Tribunal Supremo de Puerto Rico
Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., et al. v. Municipio de Dorado, et al
2014 TSPR 138
Poder Judicial de Puerto Rico
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Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., et al. v. Municipio de Dorado, et al
CT-2013-14
Código Civil de Puerto Rico Art 256 – Existencia de calles privadas bajo el ordenamiento jurídico de Puerto Rico
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Watchtower Bible and Tract
Society of New York, Inc., et
al.
Recurridos
2014 TSPR 138
v.
192 DPR ____
Municipio de Dorado, et al.;
United States District Court
for the District of Puerto
Rico
Peticionarios
Número del Caso: CT-2013-14
Fecha: 18 de noviembre de 2014
Parte Peticionaria:
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito
de Puerto Rico
Abogado de la Parte Demandante:
Lcda. Nora Vargas Acosta
Abogada de la Parte Demandada, Municipio Dorado:
Lcdo. Héctor Rivera Cruz
Lcdo. Iván Pasarell Jové
Amicus Curiae:
DBR Dorado Owner, LLC Coco Beach Maintenance, Inc.; Serrallés
Hotal
Lcdo. Arturo García Solá
Departamento de Justicia
Lcda. Margarita Mercado Echegaray
Procuradora General
Lcda. Amarilys Ramos Rodríguez
Procuradora General Auxiliar
Materia: Código Civil de Puerto Rico, Art. 256 – existencia de calles
privadas bajo el ordenamiento jurídico de Puerto Rico
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Watchtower Bible and Tract
Society of New York, Inc., et
al.
Recurridos
Certificación
v.
CT-2013-0014
Municipio de Dorado, et al.;
United States District Court for
the District of Puerto Rico
Peticionarios
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado Señor Rivera García
En San Juan, Puerto Rico, a
de 18 de noviembre de
2014.
El
presente
recurso
de
certificación
interjurisdiccional
solicitado
por
el
Federal
para
de
Distrito
el
Distrito
Tribunal
de
Puerto
Rico (Tribunal de Distrito) nos permite contestar
la interrogante siguiente: ¿Permiten las leyes de
Puerto
Rico
privadas?
que
Luego
de
existan
calles
examinar
la
residenciales
norma
civilista
concerniente a la clasificación de los bienes y la
legislación
afirmativamente.
aplicable,
Resolvemos
contestamos
que
el
CT-2013-0014
2
ordenamiento jurídico vigente provee para la existencia de
calles
residenciales
públicas
y
calles
residenciales
privadas. Las de carácter público están contempladas en el
Art. 256 del Código Civil, que –según se explicará más
adelante-
establece
que
son
bienes
de
uso
público
en
Puerto Rico aquellos costeados por los mismos pueblos o
con fondos del tesoro de Puerto Rico que estén destinados
al uso público. Serán calles privadas aquellas que queden
fuera
de
esa
categoría.
Circunstancia
que,
según
explicaremos, está supeditada al ejercicio del legislador
para determinar lo que constituye un fin público.
A continuación exponemos el tracto procesal y fáctico
que
originó
el
presente
recurso
y
los
fundamentos
que
sostienen nuestra determinación.
I
En el 2004, Watchtower Bible Tract Society of New
York y la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová
de
Puerto
Rico
Inc.,
presentaron
una
demanda
en
el
Tribunal de Distrito contra el Gobierno de Puerto Rico y
varios municipios y urbanizaciones. En
esta
sostuvieron
que la Ley de Control de Acceso, Ley Núm. 21 de 20 de mayo
de 1987, según enmendada, 23 LPRA sec. 64, et seq., (Ley
de Control de Acceso) era inconstitucional de su faz y en
su aplicación porque presuntamente violaba sus derechos a
la
1
libertad
de
expresión
y
la
libertad
de
culto.1
La
Véanse: Plaintiffs’ complaint for declaratory judgment and permanent
injunctive relief y Plaintiffs’ amended complaint for declaratory
CT-2013-0014
contención
impedía
3
de
los
entrar
a
demandantes
ciertas
era
que
dicha
urbanizaciones
aun
ley
les
cuando
las
calles de estas eran públicas.
Luego de varios trámites procesales, el Tribunal de
Apelaciones
de
Estados
Unidos
para
el
Primer
Circuito
sostuvo que la Ley de Control de Acceso era constitucional
de su faz, pero no en su aplicación. De acuerdo al foro
apelativo
federal,
la
manera
en
que
la
ley
se
había
implementado en algunas instancias infringía el derecho de
los demandantes a ejercer sus libertades constitucionales.
Watchtower
Bible
and
Track
Society
of
New
York
v.
Sagardía, et al., 634 F. 3d 3 (1er Cir. 2011). En vista de
ello,
devolvió
el
caso
al
Tribunal
de
Distrito
para
trámites posteriores.
Una
vez
devuelto
el
caso,
en
febrero
de
2012
el
Tribunal de Distrito ordenó a los municipios demandados
que
presentaran
demandantes
alternativas
pudieran
entrar
a
para
permitir
que
los
las
urbanizaciones
con
control de acceso, independientemente de que operaran con
o
sin
guardias
de
seguridad.2
Como
parte
de
esos
procedimientos, el Municipio de Dorado argumentó que la
referida orden no le aplicaba a la urbanización Brighton
Country Club (BCC), localizada en su jurisdicción. Como
judgment and permanent injunctive relief. Apéndice del alegato del
Municipio de Dorado, págs. 1 y 38.
2
Véase, Orden de 2 de febrero de 2012 emitida por el Tribunal de
Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Apéndice
del Alegato del Municipio de Dorado, pág. 102.
Durante ese proceso,
se desestimó la demanda contra el Estado dado a que la implementación
de esa ley y el remedio concedido le correspondía a los Municipios.
CT-2013-0014
4
fundamento, planteó que sus calles eran privadas porque
fueron costeadas con fondos privados y porque no se habían
transferido a la autoridad municipal. Así, indicó que era
la
Asociación
de
Residentes
de
BCC
quien
Municipio
de
Dorado
tenía
la
titularidad de dichas calles.
Eventualmente,
el
presentó
ciertos documentos que, a su juicio, establecían que las
calles de BCC eran privadas.3 Entre ellos, el endoso del
Municipio de Dorado para la construcción del proyecto –
condicionado a que las calles se mantuvieran privadas— y
la escritura sobre condiciones restrictivas en la que se
detalló que el mantenimiento de las calles estaba a cargo
de la Asociación de Residentes.
Ante
esa
disyuntiva,
el
19
de
junio
de
2013
el
Tribunal de Distrito nos certificó la pregunta siguiente:
Do the laws and Constitution of Puerto Rico allow for
private
roads?4
El
17
de
julio
de
2013
acogimos
la
solicitud para estudiar únicamente si las leyes de Puerto
Rico
permiten
la
existencia
de
calles
residenciales
privadas. Así las cosas, en octubre de ese mismo año, las
entidades DBR Dorado Owners LLC, Coco Beach Maintenance,
Inc.
3
4
y
Serrallés
Hotel,
Inc.
solicitaron
comparecer
Véase, Motion in compliance with order, Íd., pág. 119.
Inicialmente, el Tribunal de Distrito había certificado una pregunta
en cuanto a si la Ley de Control de Acceso, permitía las
urbanizaciones de control de acceso sin guardias de seguridad, y de
permitirse, si ello era constitucional bajo la Constitución de Puerto
Rico. Esta solicitud de certificación fue denegada por no cumplir con
los estándares de la Regla 25 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4
LPRA Ap. XXI-B.
CT-2013-0014
5
conjuntamente como amigos de la corte, a lo que accedimos.5
En
esos
mismos
términos,
invitamos
al
Departamento
de
Justicia para que compareciera.6 Finalmente, conforme a las
Reglas
4
y
41
del
Reglamento
del
Tribunal
Supremo
de
Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXI-B, celebramos una vista oral
el
11
de
febrero
de
este
año,
en
la
que
tuvimos
la
oportunidad de escuchar las posturas de las partes y de
los amigos de la corte.7
Contando con el beneficio de la comparecencia de las
partes, de los escritos de los amigos de la corte y de los
argumentos
presentados
en
la
vista
oral,
pasamos
a
contestar la pregunta ante nuestra consideración.
II
A. El recurso de certificación interjurisdiccional
Nuestro
ordenamiento
procesal
civil
contempla
dos
tipos de recursos de certificación: el intrajurisdiccional
y el interjurisdiccional.
Como sabemos, la certificación
interjurisdiccional es la que le facilita a un tribunal
someter
a
otro
tribunal
de
preguntas
sobre
cuestiones
una
jurisdicción
dudosas
que
se
distinta,
refieren
al
derecho de esa jurisdicción. Véanse: Martínez Marrero v.
5
Véase Resolución
noviembre de 2013.
del
Tribunal
Supremo
de
Puerto
Rico
de
14
de
6
Más adelante, la American Civil Liberties Union también solicitó
comparecer como amigo de la corte. No obstante, denegamos su petición,
ya que su comparecencia estaría dirigida a ilustrar a este Tribunal en
temas relacionados a derecho constitucional, los cuales quedaban fuera
del alcance de la pregunta certificada. Véase, Resolución del Tribunal
Supremo de Puerto Rico de 16 de diciembre de 2013.
7
Véase Resolución
noviembre de 2013.
del
Tribunal
Supremo
de
Puerto
Rico
de
22
de
CT-2013-0014
6
González Droz, 180 DPR 579, 584-585 (2011); Santana v.
Gobernadora, 165 DPR 28, 42 (2005); Guzmán v. Calderón,
164 DPR 220, 227 (2005); Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen.
Corp.,
112
DPR
780,
783
(1982).
Esto,
pues
cuando
el
derecho estatal no es claro, el foro federal generalmente
se abstiene de decidir asuntos relacionados a ese derecho
que puedan ser determinantes en un pleito ante sí. Pan
Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., supra, págs. 784-785.
La facultad de este Tribunal para entender en asuntos que
le son certificados es discrecional. Guzmán v. Calderón,
supra, pág. 228. Empero, de hacerlo, las determinaciones
que hagamos obligan en cualquier procedimiento judicial
ulterior
entre
las
partes,
bajo
la
doctrina
de
cosa
juzgada. Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., supra,
pág. 784.
Este tipo de recurso establece una colaboración útil
entre
la
jurisdicción
federal
y
la
estatal.
Véanse,
Santana v. Gobernadora, supra, pág. 43; Medina & Medina v.
Country Pride Foods, 122 DPR 172, 181 (1988). De igual
manera, ayuda a preservar y respetar la función de las
cortes estatales de interpretar y formular el derecho de
los estados. Muñiz-Olivari v. Stiefel Labs, 174 DPR 813,
818 (2008); Santana v. Gobernadora, supra, pág. 42; Pan
Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., supra, pág. 785.
Así, se reconoce la primacía de las normas de derecho
civil para la resolución de conflictos de derecho privado.
Martínez Marrero v. González Droz, supra, pág. 585.
CT-2013-0014
7
El recurso de certificación interjurisdiccional está
estatuido en el inciso (f) del Art. 3.002 de la Ley de la
Judicatura de 2003, que establece que el Tribunal Supremo
de Puerto Rico
[m]ediante auto de certificación, podrá conocer
de cualquier asunto que le fuere certificado por
el Tribunal Supremo de Estados Unidos de
América, un tribunal de apelaciones de circuito
de los Estados Unidos de América, un Tribunal de
distrito de los Estados Unidos de América, el
más alto tribunal apelativo de cualesquiera de
los estados de Estados Unidos de América, así
como por los tribunales de menor jerarquía de
cualesquiera de los estados de los Estados
Unidos de América, cuando así lo solicite
cualesquiera de dichos tribunales, de existir
ante el tribunal solicitante cualquier asunto
judicial en el que estén implicados cuestiones
de Derecho puertorriqueño que puedan determinar
el resultado del mismo y respecto al cual, en la
opinión del tribunal solicitante, no existan
precedentes claros en la jurisprudencia de este
tribunal. Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm.
201 de 22 de agosto de 2003 (4 LPRA sec. 24s).
A su vez, la Regla 25(a) del Reglamento del Tribunal
Supremo de Puerto Rico nos ilustra sobre esta materia. En
lo pertinente, reza que
[e]ste tribunal podrá atender cualquier asunto
que le sea certificado por el Tribunal Supremo
de Estados Unidos de América, por un Tribunal de
Apelaciones de Circuito de Estados Unidos de
América, por un tribunal de Distrito de Estados
Unidos de América o por el más alto tribunal
apelativo de cualquiera de los estados de la
Unión
americana,
cuando
así
lo
solicite
cualquiera de dichos tribunales, de existir ante
el
tribunal
solicitante
cualquier
asunto
judicial en el cual estén implicados cuestiones
de derecho puertorriqueño que puedan determinar
el resultado del asunto y respecto al cual,
según la opinión del tribunal solicitante, no
existan precedentes claros en la jurisprudencia
de este tribunal. Regla 25 del Reglamento del
Tribunal Supremo de Puerto Rico (4 LPRA Ap. XXIB).
CT-2013-0014
8
Similar
lenguaje
contiene
la
Regla
52.2(d)
de
Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V).8
Es apropiado señalar que las preguntas certificadas
deben enmarcarse en un contexto de hechos detallados y
específicos.
Pan
Ame.
Comp.
supra,
786.
Sin
embargo,
pág.
Corp.
los
v.
Data
Gen.
términos
Corp.,
específicos
utilizados por el foro federal no limitan nuestra facultad
para
exponer
la
controversia
del
récord,
entendimiento
conforme
ni
a
nuestro
restringe
el
mejor
ámbito
de
nuestra función interpretativa. Córdova & Simonpietri v.
Crown American, 112 DPR 797, 799 (1982).
En
este
jurídico
caso,
contestaremos
puertorriqueño
residenciales
función
permite
privadas.
pasar
si
el
que
existan
calles
no
nuestra
Recalcamos
que
sobre
las
juicio
ordenamiento
es
controversias
constitucionales9 planteadas por las partes, propias del
8
pleito
que
se
forma,
tampoco
ventila
nos
ante
compete
el
foro
emitir
federal.
un
De
dictamen
igual
que
se
Esta expresa que:
[e]l recurso de certificación se formalizará cuando el
Tribunal Supremo de Estados Unidos de América, un Tribunal
de Circuito de Apelaciones de Estados Unidos de América,
un Tribunal de Distrito de Estados Unidos de América, el
más alto tribunal apelativo de cualquiera de los estados y
territorios de los Estados Unidos de América o de
cualquier otro tribunal de menor jerarquía apelativa,
tenga ante su consideración un caso en el cual surja
cualquier asunto judicial en el que estén implicados
cuestiones de derecho puertorriqueño que puedan determinar
el resultado del mismo y respecto al cual, en la opinión
del tribunal solicitante, no existan precedentes claros en
la jurisprudencia de este tribunal.
9
Por ejemplo, en su escrito, Watchtower argumenta sobre el balance que
debe hacerse entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho
de propiedad.
CT-2013-0014
extienda
9
más
allá
de
nuestras
facultades
como
foro
judicial, trastocando los límites de las funciones que son
propias
de
la
Aclarado
esto,
Asamblea
pasemos
Legislativa
a
examinar
de
la
Puerto
norma
Rico.
jurídica
pertinente.
B. Análisis del marco doctrinal
Aunque este Tribunal no se ha expresado en cuanto a
la controversia de si pueden existir calles residenciales
de naturaleza privada, en el contexto de este caso, la
realidad es que no se trata de un asunto novedoso. Por el
contrario, se trata de una pregunta que la doctrina ha
considerado y para la cual se han formulado respuestas
encontradas. Por un lado, hay quienes consideran que no
existe impedimento legal alguno para que una calle urbana
o residencial sea de naturaleza privativa. Por otra parte,
hay quienes estiman que ello es inconcebible.
Por
ejemplo,
Blanco,
la
según
el
posibilidad
tratadista
de
las
español
llamadas
Martín
―calles
particulares‖ se fundamenta en la interpretación literal,
lógica,
sistemática y de praxis administrativa del Art.
344
Código
del
Civil
español,
análogo
al
Art.
256
de
nuestro Código Civil. Martín Blanco,
Las urbanizaciones
privadas
jurídica,
y
su
posible
Ministerio
de
la
configuración
Vivienda,
Servicio
Madrid,
Central
de
Publicaciones, 1973, pág. 75. Sin embargo, Mola concibe
que
es
inadmisible
que
la
calle,
como
concepto
eminentemente público, sea de particulares, y califica la
CT-2013-0014
idea
como
10
―aberrante‖.
Véase
M.A.
del
Arco
Torres,
Diccionario de Derecho Civil, Granada, Editorial Comares,
1999,
pág.
181.10
Por
otra
parte,
la
profesora
García
Cárdenas opina que aun
[e]n las urbanizaciones que están constituidas
bajo la égida de la ley de condominios, tampoco
existen calles privadas. En estas el área de
rodaje es parte de los elementos comunes. O sea,
lo que parece una calle no es per se una calle,
sino que es la equivalencia al pasillo que en una
construcción vertical conecta al apartamento a la
vía pública. M. E. García Cárdenas, Derecho de
urbanizaciones: servidumbre en equidad, controles
de acceso e instalaciones vecinales, San Juan,
Ed. Interjuris, 2010, págs. 82-83.
Como vemos, existen distintas opiniones en cuanto al
concepto de la calle residencial privada. En el pasado
este Tribunal se ha expresado sobre otras controversias
relacionadas a las calles. Sin embargo, como veremos más
adelante, en esas ocasiones la titularidad de estas no
estaba
en
disputa.
En
el
presente
caso
podremos
justipreciar este asunto desde una perspectiva distinta.
Esto, pues la interrogante que nos ocupa surge ante la
alegación de que las calles de una urbanización no son
públicas porque fueron costeadas y mantenidas con fondos
privados
y
porque
nunca
se
cedieron
a
favor
del
municipio.11 En ese contexto, lo que hoy nos corresponde
10
Para opinar así se apoya en las disposiciones de la Ley de Suelo de
España que exigían que el propietario de suelo urbano cediera las
calles al Ayuntamiento en la proporción establecida.
11
Es meritorio aclarar que los acuerdos a los que haya llegado el
Municipio de Dorado con los promotores o desarrolladores de la
urbanización BCC no son pertinentes para resolver el recurso
particular que está ante nosotros. Eso está fuera del alcance de
nuestra función adjudicadora pues nos circunscribiremos a determinar
CT-2013-0014
11
resolver es si nuestro ordenamiento permite que existan
calles privadas.
Con
el
ineludible
fin
que
de
adjudicar
repasemos
en
esta
primera
controversia,
instancia
cómo
es
el
Código Civil de Puerto Rico clasifica los bienes por razón
de
su
pertenencia.
Luego,
discutiremos
con
énfasis
especial el régimen jurídico que aplica a la categoría de
bienes de dominio público, que es en la que el Código
incluye a las calles y a los caminos vecinales. Esto es
importante ya que, como veremos, un bien de esa naturaleza
(público)
no
puede
ser
propiedad
de
una
persona
particular. En ese ejercicio, analizaremos el Código Civil
de Puerto Rico en unión a la norma jurisprudencial y a la
doctrina que nos ayuda a interpretarlo, así como otras
leyes pertinentes a esta materia.
i.
El
La clasificación de los bienes
ordenamiento
jurídico
civil
define
el
concepto
―bienes‖ como cualquier cosa que pueda constituir riqueza
y
fortuna
y
los
clasifica
de
acuerdo
con
sus
características físicas. Art. 252 del Código Civil, 31
LPRA sec. 1021.
Al respecto, se distingue, por ejemplo,
entre: bienes muebles e inmuebles, bienes fungibles y no
fungibles, y bienes corporales e incorporales. 31 LPRA
secs. 1027, 1029, 1066.
Así también, el Código divide los
bienes de acuerdo a las personas a quienes pertenecen. En
si nuestro ordenamiento permite que esa clase de bienes existan dentro
de la modalidad privativa.
CT-2013-0014
ese
sentido,
12
nuestra
jurisdicción
adoptó
una
norma
tripartita según la cual los bienes pueden ser comunes, de
dominio público o privados. San Gerónimo Caribe Project v.
E.L.A. I, 174 DPR 518, 557 (2008); Art. 253 del Código
Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1022.12
De acuerdo a
Vázquez Bote, esta clasificación implica un criterio que
se basa en la adscripción al sujeto. E. Vázquez Bote,
Derecho privado puertorriqueño, Orford, Ed. Equity, 1991,
T. VII, pág. 30.
Los bienes comunes se describen en el Art. 254 del
Código Civil como aquellos cuya propiedad no pertenece a
nadie en particular y que todos pueden usar libremente de
acuerdo a la propia naturaleza del bien, por ejemplo: el
aire, las aguas pluviales, el mar y sus riberas. 31 LPRA
sec. 1023. Por otro lado, son bienes de propiedad privada,
además de los patrimoniales del Estado, los que pertenecen
a los particulares individual o colectivamente.
Art. 257
del Código Civil, 31 LPRA sec. 1026. Por razón de esa
distinción, los bienes se clasifican entre pertenecientes
a los particulares o a los entes públicos, y a su vez,
estos
últimos
pueden
ser
bienes
de
dominio
público
(demaniales) o bienes de dominio privado (patrimoniales).
Vázquez Bote, op. cit., pág. 29. Véase también, E.L.A. v.
Tribunal Superior, 97 DPR 644, 669 (1969).
12
El Art. 253 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1022,
establece que ―[l]as cosas o los bienes son, o comunes o públicos. Los
bienes
además
son
susceptibles
de
ser,
o
propiedad
de
las
corporaciones o propiedad de los individuos‖.
CT-2013-0014
13
Los Arts. 255 y 256 del Código Civil, 31 LPRA secs.
1024 y 1025, son los que enumeran los bienes de dominio
público. Esta lista se complementa con las disposiciones
del Art. 274 del mismo cuerpo legal, que también habremos
de
examinar
más
adelante.
31
LPRA
sec.
1082.
Por
el
momento, es importante mencionar que contrario a lo que
ocurre con los bienes particulares, –que se rigen por las
normas ordinarias de derecho civil privado y que quedan
sujetos al régimen regular de propiedad13- los de dominio
público
gozan
de
una
tutela
diferente
al
ser
inembargables, imprescriptibles e inalienables. Figueroa
v. Municipio de San Juan, 98 DPR 534, 562–563 (1970).
Véanse además: J.L. Lacruz Berdejo, Elementos de derecho
civil, 3ra ed. rev., Madrid, Ed. Dykinson, 2005, T. I,
Vol. III, pág. 39.
Vázquez Bote, op. cit., pág. 29. Estos
bienes están fuera del comercio porque por disposición de
ley no se pueden enajenar ni
poseer privadamente.
San
Gerónimo Caribe Project v. E.L.A. I, supra, págs. 558,
561.
Ese tratamiento jurídico
diferente se debe a las
características y a las funciones que han cumplido dichos
bienes
desde
antaño
en
las
sociedades.
J.V.
González
García y otros, Derechos de los bienes públicos, Valencia,
Ed. Tirant lo Blanch, 2005, pág. 12.
Así pues, para ponderar si en Puerto Rico las calles
residenciales
13
pueden
ser
bienes
susceptibles
de
En cuanto a estos bienes privados, el Código establece que las
personas los pueden disponer libremente sin más limitaciones que las
impuestas por la ley. Art. 276 del Código Civil de Puerto Rico, 31
LPRA sec. 1084.
CT-2013-0014
14
apropiación particular, debemos
discutir el tratamiento
jurídico concerniente a los bienes de dominio público.
Esto, pues como
veremos más adelante, el Código Civil
alude a los términos calles y caminos vecinales en los
artículos que definen y enumeran este tipo de bienes. Nos
corresponde entonces evaluar si aún ante esa clasificación
general cabe la posibilidad de que en nuestro ordenamiento
puedan
surgir
a
la
vida
jurídica
calles
residenciales
dentro de la modalidad privada. Pasemos a examinar los
artículos
del
Código
Civil
que
presentan
la
primera
declaración jurídico legal con referencia a las cosas que
se pueden reconocer como de dominio público.
Véase P.
Escribano Collado, Las vías urbanas: concepto y régimen de
uso, Madrid, Ed. Montecorvo, 1973, pág. 102.
ii.
Bienes de dominio público
Hay ciertos bienes que los poderes públicos excluyen del
tráfico
jurídico
porque
son
imprescindibles
para
el
desarrollo de la sociedad. González García y otros, op.
cit., pág. 72. Cónsono con ello, el Art. 255, de nuestro
Código
Civil,
supra,
que
procede
del
Art.
339(1)
del
Código Civil español,14 indica que ―son bienes de dominio
14
El Art. 339 del Código Civil español establece que:
Son bienes de dominio público:
1. Los destinados al uso público, como los caminos, canales,
ríos, torrentes, puertos y puentes construidos por el Estado,
las riberas, radas y otros análogos.
2. Los que pertenecen privativamente al Estado, sin ser de uso
común, y están destinados a algún servicio público o al
fomento de la riqueza nacional, como las murallas, fortalezas
y demás obras de defensa del territorio, y las minas,
mientras que no se otorgue su concesión.
Según podemos apreciar, nuestro Art. 255 es similar al primer inciso
del Art. 339 español, con la excepción de que el primero no hace
CT-2013-0014
15
público, los destinados al uso público, como los caminos,
canales,
ríos,
torrentes
y
otros
análogos‖.
(Énfasis
nuestro). 31 LPRA sec. 1024. Por su parte, nuestro Art.
256 supra, cuyo homólogo es el Art. 344 también del Código
Civil español,15 señala que
[s]on bienes de uso público en Puerto Rico y en
sus pueblos, los caminos estaduales y los
vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas
públicas, los paseos y las obras públicas de
servicio general, costeadas por los mismos
pueblos o con fondos del tesoro de Puerto Rico.
Todos los demás bienes que el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico o los municipios posean,
son
patrimoniales
y
se
regirán
por
las
disposiciones de este título. (Énfasis nuestro).
31 LPRA sec. 1025.
Los
preceptos
españoles
de
los
que
preceden
estos
Arts. 255 y 256 distinguen entre los bienes que son del
dominio
público
de
la
nación
española
de
los
que
pertenecen a las corporaciones locales y provinciales.16
referencia a los puertos y puentes construidos por el Estado y
sustituye los conceptos de riberas y radas. Además, el Art. 255,
supra, omite la segunda parte del Art. 339, supra, que contempla que
también sean de dominio público los bienes que le pertenecen
privativamente al Estado. Esto, pues conforme al ordenamiento
establecido en Puerto Rico desde 1902 por el Código Civil, estos
bienes dejaron de considerarse como de dominio nacional y público, y
se reconocieron como patrimoniales del Estado. Véase, San Gerónimo
Caribe Project v. E.L.A. I, 174 DPR 518, 566 (2008).
15
El estatuto español indica que:
Son bienes de uso público en las provincias y en los
pueblos, los caminos provinciales y los vecinales, las
playas, calles, fuentes y aguas públicas, los paseos y
las obras públicas de servicio general, costeadas por
los mismos pueblos o provincias.
Todos los demás bienes que unos y otras posean, son
patrimoniales y se regirán por las disposiciones de este
Código, salvo lo dispuesto en leyes especiales.
16
Véanse: González García y otros, op. cit., pág. 931; Lacruz Berdejo,
op. cit., págs. 33-34; Gil de la Cuesta, op. cit., págs. 61-62;
L.
Díez-Picazo y Ponce de León, Sistema de Derecho Civil, 6ta ed.,
CT-2013-0014
16
Ahora bien, es importante tener presente que el hecho de
que el Código puertorriqueño haya permanecido con estos
dos
preceptos
no
implica
existan
dos
categorías
público.
El
profesor
que
en
distintas
Michel
nuestra
de
Godreau
bienes
lo
jurisdicción
de
explica
dominio
de
la
siguiente manera:
El artículo 255 del Código Civil de Puerto Rico
expresa que los bienes destinados al uso público
son de dominio público, y el artículo 256
ejemplifica este tipo de bien al enumerar dentro
de esa categoría general a los caminos estatales
y vecinales, las plazas, calles, los paseos y
las
obras
públicas
de
servicio
general,
―costeados por los mismos pueblos o con fondos
del tesoro de Puerto Rico‖.
Podría parecer que el artículo 256 crea una
categoría adicional al hablar de bienes de uso
público, ofreciendo una lista constituida en su
totalidad de bienes construidos o creados con
fondos públicos, a diferencia de los enumerados
en el anterior artículo 255 que incluye cosas
naturales.
Esta
diferenciación
no
está
justificada y de hecho no tiene consecuencia
alguna en términos de las restricciones a la
enajenabilidad
y
transferibilidad
a
los
particulares.
Tanto
los
incluidos
bajo
el
artículo 255 como los enumerados bajo el 256 son
bienes de dominio público, es decir, no son
bienes patrimoniales. No hay diferencia entre
los bienes de dominio público y los de uso
público. Tanto a unos como a otros les aplican
las mismas restricciones y todos tienen las
mismas características de inalienabilidad e
imprescriptibilidad. M. Godreau y J. A. Giusti,
Las Concesiones de la Corona y Propiedad de
Tierra en Puerto Rico, Siglos XVI-XX: un estudio
jurídico, 62 Rev. Jur. U.P.R. 351, 562 (1993).
Madrid, Ed.Tecnos, 1997, V.1, pág. 393; J.M. Manresa y Navarro, Código
Civil Español, Madrid, Ed. Reus S.A., T.3, 1976, págs. 93, 99, 101;
A.M. Borell y Soler, Derecho Civil Español, Barcelona, Ed. Bosh, T.1.,
1955, págs. 293, 298.
CT-2013-0014
17
Esta lista de bienes de dominio público que establece
el Código es ejemplificativa.17 Por lo tanto, existen otros
bienes que se les puede considerar como bienes de dominio
público aunque no estén específicamente enumerados en el
Código. Así sucede con el Art. 274, supra, que dispone lo
siguiente:
Entre las cosas que no son susceptibles de
apropiación están comprendidas aquellas que no
pueden ser propiedad particular por razón de su
objeto, tales como las cosas en común o sean
aquéllas cuyo uso y disfrute pertenece a todos
los hombres.
Hay otras cosas, por el contrario, que aunque
por su naturaleza son susceptibles de propiedad
particular,
pierden
esta
cualidad
como
consecuencia de la aplicación que de ellas se
hace para fines públicos incompatibles con la
propiedad privada, si bien pueden adquirir su
primitiva condición tan pronto cese el fin
público que se les hubiera dado; tales son los
terrenos de las carreteras, calles y plazas
públicas. 31 LPRA sec. 1082.
Nótese que esta disposición no trata de bienes que en
su origen se califican como bienes de dominio público,
sino que tal condición queda supeditada al uso al que
eventualmente destinen. Es decir, el Art. 274, supra, no
crea una categoría de bienes de dominio público como a
manera de ejemplo lo hacen los Arts. 255 y 256, supra,
sino
que
alude
a
que
ciertos
terrenos
podrían
quedar
destinados a uso público si se construyera en ellos un
bien
17
de
dominio
público,
como
por
ejemplo,
una
calle
Véanse: J. Lacruz Berdejo y otros, Elementos de derecho civil, 3ra
ed., Madrid, Ed. Dykinson, 2005, Vol. 3, pág. 34; Albaladejo y otros,
Comentarios al Código Civil, Madrid, Ed. Edersa, Madrid, 1990, T.1,
Vol.1, pág. 90;
A.M. Borrell y Soler, Derecho Civil Español,
Barcelona, Ed. Bosh, 1955, T. I, pág. 293; I. I. Gil de la Cuesta,
Barcelona, Ed. Bosh, T.3, 2000, op. cit. pág. 62.
CT-2013-0014
pública.
18
Si
esto
ocurre,
dichos
terrenos
quedarían
excluidos del régimen de propiedad privada por razón del
bien
público
Figueroa
v.
que
radicaría
Municipio
de
sobre
San
ellos.
Juan,
Véanse,
supra;
e.g.:
Balzac
v.
Registrador, supra. Sobre este Artículo, Vélez Torres nos
explica que equivale a la norma anglosajona que establece
que
los
bienes
susceptibles
de
apropiación
individual
pierden esa característica por ‗incompatibilidad de uso‘.
J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, Madrid, Ed.
Offigraf, 2005, T.II, 2005, pág. 41.
De
manera
que,
conforme
a
lo
que
hemos
discutido
hasta este momento, son bienes de dominio público: los
destinados
al
uso
público,
los
de
uso
público
que
se
mencionan en el Art. 256, supra, y los terrenos que se han
destinado para fines de uso público. Cabe destacar que en
todo caso, lo que define a estos bienes es el uso público
al que se destinan.
Nos aclara Vélez Torres que no es necesario que los
bienes de dominio público sean propiedad del Estado o de
sus dependencias. Vélez Torres, op. cit., págs. 40-41. En
ese sentido, lo que caracteriza a estos bienes no es la
propiedad o pertenencia en sí. De igual manera, el hecho
de que un bien sea de dominio público tampoco depende de
su naturaleza geológica o física.
San Gerónimo Caribe
Project
565-566,
v.
E.L.A.
I,
supra,
págs.
citando
a
Godreau y Giusti, supra, pág. 563. En ambos casos, lo
determinante
es
la
finalidad
del
bien,
es
decir,
la
CT-2013-0014
19
afectación de este al uso público general.18 Íd. Por lo
tanto, un bien afectado o destinado a un fin o interés
público adquirirá la clasificación jurídica de bien de
dominio público. San Gerónimo Caribe Project v. E.L.A. I,
supra,
pág.
564.
Esto,
independientemente
de
a
quién
pertenezca y de su naturaleza. Véase además, Figueroa v.
Municipio, supra. Según señalamos en San Gerónimo Caribe
Project v. E.L.A. I:
[…] la clasificación demanial puede responder
exclusivamente a la propia naturaleza de la
cosa, sin que se requiera ningún acto ulterior
del soberano, como sería el caso de los ríos y
los torrentes, pues su afectación está definida
de modo general en la ley con relación a
determinadas circunstancias físicas o naturales.
31 LPRA sec. 1024. En otros casos, la afectación
responde al acto singular del soberano para
construir o establecer un inmueble para fines
públicos, como por ejemplo, las carreteras
estatales
o
cementerios
municipales.
San
Gerónimo Caribe Project v. E.L.A. I, supra, pág.
565.
En ese mismo caso discutimos las maneras mediante las
cuales
un
bien
puede
quedar
afectado
al
uso
público.
Indicamos que esto puede deducirse de una declaración del
legislador,
Puertos.
Id.
como
Así
sería
el
también,
Código
puede
administrativos19
realizados
autorización
alguna
18
de
ley
por
Civil
ocurrir
el
(como
o
la
mediante
Estado
por
Ley
de
actos
bajo
la
ejemplo,
la
Esto, independientemente de la actividad material y contingente de la
construcción de la cosa. Véase, Díez-Picazo, op. cit., pág. 393.
Véanse también: M. Manresa y Navarro, op. cit., págs. 93, 96-97; Vélez
Torres, op. cit., págs. 40-41.
19
La doctrina española distingue entre la ―afectación administrativa
expresa‖ y la ―afectación administrativa implícita‖. González García
y otros, op. cit., págs. 90-91. En ese sentido, contempla que hay
afectación implícita en supuestos tales como la aprobación de planes
de ordenación urbana. Id., pág. 982. Véase además, Lacruz Berdejo,
op. cit., pág. 37.
CT-2013-0014
20
construcción de una plaza o de un cementerio). Id. Por lo
que
podríamos
advierte
una
constituyen
decir
que
necesidad
la
razón
luego
de
que
el
social,
fija
los
objetivos
para
someter
al
legislador
demanio
que
cierta
categoría de bienes. González García y otros, op. cit.,
pág. 72. Elaboremos un poco sobre este asunto particular.
Según la doctrina, la afectación por acto legislativo
es el único procedimiento para que entren en el dominio
público categorías enteras de bienes como los descritos en
el Art. 339.1 del Código Civil español, análogo al Art.
255 nuestro. González García y otros, op. cit., pág. 89.
La autora Isabel Miralles González explica este tipo de
afectación de la siguiente forma:
La consideración de dominio público de un bien
arranca de una declaración legal. El destino
público de esos bienes se hace para todos
aquellos
que
participen
de
la
misma
20
denominación, llámesele naturaleza
o no, es
decir, para todos aquellos bienes reconocibles
por sus características intrínsecas, razón por
la cual no precisan de un acto específico de
afectación. Basta con que la Ley [...] declare
el carácter de bienes de dominio público a los
de un tipo determinado, para que todos los que
participan de esa misma naturaleza vengan a
integrarse en dicho dominio. (Énfasis y escolio
nuestro).
I.
Miralles
González,
Dominio
público
y
propiedad privada en la nueva ley de costas,
Barcelona, Ed. Cívitas S.A., 1992, pág. 69.
20
Dice esto al analizar el texto del segundo inciso del Art. 122 del
Anteproyecto de la Constitución española, que leía como sigue: ―En
todo caso son bienes de dominio público por su naturaleza la zona
marítimo- terrestre, las playas, el mar territorial, la plataforma
continental y sus recursos naturales‖.
Según explica la autora, la
frase ―por su naturaleza‖, fue suprimida. Véase,
I. Miralles
González, Dominio público y propiedad privada en la nueva ley de
costas, Barcelona, Ed. Cívitas S.A., 1992, págs. 28-30.
CT-2013-0014
21
En Puerto Rico, el Art. 256 del Código Civil es el
precepto que define el carácter demanial de las calles.
Nuestro
ordenamiento
jurídico
no
cuenta
con
una
ley
especial que regule específicamente este tipo de bienes.21
De lo contrario, el Código Civil aplicaría supletoriamente
en cuanto a la materia que hoy nos concierne. Véase, Art.
21
El comentarista Garrido Falla, al discutir la enumeración que
contiene el Art. 344 del Código Civil español, análogo al Art. 256
nuestro, nos indica que:
…si nos limitamos a la lectura del [artículo] 344 del
Código civil, las calles parece que sean bienes de uso
público, por su naturaleza; pero a la misma conclusión
tendríamos que llegar entonces en relación a los caminos.
Y sin embargo, hay que admitir que existen caminos (y
carreteras) privados: aquellos que en todo su recorrido
discurren por terrenos de propiedad privada. Los carteles
de ―camino particular‖ con los que frecuentemente nos
topamos en nuestras excursiones no van, obviamente, contra
la Ley.
Ahora bien, ¿existen calles privadas? Convencionalmente,
podríamos definir la calle como un camino que permite el
acceso a las distintas zonas y edificaciones de una
ciudad. Si se admite esta acepción, es obvio que la calle
debe ser de uso público (y, por tanto, de dominio
público…). (Itálicas en el original, citas omitidas).
Albaladejo y otros, op. cit., pág. 131.
Tras expresar esto, alude a la legislación urbanística de esa
jurisdicción y concluye lo siguiente:
[l]a conclusión que se desprende de los preceptos
examinados parece ser la de que, aunque la obra sea
sufragada por los promotores privados, la calle construida
ha de ser cedida al Ayuntamiento y, por tanto, entra en su
patrimonio (público). Lo que ocurre es que la recepción de
obras por el Ayuntamiento… no siempre se realiza. […] Si
no ha habido, pues, recepción de las obras por parte del
Ayuntamiento, estamos aquí en presencia de las polémicas
„calles privadas‟. (Énfasis nuestro). Íd., pág. 132.
Como vemos, el tratadista recurre a los pronunciamientos del
legislador sobre la regulación urbanística para completar su análisis.
Y es que debe ser de esta manera, pues es claro que el régimen
jurídico de la mayoría de los bienes que se reseñan en el Código Civil
no deriva del ―escueto precepto legal citado, sino de legislaciones
específicas‖.
Albaladejo y otros, op. cit., pág. 90. Esto, ya que
como bien señala la doctrina, la regulación de cada parcela concreta
de dominio público no va a ser fruto únicamente de la ley general
reguladora de la categoría de bienes, sino que se trata de un
entramado de piezas. González García y otros, op. cit., pág. 74-75.
Así, cada bien enumerado como de dominio público debe contener sus
características y regímenes jurídicos propios. Íd., pág. 926.
CT-2013-0014
12
del
22
Código
Civil
de
Puerto
Rico,
31
LPRA
sec.
12.
Véanse además, San Gerónimo v. E.L.A. I, supra; Córdova &
Simonpietri v. Crown American, 112 DPR 797 (1982). Conviene
pues
que
enmarcada
estudiemos
la
en
interpretación
la
controversia
que
que
nos
ocupa
la
norma
jurisprudencial y la doctrina han dado a este precepto del
Código Civil.
iii. Las calles y el Art. 256 del Código Civil
En el pasado, hemos interpretado el referido artículo
en controversias relativas a la Ley de Control de Acceso,
supra.
Véanse,
e.g.,
Asoc.
Ctrl.
Acc.
C.
Maracaibo
v.
Cardona, 144 DPR 1 (1997); Caquías v. Asoc. Res. Mansiones
Río Piedras, 134 DPR 181 (1993).
Específicamente, hemos
dilucidado si las restricciones de acceso que permitía esa
legislación
tuvieron
el
efecto
de
convertir
las
calles
públicas en vías de acceso privado.
Así por ejemplo, en Caquías v. Asoc. Res. Mansiones
Río Piedras, supra, el Municipio de San Juan autorizó el
cierre de unas vías municipales que daban acceso a la
urbanización Mansiones de Río Piedras. Allí aludimos al
Art.
256
del
Código
Civil,
supra,
y
señalamos
que
en
nuestro ordenamiento las calles son bienes de uso público.
Íd., pág. 187. Por otra parte, en Asoc. Ctrl. Acc. C.
Maracaibo
v.
Cardona,
constitucionales
supra,
relacionados
atendimos
al
Art.
unos
VI,
reclamos
Sec.
9
de
nuestra Constitución, que obliga al Estado a utilizar las
CT-2013-0014
23
propiedades y los fondos públicos únicamente para fines
públicos. Indicamos que
[e]n este contexto
las calles son bienes de
dominio y uso públicos independientemente de la
jurisdicción bajo la cual se encuentren, sea
ésta municipal o estatal. Este carácter público
de las calles se desprende de nuestro Código
Civil, Arts. 255 y 256 […]. (Énfasis nuestro,
citas omitidas). Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo
v. Cardona, supra, pág. 29.
Vemos
que
ocupa-
se
cuyas
calles
estos
resolvieron
eran
casos
–contrario
al
en
contexto
de
el
municipales
y
que
hoy
nos
urbanizaciones
estaban
costeadas
con
fondos públicos. Desde luego que ante ello, el concepto
―control de acceso‖ preservaba la naturaleza pública de
las calles.22 Caquias v. Asoc. Res. Mansiones Río Piedras,
supra,
pág.
186.
Ahora
bien,
nótese
que
lo
antes
reseñado demuestra que siempre hemos interpretado el Art.
256
del
Código
sugiriendo
que
las
calles
que
allí
se
mencionan son costeadas con fondos públicos. Así también
lo expresó el entonces Juez Asociado Señor Negrón García
en su opinión concurrente y disidente en Asoc. Ctrl. Acc.
C. Maracaibo v. Cardona, supra. En la misma, mencionó que
el Art. 256 del Código Civil, supra, ―describe las calles
como
bienes
de
uso
público
en
Puerto
Rico
y
en
sus
pueblos, costeadas por los mismos pueblos o con fondos del
Tesoro de Puerto Rico‖, Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v.
22
Ante ello, reiteramos que la Ley de Control de Acceso no tuvo el
efecto de privatizar esas calles públicas ya que eso no surge de esa
legislación. Nótese que la Ley de Control de Acceso permitió a los
municipios conceder permisos para el control del tráfico de vehículos
de motor y del uso público de las vías públicas. 23 LPRA sec. 64. Por
lo tanto, no existe controversia en cuanto a que las calles públicas
costeadas por el Estado son de dominio público y que la Ley de Control
de Acceso no alteró ni altera esa situación jurídica.
CT-2013-0014
24
Cardona, (Negrón García, J., Op. Concurrente y Disidente),
supra, pág. 66. También añadió lo siguiente:
La Asamblea Legislativa tiene la potestad de
enmendar el Código Civil y otras leyes para
traspasar las calles residenciales a bienes de
uso privado. Claro está, una vez dejen de ser
bienes de uso público, su mantenimiento no podrá
ser con fondos públicos municipales o estatales.
Conllevaría el que con el traspaso de las calles
se traspase el costo de mantenimiento de éstas,
incluyendo el alumbrado, las reparaciones y la
responsabilidad civil sobre éstos. El efecto
sería que las calles se convirtieran en bienes
de uso común limitado de las urbanizaciones con
todas las responsabilidades, obligaciones y
problemas que esto conlleva. (Citas omitidas).
Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v. Cardona,
(Negrón
García,
J.,
Op.
Concurrente
y
Disidente), supra, pág. 66.
Pasemos
entonces
a
describir
como
la
doctrina
ha
interpretado este Artículo.
Según acotamos, el profesor Godreau señala que el Art.
256, supra, contiene una lista
[…] constituida en su totalidad de bienes
construidos o creados con fondos públicos, a
diferencia de los enumerados en el [Art. 255]
que incluye cosas naturales. Godreau y Giusti,
supra, pág. 562. (Énfasis nuestro).
Si bien el propósito del autor en su comentario es
distinguir entre bienes propios de la naturaleza de otros
que no lo son, hacemos énfasis en que alude a que esos
bienes que se mencionan en el Art. 256, supra, son bienes
construidos o creados con fondos públicos. En ese mismo
sentido,
al
interpretar
el
Art.
344
del
español,
que
es
al
Art.
256
nuestro,
análogo
Código
Civil
Borrell
señala que:
Entre los [bienes] destinados por las provincias
y pueblos al uso público, el art. 344 menciona
CT-2013-0014
25
‗los caminos provinciales y vecinales, las
plazas, calles, fuentes y aguas públicas, los
paseos y las obras públicas de servicio general,
costeadas por los mismos pueblos o provincias‘
[…]
De modo que las fincas destinadas a oficinas,
hospitales, escuelas, museos, etc., etc., de las
provincias y de los municipios, o bien son
bienes privados de dichas corporaciones, o bien
están fuera del Código civil, y aun los bienes
de uso público que enumera han de ser costeados
por los mismos pueblos o provincias porque añade
este requisito injustificado. (Bastardillas en
el original, énfasis suplido). Borrell y Soler,
op. cit., págs. 298-299.
Independientemente de que lo considera un ―requisito
injustificado‖ –asunto que no está en discusión en este
caso-
el
enumeran
tratadista
en
esa
interpreta
disposición
que
son
los
bienes
costeados
por
que
el
se
ente
público. Por otro lado, Garrido Falla nos dice que el Art.
344
del
Código
esencialmente
Civil
idéntico
español
al
del
contiene
Reglamento
un
de
lenguaje
Bienes
de
España de 1986, que establecía en su Art. 3.1 que:
[…] son bienes de uso público local los
caminos, plazas, calles, paseos, parques,
aguas de fuentes y estanques, puentes y demás
obras
públicas
de
aprovechamiento
o
utilización generales cuya conservación y
policía sean de la competencia de la entidad
local. F. Garrido Falla en M. Albaladejo y
otros, Comentarios al Código Civil, Madrid,
Ed. Edersa, 1990, T. V, Vol. I, pág. 130.
Mencionamos el comentario del tratadista ya que al
hacerlo, señala que la expresión ―y demás obras públicas‖
no deja de ser un acierto del legislador, porque ―aclara
que aquellos paseos, caminos o parques que no sean ellos
mismos “obras públicas”, no forman parte del dominio ni
CT-2013-0014
26
del demanio de las entidades locales”. (Énfasis nuestro).
Íd.
Así también, el tratadista español Escribano Collado,
al analizar el concepto de las vías públicas urbanas como
bienes de dominio público nos menciona que la demanialidad
sólo es posible para ―aquellas vías urbanas a las que se
denominan
públicas:
administrativa
aquellas
(municipal)
que
han
siendo
de
titularidad
sufrido
un
proceso
de
afectación al uso público‖. Escribano Collado, op. cit.,
págs. 115-116. En otras palabras, vías que están bajo el
control de alguna autoridad gubernamental.
Luego
de
analizar
la
norma
jurisprudencial
y
la
doctrina que precede, vemos que si bien el Art. 256, del
Código Civil de Puerto Rico, supra, indica que las calles
y
los
caminos
vecinales
son
de
dominio
público,
una
interpretación lógica de ese precepto nos lleva a concluir
que ello se menciona en el contexto de que estos sean
mantenidos o costeados por el Estado. Como ya mencionamos,
el Art. 256 de Código Civil,
bienes
de
uso
público
―los
supra, establece que son
caminos
y
…
[las]
calles
…costeadas por los mismos pueblos o con fondos del tesoro
de
Puerto
Rico‖.
De
manera
que,
podemos
decir
que
en
Puerto Rico todas las calles residenciales que participan
de
este
―tipo
determinado‖
dominio
público
y
privado.
Por
lo
por
establecido
ende,
tanto,
no
por
pueden
resolvemos
ser
que
ley
son
de
patrimonio
las
calles
residenciales que queden fuera de lo establecido en el
CT-2013-0014
Art. 256
27
no se considerarán
como
tales,
conforme a la
interpretación de este artículo.
IV
En
concibe
resumen,
actualmente
que
las
calles
pública
o
titularidad
de
el
ordenamiento
residenciales
titularidad
jurídico
puedan
ser
de
privada.
Según
se
deduce del lenguaje del Art. 256 del Código Civil, supra,
y de la doctrina que lo interpreta, las calles que forman
parte de la categoría de bienes de dominio público son las
costeadas y mantenidas por los mismos pueblos y que están
destinadas al uso público.
El andamiaje jurídico vigente
no requiere que todas las vías residenciales se traspasen
a título de los municipios con fin de destinarlas al uso
público.23 Al ser así, las calles que no se transfieran a
un ente gubernamental quedarán fuera del régimen del Art.
256 del Código Civil, supra, no por el hecho de sobre
quien recaiga su titularidad, sino porque no pertenece al
tipo
determinado
de
calles
que
allí
se
enumera.
Claro
está, sabemos que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico
tiene amplia facultad para determinar lo que constituye un
fin público. Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v. Cardona,
supra, pág. 28;
(1988).
Así
P.I.P. v. C.E.E., 120 DPR 580, 608-609
también,
hemos
reiterado
que
la
actividad
urbanística está sujeta a las regulaciones que tenga a
bien imponer el Estado ya que el derecho a urbanizar no es
23
Véase por ejemplo, la reglamentación adoptada al amparo de la Ley
para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 1612009.
CT-2013-0014
28
absoluto y puede condicionarse. Véanse: Arenas Procesadas
v. E.L.A., 132 DPR 593 (1993); Vázquez v. A.R.Pe. 128 DPR
513 (1991); The Richards Group v. Junta de Planificación,
108 DPR 23 (1978).
Por consiguiente, luego de analizar la legislación
especial aplicable y los preceptos de nuestro Código Civil
en unión a la norma jurisprudencial y doctrina que los
interpretan,
resolvemos
que
el
ordenamiento
jurídico
puertorriqueño vigente contempla la existencia de calles
residenciales privadas, según los fundamentos expuestos en
esta opinión.
Se dictará sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Watchtower Bible and Tract
Society of New York, Inc., et
al.
Certificación
Recurridos
CT-2013-0014
v.
Municipio de Dorado, et al.;
United States District Court for
the District of Puerto Rico
Peticionarios
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 2014.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, contestamos la pregunta certificada en la
afirmativa. Resolvemos que el ordenamiento jurídico
puertorriqueño vigente contempla la existencia de
calles residenciales privadas, según los fundamentos
expuestos en esta opinión.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez
Asociada señora Rodríguez Rodríguez y los Jueces
Asociados señores Martínez Torres y Estrella Martínez
disienten con opinión escrita. La Jueza Asociada
señora Oronoz Rodríguez está inhibida.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Watchtower Bible and Tract
Society of New York, Inc.,
et al.
Recurridos
v.
CT-2013-0014
Certificación
Municipio de Dorado, et
al.;
United
States
District
Court
for
the
District of Puerto Rico
Peticionarios
Opinión Disidente emitida
Rodríguez Rodríguez
por
la
Juez
Asociada
señora
San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 2014.
―De repente se detuvo; una
interrogación
enteramente
inesperada
y
extraordinariamente
sencilla
hubo de herirle la mente,
dejándolo estupefacto.‖24
Disiento enérgicamente de la opinión que hoy emite
una mayoría de este Tribunal por entender que, mediante
ésta,
utiliza
el
interjurisdiccional
para
que
se
evidencia
incurrió
este
mecanismo
emitir
una
de
opinión
palmariamente
el
Tribunal
expedir
al
certificación
desatino
el
consultiva
en
el
que
recurso
de
certificación en primer lugar.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para
el
Distrito
de
Puerto
Rico
acude
ante
este
Tribunal
mediante el mecanismo de certificación y nos formula la
siguiente pregunta: ―¿Existen calles privadas en Puerto
Rico?‖.
24
Esto
es,
el
foro
federal
nos
solicita
que
Fiódor M. Dostoievski, Crimen y castigo 141 (Rafael
Cansinos Assens, trad.)(2006).
CT-2013-0014
2
examinemos si las leyes vigentes y la Constitución de
Puerto
Rico
permiten
la
residenciales
privadas.
Por
existencia
entender
que
de
calles
la
pregunta
adolece de una vaguedad que imposibilita circunscribirla
a la controversia planteada ante el foro federal, estimo
que el análisis de la Opinión Mayoritaria es superfluo e
inconsecuente
para
el
pleito
que
allí
se
dilucida.
Asimismo, considero que la pregunta formulada no cumple
con
el
requisito
insoslayable
que
exige
nuestro
ordenamiento procesal civil; a saber, que la interrogante
sea
de
tal
naturaleza
que
determine
el
resultado
del
pleito en el foro desde el cual se certifica.
De otra parte, me resulta imposible coincidir en los
méritos con el análisis que hace una mayoría de este
Tribunal para revocar un precedente de gran arraigo en
nuestra
jurisprudencia.
Acoger
la
lectura
errada
del
Código Civil que esgrime la mayoría conlleva prescindir
de
una
evaluación
decisión
que
concienzuda
emite,
al
de
poner
los
efectos
en
manos
de
de
la
los
desarrolladores el futuro de la planificación urbana en
nuestro País.25
Examinemos concisamente los hechos del caso, según
éstos
surgen
de
la
solicitud
Tribunal
de
Distrito
de
los
Distrito
de
Puerto
Rico
y
de
certificación
Estados
los
del
Unidos
para
el
documentos
que
la
acompañan.
I
25
A esos efectos, coincidiría con el análisis en los
méritos esbozado por el Juez Asociado Estrella Martínez
en su Opinión Disidente.
CT-2013-0014
El
18
3
de
mayo
de
2004,
Watchtower
Bible
Tract
Society of New York y la Congregación Cristiana de los
Testigos de Jehová de Puerto Rico, Inc. (Watchtower o los
demandantes) presentaron una demanda en el Tribunal de
Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto
Rico en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
varios municipios, sus oficiales municipales y algunas
urbanizaciones
del
País.
En
esencia,
los
demandantes
solicitaron una sentencia declaratoria en relación a la
constitucionalidad de la Ley de Control de Acceso, Ley
Núm.
21
de
20
de
mayo
de
1987,
según
enmendada,
23
L.P.R.A. sec. 64, et seq. Alegaron que el sistema de
control
de
acceso
obstaculizaba
el
ejercicio
de
sus
derechos de libertad de expresión y libertad de culto,
por lo que la Ley era inconstitucional, de su faz y en su
aplicación.
Luego de que el Tribunal de Distrito decretara la
constitucionalidad de la Ley, la Corte de Apelaciones de
los Estados Unidos para el Primer Circuito determinó que,
si
bien
la
Ley
de
Control
de
Acceso
no
era
inconstitucional de su faz, sí lo era en su aplicación. A
esos efectos, devolvió el caso al Tribunal de Distrito
para
que
se
le
ordenara
a
los
municipios
y
a
sus
oficiales a garantizar acceso a los Testigos de Jehová a
las calles públicas en urbanizaciones cerradas y a idear
planes de acción para que éstos pudiesen acceder aquellas
urbanizaciones que no contaban con guardias de seguridad
y exigían el uso de un código automatizado para lograr
acceso.
Consecuentemente,
el
Tribunal
de
Distrito,
mediante el recurso de certificación interjurisdiccional,
CT-2013-0014
4
pidió a este Foro que examinara la constitucionalidad de
las urbanizaciones con acceso controlado automatizado. En
aquel momento, acertadamente denegamos la certificación
por entender que la Ley de Control de Acceso expresamente
contemplaba la implementación de mecanismos de control de
acceso
automatizados.
Concluimos,
además,
que
la
respuesta a la pregunta que se nos certificaba no sería
un factor determinante en el resultado del pleito. Esto,
tomando
en
consideración
el
dictamen
de
la
Corte
de
Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito
y sus pronunciamientos en torno a la constitucionalidad
del control de acceso automatizado.
Posteriormente, el Tribunal de Distrito requirió que
los
municipios
garantizar
el
urbanizaciones
presentaran
planes
acceso
los
demandantes
a
con
control
acceso
que
de
operaban
de
acción
de
para
las
automatizado. El Municipio de Dorado, sin embargo, alegó
que una de las urbanizaciones dentro de su demarcación
territorial estaba exenta de garantizar el acceso a los
demandantes pues sus calles no eran propiedad del Estado,
sino de la Asociación de Residentes, por lo que estaban
completamente
cerradas
al
acceso
del
público.
La
urbanización en cuestión, Brighton Country Club (BCC), es
un conjunto de residencias que opera con un sistema de
control de acceso automatizado.
Concebida originalmente como propiedad privada, la
parcela
de
BCC
residenciales.
fue
segregada
Asimismo,
se
y
desarrollada
construyeron
en
lotes
calles
que
conectaban los distintos lotes con las áreas de uso común
entre
los
residentes
y
que
garantizaban
el
acceso
de
CT-2013-0014
5
éstos a las vías públicas. El Municipio de Dorado aprobó
el proyecto de urbanización bajo la condición de que las
calles de la urbanización se mantuvieran como propiedad
privada y la asociación de residentes se encargara de su
mantenimiento.26
Durante
la
etapa
de
construcción,
BCC
solicitó un permiso para construir un portón a la entrada
de la comunidad residencial conforme a las disposiciones
de la Ley de Control de Acceso. El permiso fue concedido
por el Municipio y, luego de la segregación de las calles
26
Específicamente, el Municipio de Dorado endosó el
proyecto el 23 de julio de 2007. En aquel momento, el
artículo
9.10
del
Reglamento
de
Lotificación
y
Urbanización, Reglamento Núm. 6992 de 30 de junio de
2005, disponía que las nuevas vías o vías existentes que
requiriesen ser prolongadas, ampliadas o realineadas
debían ser dedicadas al uso público para garantizar
acceso a las vías públicas. Además, disponía que dichas
áreas serían transferidas al municipio o agencia estatal
a
la
que
correspondiese
su
administración
y
mantenimiento.
Por
su
parte,
el
artículo
3.05
expresamente preceptuaba que no se expedirían permisos
para la lotificación de solares sin que éstos tuviesen
una vía pública que sirviese de entrada y salida al solar
urbanizado. El artículo 7.02 del mismo Reglamento, en lo
referente a las urbanizaciones residenciales, disponía
que todo nuevo solar a ser formado para estos propósitos
debía tener acceso a través de una calle pública
debidamente inscrita. Asimismo, y como abordaremos más
adelante, la Ley Hipotecaria exige el traspaso de las
calles segregadas a nombre del Municipio para su
inscripción. Nos resulta problemático, por tanto, que la
mayoría aluda ―al andamiaje jurídico vigente‖ para
afirmar que éste ―no requiere que todas las vías
residenciales se traspasen a título de los municipios con
fin de destinarlas a uso público‖. Opinión Mayoritaria,
en la pág. 27. Más problemático resulta el hecho de que,
justo después se afirma que, el hecho de no transferir
esas calles a la autoridad municipal tendrá el efecto de
que éstas ―quedarán fuera del régimen del artículo 256
del Código Civil‖. Id. No obstante, el fundamento
principal de su determinación parece ser que solo
aquellas obras costeadas con fondos públicos están dentro
del
alcance
del
artículo
256.
Conforme
a
estas
expresiones, no parece descabellado colegir que, el
requisito
de
financiamiento
público
no
es
lo
determinante, sino la decisión de un desarrollador y un
Municipio de incumplir con las leyes y reglamentos
aplicables, transfiriendo las calles a nombre de la
Asociación de Residentes.
CT-2013-0014
6
y las áreas comunes, los desarrolladores transfirieron la
titularidad de éstas a la Asociación de Residentes. La
escritura de segregación identifica cuatro vías dentro de
la urbanización, las cuales se describen como propiedad
privada. Por tal razón, el Municipio de Dorado arguye que
BCC
está
exenta
de
cumplir
con
las
órdenes
del
foro
federal que exigen garantizar acceso a los demandantes a
las urbanizaciones con control automatizado. Alega que
las órdenes del foro federal se limitan a urbanizaciones
en
donde
las
calles
sean
de
carácter
público
y
no
privado.
Es
acude
en
este
contexto
fáctico
que
el
foro
ante
nos
mediante
el
federal
vehículo
de
certificación
interjurisdiccional, el cual fue expedido por una mayoría
de este Tribunal mediante Resolución del 17 de julio de
2013.
II
La
certificación
interjurisdiccional
es
un
instrumento procesal mediante el cual un tribunal federal
somete al foro de mayor jerarquía de un estado o del
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico
una
o
varias
preguntas que conciernen asuntos regulados por el derecho
estatal. Su propósito primordial es garantizar que los
foros
asuntos
estatales
que
sean
conciernen
los
intérpretes
el
derecho
definitivos
estatal
y
para
de
los
cuales no hay un precedente claro que permita al foro
federal
adjudicar
la
controversia
ante
manera,
se
que
los
federales
evita
foros
sí.
De
esta
especulen
respecto a cómo un tribunal estatal resolvería cuestiones
CT-2013-0014
novedosas
Además,
7
que
la
surgen
al
certificación
amparo
del
derecho
estatal.
interjurisdiccional
atiende
consideraciones relacionadas a la economía procesal, la
indeseabilidad de la bifurcación de pleitos, la prudencia
judicial y la deferencia, el respeto y la cortesía en un
sistema
en
el
que
coexisten
dos
poderes
judiciales
soberanos.27
En
esencia,
la
certificación
interjurisdiccional
intenta mitigar la tensión que genera la imposibilidad de
que, en pleitos presentados a nivel federal,
estatales
puedan
decidir
concluyentemente
las cortes
controversias
al amparo del derecho estatal. Véase Jonathan Remy Nash,
Examining
27
the
Power
of
Federal
Courts
to
Certify
Ante
todo,
el
mecanismo
de
certificación
interjurisdiccional supone un intento de equilibrar el
poder judicial de las cortes estatales con aquel de las
cortes federales. Además, este mecanismo de carácter
excepcional responde a nociones de deferencia entre
sistemas
judiciales
soberanos,
las
cuales
son
indispensables para el pleno y eficiente funcionamiento
del sistema federal norteamericano. De ordinario, un foro
federal podrá resolver controversias que surjan al palio
del derecho estatal sin que sus dictámenes estén sujetos
a la revisión judicial por parte del más alto foro del
estado del que se trate. De otra parte, los dictámenes de
los foros estatales que versen sobre derecho federal sí
están sujetos a la revisión judicial por parte del
Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En consideración
de lo anterior, es plausible colegir que el mecanismo
procesal
de
certificación
interjurisdiccional
busca
promover cierta simetría en el ejercicio del poder
judicial por parte de los estados y el gobierno federal.
Esto es, este mecanismo le provee a los foros estatales
de mayor jerarquía la oportunidad de que sean ellos, y no
los foros federales, quienes diluciden controversias
novedosas o pauten normas de derecho al amparo del
derecho estatal. Sin embargo, para que dicha oportunidad
sea aprovechada adecuadamente, y tomando en consideración
el carácter vinculante de su determinación para los foros
estatales,
es
indispensable
que
la
pregunta
que
certifique el foro federal esté lo suficientemente
delimitada, con tal de evitar la posibilidad de que el
foro federal le imponga indebidamente al foro estatal
adoptar una norma inoportunamente y abstraída de una
controversia real.
CT-2013-0014
8
Questions of State Law, 88 Cornell L. Rev. 1672 (2003).
De esta manera, no se menoscaba la función prístina de
las
cortes
estatales
y
del
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto Rico de interpretar y formular el derecho de su
propia jurisdicción. Pan Ame. Corp. V. Data Gen. Corp,
112
D.P.R.
780,
785
(1982).
Igualmente,
mediante
el
mecanismo de certificación interjurisdiccional, los foros
federales
evitan
adentrarse
a
evaluar
planteamientos
constitucionales inoportunamente cuando la interpretación
del derecho estatal puede disponer de la controversia.
Véase Brian Mattis, Certification of Questions of State
Law: An Impractical Tool in the Hands of the Federal
Courts, 23 U. Miami L. Rev. 717, 728 (1969).
En
nuestro
certificación
ordenamiento
jurídico,
interjurisdiccional
se
como
reconoce
un
la
vehículo
procesal adecuado para que un foro federal pueda someter
ante
la
consideración
de
este
Tribunal,
para
una
contestación definitiva, preguntas que atiendan aspectos
ambiguos
o
novedosos
del
derecho
puertorriqueño
cuya
resolución podría determinar el resultado de un pleito
ante su consideración. Santana v. Gobernadora, 165 D.P.R.
28, 42 (2005). Este mecanismo está expresamente regulado
por
la
Regla
25
del
Reglamento
de
este
Tribunal, 4
L.P.R.A. Ap. XXI-A, y el Art. 3002f de la Ley de la
Judicatura de 2003, Ley Núm. 21 de 22 de Agosto de 2003
(―Ley de la Judicatura de 2003‖), 4 L.P.R.A. sec. 24s(f).
Al interpretar estas disposiciones, este Tribunal ha
manifestado en repetidas ocasiones que, para que proceda
una certificación interjurisdiccional, es imperativo que
la solicitud por parte del foro federal cumpla con los
CT-2013-0014
siguientes
deben
9
requisitos:
involucrar
(1)
las
preguntas
cuestiones
de
derecho
certificadas
puertorriqueño;
(2) dichas cuestiones puedan determinar o determinen el
resultado del caso; (3) no existan precedentes claros en
la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y
(4) se haga una relación de todos los hechos relevantes a
dichas
interrogantes
naturaleza
de
la
que
demuestre
controversia
de
la
claramente
cual
surgen
la
las
preguntas. Pan Ame. Corp., 112 D.P.R. en la pág. 788.
Así, vemos que nuestro ordenamiento exige, no solo
que la pregunta sea dispositiva o pueda tener un efecto
determinante
sino
que
hechos
en el caso presentado ante el foro federal,
además
que
esté
impida
circunscrita
una
a
una
situación
contestación
de
indebidamente
abarcadora y que, a su vez, tenga un efecto vinculante en
nuestra jurisdicción. Este requisito responde al hecho de
que
las
contestaciones
a
las
preguntas
que
nos
son
certificadas ―obligan en cualquier procedimiento judicial
ulterior entre ambas jurisdicciones, bajo la doctrina de
cosa juzgada‖. Guzmán v. Calderón, 164 D.P.R. 220, 227
(2005).
A esos efectos, reiteradamente hemos afirmado
que las certificaciones interjurisdiccionales no pueden
engendrar
contestaciones
en
abstracto
al
separar
las
cuestiones certificadas de los hechos del caso pues esto
puede inducir al Tribunal a emitir opiniones consultivas.
Pan Ame. Corp., 112 D.P.R. en la pág. 785. Véase, además
E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958).
Por tanto, es forzoso concluir que, en atención a la
discreción
que
ostentamos
como
el
más
alto
foro
en
nuestra jurisdicción, al momento de expedir un recurso de
CT-2013-0014
10
certificación interjurisdiccional debemos evaluar que la
pregunta que se nos certifica cumpla cabalmente con los
requisitos
judicial
que
en
guían
este
el
ejercicio
ámbito.
En
de
el
nuestra
ejercicio
función
de
esta
discreción, este Tribunal no puede eludir el principio
fundamental
en
el
que
propósito
de
la
se
asienta
función
el
sentido
judicial
de
el
resolver
controversias
concretas,
reales
y
efectivas
litigantes
reclamen
intereses
o
derechos
que
y
entre
adversos
ante un tribunal y para los cuales el dictamen tenga
consecuencias concretas. Véase Pan Ame. Corp., 112 D.P.R.
en las págs. 785-786.
Véase, además J.A. Cuevas Segarra,
Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo IV 1540 (2da ed.
2011).
III
Examinada
la
certificación
ordenamiento,
naturaleza
del
interjurisdiccional
así
jurisprudenciales
como
los
que
deben
en
criterios
guiar
mecanismo
nuestro
reglamentarios
nuestra
de
y
discreción,
resulta evidente que su expedición en el caso que nos
ocupa representa un desacierto más de una mayoría de este
Tribunal
al
momento
de
atender
recursos
de
carácter
excepcional. Veamos.
A
Como discutimos, la controversia puntual planteada
ante el foro federal requiere evaluar si, para efectos
del
ejercicio
consagrados
en
de
la
los
derechos
constitucionales
Primera
Enmienda,
una
urbanización
residencial que alega que sus calles son privadas, está
CT-2013-0014
exenta
de
11
permitir
que
los
demandantes
accedan
las
mismas. En aras de resolver esta controversia, el foro
federal
entiende
que
es
preciso
determinar
si
nuestro
ordenamiento jurídico contempla la existencia de calles
privadas.
sostiene
Específicamente,
que
―la
el
disposición
Tribunal
de
este
de
Distrito
asunto
resolverá
todos los procedimientos ulteriores que penden ante [esa]
corte‖. Véase Opinión, Orden y Certificación al Tribunal
Supremo de Puerto Rico, en la pág. 1. Por entender que
esta
conclusión
puede
inducir
a
error
y
acarrea
una
inferencia en relación a cuál sería la respuesta de este
Foro
a
la
pregunta
certificada,
discrepamos
de
la
apreciación que hace el foro federal de la controversia
ante sí, así como de la disposición de este Tribunal de
contestar la pregunta que le fue certificada.
Indudablemente, una respuesta en la negativa a la
pregunta
certificada
efectivamente
controversia
planteada
Curiosamente,
y
según
contenida
el
acápite
en
ante
se
el
desprende
III
de
la
dispondría
foro
de
la
Opinión,
de
la
federal.
discusión
Orden
y
Certificación al Tribunal Supremo de Puerto Rico, el foro
federal parece entender que existen precedentes claros y
contundentes en nuestra jurisdicción que inequívocamente
reafirman la naturaleza pública de las calles en Puerto
Rico.28 Igualmente reconoce que, según este Tribunal ha
interpretado las disposiciones contenidas en el artículo
256 del Código Civil, las calles en Puerto Rico deben
estar abiertas al uso público. Por otro lado, la Opinión
28
Otro tanto reconoce la mayoría al afirmar que ―la
realidad es que no se trata de un asunto novedoso‖.
Opinión Mayoritaria, en la pág. 9.
CT-2013-0014
12
Mayoritaria no escatima en afirmar que ―[e]n Puerto Rico,
el Art. 256 del Código Civil es el precepto que define el
carácter demanial de las calles‖. Opinión Mayoritaria, en
la pág. 20. Es difícil concebir, entonces, por qué el
foro
federal
estimó
que
era
necesario
que
nos
expresáramos respecto a la existencia de calles privadas
en
nuestro
desprende
País
que
cuando
de
su
categóricamente
propia
hemos
discusión
se
establecido
lo
contrario.29 Más difícil resulta comprender, la acogida
entusiasta
por
parte
de
este
Tribunal
al
recurso
este
Tribunal
presentado.
La
contestación
que
la
mayoría
de
ofrece al Tribunal de Distrito durante el día de hoy, en
extrema
síntesis,
es
que
las
leyes
de
Puerto
Rico
permiten la existencia de calles residenciales privadas.
Específicamente,
mediante
una
lectura
textualista
del
artículo 256 del Código Civil, Cód. Civ. P.R. Art. 256,
31 L.P.R.A. sec. 1025, la mayoría concluye que, una calle
costeada con fondos privados, está fuera del alcance de
esa disposición, y, por tanto, no constituye un bien de
uso
público.
La
opinión,
sin
embargo,
no
entra
a
considerar la naturaleza de las calles como bienes de uso
29
Específicamente, el Tribunal de Distrito reconoce que:
―[T]he Court has indicated on a number of occasions that
the Puerto Rico Civil Code mandates that all roads
maintain their public nature.‖ Opinion, Order, and
Certification to the Puerto Rico Supreme Court, en la
pág. 4. Es inevitable, entonces, indagar respecto a las
verdaderas motivaciones detrás de la certificación que
hoy atendemos. Así, resulta interesante la posible
equiparación
que
intima
la
Opinión
entre
las
urbanizaciones con control de acceso electrónico y las
comunidades privadas que proliferan en los Estados Unidos
y que son parte del desarrollo urbano, cultural y social
de esa nación. Véase id. pág. 5.
CT-2013-0014
13
público ni la función de éstas en la planificación y
zonificación de nuestros espacios urbanos.
Es inconcebible pensar que la respuesta que ofrece
una mayoría del Tribunal, sin más, efectivamente dispone
de la controversia planteada ante el foro federal o tiene
un efecto sustancial en la determinación que en su día
emitirá ese foro. A todas luces, el efecto trascendental
de esta respuesta estriba en la adopción de un precedente
sumamente
peligroso
en
nuestra
jurisdicción
y
una
desviación manifiesta de lo que por décadas ha sido la
norma en nuestro ordenamiento.30
En vista de lo anterior, es inevitable deducir que
no estábamos ante un asunto para el cual no existieran
precedentes claros en nuestra jurisdicción. Además, es
preciso
señalar
certificada
y
imposibilitan
Tribunal
que
las
que
considere
dispositiva
de
la
la
formulación
implicaciones
sensatamente
que
la
de
una
misma
controversia
de
la
tal
formulación
mayoría
es,
o
planteada
pregunta
de
este
podría
ser,
ante
el
foro
federal.
B
Por otro lado, y en relación al efecto de nuestro
dictamen en los procedimientos que se ventilan ante el
30
Para un recuento jurisprudencial en torno a la
naturaleza pública de las calles en Puerto Rico, véase
Asoc. Control de Acceso Maracaibo v. Cardona, 144 D.P.R.
1 (1997);
Caquías v. Asoc. Res. Mansiones Río Piedras,
134 D.P.R. 181 (1993); Pacheco Fraticcelli v. Cintrón
Antosanti, 122 D.P.R. 229 (1988); Rupert Armstrong v.
ELA, 97 D.P.R. 588, 616-618 (1969); Gobierno de la
Capital v. Consejo Ejecutivo, 63 D.P.R. 434, 458 (1944);
El Municipio de Vega Baja v. Smith, 27 D.P.R. 632 (1919);
Saldaña v. Concejo Municipal de San Juan, 15 D.P.R. 37,
51 (1909). Cabría preguntarse si estos casos quedan
revocados con la decisión que hoy emite el Tribunal.
CT-2013-0014
14
Tribunal de Distrito, la mayoría concede que no se está
pasando juicio sobre las controversias constitucionales
planteadas por las partes.31 Ese reconocimiento implica
que la mayoría reconoce que la respuesta que ofrece no es
31
Incluso, la mayoría reconoce que cuando la American
Civil Liberties Union solicitó comparecer como amicus
curiae, denegaron su petición, determinando que su
comparecencia ―estaría dirigida a ilustrar a este
Tribunal en temas relacionados a derecho constitucional
(sic), los cuales quedaban fuera del alcance de la
pregunta certificada‖. Opinión Mayoritaria, en la pág. 5,
n. 6. Asimismo, la mayoría reitera este planteamiento
cuando expresa que: ―Recalcamos que no es nuestra función
pasar juicio sobre las controversias constitucionales
planteadas‖, Id., aludiendo específicamente al ―balance
que en su día hará el foro federal entre el derecho a la
libertad de expresión y el derecho de propiedad‖. Id.
pág. 9.
En cuanto a este balance, es importante destacar que
el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha expresado
que:
―For over 50 years, the Court has invalidated
restrictions on door-to-door canvassing and
pamphleteering. It is more than historical
accident that most of these cases involved
First Amendment challenges brought by Jehovah's
Witnesses, because door-to-door canvassing is
mandated by their religion. As we noted in
Murdock v. Pennsylvania, 319 U.S. 105, 108, 63
S.Ct. 870 (1943), the Jehovah's Witnesses
―claim to follow the example of Paul, teaching
‗publicly, and from house to house.‘ Acts 20:20
. . . In doing so they believe that they are
obeying
a
commandment
of
God.‖
Moreover,
because
they
lack
significant
financial
resources, the ability of the Witnesses to
proselytize
is
seriously
diminished
by
regulations
that
burden
their
efforts
to
canvass door-to-door.‖
Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. v.
Village of Stratton, 536 U.S. 150, 160-61 (2002).
Para un recuento jurisprudencial respecto a la
invalidación por parte del Tribunal Supremo de los
Estados Unidos de reglamentación estatal que impone
restricciones al ejercicio de los derechos consagrados en
la Primera Enmienda, véase Hynes v. Mayor and Council of
Oradell, 425 U.S. 610, 96 (1976); Martin v. City of
Struthers, 319 U.S. 141 (1943); Murdock v. Pennsylvania,
319 U.S. 105 (1943); Jamison v. Texas, 318 U.S. 413
(1943); Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296 (1940);
Schneider v. State (Town of Irvington), 308 U.S. 147
(1939); Lovell v. City of Griffin, 303 U.S. 444 (1938).
CT-2013-0014
dispositiva
15
de
la
controversia
en
cuestión,
ni
será
determinante en la resolución de ésta. A esos efectos, la
mayoría
parece
ser
consciente
del
hecho
de
que,
independientemente de la respuesta a la pregunta que se
nos certifica, el foro federal, atendiendo los reclamos
constitucionales de las partes, podría resolver que los
derechos
constitucionales
Enmienda
tienen
consagrados
preeminencia
sobre
en
la
Primera
el
derecho
de
propiedad de la Asociación de Residentes, lo que haría de
nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos
un esfuerzo fútil.32
De otra parte, el foro federal podría determinar que
la
delegación
del
municipio
de
las
funciones
de
mantenimiento y alumbrado de las calles de un complejo
residencial
acción
de
a
su
estado,
asociación
por
lo
que
de
residentes
BCC
no
puede
constituye
negarse
a
permitir el ejercicio del derecho a la libertad de culto
de los demandantes, independientemente de su naturaleza
32
En Marsh v. Alabama, 326 U.S. 501 (1946), el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos resolvió que en un pueblo
operado enteramente por una compañía privada, la cual era
dueña de sus calles, edificios, negocios comerciales y
aceras, la primera enmienda tenía preeminencia sobre el
derecho propietario de la compañía. El Tribunal Supremo
razonó que el pueblo en cuestión, a pesar de ser
propiedad privada, era el equivalente funcional a
cualquier otro pueblo de los Estados Unidos, por lo que
constituía una violación a la Primera Enmienda prohibir a
un grupo de ciudadanos particulares, precisamente a un
grupo de Testigos de Jehová, la distribución de material
religioso dentro del complejo urbanístico. Este caso no
ha sido revocado por el Tribunal Supremo federal, si bien
se ha reducido significativamente el ámbito de su
aplicación a centros comerciales privados. Véase José
Julián Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto
Rico y relaciones constitucionales con los Estados Unidos
1248-1249 (Temis 2010). Véase también, Laurence Tribe,
Constitutional Choices 248-266 (Harvard University Press,
1985).
CT-2013-0014
16
demanial o patrimonial.33 En lo que respecta a la doctrina
de acción de estado, cabe señalar que el Tribunal Supremo
de los Estados Unidos ha identificado varios factores que
las cortes deben considerar al momento de determinar si
un particular funge como actor estatal en determinadas
circunstancias. Entre éstos se encuentra indagar respecto
a
si
el
particular
ha
asumido
una
función
―tradicionalmente pública‖. Véase Lebron v. Nat'l R.R.
Passenger
Corp.,
Yaretsky,
457
Kohn,
U.S.
457
513
U.S.
U.S.
991,
830,
841
374,
1004
378
(1982);
(1982).
De
(1995)
Blum
v.
Rendell-Baker
v.
esta
el
manera,
requisito de acción estatal se habrá satisfecho cuando la
actividad realizada por el particular sea una función que
ha sido tradicionalmente la prerrogativa exclusiva del
Estado. Rendell-Baker, 457 U.S. en la pág. 842.
Así,
urbano,
un
así
naturaleza
somero
como
de
de
las
análisis
la
de
nuestro
jurisprudencia
calles
en
desarrollo
relativa
nuestro
a
la
ordenamiento,
llevaría a la conclusión de que la función de proveer
mantenimiento a éstas, garantizar su acceso, recogido de
basura, ofrecimiento de servicios básicos y de primera
necesidad,
ha
sido
exclusiva
del
gobierno
33
tradicionalmente
estatal
o
una
de
prerrogativa
los
gobiernos
Algunos comentaristas sostienen que muchas de las
inconsistencias y contradicciones en la jurisprudencia
relativa a la doctrina de acción estatal son atribuibles
a la tendencia de los tribunales de aplicar distintos
estándares de análisis dependiendo de la naturaleza del
derecho
constitucional
invocado,
sin
articular
expresamente esas diferencias. Así, en los casos que
involucran reclamos al amparo de violaciones al derecho a
la libertad de culto o discrimen racial, los tribunales
estarán mucho más dispuestos a encontrar que se cumple
con el requisito de acción estatal. Véase Sheila S.
Kennedy, When is Private Public? 11 Geo. Mason UCRLJ 11,
203, 215 (2000).
CT-2013-0014
17
municipales.34
Precisamente
en
atención
a
esa
función
pública, la Ley Hipotecaria requiere para la inscripción
de desarrollos residenciales urbanos, la segregación
y
enajenación de las calles a favor del Municipio. Véase
Ley Hipotecaria y del Registro de Propiedad, Art. 93, 30
L.P.R.A. sec. 2314; Margarita E. García Cárdenas, Derecho
de Urbanizaciones: servidumbres en equidad, controles de
acceso e instalaciones vecinales 80 (Interjuris 2010).
La profesora García Cárdenas explica, además, que en
Puerto Rico, la prohibición legal de fincas enclavadas
está estrechamente relacionada a la naturaleza pública de
las calles. Enfáticamente señala que las calles no pueden
pertenecer
a
una
asociación
de
residentes
pues
tal
titularidad supondría que las estructuras residenciales
dentro de la urbanización no tendrían salida propia a una
vía pública. De esta manera, y de particular relevancia a
la controversia que nos ocupa, si un desarrollador decide
traspasar las calles a la asociación de residentes y no
al municipio, éstas no pertenecerán en común pro indiviso
a los titulares, en atención a la personalidad jurídica
propia
de
la
asociación.
Explica
que
la
Ley
de
Condominios contempla la cotitularidad de los pasillos y
los elevadores precisamente en atención a la prohibición
de fincas enclavadas y para garantizar que los residentes
puedan acceder la vía pública sin necesidad de entrar en
la
34
propiedad
de
otra
persona.
Finalmente,
indica
que,
Así lo reconoció la Corte de Apelaciones de Estados
Unidos para el Primer Circuito
al reconocer que, en
Puerto Rico, controlar el acceso a las calles sometidas
al régimen de control de acceso es una función
inherentemente pública. Véase Watchtower Bible and Tract
Society of New York, Inc. v. Sagardía De Jesus, 634 F.3d
3, 10 (2011).
CT-2013-0014
18
para que una Asociación de Residentes pueda reclamar un
interés propietario sobre las calles de la urbanización,
ésta
tendría
que
establecer
servidumbres
de
paso
en
cuanto a la totalidad de las calles hasta la salida a la
vía pública, pues de lo contrario cada lote residencial
sería una finca enclavada en clara violación al artículo
500
del
Código
Civil,
31
L.P.R.A.
sec.
1731.
Véase
Margarita García Cárdenas, supra, págs. 132-138.
Resulta inquietante que, a pesar de esta realidad,
la
reglamentación
urbanizaciones
a
actual
través
de
permita
vías
de
el
acceso
naturaleza
a
privada
inscritas a favor de un desarrollador o de una asociación
de residentes sin requerirles las servidumbres legales
que le darían acceso a los lotes residenciales a la vía
pública.
Véase
Reglamento
Núm.
8068
de
la
Junta
de
Planificación de 7 de septiembre de 2011. No obstante,
esa reglamentación de dudosa legalidad no estaba vigente
al momento de los hechos que subyacen el recurso ante
nos.
Como
Opinión,
adelantamos,
Orden
y
los
hechos
Certificación
al
reseñados
Tribunal
en
la
Supremo
de
Puerto Rico nos remiten al acuerdo mediante el cual BCC
logró inscribir las calles de la urbanización en nombre
de la Asociación de Residentes. Al afirmar que nuestro
ordenamiento jurídico vigente contempla la existencia de
calles
privadas
y
discutir
interpretaciones doctrinales del
extensamente
las
artículo 256 de nuestro
Código Civil, para luego ampararse en una coletilla del
texto de éste, la mayoría pasa por alto la complejidad
del reclamo del Municipio de Dorado ante el foro federal,
CT-2013-0014
así
como
las
19
consideraciones
de
política
pública
que
subyacen la pregunta certificada.
Conviene repasar entonces la redacción precisa de
los artículos del Código Civil que nos ocupan, con tal de
exponer las inconsistencias que la lectura textualista
que
suscribe
una
mayoría
de
este
Tribunal
supone.
El
artículo 255 del Código Civil, al describir los bienes de
dominio público, dispone lo siguiente:
―Son bienes de dominio público, los destinados
al uso público, como los caminos, canales,
ríos, torrentes, y otros análogos‖.
Cód. Civ. art. 255, 31 L.P.R.A. sec.1024.
El artículo 256 del Código Civil, por su parte dispone lo
siguiente:
Son bienes de uso público en Puerto Rico y en
sus pueblos, los caminos estaduales y los
vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas
públicas, los paseos y las obras públicas de
servicio general, costeadas por los mismos
pueblos o con fondos del tesoro de Puerto Rico.
Cód. Civ. art. 256, 31 L.P.R.A. sec. 1025.
De
una
simple
lectura
de
estos
artículos,
se
desprende con claridad que la coletilla en que se ampara
una mayoría de este Tribunal –a saber, “costeadas por los
mismos pueblos o con fondos del tesoro de Puerto Rico”no tiene el alcance de convertir un bien de uso público
en privativo por el mero hecho de que éste no haya sido
costeado con fondos públicos.35 Más bien, los artículos en
35
Además, si de textualismo se trata, es necesario
precisar que nociones elementales de gramática y sintaxis
militan en contra de la lectura que hoy suscribe una
mayoría de este Tribunal del artículo 256. Como se
aprecia en el articulado antes citado, el adjetivo
―costeadas‖, antecedido por una coma, lo cual supone
subordinación, aparece en femenino plural. Así, dicho
adjetivo está destinado a cualificar el sustantivo
femenino, y plural que lo antecede: ―obras públicas de
servicio general‖. Le recordamos a una mayoría de este
CT-2013-0014
cuestión
20
evidencian
la
importancia
del
destino
o
la
función de los bienes al momento de calificarlos como
demaniales
o
eminentemente
patrimoniales.
pública
que
los
Esto,
bienes
por
la
función
de
uso
público
desempeñan en nuestra sociedad, y no por el origen de los
fondos
que
son
utilizados
para
su
construcción,
mantenimiento o financiamiento.36 Los bienes contenidos en
Tribunal que en la lengua española, cuando se pretende
adjetivar un grupo de sustantivos de diverso género, lo
correcto es la utilización del adjetivo en género
masculino plural.
36
Como contradictoriamente señala la Opinión Mayoritaria,
algunos comentaristas españoles han indicado que el
requisito de que los bienes de uso público a los que
alude el artículo 344 del Código Civil español sean
costeados
por
los
pueblos
o
provincias
es
uno
―injustificado‖. Véase Opinión Mayoritaria, en la pág.
25. Nótese que el artículo 344 del Código Civil español,
el cual hace alusión a que los bienes deben ser costeados
por los pueblos o provincias intenta distinguir los
bienes de dominio público del gobierno central español, a
los que hace referencia el artículo 339 del Código Civil
español, de aquéllos que son del dominio de los pueblos o
provincias, los cuales están regulados por el artículo
344. Es por esto que el artículo 344 del Código Civil
español alude a los caminos provinciales, mientras que
nuestro artículo 256 alude a los estaduales. Precisamente
en atención a esta distinción, surge la necesidad de
establecer
que
aquellos
bienes
de
uso
público
contemplados en el artículo 344, análogo a nuestro
artículo 256, son patrimonio del Estado, aun si son
costeados por los pueblos o provincias. Por tanto, es
difícil sostener que la frase ―costeadas por los mismos
pueblos o con fondos del tesoro de Puerto Rico‖ excluye
la posibilidad de que un bien de uso público pueda ser
costeado
por
un
particular.
Una
contextualización
histórica del artículo en cuestión claramente apuntaría a
que el gobierno central español quiso asegurar la
demanialidad de aquellos bienes que no fuesen costeados
directamente por el gobierno estatal sino con fondos de
los gobiernos provinciales. En el caso de Puerto Rico, la
frase resulta aún más injustificada e innecesaria, pues
nuestros municipios no cuentan con la autonomía política
y fiscal con la que cuentan las provincias españolas y
nuestra disposición hace alusión expresa a ―los mismos
pueblos o con fondos del tesoro de Puerto Rico‖.
Corresponde a la Asamblea Legislativa, precisamente en
momentos en que contempla la posibilidad de atemperar el
Código Civil a nuestra realidad social, decretar la
obsolescencia de esta frase y su inaplicabilidad a
nuestro esquema gubernamental. Véase Sabino Álvarez-
CT-2013-0014
21
ambos artículos son, por tanto, bienes de uso público.
Cabe destacar que, en el caso de estos bienes, su mera
conceptualización como privados desvirtuaría su función
pública. Precisamente en atención a esto, el artículo 274
del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1082, dispone, en su
segundo párrafo que:
Hay otras cosas, por el contrario, que aunque
por su naturaleza son susceptibles de propiedad
particular,
pierden
esta
cualidad
como
consecuencia de la aplicación que de ellas se
hace para fines públicos incompatibles con la
propiedad privada, si bien pueden adquirir su
primitiva condición tan pronto cese el fin
público que se las hubiera dado; tales son los
terrenos de las carreteras, calles y plazas
públicas‖. (énfasis suplido).
Como se puede apreciar, este articulado parte de la
premisa
de
que
las
calles
tienen
un
fin
público
incompatible con la propiedad privada. Precisamente por
esto, cuando una calle se encuentra en un terreno cuya
primitiva
condición
es
de
propiedad
particular,
dicho
terreno está afectado al uso público, en tanto sobre él
existe
un
bien
de
uso
público
el
cual,
conforme
al
artículo antes citado, consistiría en una carretera, una
calle o una plaza pública. Si fuese de otra manera, el
artículo haría referencia a las calles en sí y no a los
terrenos sobre las cuales éstas ubican.
Gendín, El dominio público: Su naturaleza jurídica 45-50
(Bosch 1956). Véase, además Michel J. Godreau & Juan A.
Giusti, Las concesiones de la corona y propiedad de la
tierra en Puerto Rico, 62 Rev. Jur. U.P.R. 351, 562-564
(1993), para una explicación respecto a cómo no existe
una diferencia entre los bienes enumerados en el artículo
255 de nuestro Código Civil y aquellos contenidos en el
artículo 256 pues ―el factor decisorio es el uso
público‖. Id. Incluso, comentaristas citados por la
opinión mayoritaria reafirman que ―la condición de
dominio público no la atribuye al bien la circunstancia
de ser propia del Estado, el Municipio u otros entes,
sino su condición de uso público, o su destino al
servicio público‖. I-3 J.L. Lacruz Berdejo, Elementos de
Derecho Civil 42 (Bosch 1990).
CT-2013-0014
22
Según discutimos, el Municipio alega que BCC está
exenta
de
Tribunal
cumplir
de
con
Distrito
las
bajo
órdenes
el
emitidas
fundamento
de
por
el
que
esa
urbanización constituye un complejo residencial privado
cuyas calles pertenecen a la Asociación de Residentes y
no
al
Municipio
desarrollador.
pues
Para
fueron
poder
costeadas
atender
por
el
efectivamente
ese
reclamo, es imprescindible evaluar la validez del acuerdo
suscrito entre el desarrollador y el Municipio. De esta
manera, sería útil evaluar, en el contexto de los hechos
particulares de este caso, si un Municipio, mediante un
acuerdo
con
un
desarrollador,
podía
desvirtuar
el
carácter público de las calles residenciales en Puerto
Rico,
según
distintos
éste
había
reglamentos
sido
de
establecido
mediante
los
planificación
vigentes
al
momento del acuerdo, así como por nuestra jurisprudencia,
la Ley Hipotecaria e incluso la propia Ley de Municipios
Autónomos. En relación a esto, extrañamente, la Opinión
expresamente indica que:
Es meritorio aclarar que los acuerdos a los que
haya llegado el Municipio de Dorado con los
promotores o desarrolladores de la urbanización
BBC (sic) no son pertinentes para resolver el
recurso particular que está ante nosotros. Eso
está fuera del alcance de nuestra función
adjudicadora
pues
nos
circunscribiremos
a
determinar si nuestro ordenamiento permite que
esa clase de bienes existan dentro de la
modalidad privativa.
Opinión Mayoritaria, pág. 11, n.11.
Estas
expresiones
evidencian
fehacientemente
la
inutilidad e intrascendencia del dictamen que hoy emite
una
mayoría
de
este
Tribunal.
Esto,
en
atención
al
reconocimiento de que la determinación respecto a si, al
CT-2013-0014
23
amparo del derecho puertorriqueño, los acuerdos a los que
llegó el Municipio de Dorado con los Desarrolladores de
BCC son válidos aparentemente le corresponderá, en última
instancia, al foro federal.
Resulta inconcebible que este Tribunal, obviando los
requisitos del mecanismo de certificación jurisdiccional,
emita una opinión consultiva que marca un retroceso en la
historia del desarrollo urbano de nuestro País y trastoca
por completo las nociones más básicas de la planificación
urbana como vehículo para la sana convivencia social y un
estado de derecho democrático. Al así proceder, desata
una
impetuosa
batalla
entre
lo
público
y
lo
privado;
entre el dueño y el intruso; entre el rico y el pobre;
entre el individualismo extremo y la vida en comunidad.37
La decisión que en su día emita ese foro tendrá que,
inevitablemente,
evaluar
los
planteamientos
constitucionales de las partes. Esto hará de la respuesta
tan
abarcadora
y
defectuosa
que
la
mayoría
de
este
37
En cuanto a la propagación de estas tendencias
individualistas en nuestra sociedad, el profesor Fernando
Picó señala lo siguiente:
―Siempre el afán de restringir la libertad de
movimiento, de mantener bajo control y sobre
todo de segregar las clases sociales y los
sectores ideológicos [...] Solo quiero añadir
una última observación. Hay gente que no se
atreve a vivir en un sitio donde no esté
encerrada, porque la libertad de movimiento de
los otros le incomoda. A todos los miedos
históricos,
desde
los
caribes
hasta
los
filibusteros, desde los cimarrones hasta los
comunistas, hemos añadido el miedo a nosotros
mismos.
Este
es
el
miedo
más
nefasto.
Comenzaremos a ser libres cuando lo perdamos‖.
Fernando Picó, El miedo a nosotros mismos: Ritos de
reclusión y encerramientos, en Elsa Arroyo & Julia
Cristina Ortiz Lugo, Leer para escribir 322 (Plaza Mayor
1994).
CT-2013-0014
24
Tribunal ofrece durante el día de hoy una completamente
inútil.
Sin
embargo,
desestabilizadoras
puertorriqueño
Legislativa
que
judicial
de
de
consecuencias
este
subsistirán,
decida
entender
las
tomar
nuestra
dictamen
salvo
cartas
legitimidad
nuestra
Nación
inexorablemente
para
que
el
la
derecho
Asamblea
en
el
asunto.
Por
como
el
máximo
foro
ha
sido
lacerada
irremisiblemente por el precedente, tanto procesal como
sustantivo, que hoy una mayoría pauta, disiento.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Watchtower Bible and Tract
Society of New York, Inc., et
al.
Recurridos
CT-2013-0014
v.
Municipio de Dorado, et al.;
United States District Court
for the Distric of Puerto
Rico
Peticionarios
Opinión
TORRES.
disidente
emitida
por
el
Juez
Asociado
señor
MARTÍNEZ
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 2014.
Si fuera un artículo de revista jurídica, la
Opinión del Tribunal sería invaluable. Sin lugar a
dudas, y sin pasar juicio sobre su contenido, esa
ponencia investiga y discute con rigor académico si
las
leyes
actuales
de
Puerto
Rico
permiten
la
existencia de calles privadas. Pero a diferencia del
Tribunal, opino que la Asociación de Residentes de
Brighton
Country
Club
(BCC)
es
una
parte
indispensable y su ausencia en este pleito nos priva
de
jurisdicción
para
contestar
la
pregunta
certificada. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR
667, 677 (2012); García Colón v. Sucn. González, 178
DPR 527, 548 (2010). El hecho de que el Tribunal no
resuelva si las calles en controversia son públicas o
CT-2013-0014
2
propiedad privada de la Asociación de Residentes de BCC,
demuestra que faltan elementos muy importantes y por eso
se emite una opinión consultiva que no resuelve un caso y
controversia. E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958).
Como el Tribunal prefiere, en ausencia de una parte
indispensable, emitir una opinión consultiva en lugar de
dejar sin efecto el recurso de certificación, disiento con
mucho respeto del criterio de mis compañeros.
I
Watchtower
Bible
Tract
Society
of
New
York
y
la
Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová de Puerto
Rico Inc., presentaron una demanda en el Tribunal Federal
para el Distrito de Puerto Rico contra el Gobierno de
Puerto Rico y varios municipios. En esencia, adujeron que
la Ley de Control de Acceso, Ley Núm. 21 de 20 de mayo de
1987,
según
enmendada,
inconstitucional
de
su
23
LPRA
faz
sec.
y
en
64
su
et
seq.,
era
aplicación
por
quebrantar sus derechos constitucionales de libertad de
expresión y libertad de culto. Sostuvieron que esa ley les
impedía entrar a urbanizaciones con calles públicas.
Luego de varios incidentes, el Tribunal de Apelaciones
para el Primer Circuito resolvió que la Ley Núm. 21, íd.,
era constitucional de su faz, pero no en su aplicación.
Watchtower
Sagardía,
Bible
et
al.,
and
634
Track
F.
Society
3d
3
(1er
of
New
Cir.
York
v.
2011).
En
particular, sostuvo que la forma en que se implantó la ley
CT-2013-0014
violaba
el
3
derecho
de
los
demandantes
a
ejercer
sus
derechos constitucionales. Íd.
Devuelto el caso al Tribunal de Distrito, se ordenó a
los
municipios
demandados
que
presentaran
alternativas
para permitir que los demandantes pudieran entrar a las
urbanizaciones con control de acceso. Durante esa fase de
cumplimiento de sentencia, el Municipio de Dorado adujo
que
la
orden
no
aplicaba
a
la
urbanización
Brighton
Country Club (BCC), que estaba localizada dentro de su
demarcación territorial. Fundamentó esa aseveración en que
las calles de BCC eran privadas porque se costearon con
fondos privados y su propiedad no se había transferido a
la autoridad municipal. Además, planteó que, según surgía
de la Escritura Núm. 1 de 16 de febrero de 2005, otorgada
ante
el
Notario
Felipe
Sanabria
Quiñones,
esas
calles
pertenecían a la Asociación de Residentes de BCC. De esa
forma, expresó que la Asociación de Residentes de BCC era
quien tenía la titularidad de las calles en controversia.
El
19
de
junio
de
2013,
el
Tribunal
de
Distrito
federal nos certificó la pregunta siguiente: Do the laws
and Constitution of Puerto Rico allow for private roads?
El
17
de
auscultar
julio
si
las
de
2013
leyes
acogimos
de
Puerto
la
solicitud
Rico
permiten
para
la
existencia de calles privadas.
Luego de la comparecencia de varios amigos de la corte
y de estudiar con detenimiento los alegatos de las partes,
CT-2013-0014
convocamos
a
4
una
vista
oral
que
se
celebró
el
11
de
febrero de 2014.
En el día de hoy, la Opinión del Tribunal, pág. 41,
concluye que en la actualidad nuestro ordenamiento legal
permite la existencia de calles privadas. Sin embargo, el
Tribunal no aplica el derecho investigado a los hechos
concretos que certificamos. Es decir, no resuelve si las
calles de BCC son privadas o no.
II
A.
La Regla 16 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,
regula la acumulación de partes dentro de un pleito. Sobre
la acumulación de partes indispensables, la Regla 16.1 de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone que:
Las personas que tuvieren un interés común sin cuya
presencia no pueda adjudicarse la controversia, se
harán partes y se acumularán como demandantes o
demandadas según corresponda. Cuando una persona que
deba unirse como demandante rehusare hacerlo, podrá
unirse como demandada.
Esa regla se inspira en dos principios que permean
nuestro
ordenamiento
jurídico:
(1)
la
protección
constitucional que impide que las personas sean privadas
de su libertad y de su propiedad sin un debido proceso de
ley
y;
(2)
indispensable
la
necesidad
para
que
el
de
incluir
decreto
a
judicial
una
parte
emitido
sea
completo. Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 DPR 698, 704
(1993).
La
acumulación
de
una
parte
indispensable
procede
cuando haya personas que tengan un interés común sin cuya
presencia
no
pueda
adjudicarse
una
controversia.
Por
CT-2013-0014
5
consiguiente, se ha mencionado que una parte indispensable
es
aquella
quedar
persona
destruidos
cuyos
o
derechos
e
inevitablemente
intereses
podrían
afectados
por
una
sentencia dictada en su ausencia. Bonilla Ramos v. Dávila
Medina, supra, pág. 677; Mun. de San Juan v. Bosque Real,
S.E., 158 DPR 743 (2003); Sánchez v. Sánchez, 154 DPR 645
(2001).
Sin embargo, no se trata de un mero interés en la
controversia,
sino
uno
"de
tal
orden
que
impida
la
confección de un decreto adecuado sin afectarlo". Deliz et
als.
v.
interés
Igartúa
debe
et
ser,
al.,
además,
158
DPR
real
e
403,
433
(2003).
El
inmediato.
Romero
v.
S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 733 (2005). El enfoque requiere
que se evalúen individualmente las circunstancias de cada
caso. García Colón v. Sucn. González, supra, pág. 548.
La
falta
de
parte
indispensable
constituye
un
planteamiento tan vital que puede presentarse en cualquier
momento, es decir, puede presentarse por primera vez en
apelación e incluso puede suscitarse sua sponte por un
tribunal
apelativo,
ya
que
en
ausencia
de
parte
indispensable, el tribunal carece de jurisdicción. García
Colón v. Sucn. González, supra, pág. 550; Romero v. S.L.G.
Reyes, supra, pág. 733. Por tal razón, la sentencia que se
emita
en
vulnerable
ausencia
a
un
de
ataque
parte
indispensable
colateral.
Brothers, 128 DPR 842, 859 (1991).
Unisys
es
nula
y
v.
Ramallo
CT-2013-0014
B.
6
La certificación interjurisdiccional permite que un
tribunal
federal
someta
a
este
Foro
preguntas
sobre
controversias dudosas que sean pertinentes al derecho de
esta jurisdicción. Martínez Marrero v. González Droz, 180
DPR 579 (2011); Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp.,
112 DPR 780 (1982). En nuestro ordenamiento jurídico, ese
mecanismo se regula por el Art. 3.002f de la Ley de la
Judicatura de 2003, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24s(f),
y por la Regla 21 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXI-B.
Con
el
mecanismo
interjurisdiccional
se
de
preserva
la
y
certificación
respeta
"la
función
prístina de las cortes estatales de interpretar y formular
el derecho de [sus respectivos] estados", contribuyendo a
que se alivien en buena parte las tensiones inherentes al
sistema federalista.
Martínez Marrero v. González Droz,
supra, pág. 585, citando a Pan Ame. Comp. Corp. v. Data
Gen. Corp., supra, pág. 783. Ese procedimiento ha dado
lugar
"a
una
útil
colaboración
entre
las
dos
jurisdicciones, la federal y la estatal". Medina & Medina
v. Country Pride Foods, 122 DPR 172, 181 (1988). Véase,
también,
J.
Remy
Nash,
Examining
the
Power
of
Federal
Courts to Certify Questions of State Law, 88 Cornell L.
Rev. 1672 (2003).
Las preguntas a certificarse deben enmarcarse en un
―contexto
de
hechos
detallados
y
específicos
y
la
contestación del tribunal debe ser obligatoria para las
partes‖. Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., supra,
CT-2013-0014
pág.
784.
7
Recuérdese
que
la
certificación
es
un
medio
―para realizar los propósitos de la abstención de la Corte
federal en un caso en que ya las partes están sometidas a
su
jurisdicción
tribunal,
y
que,
comparecen
por
al
disposición
foro
estatal
expresa
a
de
ese
ventilar
las
cuestiones que corresponden a éste‖. Íd.
El trámite de certificación interjurisdiccional ante
este Foro
se produce en un procedimiento adversativo en el que
las partes se encuentran debidamente ante este
Tribunal,
pueden
someter
alegatos
--los
cuales
deberán ser notificados a la Corte federal-- y
presentar argumentos orales, como se hizo en este
caso. Tenemos, pues, jurisdicción sobre las partes y
sobre la materia y nuestra decisión constituye cosa
juzgada. Íd., pág. 790.
En Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., íd., pág.
784,
dejamos
claro
contestación
a
determinante
para
federal.
Dicho
que
la
el
la
certificación
pregunta
pleito
procede
certificada
que
de
otro
modo,
interjurisdiccionales
deben
cumplir
si
puede
ser
pende
ante
las
certificaciones
cabalmente
el
la
con
foro
la
doctrina de justiciabilidad, y en su consecuencia, atender
un
caso
y
controversia.
Íd.,
pág.
790.
Véase,
además,
Guzmán v. Calderón, 164 DPR 220, 228 (2005).
Sabido es que nuestra jurisdicción como foro judicial
se limita a casos justiciables.
IG Builders et al. v.
BBVAPR, 185 DPR 307, 334 (2012). En Moreno v. Pres. U.P.R.
II,
178
DPR
969,
973
(2010),
indicamos
que
una
―controversia abstracta, ausente un perjuicio o amenaza
real y vigente a los derechos de la parte que los reclama,
CT-2013-0014
8
no presenta el caso y controversia que la Constitución
exige para que los tribunales puedan intervenir‖. Véanse,
además, Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969,
981 (2011); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180
DPR 920, 931 (2011); U.P.R. v. Laborde Torres y otros I,
180
DPR
253,
279–280
(2010);
Lozada
Tirado
et
al.
v.
Testigos Jehová, 177 DPR 893, 907–908 (2010).
III
La contestación a la pregunta certificada requiere
que
determinemos
si
nuestras
leyes
permiten
que
la
Asociación de Residentes de BCC sea dueña de las calles de
su
urbanización.
Asociación
de
No
obstante,
Residentes
de
ante
BCC
en
la
ausencia
de
la
el
pleito,
estamos
impedidos de resolver de quién es la titularidad de las
calles en controversia.
Sin lugar a dudas, si resolvemos ese asunto podríamos
afectar el título de propiedad que tiene la Asociación de
Residentes de BCC sobre las calles de su urbanización,
según consta en la Escritura Núm. 1 de 16 de febrero de
2005, otorgada ante el Notario Felipe Sanabria Quiñones.
Supongamos
que
este
Tribunal
resolviera
que
en
nuestro
ordenamiento no existen calles privadas. Esa determinación
privaría automáticamente a la Asociación de Residentes de
BCC de su derecho propietario sin que se le garantice su
debido proceso de ley que incluye: (1) ser notificado de
forma adecuada del proceso; (2) oportunidad de ser oído;
(3)
derecho
a
contrainterrogar
testigos
y
examinar
CT-2013-0014
9
evidencia presentada en su contra y; (4) tener asistencia
de abogado, entre otros. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee
Stowell,
etc.,
133
DPR
escenario,
es
forzoso
881,
889
(1993).
concluir
que
la
Ante
ese
Asociación
de
Residentes de BCC es una parte indispensable y sin su
presencia
no
puede
adjudicarse
la
controversia
que
nos
certificó el Tribunal de Distrito federal. Bonilla Ramos
v. Dávila Medina, supra; García Colón v. Sucn. González,
supra; Romero v. S.L.G. Reyes, supra; Mun. de San Juan v.
Bosque Real, S.E., supra; Sánchez v. Sánchez, supra.
Por otro lado, si resolviéramos que las calles de BCC
son privadas, nuestro dictamen no adjudicaría la cuestión
con efecto de cosa juzgada, debido a la ausencia de una
parte indispensable.
Por eso, la parte recurrida podría
insistir en su reclamo de acceso a lo que considera como
vías
públicas.
determinación
Por
todo
nuestra
lo
sobre
anterior,
los
méritos
cualquier
de
esta
certificación está sujeta a un ataque colateral.
El hecho de que el Tribunal y la Opinión disidente del
compañero
Juez
Asociado
señor
Estrella
Martínez
no
resuelvan si las calles en controversia son públicas o
propiedad privada de la Asociación de Residentes de BCC,
robustece
mi
conclusión
de
que
existe
una
parte
indispensable que no está en el pleito y por eso se decide
emitir
una
opinión
consultiva.
Como
habrá
notado
el
lector, la Opinión del Tribunal y la Opinión disidente del
compañero Juez Asociado señor Estrella Martínez realizan
CT-2013-0014
una
10
investigación
controversia
jurídica
traída
ante
abarcadora
nuestra
sobre
la
consideración,
pero
evitan adjudicar si las calles de la urbanización BCC son
públicas
o
propiedad
privada
de
la
Asociación
de
Residentes de BCC.
Nuestros precedentes son claros en establecer que las
certificaciones
interjurisdiccionales
deben
cumplir
cabalmente con la doctrina de justiciabilidad, y en su
consecuencia, resolver un caso y controversia. Guzmán v.
Calderón, supra, pág. 228; Pan Ame. Comp. Corp. v. Data
Gen. Corp., supra, pág. 790. Es erróneo que emitamos un
auto de certificación para atender un caso, investiguemos
el derecho aplicable y luego no lo apliquemos a los hechos
concretos ante nuestra consideración. Ello es contrario a
la jurisprudencia que por décadas hemos elaborado sobre la
doctrina de justiciabilidad. IG Builders et al. v. BBVAPR,
supra,
pág.
334;
Torres
Santiago
v.
Depto.
Justicia,
supra, pag. 981; Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz,
supra, pág. 931; Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra, pág.
973; U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra, págs. 279–
280; Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, supra, págs.
907–908; E.L.A. v. Aguayo, supra.
En
conclusión,
Residentes
de
BCC
la
ausencia
en
este
de
caso
la
Asociación
impide
que
de
podamos
contestar la pregunta que se nos certificó. Emitir una
opinión
consultiva,
ordenamiento,
no
además
de
ser
contrario
soluciona
la
ausencia
de
a
nuestro
una
parte
CT-2013-0014
11
indispensable.
La
requiere
dejemos
que
adjudicación
sin
correcta
efecto
de
el
este
caso
recurso
de
certificación en vez de emitir una opinión consultiva.38
IV
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
disiento
respetuosamente del curso seguido por este Tribunal. Ante
la ausencia de la Asociación de Residentes de BCC en el
pleito,
deberíamos
dejar
sin
efecto
el
recurso
de
certificación en lugar de emitir una opinión consultiva.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado
38
El que no contestemos la pregunta certificada no priva de
alternativas a las partes ni al foro federal. Ante la ausencia de la
parte indispensable en este pleito, la Asociación de Residentes de
BCC, el Tribunal de Distrito federal tiene varias opciones. Por
ejemplo, puede excluir a la Urbanización BCC de la orden que emitió
contra el Municipio de Dorado en este caso. Por otro lado, puede traer
al pleito a la Asociación de Residentes de BCC en esta etapa de los
procedimientos para que presente su postura. Claro está, es el
Tribunal de Distrito federal y no este Foro quien tiene que determinar
cuál es el curso de acción procedente.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Watchtower Bible and Tract
Society of New York, Inc.,
et al.
Recurridos
v
CT-2013-0014
Certificación
Municipio
de
Dorado,
et
al.; United States District
Court for the District of
Puerto Rico
Peticionarios
Opinión disidente
ESTRELLA MARTÍNEZ.
emitida
por
el
Juez
Asociado
SEÑOR
San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 2014.
Hay
respuestas
que
generan
más
interrogantes
e
incertidumbres que la pregunta en sí misma. Estamos ante
una de esas situaciones. Hoy, una Mayoría de este Tribunal
cerró el camino de la adecuada planificación dejando a un
lado la finalidad social de la ordenación territorial y,
más
importante
pública
de
aún,
las
el
reconocimiento
calles
de
de
desarrollos
la
naturaleza
urbanísticos,
principios firmemente arraigados en nuestro ordenamiento
jurídico. En su lugar, optaron por la ruta incierta de la
privatización de las calles, lo cual generará múltiples
controversias
y
dudas
en
torno
a
la
protección
del
CT-2013-0014
ambiente,
2
los
derechos
individuales
de
propietarios
y
limitará el rol del Estado en la tan importante gestión de
la planificación urbana.
Ante la pregunta certificada por el Tribunal Federal
para el Distrito de Puerto Rico (Tribunal de Distrito),
correspondía enmarcar la contestación en que de ordinario
en nuestro ordenamiento las calles son bienes de dominio
público destinadas al uso público. Por esta razón y los
fundamentos
que
esbozo
a
continuación,
disiento
del
razonamiento adoptado por una Mayoría de este Tribunal.
I
Los hechos pertinentes a la controversia por la cual
nos
fue
remitida
esta
certificación
interjurisdiccional
tienen su génesis cuando el 18 de mayo de 2004, Watchtower
Bible
Tract
Society
of
New
York
y
la
Congregación
Cristiana de los Testigos de Jehová de Puerto Rico, Inc.,
recurrieron al Tribunal de Distrito. Mediante el mecanismo
de sentencia declaratoria solicitaron que se determinara
la constitucionalidad de la Ley Núm. 21 del 20 de mayo de
1987, conocida como la Ley de Control de Acceso, 23 LPRA
sec. 64 et seq. (Ley Núm. 21). Arguyeron que la referida
ley
era
inconstitucional
aplicación.
Ello,
debido
tanto
de
a
las
que
su
faz
como
en
su
urbanizaciones
con
acceso controlado no permitían que los Testigos de Jehová
entraran
para
expresar
sus
creencias
religiosas.
Tras
evaluar las mociones de sentencia sumaria presentadas por
ambas
partes,
el
Tribunal
de
Distrito
decretó
la
CT-2013-0014
3
constitucionalidad de la mencionada ley. Watchtower Bible
Tract Soc of New York v. Sánchez Ramos, 647 F.Supp. 2d 103
(D.P.R. 2009).
No obstante, los demandantes recurrieron al Tribunal
Federal
de
Apelaciones
para
el
Primer
Circuito
(Primer
Circuito) y cuestionaron la determinación del Tribunal de
Distrito. Luego de varios trámites procesales, el Primer
Circuito
confirmó
la
desestimación
del
inconstitucionalidad de su faz de la Ley
reclamo
de
Núm. 21. Sin
embargo, no estuvo conforme con la constitucionalidad en
su aplicación. Por consiguiente, devolvió el expediente y
le ordenó al Tribunal de Distrito que continuara con los
procedimientos de acuerdo a las normas dispuestas en su
decisión.
En
esencia,
requirió
que
se
garantizara
el
acceso de los Testigos de Jehová a las urbanizaciones con
un sistema de control de acceso regulado por un guardia de
seguridad. En el caso de las urbanizaciones cuyo acceso no
estaba regulado por un guardia de seguridad, es decir, que
poseían
un
control
de
acceso
mecánico,
ordenó
que
presentaran un plan de acción dirigido a garantizar el
acceso. Véase Watchtower Bible and Tract Society of New
York, Inc. v. Sagardía de Jesús, 634 F.3d 3 (1er Cir.
2011).
Ante este cuadro, el 18 de junio de 2012 el Tribunal
de Distrito nos remitió una primera certificación para que
determináramos
si
mecánico
permitidos
eran
los
sistemas
bajo
de
la
control
Ley
Núm.
de
acceso
21,
y
la
CT-2013-0014
4
constitucionalidad de este sistema. En aquella ocasión,
este
Tribunal
no
expidió
interjurisdiccional
por
entender
decisión
dictada
y
orden
por
la
que
el
certificación
a
la
Primer
luz
de
la
Circuito,
la
determinación que pudiera emitir este Tribunal no iba a
ser un factor determinante en la disposición del caso ante
la
consideración
del
Tribunal
de
Distrito.
Por
consiguiente, no cumplía con los requisitos establecidos
en el Art. 3.002 de la Ley Núm. 201-2003, conocida como la
Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico,
4
LPRA
sec.
24s(f),
ni
con
la
Regla
25
del
Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 25.39
Así las cosas, el Tribunal de Distrito le requirió a
los municipios que presentaran un plan de acción en el que
se
estableciera
cómo
iban
a
asegurar
el
acceso
a
las
urbanizaciones que dentro de su demarcación territorial
tenían
control
de
acceso
regulado
por
guardias
de
seguridad y aquellas en las que no. Ante esta orden, el
Municipio
de
Dorado
(Municipio)
alegó
que
el
Brighton
Country Club (BCC) es una urbanización privada que está
completamente cerrada al público.
Según surge de los autos, la BCC es una urbanización
compuesta
por
un
grupo
de
residencias
que
opera
con
control de acceso mecánico. Ésta consta de una asociación
de residentes que se encarga de garantizar la calidad de
vida de la comunidad. En la Escritura Núm. 1 de 16 de
39
Véase Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico
de 7 de septiembre de 2012, en el caso CT-2012-10.
CT-2013-0014
5
febrero de 2005, bajo el acápite de Extent of Members’
Easement, se estableció que las calles del proyecto serían
consideradas
elementos
consiguiente,
la
obligación
brindarles
de
comunes
asociación
de
de
la
BCC
residentes
mantenimiento.
y,
por
asumía
la
También
se
le
otorgó la facultad de establecer restricciones razonables
para el uso de las calles del proyecto, aun cuando éstas
fueran más restrictivas que el ordenamiento legal vigente.
En fin, de acuerdo a la Escritura de Segregación, dentro
de la urbanización se identificaron cuatro calles, cuyo
título fue transferido a la asociación de residentes.
Cónsono con estas disposiciones, el 23 de julio de
2007
el
Municipio
emitió
una
Certificación
en
la
que
endosó el proyecto de BCC, condicionado a que las calles y
el alumbrado permanecieran privados. Del mismo modo, se
estableció como condición que el mantenimiento de éstos
estuviese a cargo de la asociación de residentes. Por otra
parte,
BCC
recibió
el
endoso
para
que
la
urbanización
pudiese tener acceso controlado a tenor con la mencionada
Ley Núm. 21.
Ante este cuadro fáctico, el 11 de junio de 2013 el
Tribunal de Distrito nos remitió una segunda solicitud de
certificación interjurisdiccional para que determinemos si
al amparo de la Constitución y las leyes de Puerto Rico
pueden existir calles residenciales privadas.
CT-2013-0014
6
Expedido
el
presentación
de
auto,
le
requerimos
alegatos.40
a
las
Además,
partes
la
solicitamos
la
presencia del Departamento de Justicia como amigo de la
corte,
quien
Procuradora
compareció
a
través
de
General.
A
su
vez,
la
Oficina
de
autorizamos
la
la
comparecencia en igual capacidad a DRB Dorado Owner, LLC,
Coco Beach Maintenance, Inc. y Serrallés Hotel, Inc.
Con el beneficio de los escritos presentados por las
partes y los amigos de la corte, además de los argumentos
planteados
durante
la
vista
oral
celebrada
el
11
de
febrero de este año, procedemos a contestar la pregunta
certificada.
II
Nuestro ordenamiento jurídico incorpora una serie de
disposiciones
cosas.
dirigidas
Aunque,
de
a
clasificar
ordinario,
estos
los
bienes
y
las
dos
conceptos
son
utilizados con igual correspondencia, resulta pertinente
destacar
que
su
mientras
un
bien
connotación
se
es
encuentra
diferente.
comprendido
Es
decir,
dentro
del
concepto cosa, no todas las cosas pueden ser catalogadas
como bienes. En cuanto a esto, el Art. 252 del Código
40
Véase Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico
de 17 de julio de 2013. En la misma se dispuso que ―[s]e
emite un auto de certificación para auscultar únicamente
si las leyes de Puerto Rico permiten la existencia de
calles privadas‖. (Énfasis suplido) Es decir, como máxime
intérprete del derecho puertorriqueño, este Tribunal tiene
ante su consideración una cuestión de estricto derecho
civil. No nos corresponde disponer de toda la controversia
ni dilucidar los reclamos constitucionales que fueron
presentados ante el Tribunal de Distrito. Es preciso
ceñirnos a la pregunta certificada.
CT-2013-0014
7
Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1021, establece que
―[l]a palabra bienes es aplicable en general a cualquier
cosa que pueda constituir riqueza o fortuna‖. En palabras
del tratadista Vélez Torres, el concepto bienes puede ser
definido de la siguiente manera:
cosas, corporales o incorporales, susceptibles de
apropiación por el hombre, que reportan a éste
una utilidad desde el punto de vista económico o
moral, siempre que tengan sustantividad propia.
J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, San
Juan, 1983, T. II, pág. 35.
De
esta
forma,
solamente
las
cosas
que
son
susceptibles de apropiación pueden ser consideradas como
bienes.
A.
A tenor con lo anterior, el Código Civil de Puerto
Rico diferencia los bienes de uso o dominio público de los
bienes
patrimoniales
privada.
Asimismo,
bienes
corporales
del
Estado
establece
e
y
una
los
de
distinción
incorporales
y
los
propiedad
entre
los
muebles
e
inmuebles.41 Por consiguiente, y oportuno a la pregunta que
tenemos
ante
nuestra
consideración,
solamente
nos
corresponde analizar el esquema tripartito de bienes en lo
concerniente
a
las
cosas
respecto
a
su
apropiación
o
pertenencia. Es decir, examinar la distinción entre los
bienes comunes, públicos y patrimoniales. Procedemos.
En primer lugar, el Art. 253 de nuestro Código Civil,
31 LPRA sec. 1022, establece que las cosas y los bienes
pueden
ser
41
comunes
o
públicos.
En
Véanse 31 LPRA secs. 1024-1087.
cuanto
a
las
cosas
CT-2013-0014
8
comunes, el Art. 254 del mencionado Código, 31 LPRA sec.
1023, establece que son aquellas que no pertenecen a nadie
en particular y pueden ser utilizadas libremente por los
individuos.
Es
decir,
por
razón
de
su
naturaleza,
no
pueden advenir propiedad particular de una persona.42 Entre
éstas se encuentran el aire, las aguas pluviales, el mar y
sus riberas.
En contraposición, hay otras cosas que a pesar de que
por razón de su naturaleza son susceptibles de apropiación
particular, han
sido sustraídas del derecho patrimonial
individual y destinadas al uso del público en general.
Esto
es
lo
que
conocemos
como
los
bienes
de
dominio
público. En cuanto a éstos, Colin & Capitant plantean que:
lo forman los bienes que sirven para el uso de
todos, como los ríos, los puertos, los caminos,
las calles, las plazas públicas. Estos bienes,
evidentemente, no están sometidos a las reglas
de Derecho civil concernientes a la propiedad. A.
Colin & H. Capitant, Curso Elemental de Derecho
Civil, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1961,
T. II, V. II, pág. 80.
Particularmente, el Art. 255 de nuestro Código Civil,
establece
que
―[s]on
destinados
al
uso
bienes
público,
de
como
dominio
los
público,
caminos,
los
canales,
ríos, torrentes, y otros análogos‖. 31 LPRA sec. 1024. Por
su parte, el Art. 256 establece que:
Son bienes de uso público en Puerto Rico y
sus pueblos, los caminos estaduales y los
vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas
públicas, los paseos y las obras públicas de
servicio general, costeadas por los mismos
pueblos o con fondos del tesoro de Puerto Rico.
42
Vélez Torres, Curso
1983, T. II, pág. 37.
de
Derecho
Civil,
San
Juan,
CT-2013-0014
9
Todos los demás bienes que el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico o los municipios posean,
son
patrimoniales
y
se
regirán
por
las
disposiciones de este título. 31 LPRA sec. 1025.
(Énfasis suplido).
Al
analizar
estos
últimos
dos
artículos,
el
tratadista Vélez Torres indica que nuestros codificadores
tuvieron una falta de rigor científico, en la medida que
―sustancialmente, ambos preceptos son iguales, pues ambos
se refieren a ‗bienes de uso público‘ como los caminos,
plazas,
calles,
etc‖. Vélez
(Énfasis
suplido).
No
Torres,
obstante,
el
op.
cit.,
hecho
de
pág.
que
38
estén
concebidos separadamente se explica debido a que los Arts.
255 y 256 de nuestro Código Civil fueron adoptados de los
Arts. 339 y 344 del Código Civil Español, respectivamente.
Éstos
distinguen
gobierno
central
entre
los
español
y
bienes
los
que
que
pertenecen
pertenecen
a
al
las
provincias y pueblos españoles. Sin embargo, en nuestro
ordenamiento no hay tal distinción. Por tanto, ―el Código
sólo se refiere a los bienes de dominio público de Puerto
Rico,
sin
tomar
en
consideración
los
bienes
de
igual
naturaleza, situados en la Isla, pertenecientes a Estados
Unidos,
los
cuales
están
cubiertos
y
reglamentados
por
leyes del Congreso‖. Íd., pág. 39.
Los profesores Michel J. Godreau y Juan A. Giusti
coinciden con que la distinción entre los Arts. 255 y 256
del Código Civil no está justificada, en tanto no hay una
diferencia
entre
los
bienes
de
dominio
público
y
los
bienes de uso público. M.J. Godreau & J.A. Giusti, Las
CT-2013-0014
concesiones
10
de
la
corona
y
propiedad
de
la
tierra
en
Puerto Rico, Siglos XVI-XX: un estudio jurídico, 62 Rev.
Jur. UPR 354, 562 (1993). Es decir, tanto los bienes de
dominio
como
de
características,
uso
son
público
comparten
imprescriptibles,
las
mismas
inembargables
e
inajenables, a menos que su uso público cese. Íd. pág.
564.43
A
tenor
con
estas
características,
los
profesores
también destacan que el factor definitorio de los bienes
de dominio público es que están destinados al uso público.
En cuanto al carácter público de una cosa, el tratadista
Puig Peña expresa que para que éste exista es necesario
que la cosa (1) posea dependencia dominical respecto de la
Administración, (2) haya una declaración de la naturaleza
pública de la cosa o se determine por el modo de ser del
mismo bien, y (3) haya un fin público para el cual se ha
destinado el bien. F. Puig Peña, Tratado de Derecho Civil
Español,
T.I,
Madrid,
V.II,
pág.
Ed.
Revista
298.
Por
de
Derecho
consiguiente,
Privado,
lo
1958,
determinante
para esta clasificación es el destino del bien.
43
Véase Figueroa v. Municipio de San Juan, 98 DPR 534,
570 (1970). Además, es pertinente destacar, que las
características de los bienes de dominio público también
han sido reconocidas mediante legislación. Por ejemplo, el
Art. 9.001 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991,
según enmendada, conocida como la Ley de Municipios
Autónomos de Puerto Rico, 21 LPRA sec. 4451, establece que
―[s]on bienes de dominio público los destinados a un uso o
servicio público, tales como las plazas, calles, avenidas,
paseos y obras públicas, de servicio general sufragadas
por el municipio con fondos públicos. Los bienes de
dominio público son inalienables, inembargables y no están
sujetos a contribución alguna‖.
CT-2013-0014
11
Al ser esta la característica determinante, si el fin
público
cesa,
el
bien
se
puede
transformar
en
uno
patrimonial susceptible de enajenación. Godreau & Giusti,
supra, pág. 563. Son precisamente los bienes patrimoniales
los
que
nuestro
completan
el
ordenamiento.
esquema
Según
tripartito
establece
el
dispuesto
en
Art.
del
257
Código Civil, 31 LPRA sec. 1026, los bienes de propiedad
privada son aquellos que ―además de los patrimoniales del
pueblo de los Estados Unidos, del pueblo de Puerto Rico y
de los municipios, [pertenecen] a particulares individual
o colectivamente‖.
por
el
Derecho
En
consecuencia, éstos están regidos
privado
vigente
y
son
susceptibles
del
tráfico jurídico (res in commercio). De esta forma, pueden
ser enajenados, prescriben y pueden estar sujetos a cargas
y gravámenes. Vélez Torres, op. cit., págs. 42-43.44
44
Nótese que hay una distinción entre los bienes de
dominio público, los cuales están destinados al servicio
de todos, y los bienes de dominio privado del Estado.
Estos últimos pueden enajenarse con arreglo a la ley, son
prescriptibles y pueden gravarse. Vélez Torres, op. cit.,
pág. 43. Sobre el particular, Colin y Capitant, expresan
que los bienes de dominio privado del Estado son aquellos
que éste posee y administra como un particular. Por
consiguiente, en la medida que estos bienes le producen
ingresos y pueden ser enajenados por el Estado, no se
diferencian de las cosas de propiedad privada y les son
aplicables las disposiciones del Código Civil. A. Colin &
H. Capitant, Curso Elemental de Derecho Civil, Madrid,
Instituto Editorial Reus, 1961, T.II, V.II, pág. 80.
Cónsono con esta distinción, en Gobierno de la
Capital v. Consejo Ejecutivo de P.R., 63 DPR 434, 458-459
(1944), expresamos que los bienes de uso público del
Estado son aquellos que pueden ser utilizados libremente
por el público en general, en contraposición con los
bienes patrimoniales del Estado a los cuales el público no
CT-2013-0014
12
B.
Como
hemos
certificada,
la
visto,
en
lo
clasificación
pertinente
de
bienes
a
la
pregunta
que
suscribe
nuestro ordenamiento gira en torno a la susceptibilidad de
apropiación que tiene un bien. Los bienes comunes no son
susceptibles de apropiación por virtud de su naturaleza,
mientras que los bienes de dominio público no pueden ser
de
apropiación
particular
por
virtud
de
la
ley.
San
Gerónimo Caribe Project v. E.L.A. I, 174 DPR 518, 558
(2008). Precisamente, esta distinción se sustenta con el
Art. 274 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1082, el cual
establece lo siguiente:
Entre las cosas que no son susceptibles de
apropiación están comprendidas aquellas que no
pueden ser propiedad particular por razón de su
objeto, tales como las cosas en común o sean
aquéllas cuyo uso y disfrute pertenece a todos
los hombres.
Hay otras cosas, por el contrario, que
aunque por su naturaleza son susceptibles de
propiedad particular, pierden esta cualidad como
consecuencia de la aplicación que de ellas se
hace para fines públicos incompatibles con la
propiedad privada, si bien pueden adquirir su
primitiva condición tan pronto cese el fin
público que se las hubiera dado; tales son los
terrenos de las carreteras, calles y plazas
públicas.45
tiene constante y general acceso. Véase, además, E.L.A. v.
Tribunal Superior, 97 DPR 644, 669 (1969).
45
Este artículo fue adoptado del anterior Art. 482 del
Código Civil de Louisiana de 1870. No obstante, es
pertinente mencionar que anteriormente, desde 1890 hasta
1902, en nuestro ordenamiento
aplicaba el Art. 341 del
Código Civil español, en el cual se establecía que ―los
bienes
de
dominio
público,
cuando
dejen
de
estar
destinados al uso general o a las necesidades de la
defensa del territorio, pasan a formar parte de los bienes
de propiedad del Estado‖. San Gerónimo Caribe Project v.
CT-2013-0014
13
Este artículo es diáfano en establecer una bifurcación
entre los bienes patrimoniales y los de dominio público.
Esto,
en
la
medida
que
permite
la
mutación
dominical
mediante actos de afectación y desafectación. San Gerónimo
Caribe Project v. E.L.A. I, supra, pág. 564.
La
afectación
tiene
lugar
cuando
un
bien
queda
destinado a un fin público y adquiere la clasificación de
dominio público. ―El acto de afectación se deduce de una
declaración del legislador (Código Civil, Ley de Puertos,
etc.) o mediante los actos administrativos realizados por
el Estado bajo la autorización de alguna ley (como por
ejemplo, la construcción de una plaza o un cementerio)‖.
Íd. pág. 565. Hay circunstancias en las que no se necesita
un acto ulterior del soberano debido a que el bien ya
ELA I, supra, pág. 558 n.34. Como sabemos, en el Código
Civil de 1902 no se incluyó esta disposición, sino que se
trajo el derecho anglosajón.
En cuanto
señala que:
a
esto,
el
tratadista
Vélez
Torres
nos
Al incorporar literalmente a nuestro Derecho
civil el contenido del artículo 428 [sic] del
Código Civil de Louisiana, se trajo a nuestro
ordenamiento la regla del Derecho anglo-sajón al
efecto de que cuando bienes susceptibles de
apropiación se sustraen al tráfico jurídico por
razón de haberse destinado al uso o dominio
público, dejan de ser propiedad particular por
‗incompatibilidad de uso‘, pero si el uso
público
termina,
readquieren
su
condición
primitiva de condición privada, no importa que
su dueño original fuera el propio Estado o una
persona particular. Vélez Torres, op. cit., pág.
41.
Es decir, con esta incorporación no se requirió que
una vez un bien deja de estar destinado para un uso
público debe retornar al patrimonio del Estado, sino que
puede advenir parte del patrimonio de un particular.
CT-2013-0014
14
posee determinadas características físicas o naturales que
por virtud de una ley particular lo afectan, y en otras
ocasiones,
sí
se
requiere
el
acto
del
soberano
para
construir o destinar un bien para fines públicos. Íd.
Por su parte, la desafectación tiene lugar cuando por
virtud de ley, un acto administrativo o por cambios en la
naturaleza del bien que lo excluyen de su clasificación,
sobreviene
una
Project
E.L.A.
I,
Lacruz
Berjedo
v.
española,
mutación
dominical.
supra,
pág.
ha
San
Gerónimo
566.
En
expresado
la
Caribe
doctrina
que
―[l]a
desafectación cambia la condición del bien, [debido a] que
[éste] deja de ser público y entra de nuevo en el tráfico.
[Sin embargo, esto] no implica, necesariamente, cambio de
titularidad,
pues
el
bien
en
cuestión
puede
seguir
perteneciendo al patrimonio del ente público‖. J.L. Lacruz
Berjedo,
F.A.
Sancho
Rebullida
&
et
al.,
Elementos
de
Derecho Civil, Madrid, Dykinson, 2005, T.I, V.III, pág.
41.
Nuestros
pronunciamientos
jurisprudenciales
dictan
que este acto de desafectación puede ocurrir tanto expresa
como tácitamente. San Gerónimo Caribe Project v. E.L.A. I,
supra,
pág. 566.
Sin embargo, para que sea válido, es
necesario que el gestor tenga competencia para ello. Más
importante aún, reiteramos que lo primordial es que cese
el fin público para el cual se había destinado el bien.
En
el
caso
―razón
de
su
de
los
naturaleza‖
bienes
la
de
dominio
desafectación
público
tiene
por
cabida
CT-2013-0014
15
cuando acaecen cambios topográficos, ya estos hayan sido
introducidos artificialmente u ocurridos naturalmente, que
justifican sean excluidos de la clasificación de bien de
dominio
público.
modificaciones,
Claro
siempre
está,
tiene
que
además
de
llevarse
a
estas
cabo
el
proceso administrativo correspondiente. Íd. pág. 567.46 En
cuanto
al
proceso
Civil,
supra,
la
descrito
en
el
desafectación
Art.
274
requiere
un
del
Código
acto
del
soberano o un cambio en la condición natural del bien que
lo excluya de la clasificación otorgada por la misma ley.
III
A.
Ante
el
descrito
esquema
característico
de
delimitar
clasificación
la
nuestro
tripartito
ordenamiento,
del
objeto
de
bienes
corresponde
de
esta
controversia, es decir, las calles.
Como hemos visto, de acuerdo al Código Civil, nuestro
ordenamiento clasifica las calles como bienes de dominio
público. Es decir, son bienes que están destinados al uso
del público en general.
Cabe destacar que así ha sido
reconocido
jurisprudencia
por
nuestra
desde
1909.
En
Saldaña v. Concejo Municipal de San Juan, 15 DPR 37, 51
46
En San Gerónimo Caribe Project v. E.L.A. I, supra,
determinamos que los terrenos sumergidos al mar son bienes
de dominio público por razón de su naturaleza. No
obstante, la legislación vigente al momento en que se
realizaron los rellenos de una de las parcelas en
controversia, contemplaba que por medio de la accesión u
obras de desecación y relleno, los terrenos ganados al mar
podían desafectarse. Esto no tan solo requería la
degradación de los terrenos, sino que también se llevara a
cabo el acto administrativo correspondiente.
CT-2013-0014
(1909),
16
expresamos
que
―desde
el
Gobernador,
en
su
palacio, hasta el limosnero en su choza, tienen derecho al
uso libre y continuado de las mismas‖, refiriéndonos a las
calles,
aceras
y
plazas
de
Posteriormente,
en
Gobierno
la
de
ciudad
la
de
Capital
San
v.
Juan.
Consejo
Ejecutivo de P.R., 63 DPR 434 (1944), expresamos que los
bienes de uso público del Estado son aquellos que pueden
ser utilizados libremente por el público en general, tales
como las plazas y las calles. Véase, además, Caquías v.
Asoc.
Res.
Asoc.
Ctrl.
Mansiones
Acc.
C.
Río
Piedras,
Maracaibo
v.
134
DPR
181
(1993);
Cardona,
144
DPR
1
(1997).
Ahora bien, debemos señalar que el hecho de que sean
bienes destinados al uso público no necesariamente implica
que
éstas
tengan
que
ser
propiedad
del
Estado.47
Al
respecto, el tratadista Vélez Torres ha planteado que:
El
dominio
público
en
nuestra
patria
conlleva
siempre
la
idea
de
destino
o
afectación; afectación del público en general.
Sin embargo, no se requiere que el bien afectado
al uso público en general sea propiedad del
Estado o de algunas de sus dependencias,
corporaciones
públicas
o
municipios.
Vélez
Torres, op cit., págs. 40-41.
En
otras
palabras,
una
persona
particular
puede
mantener el dominio de la calle como un bien afectado,
mientras que el Estado sólo retiene la función de guarda,
47
Es importante destacar que en el caso de aquellas
calles que son costeadas con fondos públicos, le aplican
las disposiciones constitucionales que regulan el uso de
las propiedades y los fondos públicos. Es decir, conforme
al Art. VI, Sec. 9 de nuestra Constitución, solamente
podrán ser utilizadas para fines públicos. Véase Art. VI,
Sec. 9, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 429.
CT-2013-0014
17
gestión y administración, no así su dominio. Vélez Torres,
op. cit., pág. 41.48 Esto, debido a que, como ya hemos
mencionado,
lo
determinante
para
esta
clasificación
estriba en el fin público para el cual ha sido destinado
el bien.
B.
Ahora bien, al igual que los bienes privados, los
bienes
de
dominio
público
están
sujetos
a
la
reglamentación adecuada del Estado que no sea arbitraria o
irrazonable. Pacheco Fraticelli v. Cintrón Antonsanti, 122
DPR 229 (1988).
Cónsono con lo anterior, y a modo de ejemplo, se ha
permitido la reglamentación de estos bienes por parte del
estado desde múltiples perspectivas, entre las cuales se
encuentra la libertad de expresión. Esto, debido a que
para
tales
propósitos,
parques
y
las
plazas
públicos
tradicionales.
las
calles,
públicas,
En
tal
al
igual
que
son
consideradas
caso,
este
los
foros
Tribunal
ha
expuesto que:
Desde tiempos inmemoriales los parques, las
plazas
y
las
calles
en
Puerto
Rico
han
constituido foros de divulgación, de intercambio
y de crítica de ideas. Es en ellos en donde la
conciencia ciudadana y particular forma de ver
48
Es pertinente mencionar que a pesar de esto, citando
a Puig Peña y a Planiol, Vélez Torres nos indica que la
doctrina se ha ido dirigiendo a reconocer que el Estado
ostenta un cierto derecho de propiedad sobre los bienes de
dominio público que excede la mera guarda y vigilancia.
Esto, debido a que por ejemplo, el Estado puede ejercitar
acciones reivindicatorias o posesorias sobre estos bienes,
además de que puede otorgar concesiones de uso y disfrute
temporales sobre estos bienes. Vélez Torres, op cit.,
págs. 42-43 n.19.
CT-2013-0014
18
el mundo tienen impacto y repercuten. Son los
foros
públicos
por
excelencia
para
la
divulgación y expresión de ideas. Las calles en
particular constituyen un instrumento eficaz de
divulgación de ideas accesible para aquellos
individuos
y
grupos
que
no
cuentan
con
suficientes recursos económicos y que no tienen,
por tanto, acceso a los medios de comunicación
masiva como lo son la radio, la televisión y la
prensa.
Pacheco
Fraticelli
v.
Cintrón
Antonsanti, supra, págs. 241-242.
En consecuencia, a pesar que las calles son bienes de
dominio
público,
se
ha
siempre
y
se
empleen
cuando
permitido
las
reglamentar
su
guías
normas
y
las
uso
adecuadas.
En lo que atañe a la controversia ante nos, a tenor
con la mencionada Ley Núm. 21, la Asamblea Legislativa ha
regulado
el
uso
de
las
calles
como
bienes
de
dominio
público al organizar el acceso a las vías públicas en las
urbanizaciones
y
comunidades
residenciales
públicas
y
privadas. Al respecto, hemos expresado que ―[e]l concepto
de control de acceso implica que se preserva la naturaleza
pública de las calles residenciales, mientras se permite a
los residentes establecer unos medios para controlar el
tráfico de vehículos y el uso público, y así velar por su
propia seguridad, y cultivar un ambiente propicio para una
mejor convivencia‖. Caquías v. Asoc. Res. Mansiones Río
Piedras,
49
supra,
pág.
186
(1993).49
Por
lo
tanto,
Sobre este particular, en su libro sobre Derecho de
urbanizaciones, la Dra. Margarita E. García Cardenas
destaca cómo la aprobación de la Ley Núm. 21 trajo consigo
la idea de que mediante este estatuto se estaba
trastocando
el
carácter
público
de
las
calles
residenciales. Sin embargo, como bien indica la profesora,
esto es totalmente erróneo y así ha sido confirmado
CT-2013-0014
19
―[ú]nicamente [se] reglamenta el uso de unos bienes a los
cuales todos los habitantes tienen derecho de uso, en aras
de
salvaguardar
tranquilidad
de
precisamente
la
vida
el
sosiego,
la
comunitaria,
paz
y
factores
la
que
anteriormente hemos reconocido que son parte del derecho a
la
dignidad
posición
e
intimidad
preferente
en
del
nuestro
ser
humano,
esquema
derechos
de
constitucional‖.
Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v. Cardona, supra, pág. 33
(citando a Pueblo v. Hernández Colón, 118 DPR 891, 905
(1987); E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 DPR 436, 446
(1975); Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 DPR
20 (1974)).
Consecuentemente, la referida ley permite y delega a
las asociaciones de residentes que controlen el acceso a
las calles residenciales de su urbanización, mientras que
simultáneamente se preserva la naturaleza pública de estos
bienes. Según expresado en la Exposición de Motivos de la
mencionada ley, esta regulación se permitió para combatir
la alta incidencia de criminalidad en nuestra Isla. Véanse
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 21; Nieves v. AM
Contractors, 166 DPR 399, 411 (2005).
Por consiguiente, se facultó a los municipios para
que pusieran en vigor la legislación de acuerdo a las
propias
disposiciones
Planificación
Núm.
de
20,
la
ley
adoptado
y
el
por
Reglamento
de
la
de
Junta
jurisprudencialmente
por
este
Tribunal.
M.E.
García
Cardenas, Derecho de urbanizaciones: servidumbres en
equidad, controles de acceso e instalaciones vecinales,
San Juan, Editorial InterJuris, 2010, pág.80.
CT-2013-0014
20
Planificación el 20 de enero de 1989. Mientras que en el
caso
de
las
asociaciones,
se
les
delegó
administrar
y
mantener los sistemas para controlar el tráfico y las vías
públicas de acuerdo al permiso que tuviera a bien otorgar
el
municipio
luego
de
que
se
hubiese
cumplimentado
la
reglamentación aplicable. Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v.
Cardona, supra, pág. 26.
En fin, como hemos descrito, tanto las urbanizaciones
públicas como privadas están obligadas por la Ley Núm. 21
y
deben
solicitarle
permiso
al
municipio
para
poder
controlar las vías públicas que otorgan el acceso a sus
urbanizaciones. Sin embargo, al así hacerlo, no alteran el
carácter
público
que
en
nuestro
ordenamiento
se
le
ha
otorgado a las calles.
IV
Ante todo el marco jurídico expuesto, es imperativo
concluir que en nuestro ordenamiento las calles son bienes
de dominio público que han sido destinadas para el uso
público. Es decir, más allá de la razón práctica para la
cual
son
utilizadas,
responden
a
un
fin
social
significativo dentro de nuestra sociedad. En palabras del
tratadista
Vélez
sirve
fin
un
Torres,
social
―[e]l
bien
de
dominio
público
deseable
en
la
medida
que
es
disfrutado por el público en forma directa. La ciudadanía
usa las playas, los parques, las carreteras, las calles,
etc., sin tener que pedir permiso a nadie‖. Vélez Torres,
op. cit., pág. 42.
CT-2013-0014
21
Por lo tanto, como desde su origen las calles están
afectadas por ley y pertenecen al dominio público, son
bienes inalienables, inembargables e imprescriptibles. No
obstante, y como hemos establecido, este uso público no es
irrestricto y puede ser reglamentado.
Asimismo,
su
destino
tampoco
es
inmutable.
La
afectación de este bien puede cesar y las calles advenir
en bienes privativos, ya sean del Estado o de particulares
de
manera
individual
o
colectiva.
Consecuentemente,
mediante el proceso de desafectación, las calles pueden
dejar atrás el carácter público que las caracterizaba y
convertirse en bienes privativos. Sin embargo, para esto
se requiere un acto legislativo o administrativo expreso
por
parte
decir,
de
es
un
gestor
necesario
con
que
se
competencia
lleve
a
para
ello.
cabo
ese
Es
acto
dispositivo mediante el cual se reconozca el cese de la
utilidad
pública
de
las
calles.
Ello,
porque
como
expusimos, lo más importante es que cese el fin público
para el cual fue destinado el bien. Claro está, ese acto
de desafectación requiere un ejercicio responsable, en el
cual
el
Estado
no
abdique
su
deber
ministerial
de
planificar, preservar la finalidad social de la ordenación
territorial
y
velar
por
un
adecuado
desarrollo
urbanístico.50
50
A partir de la normativa esbozada es que en nuestro
ordenamiento
se
concibe
la
existencia
de
calles
residenciales que han perdido su utilidad pública y se han
convertido en privativas. Específicamente, en el contexto
de planificación y desarrollo urbanístico, se concibió la
CT-2013-0014
22
V
Por
los
fundamentos
expuestos,
discrepo
de
la
contestación esbozada por una Mayoría de este Tribunal.
Correspondía reafirmar la naturaleza pública de las calles
como bienes de dominio público.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado
Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9011 et seq., conocida
como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de
Puerto Rico, la cual requirió que se adoptara un
reglamento conjunto de permisos. A tenor con este mandato,
la Junta de Planificación adoptó el Reglamento Conjunto de
Permisos para Obras de Construcción y Uso de Terrenos,
Reglamento Núm. 7951 de 30 de noviembre de 2010, enmendado
en el 2011 y 2012 (Reglamento Conjunto). En su versión
original, la sección 17.3.2 del referido reglamento
solamente contemplaba el acceso a las urbanizaciones
mediante vías públicas debidamente inscritas. Sin embargo,
con las enmiendas del 2011 esto fue modificado y se
reconoció que las urbanizaciones podían tener acceso
mediante vías privadas debidamente dedicadas para tales
fines. Nótese que estas enmiendas son de reciente
aprobación, por lo que esto no estaba contemplado en
nuestro
ordenamiento
cuando
se
desarrollaron
las
urbanizaciones sobre las que el Tribunal de Distrito le
ordenó a los municipios presentar el plan de acción para
garantizar el acceso a los Testigos de Jehová. No
obstante, aún bajo ese escenario, es necesario que, de
acuerdo a los parámetros que hemos expuesto, haya un acto
de desafectación para lo cual la utilidad pública de las
calles tendría que haber cesado.