Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pueblo v. Nieves Nieves
2013 TSPR 19
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pueblo v. Nieves Nieves
CC-2012-119
Procedimiento Criminal – Admisibilidad en evidencia de confesiones realizadas luego de un arresto sin orden y de practicadas las advertencias legales contra la autoincriminación
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
v.
2013 TSPR 19
Christian Nieves Vives
Peticionario
188 DPR ____
Número del Caso: CC-2012-119
Fecha: 21 de febrero de 2013
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Jesús Miranda Díaz
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Luis Román Negrón
Procurador General
Lcdo. Juan B. Ruiz Hernández
Materia: Procedimiento Criminal – Admisibilidad en evidencia de confesiones
realizadas luego de un arresto sin orden y de practicadas las advertencias
legales contra la autoincriminación.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2012-119
Certiorari
Christian Nieves Vives
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor
Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2013.
Hoy
tenemos
la
oportunidad
de
normativa
sobre
la
admisibilidad
examinar
en
nuestra
evidencia
de
confesiones realizadas durante un procedimiento criminal.
Mediante el presente caso, analizamos por primera vez y
adoptamos los factores establecidos por el Tribunal Supremo
de Estados Unidos en Brown v. Illinois, infra.1
En
realizada
1
esencia,
debemos
luego
resolver
de
si
las
una
confesión,
advertencias
En ocasiones anteriores, este Foro ha citado el mencionado caso de
Brown v. Illinois, 422 U.S. 590 (1975). Véanse, Pueblo v. Millán
Pacheco, 182 D.P.R. 595, 612 (2011); Pueblo v. González, 167 D.P.R.
350, 357 (Opinión disidente emitida por el Juez Presidente señor
Hernández Denton, a la cual se unieron las Juezas Asociadas señora Fiol
Matta y señora Rodríguez Rodríguez.); Pueblo v. Alcalá Fernández, 109
D.P.R. 326, 333 (1980).
No obstante, esta es la primera vez que lo
escudriñamos en detalle.
CC-2012-119
legales
2
y
de
haberse
cumplido
con
la
protección
constitucional a la no autoincriminación, es inadmisible
en evidencia por ser producto de un arresto ilegal.
I
El
31
de
agosto
de
2011
el
Ministerio
Público
presentó dos denuncias contra el peticionario Christian
Nieves Vives (peticionario) por hechos ocurridos entre la
noche del 21 y la madrugada del 22 de agosto del mismo
año; una de estas fue por el delito de apropiación ilegal2
y la otra por daño agravado.3
En las mismas se imputó que
el peticionario de manera ilegal, voluntaria, maliciosa, a
sabiendas y con intención criminal se apropió de bienes
pertenecientes al Sr. Afner Martínez López.
Además, se le
imputó haber ocasionado daños ascendentes a $5,879.30 a
una excavadora propiedad del señor Martínez López.
Tribunal
de
Primera
Instancia
determinó
causa
El
probable
para arresto por los delitos imputados y le impuso una
fianza de $1,000.
determinó
causa
únicamente
por
Sin embargo, en la vista preliminar se
probable
para
acusar
al
el
delito
de
daño
peticionario
agravado.
Subsiguientemente, el 1 de octubre de 2011 el Ministerio
Público presentó una acusación, según autorizada, contra
el peticionario Nieves Vives.
2
Art. 192 del Código Penal de Puerto Rico de 2004, 33 L.P.R.A. sec.
4820.
3
Art. 208 del Código Penal de Puerto Rico de 2004, 33 L.P.R.A. sec.
4836.
CC-2012-119
3
Luego de la lectura de acusación, el 2 de noviembre
de 2011, el peticionario presentó una moción de supresión
de
confesión
confesión
arresto
en
la
obtenida
ilegal,
Ministerio
alegó,
fue
ilegal
conforme
a
árbol ponzoñoso”.4
el
que
la
en
por
síntesis,
ser
que
la
de
un
“fruto
del
producto
doctrina
del
Por su parte, el 7 de noviembre de 2011
Público
presentó
una
oposición
a
la
solicitud de supresión de confesión en la que sostuvo que
el
peticionario
no
se
encontraba
bajo
arresto
en
la
Comandancia en Bayamón (Comandancia) y que en la obtención
de la confesión se cumplieron con todas las exigencias del
debido
proceso
de
ley.5
Argumentó
que
la
evidencia
presentada en la vista preliminar claramente estableció
las
circunstancias
particulares
que
dieron
motivos
fundados para investigar los hechos.
Así
Tribunal
las
de
cosas,
el
Primera
consistió
de
Instancia
supresión de confesión.
vista
9
noviembre
de
2011,
el
celebró
la
vista
de
La prueba desfilada durante la
únicamente
en el
Carlos Rodríguez Torres (agente).
testimonio
del
agente
Su testimonio se basó
en la forma y manera en que se obtuvo la confesión del
peticionario.
No obstante, y como muy bien fue señalado
por la defensa, el agente Rodríguez Torres no fue quien
arrestó al peticionario, por lo que en la vista no pudo
testificar
sobre
los
detalles
o
motivos
4
Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 27-36.
5
Íd., págs. 37-43.
fundados
para
CC-2012-119
4
realizar el arresto.
peticionario
Nieves
Más bien, el agente aceptó que el
Vives
estaba
bajo
custodia
de
la
Policía de Puerto Rico (Policía) y que fue arrestado sin
orden judicial.
Según surge de la exposición narrativa de la prueba,
el agente Rodríguez Torres declaró que el 22 de agosto
de 2011 se le asignó investigar un escalamiento ocurrido
en
el
Club
Metropolitano
de
Tiro,
Urbanización Levittown de Toa Baja.
ubicado
en
la
Se alegó que dicho
suceso ocurrió entre la noche del 21 y la madrugada del
22 de agosto de ese mismo año.
El agente indicó que su
supervisor le instruyó que acudiera a la Avenida del Lago,
ya que se había recuperado cierta evidencia relacionada
con el escalamiento.
Así las cosas, el agente Rodríguez Torres acudió al
lugar indicado y conversó con el agente Sánchez de la
División de Inteligencia.
Este último le informó que se
había ocupado un bulto con varios cartuchos de escopeta y
otros utensilios que parecían estar relacionados con el
escalamiento
sector.
y
un
asesinato
ocurrido
en
la
playa
del
El agente Rodríguez Torres declaró, además, que
el agente Sánchez le informó que la Policía tenía en la
Comandancia a tres personas detenidas vinculadas con la
investigación del asesinato.
Ante
esta
situación,
acudió a la Comandancia.
el
agente
Rodríguez
Torres
Al llegar allí conversó con el
agente Lara y este le confirmó que tenían a tres personas
CC-2012-119
5
detenidas las cuales se habían arrestado entre las cinco y
media y seis de la tarde.6
Las tres personas detenidas
eran
Vives
el
peticionario
Nieves
y
dos
personas
más
identificadas como Saúl y Julio.
En ese momento el agente
Rodríguez
peticionario.
Torres
se
dirigió
al
Este
ya
había sido interrogado por el agente Lara y el sargento
Aponte con relación al asesinato y lo habían descartado
como
sospechoso,
sin
embargo,
le
indicaron
que
debía
permanecer en un cubículo de la Comandancia en lo que
llegaba el agente Rodríguez Torres para interrogarlo sobre
el escalamiento.
Una
vez
retiraron,
el
advertencias
Nieves
Vives
el
agente
agente
legales
Lara
y
Rodríguez
al
el
sargento
Torres
peticionario.
comprendió
las
le
El
Aponte
se
leyó
las
peticionario
advertencias,
marcó
el
documento al respecto y expresó su deseo de declarar.7
Consecuentemente,
el
peticionario
brindó
relacionada con el delito de daño agravado.
una
confesión
La entrevista
entre el agente Rodríguez Torres y el peticionario Nieves
Vives se produjo a las seis y media de la tarde.8
En
esencia,
el
peticionario
confesó
al
agente
Rodríguez Torres que el día de los hechos se reunió con
6
Transcripción de la vista de supresión, Apéndice de la Petición de
certiorari, pág. 61.
7
Es
importante
señalar
que
sobre
las
advertencias
no
hay
controversia.
Incluso, la defensa del peticionario Nieves Vives
estipuló el documento y la realización de tales advertencias en la
vista de supresión.
Véase Transcripción de la vista de supresión,
Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 58.
8
Íd., pág. 63.
CC-2012-119
6
Saúl y Julio en casa de este último y luego partieron a
casa de Carlitos.
Desde allí los cuatro salieron a la
Carretera 165 hacía la antigua vaquería.
máquina
de
cavar
y
En dicho lugar
encontraron
una
le
forzaron
el
encendedor.
Al no poder prender la excavadora decidieron
sacarle las baterías y se las llevaron.
Posteriormente,
partieron
de
hacia
Metropolitano).
el
Club
Metropolitano
Tiro
(Club
Al llegar al Club Metropolitano entraron
a los predios del local y trataron de romper las rejas de
la estructura que allí se encuentra.
Al no poder romper
las rejas, arrancaron el portón de la entrada utilizando
un
vehículo
entraron
a
de
motor.
Luego
la
estructura,
de
abrieron
arrancar
los
18
el
portón
“lockers”
existentes y se llevaron mercancía tales como cartuchos,
“trimmers” y “blowers”.
Mientras se disponían a salir del
lugar, Carlitos gritó “agua” al ver a la Policía acercarse
y corrió hacía un río.
Por otro lado, Saúl, Julio y el
peticionario se montaron en el vehículo de motor y se
marcharon
del
Club
Metropolitano.
Posteriormente,
Carlitos fue encontrado muerto en el área de una playa.
El agente declaró que luego de dicha confesión se
presentaron
los
cargos
contra
el
peticionario.
Sin
embargo, y como mencionáramos anteriormente, el agente no
pudo declarar sobre cómo se llevó a cabo el arresto, ya
que él no fue quien arrestó al peticionario y no tenía
conocimiento sobre esos hechos.
CC-2012-119
7
Luego de escuchar el testimonio del agente Rodríguez
Torres, el foro de instancia declaró “no ha lugar” a la
supresión
solicitada.
tribunal
emitió
El
23
mediante
de
noviembre
resolución
la
de
2011
el
determinación
antedicha, notificada el 2 de diciembre e 2011.
En su
resolución, el foro primario señaló que “el acusado no
expone
hecho
o
fundamento
alguno
sobre
el
modo
y
las
circunstancias en que fue detenido originalmente”.9
Inconforme
con
esa
determinación,
el
3
de
enero
de 2012, el peticionario Nieves Vives presentó ante el
Tribunal
de
Apelaciones
síntesis,
arguyó
ilegal
y
le
dicha
presunción.
que
un
un
arresto
corresponde
intermedio
emitió
expedición
del
El
recurso
al
19
una
de
sin
certiorari.
orden
Ministerio
de
enero
resolución
certiorari.
El
en
En
se
presume
Público
rebatir
de
2012
la
que
tribunal
el
foro
denegó
la
apelativo
le
brindó deferencia a la determinación del foro de instancia
en cuanto a la negativa de suprimir la confesión porque
entendió
parámetros
que
la
misma
legales.
fue
Por
realizada
otro
lado,
conforme
en
cuanto
a
los
a
la
detención, señaló que “no fue caprichosa, irrazonable ni
errada; sino por el contrario fue producto de un proceso
lícito”.10
En
desacuerdo
Apelaciones,
el
con
la
peticionario
decisión
del
Tribunal
de
Nieves
Vives
presentó
un
9
Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 50.
10
Íd., pág. 75.
CC-2012-119
8
recurso de certiorari ante esta Curia, en el que señaló
los errores siguientes:
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al
confirmar al Tribunal de Primera Instancia a
pesar de que en el presente caso no se
rebatió la presunción de invalidez del
arresto llevado a cabo.
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al
confirmar al Tribunal de Primera Instancia
quien validó un arresto sin orden a pesar de
que hubo ausencia total de prueba sobre las
circunstancias en que se llevó a cabo el
arresto.
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al
confirmar al Tribunal de Primera Instancia
argumentando
que
se
cumplió
con
las
advertencias de Miranda y el debido proceso
de ley para obtener la confesión del
presente caso haciendo abstracción de que la
misma fue consecuencia de una violación al
Art. II Sec. 10 de la Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y IV
Enmienda Federal.
Expedido
el
recurso
y
con
el
beneficio
de
las
comparecencias de ambas partes, resolvemos.
II
La Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados
Unidos
(Cuarta
Enmienda)
y el
Art.
II, Sec.
10 de la
Constitución de Puerto Rico (Art. II, Sec. 10) protegen el
derecho
del
pueblo
contra
allanamientos irrazonables.
estas
cláusulas
es
la
registros,
incautaciones
y
La disposición expuesta en
“matriz
de
la
garantía
de
los
derechos individuales ante la intervención injustificada
del
11
Estado
con
el
ciudadano”.11
Esta
protección
se
Pueblo v. Pérez Rivera, res. 26 de septiembre de 2012, 2012 T.S.P.R.
146, 186 D.P.R. ____ (2012); Pueblo v. Román Mártir, 169 D.P.R. 809,
821-22 (2007).
CC-2012-119
9
extiende a los procedimientos de investigación criminal
sobre el sospechoso de la comisión de un delito.12
En lo
pertinente, nuestra Constitución dispone en esta sección
que
[n]o se violará el derecho del pueblo a la
protección de sus personas, casas, papeles y
efectos contra registros, incautaciones y
allanamientos irrazonables…
Sólo se expedirán mandamientos autorizando
registros, allanamientos o arrestos por
autoridad judicial, y ello únicamente cuando
exista causa probable apoyada en juramento o
afirmación…
Evidencia obtenida en violación de esta
sección será inadmisible en los tribunales.13
Por
consiguiente,
se
prohíbe,
de
ordinario
“el
arresto de personas o los registros o allanamientos sin
una orden judicial previa, apoyada en una determinación de
causa probable”.14
La orden judicial es necesaria para
poder garantizar la dignidad e intimidad de las personas y
sus
efectos
de
posibles
Estado.15
Esta
protección
importancia
que
si
judicial
se
presume
un
actuaciones
arbitrarias
constitucional
arresto
inválido
se
realiza
y
le
es
del
de
sin
tal
orden
corresponde
al
12
Pueblo v. Pérez Rivera, supra.
Véase, además, O.E. Resumil,
Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho procesal penal, Tomo I,
Equity Pub. Co., New Hampshire, 1990, pág. 26.
13
Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, págs. 326–327.
14
Pueblo
v.
Serrano
Reyes,
176
D.P.R.
437,
Pueblo v. Calderón Díaz, 156 D.P.R. 549, 555 (2002).
15
Íd.; Íd., pág. 556.
443
(2009);
CC-2012-119
10
Ministerio
Público
rebatir
la
presunción
de
constitucional
de
irrazonabilidad.16
Ahora
bien,
el
requerimiento
previa orden judicial no es absoluto, existen excepciones
donde se ha reconocido la validez de un registro o arresto
sin
una
orden.17
expresamente
que
La
la
Asamblea
garantía
Constituyente
aludida
frente
tiene su límite en la conducta criminal.18
reconoció
al
arresto
Así, hemos
reconocido en la Regla 11 de las Reglas de Procedimiento
Criminal, 34
público
puede
judicial.
orden
L.P.R.A.
Ap.
realizar
II,
un
que
un
arresto
agente
sin
del
orden
previa
orden
Esta regla establece que un funcionario del
público
puede
hacer
un
arresto
sin
la
orden
correspondiente: (a) cuando tuviere motivos fundados para
creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un
delito en su presencia, (b) cuando la persona arrestada
hubiese
cometido
presencia,
y
(c)
un
delito
cuando
grave,
tuviere
aunque
motivos
no
en
fundados
su
para
creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un
delito grave, independientemente de que dicho delito se
hubiere cometido o no en realidad.
16
Pueblo v. Calderón Díaz, supra; Pueblo v. Serrano, Serra,
148 D.P.R. 173 (1999); Pueblo v. Blase Vázquez, 148 D.P.R. 618 (1999);
Pueblo v. Colón Bernier, 148 D.P.R. 135 (1999).
17
Pueblo v. Calderón Díaz, supra; Pueblo v. Serrano, Serra,
supra; Pueblo v. Blase Vázquez, supra; Pueblo v. Colón Bernier, supra.
18
4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente
(1952). Véase, además, Pueblo v. Colón Bernier, supra.
2567-2568
CC-2012-119
11
Para
determinar
si
un
funcionario
tuvo
motivos
fundados para creer que la persona a ser arrestada ha
cometido
un
delito
en
su
presencia,
la
conducta
del
funcionario se juzgará a base de la apreciación que haría
una persona prudente y razonable en esas circunstancias.19
Por lo tanto, motivos fundados es el conocimiento y la
información que posee una persona ordinaria y prudente que
lo llevan a creer que el arrestado ha cometido el delito,
independientemente
de
que
comisión del delito.20
luego
se
establezca
o
no
la
Siendo así, hemos expresado que
motivos fundados es sinónimo de causa probable.21
En síntesis, para que un arresto sin orden judicial
sea
válido
tiene
Ahora,
la
varios
agentes
que
exigencia
del
sustentarse
de
motivos
orden
en
motivos
fundados
público
no
actúen
fundados.
impide
que
concertada
y
coordinadamente.22
Esto se debe a que de otra forma sería
imposible
el
realizar
trabajo
en
poder combatir la criminalidad.23
fundados
del
agente
que
inició
equipo
necesario
para
Por ello, los motivos
el
arresto
o
registro,
pueden ser válidamente atribuidos al funcionario del orden
19
Pueblo v. Calderón Díaz, supra; Pueblo v. Colón Bernier, supra;
Pueblo v. González Rivera, 100 D.P.R. 651 (1972); Cepero Rivera v.
Tribunal Superior, 93 D.P.R. 245 (1966).
20
Pueblo v. Martínez Torres I, 120 D.P.R. 496 (1988); Pueblo v.
González Rivera, supra; Pueblo v. Cabrera Cepeda, 92 D.P.R. 70 (1965).
21
Pueblo v. Calderón Díaz, supra; Pueblo v. Martínez Torres I, supra;
Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348 (1977).
22
Pueblo v. Serrano Reyes, supra, pág. 444; Pueblo v. Martínez Torres
I, supra, pág. 504.
23
Pueblo v. Pérez Rivera, supra.
CC-2012-119
12
público a quien este se los transmitió primero.24
Ahora
bien, hemos resuelto que “[e]l hecho [de] que un agente
pueda actuar según una comunicación de otro policía sin
tener
motivos
fundados
no
significa
que
el
Ministerio
Público queda relevado de su deber de presentar evidencia
para establecer la legalidad del arresto”.25
Lo importante
y necesario en la vista de supresión de evidencia es que
el Ministerio Público presente prueba para establecer los
motivos fundados que tuvo el agente que originó la cadena
de información que resultó en el arresto.26
A. Solicitud de Supresión de Evidencia
Por
su
parte,
la
Regla
234
de
Procedimiento
Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, es el medio procesal que
permite
registro
a
una
ilegal
persona
agraviada
solicitar
al
por
tribunal
un
allanamiento
la
supresión
o
de
cualquier evidencia obtenida en virtud de tal allanamiento
o
registro.
En
lo
pertinente,
la
Regla
dispone
lo
siguiente:
La persona agraviada por un allanamiento o
registro ilegal podrá solicitar del tribunal
al cual se refiere la Regla 233 la supresión
de cualquier evidencia obtenida en virtud de
tal allanamiento o registro, o la devolución
de la propiedad, por cualquiera de los
siguientes fundamentos:
(a) Que la propiedad fue ilegalmente ocupada
sin orden de allanamiento o registro.
24
Pueblo v. Pérez Rivera, supra.
25
Pueblo v. Serrano Reyes, supra, pág. 445; Pueblo v. Martínez Torres
I, supra, pág. 506.
26
Íd., pág. 444; Íd., pág. 504.
CC-2012-119
13
........
En la moción de supresión de evidencia se
deberán exponer los hechos precisos o las
razones
específicas
que
sostengan
el
fundamento o fundamentos en que se basa la
misma.
El
tribunal
oirá
prueba
sobre
cualquier cuestión de hecho necesaria para
la resolución de la solicitud y celebrará
una vista evidenciaria ante un magistrado
distinto al que atenderá el juicio, cuando
se trate de evidencia incautada mediando una
orden
judicial
y
la
parte
promovente
demuestre
que
existe
una
controversia
sustancial de hechos que haga necesario la
celebración de la vista; en ausencia de tal
demostración, el tribunal podrá adjudicar la
moción sin vista previa utilizando como base
los escritos presentados por las partes.
El tribunal vendrá obligado a celebrar una
vista
envidenciaria
con
antelación
al
juicio, y ante un magistrado distinto al que
atenderá el juicio, cuando se trate de
evidencia
incautada
sin
previa
orden
judicial si en la solicitud
la parte
promovente aduce hechos o fundamentos que
reflejan la ilegalidad o irrazonabilidad del
registro, allanamiento o incautación. El
Ministerio Público vendrá obligado a refutar
la presunción de ilegalidad del registro o
incautación y le corresponderá establecer
los elementos que sustentan la excepción
correspondiente
al
requisito
de
orden
judicial previa.
De declararse con lugar la moción, la
propiedad será devuelta, si no hubiere
fundamento legal que lo impidiere, y no será
admisible en evidencia en ningún juicio o
vista. La moción se notificará al fiscal y
se presentará cinco (5) días antes del
juicio
a
menos
que
se
demostrare
la
existencia de justa causa para no haberla
presentado dentro de dicho término o que al
acusado no le constaren los fundamentos para
la supresión, o que la ilegalidad de la
obtención de la evidencia surgiere de la
prueba del fiscal.(Énfasis nuestro.)
En Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739, 750-751 (1980),
aclaramos que esta regla aplica a las situaciones en las
que
se
solicita
testimonio.
la
supresión
de
una
confesión
o
CC-2012-119
Esta
dispuesta
14
Curia
en
la
ha
Regla
expresado
234
de
que
a
la
Procedimiento
presunción
Criminal,
supra, le aplican las disposiciones de las Reglas 302 y
303 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI.27
La Regla 303, en
lo pertinente, dispone que
[c]uando
en
una
acción
criminal
la
presunción perjudica a la persona acusada,
tiene el efecto de permitir a la juzgadora o
al juzgador inferir el hecho presumido si no
se presenta evidencia alguna para refutarlo.
Si de la prueba presentada surge duda
razonable sobre el hecho presumido, la
presunción queda derrotada. La presunción no
tendrá efecto alguno de variar el peso de la
prueba sobre los elementos del delito o de
refutar una defensa de la persona acusada.
(A) Cuando beneficia a la persona acusada,
la presunción tendrá el mismo efecto que lo
establecido
en
la
Regla
302.
(Énfasis
nuestro.)
……
Por su parte la Regla 302 establece que
[e]n una acción civil, una presunción impone
a la parte contra la cual se establece la
presunción el peso de la prueba para
demostrar
la
inexistencia
del
hecho
presumido. Si la parte contra la cual se
establece la presunción no ofrece evidencia
para demostrar la inexistencia del hecho
presumido, la juzgadora o el juzgador debe
aceptar la existencia de tal hecho.
Si se
presenta
evidencia
en
apoyo
de
la
determinación de la inexistencia de tal
hecho, la parte que interesa rebatir la
presunción debe persuadir a quien juzga de
que es más probable la inexistencia que la
existencia del hecho presumido. (Énfasis
nuestro.)
Es norma establecida que dicha presunción se activa
con la mera inexistencia de una orden judicial previa.
27
Pueblo v. Serrano Reyes, supra, pág. 449.
CC-2012-119
15
Así, pues, una vez se demuestra la inexistencia de la
orden, la irrazonabilidad de la actuación es automática.28
En
estos
casos,
presunción
de
el
Ministerio
invalidez
Público
demostrando
debe
la
rebatir
la
existencia
de
alguna de las circunstancias excepcionales que justifican
actuar sin una orden judicial previa.29
A tenor de lo anterior, al evaluar una solicitud de
supresión
de
evidencia
en
la
que
se
plantea
que
la
confesión o evidencia obtenida fue a raíz de un arresto
ilegal, el Ministerio Público viene obligado a demostrar
la legalidad del arresto.30
resuelto
que
acusado
y
la
obliga
Reiteradamente, esta Curia ha
presunción
al
de
invalidez
Ministerio
beneficia
Público
a
al
presentar
evidencia para demostrar la legalidad y razonabilidad de
la
actuación
del
Estado.31
Así,
pues,
recae
sobre
el
Estado el peso de la prueba para demostrar que los hechos
particulares
policial.32
del
caso
justificaban
la
intervención
Esto quiere decir que en la vista evidenciaria
para adjudicar la moción de supresión de evidencia, el
Ministerio Público tiene la obligación de presentar prueba
y
persuadir
sobre
la
razonabilidad
28
Pueblo v. Blase Vázquez, supra, pág. 632.
29
Íd., pág. 631.
30
Pueblo v. Serrano Reyes, supra, pág. 449.
31
Íd., págs. 447-448; Pueblo v. Blase
Pueblo v. Colón Bernier, supra, pág. 148.
32
del
Vázquez,
registro
supra,
o
el
pág.
631;
Pueblo v. Calderón Díaz, supra, pág. 556; Pueblo v. Blase Vázquez,
supra, pág. 632; Pueblo v. Colón Bernier, supra, pág. 141; Pueblo v.
Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170, 177 (1986).
CC-2012-119
arresto.33
16
Por lo tanto, si el Ministerio Público tuvo la
oportunidad de presentar prueba sobre los motivos fundados
para
arrestar
y
no
lo
hizo,
la
presunción
de
que
el
arresto fue ilegal permanece; “el arresto tiene que ser
considerado ilícito, y la prueba obtenida mediante éste
tiene que suprimirse”.34
Permitir un arresto o registro de
acuerdo con una orden de un policía, sin la intervención
judicial y sin que luego un tribunal pueda oír prueba y
pasar
juicio
peligrosamente
sobre
las
motivos
puertas
a
fundados,
abriría
registros
ilegales
irrazonables y arbitrarios.35
En Pueblo v. Serrano Reyes, 176 D.P.R. 437 (2009),
analizamos el efecto procesal de la falta de presentación
de prueba por parte del Estado en una vista de supresión
de evidencia.
En esa ocasión concluimos lo siguiente:
No procede ordenar otra vista para adjudicar
una moción de supresión de evidencia cuando
ya el Ministerio Público ha tenido una
oportunidad probatoria adecuada y no logró
rebatir la presunción que operaba en su
contra.
A diferencia de las Reglas 6(c) y
24(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.
Ap. II, la Regla 234, supra, no concede al
fiscal una segunda vista cuando el resultado
no le favorece.
Distinto a las vistas de
causa probable para arrestar o para acusar,
la determinación de suprimir la evidencia
bajo la Regla 234 no termina con el proceso
criminal. Esta regla meramente confiere una
oportunidad a la defensa de lograr que se
suprima en el juicio la presentación de la
evidencia obtenida ilegalmente que podría
ser perjudicial al acusado. Lo único que se
33
Véase Pueblo v. Serrano Reyes, supra, pág. 448, citando a E.L.
Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal: Etapa Investigativa, San Juan,
Pubs. J.T.S., 2006, Sec. 4.4(e)(ii), pág. 141.
34
Pueblo v. Colón Bernier, supra, pág. 148.
35
Pueblo v. Martínez Torres I, supra, pág. 508.
CC-2012-119
17
decide es la legalidad o razonabilidad del
registro
efectuado.
Pueblo
v.
Miranda
Alvarado, supra.
El Ministerio Público
puede proseguir su caso contra el acusado
con otra prueba independiente y distinta a
la suprimida. Pueblo v. Rivera Rivera, 117
D.P.R. 283 (1986).
Ahora bien, es necesario aclarar que no solo la evidencia
que se obtenga durante un registro o un arresto ilegal
será
inadmisible,
sino
que
toda
la
evidencia
que
se
obtenga luego, como “fruto” de dicho registro o arresto,
también será inadmisible en evidencia.
En el caso preciso de una confesión como fruto de un
arresto
ilegal,
esta
decisivo
es
voluntariedad
la
Curia
ilegalidad de la detención.36
de
que
el
ilegalmente
declaraciones
ha
expresado
de
la
que
el
punto
confesión
y
no
la
Sin embargo, “el solo hecho
arrestado
incriminatorias
confesara
tras
o
hiciera
recibir
las
advertencias de Miranda, no cura el vicio inicial en el
arresto y las admisiones son “fruto del árbol ponzoñoso”.37
Esto se debe a que, al igual que existe una distinción
entre la Cuarta y la Quinta Enmienda de la Constitución de
Estados
Unidos
distinción
(Quinta
entre
el
Enmienda),38
Art.
II,
también
Sec.
11
existe
de
una
nuestra
Constitución (Art. II, Sec. 11) sobre el derecho a la no
autoincriminación y el Art. II, Sec. 10 que excluye la
36
Pueblo v. Valentín Santana, 89 D.P.R. 288, 293 (1963); Pueblo v.
Fournier, 77 D.P.R. 222, 256 (1954).
37
Chiesa Aponte, op. cit., pág. 130.
38
Véase Brown v. Illinois, 422 U.S. 590, 601-602 (1975).
CC-2012-119
18
admisibilidad
confesión
de
prueba
realizada
obtenida
luego
de
ilegalmente.
hacerse
las
Una
advertencias
legales podría ser admisible bajo el Art. II, Sec. 11, sin
embargo, no serlo bajo el Art. II, Sec. 10 si la misma se
realizó luego de un arresto ilegal, ya que los intereses
que buscan proteger estas dos secciones son distintos.
Por
un
lado,
el
Art.
II,
Sec.
11
protege
al
ciudadano que enfrenta un interrogatorio como parte de una
investigación
pongan
en
criminal
riesgo
de
de
un
contestar
preguntas
procedimiento
que
lo
criminal.39
La
protección concedida en esta sección “tiene el propósito
de evitar que se someta a un individuo al cruel “trilema”
de tener que escoger entre decir la verdad y acusarse a sí
mismo,
mentir
y
ser
hallado
incurso
en
perjurio,
o
rehusarse a declarar y ser hallado incurso en desacato”.40
Por
otro
lado,
el
Art.
II,
Sec.
10
pretende
desalentar a los funcionarios del orden público de que
violen
la
exclusión
protección
constitucional.41
La
establecida
en
encarna
esta
sección
regla
de
tres
propósitos: (1) disuadir y desalentar a los funcionarios
del
orden
público
de
constitucional,
(2)
tribunales
deben
39
40
no
que
violen
integridad
ser
judicial,
cómplices
de
protección
ya
que
los
actos
de
Pueblo v. Millán Pacheco, supra, pág. 608.
Pueblo
v.
Sustache
Torres,
168
D.P.R.
Chiesa Aponte, op. cit., pág. 305.
Véase,
Waterfront Commission, 378 U.S. 52, 55 (1964).
41
la
350,
354
(2006);
además, Murphy v.
Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, 130 D.P.R. 352, 358
(1992).
CC-2012-119
19
desobediencia
a
la
Constitución
y
admitir
evidencia
ilegalmente obtenida e, (3) impedir que el Gobierno se
beneficie de sus propios actos ilícitos; de otra manera la
ciudadanía perdería confianza en el Gobierno.42
Como podemos observar, los derechos establecidos en
estas dos cláusulas de nuestra Constitución se crearon con
el propósito de proteger a los ciudadanos de distintas
conductas
Cada
realizadas
cláusula
distinta.
por
protege
los
al
funcionarios
ciudadano
de
del
una
Estado.
conducta
El derecho a la no autoincriminación protege al
ciudadano de no ser obligado a decir nada en su contra,
mientras que el Art. II, Sec. 10 protege al ciudadano de
registros
Estado.
y
allanamientos
Por
lo
tanto,
irrazonables
no
toda
por
parte
confesión
del
hecha
voluntariamente luego de un arresto ilegal será admisible
en evidencia.
Tenemos que velar porque se cumplan con
todas las garantías constitucionales.
B. Brown v. Illinois
No obstante, esto no significa que toda confesión
hecha
después
inadmisible.43
de
un
arresto
o
registro
ilegal
será
El Tribunal Supremo de Estados Unidos en
Brown v. Illinois, 422 U.S. 590 (1975), estableció los
factores a considerar para determinar la admisibilidad de
una confesión realizada luego de un arresto ilegal.
42
La
Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, supra, págs. 358-359;
Chiesa Aponte, op. cit., págs. 112-113.
43
Pueblo v. Rodríguez Rivera, 91 D.P.R. 456, 463 (1964).
CC-2012-119
20
norma antedicha ha sido reiterada por el Tribunal Supremo
federal
en
Taylor
v.
Dunway
v.
New
York,
442
Alabama,
457
U.S.
U.S.
687
200
(1979),
(1982)
y
en
Kaupp v. Texas, 538 U.S. 626 (2003).
En Brown v. Illinois, supra, se arrestó ilegalmente
al
imputado
para
propósitos
con un asesinato.
investigativos
relacionados
El imputado fue llevado al cuartel de
la policía, se le hicieron las advertencias de Miranda y a
menos de dos horas de su arresto prestó dos declaraciones
incriminatorias.
El Tribunal Supremo federal sostuvo que
el mero hecho de impartir las advertencias legales no era
suficiente
para
remediar
arresto ilegal.44
estableció
una
una
confesión
producto
de
un
Para concluir lo anterior, el tribunal
distinción
entre
el
derecho
a
la
no
autoincriminación cobijado por la Quinta Enmienda de la
Constitución de Estados Unidos y la Cuarta Enmienda que
excluye la admisibilidad de prueba obtenida ilegalmente.
Determinó
que
el
hecho
de
que
las
declaraciones
incriminatorias fueran admisibles bajo la Quinta Enmienda
no las hace admisibles bajo la Cuarta Enmienda, ya que la
regla
de
intereses
exclusión
y
bajo
políticas
la
públicas
Cuarta
Enmienda
distintas
a
las
sirve
a
que
se
protegen bajo la Quinta Enmienda. 45
Por último, el tribunal resolvió que la controversia
sobre la voluntariedad de la confesión debía ser evaluada
44
Brown v. Illinois, supra, pág. 601.
45
Íd., págs. 601-602.
CC-2012-119
21
caso a caso dependiendo de los hechos particulares.46
hacer
dicha
estableció
evaluación
unos
el
factores
Tribunal
que
Supremo
deberán
Para
federal
tomarse
en
consideración, aunque especificó que ninguno de estos será
determinante por sí solo al momento en que se examine la
admisibilidad de la prueba.
Señaló el tribunal:
No single fact is dispositive. The workings
of the human mind are too complex, and the
possibilities of misconduct too diverse, to
permit protection of the Fourth Amendment to
turn on such a talismanic test.47
A estos efectos se considerará: (1) si se hicieron las
advertencias legales, (2) el tiempo transcurrido entre el
arresto
ilegal
interventoras
y,
y
la
confesión,
(4)
el
propósito
(3)
y
las
causas
flagrancia
conducta ilegal de los funcionarios del Estado.48
de
la
Además,
indicó que el Ministerio Público es el que tiene el peso
de
la
prueba
confesión.49
de
demostrar
la
admisibilidad
de
la
Analicemos ahora cada uno de estos factores:
1. Advertencias legales
La
norma
expuesta
en
Miranda
v.
Arizona,
384 U.S. 436 (1966), establece las advertencias que se
deben hacer antes de un interrogatorio policial.
Estas
advertencias, por ser medidas dirigidas a garantizar el
46
Brown v. Illinois, supra, pág. 603.
47
Íd.
48
Íd., págs. 603-604; Taylor v. Alabama, 457 U.S. 687 (1982). Véase,
además, Chiesa Aponte, op. cit., pág. 325.
49
Brown v. Illinois, supra, pág. 604.
CC-2012-119
derecho
22
de
un
sospechoso
contra
la
autoincriminación,
constituyen
las
garantías
mínimas
que
amparan
a
todo
interrogado bajo custodia policial en los estados y en
Puerto Rico.50
Estas advertencias son: (1) tiene derecho a
guardar silencio, (2) todo cuanto diga podrá y será usado
en su contra, (3) tiene derecho a estar asistido por un
abogado durante el interrogatorio y, (4) de no poder pagar
un abogado el Estado le nombraría uno sin costo.
Se ha
establecido que los funcionarios del gobierno tienen que
realizar
las
interrogan
a
custodia.51
advertencias
un
de
sospechoso
Hasta
el
Miranda
mientras
presente,
en
cuando
está
Puerto
estos
bajo
Rico
su
hemos
seguido esta norma sin expandir su alcance ni rechazar las
interpretaciones
restrictivas
del
Tribunal
Supremo
de
Estados Unidos.52
Como mencionáramos anteriormente, las advertencias
legales por sí solas no son suficientes para admitir una
confesión,
cuando
arresto ilegal.
esa
confesión
se
hizo
luego
de
un
Las advertencias de Miranda sí son un
factor importante a considerar, pero no es el único factor
que debe ser considerado.53
Cuando los agentes del Estado
le hacen las advertencias de Miranda a los imputados se
cumple con la protección de la Quinta Enmienda y el Art.
50
Pueblo v. Millán Pacheco, supra, pág. 609.
51
Íd., pág. 610; Chiesa Aponte, op. cit., pág. 31.
52
Íd.; Íd., pág. 54.
53
Brown v. Illinois, supra, pág. 603.
CC-2012-119
23
II, Sec. 11, pero no son un disuasivo suficiente para
proteger los derechos bajo la Cuarta Enmienda y el Art.
II,
Sec.
10.
protección
no
registros
y
funcionarios
Como
son
hemos
similares,
arrestos
del
señalado,
la
los
intereses
protección
contra
ilegales
buscan
disuadir
público
para
no
orden
que
de
los
a
los
violen
la
Constitución, proteger la integridad de los tribunales al
no
permitir
utilización
en
los
procesos
judiciales
de
evidencia ilegalmente obtenida y evitar que el Estado se
beneficie de sus propios actos ilegales.54
Es por esto que
cuando
de
una
confesión
se
produce
luego
un
arresto
ilegal, la voluntariedad de esa confesión no puede ser el
único
factor
estarían
a
ser
fomentando
considerado.
arrestos
De
lo
contrario,
ilegales,
ya
que con
se
solo
hacer las advertencias legales se estaría subsanando una
actuación que viola la Constitución.
Por lo tanto, para determinar la admisibilidad de
una confesión obtenida en violación a la Cuarta Enmienda y
el Art. II, Sec. 10, no solo es importante corroborar la
voluntariedad de la confesión y que se hayan realizado las
advertencias
legales,
evaluar
se
si
sino
protegieron
que
los
también
se
intereses
tiene
de
que
dichas
cláusulas.55
54
55
Chiesa Aponte, op. cit., pág. 285.
J.G. Lewis, The Fourth Amendment and Tainted Confessions:
Admissibility as a Policy Decision, 13 Hous. L. Rev. 753, 762 (1976).
CC-2012-119
24
2. Tiempo entre el arresto y la confesión
En Brown v. Illinois, supra, el Tribunal Supremo
federal indicó que un factor a tomarse en consideración
para determinar la admisibilidad de una confesión es el
tiempo transcurrido entre el arresto y la confesión.
Sin
embargo, no se ha establecido un parámetro que nos indique
cuál es el tiempo necesario que debe transcurrir entre el
arresto y la confesión.
Unidos
ha
resuelto
El Tribunal Supremo de Estados
distintos
casos
utilizando
los
criterios de Brown y en cada caso el tiempo transcurrido
entre el arresto y la confesión ha sido distinto.
Por
ejemplo, en Brown v. Illinois, supra, y en Dunway v. New
York, supra, transcurrió un periodo de aproximadamente dos
horas entre el arresto y la confesión.
Por otro lado, en
Taylor v. Alabama, supra, transcurrió un periodo de seis
horas.
Sin
transcurrieron
embargo,
en
apenas
quince
Kaupp
v.
minutos,
y
Texas,
supra,
en
estos
todos
casos el tribunal entendió que el tiempo transcurrido no
fue suficiente y suprimió la confesión.
Por otro lado, en
Rawlings v. Kentucky, 448 U.S. 98 (1980), el tribunal se
enfrentó ante una controversia en la cual entre el arresto
y la admisión transcurrieron cuarenta y cinco minutos y,
sin embargo, en ese caso resolvió que la admisión era
admisible. Estas decisiones del Tribunal Supremo federal
se deben a que, como muy bien indicó en Brown v. Illinois,
supra, el análisis debe hacerse caso a caso a base de
todos los factores.
CC-2012-119
25
3. Causa interventora
La causa interventora es un evento que ocurre luego
del arresto ilegal pero antes de la confesión y tiene el
efecto
de
arresto
y
la
externos
e
independientes
Por
interrumpir
ejemplo,
la
cadena
confesión.56
una
causa
a
que
existe
entre
ese
Generalmente,
son
sucesos
la
del
arresto.
ilegalidad
interventora
podría
ser
el
consultar con un abogado y en algunos casos podría ser una
manifestación
espontánea
interrogatorio.57
no
en
respuesta
de
un
Además, como se reconoció en Wong Sun v.
U.S., 371 U.S. 471 (1963), dar por terminada la detención
ilegal antes de hacer una confesión es un factor que puede
considerarse
según
como
resolvió
advertencias
una
el
legales
causa
interventora.
tribunal
no
es
en
Brown,
suficiente
Ahora
bien,
realizar
las
para
romper
la
cadena entre el arresto y la confesión y, por lo tanto, no
puede ser considerada como una causa interventora.58
Al
analizar este factor, lo importante es observar si los
sucesos que ocurren entre el arresto y la confesión son
suficientes e independientes para poder romper la cadena
entre dicho arresto ilegal y la confesión que se produjo.
56
Rawlings v. Kentucky, 448 U.S. 98, 108-109 (1980).
57
3 LaFave, Israel, King & Kerr, Criminal Procedure, sec. 9.4(a), pág.
443 (2007).
58
Taylor v. Alabama, supra, pág. 691.
CC-2012-119
26
4. Propósito y flagrancia de la conducta ilegal de los
funcionarios del Estado al efectuar el arresto
En esencia, este factor establece que para que la
confesión o admisión obtenida ilegalmente pueda prevalecer
como prueba sustantiva, de la evidencia presentada por el
Ministerio
Público
debe
surgir
que
la
acción
de
los
funcionarios que llevaron a cabo el arresto ilegal no iba
dirigida a obtener la admisión o confesión producto de la
intervención
Esto
es,
para
que
la
la
cual
acción
no
del
tenían
Estado
motivos
no
fue
fundados.
un
intento
flagrante de beneficiarse injustamente de su acto ilegal.59
Claro está, todo esto debe ser evaluado a la luz de las
circunstancias y caso a caso.
Ahora
bien,
nótese
que,
contrario
a
los
demás
factores, este factor lo que requiere es ausencia de unas
circunstancias.
Así, al analizar este último factor para
determinar si la confesión obtenida de un arresto ilegal
es
admisible
en
evidencia,
la
ausencia
de
propósito
y
flagrancia en la conducta ilegal del Estado al momento del
arresto es lo que favorece la no supresión de la expresión
incriminatoria.
los
otros
Como pudimos observar, cuando se analizan
factores,
la
presencia
de
ellos
admisión en evidencia de dicha confesión.
favorece
la
Por lo tanto,
para que una confesión obtenida luego de un arresto ilegal
sea admisible en evidencia debemos observar que se cumpla
59
Véase Brown v. Illinois, supra; Dunway v. New York, supra; Rawlings
v. Kentucky, supra; Taylor v. Alabama, supra; Kaupp v. Texas, 538 U.S.
626 (2003).
CC-2012-119
más
de
27
uno
de
transcurrido
presencia
los
entre
de
siguientes:
presencia
de
un
el
ilegal
la
confesión,
causas
arresto
interventoras
y
y/o
tiempo
ausencia
de
propósito y flagrancia de la conducta de los funcionarios
del Estado al efectuar el arresto.
Precisado lo anterior, es menester señalar que el
Tribunal Supremo federal le ha dado mayor importancia al
propósito y flagrancia de la conducta ilegal del Estado al
efectuar
el
arresto,60
debido
a
que
encuentra
directamente
relacionado
con
exclusión
de
Cuarta
Enmienda
la
Estados
Unidos
y
Art.
Constitución.
ser
la
el
II,
de
Sec.
este
factor
se
la
regla
de
Constitución
de
10
de
nuestra
No obstante, todos los factores tienen que
considerados
en
conjunto.
Como
mencionáramos
anteriormente, el tribunal en Brown v. Illinois, supra,
estableció que “no single fact is dispositive”.61
Esto es,
que para que una confesión obtenida luego de un arresto
ilegal sea admisible en evidencia se tiene que cumplir más
de
un
factor,
ya
que
ninguno
de
los
factores
es
determinante por sí solo.
III
Examinemos, pues, la aplicación de los fundamentos
antes expuestos al caso de autos.
60
Brown v. Illinois, supra, pág. 604.
61
Íd., pág. 603.
CC-2012-119
En
28
el
caso
ante
nuestra
consideración,
el
peticionario presentó una moción de supresión de confesión
bajo el fundamento de que dicha confesión fue producto de
un
arresto
ilegal
realizado
sin
orden
judicial.
El
Ministerio Público se opuso a dicha solicitud argumentando
que el peticionario no se encontraba bajo arresto y la
confesión se obtuvo de manera legal.
Sin embargo, del
testimonio del agente Rodríguez Torres se desprende que en
varias ocasiones los agentes de la Policía le indicaron
que tenían a tres personas detenidas.
Por otro lado, el
peticionario
cubículo
se
encontraba
en
un
de
la
Comandancia bajo el interrogatorio de múltiples agentes.
Esta Curia ha expresado que “una persona ha sido incautada
sólo
cuando
a
la
luz
de
la
totalidad
de
las
circunstancias, el modelo de una persona razonable hubiera
pensado que no estaba en libertad de marcharse del lugar.
Lo determinante es que la libertad del individuo haya sido
efectivamente
restringida”.62
(Énfasis
en
el
original.)
Ante estas circunstancias, concluimos que el peticionario
sí se encontraba arrestado.
Así las cosas, ante la moción del peticionario de
que se suprima la confesión por ser producto de un arresto
ilegal, se activó automáticamente la presunción de que el
arresto
se
hizo
irrazonablemente.
Como
reiteradamente
hemos expresado, el Ministerio Público tenía el peso de la
62
Véase Pueblo v. Pérez Rivera, supra; Pueblo v. Millán Pacheco,
supra, pág. 622; Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v. Cardona, 144 D.P.R.
1, 59-60 (1997); Pueblo v. Pacheco Báez, 130 D.P.R. 664, 669 (1992).
CC-2012-119
29
prueba para rebatir dicha presunción y demostrar que ese
arresto fue legal.
el
Ministerio
sobre
cómo
evidencia
Sin embargo, en la vista de supresión
Público
se
obtuvo
la
se
sobre
la
limitó
a
presentar
confesión,
existencia de
mas
motivos
arrestar al peticionario Nieves Vives.
evidencia
no
presentó
fundados
para
En la vista solo
testificó el agente que tomó la confesión, por lo que no
pudo testificar sobre el arresto impugnado.
El Ministerio
Público no podía descansar únicamente en el agente que
tomó la confesión.
solicitó
la
Ello, porque a pesar de que la defensa
supresión
de
la
confesión,
no
estaba
impugnando en sí la confesión ni cómo se realizó la misma,
sino
el alegado
arresto
ilegal;
hecho de
así
que
surgía
presentada por la defensa.63
esta
fue producto de un
claramente
de
la
moción
Por lo tanto, el Ministerio
Público tenía que probar en la vista que el arresto fue
legal.
El Tribunal de Apelaciones erró al resolver que la
detención “no fue caprichosa, irrazonable ni errada; sino
por el contrario fue producto de un proceso lícito”. ¿Cómo
el foro apelativo llegó a esta conclusión cuando en la
vista de supresión hubo ausencia total de prueba sobre
cómo
se
llevó
a
cabo
el
arresto?
Como
mencionáramos
anteriormente, el Ministerio Público no presentó evidencia
de
cómo
fundados
63
se
que
arrestó
al
tuvieron
peticionario
para
arrestar.
ni
de
los
De
la
Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 27-36.
motivos
confesión
CC-2012-119
30
realizada por el peticionario, luego de su arresto, surge
que el peticionario estuvo con el occiso esa noche, pero
¿cómo la policía adquirió esta información, cómo encontró
al peticionario, cómo se llevó a cabo el arresto, quién
arrestó,
dónde
fundados?
No
se
arrestó,
sabemos
cuáles
conforme
a
fueron
qué
los
motivos
información
conocieron los hechos que dieron origen al arresto.
ser
por
Policía,
información
por
recibida
conocimiento
de
un
personal,
confidente
por
se
Pudo
de
la
información
recibida de otro agente o por información brindada por
algún testigo.
En la vista de supresión no se presentó
evidencia que contestara ninguna de estas interrogantes.
El tribunal no tuvo la oportunidad de evaluar si hubo
motivos fundados para arrestar.
No hay duda de que el
Ministerio Público no rebatió la presunción de ilegalidad
del arresto del peticionario.
Por lo tanto, concluimos
que el arresto fue ilegal.
Ahora
bien,
aunque
la
regla
general
es
que
toda
evidencia obtenida como producto de un arresto ilegal es
inadmisible
en
evidencia,
lo
anterior
automática para suprimir la confesión.
no
es
causa
Es decir, para
determinar la admisibilidad de la confesión realizada por
el peticionario Nieves Vives debemos analizar los factores
establecidos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en
Brown v. Illinois, supra, y que hoy adoptamos a nuestro
ordenamiento jurídico.
Veamos.
CC-2012-119
31
En primer lugar, no existe controversia sobre las
advertencias legales.
Durante la vista de supresión la
defensa
las
estipuló
Miranda
se
realizaron legalmente y el peticionario las entendió.
Así
las
cosas,
que
advertencias
de
se
protegió
el
derecho
contra
la
no
autoincriminación
cobijado
por
el
II,
Sec.
11
de
Enmienda
de
la
tanto,
la
nuestra
Constitución
Constitución
de
y
Estados
por
la
Art.
Quinta
Unidos.
Por
lo
confesión realizada por el peticionario es admisible bajo
estas cláusulas.
Como mencionáramos anteriormente, cada factor no es
determinante por sí solo, sino que tenemos que analizarlos
todos para poder determinar si la confesión es admisible.
Por lo tanto, es importante analizar en conjunto el tiempo
transcurrido
entre
el
arresto
existieron causas interventoras.
y
la
confesión
y
si
Esto se debe a que en la
medida que el tiempo entre el arresto y la confesión es
menor,
hay
menos
interventoras.
probabilidad
En
el
de
presente
que
caso,
existan
el
causas
peticionario
Nieves Vives fue arrestado entre las cinco y media y seis
de la tarde.
agente
Media hora más tarde, a las seis y media, el
Rodríguez
Torres
comenzó
a
interrogarlo.
Dicho
interrogatorio duró aproximadamente media hora, ya a las
siete de la noche el peticionario había sido puesto en
libertad.
Como podemos observar, el tiempo transcurrido
entre el arresto y la confesión fue aproximadamente de una
hora.
En este corto periodo de tiempo, el peticionario
CC-2012-119
32
fue arrestado, llevado a la Comandancia e interrogado en
dos
ocasiones.
En
este
caso
en
particular,
al
no
transcurrir una cantidad sustancial de tiempo que atenuara
el
arresto
ilegal,
este
factor
obra
admisibilidad de la confesión.
hecho
no
Tribunal
es
un
factor
Supremo
de
en
contra
de
la
Sin embargo, este solo
decisivo
Estados
–como
Unidos
señalamos,
el
Rawlings
v.
en
Kentucky, supra, admitió una confesión que se produjo en
menos
tiempo
que
en
el
presente
caso.
Por
lo
antes
señalado, es importante analizar si dentro de ese tiempo
transcurrido ocurrió alguna causa interventora suficiente
para romper la cadena entre el arresto y la confesión.
Durante la vista de supresión, el Ministerio Público
señaló las circunstancias en las cuales se encontraba el
peticionario
luego
del
arresto.
Por
ejemplo,
el
Ministerio Público señaló que el peticionario Nieves Vives
no
se
encontraba
esposado,
nunca
fue
ingresado
a
una
celda, estuvo en todo momento sentado en un cubículo de la
Comandancia y ya había sido descartado como sospechoso del
asesinato
cuando
escalamiento.
el
agente
Estas
consideradas
como
suficientes
para
causas
romper
lo
interrogó
circunstancias
interventoras,
la
cadena
que
sobre
el
no
pueden
ser
ya
que
no
son
entre
el
existe
arresto ilegal y la confesión.
Estos sucesos son parte de
la
el
cadena
que
se
creó
con
confesión
del
peticionario.
arresto
Cuando
y
el
llevó
a
la
peticionario
realizó la confesión todavía se encontraba bajo arresto,
CC-2012-119
33
no tenía abogado y estaba sujeto a interrogatorio.
Estos
no son factores externos e independientes del arresto y,
por
lo
tanto,
concluimos
que
no
existieron
analizaremos
la
conducta
causas
interventoras.
Por
último,
oficiales en este caso.
de
los
En el presente caso, no existe
prueba sobre la conducta de los oficiales antes y durante
el arresto.
El Ministerio Público tenía el peso de la
prueba de demostrar que el arresto se hizo de manera legal
y se cumplieron con todas las disposiciones establecidas
en
nuestro
ordenamiento
jurídico.
Debido
a
que
el
Ministerio Público no presentó evidencia que demostrara
que los agentes actuaron de manera legal, permanece la
presunción de que el arresto fue ilegal e irrazonable y,
por
lo
tanto,
los
funcionarios
incurrieron
en
conducta
ilegal.
Como podemos observar, solamente el factor de las
advertencias
legales
favorece
al
Ministerio
Público
y
estas por sí solas no son un disuasivo para proteger los
derechos del Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución.
Al
analizar los demás factores vemos que todos apuntan a la
dirección opuesta.
Ello, porque no transcurrió un tiempo
sustancial entre el arresto y la confesión, no ocurrieron
causas interventoras y el Ministerio Público no presentó
evidencia
que
probara
que
actuaron de manera legal.
los
agentes
que
arrestaron
CC-2012-119
En
34
vista
de
todo
lo
anterior,
resolvemos
que
el
arresto realizado al peticionario Nieves Vives fue ilegal.
Además, adoptamos los factores establecidos en Brown v.
Illinois, supra, para determinar la admisibilidad de una
confesión
realizada
determinamos
que
luego
la
de
un
confesión
arresto
ilegal
y
realizada
por
el
revocamos
la
peticionario es inadmisible en evidencia.
IV
Por
las
razones
antes
expresadas,
sentencia del Tribunal de Apelaciones y resolvemos que la
confesión del peticionario Nieves Vives es inadmisible en
evidencia.
Asimismo,
ordenamos
la
devolución
del
expediente de autos al foro primario para que continúe con
los procedimientos judiciales conforme a lo aquí resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2012-119
Certiorari
Christian Nieves Vives
Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2013.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte íntegra
de la presente, revocamos la sentencia del Tribunal
de Apelaciones y resolvemos que la confesión del
peticionario Christian Nieves Vives es inadmisible
en evidencia.
Asimismo, ordenamos la devolución
del expediente de autos al foro primario para que
continúe con los procedimientos judiciales conforme
a lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El
Juez Presidente señor Hernández Denton concurre con
lo resuelto en la Opinión mayoritaria mediante la
siguiente expresión: “Coincidimos en que procede
suprimir la confesión en controversia. Sin embargo,
creemos que dicha conclusión debe fundamentarse en
el derecho vigente sin necesidad de adoptar y
aplicar jurisprudencia federal. La Regla 234 de
Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y la
jurisprudencia
que
la
interpreta
establecen
claramente que un arresto sin orden judicial se
presume ilegal y que corresponde al Ministerio
Público demostrar que el agente que realizó el
arresto tenía motivos fundados para así proceder,
CC-2012-119
2
lo cual no sucedió en este caso. Consecuentemente, la
presunción de que el arresto fue ilegal permanece y la
prueba obtenida como fruto de dicho arresto tiene que
suprimirse, incluyendo la confesión hecha por el
acusado. Véase Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739,
750-751
(1980).
Así
pues,
a
la
luz
de
las
circunstancias particulares de este caso, no era
necesario adoptar y aplicar los criterios expuestos en
Brown v. Illinois, 422 U.S. 590 (1975). Por ende, con
el mayor respeto a los compañeros Jueces Asociados y
compañeras Juezas Asociadas, entendemos que dichos
pronunciamientos constituyen obiter dicta”.
La Jueza Asociada señora Fiol Matta y la Juez
Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurren con el
resultado y se unen a las expresiones del Juez
Presidente señor Hernández Denton.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo