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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. Nieves Nieves

2013 TSPR 19

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Pueblo v. Nieves Nieves

CC-2012-119

Procedimiento Criminal – Admisibilidad en evidencia de confesiones realizadas luego de un arresto sin orden y de practicadas las advertencias legales contra la autoincriminación

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

2013 TSPR 19

Christian Nieves Vives

Peticionario

188 DPR ____

Número del Caso: CC-2012-119

Fecha: 21 de febrero de 2013

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Jesús Miranda Díaz

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Luis Román Negrón

Procurador General

Lcdo. Juan B. Ruiz Hernández

Materia: Procedimiento Criminal – Admisibilidad en evidencia de confesiones

realizadas luego de un arresto sin orden y de practicadas las advertencias

legales contra la autoincriminación.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2012-119

Certiorari

Christian Nieves Vives

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo

San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2013.

Hoy

tenemos

la

oportunidad

de

normativa

sobre

la

admisibilidad

examinar

en

nuestra

evidencia

de

confesiones realizadas durante un procedimiento criminal.

Mediante el presente caso, analizamos por primera vez y

adoptamos los factores establecidos por el Tribunal Supremo

de Estados Unidos en Brown v. Illinois, infra.1

En

realizada

1

esencia,

debemos

luego

resolver

de

si

las

una

confesión,

advertencias

En ocasiones anteriores, este Foro ha citado el mencionado caso de

Brown v. Illinois, 422 U.S. 590 (1975). Véanse, Pueblo v. Millán

Pacheco, 182 D.P.R. 595, 612 (2011); Pueblo v. González, 167 D.P.R.

350, 357 (Opinión disidente emitida por el Juez Presidente señor

Hernández Denton, a la cual se unieron las Juezas Asociadas señora Fiol

Matta y señora Rodríguez Rodríguez.); Pueblo v. Alcalá Fernández, 109

D.P.R. 326, 333 (1980).

No obstante, esta es la primera vez que lo

escudriñamos en detalle.

CC-2012-119

legales

2

y

de

haberse

cumplido

con

la

protección

constitucional a la no autoincriminación, es inadmisible

en evidencia por ser producto de un arresto ilegal.

I

El

31

de

agosto

de

2011

el

Ministerio

Público

presentó dos denuncias contra el peticionario Christian

Nieves Vives (peticionario) por hechos ocurridos entre la

noche del 21 y la madrugada del 22 de agosto del mismo

año; una de estas fue por el delito de apropiación ilegal2

y la otra por daño agravado.3

En las mismas se imputó que

el peticionario de manera ilegal, voluntaria, maliciosa, a

sabiendas y con intención criminal se apropió de bienes

pertenecientes al Sr. Afner Martínez López.

Además, se le

imputó haber ocasionado daños ascendentes a $5,879.30 a

una excavadora propiedad del señor Martínez López.

Tribunal

de

Primera

Instancia

determinó

causa

El

probable

para arresto por los delitos imputados y le impuso una

fianza de $1,000.

determinó

causa

únicamente

por

Sin embargo, en la vista preliminar se

probable

para

acusar

al

el

delito

de

daño

peticionario

agravado.

Subsiguientemente, el 1 de octubre de 2011 el Ministerio

Público presentó una acusación, según autorizada, contra

el peticionario Nieves Vives.

2

Art. 192 del Código Penal de Puerto Rico de 2004, 33 L.P.R.A. sec.

4820.

3

Art. 208 del Código Penal de Puerto Rico de 2004, 33 L.P.R.A. sec.

4836.

CC-2012-119

3

Luego de la lectura de acusación, el 2 de noviembre

de 2011, el peticionario presentó una moción de supresión

de

confesión

confesión

arresto

en

la

obtenida

ilegal,

Ministerio

alegó,

fue

ilegal

conforme

a

árbol ponzoñoso”.4

el

que

la

en

por

síntesis,

ser

que

la

de

un

“fruto

del

producto

doctrina

del

Por su parte, el 7 de noviembre de 2011

Público

presentó

una

oposición

a

la

solicitud de supresión de confesión en la que sostuvo que

el

peticionario

no

se

encontraba

bajo

arresto

en

la

Comandancia en Bayamón (Comandancia) y que en la obtención

de la confesión se cumplieron con todas las exigencias del

debido

proceso

de

ley.5

Argumentó

que

la

evidencia

presentada en la vista preliminar claramente estableció

las

circunstancias

particulares

que

dieron

motivos

fundados para investigar los hechos.

Así

Tribunal

las

de

cosas,

el

Primera

consistió

de

Instancia

supresión de confesión.

vista

9

noviembre

de

2011,

el

celebró

la

vista

de

La prueba desfilada durante la

únicamente

en el

Carlos Rodríguez Torres (agente).

testimonio

del

agente

Su testimonio se basó

en la forma y manera en que se obtuvo la confesión del

peticionario.

No obstante, y como muy bien fue señalado

por la defensa, el agente Rodríguez Torres no fue quien

arrestó al peticionario, por lo que en la vista no pudo

testificar

sobre

los

detalles

o

motivos

4

Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 27-36.

5

Íd., págs. 37-43.

fundados

para

CC-2012-119

4

realizar el arresto.

peticionario

Nieves

Más bien, el agente aceptó que el

Vives

estaba

bajo

custodia

de

la

Policía de Puerto Rico (Policía) y que fue arrestado sin

orden judicial.

Según surge de la exposición narrativa de la prueba,

el agente Rodríguez Torres declaró que el 22 de agosto

de 2011 se le asignó investigar un escalamiento ocurrido

en

el

Club

Metropolitano

de

Tiro,

Urbanización Levittown de Toa Baja.

ubicado

en

la

Se alegó que dicho

suceso ocurrió entre la noche del 21 y la madrugada del

22 de agosto de ese mismo año.

El agente indicó que su

supervisor le instruyó que acudiera a la Avenida del Lago,

ya que se había recuperado cierta evidencia relacionada

con el escalamiento.

Así las cosas, el agente Rodríguez Torres acudió al

lugar indicado y conversó con el agente Sánchez de la

División de Inteligencia.

Este último le informó que se

había ocupado un bulto con varios cartuchos de escopeta y

otros utensilios que parecían estar relacionados con el

escalamiento

sector.

y

un

asesinato

ocurrido

en

la

playa

del

El agente Rodríguez Torres declaró, además, que

el agente Sánchez le informó que la Policía tenía en la

Comandancia a tres personas detenidas vinculadas con la

investigación del asesinato.

Ante

esta

situación,

acudió a la Comandancia.

el

agente

Rodríguez

Torres

Al llegar allí conversó con el

agente Lara y este le confirmó que tenían a tres personas

CC-2012-119

5

detenidas las cuales se habían arrestado entre las cinco y

media y seis de la tarde.6

Las tres personas detenidas

eran

Vives

el

peticionario

Nieves

y

dos

personas

más

identificadas como Saúl y Julio.

En ese momento el agente

Rodríguez

peticionario.

Torres

se

dirigió

al

Este

ya

había sido interrogado por el agente Lara y el sargento

Aponte con relación al asesinato y lo habían descartado

como

sospechoso,

sin

embargo,

le

indicaron

que

debía

permanecer en un cubículo de la Comandancia en lo que

llegaba el agente Rodríguez Torres para interrogarlo sobre

el escalamiento.

Una

vez

retiraron,

el

advertencias

Nieves

Vives

el

agente

agente

legales

Lara

y

Rodríguez

al

el

sargento

Torres

peticionario.

comprendió

las

le

El

Aponte

se

leyó

las

peticionario

advertencias,

marcó

el

documento al respecto y expresó su deseo de declarar.7

Consecuentemente,

el

peticionario

brindó

relacionada con el delito de daño agravado.

una

confesión

La entrevista

entre el agente Rodríguez Torres y el peticionario Nieves

Vives se produjo a las seis y media de la tarde.8

En

esencia,

el

peticionario

confesó

al

agente

Rodríguez Torres que el día de los hechos se reunió con

6

Transcripción de la vista de supresión, Apéndice de la Petición de

certiorari, pág. 61.

7

Es

importante

señalar

que

sobre

las

advertencias

no

hay

controversia.

Incluso, la defensa del peticionario Nieves Vives

estipuló el documento y la realización de tales advertencias en la

vista de supresión.

Véase Transcripción de la vista de supresión,

Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 58.

8

Íd., pág. 63.

CC-2012-119

6

Saúl y Julio en casa de este último y luego partieron a

casa de Carlitos.

Desde allí los cuatro salieron a la

Carretera 165 hacía la antigua vaquería.

máquina

de

cavar

y

En dicho lugar

encontraron

una

le

forzaron

el

encendedor.

Al no poder prender la excavadora decidieron

sacarle las baterías y se las llevaron.

Posteriormente,

partieron

de

hacia

Metropolitano).

el

Club

Metropolitano

Tiro

(Club

Al llegar al Club Metropolitano entraron

a los predios del local y trataron de romper las rejas de

la estructura que allí se encuentra.

Al no poder romper

las rejas, arrancaron el portón de la entrada utilizando

un

vehículo

entraron

a

de

motor.

Luego

la

estructura,

de

abrieron

arrancar

los

18

el

portón

“lockers”

existentes y se llevaron mercancía tales como cartuchos,

“trimmers” y “blowers”.

Mientras se disponían a salir del

lugar, Carlitos gritó “agua” al ver a la Policía acercarse

y corrió hacía un río.

Por otro lado, Saúl, Julio y el

peticionario se montaron en el vehículo de motor y se

marcharon

del

Club

Metropolitano.

Posteriormente,

Carlitos fue encontrado muerto en el área de una playa.

El agente declaró que luego de dicha confesión se

presentaron

los

cargos

contra

el

peticionario.

Sin

embargo, y como mencionáramos anteriormente, el agente no

pudo declarar sobre cómo se llevó a cabo el arresto, ya

que él no fue quien arrestó al peticionario y no tenía

conocimiento sobre esos hechos.

CC-2012-119

7

Luego de escuchar el testimonio del agente Rodríguez

Torres, el foro de instancia declaró “no ha lugar” a la

supresión

solicitada.

tribunal

emitió

El

23

mediante

de

noviembre

resolución

la

de

2011

el

determinación

antedicha, notificada el 2 de diciembre e 2011.

En su

resolución, el foro primario señaló que “el acusado no

expone

hecho

o

fundamento

alguno

sobre

el

modo

y

las

circunstancias en que fue detenido originalmente”.9

Inconforme

con

esa

determinación,

el

3

de

enero

de 2012, el peticionario Nieves Vives presentó ante el

Tribunal

de

Apelaciones

síntesis,

arguyó

ilegal

y

le

dicha

presunción.

que

un

un

arresto

corresponde

intermedio

emitió

expedición

del

El

recurso

al

19

una

de

sin

certiorari.

orden

Ministerio

de

enero

resolución

certiorari.

El

en

En

se

presume

Público

rebatir

de

2012

la

que

tribunal

el

foro

denegó

la

apelativo

le

brindó deferencia a la determinación del foro de instancia

en cuanto a la negativa de suprimir la confesión porque

entendió

parámetros

que

la

misma

legales.

fue

Por

realizada

otro

lado,

conforme

en

cuanto

a

los

a

la

detención, señaló que “no fue caprichosa, irrazonable ni

errada; sino por el contrario fue producto de un proceso

lícito”.10

En

desacuerdo

Apelaciones,

el

con

la

peticionario

decisión

del

Tribunal

de

Nieves

Vives

presentó

un

9

Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 50.

10

Íd., pág. 75.

CC-2012-119

8

recurso de certiorari ante esta Curia, en el que señaló

los errores siguientes:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al

confirmar al Tribunal de Primera Instancia a

pesar de que en el presente caso no se

rebatió la presunción de invalidez del

arresto llevado a cabo.

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al

confirmar al Tribunal de Primera Instancia

quien validó un arresto sin orden a pesar de

que hubo ausencia total de prueba sobre las

circunstancias en que se llevó a cabo el

arresto.

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al

confirmar al Tribunal de Primera Instancia

argumentando

que

se

cumplió

con

las

advertencias de Miranda y el debido proceso

de ley para obtener la confesión del

presente caso haciendo abstracción de que la

misma fue consecuencia de una violación al

Art. II Sec. 10 de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y IV

Enmienda Federal.

Expedido

el

recurso

y

con

el

beneficio

de

las

comparecencias de ambas partes, resolvemos.

II

La Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados

Unidos

(Cuarta

Enmienda)

y el

Art.

II, Sec.

10 de la

Constitución de Puerto Rico (Art. II, Sec. 10) protegen el

derecho

del

pueblo

contra

allanamientos irrazonables.

estas

cláusulas

es

la

registros,

incautaciones

y

La disposición expuesta en

“matriz

de

la

garantía

de

los

derechos individuales ante la intervención injustificada

del

11

Estado

con

el

ciudadano”.11

Esta

protección

se

Pueblo v. Pérez Rivera, res. 26 de septiembre de 2012, 2012 T.S.P.R.

146, 186 D.P.R. ____ (2012); Pueblo v. Román Mártir, 169 D.P.R. 809,

821-22 (2007).

CC-2012-119

9

extiende a los procedimientos de investigación criminal

sobre el sospechoso de la comisión de un delito.12

En lo

pertinente, nuestra Constitución dispone en esta sección

que

[n]o se violará el derecho del pueblo a la

protección de sus personas, casas, papeles y

efectos contra registros, incautaciones y

allanamientos irrazonables…

Sólo se expedirán mandamientos autorizando

registros, allanamientos o arrestos por

autoridad judicial, y ello únicamente cuando

exista causa probable apoyada en juramento o

afirmación…

Evidencia obtenida en violación de esta

sección será inadmisible en los tribunales.13

Por

consiguiente,

se

prohíbe,

de

ordinario

“el

arresto de personas o los registros o allanamientos sin

una orden judicial previa, apoyada en una determinación de

causa probable”.14

La orden judicial es necesaria para

poder garantizar la dignidad e intimidad de las personas y

sus

efectos

de

posibles

Estado.15

Esta

protección

importancia

que

si

judicial

se

presume

un

actuaciones

arbitrarias

constitucional

arresto

inválido

se

realiza

y

le

es

del

de

sin

tal

orden

corresponde

al

12

Pueblo v. Pérez Rivera, supra.

Véase, además, O.E. Resumil,

Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho procesal penal, Tomo I,

Equity Pub. Co., New Hampshire, 1990, pág. 26.

13

Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, págs. 326–327.

14

Pueblo

v.

Serrano

Reyes,

176

D.P.R.

437,

Pueblo v. Calderón Díaz, 156 D.P.R. 549, 555 (2002).

15

Íd.; Íd., pág. 556.

443

(2009);

CC-2012-119

10

Ministerio

Público

rebatir

la

presunción

de

constitucional

de

irrazonabilidad.16

Ahora

bien,

el

requerimiento

previa orden judicial no es absoluto, existen excepciones

donde se ha reconocido la validez de un registro o arresto

sin

una

orden.17

expresamente

que

La

la

Asamblea

garantía

Constituyente

aludida

frente

tiene su límite en la conducta criminal.18

reconoció

al

arresto

Así, hemos

reconocido en la Regla 11 de las Reglas de Procedimiento

Criminal, 34

público

puede

judicial.

orden

L.P.R.A.

Ap.

realizar

II,

un

que

un

arresto

agente

sin

del

orden

previa

orden

Esta regla establece que un funcionario del

público

puede

hacer

un

arresto

sin

la

orden

correspondiente: (a) cuando tuviere motivos fundados para

creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un

delito en su presencia, (b) cuando la persona arrestada

hubiese

cometido

presencia,

y

(c)

un

delito

cuando

grave,

tuviere

aunque

motivos

no

en

fundados

su

para

creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un

delito grave, independientemente de que dicho delito se

hubiere cometido o no en realidad.

16

Pueblo v. Calderón Díaz, supra; Pueblo v. Serrano, Serra,

148 D.P.R. 173 (1999); Pueblo v. Blase Vázquez, 148 D.P.R. 618 (1999);

Pueblo v. Colón Bernier, 148 D.P.R. 135 (1999).

17

Pueblo v. Calderón Díaz, supra; Pueblo v. Serrano, Serra,

supra; Pueblo v. Blase Vázquez, supra; Pueblo v. Colón Bernier, supra.

18

4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente

(1952). Véase, además, Pueblo v. Colón Bernier, supra.

2567-2568

CC-2012-119

11

Para

determinar

si

un

funcionario

tuvo

motivos

fundados para creer que la persona a ser arrestada ha

cometido

un

delito

en

su

presencia,

la

conducta

del

funcionario se juzgará a base de la apreciación que haría

una persona prudente y razonable en esas circunstancias.19

Por lo tanto, motivos fundados es el conocimiento y la

información que posee una persona ordinaria y prudente que

lo llevan a creer que el arrestado ha cometido el delito,

independientemente

de

que

comisión del delito.20

luego

se

establezca

o

no

la

Siendo así, hemos expresado que

motivos fundados es sinónimo de causa probable.21

En síntesis, para que un arresto sin orden judicial

sea

válido

tiene

Ahora,

la

varios

agentes

que

exigencia

del

sustentarse

de

motivos

orden

en

motivos

fundados

público

no

actúen

fundados.

impide

que

concertada

y

coordinadamente.22

Esto se debe a que de otra forma sería

imposible

el

realizar

trabajo

en

poder combatir la criminalidad.23

fundados

del

agente

que

inició

equipo

necesario

para

Por ello, los motivos

el

arresto

o

registro,

pueden ser válidamente atribuidos al funcionario del orden

19

Pueblo v. Calderón Díaz, supra; Pueblo v. Colón Bernier, supra;

Pueblo v. González Rivera, 100 D.P.R. 651 (1972); Cepero Rivera v.

Tribunal Superior, 93 D.P.R. 245 (1966).

20

Pueblo v. Martínez Torres I, 120 D.P.R. 496 (1988); Pueblo v.

González Rivera, supra; Pueblo v. Cabrera Cepeda, 92 D.P.R. 70 (1965).

21

Pueblo v. Calderón Díaz, supra; Pueblo v. Martínez Torres I, supra;

Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348 (1977).

22

Pueblo v. Serrano Reyes, supra, pág. 444; Pueblo v. Martínez Torres

I, supra, pág. 504.

23

Pueblo v. Pérez Rivera, supra.

CC-2012-119

12

público a quien este se los transmitió primero.24

Ahora

bien, hemos resuelto que “[e]l hecho [de] que un agente

pueda actuar según una comunicación de otro policía sin

tener

motivos

fundados

no

significa

que

el

Ministerio

Público queda relevado de su deber de presentar evidencia

para establecer la legalidad del arresto”.25

Lo importante

y necesario en la vista de supresión de evidencia es que

el Ministerio Público presente prueba para establecer los

motivos fundados que tuvo el agente que originó la cadena

de información que resultó en el arresto.26

A. Solicitud de Supresión de Evidencia

Por

su

parte,

la

Regla

234

de

Procedimiento

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, es el medio procesal que

permite

registro

a

una

ilegal

persona

agraviada

solicitar

al

por

tribunal

un

allanamiento

la

supresión

o

de

cualquier evidencia obtenida en virtud de tal allanamiento

o

registro.

En

lo

pertinente,

la

Regla

dispone

lo

siguiente:

La persona agraviada por un allanamiento o

registro ilegal podrá solicitar del tribunal

al cual se refiere la Regla 233 la supresión

de cualquier evidencia obtenida en virtud de

tal allanamiento o registro, o la devolución

de la propiedad, por cualquiera de los

siguientes fundamentos:

(a) Que la propiedad fue ilegalmente ocupada

sin orden de allanamiento o registro.

24

Pueblo v. Pérez Rivera, supra.

25

Pueblo v. Serrano Reyes, supra, pág. 445; Pueblo v. Martínez Torres

I, supra, pág. 506.

26

Íd., pág. 444; Íd., pág. 504.

CC-2012-119

13

........

En la moción de supresión de evidencia se

deberán exponer los hechos precisos o las

razones

específicas

que

sostengan

el

fundamento o fundamentos en que se basa la

misma.

El

tribunal

oirá

prueba

sobre

cualquier cuestión de hecho necesaria para

la resolución de la solicitud y celebrará

una vista evidenciaria ante un magistrado

distinto al que atenderá el juicio, cuando

se trate de evidencia incautada mediando una

orden

judicial

y

la

parte

promovente

demuestre

que

existe

una

controversia

sustancial de hechos que haga necesario la

celebración de la vista; en ausencia de tal

demostración, el tribunal podrá adjudicar la

moción sin vista previa utilizando como base

los escritos presentados por las partes.

El tribunal vendrá obligado a celebrar una

vista

envidenciaria

con

antelación

al

juicio, y ante un magistrado distinto al que

atenderá el juicio, cuando se trate de

evidencia

incautada

sin

previa

orden

judicial si en la solicitud

la parte

promovente aduce hechos o fundamentos que

reflejan la ilegalidad o irrazonabilidad del

registro, allanamiento o incautación. El

Ministerio Público vendrá obligado a refutar

la presunción de ilegalidad del registro o

incautación y le corresponderá establecer

los elementos que sustentan la excepción

correspondiente

al

requisito

de

orden

judicial previa.

De declararse con lugar la moción, la

propiedad será devuelta, si no hubiere

fundamento legal que lo impidiere, y no será

admisible en evidencia en ningún juicio o

vista. La moción se notificará al fiscal y

se presentará cinco (5) días antes del

juicio

a

menos

que

se

demostrare

la

existencia de justa causa para no haberla

presentado dentro de dicho término o que al

acusado no le constaren los fundamentos para

la supresión, o que la ilegalidad de la

obtención de la evidencia surgiere de la

prueba del fiscal.(Énfasis nuestro.)

En Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739, 750-751 (1980),

aclaramos que esta regla aplica a las situaciones en las

que

se

solicita

testimonio.

la

supresión

de

una

confesión

o

CC-2012-119

Esta

dispuesta

14

Curia

en

la

ha

Regla

expresado

234

de

que

a

la

Procedimiento

presunción

Criminal,

supra, le aplican las disposiciones de las Reglas 302 y

303 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI.27

La Regla 303, en

lo pertinente, dispone que

[c]uando

en

una

acción

criminal

la

presunción perjudica a la persona acusada,

tiene el efecto de permitir a la juzgadora o

al juzgador inferir el hecho presumido si no

se presenta evidencia alguna para refutarlo.

Si de la prueba presentada surge duda

razonable sobre el hecho presumido, la

presunción queda derrotada. La presunción no

tendrá efecto alguno de variar el peso de la

prueba sobre los elementos del delito o de

refutar una defensa de la persona acusada.

(A) Cuando beneficia a la persona acusada,

la presunción tendrá el mismo efecto que lo

establecido

en

la

Regla

302.

(Énfasis

nuestro.)

……

Por su parte la Regla 302 establece que

[e]n una acción civil, una presunción impone

a la parte contra la cual se establece la

presunción el peso de la prueba para

demostrar

la

inexistencia

del

hecho

presumido. Si la parte contra la cual se

establece la presunción no ofrece evidencia

para demostrar la inexistencia del hecho

presumido, la juzgadora o el juzgador debe

aceptar la existencia de tal hecho.

Si se

presenta

evidencia

en

apoyo

de

la

determinación de la inexistencia de tal

hecho, la parte que interesa rebatir la

presunción debe persuadir a quien juzga de

que es más probable la inexistencia que la

existencia del hecho presumido. (Énfasis

nuestro.)

Es norma establecida que dicha presunción se activa

con la mera inexistencia de una orden judicial previa.

27

Pueblo v. Serrano Reyes, supra, pág. 449.

CC-2012-119

15

Así, pues, una vez se demuestra la inexistencia de la

orden, la irrazonabilidad de la actuación es automática.28

En

estos

casos,

presunción

de

el

Ministerio

invalidez

Público

demostrando

debe

la

rebatir

la

existencia

de

alguna de las circunstancias excepcionales que justifican

actuar sin una orden judicial previa.29

A tenor de lo anterior, al evaluar una solicitud de

supresión

de

evidencia

en

la

que

se

plantea

que

la

confesión o evidencia obtenida fue a raíz de un arresto

ilegal, el Ministerio Público viene obligado a demostrar

la legalidad del arresto.30

resuelto

que

acusado

y

la

obliga

Reiteradamente, esta Curia ha

presunción

al

de

invalidez

Ministerio

beneficia

Público

a

al

presentar

evidencia para demostrar la legalidad y razonabilidad de

la

actuación

del

Estado.31

Así,

pues,

recae

sobre

el

Estado el peso de la prueba para demostrar que los hechos

particulares

policial.32

del

caso

justificaban

la

intervención

Esto quiere decir que en la vista evidenciaria

para adjudicar la moción de supresión de evidencia, el

Ministerio Público tiene la obligación de presentar prueba

y

persuadir

sobre

la

razonabilidad

28

Pueblo v. Blase Vázquez, supra, pág. 632.

29

Íd., pág. 631.

30

Pueblo v. Serrano Reyes, supra, pág. 449.

31

Íd., págs. 447-448; Pueblo v. Blase

Pueblo v. Colón Bernier, supra, pág. 148.

32

del

Vázquez,

registro

supra,

o

el

pág.

631;

Pueblo v. Calderón Díaz, supra, pág. 556; Pueblo v. Blase Vázquez,

supra, pág. 632; Pueblo v. Colón Bernier, supra, pág. 141; Pueblo v.

Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170, 177 (1986).

CC-2012-119

arresto.33

16

Por lo tanto, si el Ministerio Público tuvo la

oportunidad de presentar prueba sobre los motivos fundados

para

arrestar

y

no

lo

hizo,

la

presunción

de

que

el

arresto fue ilegal permanece; “el arresto tiene que ser

considerado ilícito, y la prueba obtenida mediante éste

tiene que suprimirse”.34

Permitir un arresto o registro de

acuerdo con una orden de un policía, sin la intervención

judicial y sin que luego un tribunal pueda oír prueba y

pasar

juicio

peligrosamente

sobre

las

motivos

puertas

a

fundados,

abriría

registros

ilegales

irrazonables y arbitrarios.35

En Pueblo v. Serrano Reyes, 176 D.P.R. 437 (2009),

analizamos el efecto procesal de la falta de presentación

de prueba por parte del Estado en una vista de supresión

de evidencia.

En esa ocasión concluimos lo siguiente:

No procede ordenar otra vista para adjudicar

una moción de supresión de evidencia cuando

ya el Ministerio Público ha tenido una

oportunidad probatoria adecuada y no logró

rebatir la presunción que operaba en su

contra.

A diferencia de las Reglas 6(c) y

24(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.

Ap. II, la Regla 234, supra, no concede al

fiscal una segunda vista cuando el resultado

no le favorece.

Distinto a las vistas de

causa probable para arrestar o para acusar,

la determinación de suprimir la evidencia

bajo la Regla 234 no termina con el proceso

criminal. Esta regla meramente confiere una

oportunidad a la defensa de lograr que se

suprima en el juicio la presentación de la

evidencia obtenida ilegalmente que podría

ser perjudicial al acusado. Lo único que se

33

Véase Pueblo v. Serrano Reyes, supra, pág. 448, citando a E.L.

Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal: Etapa Investigativa, San Juan,

Pubs. J.T.S., 2006, Sec. 4.4(e)(ii), pág. 141.

34

Pueblo v. Colón Bernier, supra, pág. 148.

35

Pueblo v. Martínez Torres I, supra, pág. 508.

CC-2012-119

17

decide es la legalidad o razonabilidad del

registro

efectuado.

Pueblo

v.

Miranda

Alvarado, supra.

El Ministerio Público

puede proseguir su caso contra el acusado

con otra prueba independiente y distinta a

la suprimida. Pueblo v. Rivera Rivera, 117

D.P.R. 283 (1986).

Ahora bien, es necesario aclarar que no solo la evidencia

que se obtenga durante un registro o un arresto ilegal

será

inadmisible,

sino

que

toda

la

evidencia

que

se

obtenga luego, como “fruto” de dicho registro o arresto,

también será inadmisible en evidencia.

En el caso preciso de una confesión como fruto de un

arresto

ilegal,

esta

decisivo

es

voluntariedad

la

Curia

ilegalidad de la detención.36

de

que

el

ilegalmente

declaraciones

ha

expresado

de

la

que

el

punto

confesión

y

no

la

Sin embargo, “el solo hecho

arrestado

incriminatorias

confesara

tras

o

hiciera

recibir

las

advertencias de Miranda, no cura el vicio inicial en el

arresto y las admisiones son “fruto del árbol ponzoñoso”.37

Esto se debe a que, al igual que existe una distinción

entre la Cuarta y la Quinta Enmienda de la Constitución de

Estados

Unidos

distinción

(Quinta

entre

el

Enmienda),38

Art.

II,

también

Sec.

11

existe

de

una

nuestra

Constitución (Art. II, Sec. 11) sobre el derecho a la no

autoincriminación y el Art. II, Sec. 10 que excluye la

36

Pueblo v. Valentín Santana, 89 D.P.R. 288, 293 (1963); Pueblo v.

Fournier, 77 D.P.R. 222, 256 (1954).

37

Chiesa Aponte, op. cit., pág. 130.

38

Véase Brown v. Illinois, 422 U.S. 590, 601-602 (1975).

CC-2012-119

18

admisibilidad

confesión

de

prueba

realizada

obtenida

luego

de

ilegalmente.

hacerse

las

Una

advertencias

legales podría ser admisible bajo el Art. II, Sec. 11, sin

embargo, no serlo bajo el Art. II, Sec. 10 si la misma se

realizó luego de un arresto ilegal, ya que los intereses

que buscan proteger estas dos secciones son distintos.

Por

un

lado,

el

Art.

II,

Sec.

11

protege

al

ciudadano que enfrenta un interrogatorio como parte de una

investigación

pongan

en

criminal

riesgo

de

de

un

contestar

preguntas

procedimiento

que

lo

criminal.39

La

protección concedida en esta sección “tiene el propósito

de evitar que se someta a un individuo al cruel “trilema”

de tener que escoger entre decir la verdad y acusarse a sí

mismo,

mentir

y

ser

hallado

incurso

en

perjurio,

o

rehusarse a declarar y ser hallado incurso en desacato”.40

Por

otro

lado,

el

Art.

II,

Sec.

10

pretende

desalentar a los funcionarios del orden público de que

violen

la

exclusión

protección

constitucional.41

La

establecida

en

encarna

esta

sección

regla

de

tres

propósitos: (1) disuadir y desalentar a los funcionarios

del

orden

público

de

constitucional,

(2)

tribunales

deben

39

40

no

que

violen

integridad

ser

judicial,

cómplices

de

protección

ya

que

los

actos

de

Pueblo v. Millán Pacheco, supra, pág. 608.

Pueblo

v.

Sustache

Torres,

168

D.P.R.

Chiesa Aponte, op. cit., pág. 305.

Véase,

Waterfront Commission, 378 U.S. 52, 55 (1964).

41

la

350,

354

(2006);

además, Murphy v.

Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, 130 D.P.R. 352, 358

(1992).

CC-2012-119

19

desobediencia

a

la

Constitución

y

admitir

evidencia

ilegalmente obtenida e, (3) impedir que el Gobierno se

beneficie de sus propios actos ilícitos; de otra manera la

ciudadanía perdería confianza en el Gobierno.42

Como podemos observar, los derechos establecidos en

estas dos cláusulas de nuestra Constitución se crearon con

el propósito de proteger a los ciudadanos de distintas

conductas

Cada

realizadas

cláusula

distinta.

por

protege

los

al

funcionarios

ciudadano

de

del

una

Estado.

conducta

El derecho a la no autoincriminación protege al

ciudadano de no ser obligado a decir nada en su contra,

mientras que el Art. II, Sec. 10 protege al ciudadano de

registros

Estado.

y

allanamientos

Por

lo

tanto,

irrazonables

no

toda

por

parte

confesión

del

hecha

voluntariamente luego de un arresto ilegal será admisible

en evidencia.

Tenemos que velar porque se cumplan con

todas las garantías constitucionales.

B. Brown v. Illinois

No obstante, esto no significa que toda confesión

hecha

después

inadmisible.43

de

un

arresto

o

registro

ilegal

será

El Tribunal Supremo de Estados Unidos en

Brown v. Illinois, 422 U.S. 590 (1975), estableció los

factores a considerar para determinar la admisibilidad de

una confesión realizada luego de un arresto ilegal.

42

La

Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, supra, págs. 358-359;

Chiesa Aponte, op. cit., págs. 112-113.

43

Pueblo v. Rodríguez Rivera, 91 D.P.R. 456, 463 (1964).

CC-2012-119

20

norma antedicha ha sido reiterada por el Tribunal Supremo

federal

en

Taylor

v.

Dunway

v.

New

York,

442

Alabama,

457

U.S.

U.S.

687

200

(1979),

(1982)

y

en

Kaupp v. Texas, 538 U.S. 626 (2003).

En Brown v. Illinois, supra, se arrestó ilegalmente

al

imputado

para

propósitos

con un asesinato.

investigativos

relacionados

El imputado fue llevado al cuartel de

la policía, se le hicieron las advertencias de Miranda y a

menos de dos horas de su arresto prestó dos declaraciones

incriminatorias.

El Tribunal Supremo federal sostuvo que

el mero hecho de impartir las advertencias legales no era

suficiente

para

remediar

arresto ilegal.44

estableció

una

una

confesión

producto

de

un

Para concluir lo anterior, el tribunal

distinción

entre

el

derecho

a

la

no

autoincriminación cobijado por la Quinta Enmienda de la

Constitución de Estados Unidos y la Cuarta Enmienda que

excluye la admisibilidad de prueba obtenida ilegalmente.

Determinó

que

el

hecho

de

que

las

declaraciones

incriminatorias fueran admisibles bajo la Quinta Enmienda

no las hace admisibles bajo la Cuarta Enmienda, ya que la

regla

de

intereses

exclusión

y

bajo

políticas

la

públicas

Cuarta

Enmienda

distintas

a

las

sirve

a

que

se

protegen bajo la Quinta Enmienda. 45

Por último, el tribunal resolvió que la controversia

sobre la voluntariedad de la confesión debía ser evaluada

44

Brown v. Illinois, supra, pág. 601.

45

Íd., págs. 601-602.

CC-2012-119

21

caso a caso dependiendo de los hechos particulares.46

hacer

dicha

estableció

evaluación

unos

el

factores

Tribunal

que

Supremo

deberán

Para

federal

tomarse

en

consideración, aunque especificó que ninguno de estos será

determinante por sí solo al momento en que se examine la

admisibilidad de la prueba.

Señaló el tribunal:

No single fact is dispositive. The workings

of the human mind are too complex, and the

possibilities of misconduct too diverse, to

permit protection of the Fourth Amendment to

turn on such a talismanic test.47

A estos efectos se considerará: (1) si se hicieron las

advertencias legales, (2) el tiempo transcurrido entre el

arresto

ilegal

interventoras

y,

y

la

confesión,

(4)

el

propósito

(3)

y

las

causas

flagrancia

conducta ilegal de los funcionarios del Estado.48

de

la

Además,

indicó que el Ministerio Público es el que tiene el peso

de

la

prueba

confesión.49

de

demostrar

la

admisibilidad

de

la

Analicemos ahora cada uno de estos factores:

1. Advertencias legales

La

norma

expuesta

en

Miranda

v.

Arizona,

384 U.S. 436 (1966), establece las advertencias que se

deben hacer antes de un interrogatorio policial.

Estas

advertencias, por ser medidas dirigidas a garantizar el

46

Brown v. Illinois, supra, pág. 603.

47

Íd.

48

Íd., págs. 603-604; Taylor v. Alabama, 457 U.S. 687 (1982). Véase,

además, Chiesa Aponte, op. cit., pág. 325.

49

Brown v. Illinois, supra, pág. 604.

CC-2012-119

derecho

22

de

un

sospechoso

contra

la

autoincriminación,

constituyen

las

garantías

mínimas

que

amparan

a

todo

interrogado bajo custodia policial en los estados y en

Puerto Rico.50

Estas advertencias son: (1) tiene derecho a

guardar silencio, (2) todo cuanto diga podrá y será usado

en su contra, (3) tiene derecho a estar asistido por un

abogado durante el interrogatorio y, (4) de no poder pagar

un abogado el Estado le nombraría uno sin costo.

Se ha

establecido que los funcionarios del gobierno tienen que

realizar

las

interrogan

a

custodia.51

advertencias

un

de

sospechoso

Hasta

el

Miranda

mientras

presente,

en

cuando

está

Puerto

estos

bajo

Rico

su

hemos

seguido esta norma sin expandir su alcance ni rechazar las

interpretaciones

restrictivas

del

Tribunal

Supremo

de

Estados Unidos.52

Como mencionáramos anteriormente, las advertencias

legales por sí solas no son suficientes para admitir una

confesión,

cuando

arresto ilegal.

esa

confesión

se

hizo

luego

de

un

Las advertencias de Miranda sí son un

factor importante a considerar, pero no es el único factor

que debe ser considerado.53

Cuando los agentes del Estado

le hacen las advertencias de Miranda a los imputados se

cumple con la protección de la Quinta Enmienda y el Art.

50

Pueblo v. Millán Pacheco, supra, pág. 609.

51

Íd., pág. 610; Chiesa Aponte, op. cit., pág. 31.

52

Íd.; Íd., pág. 54.

53

Brown v. Illinois, supra, pág. 603.

CC-2012-119

23

II, Sec. 11, pero no son un disuasivo suficiente para

proteger los derechos bajo la Cuarta Enmienda y el Art.

II,

Sec.

10.

protección

no

registros

y

funcionarios

Como

son

hemos

similares,

arrestos

del

señalado,

la

los

intereses

protección

contra

ilegales

buscan

disuadir

público

para

no

orden

que

de

los

a

los

violen

la

Constitución, proteger la integridad de los tribunales al

no

permitir

utilización

en

los

procesos

judiciales

de

evidencia ilegalmente obtenida y evitar que el Estado se

beneficie de sus propios actos ilegales.54

Es por esto que

cuando

de

una

confesión

se

produce

luego

un

arresto

ilegal, la voluntariedad de esa confesión no puede ser el

único

factor

estarían

a

ser

fomentando

considerado.

arrestos

De

lo

contrario,

ilegales,

ya

que con

se

solo

hacer las advertencias legales se estaría subsanando una

actuación que viola la Constitución.

Por lo tanto, para determinar la admisibilidad de

una confesión obtenida en violación a la Cuarta Enmienda y

el Art. II, Sec. 10, no solo es importante corroborar la

voluntariedad de la confesión y que se hayan realizado las

advertencias

legales,

evaluar

se

si

sino

protegieron

que

los

también

se

intereses

tiene

de

que

dichas

cláusulas.55

54

55

Chiesa Aponte, op. cit., pág. 285.

J.G. Lewis, The Fourth Amendment and Tainted Confessions:

Admissibility as a Policy Decision, 13 Hous. L. Rev. 753, 762 (1976).

CC-2012-119

24

2. Tiempo entre el arresto y la confesión

En Brown v. Illinois, supra, el Tribunal Supremo

federal indicó que un factor a tomarse en consideración

para determinar la admisibilidad de una confesión es el

tiempo transcurrido entre el arresto y la confesión.

Sin

embargo, no se ha establecido un parámetro que nos indique

cuál es el tiempo necesario que debe transcurrir entre el

arresto y la confesión.

Unidos

ha

resuelto

El Tribunal Supremo de Estados

distintos

casos

utilizando

los

criterios de Brown y en cada caso el tiempo transcurrido

entre el arresto y la confesión ha sido distinto.

Por

ejemplo, en Brown v. Illinois, supra, y en Dunway v. New

York, supra, transcurrió un periodo de aproximadamente dos

horas entre el arresto y la confesión.

Por otro lado, en

Taylor v. Alabama, supra, transcurrió un periodo de seis

horas.

Sin

transcurrieron

embargo,

en

apenas

quince

Kaupp

v.

minutos,

y

Texas,

supra,

en

estos

todos

casos el tribunal entendió que el tiempo transcurrido no

fue suficiente y suprimió la confesión.

Por otro lado, en

Rawlings v. Kentucky, 448 U.S. 98 (1980), el tribunal se

enfrentó ante una controversia en la cual entre el arresto

y la admisión transcurrieron cuarenta y cinco minutos y,

sin embargo, en ese caso resolvió que la admisión era

admisible. Estas decisiones del Tribunal Supremo federal

se deben a que, como muy bien indicó en Brown v. Illinois,

supra, el análisis debe hacerse caso a caso a base de

todos los factores.

CC-2012-119

25

3. Causa interventora

La causa interventora es un evento que ocurre luego

del arresto ilegal pero antes de la confesión y tiene el

efecto

de

arresto

y

la

externos

e

independientes

Por

interrumpir

ejemplo,

la

cadena

confesión.56

una

causa

a

que

existe

entre

ese

Generalmente,

son

sucesos

la

del

arresto.

ilegalidad

interventora

podría

ser

el

consultar con un abogado y en algunos casos podría ser una

manifestación

espontánea

interrogatorio.57

no

en

respuesta

de

un

Además, como se reconoció en Wong Sun v.

U.S., 371 U.S. 471 (1963), dar por terminada la detención

ilegal antes de hacer una confesión es un factor que puede

considerarse

según

como

resolvió

advertencias

una

el

legales

causa

interventora.

tribunal

no

es

en

Brown,

suficiente

Ahora

bien,

realizar

las

para

romper

la

cadena entre el arresto y la confesión y, por lo tanto, no

puede ser considerada como una causa interventora.58

Al

analizar este factor, lo importante es observar si los

sucesos que ocurren entre el arresto y la confesión son

suficientes e independientes para poder romper la cadena

entre dicho arresto ilegal y la confesión que se produjo.

56

Rawlings v. Kentucky, 448 U.S. 98, 108-109 (1980).

57

3 LaFave, Israel, King & Kerr, Criminal Procedure, sec. 9.4(a), pág.

443 (2007).

58

Taylor v. Alabama, supra, pág. 691.

CC-2012-119

26

4. Propósito y flagrancia de la conducta ilegal de los

funcionarios del Estado al efectuar el arresto

En esencia, este factor establece que para que la

confesión o admisión obtenida ilegalmente pueda prevalecer

como prueba sustantiva, de la evidencia presentada por el

Ministerio

Público

debe

surgir

que

la

acción

de

los

funcionarios que llevaron a cabo el arresto ilegal no iba

dirigida a obtener la admisión o confesión producto de la

intervención

Esto

es,

para

que

la

la

cual

acción

no

del

tenían

Estado

motivos

no

fue

fundados.

un

intento

flagrante de beneficiarse injustamente de su acto ilegal.59

Claro está, todo esto debe ser evaluado a la luz de las

circunstancias y caso a caso.

Ahora

bien,

nótese

que,

contrario

a

los

demás

factores, este factor lo que requiere es ausencia de unas

circunstancias.

Así, al analizar este último factor para

determinar si la confesión obtenida de un arresto ilegal

es

admisible

en

evidencia,

la

ausencia

de

propósito

y

flagrancia en la conducta ilegal del Estado al momento del

arresto es lo que favorece la no supresión de la expresión

incriminatoria.

los

otros

Como pudimos observar, cuando se analizan

factores,

la

presencia

de

ellos

admisión en evidencia de dicha confesión.

favorece

la

Por lo tanto,

para que una confesión obtenida luego de un arresto ilegal

sea admisible en evidencia debemos observar que se cumpla

59

Véase Brown v. Illinois, supra; Dunway v. New York, supra; Rawlings

v. Kentucky, supra; Taylor v. Alabama, supra; Kaupp v. Texas, 538 U.S.

626 (2003).

CC-2012-119

más

de

27

uno

de

transcurrido

presencia

los

entre

de

siguientes:

presencia

de

un

el

ilegal

la

confesión,

causas

arresto

interventoras

y

y/o

tiempo

ausencia

de

propósito y flagrancia de la conducta de los funcionarios

del Estado al efectuar el arresto.

Precisado lo anterior, es menester señalar que el

Tribunal Supremo federal le ha dado mayor importancia al

propósito y flagrancia de la conducta ilegal del Estado al

efectuar

el

arresto,60

debido

a

que

encuentra

directamente

relacionado

con

exclusión

de

Cuarta

Enmienda

la

Estados

Unidos

y

Art.

Constitución.

ser

la

el

II,

de

Sec.

este

factor

se

la

regla

de

Constitución

de

10

de

nuestra

No obstante, todos los factores tienen que

considerados

en

conjunto.

Como

mencionáramos

anteriormente, el tribunal en Brown v. Illinois, supra,

estableció que “no single fact is dispositive”.61

Esto es,

que para que una confesión obtenida luego de un arresto

ilegal sea admisible en evidencia se tiene que cumplir más

de

un

factor,

ya

que

ninguno

de

los

factores

es

determinante por sí solo.

III

Examinemos, pues, la aplicación de los fundamentos

antes expuestos al caso de autos.

60

Brown v. Illinois, supra, pág. 604.

61

Íd., pág. 603.

CC-2012-119

En

28

el

caso

ante

nuestra

consideración,

el

peticionario presentó una moción de supresión de confesión

bajo el fundamento de que dicha confesión fue producto de

un

arresto

ilegal

realizado

sin

orden

judicial.

El

Ministerio Público se opuso a dicha solicitud argumentando

que el peticionario no se encontraba bajo arresto y la

confesión se obtuvo de manera legal.

Sin embargo, del

testimonio del agente Rodríguez Torres se desprende que en

varias ocasiones los agentes de la Policía le indicaron

que tenían a tres personas detenidas.

Por otro lado, el

peticionario

cubículo

se

encontraba

en

un

de

la

Comandancia bajo el interrogatorio de múltiples agentes.

Esta Curia ha expresado que “una persona ha sido incautada

sólo

cuando

a

la

luz

de

la

totalidad

de

las

circunstancias, el modelo de una persona razonable hubiera

pensado que no estaba en libertad de marcharse del lugar.

Lo determinante es que la libertad del individuo haya sido

efectivamente

restringida”.62

(Énfasis

en

el

original.)

Ante estas circunstancias, concluimos que el peticionario

sí se encontraba arrestado.

Así las cosas, ante la moción del peticionario de

que se suprima la confesión por ser producto de un arresto

ilegal, se activó automáticamente la presunción de que el

arresto

se

hizo

irrazonablemente.

Como

reiteradamente

hemos expresado, el Ministerio Público tenía el peso de la

62

Véase Pueblo v. Pérez Rivera, supra; Pueblo v. Millán Pacheco,

supra, pág. 622; Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v. Cardona, 144 D.P.R.

1, 59-60 (1997); Pueblo v. Pacheco Báez, 130 D.P.R. 664, 669 (1992).

CC-2012-119

29

prueba para rebatir dicha presunción y demostrar que ese

arresto fue legal.

el

Ministerio

sobre

cómo

evidencia

Sin embargo, en la vista de supresión

Público

se

obtuvo

la

se

sobre

la

limitó

a

presentar

confesión,

existencia de

mas

motivos

arrestar al peticionario Nieves Vives.

evidencia

no

presentó

fundados

para

En la vista solo

testificó el agente que tomó la confesión, por lo que no

pudo testificar sobre el arresto impugnado.

El Ministerio

Público no podía descansar únicamente en el agente que

tomó la confesión.

solicitó

la

Ello, porque a pesar de que la defensa

supresión

de

la

confesión,

no

estaba

impugnando en sí la confesión ni cómo se realizó la misma,

sino

el alegado

arresto

ilegal;

hecho de

así

que

surgía

presentada por la defensa.63

esta

fue producto de un

claramente

de

la

moción

Por lo tanto, el Ministerio

Público tenía que probar en la vista que el arresto fue

legal.

El Tribunal de Apelaciones erró al resolver que la

detención “no fue caprichosa, irrazonable ni errada; sino

por el contrario fue producto de un proceso lícito”. ¿Cómo

el foro apelativo llegó a esta conclusión cuando en la

vista de supresión hubo ausencia total de prueba sobre

cómo

se

llevó

a

cabo

el

arresto?

Como

mencionáramos

anteriormente, el Ministerio Público no presentó evidencia

de

cómo

fundados

63

se

que

arrestó

al

tuvieron

peticionario

para

arrestar.

ni

de

los

De

la

Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 27-36.

motivos

confesión

CC-2012-119

30

realizada por el peticionario, luego de su arresto, surge

que el peticionario estuvo con el occiso esa noche, pero

¿cómo la policía adquirió esta información, cómo encontró

al peticionario, cómo se llevó a cabo el arresto, quién

arrestó,

dónde

fundados?

No

se

arrestó,

sabemos

cuáles

conforme

a

fueron

qué

los

motivos

información

conocieron los hechos que dieron origen al arresto.

ser

por

Policía,

información

por

recibida

conocimiento

de

un

personal,

confidente

por

se

Pudo

de

la

información

recibida de otro agente o por información brindada por

algún testigo.

En la vista de supresión no se presentó

evidencia que contestara ninguna de estas interrogantes.

El tribunal no tuvo la oportunidad de evaluar si hubo

motivos fundados para arrestar.

No hay duda de que el

Ministerio Público no rebatió la presunción de ilegalidad

del arresto del peticionario.

Por lo tanto, concluimos

que el arresto fue ilegal.

Ahora

bien,

aunque

la

regla

general

es

que

toda

evidencia obtenida como producto de un arresto ilegal es

inadmisible

en

evidencia,

lo

anterior

automática para suprimir la confesión.

no

es

causa

Es decir, para

determinar la admisibilidad de la confesión realizada por

el peticionario Nieves Vives debemos analizar los factores

establecidos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en

Brown v. Illinois, supra, y que hoy adoptamos a nuestro

ordenamiento jurídico.

Veamos.

CC-2012-119

31

En primer lugar, no existe controversia sobre las

advertencias legales.

Durante la vista de supresión la

defensa

las

estipuló

Miranda

se

realizaron legalmente y el peticionario las entendió.

Así

las

cosas,

que

advertencias

de

se

protegió

el

derecho

contra

la

no

autoincriminación

cobijado

por

el

II,

Sec.

11

de

Enmienda

de

la

tanto,

la

nuestra

Constitución

Constitución

de

y

Estados

por

la

Art.

Quinta

Unidos.

Por

lo

confesión realizada por el peticionario es admisible bajo

estas cláusulas.

Como mencionáramos anteriormente, cada factor no es

determinante por sí solo, sino que tenemos que analizarlos

todos para poder determinar si la confesión es admisible.

Por lo tanto, es importante analizar en conjunto el tiempo

transcurrido

entre

el

arresto

existieron causas interventoras.

y

la

confesión

y

si

Esto se debe a que en la

medida que el tiempo entre el arresto y la confesión es

menor,

hay

menos

interventoras.

probabilidad

En

el

de

presente

que

caso,

existan

el

causas

peticionario

Nieves Vives fue arrestado entre las cinco y media y seis

de la tarde.

agente

Media hora más tarde, a las seis y media, el

Rodríguez

Torres

comenzó

a

interrogarlo.

Dicho

interrogatorio duró aproximadamente media hora, ya a las

siete de la noche el peticionario había sido puesto en

libertad.

Como podemos observar, el tiempo transcurrido

entre el arresto y la confesión fue aproximadamente de una

hora.

En este corto periodo de tiempo, el peticionario

CC-2012-119

32

fue arrestado, llevado a la Comandancia e interrogado en

dos

ocasiones.

En

este

caso

en

particular,

al

no

transcurrir una cantidad sustancial de tiempo que atenuara

el

arresto

ilegal,

este

factor

obra

admisibilidad de la confesión.

hecho

no

Tribunal

es

un

factor

Supremo

de

en

contra

de

la

Sin embargo, este solo

decisivo

Estados

–como

Unidos

señalamos,

el

Rawlings

v.

en

Kentucky, supra, admitió una confesión que se produjo en

menos

tiempo

que

en

el

presente

caso.

Por

lo

antes

señalado, es importante analizar si dentro de ese tiempo

transcurrido ocurrió alguna causa interventora suficiente

para romper la cadena entre el arresto y la confesión.

Durante la vista de supresión, el Ministerio Público

señaló las circunstancias en las cuales se encontraba el

peticionario

luego

del

arresto.

Por

ejemplo,

el

Ministerio Público señaló que el peticionario Nieves Vives

no

se

encontraba

esposado,

nunca

fue

ingresado

a

una

celda, estuvo en todo momento sentado en un cubículo de la

Comandancia y ya había sido descartado como sospechoso del

asesinato

cuando

escalamiento.

el

agente

Estas

consideradas

como

suficientes

para

causas

romper

lo

interrogó

circunstancias

interventoras,

la

cadena

que

sobre

el

no

pueden

ser

ya

que

no

son

entre

el

existe

arresto ilegal y la confesión.

Estos sucesos son parte de

la

el

cadena

que

se

creó

con

confesión

del

peticionario.

arresto

Cuando

y

el

llevó

a

la

peticionario

realizó la confesión todavía se encontraba bajo arresto,

CC-2012-119

33

no tenía abogado y estaba sujeto a interrogatorio.

Estos

no son factores externos e independientes del arresto y,

por

lo

tanto,

concluimos

que

no

existieron

analizaremos

la

conducta

causas

interventoras.

Por

último,

oficiales en este caso.

de

los

En el presente caso, no existe

prueba sobre la conducta de los oficiales antes y durante

el arresto.

El Ministerio Público tenía el peso de la

prueba de demostrar que el arresto se hizo de manera legal

y se cumplieron con todas las disposiciones establecidas

en

nuestro

ordenamiento

jurídico.

Debido

a

que

el

Ministerio Público no presentó evidencia que demostrara

que los agentes actuaron de manera legal, permanece la

presunción de que el arresto fue ilegal e irrazonable y,

por

lo

tanto,

los

funcionarios

incurrieron

en

conducta

ilegal.

Como podemos observar, solamente el factor de las

advertencias

legales

favorece

al

Ministerio

Público

y

estas por sí solas no son un disuasivo para proteger los

derechos del Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución.

Al

analizar los demás factores vemos que todos apuntan a la

dirección opuesta.

Ello, porque no transcurrió un tiempo

sustancial entre el arresto y la confesión, no ocurrieron

causas interventoras y el Ministerio Público no presentó

evidencia

que

probara

que

actuaron de manera legal.

los

agentes

que

arrestaron

CC-2012-119

En

34

vista

de

todo

lo

anterior,

resolvemos

que

el

arresto realizado al peticionario Nieves Vives fue ilegal.

Además, adoptamos los factores establecidos en Brown v.

Illinois, supra, para determinar la admisibilidad de una

confesión

realizada

determinamos

que

luego

la

de

un

confesión

arresto

ilegal

y

realizada

por

el

revocamos

la

peticionario es inadmisible en evidencia.

IV

Por

las

razones

antes

expresadas,

sentencia del Tribunal de Apelaciones y resolvemos que la

confesión del peticionario Nieves Vives es inadmisible en

evidencia.

Asimismo,

ordenamos

la

devolución

del

expediente de autos al foro primario para que continúe con

los procedimientos judiciales conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2012-119

Certiorari

Christian Nieves Vives

Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2013.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte íntegra

de la presente, revocamos la sentencia del Tribunal

de Apelaciones y resolvemos que la confesión del

peticionario Christian Nieves Vives es inadmisible

en evidencia.

Asimismo, ordenamos la devolución

del expediente de autos al foro primario para que

continúe con los procedimientos judiciales conforme

a lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El

Juez Presidente señor Hernández Denton concurre con

lo resuelto en la Opinión mayoritaria mediante la

siguiente expresión: “Coincidimos en que procede

suprimir la confesión en controversia. Sin embargo,

creemos que dicha conclusión debe fundamentarse en

el derecho vigente sin necesidad de adoptar y

aplicar jurisprudencia federal. La Regla 234 de

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y la

jurisprudencia

que

la

interpreta

establecen

claramente que un arresto sin orden judicial se

presume ilegal y que corresponde al Ministerio

Público demostrar que el agente que realizó el

arresto tenía motivos fundados para así proceder,

CC-2012-119

2

lo cual no sucedió en este caso. Consecuentemente, la

presunción de que el arresto fue ilegal permanece y la

prueba obtenida como fruto de dicho arresto tiene que

suprimirse, incluyendo la confesión hecha por el

acusado. Véase Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739,

750-751

(1980).

Así

pues,

a

la

luz

de

las

circunstancias particulares de este caso, no era

necesario adoptar y aplicar los criterios expuestos en

Brown v. Illinois, 422 U.S. 590 (1975). Por ende, con

el mayor respeto a los compañeros Jueces Asociados y

compañeras Juezas Asociadas, entendemos que dichos

pronunciamientos constituyen obiter dicta”.

La Jueza Asociada señora Fiol Matta y la Juez

Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurren con el

resultado y se unen a las expresiones del Juez

Presidente señor Hernández Denton.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo