Tribunal Supremo de Puerto Rico
Medina Mercado v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico
2014 TSPR 107
Poder Judicial de Puerto Rico
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Medina Mercado v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico
AC-2013-118
Sentencia con Voto Particular Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ángelo Medina Mercado y Otros
Peticionarios
v.
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y otros
Certiorari
2014 TSPR 107
190 DPR ____
Recurridos
Número del Caso: AC-2013-118
Fecha: 12 de mayo de 2014
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan, Panel VIII
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Roberto Sueiro del Valle
Lcda. Nicolle Rodríguez Candelario
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcda. Liany A. Vega Nazario
Materia: Sentencia con Voto Particular Disidente
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ángelo Medina Mercado y otros
Peticionarios
v.
AC-2013-0118
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y otros
Recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 12 de mayo de 2014.
Atendido
petición
de
el
escrito
certiorari,
presentado
por
estar
como
una
igualmente
dividido el Tribunal y conforme a lo dispuesto en
la Regla 4(a) del Reglamento del Tribunal Supremo
de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 4(a), se
expide el auto y se dicta Sentencia confirmatoria
de la emitida en el caso de autos por el foro
apelativo.
Lo
acordó
Secretaria
Asociada
del
señora
el
Tribunal
Tribunal
Pabón
y
certifica
Supremo.
Charneco
y
la
La
Jueza
los
Jueces
Asociados señores Kolthoff Caraballo, Feliberti
Cintrón y Estrella Martínez hubiesen expedido el
auto para revocar el dictamen del Tribunal de
AC-2013-118
2
Tribunal Apelaciones y devolver el recurso al Tribunal
de
Primera
Instancia,
a
fin
de
que
los
demandantes
tengan su día en corte. El Juez Asociado señor Estrella
Martínez emitió un Voto Particular Disidente al que se
unen la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez
Asociado señor Kolthoff Caraballo.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ángelo Medina Mercado y otros
Apelantes
v.
AC-2013-118
Estado Libre Asociado de Puerto
Rico y otros
Apelados
Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado SEÑOR
ESTRELLA MARTÍNEZ al cual se unen la Jueza Asociada SEÑORA PABÓN
CHARNECO y el Juez Asociado SEÑOR KOLTHOFF CARABALLO
San Juan, Puerto Rico, a 12 de mayo de 2014.
Respetuosamente
disiento
de
la
acción
de
confirmar el dictamen desestimatorio del reclamo
de los productores de espectáculos, provocada por
esta Curia hallarse igualmente dividida. En su
lugar,
hubiese
revocado
foros
apelados
por
incidieron
entender
al
que
los
desestimar
su
reclamo al amparo de la Regla 10.2 de las de
Procedimiento
aludidos
Civil,
foros
infra.
debieron
Ello,
permitirle
pues,
los
presentar
evidencia con el fin de demostrar la veracidad de
lo reclamado. Al desestimar su causa de acción
bajo el fundamento de que dejaron de exponer una
reclamación que justificara la concesión de un
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2
remedio, se actuó en contravención al importante interés de que
todo litigante tenga su día en corte. No podemos avalar un curso
de acción que quebranta toda una política judicial firmemente
establecida.
Por
revocar
tanto,
el
expediría
dictamen
de
el
recurso
presentado
con
miras
a
los
foros
recurridos.
La
referida
política pública judicial así lo exige.
A continuación, exponemos el escenario fáctico y procesal
que dio margen a la controversia que nos ocupa.
I
El 19 de agosto de 2011, varios productores de espectáculos
(productores) presentaron una demanda y sentencia declaratoria
en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), bajo
el fundamento de que la Ley Núm. 108 de 12 de julio de 1985 (Ley
Núm. 108),1 1 LPRA sec. 531 et seq., infringía sus derechos
constitucionales. En particular, señalaron que ésta violenta su
derecho a la igual protección de las leyes, a la libertad de
expresión, su derecho al trabajo y a no ser privados de su
propiedad sin el debido proceso de ley.
1
En lo pertinente, la ley establece el derecho de las
personas mayores de sesenta años a recibir un descuento de
cincuenta por ciento en el boleto de admisión para cualquier
espectáculo que se lleve a cabo en instalaciones o facilidades
pertenecientes al ELA. También dispone que el derecho de
admisión a estas actividades debe concedérsele libre de costo a
toda persona que tenga setenta y cinco años o más.
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3
En síntesis, los productores alegan que la Ley Núm. 108
transgrede la igual protección de las leyes ya que discrimina en
contra de los productores de espectáculos dirigidos a personas
mayores de sesenta años. Plantean que el referido esquema legal
regula el contenido, así como el tiempo, lugar y manera de los
espectáculos que producen. De igual forma, sostienen que existe
una exclusión de facto de productores de espectáculos que apelan
a las personas de edad avanzada. Asimismo, arguyen que la ley
constituye una censura previa al hacer imposible económicamente
espectáculos dirigidos a las personas de edad avanzada.
Por otro lado, los productores aducen que la Ley Núm. 108
los priva de recibir un dinero al cual tienen derecho y frustra
sus
expectativas
empresariales.
Para
ellos,
la
ley
incauta
propiedad privada sin el debido proceso de ley y sin concederle
justa
compensación,
propietario
en
Finalmente,
señalan
causado
daños
la
pues
plantean
explotación
que
la
estimados
en
que
económica
aplicación
2
tienen
de
millones
de
un
interés
su
negocio.
la
aludida
ley
de
dólares
a
ha
cada
productor (20 millones de dólares en total).
Luego de varios incidentes procesales, el ELA presentó una
moción de desestimación bajo el fundamento de que la demanda no
exponía hechos que justificaran la concesión de un remedio. Para
el ELA, conceder lo reclamado por los productores constituiría
una
intervención
indebida
de
los
foros
judiciales
con
las
funciones y prerrogativas que le competen a la Rama Legislativa
y Ejecutiva. En cuanto a la igual protección de las leyes, el
ELA argumentó que las disposiciones de la Ley Núm. 108 aplican a
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4
todos los productores por igual, por lo que no se configura una
clasificación sospechosa. Por tanto, adujo que la ley supera el
escrutinio de razonabilidad.
Del mismo modo, el ELA arguyó que el estatuto en cuestión
no
regulaba
el
artísticas.
tiempo,
Tampoco
lugar
prohibía
o
manera
de
la
expresión
las
ni
expresiones
regulaba
el
contenido de las mismas. Asimismo, en cuanto a la privación de
propiedad sin un debido proceso de ley, planteó que la ley era
una medida socioeconómica que debía evaluarse bajo el escrutinio
de razonabilidad el cual superaba.
El 21 de noviembre de 2011, los productores presentaron la
correspondiente oposición a la solicitud de desestimación. En
ésta,
reiteraron
los
argumentos
expuestos
en
cuanto
a
la
inconstitucionalidad de la Ley Núm. 108. Además, el 20 de enero
de 2012, los productores presentaron una moción de sentencia
sumaria.
Así
las
cosas,
el
29
de
mayo
de
2012,
el
Tribunal
de
Primera Instancia emitió una Sentencia mediante la cual declaró
ha lugar la moción de desestimación presentada por el ELA. Por
tanto, desestimó la totalidad de la demanda instada por los
productores fundamentándose en que la demanda no exponía hechos
que justificaran la concesión de un remedio. En desacuerdo, los
productores presentaron una moción de reconsideración, pero fue
declarada no ha lugar.
Inconformes con este dictamen, los productores acudieron al
Tribunal de Apelaciones. Esencialmente, plantearon los mismos
argumentos
esbozados
ante
el
foro
primario.
No
obstante,
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5
añadieron el señalamiento de que la mencionada ley adolece de
vaguedad, pues no imponía topes sobre la cantidad de boletos a
recibir el descuento o a brindarse gratuitamente.
El 30 de agosto de 2013, el foro apelativo intermedio dictó
una Sentencia mediante la cual confirmó el dictamen recurrido.
Ante este proceder, los productores recurren ante este Tribunal.
Empero, por esta Curia encontrarse igualmente dividida y
conforme lo que dispone la Regla 4(a) de este Tribunal, 4 LPRA
Ap. XXI-B, R. 4(a),2 se emite una Sentencia cuyo resultado es
confirmar
los
dictámenes
desestimatorios
del
reclamo
de
los
productores. Por ello, disiento y expreso a continuación los
fundamentos que me llevan ello.
II
Antes
de
exponer
nos
nuestro
controversia
que
ocupa,
disposiciones
estatutarias
y
criterio
es
respecto
menester
jurisprudenciales
señalar
a
la
las
aplicables.
Procedemos.
Como
es
sabido,
la
Regla
10.2
de
las
de
Procedimiento
Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, establece las defensas mediante
las cuales una parte puede solicitar la desestimación de la
causa de acción que se insta en su contra. Ello, cuando es
evidente que a base de las alegaciones formuladas en la demanda,
alguna
2
de
las
defensas
afirmativas
prosperará.
Trans-Oceanic
La Regla 4(a) del Reglamento del Tribunal Supremo
establece, en lo pertinente, que “[p]ara la expedición de un
auto por el [P]leno, se requerirán los votos de por lo menos la
mitad de los jueces y las juezas que intervengan. Cuando la
votación sea empate, se expedirá el auto discrecional y se
confirmará el dictamen objeto del recurso”. Véase, 4 LPRA Ap.
XXI-B, R. 4(a).
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Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012). Así, esta
regla dispone, en lo pertinente, que:
Toda defensa de hechos o de derecho contra una
reclamación se expondrá en la alegación responsiva
excepto que, a opción de la parte que alega, las
siguientes defensas pueden hacerse mediante una moción
debidamente fundamentada:
(1) Falta de jurisdicción sobre la materia. (2)
Falta de jurisdicción sobre la persona. (3)
Insuficiencia del emplazamiento.
(4) Insuficiencia del diligenciamiento del
emplazamiento.
(5) Dejar de exponer una reclamación que justifique
la concesión de un remedio.
(6) Dejar de acumular una parte indispensable. 32
LPRA Ap. V, R. 10.2. [Énfasis suplido].
En
lo
que
atañe
a
establecido
que
ante
la
la
controversia
presentación
de
de
marras,
una
hemos
moción
de
desestimación basada en la quinta defensa de la aludida regla
procesal, los foros judiciales deben tomar como ciertas todas
las
alegaciones
fácticas
plasmadas
en
la
demanda.
Colón
v.
Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); Roldán v. Lutrón, S.M., Inc.,
151 DPR 883, 889 (2000); Harguindey Ferrer v. U.I., 148 DPR 13,
30 (1999); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR
497, 504-505 (1994). Asimismo, están precisados a interpretar
las aseveraciones de la parte demandante en forma conjunta, de
la manera más favorable y liberal, formulando a su favor todas
las inferencias que puedan asistirle. Colón v. Lotería, supra,
pág.
649;
Roldán
v.
Lutrón,
S.M.,
Inc.,
supra,
pág.
890;
Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 505. De
esta forma, los tribunales deben razonar si a la luz de la
situación más favorable al demandante, y resolviendo las dudas a
favor de éste, la demanda es suficiente para constituir una
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reclamación válida. Colón v. Lotería, supra, pág. 649; Pressure
Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 505.
En consecuencia, la causa de acción no debe ser desestimada
a
menos
que
demandante
no
el
promovente
tiene
de
la
a
remedio
derecho
moción
demuestre
alguno
al
que
el
amparo
de
cualquier estado de hechos que puedan ser evidenciados en apoyo
a su causa de acción. Colón v. Lotería, supra, pág. 649; Roldán
v. Lutrón, S.M., Inc., supra, pág. 890; Pressure Vessels P.R. v.
Empire Gas P.R., supra, pág. 505. Por tanto, se debe conceder la
desestimación cuando existan circunstancias que permitan a los
tribunales determinar, sin ambages, que la demanda adolece de
todo mérito o que la parte no tiene derecho a obtener remedio
alguno.
Por su parte, esta Curia ha sostenido firmemente la clara
política pública judicial de que los casos se ventilen en sus
méritos. Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 20 (2004);
Mercado v. Panthers Military Soc., Inc., 125 DPR 98, 105 (1990).
Como corolario de esta política, hemos reiterado que existe un
trascendental interés en que todo litigante tenga su día en
corte.
A
la
luz
de
este
marco
estatutario
y
jurisprudencial,
pasamos a exponer nuestro parecer.
III
Conforme indicamos, los foros recurridos desestimaron las
alegaciones de inconstitucionalidad de la Ley Núm. 108 instadas
por los productores, al amparo de la examinada regla procesal.
Los foros razonaron que los productores dejaron de exponer una
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causa de acción que justificara la concesión de un remedio, por
lo que desestimaron de plano la totalidad de su reclamo. Empero,
arriban a esta conclusión sin otorgarle a los productores la
posibilidad de un desfile de evidencia tendente a demostrar la
veracidad
de
lo
aseverado.
Ante
esa
realidad,
este
Tribunal
emite una Sentencia cuya consecuencia directa es ratificar un
curso de acción contrario a los postulados básicos de nuestro
ordenamiento jurídico. No nos queda más que disentir.
No podemos avalar la contención de los foros recurridos.
Sus determinaciones y fundamentos no logran persuadirnos. Ello,
pues, sostenemos que al desestimar la causa de acción de los
productores,
política
méritos
los
pública
y,
sobre
foros
incidieron
al
de
los
deben
que
todo,
al
casos
quebrantar
contravenir
la
la
ventilarse
máxima
de
firme
en
los
que
todo
litigante debe tener su día en corte. Por tanto, somos de la
opinión de que no procedía la desestimación del reclamo instado.
Entendemos que en consideración a las alegaciones incoadas
por
los
productores,
demostraran
los
a
lo
méritos
sumo,
de
sus
se
les
debió
permitir
que
reclamaciones
mediante
la
celebración de una vista evidenciaria. Por ello, afirmamos que
la
razón
ampara
a
los
productores
cuando
aducen
que
la
adjudicación de su reclamo requería un desfile de prueba a tales
efectos.
Es más, mediante la celebración de una vista evidenciaria,
el
foro
permitiría
primario
tendría
examinar
con
un
mayor
panorama
más
detenimiento
amplio
la
que
le
situación
presentada por los productores. De esta forma, el referido foro
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estaría
en
mejor
9
posición
para
cumplir
a
cabalidad
con
el
mandato de examinar si, a tenor con la situación más favorable
para los demandantes y resolviendo las dudas a favor de éstos,
procedía en derecho desestimar su causa de acción. Lo anterior,
posibilitaría que dentro de las circunstancias del presente caso
se cumpla, de forma adecuada, con la deseable práctica de que
los casos se ventilen en los méritos. Política judicial de la
que, reiteradamente, este Tribunal ha sido fiel patrocinador.
Recordemos, pues, que la desestimación debe ser la excepción y
no la norma general.
En fin, debemos señalar que si bien reconocemos que la
Asamblea
Legislativa
tiene
múltiples
alternativas
a
su
disposición para implantar la política pública que emana de la
Ley Núm. 108 y, al mismo tiempo, lograr un balance entre las
alegaciones
de
los
productores
sobre
los
efectos
de
la
aplicación de ésta, ello no puede ser óbice para que los foros
judiciales
atiendan
oportuna
y
diligentemente
el
reclamo
constitucional instado.
IV
Al amparo de los fundamentos que anteceden, no puedo avalar
la desestimación de la demanda instada por los productores de
espectáculos.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado