de octubre de 2007 y 7 de mayo de 2008, pág. 9.
CC-2009-0622
arma.53
4
Ante ello, el agente Curbelo comunicó a la agente
con el licenciado Carbone, quien finalmente le indicó a
esta
última
el
lugar
preciso
dónde
se
encontraba
la
evidencia que intentaban recuperar.
Así las cosas, tanto el testimonio del agente Curbelo
como la evidencia ocupada en virtud de la información que
el licenciado Carbone le ofreció a este, se presentó como
evidencia en contra del señor Fernández.
Ante ello, este
solicitó la supresión alegando que eran producto directo
de una comunicación privilegiada.
Instancia
declaró
no
ha
El Tribunal de Primera
lugar
dicha
petición,
determinación que confirmó el foro apelativo.
Llegada
la
controversia
a
esta
Fernández alegó en su recurso de
actuación
del
Estado
autoincriminación,
el
vulneró
Curia,
el
señor
certiorari
que
“…la
(su)
privilegio
derecho
contra
abogado-cliente
y
la
el
derecho al debido proceso de ley.” (Énfasis nuestro) Véase
Alegato del peticionario, pág. 7.
Indicó que resultaba
“insostenible que, por un lado, se (le garantizara) el
derecho contra la autoincriminación, y por otro lado, se
requiera del representante legal de la persona información
que está íntimamente entrelazada a tal derecho…”. Íd. Pág.
20.
Sostuvo que era aplicable a su caso la normativa
atinente a la obtención de manifestaciones incriminatorias
involuntarias por parte del Estado. Íd., pág. 23.
Pueblo
53
v.
Fernández
Íd., pág. 13.
Rodríguez,
supra,
Así, en
resolvimos
la
CC-2009-0622
5
controversia y ordenamos que se suprimieran el testimonio
del agente Curbelo que involucraba materia privilegiada,
así como el arma, el cargador y las municiones por ser
producto de dicho testimonio.
Inconforme, el Procurador General acude nuevamente a
este
Tribunal
mediante
una
moción
de
reconsideración
parcial que se circunscribe a señalar que incidimos al
excluir la evidencia real.
Esto pues, sostiene que el
Estado no cometió actuación ilegal alguna.
umbral
que
tenemos
ante
nuestra
El asunto de
consideración
es
el
siguiente: si atendiendo específicamente las contenciones
del
señor
Fernández,
privilegiada
-en
el
la
exclusión
contexto
de
de
la
la
comunicación
relación
abogado-
cliente- debió conllevar automáticamente la exclusión de
sus frutos evidenciarios.
Reconsideramos este particular,
recordando lo que antes hemos expresado, en cuanto a que
“el „temor de que se nos tache de inconsistentes no debe
impedir
que
reconsideremos‟
la
actuación,
o
decisión,
errónea que hayamos emitido en un caso en particular”.
Lebrón v. Díaz, 166 D.P.R. 89, 90 (2005), Reyes Coreano v.
Director Ejecutivo, 110 D.P.R. 40, 42 (1980).
II
A
La evidencia derivativa es aquella que se ocupa como
“fruto” de una evidencia primaria. Ese concepto se utiliza
generalmente para identificar aquella evidencia secundaria
CC-2009-0622
que
se
6
deriva
de
una
evidencia
ilegalmente
obtenida.54
Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 D.P.R. 356, 371 (1997).
Así pues, en la tramitación de los casos criminales
existen varias razones por las cuales se puede excluir
evidencia
de
esta
índole.55
Estas
instancias
son
las
siguientes: cuando la exclusión está estatuida en alguna
ley
estatal;
evidencia
“fruto
del
que
cuando
se
árbol
aplica
la
regla
de
la
doctrina
conocida
ponzoñoso”,
o;
ante
existencia
deriva
de
la
exclusión
alguna ley federal relacionada a ese asunto.
de
como
de
Véase, en
general, James J. Dalessio, Evidentiary Privileges and the
Exclusion of Derivative Evidence: Commentary and Analysis,
26 San Diego L. Rev. 625 (1989).
Es preciso señalar que la exclusión de evidencia que
se hace bajo el supuesto de que el Estado cometió alguna
actuación ilegal, lleva en sí un propósito intrínsecamente
disuasivo, pues los remedios para excluir evidencia son
una “medicina fuerte” que normalmente se reserva para las
instancias
en
que
ocurran
violaciones
constitucionales.
United States v. White, 879 F.2d 1509, 1513 (7th
Cir.
54
Como regla general, este tipo de evidencia es una “cuyo origen está
vinculado estrechamente a la evidencia obtenida originalmente en
violación de la protección constitucional” que provee la Sec. 10 de
nuestra Carta de Derechos contra arrestos y allanamientos ilegales,
Art. II sec. 10, Const. P.R., L.P.R.A. Tomo 1, Ed. 2008. Pueblo v.
Miranda Alvarado, 143 D.P.R. 356, 371 (1997).
55
Se ha expresado que: “[t]here is a derivative evidence component to
most of the constitutional exclusionary rules”. E. J. Imwinkelried,
The New Wigmore: A treatise on evidence: evidentiary privileges, Ed.
2, Sec. 6.6.6. Aspen Publishers, Vol. 2, pág. 709
CC-2009-0622
1989).
Por
7
tal
razón ,
el
Tribunal
Supremo
federal
ha enfatizado que:
Fundamental
to
suppressing
fruits
is
a
deterrence
rationale
that
the
derivative
evidence should generally be suppressed to deter
the
government
from
future
violations
of
constitutional rights. United States v. Leon,
468 U.S. 897, 908-13 (1984). Véase también,
United States v. White, supra.
Según indicamos, una de las instancias en que procede
excluir evidencia ocupada por el Estado es cuando aplica
la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso”.
La Opinión
en reconsideración que hoy se emite correctamente recoge
el tratamiento jurisprudencial atinente a la misma.
En
esencia, esta doctrina, con sus excepciones, encuentra su
origen en la jurisprudencia federal norteamericana.
Desde
principios de siglo el Tribunal Supremo federal la adoptó
al interpretar la Cuarta Enmienda de la Constitución de
Estados
Unidos,
con
el
propósito
de
lograr
un
balance
adecuado entre el “interés de encausar a los transgresores
del orden social y el de disuadir a los oficiales que
protegen y mantienen el orden público de recurrir a medios
o procedimientos ilegales, violentando de esa manera los
derechos
constitucionales
de
cada
ciudadano”.
Op.
disidente del Juez Asociado señor Rebollo López, Pueblo v.
Negrón
Martínez
I,
143
D.P.R.
1,
16
(1997).
Véase
CC-2009-0622
8
Silverthorne Lumber Co. v. United States, 251 U.S. 385
(1920).56
Según señala el Prof. Ernesto L. Chiesa, la “regla de
exclusión” que establece la doctrina del fruto del árbol
ponzoñoso se extiende a “evidencia derivativa” que ha sido
obtenida
como
“fruto”
de
evidencia
primaria
obtenida
ilegalmente. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de
Puerto
Rico
y
Estados
Forum, 1991, Vol. I,
I, supra.
Unidos,
1ra
ed.,
Colombia,
Ed.
pág. 317; Pueblo v. Negrón Martínez
Esto es, “a otra evidencia cuyo origen está
56
Resulta interesante cómo en una concisa, pero directa opinión, el
Tribunal Supremo federal reconoce la necesidad de hacer funcional la
norma establecida en la Carta Magna de Estados Unidos. Veamos:
The Government now, while in form repudiating and condemning the
illegal seizure, seeks to maintain its right to avail itself of
the knowledge obtained by that means which otherwise it would
not have had.
The proposition could not be presented more nakedly. It is that
although of course its seizure was an outrage which the
Government now regrets, it may study the papers before it
returns them, copy them, and then may use the knowledge that it
has gained to call upon the owners in a more regular form to
produce them; that the protection of the Constitution covers the
physical possession but not any advantages that the Government
can gain over the object of its pursuit by doing the forbidden
act. Weeks v. United States, 232 U. S. 383, 34 Sup. Ct. 341, 58
L. Ed. 652, L. R. A. 1915B, 834, Ann. Cas. 1915C, 1177, to be
sure, had established that laying the papers directly before the
grand jury was unwarranted, but it is taken to mean only that
two steps are required instead of one. In our opinion such is
not the law. It reduces the Fourth Amendment to a form of words.
The essence of a provision forbidding the acquisition of
evidence in a certain way is that not merely evidence so
acquired shall not be used before the Court but that it shall
not be used at all. Of course this does not mean that the facts
thus obtained become sacred and inaccessible. If knowledge of
them is gained from an independent source they may be proved
like any others, but the knowledge gained by the Government's
own wrong cannot be used by it in the way proposed. (Énfasis
nuestro y citas internas omitidas.) Silverthorne Lumber Co. v.
United States, 251 U.S. 385, 391-92 (1920).
CC-2009-0622
vinculado
9
estrechamente
originalmente
en
a
la
evidencia
violación
de
obtenida
la
protección
constitucional”. E.L. Chiesa Aponte, op. cit.
En cuanto a
esto, conviene resaltar lo que nos instruye el tratadista
La
Fave,
tal
como
se
reseña
en
la
Opinión
en
Reconsideración de autos, en cuanto a que “...la doctrina
del „fruto del árbol ponzoñoso‟ no se limita a los casos
en que se ha violado la Cuarta Enmienda, supra, sino que
también
se
ha
utilizado
cuando
han
ocurrido
otras
violaciones constitucionales, como las ruedas de detenidos
y las confesiones obtenidas en violación a los derechos
constitucionales”.
Opinión en reconsideración, págs. 8-9,
citando a La Fave, Search and Seizure: A treatise on the
fourth amendment, Vol. 6 Sec. 11.4, pág. 257 (2004).
En
ese sentido, la regla de exclusión también se ha aplicado
cuando
se
obtiene
evidencia
secundaria
fruto
de
violaciones a limitaciones no constitucionales, pero que
están estatuidas legalmente. La Fave, op. cit.
Destacamos que es acertada la discusión de la Opinión
mayoritaria en reconsideración en cuanto a que para que
aplique la referida regla de exclusión es necesario que el
Estado
incurra
en
alguna
actuación
estatal
ilegal
o
inconstitucional al obtener la pieza evidenciaria que se
intenta
excluir.
podrían
suscitarse
procedente
excluir
A
pesar
de
esto,
entendemos
situaciones
en
los
evidenciarios
frutos
las
cuales
que
sí
sería
de
la
CC-2009-0622
10
divulgación
de
una
comunicación
privilegiada
-y
aclaramos- en el contexto de la relación abogado-cliente.
B
Si bien es cierto que el privilegio abogado-cliente
no está investido de cualidad constitucional alguna, en
casos criminales existen situaciones en que este estará
estrechamente
relacionado
fundamentales
de
un
con
derechos
sospechoso
o
constitucionales
acusado.
Ante
esa
particular situación, se ha planteado que la violación del
privilegio abogado-cliente debe tratarse como se tratan
las
violaciones
constitucionales
cuando
ese
privilegio
suplementa algún derecho de raigambre constitucional, como
lo sería el derecho a representación legal adecuada que
surge de la Sexta Enmienda de la Constitución federal, el
derecho a no autoincriminarse de la Quinta Enmienda y el
debido
proceso
Enmienda.57
834,
839
de
ley
que
emana
de
la
Decimocuarta
Véase, United States v. Neill, 952 F. Supp.
(D
Evidentiary
DC
1997);
Issues,
2
B.P.
Saul,
Constitutional
Attorney-Client
Privilege
in
and
the
U.S., Cap. 10, Sec. 10:10 (2012).
Desde
hace
abogado-cliente
derecho
57
es
contra
constitucional
Véase,
décadas,
The
una
la
a
una
Attorney
se
propuso
garantía
que
el
privilegio
contra
el
menoscabo
autoincriminación
y
el
representación
legal
Client
Privilege:
derecho
adecuada.
Fixed
Emdas. V, VI, XIV, EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008.
al
rules,
CC-2009-0622
balancing,
11
and
constitutional
entitlement,
91
Harv.
L.
Rev. 464, 485 (1977).
Esto, ya que el privilegio abogado-
cliente,
que
a
pesar
de
no
se
ha
elevado
a
rango
constitucional, es clave para ejercer tales prerrogativas
constitucionales.
United States v. Neill, supra;
United
States v. White, supra. Por tanto, es correcto concluir
que el hecho de que el privilegio abogado-cliente no sea
de índole constitucional, no implica que el Estado pueda
ganar
acceso
conducta
a
comunicaciones
que
reconocidos.
mine
Véase,
privilegiadas
derechos
E.D.
mediante
constitucionalmente
Macarthur,
The
Search
and
seizure of privileged attorney-client communications, 72
U.
Chi.
L.
Rev.
729
(2005).
En
ese
sentido,
precisa
examinar si procede excluir los frutos de la divulgación
de una comunicación cobijada por el privilegio abogadocliente considerando la normativa atinente a la exclusión
de evidencia.
Según indicamos anteriormente, el privilegio abogadocliente está ligado a los derechos constitucionales contra
la autoincriminación y el derecho a asistencia de abogado.
El texto de la Sexta Enmienda de la Constitución federal
establece que en todas las causas criminales, el acusado
gozará, entre otros, del derecho a la asistencia de un
abogado
para
su
defensa.
Enmienda
VI,
Const.
EE.UU.,
L.P.R.A., Tomo I, ed. 2008. Bajo la aludida disposición,
el derecho
a asistencia de abogado se activa luego de la
iniciación
de
los
procedimientos
acusatorios
de
manera
CC-2009-0622
12
formal. Kirby v. Illinois, 406 U.S. 682, 689 (1972).
Por
otra parte, cuando se ha centralizado una investigación
sobre un individuo, a este le cobijan los derechos que
emanan de la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados
Unidos, entre ellos, el derecho a asistencia de abogado
para asegurar su derecho a la no autoincriminación.
Véase
E.L. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 66.
En
Puerto
Constitución
Rico,
la
garantiza
Sec.
criminales,
el
que
acusado
11
en
L.P.R.A.,
prerrogativa
fundamental
Además,
de
dicha
Art.
todos
disfrutará,
derecho a asistencia de abogado.
P.R.,
del
II
los
entre
de
la
procesos
otros,
del
Art. 2 Sec. 11, Const.
Tomo
1,
Ed.
2008,
pág.
343.
Esta
también
se
ha
consagrado
como
parte
del
debido
la
cláusula
representación
debe
proceso
ser
una
de
ley.
adecuada.
Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883 (1993). De esta
forma,
hemos
disfrute
de
reconocido
asistencia
cuando
esta
toma
lectura
de
acusación,
el
legal
carácter
derecho
de
en
etapa
la
acusatorio,
durante
sentencia y en la fase apelativa.
el
un
acusado
al
investigativa
en
el
acto
juicio,
al
dictarse
Íd.58
de
Véase, Miranda v.
Arizona, 384 U.S. 436 (1966).59
58
En cuanto a las disposiciones de las cuales emana el derecho a
asistencia de abogado, el Profesor Chiesa nos aclara lo siguiente:
“No cabe duda alguna de que, actualmente, el derecho a
asistencia de abogado durante el interrogatorio bajo
custodia del sospechoso emana de la Enmienda Quinta como
corolario del privilegio contra la autoincriminación y no,
del derecho a asistencia de abogado en la Enmienda Sexta.”
E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y
Estados Unidos, 1ra ed., Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. 1,
CC-2009-0622
13
Es meritorio apuntar que el derecho constitucional a
asistencia
de
abogado
claramente
alberga
en
sí
la
protección de la confidencialidad de las comunicaciones
entre el acusado y su representante.
United States v.
Henry, 447 U.S. 264, 295 (1980) (Opinión disidente del
Juez Rehnquist).
abogado-cliente
Enmienda
en
la
representación
Así pues, el concepto de la relación
se
interseca
medida
legal
en
con
la
que
estas
adecuada:
ya
Quinta
sea
y
Sexta
requieren
una
durante
un
interrogatorio al sospechoso, previo a la iniciación del
procedimiento criminal formal o luego de comenzado este.
Ante ese escenario, una de las instancias en que puede
ocurrir una vulneración al derecho a una representación
legal adecuada es cuando el Estado interviene ilegalmente
en la relación abogado-cliente para obtener información
privilegiada
y
utiliza
esa
información
evidencia en contra del imputado.
Neil, supra.
para
obtener
Véase, United States v.
En United States v. Lin Lyn Trading, Ltd.,
____________________________________________________________________
pág. 66. Véase también, Massiah v. United States, 377 U.S.
201 (1964).
Nos señala además que el derecho a asistencia de abogado que
emana directamente de la Enmienda Sexta solo se activa tras la
denuncia o acusación- es decir, con el comienzo de procedimientos
adversativos formales.
Chiesa, op. cit., pág. 66.
Bajo nuestro
entramado de reglas procesales criminales esto significa que se activa
el derecho a asistencia de abogado luego de la presentación de una
denuncia, acusación, determinación de causa probable para el arresto,
o, comparecencia ante magistrado tras la realización de un arresto sin
orden. Íd., pág. 65, esc. 41.
59
Cabe aclarar que en este caso la corte enfatizó que ante un
interrogatorio de un sospechoso bajo custodia, para proteger el
derecho contra la autoincriminación, es necesario que se le haga al
individuo las advertencias sobre sus derechos constitucionales, lo que
se ha conocido como los “Miranda rights”.
CC-2009-0622
925
F.
Supp.
14
1507,
1517
(D.
Utah
1996)60
se
dijo
lo
siguiente:
... intentional intrusion into the attorneyclient
relationship
constitutes
a
direct
interference with the Sixth Amendment rights of
a defendant, and because a fair adversary
proceeding is a fundamental right secured by the
Sixth and Fourteenth Amendments, we believe that
absent a countervailing state interest, such an
intrusion must constitute a per se violation of
the Sixth Amendment. In other words, we hold
that
when
the
state
becomes
privy
to
confidential
communications
because
of
its
purposeful intrusion into the attorney-client
relationship
and
lacks
a
legitimate
justification for doing so, a prejudicial effect
on the reliability of the trial process must be
presumed.
Por otro lado, la intrusión del Estado en la relación
abogado-cliente puede ser de tal magnitud que también configure
una violación al debido proceso de ley. Véase, R.P. Mosteller,
Admissibility of fruits of breached evidentiary privileges: The
importance of adversarial fairness, party culpability, and fear
of immunity, 81 Wash. U. L.Q. 961 (2003).
Véase también, United
States ex rel. Shiflet v. Lane, 815 F.2d 457 (7th Cir. 1987).
Así pues, se ha resuelto que cuando el Estado transgrede
los derechos que dimanan de la Quinta, Sexta o Decimocuarta
enmienda de la Constitución federal y, en consecuencia, obtiene
evidencia a través de la intrusión intencional e inadecuada en
los
derechos
constitucionales
de
una
persona,
el
remedio
correspondiente en el procedimiento criminal se limita a negarle
a la Fiscalía los frutos de la transgresión. United State v.
60
Citando a Shillinger v. Haworth, 70 F.3d 1132, 1142 (10th Cir.1995)
CC-2009-0622
15
Morrison, 449 U.S. 361, 366 (1980); Shillinger v. Haworth, 70 F.
3d 1132, 1143 (10th Cir. 1995).61
Al repasar los hechos de este caso, vemos que la
defensa
del
supresión
señor
de
amparándose
Fernández
evidencia
en
constitucional
que
a
no
y
el
se
limitó
a
reclamar
desestimación
de
los
cargos
su
derecho
Estado
violentó
autoincriminarse,
el
la
privilegio
abogado-cliente, y su derecho a un debido proceso de ley.
Ciertamente, reiteramos, por los fundamentos expuestos en
Pueblo v. Fernández Rodríguez,
supra, que las partes del
testimonio
materia
debieron
que
involucraban
admitirse
circunscribiéndonos
a
en
evidencia.
los
reclamos
de
privilegiada
Ahora
la
no
bien,
defensa,
es
forzoso concluir que no procede lo solicitado puesto que
en este caso el Estado no cometió acción ilegal alguna que
infringiera
los
derechos
constitucionales
Fernández, ni su privilegio abogado-cliente.
del
señor
Se desprende
de los testimonios vertidos en el TPI que el licenciado
Carbone divulgó voluntariamente, sin coacción alguna por
parte del agente Curbelo, información confidencial.
Por
tanto, no procede suprimir la evidencia derivativa.
Ello
pues, en este caso no cabe la menor duda de que está
61
En este último caso se expresó que: “Morrison (United State v.
Morrison, 449 U.S. 361 (1980)) makes clear that evidence obtained
through an intentional and improper intrusion into a defendant's
relationship with his attorney, as well as any “fruits of [the
prosecution's] transgression” must be suppressed in proceedings
against him”.(Citas internas omitidas).
CC-2009-0622
16
ausente alguna acción inconstitucional o ilegal atribuible
al Estado.62
III
Por los fundamentos que anteceden, concurrimos con la
Opinión en reconsideración que hoy se emite.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado
62
Tal como se mencionó en US. v. Neill, 952 F. Supp. 834, 839 (D DC
1997),
“[n]onetheless, not every intrusion on the attorney-client
privilege constitutes a constitutional violation, an intrusion may
result in a constitutional violation if privileged information is
intentionally obtained and used to the defendant's detriment at
trial”.