LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Olivella Zalduondo v. Seguros de Servicios de Salud de Puerto Rico

2013 TSPR 2

Poder Judicial de Puerto Rico

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Olivella Zalduondo v. Seguros de Servicios de Salud de Puerto Rico

AC-2011-83

Cobro de Dinero – Término prescriptivo para reclamar pago de acciones comunes como resultado de una redención

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Josefina,

Diana

Margarita,

Rosalía Elena y Jaime Antonio,

todos

de

apellidos

Olivella

Zalduondo

Peticionarios

Certiorari

v.

2013 TSPR 2

Seguros de Servicios de Salud de

Puerto Rico, Inc., t/c/p TripleS, Inc., y Triple S Management,

Inc.

Recurridos

187 DPR ____

Número del Caso: AC-2011-83

Fecha: 8 de enero de 2013

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan, Panel I

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Freddie Pérez González

Lcdo. Federico Pérez Irizarry

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Fernando J. Collazo Valle

Materia: Cobro de dinero

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Josefina,

Diana

Margarita,

Rosalía

Elena

y

Jaime

Antonio, todos de apellidos

Olivella Zalduondo

Peticionarios

Certiorari

v.

AC-2011-83

Seguros de Servicios de Salud

de Puerto Rico, Inc., t/c/p

Triple-S, Inc., y Triple S

Management, Inc.

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora

FIOL MATTA

“We reject at the outset any suggestion that the

present transaction, evidenced by the sale of

shares called „stock‟, must be considered a

transaction simply because the statutory

definition of a security includes the words

“any…stock”.1

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de enero de 2013.

Nos corresponde determinar la naturaleza jurídica de

una acción en cobro de dinero en la que se reclama el

pago

del

valor

de

unas

acciones

comunes

de

una

corporación como resultado de una redención. Concluimos

que la controversia de autos es de naturaleza contractual

entre unos accionistas y la corporación y no constituye

una transacción de valores por lo cual no está sujeta a

la

1

Ley

Uniforme

de

Valores

y,

por

tanto,

al

término

United Housing Foundation, Inc. v. Forman, 421 U.S. 837,

848 (1975).

AC-2011-83

2

prescriptivo de dos años, sino al término de quince años

para

las

acciones

personales

que

establece

el

Código

Civil.

I

El 21 de septiembre de 2010, los hijos del doctor

Jaime

A.

Olivella

y

Josefina

fallecidos,

presentaron

Servicios

Salud

de

de

una

Zalduondo

demanda

Puerto

Rico,

Benítez,

ambos

contra

Seguros

de

Inc.

(Triple

S),

alegando que su fenecido padre era dueño de seis acciones

comunes de

Triple S.2 En particular, alegaron que,

en

1999, los accionistas de Triple S crearon la corporación

Triple

S

Management

(Management)

y

votaron

por

la

adquisición y redención de sus respectivas acciones por

parte de la nueva corporación. De esa forma, Management

se convirtió en la matriz de Triple S “a cambio del pago

de las acciones a los accionistas de Triple S”.3

Según los demandantes, producto de los acuerdos de

los accionistas, a sus seis acciones se les otorgó un

valor de $250,000 cada una, para un total de $1,500,000.

Los demandantes alegaron que, al momento de su muerte en

el 2001, el Dr. Olivella seguía siendo dueño de las seis

acciones comunes. Ahora bien, según ellos, Triple S ni

2

Según surge de la demanda, el Dr. Olivella falleció el

11 de octubre de 2001 y la señora Zalduondo el 14 de

marzo de 2006. Ambos fallecieron sin otorgar testamento.

Los demandantes son Josefina, Diana Margarita, Rosalía

Elena y Jaime Antonio, todos de apellidos Olivella

Zalduondo.

3

Demanda, pág. 2, Alegación núm. 12.

AC-2011-83

Management

3

“nunca

pagaron

al

Dr.

Olivella,

ni

a

su

sociedad legal de gananciales, el valor de la redención

de dichas acciones”.4

Tras

la

demandantes,

muerte

a

de

su

través

de

madre

su

en

el

2006,

representación

los

legal,

enviaron varias cartas a diferentes funcionarios de ambas

corporaciones solicitando información.5 El 20 de julio de

2007, los demandantes recibieron una misiva enviada por

un

representante

de

la

compañía

informando

que

“según

nuestro registro de accionistas, el Dr. Jaime A. Olivella

Catoni

y

sus

herederos

no

son

accionistas

de

la

[c]ompañía. Las acciones comunes de la [c]ompañía de las

cuales era titular el Dr. Olivella fueron redimidas en

2003 por $160.00, el valor pagado por el Dr. Olivella al

adquirir

dichas

acciones.

Dicha

redención

se

efectuó

conforme a los documentos organizativos de la empresa …

4

5

Id. pág. 3, Alegación núm. 14.

El abogado de los demandantes envió cartas a partir del

19 de mayo de 2006 a diferentes funcionarios de ambas

corporaciones. En las primeras misivas, el abogado

preguntó sobre la cantidad de acciones poseídas por el

Dr. Olivella, el valor de las mismas y los requisitos

corporativos para venderlas o transferirlas, entre otros

asuntos. Así comenzó un intercambio de correspondencia

que duró desde esa fecha hasta el 2009: 9 de noviembre de

2006 (Carta de Management informando que no podían

ofrecer información porque la corporación se encontraba

en el proceso de convertirse en corporación de emisión de

acciones al público), 5 de julio de 2007 (Carta del

representante legal de los demandantes), 20 de julio de

2007 (Carta de representante legal de los demandados

informando que, según los registros de la compañía, ni el

Dr. Olivella ni sus herederos son accionistas de la

corporación), 2 de junio de 2009 (Carta del representante

legal de los demandantes alegando falta de comunicación

por parte de la corporación).

AC-2011-83

4

Es importante notar que la [c]ompañía se comunicó con la

viuda

del

Dr.

Olivella

para

informarle

sobre

la

redención. No obstante, surge de nuestros archivos que el

valor pagado por la redención no ha sido cobrado. Por

tanto,

aunque

los

herederos

del

Dr.

Olivella

no

son

accionistas de la [c]ompañía, sí tienen derecho a recibir

el valor pagado en el 2003 al redimirse las acciones

comunes

de

la

[c]ompañía

que

poseía

el

Dr.

Olivella

previo a su fallecimiento”.6

Insatisfechos

con

la

posición

de

Triple

S,

los

peticionarios presentaron su demanda el 21 de septiembre

de

2010

alegando

varias

causas

de

acción.7

En

primer

lugar, los demandantes sostuvieron que “tiene[n] derecho

a que se les pague el precio de sus acciones al valor que

fue pagado al resto de los accionistas de Triple S, que

se estima en una suma no menor de $1,500,000, más los

intereses por mora,

desde esa fecha hasta el día que

dicha suma se pague”.8 Según los demandantes, se trata de

una

acción

en

cobro

solicitaron,

al

Corporaciones,

examinar

de

amparo

los

dinero.

de

la

libros

En

segundo

Ley

de

la

lugar,

General

de

co-demandada

para determinar el valor real de sus acciones y de las

transacciones que los demandados han llevado a cabo con

6

Apéndice de Demanda, pág. 27, Exhibit J.

7

Dado que la demanda fue desestimada sumariamente, nos

limitamos a reproducir las alegaciones contenidas en la

misma.

8

Demanda, pág. 4.

AC-2011-83

5

las mismas. Según los demandantes, esta causa es parte

del deber de rendir cuentas que tiene la compañía. Por

último, solicitaron que el Tribunal de Primera Instancia

determinara el valor justo de las acciones, ya fuese para

que la parte demandada las comprara o, en la alternativa,

se les permitiese venderlas en el mercado.

Los

demandados

presentaron

una

moción

de

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento

Civil alegando que la causa de acción estaba prescrita.

Según ellos, dado que se trataba de una impugnación de la

redención

de

unas

acciones

y

que

las

redenciones

de

acciones constituyen transacciones de valores, aplicaba

la Ley Uniforme de Valores, la que establece un término

prescriptivo

de

pleito.

los

Para

dos

años

para

demandados,

la

presentación

de

un

independientemente

de

la

fecha de partida que se tomara,9 habían transcurrido los

dos

años

procedía

establecidos

la

por

desestimación

ese

de

la

estatuto,

por

demanda.10

lo

que

Según

los

9

Las posibles fechas ofrecidas por los demandados son:

1999 (fecha de la decisión de los accionistas de redimir

sus acciones), 2003 (fecha informada por Triple S en su

carta del 20 de julio de 2007 como el momento en que se

llevó a cabo la redención) o 2007 (fecha de la carta que

contenía la información aludida).

10

Cabe señalar que en su moción de desestimación y a

pesar de alegar que la controversia versa sobre una

impugnación de redención de acciones sujeta a la Ley de

Valores, los demandados expresaron que la reclamación de

los demandantes era que, “al redimir las acciones[,] las

demandadas no pagaron el valor correcto de las mismas”.

(Énfasis suplido) Moción de Desestimación, pág. 2;

Apéndice de solicitud de apelación, pág. 33. En ese

AC-2011-83

6

demandados, “toda

transacción relacionada a valores se

rige por la Ley Uniforme [de Valores]”.11 En particular,

adujeron

que

la

ley

aplicaba

“pues

se

trata

de

una

reclamación en la cual se impugna una transacción en la

cual

estuvo

involucrado

un

valor

…[e]n

este

caso,

la

transacción que se impugna es una redención de seis (6)

acciones alegadamente llevada a cabo por los demandados

en 1999”.12 Es decir, dado que la controversia involucraba

un “valor”,

que la redención de unas acciones es una

transacción

de

valor

y

que

se

estaba

cuestionando

el

valor pagado como resultado de dicha redención, aplicaba

el término prescriptivo establecido por la Ley Uniforme

de Valores.

En su oposición, los demandantes sostuvieron que la

Ley de Valores aplica únicamente cuando se alega fraude o

engaño en una transacción llevada a cabo por una entidad

que

se

dedica

al

negocio

de

valores,

como

agentes,

corredores u otros, y que la transacción entre Triple S y

Management no está comprendida entre las transacciones de

venta de valores cubiertas por dicha ley. De igual forma,

cuestionaron la caracterización de los demandantes de su

causa

de

acción

como

una

impugnación

de

redención

de

sentido, aparentan reconocer que la causa de acción de

los demandantes es de cobro de dinero.

11

(Énfasis suplido.) Moción de desestimación,

Apéndice de solicitud de apelación, pág. 37.

pág. 6;

12

pág. 8;

(Énfasis suplido.) Moción de desestimación,

Apéndice de solicitud de apelación, pág. 39.

AC-2011-83

7

acciones, pues lo único que estaban reclamando era que se

les pagara el precio total correspondiente al valor de

sus acciones.

Ambas partes hicieron referencia a nuestra decisión

en PaineWebber, Inc. v. First Boston, Inc. para sostener

sus alegaciones.13 Según los demandados, en dicho caso

resolvimos que a toda causa de acción que involucre un

valor o una transacción de valores le aplicará el término

prescriptivo establecido por la Ley Uniforme de Valores.

Por su parte, los demandantes plantean que esa decisión

no aplica a los hechos de la controversia de autos. Según

estos,

la

decisión

en

PaineWebber

era

sobre

una

controversia entre dos entidades dedicadas a la compra y

venta

de

valores,

reguladas

por

el

Comisionado

de

Instituciones Financieras, en la que una reclamó a la

otra por incumplimiento de contrato en cuanto a la compra

de

unos

valores

a

ser

revendidos

a

inversionistas.

Distinguiendo esa controversia de los hechos de autos,

los

demandantes

insisten

en

que

ni

ellos

ni

los

demandados son casas de corretaje o se dedican al negocio

de valores, que no hay una disputa sobre la compra o

venta de valores y que no ha habido alegación alguna de

fraude. Por lo tanto, entienden que no aplica la Ley de

Valores.

En

ese

sentido,

insisten

en

que

no

están

impugnando la redención de valores llevada a cabo, más

13

PaineWebber, Inc. v. First Boston, Inc., 136 D.P.R. 541

(1994).

AC-2011-83

bien

8

han

instado

una

reclamación

de

para

que

se

les

valor

Tribunal

de

Primera

contractual

pague

el

naturaleza

de

las

desestimó

la

acciones.14

El

demanda

por

prescripción

al

Instancia

concluir

que

se

estaba

impugnando una transacción en la cual estaba involucrado

un valor, por lo cual el término prescriptivo es de dos

años contados a partir de la fecha de la transacción

impugnada.15 Inconformes, los demandantes recurrieron al

Tribunal de Apelaciones. El foro intermedio confirmó la

sentencia

del

tribunal

de

instancia

en

todos

sus

extremos, al concluir que la demanda presentada por los

peticionarios era una impugnación de una transacción que

“atañe a un valor” y, por lo tanto, aplicaba el término

prescriptivo

establecido

por

la

Ley

de

Valores.16

Los

demandantes apelaron entonces a este Tribunal. El 20 de

14

Los demandantes sostienen que “[l]a Ley de Valores de

Puerto Rico se legisló con el propósito de proteger a los

inversionistas contra el engaño y fraude por los agentes

y entidades dedicadas al negocio de valores y el término

de prescripción que allí se establece es para las

acciones por engaño y fraude que a tal fin establece

dicha ley. La presente demanda no alega engaño o fraude,

ni las demandadas se dedican al negocio de venta o

corretaje

de

valores”.

Oposición

a

la

moción

de

desestimación,

pág.

11;

Apéndice

de

solicitud

de

apelación, pág. 57. En su réplica, los demandados

insisten en que la Ley Uniforme de Valores aplica a toda

reclamación “cuya base sea una transacción que involucre

valores”. Apéndice de solicitud de apelación, pág. 75.

15

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pág. 2.

16

Sentencia del Tribunal de Apelaciones, pág. 7.

AC-2011-83

9

enero de 2012 acogimos la apelación como un certiorari y

expedimos el auto.

Los demandantes rechazan el que la Ley Uniforme de

Valores o nuestra decisión en PaineWebber sea aplicable

al caso de autos “por el mero hecho de que la demanda

envuelve certificados de acciones”.17 Se reafirman en que

no han hecho alegación alguna de fraude, que Triple S no

se dedica al mercado de valores y que no hubo un contrato

de venta de acciones para impugnar.18 Por el contrario,

sostienen

que

el

“propósito

de

la

Ley

de

Valores

es

proteger a los inversionistas y al público en general,

mediante

la

exigencia

de

ciertos

requisitos,

a

las

personas que se dediquen al negocio de valores”.19

Por su parte, Triple S enfatiza en que el propósito

de la Ley de Valores es “no imponer cargas indebidas

sobre el emisor de valores de que se trate”,20 e insiste

17

Apelación, pág. 9. Los peticionarios incluyeron otros

señalamientos de error por parte del Tribunal de

Apelaciones. Dado que el primer error es dispositivo, no

los atenderemos.

18

Los peticionarios también hacen referencia a una

excepción contenida en la Ley Uniforme de Valores que

expresamente excluye de su aplicabilidad a transacciones

que surgen de una reorganización corporativa. Según

ellos, el proceso de aprobación de la redención de las

acciones de Triple S y creación de Management como la

nueva

entidad

matriz

constituye

una

reorganización

corporativa.

19

Apelación, pág. 11, citando

PaineWebber, supra, pág. 544.

20

nuestra

decisión

en

Alegato de los Recurridos, pág. 2, citando nuestra

decisión en PaineWebber, supra, pág. 546. Aducen que

excluir este tipo de acción del término establecido por

AC-2011-83

en

que

10

la

acción

impugnación

de

consiguiente,

de

la

los

demandantes

redención

rechazan

que

equivale

llevada

la

Ley

de

a

a

una

cabo.

Por

Valores

aplique

únicamente cuando haya una alegación de fraude o esté

involucrada una entidad que se dedique específicamente al

mercado de valores. En vez, entienden que el estatuto

incluye

a

quienes

emiten

los

mismos,

aunque

no

se

dediquen al negocio de valores.

II

La Ley Uniforme de Valores se aprobó en 1963,21 con

el

propósito

público

en

de

“proteger

general

a

mediante

los

la

inversionistas

exigencia

de

y

al

ciertos

requisitos a las personas que se dediquen al negocio de

valores y la creación de un organismo gubernamental con

poderes

de

supervisión

y

fiscalización

sobre

diversas

fases del negocio, a los fines de evitar que se incurra

en prácticas fraudulentas en el curso del mismo”.22 Dado

que

en

regulara

Puerto

Rico

no

directamente

Legislativa

concluyó

existía

la

que

legislación

materia

las

y

que

disposiciones

alguna

la

que

Asamblea

del

Código

la Ley de Valores resultaría en una avalancha de casos de

“personas que, luego de largos años, decidan impugnar

transacciones de valores, como lo son transacciones

relacionadas con acciones corporativas como la[s] de este

caso”. (Énfasis suplido) Id, pág. 5.

21

Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963; 10 L.P.R.A. secs.

851 et seq. Este estatuto fue actualizado mediante la Ley

Núm. 114 de 1996.

22

(Énfasis suplido.) Informe Conjunto, Comisiones de lo

Jurídico Civil e Industrias y Comercio del Senado de

Puerto Rico, 17 Diario de Sesiones T. 4, pág. 1629.

AC-2011-83

11

Civil y el Código de Comercio eran insuficientes para

atender

este

estatuto

problema

especial.

Legislativa

era,

social,

La

hacía

preocupación

sin

lugar

a

falta

de

aprobar

la

dudas,

un

Asamblea

lidiar

con

situaciones de “prácticas fraudulentas en la distribución

de valores”.23

Según el Informe Conjunto de las Comisiones de lo

Jurídico

Civil

e

Industrias

y

Comercio

del

Senado

de

Puerto Rico, la nueva Ley de Valores estaría dividida en

cuatro

partes

“prácticas

fundamentales.

fraudulentas

valores”.24 La segunda

en

La

primera

relación

con

el

prohibía

negocio

de

exigía la inscripción de todos los

agentes y corredores-traficantes de valores, mientras que

en

la

tercera

se

exigía

la

inscripción

de

todos

los

valores propiamente. Por último, el estatuto establecía

las disposiciones generales para la administración de la

ley.25

De

lo

anterior

surge

un

claro

propósito

legislativo: evitar que las personas dedicadas al negocio

de valores incurran en prácticas engañosas y fraudulentas

en

sus

transacciones

que

puedan

afectar

al

público

Uniforme

de

Valores

inversionista.

El

artículo

establece

que

101

será

de

ilegal

23

(Énfasis suplido.) Id.

24

(Énfasis suplido.) Id.

25

Id.

la

Ley

que

cualquier

persona,

en

AC-2011-83

relación

12

con

la

oferta,

venta

o

compra

de

cualquier

valor, directa o indirectamente:

(1) Emplee

cualquier

treta,

ardid

o

artificio con el propósito de defraudar;

(2) Haga cualquier manifestación falsa sobre

un hecho material necesario para evitar

que las declaraciones formuladas, a la

luz de las circunstancias bajo las

cuales se hicieron, conduzcan a error;

(3) Se dedique a cualquier acto, práctica, o

clase de negocio que opere u operaría

como fraude o engaño sobre cualquier

persona;

(4) Emita, circule o publique cualquier

material

impreso

o

por

medios

electrónicos que contenga representación

falsa sobre un hecho material, u omita

información sobre un hecho material

necesario de forma que la información

que se emita, circule o publique, a la

luz de las circunstancias en que fue

emitida, circulada o publicada, conduzca

a error, o

(5) Emita, circule o publique cualquier

material,

o

realice

cualquier

representación escrita, a menos que el

nombre de la persona que emita, circule,

publique o haga la misma, y el hecho de

que es esa persona quien emite, circula,

publica o hace la representación, esté

claramente

indicado

en

esa

misma

26

comunicación.

Los

artículos

subsiguientes

de

la

Ley

atienden

materias

similares,

de

como

el

fraude

Valores

en

las

actividades consultivas y las manipulaciones del mercado

mediante

información

falsa

o

engañosa.27

Como

se

adelantara en el Informe Conjunto, esta primera parte de

26

10 L.P.R.A. sec. 851. Los incisos (4) y (5) fueron

añadidos por la Ley Núm. 114 de 1996.

27

Véanse 10 L.P.R.A. secs. 852 y 853.

AC-2011-83

13

la Ley se enfoca en prohibir actividades fraudulentas por

las personas que se dedican al negocio de valores.

Los artículos contenidos en el segundo subcapítulo

de la Ley establecen los requisitos y procedimientos para

la

inscripción

de

los

corredores,

agentes

y

otras

entidades que llevan a cabo transacciones de valores.28

Acto

seguido,

los

artículos

301

al

307

atienden

la

inscripción propiamente de los valores.29 Finalmente, los

artículos 402 en adelante establecen las disposiciones

generales

de

la

ley.30

Cabe

destacar

que

el

antiguo

artículo 401, que ofrece una lista de las definiciones de

los

términos

empleados

en

el

estatuto,

fue

renumerado

como el artículo 100.31 De lo anterior se puede colegir

que la estructura estatutaria coincide con el propósito

legislativo plasmado en el Informe Conjunto.

El

artículo

410

del

estatuto

establece

las

circunstancias en las que habrá responsabilidad civil,

así

como

los

requisitos

para

presentar

una

causa

de

acción a su amparo:

(a)

Cualquier persona que:

(1) Ofrezca

o

violación

28

10 L.P.R.A. secs. 861-864.

29

10 L.P.R.A. secs. 871-877.

30

venda

un

valor

en

a

las

[secciones]

10 L.P.R.A. secs. 882-898. La sección 882 establece una

lista de numerosas exenciones a la aplicación de la Ley

de Valores.

31

10 L.P.R.A. sec. 881.

AC-2011-83

14

861(a),32 871,33 u 885(b)34 de este

título, o a cualquier reglamento u

orden conforme a la [sección] 883

de este título la cual requiere la

aprobación afirmativa de propaganda

de venta antes de que el mismo se

use,

o

de

cualquier

condición

impuesta

con

arreglo

a

las

[secciones] 874(d), 875(g) u 875(h)

de este título; o

(2) Ofrezca o venda un valor por medio

de una declaración falsa sobre un

hecho material, o mediante omisión

de consignar un hecho material

necesario

para

evitar

que

las

declaraciones formuladas, a la luz

de las circunstancias bajo las

cuales se hicieron, conduzcan a

error (desconociendo el comprador

la falsedad o la omisión), y que no

sostenga el peso de la prueba de

que no sabía, y que ejercitando una

prudencia razonable, no pudo tener

conocimiento, de la falsedad u

omisión, será responsable a la

persona que le compre el valor;

quien podrá entablar una demanda

para recobrar el precio pagado por

el valor, además de intereses al

tipo

de

interés

aplicable

a

sentencias judiciales…

costas y

32

“Será ilegal que cualquier persona haga negocios como

corredor-traficante o agente en Puerto Rico a menos que

esté inscrito según las disposiciones de este capítulo”.

10

L.P.R.A.

sec.

861(a),

dentro

del

subcapítulo

relacionado con la inscripción de las personas que se

dedican al negocio de valores.

33

“Será ilegal que cualquier persona ofrezca o venda

cualquier valor en Puerto Rico a menos que: (1) Dicho

valor haya sido inscrito bajo las disposiciones de este

capítulo; (2) el valor o transacción esté exento bajo las

disposiciones de la sec. 882 de este título, o (3) el

valor en cuestión es un valor bajo cubierta federal”. 10

L.P.R.A. sec. 871, dentro del subcapítulo que cobija la

inscripción de valores.

34

“Será ilegal hacer, o inducir que se haga, a cualquier

comprador o cliente potencial, cualquier representación

inconsistente con el inciso (a) de esta sección”. 10

L.P.R.A. sec. 885(b).

AC-2011-83

15

razonables honorarios de abogado

menos

la

cuantía

de

cualquier

ingreso que haya recibido derivado

del valor, al ofrecer devolver

dicho

valor,

o

por

daños

y

perjuicios, si él ya no es dueño

del valor…

(b)

(c)

(d)

(e) Ninguna persona podrá entablar una

demanda civil de acuerdo con las

disposiciones

de

esta

sección,

después de transcurridos más de dos

(2) años de haber efectuado el

contrato de venta…35

Por

último,

el

nuevo

artículo

100

ofrece

las

definiciones estatutarias. A continuación, ofrecemos las

más pertinentes a la controversia de autos:

(a) …

(b)

Agente

–

Significará

cualquier

individuo

que

no

sea

un

corredortraficante, que represente a un corredortraficante, o a un emisor, al llevar a

cabo o tratar de llevar a cabo la compra o

la venta de valores. La palabra “agente”

no incluye a un individuo que represente

a:

(1) Un emisor…

(2) Un corredor-traficante…

(c)

Corredor-traficante

–

Significará

cualquier persona que se dedique a llevar

a cabo transacciones en valores, ya sea

por cuenta propia o a cuenta de otros. El

término “corredor-traficante” no incluirá:

(1) Una instrumentalidad gubernamental

(2) un agente;

(3) un emisor;

(4) un banco, institución de ahorros

o

compañía

de

fideicomiso

con

facultades

bancarias,

siempre

y

cuando

las

actividades

de

estas

instituciones

relacionadas

con

el

negocio de valores se limiten a

aquellas

categorías

enumeradas

en

[varios incisos de este capítulo].

35

(Énfasis suplido.) 10 L.P.R.A. sec. 890.

AC-2011-83

16

(d) Fraude, engaño y defraudar – No

estarán limitados a la definición de dolo

según el Código Civil.

(e) …

(f) …

(g) Emisor – Significará cualquier persona

que emita o se proponga emitir cualquier

valor…36

(h) …

(i) …

(j)

(1) Venta o vender – Incluirá todo

contrato de venta de, contrato para

la venta, o disposición de un valor,

o interés en un valor, a título

oneroso…

(k) …

(l) Valor – Significará cualquier pagaré,

acción, acciones en cartera, bono, vale,

comprobante

de

deuda,

certificado

de

interés o participación en algún convenio

de distribución de beneficios o sociedad,

certificado de valores fiduciarios en

garantía, certificado de preorganización o

subscripción,

acción

transferible,

contrato de inversión, certificado de

fideicomiso

con

derecho

a

voto,

certificado de depósito en garantía, cuota

de interés indiviso en petróleo, gas u

otros derechos sobre minerales, o, en

general, cualquier interés o instrumento

conocido

comúnmente

como

“valor”,

o

cualquier

certificado

de

interés

o

participación

en

cualquiera

de

los

precedentes valores, certificado temporero

o provisional o recibo por los mismos,

garantía de dichos valores o instrumentos

de autorización u opción o derecho para

suscribirlos. “Valor” no incluirá ninguna

póliza de seguro, o de seguro dotal, ni

contrato de anualidades mediante la cual

una compañía de seguros se compromete a

pagar una suma determinada de dinero, sea

ésta

pagadera

en

suma

englobada

o

periódicamente, durante la vida de la

persona

o

en

cualquier

otro

período

especificado.37

36

La Ley establece unas excepciones a esta definición,

pero no son pertinentes a la controversia de autos.

37

(Énfasis suplido.) 10 L.P.R.A. sec. 881.

AC-2011-83

La

17

única

oportunidad

ocasión

de

en

la

interpretar

que

este

hemos

tenido

la

estatuto

fue

en

PaineWebber, Inc. v. First Boston Inc..38 En esa ocasión,

PaineWebber acordó con First Boston la compraventa de un

valor conocido como “Ginnie Mae”, que fue entregado a la

primera

y

pagado

por

ésta

en

1987.

Acto

seguido,

PaineWebber revendió el valor a inversionistas. En 1989,

PaineWebber

descubrió

que

el

valor

adquirido

de

First

Boston no era exento de contribuciones, por lo que se vio

obligado a resolver la venta realizada y a resarcirle a

sus clientes por los daños causados. Como consecuencia,

PaineWebber demandó a First Boston por incumplimiento de

contrato, solicitando la devolución del precio pagado por

los valores, más daños y perjuicios. First Boston planteó

que la acción estaba prescrita, por haber transcurrido

más

de

dos

años,

es

decir,

el

término

prescriptivo

establecido por la Ley Uniforme de Valores.

La

sección

controversia

en

ese

caso

890(h)

la

Ley

Uniforme

de

giró

en

de

torno

Valores

a

la

que

establece que los “derechos y remedios provistos por este

capítulo son en adición [sic] a cualesquiera derechos o

remedios que pueden existir…”.39 Es decir, se cuestionaba

si el término prescriptivo de dos años establecido en la

38

Es importante señalar que la Ley Uniforme de Valores

fue enmendada después de nuestra decisión en este caso.

Discutiremos esto más adelante en la Opinión.

39

10 L.P.R.A. sec. 890(h).

AC-2011-83

18

sección 890(e) era exclusivo para los casos en los que se

impugnaba una transacción de valores. A la luz de los

hechos en ese caso, resolvimos en la afirmativa.

Ahora

bien,

la

Opinión

tanto

como

explica

el

mayoritaria

PaineWebber

“coinciden

compraventa

entre

al

profesor

Díaz

Olivo,

como

la

disidencia

en

calificar

de

mercantil

la

PaineWebber

y

First

Boston.

Esta

calificación se fundamentó en lo dispuesto en el artículo

243 del Código de Comercio, y en las interpretaciones del

propio Tribunal [Supremo] al efecto de que el elemento

que distingue principalmente a la compraventa mercantil

es la presencia del doble propósito de revender las cosas

compradas

y

obtener

un

lucro”.40

De

igual

forma,

el

profesor toma nota de que, en ese caso, la demandante

PaineWebber

era

una

“empresa

dedicada

corretaje,

donde

en

múltiples

ocasiones

al

negocio

lleva

a

de

cabo

transacciones con valores exentos y no exentos…”.41 Es

decir, se trataba de una entidad dedicada al negocio de

valores y no de una corporación cualquiera. Más aún, se

trataba de una transacción de naturaleza mercantil.

En

ese

sentido,

nuestra

decisión

en

PaineWebber

partía de la premisa de que la Ley Uniforme de Valores

aplicaba

a

los

hechos

de

controversia

de

que

trataba

40

se

ese

caso,

pues

de

transacción

una

no

había

de

(Énfasis suplido.) C. Díaz Olivo, Análisis del Término:

Derecho Mercantil, 64 Rev. Jur. U.P.R. 861, 862 (1995).

41

Id. pág. 868.

AC-2011-83

19

valores llevada a cabo por dos compañías dedicada a ese

negocio.

Por

lo

tanto,

no

tuvimos

la

oportunidad

de

resolver en qué circunstancias hay que recurrir a la Ley

de Valores.

Aun así, nuestro análisis en PaineWebber es muy útil

para precisar cuáles son esas circunstancias. En aquella

ocasión explicamos, de entrada, que la Ley Uniforme de

Valores “fue creada con el propósito de establecer en

Puerto

Rico

una

reglamentación

protectora

para

el

inversionista en el negocio de valores”.42 De igual forma,

citamos extensamente del Informe Conjunto del Senado, al

que también hemos hecho referencia en esta Opinión.43 En

ese

contexto,

resolvimos

que

las

“transacciones

de

valores en Puerto Rico están regidas por la Ley Uniforme

de Valores”44 y recalcamos que los hechos particulares del

caso, entiéndase, una controversia sobre una compraventa

entre

dos

entidades

dedicadas

al

negocio

de

valores,

“enmarca[ban] perfectamente en los supuestos contenidos

en la Ley Uniforme de Valores”.45 No se trataba, pues, de

que toda controversia que involucrara un valor estaría

42

(Énfasis suplido) PaineWebber, supra, pág. 543.

43

En particular, enfatizamos en el propósito legislativo,

según explicado en el Informe Conjunto, entiéndase, la

protección a los inversionistas y al público en general a

los fines de evitar que se incurra en prácticas

fraudulentas en la compraventa de valores. Id. pág. 544.

44

Id.

45

Id. pág. 545.

AC-2011-83

sujeta

20

a

ese

estatuto,

sino

de

que

los

hechos

particulares de cada controversia deben coincidir con los

supuestos

estatutarios.

Uniforme

de

relación

comercial”.46

comercial

en

Valores

la

que

Por

eso

“regula

resolvimos

que

la

Ley

específico

de

un

tipo

Es

decir,

no

toda

relación

esté

presente

un

valor

está

al

alcance de esa ley.

Después de nuestra decisión en PaineWebber, supra,

la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 114 del 11 de

agosto

de

1996

para

actualizar

la

Ley

Uniforme

de

Valores. La Exposición de Motivos de este estatuto hace

referencia a la aprobación original de la Ley Uniforme de

Valores, expresando que ésta fue adoptada, a su vez, del

“Uniform Securities Act” de 1956, la cual, al 1996, había

sido adoptada por cuarenta y una jurisdicciones en los

Estados

Unidos.47

Reconociendo

que

la

Ley

Uniforme

de

Valores de 1963 “ha cumplido bien con los propósitos por

los que se aprobó”, la Ley Núm. 114 tenía como objetivo

“ampliar y clarificar las definiciones sobre

prácticas

fraudulentas”.48 Cabe destacar que los cambios principales

introducidos

por

la

Ley

Núm.

114

se

refieren

a

fiscalización y exenciones. El marco general de la Ley de

Valores de 1963 quedó intacto.

46

(Énfasis suplido.) Id. pág. 547.

47

Leyes de Puerto Rico, 1996, pág. 490.

48

(Énfasis suplido.) Id.

AC-2011-83

21

El Informe Conjunto del Senado sobre el proyecto que

se convertiría en la Ley Uniforme de Valores de 1963, en

el

cual

descansó

PaineWebber,

fuertemente

revela

la

nuestra

preocupación

Opinión

de

la

en

Asamblea

Legislativa por evitar las “prácticas fraudulentas en el

mercado de valores”. Sobre esto expresa que, a pesar de

que “[e]n Puerto Rico, no hemos tenido hasta el presente

ningún

problema

serio

relacionado

con

prácticas

fraudulentas en el mercado de valores[,] [n]o obstante,

debemos prevenir [para] que ello no ocurra en el futuro.

La adopción de un estatuto tipo „Blue Sky‟ redundará en

una

mayor

protección

del

público

inversionista

y

de

aquellas personas y entidades que se dedican al negocio

de valores en nuestra comunidad”.49 Al hacer referencia

directa

a

las

llamadas

leyes

“Blue

Sky”,

el

Informe

Conjunto explicó que “[l]a legislación que se propone ha

sido cuidadosamente confeccionada para proveer la mayor

protección posible al inversionista sin imponer cargas

indebidas

sobre

el

emisor

de

valores

ni

sobre

el

negociante en los mismos … Cabe indicar, además, que esta

propuesta medida legislativa ha sido objeto de extensa

interpretación judicial en las diferentes jurisdicciones

estatales, así como, también, en el nivel federal”.50

49

(Énfasis suplido.) Informe Conjunto del Senado, supra,

págs. 1629-30.

50

Id. pág. 1630.

AC-2011-83

22

En efecto, los llamados “Blue Sky Laws” tienen como

propósito principal “la protección al público del engaño

y el fraude en las transacciones de valores”.51 Se les da

este nombre porque su objetivo es evitar los “esquemas

especulativos

que

no

tienen

más

fundamento

que

tantos

pies de cielo azul”.52 Se trata de leyes aprobadas a nivel

estatal, muchas de las cuales utilizan el modelo de la

Uniform Securities Act de 1956.53

Desde

1910,

la

mayoría

de

las

jurisdicciones

en

Estados Unidos han adoptado leyes para evitar la “venta o

intercambio

fraudulento

de

valores”.54

Según

los

tratadistas, los estatutos son de tres tipos: (1) para

evitar

el

fraude,

(2)

de

corredores

inscripción

requerir

el

los

registro

para

o

requerir

de

el

valores

inscripción

de

registro

o

los

(3)

o

para

valores

51

“The primary purpose of these „blue sky laws‟ is the

protection of the public from deceit and fraud in

securities transactions”. S. Christianson, What Gives

Rise to Right of Rescission under State Blue Sky Laws, 52

A.L.R. 5th 491, 499 (Sup. 2009).

52

“[S]peculative schemes which have no more bases than so

many feet of „blue sky‟”. Loss & Cowett, Blue Sky Law,

Little, Brown and Co., 1958, pág. 13, citando a Hall v.

Geiger-Jones Co., 242 U.S. 539, 550 (1917).

53

Christianson, supra, págs. 502-503. Otras leyes

federales de esta naturaleza son la Securities Act of

1933 y la Securities Exchange Act of 1934.

54

“[F]raudulent sale or Exchange of securities”. Loss &

Cowett, op. cit., pág. 17.

AC-2011-83

23

mismos.55 Su fin principal es, sin duda, la prevención del

fraude

en

las

jurisdicciones,

incluyen

los

transacciones

como

Puerto

de

Rico,

elementos.57

tres

valores.56

Algunas

adoptaron

leyes

que

igual

forma,

los

De

tratadistas han tomado nota de que los entes regulados

por estas leyes son los bancos, firmas de valores y otras

entidades dedicadas al negocio de valores,58 mientras que

el sujeto protegido es el público inversionista.59

Por

tribunales

último,

en

tanto

Estados

los

Unidos

tratadistas

se

han

como

enfrentado

los

a

la

pregunta de qué constituye un “valor” para efectos de los

“Blue Sky Laws”, particularmente ante argumentos de que

toda

transacción

automáticamente

que

por

involucre

dichos

un

valor

estatutos.

En

está

cobijada

ese

sentido,

señalan que es necesario “determinar en cada instancia si

un valor es, de hecho, de tal naturaleza como para caer

justamente dentro del alcance del estatuto”.60 Por eso, en

United Housing Foundation, Inc. v. Forman, el Tribunal

55

Id. pág. 19. Véase, además, 87 A.L.R. 43; Loss,

Seligman & Paredes, Securities Regulation, 4th ed., 2006,

v. 1, pág. 157.

56

Loss & Cowett, op. cit., págs. 12 y 129.

57

Véase Loss, Seligman & Paredes, op. cit., n. 197 en la

que se hace referencia directa a nuestra Ley Uniforme de

Valores.

58

Loss & Cowett, op. cit., pág. 28.

59

87 A.L.R. 43.

60

“[T]o determine in each instance whether a security is

in fact of such a character as fairly to fall within the

scope of the statute”. Id. pág. 75.

AC-2011-83

24

Supremo de Estados Unidos resolvió que el enfoque de las

leyes

reguladoras

federales

es

regular

“la

venta

de

valores para obtener capital con el propósito de generar

ganancias, los mercados en los que se intercambian esos

valores y la necesidad de regular para evitar el fraude y

proteger los intereses de los inversionistas”.61 Por lo

tanto, no será suficiente la mera presencia de un valor

en una controversia para concluir que se trata de una

transacción de valores sujeta a lo establecido por las

leyes “Blue Sky”. En particular, el que la Ley de Valores

regule

las

considere

transacciones

un

valor

para

de

valores

efectos

y

una

acción

se

de

la

definición

estatutaria, no equivale, sin más, a que se esté siempre

ante una transacción de valores sujeta a un estatuto de

esta naturaleza. El máximo foro federal lo explica así:

We reject at the outset any suggestion

that the present transaction, evidenced by the

sale

of

shares

called

“stock”,

must

be

considered

a

security

transaction

simply

because the statutory definition of a security

included the words “any … stock”.62

61

“[T]he sale of securities to raise capital for profitmaking purposes, the exchanges on which securities are

traded, and the need for regulation to prevent fraud and

to protect the interests of investors”. United Housing

Foundation, Inc. v. Forman, 421 U.S. 837, 849 (1975).

62

(Énfasis suplido.) Id. pág. 848. Citando, a su vez, a

Tcherepnin v. Knight, 389 U.S. 332, 336 (1967), el

Tribunal Supremo federal explica que “en la búsqueda de

la definición y alcance de la palabra „valor‟ en los

estatutos, la forma debe ser sustituida por la sustancia

y el énfasis debe ser en la realidad económica”. (“In

searching for the meaning and scope of the word

„security‟ in the Acts, form should be disregarded for

substance and the emphasis should be on economic

reality”. Id. pág. 848.

AC-2011-83

25

III

La Ley Uniforme de Valores de 1963, según enmendada,

no aplica automáticamente a todas las controversias en

las que se vea involucrado un valor. Por el contrario,

como

explicamos

en

PaineWebber,

tipo

específico

de

relación

el

estatuto

comercial.

regula

un

trata

de

Se

relaciones mercantiles entre inversionistas y entidades

que se dedican al negocio de valores, o entre varias

entidades de esta naturaleza, como ocurrió en el caso de

PaineWebber.

En

particular,

nuestra

Ley

de

Valores

se

concentra, por un lado, en evitar que entidades dedicadas

a dicho negocio cometan fraude en las transacciones de

valores y, por el otro, en asegurarse de que tanto los

valores que se intercambien, como las personas que se

dedican

a

este

tipo

de

transacción

estén

debidamente

registradas. Claro está, lo anterior no significa que la

Ley de Valores aplicará únicamente a aquellos casos en

los que se alegue fraude. Pero sí es necesario que se

trate de una controversia centrada en una transacción de

valores que incluya inversionistas o, al menos, entidades

cuya actividad principal sea el negocio de valores.

En

resumen,

para

determinar

si

aplica

la

Ley

Uniforme de Valores, debe analizarse si la controversia

versa sobre una transacción de valores llevada a cabo por

entidades

dedicadas

perspectiva

que

el

a

ese

negocio,

propósito

sin

perder

de

principal,

aunque

no

exclusivo, de dicha Ley es evitar el fraude y asegurar la

AC-2011-83

26

debida inscripción de los valores y sus corredores. De

igual

forma,

profesor

debe

Díaz

recordarse

Olivo,

el

que,

como

elemento

explica

que

el

distingue

principalmente a la compraventa mercantil es la presencia

del doble propósito de revender las cosas compradas y

obtener un lucro.

No estamos ante una ley especial de alcance amplio.

Por

el

contrario,

la

eficacia

de

dicho

estatuto

está

limitada por las propias disposiciones de la ley. En lo

que

concierne

presentación

la

de

responsabilidad

una

causa

de

civil

acción

que

permite

privada,

la

la

Ley

Uniforme de Valores establece expresamente los elementos

necesarios para poder entablar un pleito legal. Incluso,

el artículo 410 del estatuto limita las causas de acción

civil sujetas a sus disposiciones a las que surgen por

violaciones al artículo 201(a) –que la persona que vendió

el valor no está debidamente registrada-; al artículo 301

–que

el

valor

comprado

o

vendido

no

está

debidamente

registrado-; al artículo 405(b) –hacer representaciones

ilegales concernientes a inscripciones o exenciones-; o

al propio artículo 410(a)(2) –ofrecer o vender un valor

dolosamente-. Si la causa de acción no recae sobre alguno

de

estos

elementos,

no

prescriptivo

establecido

Evidentemente,

una

está

en

controversia

sujeta

el

al

término

artículo

410(e).

contractual

entre

un

accionista y una corporación que no se dedica al negocio

de

valores,

sobre

la

redención

de

las

acciones

del

AC-2011-83

27

primero, y su correspondiente pago, no están dentro del

alcance de la Ley de Valores.

La postura de Triple S nos parece poco persuasiva y

muy

simplista.

Insiste

en

una

aplicación

injustificadamente amplia de la Ley Uniforme de Valores

para incluir toda transacción que involucre una acción,

sin más. Los recurridos basan su argumento en que la Ley

Uniforme

define

transacciones

de

una

acción

valores

como

están

un

valor,

las

por

dicho

cobijadas

estatuto y una redención de acciones es una transacción.

La suma de esos factores no conlleva, sin más, que se

trata de una actividad al palio de ese estatuto. Tal

interpretación es insostenible.

Hemos

visto

que

el

propio

Tribunal

Supremo

de

Estados Unidos ha descartado esa interpretación mecánica.

El mero hecho de que la definición estatutaria de valor

incluya las acciones no equivale a que toda controversia

sobre el pago del precio de una acción esté regulada por

la Ley Uniforme de Valores. También hemos constatado que

la Ley Uniforme de Valores tiene un enfoque muy estrecho:

evitar el fraude, proteger a los inversionistas, regular

el mercado de valores y a las personas y entidades que se

dedican a ello.

En el caso de autos, la sucesión del Dr. Olivella

alega

que,

en

1999,

los

accionistas

de

Triple

S

decidieron redimir sus acciones por un precio de $250,000

cada una. Según ellos, Triple S nunca les pagó dicha

AC-2011-83

28

cantidad. Por eso instaron una acción en cobro de dinero.

No se trata de una corporación que se dedique al negocio

de valores, sino de una compañía dedicada a la industria

de

seguros.

No

hay

una

transacción

de

valores

de

naturaleza mercantil. Por el contrario, estamos ante una

relación contractual clásica que gira en torno a unas

acciones que ciertamente constituyen un valor. Tampoco se

trata

de

una

compraventa

de

valores

en

la

que

hubo

fraude, dolo o engaño. Por tanto, es forzoso concluir que

el término prescriptivo aplicable no es el de dos años

establecido por la Ley Uniforme de Valores, sino el de

quince años establecido por el Código Civil. La demanda

no está prescrita. Erraron los tribunales inferiores al

concluir lo contrario.

Por

lo

anteriormente

expuesto,

se

revoca

la

sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el

caso al Tribunal de Primera Instancia para la celebración

de

los

procedimientos

de

manera

consistente

con

Opinión.

Se dictará sentencia de conformidad.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

esta

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Josefina,

Diana

Margarita,

Rosalía

Elena

y

Jaime

Antonio, todos de apellidos

Olivella Zalduondo

Peticionarios

Certiorari

AC-2011-83

v.

Seguros de Servicios de Salud

de Puerto Rico, Inc., t/c/p

Triple-S, Inc., y Triple S

Management, Inc.

Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de enero de 2013.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integrante de la

presente Sentencia, se revoca la Sentencia del Tribunal

de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de

Primera

Instancia

para

la

celebración

de

los

procedimientos de manera consistente con esta Opinión.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal. El Juez Presidente señor

Hernández Denton y la Jueza Asociada señora Pabón

Charneco disienten sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo