Tribunal Supremo de Puerto Rico
Olivella Zalduondo v. Seguros de Servicios de Salud de Puerto Rico
2013 TSPR 2
Poder Judicial de Puerto Rico
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Olivella Zalduondo v. Seguros de Servicios de Salud de Puerto Rico
AC-2011-83
Cobro de Dinero – Término prescriptivo para reclamar pago de acciones comunes como resultado de una redención
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Josefina,
Diana
Margarita,
Rosalía Elena y Jaime Antonio,
todos
de
apellidos
Olivella
Zalduondo
Peticionarios
Certiorari
v.
2013 TSPR 2
Seguros de Servicios de Salud de
Puerto Rico, Inc., t/c/p TripleS, Inc., y Triple S Management,
Inc.
Recurridos
187 DPR ____
Número del Caso: AC-2011-83
Fecha: 8 de enero de 2013
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan, Panel I
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Freddie Pérez González
Lcdo. Federico Pérez Irizarry
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Fernando J. Collazo Valle
Materia: Cobro de dinero
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Josefina,
Diana
Margarita,
Rosalía
Elena
y
Jaime
Antonio, todos de apellidos
Olivella Zalduondo
Peticionarios
Certiorari
v.
AC-2011-83
Seguros de Servicios de Salud
de Puerto Rico, Inc., t/c/p
Triple-S, Inc., y Triple S
Management, Inc.
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora
FIOL MATTA
“We reject at the outset any suggestion that the
present transaction, evidenced by the sale of
shares called „stock‟, must be considered a
transaction simply because the statutory
definition of a security includes the words
“any…stock”.1
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de enero de 2013.
Nos corresponde determinar la naturaleza jurídica de
una acción en cobro de dinero en la que se reclama el
pago
del
valor
de
unas
acciones
comunes
de
una
corporación como resultado de una redención. Concluimos
que la controversia de autos es de naturaleza contractual
entre unos accionistas y la corporación y no constituye
una transacción de valores por lo cual no está sujeta a
la
1
Ley
Uniforme
de
Valores
y,
por
tanto,
al
término
United Housing Foundation, Inc. v. Forman, 421 U.S. 837,
848 (1975).
AC-2011-83
2
prescriptivo de dos años, sino al término de quince años
para
las
acciones
personales
que
establece
el
Código
Civil.
I
El 21 de septiembre de 2010, los hijos del doctor
Jaime
A.
Olivella
y
Josefina
fallecidos,
presentaron
Servicios
Salud
de
de
una
Zalduondo
demanda
Puerto
Rico,
Benítez,
ambos
contra
Seguros
de
Inc.
(Triple
S),
alegando que su fenecido padre era dueño de seis acciones
comunes de
Triple S.2 En particular, alegaron que,
en
1999, los accionistas de Triple S crearon la corporación
Triple
S
Management
(Management)
y
votaron
por
la
adquisición y redención de sus respectivas acciones por
parte de la nueva corporación. De esa forma, Management
se convirtió en la matriz de Triple S “a cambio del pago
de las acciones a los accionistas de Triple S”.3
Según los demandantes, producto de los acuerdos de
los accionistas, a sus seis acciones se les otorgó un
valor de $250,000 cada una, para un total de $1,500,000.
Los demandantes alegaron que, al momento de su muerte en
el 2001, el Dr. Olivella seguía siendo dueño de las seis
acciones comunes. Ahora bien, según ellos, Triple S ni
2
Según surge de la demanda, el Dr. Olivella falleció el
11 de octubre de 2001 y la señora Zalduondo el 14 de
marzo de 2006. Ambos fallecieron sin otorgar testamento.
Los demandantes son Josefina, Diana Margarita, Rosalía
Elena y Jaime Antonio, todos de apellidos Olivella
Zalduondo.
3
Demanda, pág. 2, Alegación núm. 12.
AC-2011-83
Management
3
“nunca
pagaron
al
Dr.
Olivella,
ni
a
su
sociedad legal de gananciales, el valor de la redención
de dichas acciones”.4
Tras
la
demandantes,
muerte
a
de
su
través
de
madre
su
en
el
2006,
representación
los
legal,
enviaron varias cartas a diferentes funcionarios de ambas
corporaciones solicitando información.5 El 20 de julio de
2007, los demandantes recibieron una misiva enviada por
un
representante
de
la
compañía
informando
que
“según
nuestro registro de accionistas, el Dr. Jaime A. Olivella
Catoni
y
sus
herederos
no
son
accionistas
de
la
[c]ompañía. Las acciones comunes de la [c]ompañía de las
cuales era titular el Dr. Olivella fueron redimidas en
2003 por $160.00, el valor pagado por el Dr. Olivella al
adquirir
dichas
acciones.
Dicha
redención
se
efectuó
conforme a los documentos organizativos de la empresa …
4
5
Id. pág. 3, Alegación núm. 14.
El abogado de los demandantes envió cartas a partir del
19 de mayo de 2006 a diferentes funcionarios de ambas
corporaciones. En las primeras misivas, el abogado
preguntó sobre la cantidad de acciones poseídas por el
Dr. Olivella, el valor de las mismas y los requisitos
corporativos para venderlas o transferirlas, entre otros
asuntos. Así comenzó un intercambio de correspondencia
que duró desde esa fecha hasta el 2009: 9 de noviembre de
2006 (Carta de Management informando que no podían
ofrecer información porque la corporación se encontraba
en el proceso de convertirse en corporación de emisión de
acciones al público), 5 de julio de 2007 (Carta del
representante legal de los demandantes), 20 de julio de
2007 (Carta de representante legal de los demandados
informando que, según los registros de la compañía, ni el
Dr. Olivella ni sus herederos son accionistas de la
corporación), 2 de junio de 2009 (Carta del representante
legal de los demandantes alegando falta de comunicación
por parte de la corporación).
AC-2011-83
4
Es importante notar que la [c]ompañía se comunicó con la
viuda
del
Dr.
Olivella
para
informarle
sobre
la
redención. No obstante, surge de nuestros archivos que el
valor pagado por la redención no ha sido cobrado. Por
tanto,
aunque
los
herederos
del
Dr.
Olivella
no
son
accionistas de la [c]ompañía, sí tienen derecho a recibir
el valor pagado en el 2003 al redimirse las acciones
comunes
de
la
[c]ompañía
que
poseía
el
Dr.
Olivella
previo a su fallecimiento”.6
Insatisfechos
con
la
posición
de
Triple
S,
los
peticionarios presentaron su demanda el 21 de septiembre
de
2010
alegando
varias
causas
de
acción.7
En
primer
lugar, los demandantes sostuvieron que “tiene[n] derecho
a que se les pague el precio de sus acciones al valor que
fue pagado al resto de los accionistas de Triple S, que
se estima en una suma no menor de $1,500,000, más los
intereses por mora,
desde esa fecha hasta el día que
dicha suma se pague”.8 Según los demandantes, se trata de
una
acción
en
cobro
solicitaron,
al
Corporaciones,
examinar
de
amparo
los
dinero.
de
la
libros
En
segundo
Ley
de
la
lugar,
General
de
co-demandada
para determinar el valor real de sus acciones y de las
transacciones que los demandados han llevado a cabo con
6
Apéndice de Demanda, pág. 27, Exhibit J.
7
Dado que la demanda fue desestimada sumariamente, nos
limitamos a reproducir las alegaciones contenidas en la
misma.
8
Demanda, pág. 4.
AC-2011-83
5
las mismas. Según los demandantes, esta causa es parte
del deber de rendir cuentas que tiene la compañía. Por
último, solicitaron que el Tribunal de Primera Instancia
determinara el valor justo de las acciones, ya fuese para
que la parte demandada las comprara o, en la alternativa,
se les permitiese venderlas en el mercado.
Los
demandados
presentaron
una
moción
de
desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento
Civil alegando que la causa de acción estaba prescrita.
Según ellos, dado que se trataba de una impugnación de la
redención
de
unas
acciones
y
que
las
redenciones
de
acciones constituyen transacciones de valores, aplicaba
la Ley Uniforme de Valores, la que establece un término
prescriptivo
de
pleito.
los
Para
dos
años
para
demandados,
la
presentación
de
un
independientemente
de
la
fecha de partida que se tomara,9 habían transcurrido los
dos
años
procedía
establecidos
la
por
desestimación
ese
de
la
estatuto,
por
demanda.10
lo
que
Según
los
9
Las posibles fechas ofrecidas por los demandados son:
1999 (fecha de la decisión de los accionistas de redimir
sus acciones), 2003 (fecha informada por Triple S en su
carta del 20 de julio de 2007 como el momento en que se
llevó a cabo la redención) o 2007 (fecha de la carta que
contenía la información aludida).
10
Cabe señalar que en su moción de desestimación y a
pesar de alegar que la controversia versa sobre una
impugnación de redención de acciones sujeta a la Ley de
Valores, los demandados expresaron que la reclamación de
los demandantes era que, “al redimir las acciones[,] las
demandadas no pagaron el valor correcto de las mismas”.
(Énfasis suplido) Moción de Desestimación, pág. 2;
Apéndice de solicitud de apelación, pág. 33. En ese
AC-2011-83
6
demandados, “toda
transacción relacionada a valores se
rige por la Ley Uniforme [de Valores]”.11 En particular,
adujeron
que
la
ley
aplicaba
“pues
se
trata
de
una
reclamación en la cual se impugna una transacción en la
cual
estuvo
involucrado
un
valor
…[e]n
este
caso,
la
transacción que se impugna es una redención de seis (6)
acciones alegadamente llevada a cabo por los demandados
en 1999”.12 Es decir, dado que la controversia involucraba
un “valor”,
que la redención de unas acciones es una
transacción
de
valor
y
que
se
estaba
cuestionando
el
valor pagado como resultado de dicha redención, aplicaba
el término prescriptivo establecido por la Ley Uniforme
de Valores.
En su oposición, los demandantes sostuvieron que la
Ley de Valores aplica únicamente cuando se alega fraude o
engaño en una transacción llevada a cabo por una entidad
que
se
dedica
al
negocio
de
valores,
como
agentes,
corredores u otros, y que la transacción entre Triple S y
Management no está comprendida entre las transacciones de
venta de valores cubiertas por dicha ley. De igual forma,
cuestionaron la caracterización de los demandantes de su
causa
de
acción
como
una
impugnación
de
redención
de
sentido, aparentan reconocer que la causa de acción de
los demandantes es de cobro de dinero.
11
(Énfasis suplido.) Moción de desestimación,
Apéndice de solicitud de apelación, pág. 37.
pág. 6;
12
pág. 8;
(Énfasis suplido.) Moción de desestimación,
Apéndice de solicitud de apelación, pág. 39.
AC-2011-83
7
acciones, pues lo único que estaban reclamando era que se
les pagara el precio total correspondiente al valor de
sus acciones.
Ambas partes hicieron referencia a nuestra decisión
en PaineWebber, Inc. v. First Boston, Inc. para sostener
sus alegaciones.13 Según los demandados, en dicho caso
resolvimos que a toda causa de acción que involucre un
valor o una transacción de valores le aplicará el término
prescriptivo establecido por la Ley Uniforme de Valores.
Por su parte, los demandantes plantean que esa decisión
no aplica a los hechos de la controversia de autos. Según
estos,
la
decisión
en
PaineWebber
era
sobre
una
controversia entre dos entidades dedicadas a la compra y
venta
de
valores,
reguladas
por
el
Comisionado
de
Instituciones Financieras, en la que una reclamó a la
otra por incumplimiento de contrato en cuanto a la compra
de
unos
valores
a
ser
revendidos
a
inversionistas.
Distinguiendo esa controversia de los hechos de autos,
los
demandantes
insisten
en
que
ni
ellos
ni
los
demandados son casas de corretaje o se dedican al negocio
de valores, que no hay una disputa sobre la compra o
venta de valores y que no ha habido alegación alguna de
fraude. Por lo tanto, entienden que no aplica la Ley de
Valores.
En
ese
sentido,
insisten
en
que
no
están
impugnando la redención de valores llevada a cabo, más
13
PaineWebber, Inc. v. First Boston, Inc., 136 D.P.R. 541
(1994).
AC-2011-83
bien
8
han
instado
una
reclamación
de
para
que
se
les
valor
Tribunal
de
Primera
contractual
pague
el
naturaleza
de
las
desestimó
la
acciones.14
El
demanda
por
prescripción
al
Instancia
concluir
que
se
estaba
impugnando una transacción en la cual estaba involucrado
un valor, por lo cual el término prescriptivo es de dos
años contados a partir de la fecha de la transacción
impugnada.15 Inconformes, los demandantes recurrieron al
Tribunal de Apelaciones. El foro intermedio confirmó la
sentencia
del
tribunal
de
instancia
en
todos
sus
extremos, al concluir que la demanda presentada por los
peticionarios era una impugnación de una transacción que
“atañe a un valor” y, por lo tanto, aplicaba el término
prescriptivo
establecido
por
la
Ley
de
Valores.16
Los
demandantes apelaron entonces a este Tribunal. El 20 de
14
Los demandantes sostienen que “[l]a Ley de Valores de
Puerto Rico se legisló con el propósito de proteger a los
inversionistas contra el engaño y fraude por los agentes
y entidades dedicadas al negocio de valores y el término
de prescripción que allí se establece es para las
acciones por engaño y fraude que a tal fin establece
dicha ley. La presente demanda no alega engaño o fraude,
ni las demandadas se dedican al negocio de venta o
corretaje
de
valores”.
Oposición
a
la
moción
de
desestimación,
pág.
11;
Apéndice
de
solicitud
de
apelación, pág. 57. En su réplica, los demandados
insisten en que la Ley Uniforme de Valores aplica a toda
reclamación “cuya base sea una transacción que involucre
valores”. Apéndice de solicitud de apelación, pág. 75.
15
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pág. 2.
16
Sentencia del Tribunal de Apelaciones, pág. 7.
AC-2011-83
9
enero de 2012 acogimos la apelación como un certiorari y
expedimos el auto.
Los demandantes rechazan el que la Ley Uniforme de
Valores o nuestra decisión en PaineWebber sea aplicable
al caso de autos “por el mero hecho de que la demanda
envuelve certificados de acciones”.17 Se reafirman en que
no han hecho alegación alguna de fraude, que Triple S no
se dedica al mercado de valores y que no hubo un contrato
de venta de acciones para impugnar.18 Por el contrario,
sostienen
que
el
“propósito
de
la
Ley
de
Valores
es
proteger a los inversionistas y al público en general,
mediante
la
exigencia
de
ciertos
requisitos,
a
las
personas que se dediquen al negocio de valores”.19
Por su parte, Triple S enfatiza en que el propósito
de la Ley de Valores es “no imponer cargas indebidas
sobre el emisor de valores de que se trate”,20 e insiste
17
Apelación, pág. 9. Los peticionarios incluyeron otros
señalamientos de error por parte del Tribunal de
Apelaciones. Dado que el primer error es dispositivo, no
los atenderemos.
18
Los peticionarios también hacen referencia a una
excepción contenida en la Ley Uniforme de Valores que
expresamente excluye de su aplicabilidad a transacciones
que surgen de una reorganización corporativa. Según
ellos, el proceso de aprobación de la redención de las
acciones de Triple S y creación de Management como la
nueva
entidad
matriz
constituye
una
reorganización
corporativa.
19
Apelación, pág. 11, citando
PaineWebber, supra, pág. 544.
20
nuestra
decisión
en
Alegato de los Recurridos, pág. 2, citando nuestra
decisión en PaineWebber, supra, pág. 546. Aducen que
excluir este tipo de acción del término establecido por
AC-2011-83
en
que
10
la
acción
impugnación
de
consiguiente,
de
la
los
demandantes
redención
rechazan
que
equivale
llevada
la
Ley
de
a
a
una
cabo.
Por
Valores
aplique
únicamente cuando haya una alegación de fraude o esté
involucrada una entidad que se dedique específicamente al
mercado de valores. En vez, entienden que el estatuto
incluye
a
quienes
emiten
los
mismos,
aunque
no
se
dediquen al negocio de valores.
II
La Ley Uniforme de Valores se aprobó en 1963,21 con
el
propósito
público
en
de
“proteger
general
a
mediante
los
la
inversionistas
exigencia
de
y
al
ciertos
requisitos a las personas que se dediquen al negocio de
valores y la creación de un organismo gubernamental con
poderes
de
supervisión
y
fiscalización
sobre
diversas
fases del negocio, a los fines de evitar que se incurra
en prácticas fraudulentas en el curso del mismo”.22 Dado
que
en
regulara
Puerto
Rico
no
directamente
Legislativa
concluyó
existía
la
que
legislación
materia
las
y
que
disposiciones
alguna
la
que
Asamblea
del
Código
la Ley de Valores resultaría en una avalancha de casos de
“personas que, luego de largos años, decidan impugnar
transacciones de valores, como lo son transacciones
relacionadas con acciones corporativas como la[s] de este
caso”. (Énfasis suplido) Id, pág. 5.
21
Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963; 10 L.P.R.A. secs.
851 et seq. Este estatuto fue actualizado mediante la Ley
Núm. 114 de 1996.
22
(Énfasis suplido.) Informe Conjunto, Comisiones de lo
Jurídico Civil e Industrias y Comercio del Senado de
Puerto Rico, 17 Diario de Sesiones T. 4, pág. 1629.
AC-2011-83
11
Civil y el Código de Comercio eran insuficientes para
atender
este
estatuto
problema
especial.
Legislativa
era,
social,
La
hacía
preocupación
sin
lugar
a
falta
de
aprobar
la
dudas,
un
Asamblea
lidiar
con
situaciones de “prácticas fraudulentas en la distribución
de valores”.23
Según el Informe Conjunto de las Comisiones de lo
Jurídico
Civil
e
Industrias
y
Comercio
del
Senado
de
Puerto Rico, la nueva Ley de Valores estaría dividida en
cuatro
partes
“prácticas
fundamentales.
fraudulentas
valores”.24 La segunda
en
La
primera
relación
con
el
prohibía
negocio
de
exigía la inscripción de todos los
agentes y corredores-traficantes de valores, mientras que
en
la
tercera
se
exigía
la
inscripción
de
todos
los
valores propiamente. Por último, el estatuto establecía
las disposiciones generales para la administración de la
ley.25
De
lo
anterior
surge
un
claro
propósito
legislativo: evitar que las personas dedicadas al negocio
de valores incurran en prácticas engañosas y fraudulentas
en
sus
transacciones
que
puedan
afectar
al
público
Uniforme
de
Valores
inversionista.
El
artículo
establece
que
101
será
de
ilegal
23
(Énfasis suplido.) Id.
24
(Énfasis suplido.) Id.
25
Id.
la
Ley
que
cualquier
persona,
en
AC-2011-83
relación
12
con
la
oferta,
venta
o
compra
de
cualquier
valor, directa o indirectamente:
(1) Emplee
cualquier
treta,
ardid
o
artificio con el propósito de defraudar;
(2) Haga cualquier manifestación falsa sobre
un hecho material necesario para evitar
que las declaraciones formuladas, a la
luz de las circunstancias bajo las
cuales se hicieron, conduzcan a error;
(3) Se dedique a cualquier acto, práctica, o
clase de negocio que opere u operaría
como fraude o engaño sobre cualquier
persona;
(4) Emita, circule o publique cualquier
material
impreso
o
por
medios
electrónicos que contenga representación
falsa sobre un hecho material, u omita
información sobre un hecho material
necesario de forma que la información
que se emita, circule o publique, a la
luz de las circunstancias en que fue
emitida, circulada o publicada, conduzca
a error, o
(5) Emita, circule o publique cualquier
material,
o
realice
cualquier
representación escrita, a menos que el
nombre de la persona que emita, circule,
publique o haga la misma, y el hecho de
que es esa persona quien emite, circula,
publica o hace la representación, esté
claramente
indicado
en
esa
misma
26
comunicación.
Los
artículos
subsiguientes
de
la
Ley
atienden
materias
similares,
de
como
el
fraude
Valores
en
las
actividades consultivas y las manipulaciones del mercado
mediante
información
falsa
o
engañosa.27
Como
se
adelantara en el Informe Conjunto, esta primera parte de
26
10 L.P.R.A. sec. 851. Los incisos (4) y (5) fueron
añadidos por la Ley Núm. 114 de 1996.
27
Véanse 10 L.P.R.A. secs. 852 y 853.
AC-2011-83
13
la Ley se enfoca en prohibir actividades fraudulentas por
las personas que se dedican al negocio de valores.
Los artículos contenidos en el segundo subcapítulo
de la Ley establecen los requisitos y procedimientos para
la
inscripción
de
los
corredores,
agentes
y
otras
entidades que llevan a cabo transacciones de valores.28
Acto
seguido,
los
artículos
301
al
307
atienden
la
inscripción propiamente de los valores.29 Finalmente, los
artículos 402 en adelante establecen las disposiciones
generales
de
la
ley.30
Cabe
destacar
que
el
antiguo
artículo 401, que ofrece una lista de las definiciones de
los
términos
empleados
en
el
estatuto,
fue
renumerado
como el artículo 100.31 De lo anterior se puede colegir
que la estructura estatutaria coincide con el propósito
legislativo plasmado en el Informe Conjunto.
El
artículo
410
del
estatuto
establece
las
circunstancias en las que habrá responsabilidad civil,
así
como
los
requisitos
para
presentar
una
causa
de
acción a su amparo:
(a)
Cualquier persona que:
(1) Ofrezca
o
violación
28
10 L.P.R.A. secs. 861-864.
29
10 L.P.R.A. secs. 871-877.
30
venda
un
valor
en
a
las
[secciones]
10 L.P.R.A. secs. 882-898. La sección 882 establece una
lista de numerosas exenciones a la aplicación de la Ley
de Valores.
31
10 L.P.R.A. sec. 881.
AC-2011-83
14
861(a),32 871,33 u 885(b)34 de este
título, o a cualquier reglamento u
orden conforme a la [sección] 883
de este título la cual requiere la
aprobación afirmativa de propaganda
de venta antes de que el mismo se
use,
o
de
cualquier
condición
impuesta
con
arreglo
a
las
[secciones] 874(d), 875(g) u 875(h)
de este título; o
(2) Ofrezca o venda un valor por medio
de una declaración falsa sobre un
hecho material, o mediante omisión
de consignar un hecho material
necesario
para
evitar
que
las
declaraciones formuladas, a la luz
de las circunstancias bajo las
cuales se hicieron, conduzcan a
error (desconociendo el comprador
la falsedad o la omisión), y que no
sostenga el peso de la prueba de
que no sabía, y que ejercitando una
prudencia razonable, no pudo tener
conocimiento, de la falsedad u
omisión, será responsable a la
persona que le compre el valor;
quien podrá entablar una demanda
para recobrar el precio pagado por
el valor, además de intereses al
tipo
de
interés
aplicable
a
sentencias judiciales…
costas y
32
“Será ilegal que cualquier persona haga negocios como
corredor-traficante o agente en Puerto Rico a menos que
esté inscrito según las disposiciones de este capítulo”.
10
L.P.R.A.
sec.
861(a),
dentro
del
subcapítulo
relacionado con la inscripción de las personas que se
dedican al negocio de valores.
33
“Será ilegal que cualquier persona ofrezca o venda
cualquier valor en Puerto Rico a menos que: (1) Dicho
valor haya sido inscrito bajo las disposiciones de este
capítulo; (2) el valor o transacción esté exento bajo las
disposiciones de la sec. 882 de este título, o (3) el
valor en cuestión es un valor bajo cubierta federal”. 10
L.P.R.A. sec. 871, dentro del subcapítulo que cobija la
inscripción de valores.
34
“Será ilegal hacer, o inducir que se haga, a cualquier
comprador o cliente potencial, cualquier representación
inconsistente con el inciso (a) de esta sección”. 10
L.P.R.A. sec. 885(b).
AC-2011-83
15
razonables honorarios de abogado
menos
la
cuantía
de
cualquier
ingreso que haya recibido derivado
del valor, al ofrecer devolver
dicho
valor,
o
por
daños
y
perjuicios, si él ya no es dueño
del valor…
(b)
(c)
(d)
(e) Ninguna persona podrá entablar una
demanda civil de acuerdo con las
disposiciones
de
esta
sección,
después de transcurridos más de dos
(2) años de haber efectuado el
contrato de venta…35
Por
último,
el
nuevo
artículo
100
ofrece
las
definiciones estatutarias. A continuación, ofrecemos las
más pertinentes a la controversia de autos:
(a) …
(b)
Agente
–
Significará
cualquier
individuo
que
no
sea
un
corredortraficante, que represente a un corredortraficante, o a un emisor, al llevar a
cabo o tratar de llevar a cabo la compra o
la venta de valores. La palabra “agente”
no incluye a un individuo que represente
a:
(1) Un emisor…
(2) Un corredor-traficante…
(c)
Corredor-traficante
–
Significará
cualquier persona que se dedique a llevar
a cabo transacciones en valores, ya sea
por cuenta propia o a cuenta de otros. El
término “corredor-traficante” no incluirá:
(1) Una instrumentalidad gubernamental
(2) un agente;
(3) un emisor;
(4) un banco, institución de ahorros
o
compañía
de
fideicomiso
con
facultades
bancarias,
siempre
y
cuando
las
actividades
de
estas
instituciones
relacionadas
con
el
negocio de valores se limiten a
aquellas
categorías
enumeradas
en
[varios incisos de este capítulo].
35
(Énfasis suplido.) 10 L.P.R.A. sec. 890.
AC-2011-83
16
(d) Fraude, engaño y defraudar – No
estarán limitados a la definición de dolo
según el Código Civil.
(e) …
(f) …
(g) Emisor – Significará cualquier persona
que emita o se proponga emitir cualquier
valor…36
(h) …
(i) …
(j)
(1) Venta o vender – Incluirá todo
contrato de venta de, contrato para
la venta, o disposición de un valor,
o interés en un valor, a título
oneroso…
(k) …
(l) Valor – Significará cualquier pagaré,
acción, acciones en cartera, bono, vale,
comprobante
de
deuda,
certificado
de
interés o participación en algún convenio
de distribución de beneficios o sociedad,
certificado de valores fiduciarios en
garantía, certificado de preorganización o
subscripción,
acción
transferible,
contrato de inversión, certificado de
fideicomiso
con
derecho
a
voto,
certificado de depósito en garantía, cuota
de interés indiviso en petróleo, gas u
otros derechos sobre minerales, o, en
general, cualquier interés o instrumento
conocido
comúnmente
como
“valor”,
o
cualquier
certificado
de
interés
o
participación
en
cualquiera
de
los
precedentes valores, certificado temporero
o provisional o recibo por los mismos,
garantía de dichos valores o instrumentos
de autorización u opción o derecho para
suscribirlos. “Valor” no incluirá ninguna
póliza de seguro, o de seguro dotal, ni
contrato de anualidades mediante la cual
una compañía de seguros se compromete a
pagar una suma determinada de dinero, sea
ésta
pagadera
en
suma
englobada
o
periódicamente, durante la vida de la
persona
o
en
cualquier
otro
período
especificado.37
36
La Ley establece unas excepciones a esta definición,
pero no son pertinentes a la controversia de autos.
37
(Énfasis suplido.) 10 L.P.R.A. sec. 881.
AC-2011-83
La
17
única
oportunidad
ocasión
de
en
la
interpretar
que
este
hemos
tenido
la
estatuto
fue
en
PaineWebber, Inc. v. First Boston Inc..38 En esa ocasión,
PaineWebber acordó con First Boston la compraventa de un
valor conocido como “Ginnie Mae”, que fue entregado a la
primera
y
pagado
por
ésta
en
1987.
Acto
seguido,
PaineWebber revendió el valor a inversionistas. En 1989,
PaineWebber
descubrió
que
el
valor
adquirido
de
First
Boston no era exento de contribuciones, por lo que se vio
obligado a resolver la venta realizada y a resarcirle a
sus clientes por los daños causados. Como consecuencia,
PaineWebber demandó a First Boston por incumplimiento de
contrato, solicitando la devolución del precio pagado por
los valores, más daños y perjuicios. First Boston planteó
que la acción estaba prescrita, por haber transcurrido
más
de
dos
años,
es
decir,
el
término
prescriptivo
establecido por la Ley Uniforme de Valores.
La
sección
controversia
en
ese
caso
890(h)
la
Ley
Uniforme
de
giró
en
de
torno
Valores
a
la
que
establece que los “derechos y remedios provistos por este
capítulo son en adición [sic] a cualesquiera derechos o
remedios que pueden existir…”.39 Es decir, se cuestionaba
si el término prescriptivo de dos años establecido en la
38
Es importante señalar que la Ley Uniforme de Valores
fue enmendada después de nuestra decisión en este caso.
Discutiremos esto más adelante en la Opinión.
39
10 L.P.R.A. sec. 890(h).
AC-2011-83
18
sección 890(e) era exclusivo para los casos en los que se
impugnaba una transacción de valores. A la luz de los
hechos en ese caso, resolvimos en la afirmativa.
Ahora
bien,
la
Opinión
tanto
como
explica
el
mayoritaria
PaineWebber
“coinciden
compraventa
entre
al
profesor
Díaz
Olivo,
como
la
disidencia
en
calificar
de
mercantil
la
PaineWebber
y
First
Boston.
Esta
calificación se fundamentó en lo dispuesto en el artículo
243 del Código de Comercio, y en las interpretaciones del
propio Tribunal [Supremo] al efecto de que el elemento
que distingue principalmente a la compraventa mercantil
es la presencia del doble propósito de revender las cosas
compradas
y
obtener
un
lucro”.40
De
igual
forma,
el
profesor toma nota de que, en ese caso, la demandante
PaineWebber
era
una
“empresa
dedicada
corretaje,
donde
en
múltiples
ocasiones
al
negocio
lleva
a
de
cabo
transacciones con valores exentos y no exentos…”.41 Es
decir, se trataba de una entidad dedicada al negocio de
valores y no de una corporación cualquiera. Más aún, se
trataba de una transacción de naturaleza mercantil.
En
ese
sentido,
nuestra
decisión
en
PaineWebber
partía de la premisa de que la Ley Uniforme de Valores
aplicaba
a
los
hechos
de
controversia
de
que
trataba
40
se
ese
caso,
pues
de
transacción
una
no
había
de
(Énfasis suplido.) C. Díaz Olivo, Análisis del Término:
Derecho Mercantil, 64 Rev. Jur. U.P.R. 861, 862 (1995).
41
Id. pág. 868.
AC-2011-83
19
valores llevada a cabo por dos compañías dedicada a ese
negocio.
Por
lo
tanto,
no
tuvimos
la
oportunidad
de
resolver en qué circunstancias hay que recurrir a la Ley
de Valores.
Aun así, nuestro análisis en PaineWebber es muy útil
para precisar cuáles son esas circunstancias. En aquella
ocasión explicamos, de entrada, que la Ley Uniforme de
Valores “fue creada con el propósito de establecer en
Puerto
Rico
una
reglamentación
protectora
para
el
inversionista en el negocio de valores”.42 De igual forma,
citamos extensamente del Informe Conjunto del Senado, al
que también hemos hecho referencia en esta Opinión.43 En
ese
contexto,
resolvimos
que
las
“transacciones
de
valores en Puerto Rico están regidas por la Ley Uniforme
de Valores”44 y recalcamos que los hechos particulares del
caso, entiéndase, una controversia sobre una compraventa
entre
dos
entidades
dedicadas
al
negocio
de
valores,
“enmarca[ban] perfectamente en los supuestos contenidos
en la Ley Uniforme de Valores”.45 No se trataba, pues, de
que toda controversia que involucrara un valor estaría
42
(Énfasis suplido) PaineWebber, supra, pág. 543.
43
En particular, enfatizamos en el propósito legislativo,
según explicado en el Informe Conjunto, entiéndase, la
protección a los inversionistas y al público en general a
los fines de evitar que se incurra en prácticas
fraudulentas en la compraventa de valores. Id. pág. 544.
44
Id.
45
Id. pág. 545.
AC-2011-83
sujeta
20
a
ese
estatuto,
sino
de
que
los
hechos
particulares de cada controversia deben coincidir con los
supuestos
estatutarios.
Uniforme
de
relación
comercial”.46
comercial
en
Valores
la
que
Por
eso
“regula
resolvimos
que
la
Ley
específico
de
un
tipo
Es
decir,
no
toda
relación
esté
presente
un
valor
está
al
alcance de esa ley.
Después de nuestra decisión en PaineWebber, supra,
la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 114 del 11 de
agosto
de
1996
para
actualizar
la
Ley
Uniforme
de
Valores. La Exposición de Motivos de este estatuto hace
referencia a la aprobación original de la Ley Uniforme de
Valores, expresando que ésta fue adoptada, a su vez, del
“Uniform Securities Act” de 1956, la cual, al 1996, había
sido adoptada por cuarenta y una jurisdicciones en los
Estados
Unidos.47
Reconociendo
que
la
Ley
Uniforme
de
Valores de 1963 “ha cumplido bien con los propósitos por
los que se aprobó”, la Ley Núm. 114 tenía como objetivo
“ampliar y clarificar las definiciones sobre
prácticas
fraudulentas”.48 Cabe destacar que los cambios principales
introducidos
por
la
Ley
Núm.
114
se
refieren
a
fiscalización y exenciones. El marco general de la Ley de
Valores de 1963 quedó intacto.
46
(Énfasis suplido.) Id. pág. 547.
47
Leyes de Puerto Rico, 1996, pág. 490.
48
(Énfasis suplido.) Id.
AC-2011-83
21
El Informe Conjunto del Senado sobre el proyecto que
se convertiría en la Ley Uniforme de Valores de 1963, en
el
cual
descansó
PaineWebber,
fuertemente
revela
la
nuestra
preocupación
Opinión
de
la
en
Asamblea
Legislativa por evitar las “prácticas fraudulentas en el
mercado de valores”. Sobre esto expresa que, a pesar de
que “[e]n Puerto Rico, no hemos tenido hasta el presente
ningún
problema
serio
relacionado
con
prácticas
fraudulentas en el mercado de valores[,] [n]o obstante,
debemos prevenir [para] que ello no ocurra en el futuro.
La adopción de un estatuto tipo „Blue Sky‟ redundará en
una
mayor
protección
del
público
inversionista
y
de
aquellas personas y entidades que se dedican al negocio
de valores en nuestra comunidad”.49 Al hacer referencia
directa
a
las
llamadas
leyes
“Blue
Sky”,
el
Informe
Conjunto explicó que “[l]a legislación que se propone ha
sido cuidadosamente confeccionada para proveer la mayor
protección posible al inversionista sin imponer cargas
indebidas
sobre
el
emisor
de
valores
ni
sobre
el
negociante en los mismos … Cabe indicar, además, que esta
propuesta medida legislativa ha sido objeto de extensa
interpretación judicial en las diferentes jurisdicciones
estatales, así como, también, en el nivel federal”.50
49
(Énfasis suplido.) Informe Conjunto del Senado, supra,
págs. 1629-30.
50
Id. pág. 1630.
AC-2011-83
22
En efecto, los llamados “Blue Sky Laws” tienen como
propósito principal “la protección al público del engaño
y el fraude en las transacciones de valores”.51 Se les da
este nombre porque su objetivo es evitar los “esquemas
especulativos
que
no
tienen
más
fundamento
que
tantos
pies de cielo azul”.52 Se trata de leyes aprobadas a nivel
estatal, muchas de las cuales utilizan el modelo de la
Uniform Securities Act de 1956.53
Desde
1910,
la
mayoría
de
las
jurisdicciones
en
Estados Unidos han adoptado leyes para evitar la “venta o
intercambio
fraudulento
de
valores”.54
Según
los
tratadistas, los estatutos son de tres tipos: (1) para
evitar
el
fraude,
(2)
de
corredores
inscripción
requerir
el
los
registro
para
o
requerir
de
el
valores
inscripción
de
registro
o
los
(3)
o
para
valores
51
“The primary purpose of these „blue sky laws‟ is the
protection of the public from deceit and fraud in
securities transactions”. S. Christianson, What Gives
Rise to Right of Rescission under State Blue Sky Laws, 52
A.L.R. 5th 491, 499 (Sup. 2009).
52
“[S]peculative schemes which have no more bases than so
many feet of „blue sky‟”. Loss & Cowett, Blue Sky Law,
Little, Brown and Co., 1958, pág. 13, citando a Hall v.
Geiger-Jones Co., 242 U.S. 539, 550 (1917).
53
Christianson, supra, págs. 502-503. Otras leyes
federales de esta naturaleza son la Securities Act of
1933 y la Securities Exchange Act of 1934.
54
“[F]raudulent sale or Exchange of securities”. Loss &
Cowett, op. cit., pág. 17.
AC-2011-83
23
mismos.55 Su fin principal es, sin duda, la prevención del
fraude
en
las
jurisdicciones,
incluyen
los
transacciones
como
Puerto
de
Rico,
elementos.57
tres
valores.56
Algunas
adoptaron
leyes
que
igual
forma,
los
De
tratadistas han tomado nota de que los entes regulados
por estas leyes son los bancos, firmas de valores y otras
entidades dedicadas al negocio de valores,58 mientras que
el sujeto protegido es el público inversionista.59
Por
tribunales
último,
en
tanto
Estados
los
Unidos
tratadistas
se
han
como
enfrentado
los
a
la
pregunta de qué constituye un “valor” para efectos de los
“Blue Sky Laws”, particularmente ante argumentos de que
toda
transacción
automáticamente
que
por
involucre
dichos
un
valor
estatutos.
En
está
cobijada
ese
sentido,
señalan que es necesario “determinar en cada instancia si
un valor es, de hecho, de tal naturaleza como para caer
justamente dentro del alcance del estatuto”.60 Por eso, en
United Housing Foundation, Inc. v. Forman, el Tribunal
55
Id. pág. 19. Véase, además, 87 A.L.R. 43; Loss,
Seligman & Paredes, Securities Regulation, 4th ed., 2006,
v. 1, pág. 157.
56
Loss & Cowett, op. cit., págs. 12 y 129.
57
Véase Loss, Seligman & Paredes, op. cit., n. 197 en la
que se hace referencia directa a nuestra Ley Uniforme de
Valores.
58
Loss & Cowett, op. cit., pág. 28.
59
87 A.L.R. 43.
60
“[T]o determine in each instance whether a security is
in fact of such a character as fairly to fall within the
scope of the statute”. Id. pág. 75.
AC-2011-83
24
Supremo de Estados Unidos resolvió que el enfoque de las
leyes
reguladoras
federales
es
regular
“la
venta
de
valores para obtener capital con el propósito de generar
ganancias, los mercados en los que se intercambian esos
valores y la necesidad de regular para evitar el fraude y
proteger los intereses de los inversionistas”.61 Por lo
tanto, no será suficiente la mera presencia de un valor
en una controversia para concluir que se trata de una
transacción de valores sujeta a lo establecido por las
leyes “Blue Sky”. En particular, el que la Ley de Valores
regule
las
considere
transacciones
un
valor
para
de
valores
efectos
y
una
acción
se
de
la
definición
estatutaria, no equivale, sin más, a que se esté siempre
ante una transacción de valores sujeta a un estatuto de
esta naturaleza. El máximo foro federal lo explica así:
We reject at the outset any suggestion
that the present transaction, evidenced by the
sale
of
shares
called
“stock”,
must
be
considered
a
security
transaction
simply
because the statutory definition of a security
included the words “any … stock”.62
61
“[T]he sale of securities to raise capital for profitmaking purposes, the exchanges on which securities are
traded, and the need for regulation to prevent fraud and
to protect the interests of investors”. United Housing
Foundation, Inc. v. Forman, 421 U.S. 837, 849 (1975).
62
(Énfasis suplido.) Id. pág. 848. Citando, a su vez, a
Tcherepnin v. Knight, 389 U.S. 332, 336 (1967), el
Tribunal Supremo federal explica que “en la búsqueda de
la definición y alcance de la palabra „valor‟ en los
estatutos, la forma debe ser sustituida por la sustancia
y el énfasis debe ser en la realidad económica”. (“In
searching for the meaning and scope of the word
„security‟ in the Acts, form should be disregarded for
substance and the emphasis should be on economic
reality”. Id. pág. 848.
AC-2011-83
25
III
La Ley Uniforme de Valores de 1963, según enmendada,
no aplica automáticamente a todas las controversias en
las que se vea involucrado un valor. Por el contrario,
como
explicamos
en
PaineWebber,
tipo
específico
de
relación
el
estatuto
comercial.
regula
un
trata
de
Se
relaciones mercantiles entre inversionistas y entidades
que se dedican al negocio de valores, o entre varias
entidades de esta naturaleza, como ocurrió en el caso de
PaineWebber.
En
particular,
nuestra
Ley
de
Valores
se
concentra, por un lado, en evitar que entidades dedicadas
a dicho negocio cometan fraude en las transacciones de
valores y, por el otro, en asegurarse de que tanto los
valores que se intercambien, como las personas que se
dedican
a
este
tipo
de
transacción
estén
debidamente
registradas. Claro está, lo anterior no significa que la
Ley de Valores aplicará únicamente a aquellos casos en
los que se alegue fraude. Pero sí es necesario que se
trate de una controversia centrada en una transacción de
valores que incluya inversionistas o, al menos, entidades
cuya actividad principal sea el negocio de valores.
En
resumen,
para
determinar
si
aplica
la
Ley
Uniforme de Valores, debe analizarse si la controversia
versa sobre una transacción de valores llevada a cabo por
entidades
dedicadas
perspectiva
que
el
a
ese
negocio,
propósito
sin
perder
de
principal,
aunque
no
exclusivo, de dicha Ley es evitar el fraude y asegurar la
AC-2011-83
26
debida inscripción de los valores y sus corredores. De
igual
forma,
profesor
debe
Díaz
recordarse
Olivo,
el
que,
como
elemento
explica
que
el
distingue
principalmente a la compraventa mercantil es la presencia
del doble propósito de revender las cosas compradas y
obtener un lucro.
No estamos ante una ley especial de alcance amplio.
Por
el
contrario,
la
eficacia
de
dicho
estatuto
está
limitada por las propias disposiciones de la ley. En lo
que
concierne
presentación
la
de
responsabilidad
una
causa
de
civil
acción
que
permite
privada,
la
la
Ley
Uniforme de Valores establece expresamente los elementos
necesarios para poder entablar un pleito legal. Incluso,
el artículo 410 del estatuto limita las causas de acción
civil sujetas a sus disposiciones a las que surgen por
violaciones al artículo 201(a) –que la persona que vendió
el valor no está debidamente registrada-; al artículo 301
–que
el
valor
comprado
o
vendido
no
está
debidamente
registrado-; al artículo 405(b) –hacer representaciones
ilegales concernientes a inscripciones o exenciones-; o
al propio artículo 410(a)(2) –ofrecer o vender un valor
dolosamente-. Si la causa de acción no recae sobre alguno
de
estos
elementos,
no
prescriptivo
establecido
Evidentemente,
una
está
en
controversia
sujeta
el
al
término
artículo
410(e).
contractual
entre
un
accionista y una corporación que no se dedica al negocio
de
valores,
sobre
la
redención
de
las
acciones
del
AC-2011-83
27
primero, y su correspondiente pago, no están dentro del
alcance de la Ley de Valores.
La postura de Triple S nos parece poco persuasiva y
muy
simplista.
Insiste
en
una
aplicación
injustificadamente amplia de la Ley Uniforme de Valores
para incluir toda transacción que involucre una acción,
sin más. Los recurridos basan su argumento en que la Ley
Uniforme
define
transacciones
de
una
acción
valores
como
están
un
valor,
las
por
dicho
cobijadas
estatuto y una redención de acciones es una transacción.
La suma de esos factores no conlleva, sin más, que se
trata de una actividad al palio de ese estatuto. Tal
interpretación es insostenible.
Hemos
visto
que
el
propio
Tribunal
Supremo
de
Estados Unidos ha descartado esa interpretación mecánica.
El mero hecho de que la definición estatutaria de valor
incluya las acciones no equivale a que toda controversia
sobre el pago del precio de una acción esté regulada por
la Ley Uniforme de Valores. También hemos constatado que
la Ley Uniforme de Valores tiene un enfoque muy estrecho:
evitar el fraude, proteger a los inversionistas, regular
el mercado de valores y a las personas y entidades que se
dedican a ello.
En el caso de autos, la sucesión del Dr. Olivella
alega
que,
en
1999,
los
accionistas
de
Triple
S
decidieron redimir sus acciones por un precio de $250,000
cada una. Según ellos, Triple S nunca les pagó dicha
AC-2011-83
28
cantidad. Por eso instaron una acción en cobro de dinero.
No se trata de una corporación que se dedique al negocio
de valores, sino de una compañía dedicada a la industria
de
seguros.
No
hay
una
transacción
de
valores
de
naturaleza mercantil. Por el contrario, estamos ante una
relación contractual clásica que gira en torno a unas
acciones que ciertamente constituyen un valor. Tampoco se
trata
de
una
compraventa
de
valores
en
la
que
hubo
fraude, dolo o engaño. Por tanto, es forzoso concluir que
el término prescriptivo aplicable no es el de dos años
establecido por la Ley Uniforme de Valores, sino el de
quince años establecido por el Código Civil. La demanda
no está prescrita. Erraron los tribunales inferiores al
concluir lo contrario.
Por
lo
anteriormente
expuesto,
se
revoca
la
sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el
caso al Tribunal de Primera Instancia para la celebración
de
los
procedimientos
de
manera
consistente
con
Opinión.
Se dictará sentencia de conformidad.
Liana Fiol Matta
Jueza Asociada
esta
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Josefina,
Diana
Margarita,
Rosalía
Elena
y
Jaime
Antonio, todos de apellidos
Olivella Zalduondo
Peticionarios
Certiorari
AC-2011-83
v.
Seguros de Servicios de Salud
de Puerto Rico, Inc., t/c/p
Triple-S, Inc., y Triple S
Management, Inc.
Recurridos
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de enero de 2013.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte integrante de la
presente Sentencia, se revoca la Sentencia del Tribunal
de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de
Primera
Instancia
para
la
celebración
de
los
procedimientos de manera consistente con esta Opinión.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal. El Juez Presidente señor
Hernández Denton y la Jueza Asociada señora Pabón
Charneco disienten sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo