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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. Soto Molina

2014 TSPR 82

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Pueblo v. Soto Molina

CC-2012-755

Derecho Penal – Delito menor incluido; delitos de influencia indebida y soborno

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

2014 TSPR 82

Wilson Soto Molina

191 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC-2012-0755

Fecha: 30 de junio de 2014

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Harry N. Padilla Martínez

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Rubén Falú Allende

Materia: Derecho Penal – Delito

influencia indebida y soborno.

menor

incluido;

delitos

de

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2012-755

Certiorari

Wilson Soto Molina

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2014.

La premisa es sencilla, pero de

inconmensurable valor: en un régimen

de leyes nadie tiene derecho a un

trato preferente y ventajoso basado

en el dinero, la ventaja o la mejor

relación

personal.

Nuestra

administración pública está cimentada

en el fiel desempeño del ejercicio

por los funcionarios públicos, sin

que para ello medie paga adicional

alguna o consideraciones extrañas a

los méritos del asunto en cuestión.1

El presente caso nos brinda la oportunidad

de

figura

del

―delito menor incluido‖ y, específicamente,

si

1

expresarnos

con

relación

a

la

In re Franco Soto, 115 DPR 740, 752 (1984).

CC-2012-755

2

el ―delito de influencia indebida‖2 está contemplado como

un

delito

menor

incluido

en

el

delito

de

soborno

agravado3. Contestamos esta interrogante en la negativa.

Sin embargo, con relación a los demás errores señalados

por el peticionario, determinamos que los mismos no se

cometieron,

por

lo

que

se

confirma

la

convicción

del

peticionario en cuanto al Art. 3.2 (c) de la Ley de Ética

Gubernamental,

infra.

A

continuación

los

hechos

adjudicados por el Tribunal de Primera Instancia.

I

El 16 de febrero de 2010 la Oficina del Fiscal

Especial

Sr.

Independiente

Wilson

Soto

acusatorios

por

(FEI)

Molina

hechos

presentó

(peticionario)

ocurridos

contra

diez

pliegos

los

últimos

durante

meses del 2004 y principios del 2005.

el

En los mismos se

imputó nueve infracciones al Art. 210 del Código Penal de

19744 -soborno agravado- por haber solicitado y obtenido

dinero

siendo

(Municipio).

alcalde

del

Municipio

de

Cataño

El décimo pliego acusatorio contenía una

violación al Art. 3.2 (c) de la Ley Núm. 12 del 24 de

julio

de

1985,

Gubernamental,5

gallos

de

conocida

por

pelea

haber

valorados

como

la

solicitado

en

Ley

y

quinientos

de

Ética

obtenido

dos

dólares

los

2

Según tipificado en el Art. 213 del Código Penal de 1974, 33 LPRA

sec. 4364 (1974).

3

Según tipificado en el Art. 210 del Código Penal de 1974, 33 LPRA

sec. 4361 (1974).

4

Los hechos imputados fueron cometidos antes de que entrara en vigor

el Código Penal de 2004.

5

3 LPRA sec. 1823(c).

CC-2012-755

cuales

3

fueron

entregados

en

la

alcaldía

por

una

corporación que tenía contratos con el Municipio.

El

juicio se celebró en el Tribunal de Primera Instancia

(TPI), Sala de Bayamón, por tribunal de derecho.

Durante el juicio, se admitió prueba documental de

ambas partes y prueba testifical del FEI.

testifical

del

FEI

consistió

en

los

La prueba

testimonios

del

Sr. Rafael Vázquez Marcano, quien para la fecha de los

hechos se desempeñaba como Director de Obras Públicas del

Municipio; el Sr. Luis Pagán Navedo, quien para la fecha

de los hechos se desempeñaba como Director de Finanzas

del Municipio; el Sr. Orlando Rivera Alcázar, ingeniero y

dueño de la firma ORAM Engineering (ORAM); la Sra. Mayra

Ramsamy Nieves, ayudante del peticionario; el Sr. Marcos

García

Irizarry

y

la

Sra.

Elsie

Grille

Álvarez.

Finalmente, se estipuló el testimonio prestado en vista

preliminar por el Sr. Ramón Grille Álvarez, quien era

ejecutivo y codueño de ORAM.

Según surgió del relato de los testigos, debido al

desastre ocurrido por el paso de la Tormenta Tropical

Jeanne el peticionario y los jefes de dependencias se

reunieron para establecer los planes de acción a seguir.

En la reunión se acordó solicitar a ORAM una cotización

por

la

labor

del

recogido

y

disposición

de

los

CC-2012-755

4

escombros.6

El 16 de septiembre de 2004, ORAM presentó

su propuesta y la misma fue aceptada.

Ahora bien, el 24 de septiembre de 2004 el Sr. Juan

Salgado Agueda7 –ayudante especial del peticionario- citó

a los señores Rivera Alcázar y Grille Álvarez -ejecutivos

de ORAM- a una reunión almuerzo.

Agueda

les

informó

peticionario

que

estaba

la

Allí, el señor Salgado

campaña

comenzando

de

y

reelección

del

necesitaban

una

aportación económica de $200,000 en efectivo.

Debido a

la oposición de los ejecutivos de ORAM, el señor Salgado

Agueda les indicó que si no pagaban esa cantidad tendrían

dificultad

Municipio.

en

cobrar

Ante

los

esa

contratos

situación,

que

tenían

con

el

ORAM

accedió

a

lo

solicitado con la condición de que pagaría según cobrara

dichos contratos.

Así las cosas, según ORAM recibió el

pago de las facturas comenzó a pagar la suma solicitada.

Los señores Rivera Alcázar y Grille Álvarez declararon

que en varias ocasiones cuando le entregaron el dinero al

señor Salgado Agueda, este salía de la oficina y luego

regresaba sin el dinero manifestando que el alcalde les

agradecía su cooperación.

Además, el señor Pagán Navedo, Director de Finanzas

del municipio, testificó que el peticionario le insistió

6

ORAM tenía vigente con el Municipio un contrato para servicios de

ornato y mantenimiento de áreas verdes.

7

En las acusaciones por violaciones al Art. 210 del Código Penal de

1974, se le imputó al peticionario haber actuado en conjunto y común

acuerdo con el Sr. Juan Salgado Agueda. No obstante, este coacusado

falleció antes de la celebración del juicio.

CC-2012-755

5

en varias ocasiones que le pagara las facturas a ORAM y a

otros

contratistas

campaña política.

peticionario

porque

iban

a

dar

dinero

para

su

Expresó que el 4 de octubre de 2004 el

reunió

a

varios

funcionarios

municipales.

En la reunión le inquirió al señor Pagán Navedo por qué

no había sacado el pago de ORAM.

Este le contestó que no

había visto los contratos ni las facturas y que no había

suficiente dinero en la caja para hacer el pago.

el

señor

Pagán

Navedo,

el

peticionario

le

Según

indicó

que

tenía que sacar el pago porque ORAM iba a dar dinero para

la campaña y le ordenó que cambiara unos certificados de

depósitos que tenía el Municipio.

Luego de esta reunión,

en varias ocasiones, tanto el peticionario como el señor

Salgado Agueda, le pidieron e insistieron al señor Pagán

Navedo

que

sometiera

irregularidad

de

las

los

pagos

presiones

a

ORAM.

para

Ante

pagarles

a

la

los

contratistas, el señor Pagán Navedo solicitó reunirse con

el

peticionario.

Mientras

este

le

manifestaba

sus

inquietudes, el peticionario lo interrumpió y le indicó

que tenía que entender que esas personas fueron las que

pagaron su campaña.

Por

otro

lado,

mientras

el

peticionario

inspeccionaba las obras realizadas por ORAM le expresó al

señor Grille Álvarez que era gallero y le preguntó si

conocía de alguien que vendiera gallos de pelea, ya que

quería entrenarlos para pelear el próximo año.

Grille

Álvarez

se

comunicó

con

su

hermana,

El señor

la

señora

CC-2012-755

6

Grille Álvarez, para que le consiguiera los gallos.

Esta

le pidió a su novio, el señor García Irizarry y quien era

criador de gallos de pelea, que los consiguiera.

Así las

cosas, la señora Grille Álvarez le entregó a su hermano

dos

gallos

de

pelea

quinientos dólares.

Alcázar

acudieron

valorados

entre

doscientos

y

Los señores Grille Álvarez y Rivera

a

la

oficina

del

peticionario

y

le

entregaron personalmente los dos gallos.

Luego de evaluar toda la prueba, el Tribunal de

Primera Instancia encontró culpable al Sr. Wilson Soto

por nueve infracciones al Art. 213 del Código Penal de

1974, por el delito de influencia indebida y por una

violación

al

Gubernamental,

Sr.

Wilson

Art.

3.2(c)

supra.

Es

Soto

nunca

influencia indebida.

de

la

importante

fue

acusado

Ley

de

destacar

por

el

Ética

que

el

delito

de

El 8 de agosto de 2011, el FEI

presentó una moción para que se impusieran agravantes a

la sentencia, al amparo de la Regla 171 de Procedimiento

Criminal.

Por su parte, el peticionario se opuso a la

solicitud.

A tenor de lo anterior, el foro de instancia

analizó

argumentos

los

de

ambas

partes

y

si

procedía

imponer una pena de multa o de reclusión. El informe presentencia no recomendó nada al respecto; solo indicó que

no se recomienda al señor Soto Molina para los beneficios

de una sentencia suspendida.

El 16 de septiembre de 2011

dictó

condenó

sentencia

cumplir

tres

en

la

que

años

de

cárcel

por

al

peticionario

a

cada

infracción

al

CC-2012-755

7

Art. 213, supra, a ser cumplidos concurrentemente entre

sí y un año de reclusión por la violación al Art. 3.2(c),

supra,

a

ser

cumplido

en

forma

consecutiva

con

la

16

de

anterior.

Inconforme

con

esa

determinación,

el

septiembre de 2011, el peticionario acudió al Tribunal de

Apelaciones (TA) mediante apelación.

En síntesis alegó

que el Tribunal de Primera Instancia erró al resolver

que: (1) el delito de influencia indebida es un delito

menor

incluido

en

los

delitos

de

soborno

y

soborno

agravado, (2) la evidencia desfilada sostenía las nueve

infracciones al Art. 213, supra, y a la violación al Art.

3.2(c), supra, (3) al declararlo culpable sin demostrar

que su culpabilidad fuera establecida más allá de duda

razonable, (4) al imponerle pena de cárcel y no una pena

de multa, (5) al imponer las penas de forma consecutiva y

no concurrente, y (6) al dictar una pena fija en vez de

una pena con atenuantes.

El 13 de julio de 2012 el foro

intermedio emitió una sentencia en la que confirmó la

sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

En

desacuerdo

Apelaciones,

el

certiorari

ante

con

la

decisión

peticionario

presentó

esta

en

Curia,

el

del

Tribunal

de

un

recurso

de

que

señaló

los

siguientes errores:

Cometieron error el T.P.I. y el T.A. al

resolver que el Art. 213 del Código Penal

de 1974 –influencia indebida- es un delito

menor incluido en los delitos de soborno y

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8

soborno agravado que tipificaban los Arts.

209 y 210 del Código Penal de 1974.

Cometieron error el T.P.I. y el T.A. al

resolver que la evidencia desfilada por el

Ministerio

Público

sostenía

nueve

convicciones por infracción al Art. 213

del Código Penal de 1974.

Cometieron error el T.P.I. y el T.A. al

resolver que la evidencia desfilada por el

Ministerio Público sostenía una convicción

por infracción al Art. 3.2(c) de la Ley de

Ética Gubernamental.

Cometieron error el T.P.I. y el T.A. al

declarar convicto al peticionario por las

infracciones al Art. 213 del Código Penal

de 1974, y el Art. 3.2(c) de la Ley de

Ética

Gubernamental

sin

que

dicha

culpabilidad fuera establecida más allá de

duda razonable como lo requiere el Art.

II, sec. 11 de la Constitución del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

Abusó de su discreción el T.P.I. al dictar

sentencia

de

cárcel

en

contra

del

peticionario y no una de pena de multa, ya

que el informe pre-sentencia justificaba

esta última y no la que se impuso.

El

T.A. repitió ese mismo error.

Abusó de su discreción el T.P.I. al

imponer penas de forma consecutiva y no

concurrente entre sí. El T.A. repitió ese

mismo error.

Cometió

error

el

T.P.I.

al

dictar

sentencia en contra del peticionario y

determinar que la pena adecuada era la

pena fija, y no una con atenuantes.

El

T.A. repitió ese mismo error.

Cometió error el T.P.I. al dictar las

sentencias contra el peticionario sin

conceder los beneficios del Art. 79 del

Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec.

4707. El T.A. repitió ese mismo error.

Expedido

el

recurso

y

con

el

beneficio

comparecencias de ambas partes, resolvemos.

de

las

CC-2012-755

9

II

El peticionario nos señala que cometieron error el

TPI y el TA al resolver que el Art. 213 del Código Penal

de 1974 –influencia indebida- es un delito menor incluido

en

los

delitos

de

soborno

y

soborno

agravado

que

tipificaban los Arts. 209 y 210 del Código Penal de 1974.

Además, nos plantea que a su vez erraron los tribunales a

quo

al

resolver

Ministerio

que

Público

infracción al

la

evidencia

sostenía

nueve

Art. 213, supra.

desfilada

por

convicciones

el

por

Así pues, procedemos a

discutir el derecho aplicable.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, en su Art. II, Sec. 11 expresa que

[e]n todos los procesos criminales, el

acusado disfrutará del derecho a un juicio

rápido y público, a ser notificado de la

naturaleza y causa de la acusación recibiendo

copia de la misma, a carearse con los testigos

de

cargo,

a

obtener

la

comparecencia

compulsoria de testigos a su favor, a tener

asistencia de abogado, y a gozar de la

presunción de inocencia.8 (Énfasis nuestro).

Por otra parte, es norma constitucional reiterada

que para que el Estado pueda procesar criminalmente a un

ciudadano, el debido proceso de ley exige que el acusado

conozca la naturaleza y extensión de los delitos que se

le imputa.

8

Para ello, el pliego acusatorio debe incluir

Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

CC-2012-755

10

una exposición de todos los hechos que constituyen el

específico.9

delito

recogido

Este

estatutariamente

precepto

constitucional

es

en

Regla

de

la

38(d)

Procedimiento Criminal, la cual establece lo siguiente:

Si la incongruencia o desacuerdo es de tal

naturaleza que la prueba estableciere un

delito distinto del imputado, no incluido

en este, o estableciere la comisión de un

delito

fuera

de

la

competencia

del

tribunal, se deberá disolver el jurado y

se sobreseerá el proceso.

Como surge de la referida regla, no se permite

encontrar convicto a un acusado por un delito distinto al

imputado

en

la

acusación.

Sin

embargo,

a

modo

de

excepción, se permite encontrar convicto por un delito

distinto siempre y cuando el delito por el cual se le

encuentra convicto es uno menor incluido en el delito

mayor imputado.

A estos efectos, en el pasado hemos

explicado que para que un delito se considere como un

delito menor incluido este

debe estar comprendido en el mayor por el

cual se le acusa y que los hechos

expuestos para describir la comisión del

delito

mayor

deben

contener

las

alegaciones

que

son

esenciales

para

constituir una imputación por el menor. Si

el

delito

mayor

incluye

todos

los

elementos de hecho y los requeridos por la

Ley en relación con el menor, el mayor

incluye al menor; pero si el delito menor

requiere algún otro elemento indispensable

que no es parte del delito mayor entonces

el menor no está comprendido en el mayor.

La prueba para determinar si un delito

está incluido en otro es determinar si no

9

Pueblo v. Pagán Rojas, 187 DPR 465 (2012); Pueblo v. Vélez

Rodríguez, 186 DPR 621 (2012); Pueblo v. González Olivencia, 116 DPR

614 (1985); Pueblo v. Santiago Cedeño, 106 DPR 663 (1977).

CC-2012-755

11

se puede cometer el primer delito sin que

necesariamente se cometa el segundo.10

(Énfasis nuestro).

Asimismo,

hemos

establecido

que

para

poder

considerar que un delito menor está incluido en el mayor,

―todos los ingredientes legales del corpus delicti del

delito menor deben estar en el mayor; el delito menor

debe

ser

parte

de

hecho,

del

mayor,

además

de

estar

enmarcado dentro de la definición legal del mayor como

parte del mismo‖.11

(Énfasis nuestro).

En cuanto a los delitos en controversia en nuestro

caso, el delito de soborno castiga el hecho de que un

servidor público cobre por su parte por un servicio que

de ordinario es gratuito, aprovechándose de la autoridad

del

cargo

que

ocupa.12

Por

su

parte,

el

delito

de

influencia indebida penaliza el tratar o lograr obtener

un beneficio –de cualquier tipo- por pretender ejercer

una influencia -ya sea real o imaginaria- en el desempeño

del ejercicio de un funcionario o empleado público como

tal. En particular, el delito de soborno queda tipificado

en el Art. 209, supra, como sigue:

Todo funcionario o empleado público, o

jurado, o árbitro, o cualquier persona

autorizada en ley para oír o resolver

alguna

cuestión

o

controversia,

que

solicite o reciba, directamente o por

10

Pueblo v. Oyola Rodríguez, 132 DPR 1064, 1071 (1993).

Véase,

además, Pueblo v. Concepción Sánchez, 101 DPR 17, 19 (1973); Pueblo

v. Ramos López, 85 DPR 576, 580 (1962).

11

Pueblo v. Concepción Sánchez, supra.

12

Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 758 (1985).

CC-2012-755

12

persona intermedia, para sí o para un

tercero, dinero o cualquier beneficio, o

aceptare una proposición en tal sentido,

por realizar un acto regular de su cargo o

función, será sancionado con pena de

reclusión por un término fijo de nueve (9)

años. De mediar circunstancias agravantes,

la

pena

fija

establecida

podrá

ser

aumentada hasta un máximo, de quince (15)

años; de mediar circunstancias atenuantes,

podrá ser reducida hasta un mínimo de seis

(6) años.13 (Énfasis nuestro).

A estos efectos, el propio Código Penal de 1974

define en su Art. 7 (16) el término ―funcionario público‖

o ―empleado público‖ como:

toda persona que ejerza un cargo o

desempeñe

una

función

retribuida

o

gratuita, permanente o temporal, en virtud

de

cualquier

tipo

de

nombramiento,

contrato o designación, para la rama

legislativa, ejecutiva o judicial del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o en

cualquiera de sus municipios, agencias o

corporaciones

públicas,

subdivisiones

políticas y demás dependencias públicas.14

Por otra parte, el término ―beneficio‖ se define

como cualquier provecho, utilidad, ventaja, o ganancia,

no estando limitado el término a una ganancia pecuniaria

o material, sino que denota cualquier forma de ventaja.15

En

solicitar

esencia,

o

el

recibir,

delito

de

directamente

soborno

consiste

en

o

medio

un

por

de

intermediario, dinero o cualquier beneficio, ya sea para

13

14

Art. 209 del Código Penal de 1974, 33 LPRA sec. 4360 (1974).

Art. 7(16) del Código Penal de 1974,

(1974).

15

33 LPRA sec. 3022 (16)

Art. 7(6) del Código Penal de 1974, 33 LPRA sec. 3022(6) (1974).

CC-2012-755

13

beneficio propio o para un tercero, por realizar algún

acto regular del cargo o función.16

explicado

que

soborno,

es

para

que

esencial

se

que

En el pasado hemos

constituya

el

el

delito

de

funcionario

tenga

“la

competencia dentro de su cargo para hacer lo que se ha

acordado a cambio del beneficio que se le ofrece”.17

El delito en cuestión se configura tan pronto el

funcionario

público

acepta

la

proposición

objeto

del

soborno, o cuando solicita el beneficio por sí o por

medio de una tercera persona a cambio de llevar a cabo un

acto

regular

de

su

cargo

o

función

oficial.

No

es

necesario que el acto delictivo objeto del soborno se

lleve a cabo.18

Se comete soborno en su modalidad agravada cuando

según tipificado en el Art. 210, supra,

el funcionario o empleado público o jurado

o árbitro, o la persona autorizada en ley

para oír o resolver una cuestión o

controversia, solicitare, o recibiere el

dinero, o el beneficio, o aceptare la

promesa, por omitir o retardar un acto

regular de sus funciones o por ejecutar un

acto contrario al cumplimiento regular de

sus deberes, o con el entendido o en la

inteligencia de que tal remuneración o

beneficio habrá de influir en cualquier

acto, decisión, voto o dictamen de dicha

persona en su carácter oficial, la pena de

reclusión será por término fijo de doce

(12)

años.

De

mediar

circunstancias

16

D. Nevares–Muñiz, Código Penal de Puerto Rico Revisado y

Comentado, ed. 2000, Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2000,

pág. 430.

17

Pueblo v. Bigio Pastrana, supra, pág. 758.

18

Pueblo v. Rosado Figueroa, 138 DPR 914, 1088 (1995).

CC-2012-755

14

agravantes, la pena fija establecida podrá

ser aumentada hasta un máximo de veinte

(20)

años;

de

mediar

circunstancias

atenuantes, podrá ser reducida hasta un

mínimo

de

ocho

(8)

años.19

(Énfasis

nuestro).

Por otra parte, el delito de influencia indebida

queda tipificado en el Art. 213, supra, como sigue:

Toda persona que obtuviere o tratare de

obtener

de

otra

cualquier

beneficio

asegurando o pretendiendo que se halla en

aptitud de influir en cualquier forma en

la conducta de un funcionario o empleado

público en lo que respecta al ejercicio de

sus funciones, será sancionada con pena de

reclusión por un término fijo de tres (3)

años, o multa no menor de quinientos un

(501) dólares ni mayor de cinco mil

(5,000)

dólares,

o

ambas

penas

a

discreción

del

tribunal.

De

mediar

circunstancias agravantes, la pena fija

establecida podrá ser aumentada hasta un

máximo de cinco (5) años, o multa no menor

de quinientos un (501) dólares ni mayor de

diez mil (10,000) dólares, o ambas penas a

discreción

del

tribunal;

de

mediar

circunstancias

atenuantes,

podrá

ser

reducida hasta un mínimo de un (1) año, o

multa no menor de quinientos un (501)

dólares ni mayor de tres mil (3,000)

dólares, o ambas penas a discreción del

tribunal.20

Como surge claramente del texto, esta prohibición

no se limita a funcionarios o empleados públicos, sino

que se extiende a toda persona que asegure o pretenda que

se halla en aptitud de influenciar a un funcionario o

empleado público.

Tampoco es requerido que el autor del

delito obtenga un beneficio en su propio patrimonio, sino

19

Art. 210 del Código Penal de 1974, supra.

20

Art. 213 del Código Penal de 1974, supra.

CC-2012-755

que

es

15

suficiente

que

obtenga

o

intente

obtener

un

beneficio en favor de un tercero.21

III

Examinemos, pues, la aplicación de los fundamentos

antes expuestos al caso de autos. Para atender el asunto,

limitaremos la controversia a si una convicción por el

delito de influencia indebida puede sostenerse bajo la

doctrina

del

delito

menor

incluido,

toda

vez

que

el

convicto fue acusado por el delito de soborno agravado.

En este contexto es importante recalcar como asunto de

umbral

que,

Público

no

Tribunal

sometida

logró

de

toda

la

prueba,

convencer

a

la

Honorable

Instancia

de

que

Primer

el

Ministerio

Juez

del

existían

los

elementos necesarios para una convicción por las nueve

infracciones de soborno agravado imputadas en el pliego

acusatorio. De hecho, la distinguida sala de instancia, y

conforme

a

la

misma

prueba,

ni

siquiera

encontró

los

elementos necesarios para determinar una convicción por

el mismo delito en su modalidad simple (Art. 209). Es

decir, hubo una absolución implícita en cuanto a esos

delitos.22

determinamos

Luego

de

analizada

la

controversia,

que

las

convicciones

por

el

influencia indebida tampoco

delito

de

se sostienen bajo un pliego

acusatorio que imputaba el delito de soborno agravado.

21

22

Pueblo v. Luzón, 113 DPR 315, 320 (1982).

Véanse Green v. United States, 355 US 184 (1957); Pueblo v. Pérez

Martínez, 84 DPR 181 (1961).

CC-2012-755

16

El debido proceso de ley exige que el acusado sea

notificado del delito en su contra para poder preparar

una defensa adecuada ante la acusación del Estado. Lo

anterior solo se logra cuando el acusado es notificado de

todos los elementos de la conducta que motiva el proceso

penal

en

su

contra.

Lo

contrario,

es

sencillamente

impermisible bajo nuestro ordenamiento penal.

Es por

esto que para sostener una convicción por el delito de

influencia indebida como un delito menor incluido, los

elementos

del

mismo

deben

estar

contenidos

en

su

totalidad en el delito mayor, en nuestro caso, el de

soborno agravado.

Por consiguiente, para sostener la

convicción por influencia indebida, estaríamos forzados a

concluir que siempre que se comete el delito de soborno

agravado, a su vez se comete el de influencia indebida.

De antemano adelantamos que, por el propio texto de ambos

estatutos, claramente podrían existir circunstancias en

las cuales se comete el delito de soborno agravado, y no

así el de influencia indebida.

Para

conseguir

una

Veamos.

convicción

por

la

conducta

tipificada en el delito de soborno agravado es necesario

probar los siguientes elementos: (1) que el sujeto es un

funcionario o empleado público,

jurado, árbitro o una

persona

autorizada

oír

cuestión

o

en

ley

controversia;

para

(2)

que

o

resolver

solicite,

una

reciba

o

acepte la promesa de recibir; (3) dinero o un beneficio;

(4)

por

omitir

o

retardar

un

acto

regular

de

sus

CC-2012-755

funciones

17

o

por

ejecutar

un

acto

contrario

al

cumplimiento regular de sus deberes, o con el entendido o

en la inteligencia de que tal remuneración o beneficio

habrá

de

influir

en

cualquier

acto,

decisión,

voto

o

dictamen de dicha persona en su carácter oficial.

Como

podemos

observar,

el

delito

de

soborno

agravado está dirigido a castigar al funcionario público

o a la persona autorizada a resolver una controversia,

que

contrario

a

lo

que

se

espera,

omite,

retarda

o

ejecuta un acto regular de su cargo de manera irregular a

cambio de una remuneración o beneficio de algún tipo. En

primer

lugar,

de

un

análisis

de

estos

elementos

se

desprende que dicho delito solo requiere la existencia de

dos

sujetos:

(1)

el

sujeto

–activo-

al

cual

se

le

solicita u ofrece el soborno, aunque esto se realice por

medio de un intermediario, y (2) el sujeto –activo- que

es

el

funcionario

soborno,

a

público

cambio

de

que

solicita

actuar

de

o

recibe

cierta

el

manera

antijurídica.

Por otra parte, para hallar cometida la conducta

tipificada

en

el

delito

de

influencia

indebida

es

necesario probar lo siguiente: (1) que el sujeto de la

conducta es una persona, sea o no funcionario público;

(2) que ha obtenido o intentado obtener de otra persona

cualquier beneficio; (3) que tal beneficio lo ha obtenido

o

intentado

obtener

asegurando

o

pretendiendo

que

se

halla en aptitud de influir en cualquier forma en la

CC-2012-755

18

conducta de un funcionario o empleado público en lo que

respecta al ejercicio de sus funciones.

Para

que

se

constituya

el

delito

de

influencia

indebida, es necesaria la coexistencia de tres sujetos:

(1) el sujeto –activo- que obtiene o trata de obtener un

beneficio bajo la promesa de que se halla en aptitud de

influenciar a un empleado o funcionario público; (2) el

sujeto –activo- del que se obtiene o se pretende obtener

el beneficio a cambio de la promesa del primer sujeto, y;

(3) el sujeto –pasivo- que es el empleado o funcionario

público objeto de la promesa, independientemente de que

la influencia que el primer sujeto aduce tener sobre este

sea real o imaginaria.23

o

empleado

público

Cabe señalar, que el funcionario

puede

conocer

o

ignorar

sobre

el

negocio antijurídico entre los dos sujetos activos. De

manera que en este delito el negocio antisocial que se

busca prohibir es aquel en el cual el objeto negociado es

la promesa de un externo de que se halla capacitado y a

disposición

de

influenciar

el

poder

decisional

de

un

empleado o funcionario público en su carácter oficial.

Como

indebida

puede

y

verse,

los

soborno

agravado

salvaguardar

la

del

pública.

embargo,

Sin

pureza

cabe

delitos

de

están

desempeño

destacar

influencia

dirigidos

de

que

la

a

función

aunque

estos

delitos custodian el mismo interés, tienen propósitos muy

23

El estatuto penaliza el tratar o lograr un beneficio por pretender

ejercer una influencia –real o imaginaria—en cualquier forma en la

conducta de un funcionario, en lo que respecta al ejercicio de sus

funciones.

CC-2012-755

distintos.

19

Los

primeros,

soborno

y

soborno

agravado,

están dirigidos a sancionar la traición a la fiducia del

País de una persona que, estando en una posición de poder

decisional,

actúa

intencionalmente

fuera

de

los

parámetros de lo correcto a cambio de algún beneficio. En

cambio,

el

delito

de

influencia

indebida

pretende

proteger un interés que, aunque importante, no tiene el

mismo peso social que el soborno, y por eso su pena es

mucho menor. El delito de influencia indebida castiga la

conducta exhibida por cualquier persona que

intente

obtener

cualquier

beneficio

a

obtenga o

cambio

de

la

promesa de que se halla apto de influir a un empleado o

funcionario público en su carácter oficial.

Así,

para

que este delito se concrete se requiere de un sujeto

adicional a los requeridos en los delitos de soborno o

soborno agravado, y que tal sujeto ostente una posición

como funcionario o empleado público. Ese será el sujeto

pasivo quien, aunque podrá o no ser real, debe existir en

la mente del sujeto que ofrece el beneficio a cambio de

la promesa de que otro ejerza su influencia sobre el

sujeto pasivo. Mientras, en el delito de soborno agravado

basta con solamente la participación de los dos sujetos

activos.

Por otra parte, el delito de soborno requiere la

condición de que una de las dos personas activas tenga o

aparente

tener

soborno,

por

el

sí

poder

solo,

de

id

conseguir

est,

sin

el

la

objeto

del

necesidad

de

CC-2012-755

20

intermediarios con acceso a ese poder. Sin embargo, en el

caso

del

delito

de

innecesario

dicho

―vender‖

promesa

la

suficiente

empleado

para

influencia

poder

de

directo,

que

conseguir

público-

se

indebida,

se

hace

pues

trata

de

tiene

que

otro

la

acción

ejecute

se

la

–un

―influencia‖

funcionario

―indebida‖.

o

Como

podemos ver, no se trata de un elemento adicional de uno

o del otro, sino de elementos totalmente distintos. Por

esto es claro que se puede cometer el delito de soborno o

soborno

agravado

sin

que

se

cometa

el

delito

de

influencia indebida, y viceversa.

Como puede deducirse, el delito del soborno en sus

dos modalidades (Arts. 209-210) está dirigido a castigar

la

conducta

de

la

persona

que

ocupa

el

cargo

o

la

posición que le permite sobornar o aceptar el soborno.24

Por otro lado, en el delito de influencia indebida la

persona imputada del delito evidentemente no tiene el

poder de conseguir directamente lo indebido, y por eso la

conducta que se sanciona o el sujeto de la imputación es

el que hace la promesa u ofrecimiento de influenciar a

aquel que alegadamente sí puede llevar a cabo la acción

indebida.

Por ello, y toda vez que ambos delitos, el soborno

y

la

influencia

indispensables

puede

24

indebida,

que

concluirse

son

que

el

cuentan

con

elementos

particulares

de

cada

segundo

un

delito

sea

uno,

no

menor

No ignoramos que el Art. 212 del mismo Código Penal castiga la

conducta del que ofrece el soborno, cuando ese es el caso.

CC-2012-755

21

incluido en el primero. Por todo lo anterior, y por el

señor Soto Molina nunca haber sido acusado por el delito

de influencia indebida, determinamos que su convicción

por

dicho

delito

no

se

realizó

conforme

a

derecho.

Procede entonces, absolverlo de ese delito. En vista de

lo

anterior,

resulta

innecesario

expresarnos

sobre

el

segundo señalamiento de error.

IV

El

peticionario

el

TPI

desfilada

por

error

y

señala

el

el

TA

al

a

su

vez

resolver

Ministerio

que

que

Público

cometieron

la

evidencia

sostenía

una

convicción por infracción al Art. 3.2(c) de la Ley de

Ética Gubernamental.

Además, nos señala que cometieron

error el TPI y el TA al declarar convicto al peticionario

por las infracciones al Art. 213 del Código Penal de 1974

y al Art. 3.2(c) de la Ley de Ética Gubernamental sin que

esa

culpabilidad

fuera

establecida

más

allá

de

duda

razonable como lo requiere el Art. II, Sec. 11 de la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Por tratarse de asuntos estrechamente relacionados

a

la

discreción

del

Tribunal

de

Primera

Instancia,

pasaremos a discutirlos en conjunto.

En

cuanto

a

repetidas

la

ocasiones

deferencia

que

nos

los

hemos

expresado

tribunales

en

apelativos

deben guardar por la apreciación de la prueba que hace el

CC-2012-755

22

Tribunal de Primera Instancia.25

Sabido es que el foro

primario es el que se encuentra en mejor posición de

valorar

la

misma

y

los

tribunales

ordinario,

llegar

a

sus

conclusiones.

apelativos

no

De

debemos

intervenir con el ejercicio de la discreción de los foros

de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso

abuso

de

discreción,

prejuicio,

error

manifiesto

o

parcialidad.26

Luego de examinar las circunstancias particulares

del

presente

caso,

concluimos

que

no

hubo

abuso

de

discreción, prejuicio, error manifiesto o parcialidad en

la decisión del foro primario en cuanto a la convicción

del señor Soto Molina por el Art. 3.2(c) de la Ley de

Ética Gubernamental.

supra,

nos

referimos

Sin embargo, en cuanto al Art. 213,

a

la

discusión

en

las

partes

anteriores de esta Opinión.

V

Por entender inmeritorios los demás señalamientos

de error del Peticionario a la luz de todo lo antes

expuesto, entendemos innecesario entrar a discutir los

mismos.

25

Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 477-479 (2013); Ramirez

Ferrer v. Conagra Foods P.R., 175 DPR 799, 810-811 (2009); Trinidad

v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001); Flores v. Soc. de Gananciales,

146 DPR 45, 50 (1998); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR

721, 728 (1984).

26

Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012).

Véase, además, Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745

(1986).

CC-2012-755

Por

23

todo

lo

anterior,

se

modifican

las

determinaciones de los foros a quo y se devuelve el caso

al Tribunal de Primera Instancia para que se realice el

Informe Pre-Sentencia conforme a lo aquí resuelto y se

continúe con los procedimientos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2012-755

Certiorari

Wilson Soto Molina

Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2014.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede la cual se hace formar parte íntegra

de la presente, se modifican las determinaciones

de los foros a quo y se devuelve el caso al

Tribunal de Primera Instancia para que se realice

el Informe Pre-Sentencia conforme a lo aquí

resuelto y se continúe con los procedimientos.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La

Jueza Presidenta señora Fiol Matta y la Juez

Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurren con

el resultado sin opinión escrita. La Jueza

Asociada señora Pabón Charneco, el Juez Asociado

señor Estrella Martínez y la Jueza Asociada

señora Oronoz Rodríguez no intervinieron.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo