Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pueblo v. Soto Molina
2014 TSPR 82
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pueblo v. Soto Molina
CC-2012-755
Derecho Penal – Delito menor incluido; delitos de influencia indebida y soborno
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
v.
2014 TSPR 82
Wilson Soto Molina
191 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2012-0755
Fecha: 30 de junio de 2014
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Harry N. Padilla Martínez
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Rubén Falú Allende
Materia: Derecho Penal – Delito
influencia indebida y soborno.
menor
incluido;
delitos
de
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2012-755
Certiorari
Wilson Soto Molina
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor
Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2014.
La premisa es sencilla, pero de
inconmensurable valor: en un régimen
de leyes nadie tiene derecho a un
trato preferente y ventajoso basado
en el dinero, la ventaja o la mejor
relación
personal.
Nuestra
administración pública está cimentada
en el fiel desempeño del ejercicio
por los funcionarios públicos, sin
que para ello medie paga adicional
alguna o consideraciones extrañas a
los méritos del asunto en cuestión.1
El presente caso nos brinda la oportunidad
de
figura
del
―delito menor incluido‖ y, específicamente,
si
1
expresarnos
con
relación
a
la
In re Franco Soto, 115 DPR 740, 752 (1984).
CC-2012-755
2
el ―delito de influencia indebida‖2 está contemplado como
un
delito
menor
incluido
en
el
delito
de
soborno
agravado3. Contestamos esta interrogante en la negativa.
Sin embargo, con relación a los demás errores señalados
por el peticionario, determinamos que los mismos no se
cometieron,
por
lo
que
se
confirma
la
convicción
del
peticionario en cuanto al Art. 3.2 (c) de la Ley de Ética
Gubernamental,
infra.
A
continuación
los
hechos
adjudicados por el Tribunal de Primera Instancia.
I
El 16 de febrero de 2010 la Oficina del Fiscal
Especial
Sr.
Independiente
Wilson
Soto
acusatorios
por
(FEI)
Molina
hechos
presentó
(peticionario)
ocurridos
contra
diez
pliegos
los
últimos
durante
meses del 2004 y principios del 2005.
el
En los mismos se
imputó nueve infracciones al Art. 210 del Código Penal de
19744 -soborno agravado- por haber solicitado y obtenido
dinero
siendo
(Municipio).
alcalde
del
Municipio
de
Cataño
El décimo pliego acusatorio contenía una
violación al Art. 3.2 (c) de la Ley Núm. 12 del 24 de
julio
de
1985,
Gubernamental,5
gallos
de
conocida
por
pelea
haber
valorados
como
la
solicitado
en
Ley
y
quinientos
de
Ética
obtenido
dos
dólares
los
2
Según tipificado en el Art. 213 del Código Penal de 1974, 33 LPRA
sec. 4364 (1974).
3
Según tipificado en el Art. 210 del Código Penal de 1974, 33 LPRA
sec. 4361 (1974).
4
Los hechos imputados fueron cometidos antes de que entrara en vigor
el Código Penal de 2004.
5
3 LPRA sec. 1823(c).
CC-2012-755
cuales
3
fueron
entregados
en
la
alcaldía
por
una
corporación que tenía contratos con el Municipio.
El
juicio se celebró en el Tribunal de Primera Instancia
(TPI), Sala de Bayamón, por tribunal de derecho.
Durante el juicio, se admitió prueba documental de
ambas partes y prueba testifical del FEI.
testifical
del
FEI
consistió
en
los
La prueba
testimonios
del
Sr. Rafael Vázquez Marcano, quien para la fecha de los
hechos se desempeñaba como Director de Obras Públicas del
Municipio; el Sr. Luis Pagán Navedo, quien para la fecha
de los hechos se desempeñaba como Director de Finanzas
del Municipio; el Sr. Orlando Rivera Alcázar, ingeniero y
dueño de la firma ORAM Engineering (ORAM); la Sra. Mayra
Ramsamy Nieves, ayudante del peticionario; el Sr. Marcos
García
Irizarry
y
la
Sra.
Elsie
Grille
Álvarez.
Finalmente, se estipuló el testimonio prestado en vista
preliminar por el Sr. Ramón Grille Álvarez, quien era
ejecutivo y codueño de ORAM.
Según surgió del relato de los testigos, debido al
desastre ocurrido por el paso de la Tormenta Tropical
Jeanne el peticionario y los jefes de dependencias se
reunieron para establecer los planes de acción a seguir.
En la reunión se acordó solicitar a ORAM una cotización
por
la
labor
del
recogido
y
disposición
de
los
CC-2012-755
4
escombros.6
El 16 de septiembre de 2004, ORAM presentó
su propuesta y la misma fue aceptada.
Ahora bien, el 24 de septiembre de 2004 el Sr. Juan
Salgado Agueda7 –ayudante especial del peticionario- citó
a los señores Rivera Alcázar y Grille Álvarez -ejecutivos
de ORAM- a una reunión almuerzo.
Agueda
les
informó
peticionario
que
estaba
la
Allí, el señor Salgado
campaña
comenzando
de
y
reelección
del
necesitaban
una
aportación económica de $200,000 en efectivo.
Debido a
la oposición de los ejecutivos de ORAM, el señor Salgado
Agueda les indicó que si no pagaban esa cantidad tendrían
dificultad
Municipio.
en
cobrar
Ante
los
esa
contratos
situación,
que
tenían
con
el
ORAM
accedió
a
lo
solicitado con la condición de que pagaría según cobrara
dichos contratos.
Así las cosas, según ORAM recibió el
pago de las facturas comenzó a pagar la suma solicitada.
Los señores Rivera Alcázar y Grille Álvarez declararon
que en varias ocasiones cuando le entregaron el dinero al
señor Salgado Agueda, este salía de la oficina y luego
regresaba sin el dinero manifestando que el alcalde les
agradecía su cooperación.
Además, el señor Pagán Navedo, Director de Finanzas
del municipio, testificó que el peticionario le insistió
6
ORAM tenía vigente con el Municipio un contrato para servicios de
ornato y mantenimiento de áreas verdes.
7
En las acusaciones por violaciones al Art. 210 del Código Penal de
1974, se le imputó al peticionario haber actuado en conjunto y común
acuerdo con el Sr. Juan Salgado Agueda. No obstante, este coacusado
falleció antes de la celebración del juicio.
CC-2012-755
5
en varias ocasiones que le pagara las facturas a ORAM y a
otros
contratistas
campaña política.
peticionario
porque
iban
a
dar
dinero
para
su
Expresó que el 4 de octubre de 2004 el
reunió
a
varios
funcionarios
municipales.
En la reunión le inquirió al señor Pagán Navedo por qué
no había sacado el pago de ORAM.
Este le contestó que no
había visto los contratos ni las facturas y que no había
suficiente dinero en la caja para hacer el pago.
el
señor
Pagán
Navedo,
el
peticionario
le
Según
indicó
que
tenía que sacar el pago porque ORAM iba a dar dinero para
la campaña y le ordenó que cambiara unos certificados de
depósitos que tenía el Municipio.
Luego de esta reunión,
en varias ocasiones, tanto el peticionario como el señor
Salgado Agueda, le pidieron e insistieron al señor Pagán
Navedo
que
sometiera
irregularidad
de
las
los
pagos
presiones
a
ORAM.
para
Ante
pagarles
a
la
los
contratistas, el señor Pagán Navedo solicitó reunirse con
el
peticionario.
Mientras
este
le
manifestaba
sus
inquietudes, el peticionario lo interrumpió y le indicó
que tenía que entender que esas personas fueron las que
pagaron su campaña.
Por
otro
lado,
mientras
el
peticionario
inspeccionaba las obras realizadas por ORAM le expresó al
señor Grille Álvarez que era gallero y le preguntó si
conocía de alguien que vendiera gallos de pelea, ya que
quería entrenarlos para pelear el próximo año.
Grille
Álvarez
se
comunicó
con
su
hermana,
El señor
la
señora
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6
Grille Álvarez, para que le consiguiera los gallos.
Esta
le pidió a su novio, el señor García Irizarry y quien era
criador de gallos de pelea, que los consiguiera.
Así las
cosas, la señora Grille Álvarez le entregó a su hermano
dos
gallos
de
pelea
quinientos dólares.
Alcázar
acudieron
valorados
entre
doscientos
y
Los señores Grille Álvarez y Rivera
a
la
oficina
del
peticionario
y
le
entregaron personalmente los dos gallos.
Luego de evaluar toda la prueba, el Tribunal de
Primera Instancia encontró culpable al Sr. Wilson Soto
por nueve infracciones al Art. 213 del Código Penal de
1974, por el delito de influencia indebida y por una
violación
al
Gubernamental,
Sr.
Wilson
Art.
3.2(c)
supra.
Es
Soto
nunca
influencia indebida.
de
la
importante
fue
acusado
Ley
de
destacar
por
el
Ética
que
el
delito
de
El 8 de agosto de 2011, el FEI
presentó una moción para que se impusieran agravantes a
la sentencia, al amparo de la Regla 171 de Procedimiento
Criminal.
Por su parte, el peticionario se opuso a la
solicitud.
A tenor de lo anterior, el foro de instancia
analizó
argumentos
los
de
ambas
partes
y
si
procedía
imponer una pena de multa o de reclusión. El informe presentencia no recomendó nada al respecto; solo indicó que
no se recomienda al señor Soto Molina para los beneficios
de una sentencia suspendida.
El 16 de septiembre de 2011
dictó
condenó
sentencia
cumplir
tres
en
la
que
años
de
cárcel
por
al
peticionario
a
cada
infracción
al
CC-2012-755
7
Art. 213, supra, a ser cumplidos concurrentemente entre
sí y un año de reclusión por la violación al Art. 3.2(c),
supra,
a
ser
cumplido
en
forma
consecutiva
con
la
16
de
anterior.
Inconforme
con
esa
determinación,
el
septiembre de 2011, el peticionario acudió al Tribunal de
Apelaciones (TA) mediante apelación.
En síntesis alegó
que el Tribunal de Primera Instancia erró al resolver
que: (1) el delito de influencia indebida es un delito
menor
incluido
en
los
delitos
de
soborno
y
soborno
agravado, (2) la evidencia desfilada sostenía las nueve
infracciones al Art. 213, supra, y a la violación al Art.
3.2(c), supra, (3) al declararlo culpable sin demostrar
que su culpabilidad fuera establecida más allá de duda
razonable, (4) al imponerle pena de cárcel y no una pena
de multa, (5) al imponer las penas de forma consecutiva y
no concurrente, y (6) al dictar una pena fija en vez de
una pena con atenuantes.
El 13 de julio de 2012 el foro
intermedio emitió una sentencia en la que confirmó la
sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.
En
desacuerdo
Apelaciones,
el
certiorari
ante
con
la
decisión
peticionario
presentó
esta
en
Curia,
el
del
Tribunal
de
un
recurso
de
que
señaló
los
siguientes errores:
Cometieron error el T.P.I. y el T.A. al
resolver que el Art. 213 del Código Penal
de 1974 –influencia indebida- es un delito
menor incluido en los delitos de soborno y
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8
soborno agravado que tipificaban los Arts.
209 y 210 del Código Penal de 1974.
Cometieron error el T.P.I. y el T.A. al
resolver que la evidencia desfilada por el
Ministerio
Público
sostenía
nueve
convicciones por infracción al Art. 213
del Código Penal de 1974.
Cometieron error el T.P.I. y el T.A. al
resolver que la evidencia desfilada por el
Ministerio Público sostenía una convicción
por infracción al Art. 3.2(c) de la Ley de
Ética Gubernamental.
Cometieron error el T.P.I. y el T.A. al
declarar convicto al peticionario por las
infracciones al Art. 213 del Código Penal
de 1974, y el Art. 3.2(c) de la Ley de
Ética
Gubernamental
sin
que
dicha
culpabilidad fuera establecida más allá de
duda razonable como lo requiere el Art.
II, sec. 11 de la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.
Abusó de su discreción el T.P.I. al dictar
sentencia
de
cárcel
en
contra
del
peticionario y no una de pena de multa, ya
que el informe pre-sentencia justificaba
esta última y no la que se impuso.
El
T.A. repitió ese mismo error.
Abusó de su discreción el T.P.I. al
imponer penas de forma consecutiva y no
concurrente entre sí. El T.A. repitió ese
mismo error.
Cometió
error
el
T.P.I.
al
dictar
sentencia en contra del peticionario y
determinar que la pena adecuada era la
pena fija, y no una con atenuantes.
El
T.A. repitió ese mismo error.
Cometió error el T.P.I. al dictar las
sentencias contra el peticionario sin
conceder los beneficios del Art. 79 del
Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec.
4707. El T.A. repitió ese mismo error.
Expedido
el
recurso
y
con
el
beneficio
comparecencias de ambas partes, resolvemos.
de
las
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9
II
El peticionario nos señala que cometieron error el
TPI y el TA al resolver que el Art. 213 del Código Penal
de 1974 –influencia indebida- es un delito menor incluido
en
los
delitos
de
soborno
y
soborno
agravado
que
tipificaban los Arts. 209 y 210 del Código Penal de 1974.
Además, nos plantea que a su vez erraron los tribunales a
quo
al
resolver
Ministerio
que
Público
infracción al
la
evidencia
sostenía
nueve
Art. 213, supra.
desfilada
por
convicciones
el
por
Así pues, procedemos a
discutir el derecho aplicable.
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, en su Art. II, Sec. 11 expresa que
[e]n todos los procesos criminales, el
acusado disfrutará del derecho a un juicio
rápido y público, a ser notificado de la
naturaleza y causa de la acusación recibiendo
copia de la misma, a carearse con los testigos
de
cargo,
a
obtener
la
comparecencia
compulsoria de testigos a su favor, a tener
asistencia de abogado, y a gozar de la
presunción de inocencia.8 (Énfasis nuestro).
Por otra parte, es norma constitucional reiterada
que para que el Estado pueda procesar criminalmente a un
ciudadano, el debido proceso de ley exige que el acusado
conozca la naturaleza y extensión de los delitos que se
le imputa.
8
Para ello, el pliego acusatorio debe incluir
Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.
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10
una exposición de todos los hechos que constituyen el
específico.9
delito
recogido
Este
estatutariamente
precepto
constitucional
es
en
Regla
de
la
38(d)
Procedimiento Criminal, la cual establece lo siguiente:
Si la incongruencia o desacuerdo es de tal
naturaleza que la prueba estableciere un
delito distinto del imputado, no incluido
en este, o estableciere la comisión de un
delito
fuera
de
la
competencia
del
tribunal, se deberá disolver el jurado y
se sobreseerá el proceso.
Como surge de la referida regla, no se permite
encontrar convicto a un acusado por un delito distinto al
imputado
en
la
acusación.
Sin
embargo,
a
modo
de
excepción, se permite encontrar convicto por un delito
distinto siempre y cuando el delito por el cual se le
encuentra convicto es uno menor incluido en el delito
mayor imputado.
A estos efectos, en el pasado hemos
explicado que para que un delito se considere como un
delito menor incluido este
debe estar comprendido en el mayor por el
cual se le acusa y que los hechos
expuestos para describir la comisión del
delito
mayor
deben
contener
las
alegaciones
que
son
esenciales
para
constituir una imputación por el menor. Si
el
delito
mayor
incluye
todos
los
elementos de hecho y los requeridos por la
Ley en relación con el menor, el mayor
incluye al menor; pero si el delito menor
requiere algún otro elemento indispensable
que no es parte del delito mayor entonces
el menor no está comprendido en el mayor.
La prueba para determinar si un delito
está incluido en otro es determinar si no
9
Pueblo v. Pagán Rojas, 187 DPR 465 (2012); Pueblo v. Vélez
Rodríguez, 186 DPR 621 (2012); Pueblo v. González Olivencia, 116 DPR
614 (1985); Pueblo v. Santiago Cedeño, 106 DPR 663 (1977).
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11
se puede cometer el primer delito sin que
necesariamente se cometa el segundo.10
(Énfasis nuestro).
Asimismo,
hemos
establecido
que
para
poder
considerar que un delito menor está incluido en el mayor,
―todos los ingredientes legales del corpus delicti del
delito menor deben estar en el mayor; el delito menor
debe
ser
parte
de
hecho,
del
mayor,
además
de
estar
enmarcado dentro de la definición legal del mayor como
parte del mismo‖.11
(Énfasis nuestro).
En cuanto a los delitos en controversia en nuestro
caso, el delito de soborno castiga el hecho de que un
servidor público cobre por su parte por un servicio que
de ordinario es gratuito, aprovechándose de la autoridad
del
cargo
que
ocupa.12
Por
su
parte,
el
delito
de
influencia indebida penaliza el tratar o lograr obtener
un beneficio –de cualquier tipo- por pretender ejercer
una influencia -ya sea real o imaginaria- en el desempeño
del ejercicio de un funcionario o empleado público como
tal. En particular, el delito de soborno queda tipificado
en el Art. 209, supra, como sigue:
Todo funcionario o empleado público, o
jurado, o árbitro, o cualquier persona
autorizada en ley para oír o resolver
alguna
cuestión
o
controversia,
que
solicite o reciba, directamente o por
10
Pueblo v. Oyola Rodríguez, 132 DPR 1064, 1071 (1993).
Véase,
además, Pueblo v. Concepción Sánchez, 101 DPR 17, 19 (1973); Pueblo
v. Ramos López, 85 DPR 576, 580 (1962).
11
Pueblo v. Concepción Sánchez, supra.
12
Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 758 (1985).
CC-2012-755
12
persona intermedia, para sí o para un
tercero, dinero o cualquier beneficio, o
aceptare una proposición en tal sentido,
por realizar un acto regular de su cargo o
función, será sancionado con pena de
reclusión por un término fijo de nueve (9)
años. De mediar circunstancias agravantes,
la
pena
fija
establecida
podrá
ser
aumentada hasta un máximo, de quince (15)
años; de mediar circunstancias atenuantes,
podrá ser reducida hasta un mínimo de seis
(6) años.13 (Énfasis nuestro).
A estos efectos, el propio Código Penal de 1974
define en su Art. 7 (16) el término ―funcionario público‖
o ―empleado público‖ como:
toda persona que ejerza un cargo o
desempeñe
una
función
retribuida
o
gratuita, permanente o temporal, en virtud
de
cualquier
tipo
de
nombramiento,
contrato o designación, para la rama
legislativa, ejecutiva o judicial del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o en
cualquiera de sus municipios, agencias o
corporaciones
públicas,
subdivisiones
políticas y demás dependencias públicas.14
Por otra parte, el término ―beneficio‖ se define
como cualquier provecho, utilidad, ventaja, o ganancia,
no estando limitado el término a una ganancia pecuniaria
o material, sino que denota cualquier forma de ventaja.15
En
solicitar
esencia,
o
el
recibir,
delito
de
directamente
soborno
consiste
en
o
medio
un
por
de
intermediario, dinero o cualquier beneficio, ya sea para
13
14
Art. 209 del Código Penal de 1974, 33 LPRA sec. 4360 (1974).
Art. 7(16) del Código Penal de 1974,
(1974).
15
33 LPRA sec. 3022 (16)
Art. 7(6) del Código Penal de 1974, 33 LPRA sec. 3022(6) (1974).
CC-2012-755
13
beneficio propio o para un tercero, por realizar algún
acto regular del cargo o función.16
explicado
que
soborno,
es
para
que
esencial
se
que
En el pasado hemos
constituya
el
el
delito
de
funcionario
tenga
“la
competencia dentro de su cargo para hacer lo que se ha
acordado a cambio del beneficio que se le ofrece”.17
El delito en cuestión se configura tan pronto el
funcionario
público
acepta
la
proposición
objeto
del
soborno, o cuando solicita el beneficio por sí o por
medio de una tercera persona a cambio de llevar a cabo un
acto
regular
de
su
cargo
o
función
oficial.
No
es
necesario que el acto delictivo objeto del soborno se
lleve a cabo.18
Se comete soborno en su modalidad agravada cuando
según tipificado en el Art. 210, supra,
el funcionario o empleado público o jurado
o árbitro, o la persona autorizada en ley
para oír o resolver una cuestión o
controversia, solicitare, o recibiere el
dinero, o el beneficio, o aceptare la
promesa, por omitir o retardar un acto
regular de sus funciones o por ejecutar un
acto contrario al cumplimiento regular de
sus deberes, o con el entendido o en la
inteligencia de que tal remuneración o
beneficio habrá de influir en cualquier
acto, decisión, voto o dictamen de dicha
persona en su carácter oficial, la pena de
reclusión será por término fijo de doce
(12)
años.
De
mediar
circunstancias
16
D. Nevares–Muñiz, Código Penal de Puerto Rico Revisado y
Comentado, ed. 2000, Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2000,
pág. 430.
17
Pueblo v. Bigio Pastrana, supra, pág. 758.
18
Pueblo v. Rosado Figueroa, 138 DPR 914, 1088 (1995).
CC-2012-755
14
agravantes, la pena fija establecida podrá
ser aumentada hasta un máximo de veinte
(20)
años;
de
mediar
circunstancias
atenuantes, podrá ser reducida hasta un
mínimo
de
ocho
(8)
años.19
(Énfasis
nuestro).
Por otra parte, el delito de influencia indebida
queda tipificado en el Art. 213, supra, como sigue:
Toda persona que obtuviere o tratare de
obtener
de
otra
cualquier
beneficio
asegurando o pretendiendo que se halla en
aptitud de influir en cualquier forma en
la conducta de un funcionario o empleado
público en lo que respecta al ejercicio de
sus funciones, será sancionada con pena de
reclusión por un término fijo de tres (3)
años, o multa no menor de quinientos un
(501) dólares ni mayor de cinco mil
(5,000)
dólares,
o
ambas
penas
a
discreción
del
tribunal.
De
mediar
circunstancias agravantes, la pena fija
establecida podrá ser aumentada hasta un
máximo de cinco (5) años, o multa no menor
de quinientos un (501) dólares ni mayor de
diez mil (10,000) dólares, o ambas penas a
discreción
del
tribunal;
de
mediar
circunstancias
atenuantes,
podrá
ser
reducida hasta un mínimo de un (1) año, o
multa no menor de quinientos un (501)
dólares ni mayor de tres mil (3,000)
dólares, o ambas penas a discreción del
tribunal.20
Como surge claramente del texto, esta prohibición
no se limita a funcionarios o empleados públicos, sino
que se extiende a toda persona que asegure o pretenda que
se halla en aptitud de influenciar a un funcionario o
empleado público.
Tampoco es requerido que el autor del
delito obtenga un beneficio en su propio patrimonio, sino
19
Art. 210 del Código Penal de 1974, supra.
20
Art. 213 del Código Penal de 1974, supra.
CC-2012-755
que
es
15
suficiente
que
obtenga
o
intente
obtener
un
beneficio en favor de un tercero.21
III
Examinemos, pues, la aplicación de los fundamentos
antes expuestos al caso de autos. Para atender el asunto,
limitaremos la controversia a si una convicción por el
delito de influencia indebida puede sostenerse bajo la
doctrina
del
delito
menor
incluido,
toda
vez
que
el
convicto fue acusado por el delito de soborno agravado.
En este contexto es importante recalcar como asunto de
umbral
que,
Público
no
Tribunal
sometida
logró
de
toda
la
prueba,
convencer
a
la
Honorable
Instancia
de
que
Primer
el
Ministerio
Juez
del
existían
los
elementos necesarios para una convicción por las nueve
infracciones de soborno agravado imputadas en el pliego
acusatorio. De hecho, la distinguida sala de instancia, y
conforme
a
la
misma
prueba,
ni
siquiera
encontró
los
elementos necesarios para determinar una convicción por
el mismo delito en su modalidad simple (Art. 209). Es
decir, hubo una absolución implícita en cuanto a esos
delitos.22
determinamos
Luego
de
analizada
la
controversia,
que
las
convicciones
por
el
influencia indebida tampoco
delito
de
se sostienen bajo un pliego
acusatorio que imputaba el delito de soborno agravado.
21
22
Pueblo v. Luzón, 113 DPR 315, 320 (1982).
Véanse Green v. United States, 355 US 184 (1957); Pueblo v. Pérez
Martínez, 84 DPR 181 (1961).
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16
El debido proceso de ley exige que el acusado sea
notificado del delito en su contra para poder preparar
una defensa adecuada ante la acusación del Estado. Lo
anterior solo se logra cuando el acusado es notificado de
todos los elementos de la conducta que motiva el proceso
penal
en
su
contra.
Lo
contrario,
es
sencillamente
impermisible bajo nuestro ordenamiento penal.
Es por
esto que para sostener una convicción por el delito de
influencia indebida como un delito menor incluido, los
elementos
del
mismo
deben
estar
contenidos
en
su
totalidad en el delito mayor, en nuestro caso, el de
soborno agravado.
Por consiguiente, para sostener la
convicción por influencia indebida, estaríamos forzados a
concluir que siempre que se comete el delito de soborno
agravado, a su vez se comete el de influencia indebida.
De antemano adelantamos que, por el propio texto de ambos
estatutos, claramente podrían existir circunstancias en
las cuales se comete el delito de soborno agravado, y no
así el de influencia indebida.
Para
conseguir
una
Veamos.
convicción
por
la
conducta
tipificada en el delito de soborno agravado es necesario
probar los siguientes elementos: (1) que el sujeto es un
funcionario o empleado público,
jurado, árbitro o una
persona
autorizada
oír
cuestión
o
en
ley
controversia;
para
(2)
que
o
resolver
solicite,
una
reciba
o
acepte la promesa de recibir; (3) dinero o un beneficio;
(4)
por
omitir
o
retardar
un
acto
regular
de
sus
CC-2012-755
funciones
17
o
por
ejecutar
un
acto
contrario
al
cumplimiento regular de sus deberes, o con el entendido o
en la inteligencia de que tal remuneración o beneficio
habrá
de
influir
en
cualquier
acto,
decisión,
voto
o
dictamen de dicha persona en su carácter oficial.
Como
podemos
observar,
el
delito
de
soborno
agravado está dirigido a castigar al funcionario público
o a la persona autorizada a resolver una controversia,
que
contrario
a
lo
que
se
espera,
omite,
retarda
o
ejecuta un acto regular de su cargo de manera irregular a
cambio de una remuneración o beneficio de algún tipo. En
primer
lugar,
de
un
análisis
de
estos
elementos
se
desprende que dicho delito solo requiere la existencia de
dos
sujetos:
(1)
el
sujeto
–activo-
al
cual
se
le
solicita u ofrece el soborno, aunque esto se realice por
medio de un intermediario, y (2) el sujeto –activo- que
es
el
funcionario
soborno,
a
público
cambio
de
que
solicita
actuar
de
o
recibe
cierta
el
manera
antijurídica.
Por otra parte, para hallar cometida la conducta
tipificada
en
el
delito
de
influencia
indebida
es
necesario probar lo siguiente: (1) que el sujeto de la
conducta es una persona, sea o no funcionario público;
(2) que ha obtenido o intentado obtener de otra persona
cualquier beneficio; (3) que tal beneficio lo ha obtenido
o
intentado
obtener
asegurando
o
pretendiendo
que
se
halla en aptitud de influir en cualquier forma en la
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18
conducta de un funcionario o empleado público en lo que
respecta al ejercicio de sus funciones.
Para
que
se
constituya
el
delito
de
influencia
indebida, es necesaria la coexistencia de tres sujetos:
(1) el sujeto –activo- que obtiene o trata de obtener un
beneficio bajo la promesa de que se halla en aptitud de
influenciar a un empleado o funcionario público; (2) el
sujeto –activo- del que se obtiene o se pretende obtener
el beneficio a cambio de la promesa del primer sujeto, y;
(3) el sujeto –pasivo- que es el empleado o funcionario
público objeto de la promesa, independientemente de que
la influencia que el primer sujeto aduce tener sobre este
sea real o imaginaria.23
o
empleado
público
Cabe señalar, que el funcionario
puede
conocer
o
ignorar
sobre
el
negocio antijurídico entre los dos sujetos activos. De
manera que en este delito el negocio antisocial que se
busca prohibir es aquel en el cual el objeto negociado es
la promesa de un externo de que se halla capacitado y a
disposición
de
influenciar
el
poder
decisional
de
un
empleado o funcionario público en su carácter oficial.
Como
indebida
puede
y
verse,
los
soborno
agravado
salvaguardar
la
del
pública.
embargo,
Sin
pureza
cabe
delitos
de
están
desempeño
destacar
influencia
dirigidos
de
que
la
a
función
aunque
estos
delitos custodian el mismo interés, tienen propósitos muy
23
El estatuto penaliza el tratar o lograr un beneficio por pretender
ejercer una influencia –real o imaginaria—en cualquier forma en la
conducta de un funcionario, en lo que respecta al ejercicio de sus
funciones.
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distintos.
19
Los
primeros,
soborno
y
soborno
agravado,
están dirigidos a sancionar la traición a la fiducia del
País de una persona que, estando en una posición de poder
decisional,
actúa
intencionalmente
fuera
de
los
parámetros de lo correcto a cambio de algún beneficio. En
cambio,
el
delito
de
influencia
indebida
pretende
proteger un interés que, aunque importante, no tiene el
mismo peso social que el soborno, y por eso su pena es
mucho menor. El delito de influencia indebida castiga la
conducta exhibida por cualquier persona que
intente
obtener
cualquier
beneficio
a
obtenga o
cambio
de
la
promesa de que se halla apto de influir a un empleado o
funcionario público en su carácter oficial.
Así,
para
que este delito se concrete se requiere de un sujeto
adicional a los requeridos en los delitos de soborno o
soborno agravado, y que tal sujeto ostente una posición
como funcionario o empleado público. Ese será el sujeto
pasivo quien, aunque podrá o no ser real, debe existir en
la mente del sujeto que ofrece el beneficio a cambio de
la promesa de que otro ejerza su influencia sobre el
sujeto pasivo. Mientras, en el delito de soborno agravado
basta con solamente la participación de los dos sujetos
activos.
Por otra parte, el delito de soborno requiere la
condición de que una de las dos personas activas tenga o
aparente
tener
soborno,
por
el
sí
poder
solo,
de
id
conseguir
est,
sin
el
la
objeto
del
necesidad
de
CC-2012-755
20
intermediarios con acceso a ese poder. Sin embargo, en el
caso
del
delito
de
innecesario
dicho
―vender‖
promesa
la
suficiente
empleado
para
influencia
poder
de
directo,
que
conseguir
público-
se
indebida,
se
hace
pues
trata
de
tiene
que
otro
la
acción
ejecute
se
la
–un
―influencia‖
funcionario
―indebida‖.
o
Como
podemos ver, no se trata de un elemento adicional de uno
o del otro, sino de elementos totalmente distintos. Por
esto es claro que se puede cometer el delito de soborno o
soborno
agravado
sin
que
se
cometa
el
delito
de
influencia indebida, y viceversa.
Como puede deducirse, el delito del soborno en sus
dos modalidades (Arts. 209-210) está dirigido a castigar
la
conducta
de
la
persona
que
ocupa
el
cargo
o
la
posición que le permite sobornar o aceptar el soborno.24
Por otro lado, en el delito de influencia indebida la
persona imputada del delito evidentemente no tiene el
poder de conseguir directamente lo indebido, y por eso la
conducta que se sanciona o el sujeto de la imputación es
el que hace la promesa u ofrecimiento de influenciar a
aquel que alegadamente sí puede llevar a cabo la acción
indebida.
Por ello, y toda vez que ambos delitos, el soborno
y
la
influencia
indispensables
puede
24
indebida,
que
concluirse
son
que
el
cuentan
con
elementos
particulares
de
cada
segundo
un
delito
sea
uno,
no
menor
No ignoramos que el Art. 212 del mismo Código Penal castiga la
conducta del que ofrece el soborno, cuando ese es el caso.
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21
incluido en el primero. Por todo lo anterior, y por el
señor Soto Molina nunca haber sido acusado por el delito
de influencia indebida, determinamos que su convicción
por
dicho
delito
no
se
realizó
conforme
a
derecho.
Procede entonces, absolverlo de ese delito. En vista de
lo
anterior,
resulta
innecesario
expresarnos
sobre
el
segundo señalamiento de error.
IV
El
peticionario
el
TPI
desfilada
por
error
y
señala
el
el
TA
al
a
su
vez
resolver
Ministerio
que
que
Público
cometieron
la
evidencia
sostenía
una
convicción por infracción al Art. 3.2(c) de la Ley de
Ética Gubernamental.
Además, nos señala que cometieron
error el TPI y el TA al declarar convicto al peticionario
por las infracciones al Art. 213 del Código Penal de 1974
y al Art. 3.2(c) de la Ley de Ética Gubernamental sin que
esa
culpabilidad
fuera
establecida
más
allá
de
duda
razonable como lo requiere el Art. II, Sec. 11 de la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Por tratarse de asuntos estrechamente relacionados
a
la
discreción
del
Tribunal
de
Primera
Instancia,
pasaremos a discutirlos en conjunto.
En
cuanto
a
repetidas
la
ocasiones
deferencia
que
nos
los
hemos
expresado
tribunales
en
apelativos
deben guardar por la apreciación de la prueba que hace el
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22
Tribunal de Primera Instancia.25
Sabido es que el foro
primario es el que se encuentra en mejor posición de
valorar
la
misma
y
los
tribunales
ordinario,
llegar
a
sus
conclusiones.
apelativos
no
De
debemos
intervenir con el ejercicio de la discreción de los foros
de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso
abuso
de
discreción,
prejuicio,
error
manifiesto
o
parcialidad.26
Luego de examinar las circunstancias particulares
del
presente
caso,
concluimos
que
no
hubo
abuso
de
discreción, prejuicio, error manifiesto o parcialidad en
la decisión del foro primario en cuanto a la convicción
del señor Soto Molina por el Art. 3.2(c) de la Ley de
Ética Gubernamental.
supra,
nos
referimos
Sin embargo, en cuanto al Art. 213,
a
la
discusión
en
las
partes
anteriores de esta Opinión.
V
Por entender inmeritorios los demás señalamientos
de error del Peticionario a la luz de todo lo antes
expuesto, entendemos innecesario entrar a discutir los
mismos.
25
Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 477-479 (2013); Ramirez
Ferrer v. Conagra Foods P.R., 175 DPR 799, 810-811 (2009); Trinidad
v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001); Flores v. Soc. de Gananciales,
146 DPR 45, 50 (1998); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR
721, 728 (1984).
26
Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012).
Véase, además, Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745
(1986).
CC-2012-755
Por
23
todo
lo
anterior,
se
modifican
las
determinaciones de los foros a quo y se devuelve el caso
al Tribunal de Primera Instancia para que se realice el
Informe Pre-Sentencia conforme a lo aquí resuelto y se
continúe con los procedimientos.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2012-755
Certiorari
Wilson Soto Molina
Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2014.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede la cual se hace formar parte íntegra
de la presente, se modifican las determinaciones
de los foros a quo y se devuelve el caso al
Tribunal de Primera Instancia para que se realice
el Informe Pre-Sentencia conforme a lo aquí
resuelto y se continúe con los procedimientos.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La
Jueza Presidenta señora Fiol Matta y la Juez
Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurren con
el resultado sin opinión escrita. La Jueza
Asociada señora Pabón Charneco, el Juez Asociado
señor Estrella Martínez y la Jueza Asociada
señora Oronoz Rodríguez no intervinieron.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo