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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Hiram A. Meléndez Rivera

2013 TSPR 18

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Hiram A. Meléndez Rivera

TS-3473

Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por sentencia de delito menos grave que implica depravación moral

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2013 TSPR 18

Hiram A. Meléndez Rivera

187 DPR ____

Número del Caso: TS-3473

Fecha: 31 de enero de 2013

Abogado del Querellado:

Por derecho propio

Oficina del Fiscal Independiente

Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 6 de

febrero de 2013 fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión

inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que

está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SOBRE:

IN RE:

NÚM.: TS-3473

CONDUCTA

PROFESIONAL

HIRAM A. MELÉNDEZ RIVERA

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2013.

Hoy nos encontramos en la necesidad de ejercer una vez

más nuestra facultad disciplinaria contra un miembro de la

profesión

legal

por

incumplimiento

con

los

Cánones

de

Ética Profesional que juró profesar.

I

El Lcdo. Hiram A. Meléndez Rivera (licenciado Meléndez

Rivera) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 14 de

enero

de

1970

y,

posteriormente,

al

ejercicio

de

la

notaría el 7 de octubre de 1971.1

1

Con fecha 17 de junio de 1983 el licenciado Meléndez Rivera informó que

deseaba cesar en sus funciones como notario público a partir del 27 de junio

de 1983. Por dicha razón y luego de que la Oficina del Director de Inspección

de Notarías (ODIN) examinara los protocolos y registros de testimonios

formados hasta ese momento y los depositara en el Archivo Notarial de San

Juan, dimos por terminada su fianza notarial.

Aproximadamente diez (10) años más tarde el licenciado Meléndez Rivera

solicitó readmisión al ejercicio del notariado, petición que le fue concedida

el 15 de enero de 1993, previa prestación de la fianza notarial. No obstante,

el 26 de junio de 2002 solicitó nuevamente el cese voluntario de sus funciones

como notario. Por lo tanto, luego de examinada su obra notarial y archivada

la misma en el Archivo Notarial Distrito de San Juan, emitimos Resolución

dando por terminada su fianza notarial el 18 de octubre de 2002.

TS-3473

2

Por hechos acaecidos entre enero de 2005 al 31 de

diciembre de 2008, mientras el licenciado Meléndez Rivera

fungía

como

Director

Compensaciones

por

Ejecutivo

Accidentes

de

de

la

Administración

Automóviles

de

(ACAA),

a

éste le fueron radicados varios cargos por violación a los

Artículos

210

(Fraude)2

y

267

(Malversación

de

Fondos

Públicos)3 del Código Penal de 2004 y por violación al

Artículo 3.3 (c) de la Ley de Ética Gubernamental.4

específico,

al

licenciado

Meléndez

Rivera

se

le

En

imputó

haber utilizado indebidamente la tarjeta corporativa de la

ACAA

para

gastos

extravagantes

e

innecesarios,

que

comprendían estadías en hoteles en Puerto Rico, consumo en

restaurantes en el área de San Juan y estadías fuera de

Puerto

Rico

en

asuntos

que

fueron

catalogados

como

no

oficiales.5

Luego de varios trámites procesales, los delitos antes

mencionados

fueron

cargos

Negligencia

por

reclasificados

en

el

cada

uno

Cumplimiento

a

dos

del

(2)

Deber

2

33 L.P.R.A. sec. 4838 (2010). El delito de Fraude estaba catalogado en

el Código Penal de 2004 como un delito grave de cuarto grado.

3

33 L.P.R.A. sec. 4895 (2010).

El delito de Malversación de Fondos

Públicos estaba catalogado en el Código Penal de 2004 como un delito grave de

tercer grado.

4

5

3 L.P.R.A. sec. 1823(c) (2011).

Dentro de las imputaciones realizadas por el uso irregular de la tarjeta

de crédito corporativa, el licenciado Meléndez Rivera reconoce que aunque él

no era el funcionario encargado de realizar los pagos en la agencia, por su

puesto como Director Ejecutivo tenía una responsabilidad ministerial de que

todo trámite relacionado a los pagos fuera uno impecable. Aceptó, además, que

aun cuando alegadamente él no tuvo la oportunidad de examinar la auditoría de

las finanzas de la agencia y no tenía consigo las facturas por los gastos que

se le estaban cuestionando, después de todo era su responsabilidad que todas

las cuentas de la agencia estuvieran claras.

TS-3473

(Artículo

3

266

finalmente

del

el

Código

Penal

licenciado

de

2004),6

Meléndez

por

Rivera

lo

que

terminó

realizando alegación de culpabilidad por seis (6) cargos

menos graves por violación a este último Artículo.7

Como

resultado de lo anterior, el 27 de febrero de 2012 el

Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia condenándolo

a cumplir un (1) año de prisión con el beneficio de una

sentencia suspendida, conforme lo dispone la Ley Núm. 259

de 3 de abril de 1946, y a restituir la cantidad de trece

mil setecientos cuarenta y siete dólares con ochenta y

seis centavos ($13,747.86) al erario.

Por tratarse dicha situación de la convicción criminal

de un togado, el 6 de julio de 2012 el Panel sobre el

Fiscal Especial Independiente (Panel del FEI) emitió una

Resolución

informándole

anteriormente

a

expuestos

este

para

Tribunal

que

los

pormenores

adviniéramos

en

conocimiento de dicho asunto y dispusiéramos lo que fuera

procedente.

Como

resultado

de

lo

anterior,

el

26

de

octubre de 2012 emitimos una Resolución concediéndole al

licenciado Meléndez Rivera un término de veinte (20) días

para que expresara por qué no debía ser suspendido de la

práctica de la abogacía.

6

7

33 L.P.R.A. sec. 4894 (2010).

El licenciado Meléndez Rivera realizó alegación de culpabilidad durante

la vista de lectura de acusación celebrada el 27 de febrero de 2012 luego de

un preacuerdo realizado entre su representante legal y la fiscal designada por

el Panel del FEI.

TS-3473

4

En cumplimiento con lo anterior, el 20 de noviembre de

2012

el

licenciado

Meléndez

Rivera

compareció

ante

nos

informando que los trescientos sesenta (360) días a los

que

fue

condenado

a

cumplir

con

el

beneficio

de

una

sentencia suspendida se cumplen el próximo 22 de febrero

de

2013

y

que

la

cantidad

que

se

le

había

ordenado

restituir fue debidamente consignada conforme a la ley.

Expresó, además, su profundo arrepentimiento, así como su

propósito

de

continuar

conduciendo

su

vida

según

las

normas que rigen la profesión legal.

II

La Sección 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, 4

L.P.R.A. sec. 735 (2010), dispone, en su parte pertinente,

que

El abogado que fuere culpable de engaño,

conducta inmoral (malpractice), delito grave

(felony) o delito menos grave (misdemeanor), en

conexión con el ejercicio de su profesión o que

fuere culpable de cualquier delito que implicare

depravación

moral,

podrá

ser

suspendido

o

destituido de su profesión por el Tribunal

Supremo de Puerto Rico.

(Énfasis nuestro y en el original).

Reiteradamente hemos establecido que la “[d]epravación

moral consiste en hacer algo contrario a la justicia, a la

honradez, a los buenos principios o a la moral….”

In re

Arroyo Arroyo, 182 D.P.R. 83 (2011) (citas omitidas); In

re Colón Muñoz, 149 D.P.R. 627 (1999); In re Ortiz Gilot,

117 D.P.R. 167 (1986).

TS-3473

5

Para evitar exponerse a los pormenores de un proceso

disciplinario

por

cualquier

indicadas

hemos

insistido

profesión

legal

debe

en

conducta

de

que

todo

miembro

en

forma

conducirse

las

antes

de

la

digna

y

honorable, tanto en su vida privada como familiar.

Canon

38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C.

38 (2012) (Canon 38).

Conforme a lo anterior, desde el

preámbulo del código de ética que ha de regir la conducta

de los miembros de la clase togada se ha dispuesto que a

todo abogado se le exige evitar hasta la apariencia de

conducta impropia.

Del mismo modo, dispone el Canon 38

que

deberá

“[e]l

abogado

esforzarse,

al

máximo

de

su

capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su

profesión,

aunque

el

así

hacerlo

conlleve

sacrificios

personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta

profesional impropia….”

Reviste

tanta

(Énfasis nuestro).

importancia

que

todo

abogado

se

desempeñe con dignidad y alto sentido del honor que, según

hemos

reafirmado,

desaforados

por

éstos

podrán

actuaciones

que

ser

no

suspendidos

tienen

que

o

surgir

necesariamente de su actividad profesional, sólo bastando

con que éstas afecten sus cualidades morales o lo hagan

indigno de pertenecer al foro.

In re Rodríguez Vázquez,

176 D.P.R. 168, 177 (2009); Colegio de Abogados de P.R. v.

Barney, 109

D.P.R. 845, 848 (1980);

D.P.R. 252, 255-256 (1961).

In re Liceaga, 82

TS-3473

6

Luego de evaluar los hechos en el presente proceso

disciplinario

entendemos

que,

sin

lugar

a

dudas,

el

comportamiento y la conducta incurrida, por la cual hizo

alegación de culpabilidad el licenciado Meléndez Rivera,

va en contra de los buenos principios, de la moral y de la

honradez con la que debe conducirse todo miembro de la

profesión legal.

Al así actuar dejó a un lado su deber de

esforzarse al máximo de su capacidad en la exaltación del

honor y la dignidad de la profesión y de evitar hasta la

apariencia de conducta impropia.

Como

acertadamente

expone

el

licenciado

Meléndez

Rivera en su comparecencia ante nos “[e]l hecho que activa

la función disciplinaria en el caso de autos es cierto y

constatable: una sentencia por delito” (énfasis nuestro).8

Reconocemos que nuestro deber va más allá de aplicar con

automatismo una sanción disciplinaria por una convicción

por el

delito de Negligencia en el Cumplimiento en el

Deber.

Pero, como hemos reiterado en ocasiones anteriores

todo

abogado

debe

margen de éste.

actuar

a

un

nivel

superior

y

no

al

Por lo tanto no hemos dudado en suspender

o desaforar a abogados cuando sus actuaciones afectan sus

cualidades morales y los hacen indignos de pertenecer al

foro.

Las actuaciones que desembocan en la Sentencia en

cuestión, sin lugar a dudas, son patentemente contrarias a

8

Moción en Cumplimiento de Orden de 20 de noviembre de 2012, pág. 6.

TS-3473

7

los postulados éticos que gobiernan la profesión y merecen

que ejerzamos nuestra facultad disciplinaria.

III

De

este

modo

y

en

vista

de

los

acontecimientos

anteriormente esbozados, decretamos la suspensión inmediata

e indefinida del ejercicio de la abogacía del licenciado

Meléndez Rivera.

todos

sus

Le ordenamos, por lo tanto, notificar a

clientes,

si

alguno,

de

su

inhabilidad

para

continuar con su representación, así como devolver tanto

los

expedientes

de

los

casos

pendientes,

como

los

honorarios recibidos por trabajos no rendidos.

Igualmente, tiene el deber de informar oportunamente

de

su

suspensión

tanto

administrativos del país

asunto

pendiente.

a

los

foros

judiciales

como

en el que tenga algún caso o

Dichas

gestiones

deberán

ser

acreditadas a este Tribunal dentro del término de treinta

(30) días a partir de la notificación de esta Opinión Per

Curiam y Sentencia.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam al

Lcdo. Hiram A. Meléndez Rivera por la Oficina del Alguacil

de este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

IN RE:

SOBRE:

HIRAM A. MELÉNDEZ RIVERA

NÚM.: TS-3473

CONDUCTA

PROFESIONAL

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2013.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte íntegra

de la presente Sentencia,

decretamos la

suspensión

inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía del

Lcdo. Hiram A. Meléndez Rivera.

Le ordenamos, por lo tanto, notificar a todos sus

clientes, si alguno, de su inhabilidad para continuar con

su representación, así como devolver tanto los expedientes

de los casos pendientes, como los honorarios recibidos por

trabajos no rendidos.

Igualmente, tiene el deber de informar oportunamente

de su suspensión tanto a los foros judiciales como

administrativos del país en el que tenga algún caso o

asunto

pendiente.

Dichas

gestiones

deberán

ser

acreditadas a este Tribunal dentro del término de treinta

(30) días a partir de la notificación de esta Opinión Per

Curiam y Sentencia.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y

Sentencia al Lcdo. Hiram A. Meléndez Rivera por la Oficina

del Alguacil de este Tribunal.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo.

El Juez Presidente señor Hernández

Denton, la Jueza Asociada señora Fiol Matta y la Juez

Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo