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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Díaz Carrasquillo v. Hon. Alejandro García Padilla

2014 TSPR 75

Poder Judicial de Puerto Rico

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Díaz Carrasquillo v. Hon. Alejandro García Padilla

CT-2013-18

Facultades del Gobernador para nombrar y destituir funcionarios; remoción de empleado con funciones híbridas; Doctrina de inmunidad legislativa

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Iván Díaz Carrasquillo

Peticionario

2014 TSPR 75

v.

191 DPR ____

Hon. Alejandro García Padilla

Recurrido

Número del Caso: CT-2013-18

Fecha: 19 de junio de 2014

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray

Procuradora General

Lcda. Mónica Cordero Vázquez

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Jean Philip Gauthier-Iñesta

Materia: Certificación Interjurisdiccional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Iván Díaz Carrasquillo

Peticionario

Certificación

v.

CT-2013-0018

Interjurisdiccional

Hon. Alejandro García

Padilla

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora

Pabón Charneco.

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2014.

I

Como

máximos

intérpretes

del

derecho

estatal,

hoy

atendemos un recurso de Certificación Interjurisdiccional

solicitado por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos

para el Distrito de Puerto Rico (―Tribunal de Distrito‖).

En este, determinamos el poder del Gobernador de Puerto

Rico

para

delegado

destituir

un

híbrido

a

un

de

funcionario

funciones

al

cual

ejecutivas,

le

fue

cuasi-

legislativas y cuasi-judiciales. Particularmente, debemos

determinar

si

el

Procurador

de

las

Personas

con

Impedimentos es un funcionario de libre remoción o solo

puede ser destituido por alguna de las causas establecidas

en la ley.

Concluimos que tiene un interés propietario

CT-2013-0018

2

durante la duración de su nombramiento. Por lo tanto, no

es

un

funcionario

de

libre

remoción

y

solo

podrá

ser

removido por las causas de destitución establecidas por

ley.

Por

otra

parte,

determinamos

que

la

Doctrina

de

Inmunidad Legislativa no limita el derecho propietario del

cual es acreedor este funcionario.

cobijada

por

la

inmunidad

Su destitución no está

legislativa,

pues

no

es

una

actividad legislativa legítima, sino un acto de naturaleza

administrativa. Por otro lado, reiteramos que cuando la

Asamblea

Legislativa

deroga

nombre

diferente,

pero

un

cargo

y

preservando

crea

los

otro

con

deberes

y

obligaciones del primero, el funcionario que lo ostentaba

no pierde el interés propietario sobre dicho cargo.

II

El

Díaz

Sr.

Iván

Díaz

Carrasquillo‖

Carrasquillo

o

(en

―Procurador‖),

adelante

―señor

juramentó

como

Procurador de la Oficina de las Personas con Impedimentos

el 15 de noviembre de 2011.

El nombramiento fue por un

término de diez (10) años, según dispuesto en el Plan de

Reorganización

Núm.

Reorganización

de

1-2011,

las

conocido

Procuradurías,

como

3

el

LPRA

Plan

Ap.

de

XVII.

Cónsono con ello, el término del nombramiento del señor

Díaz Carrasquillo se extendía hasta noviembre de 2021.

No

obstante,

el

24

de

julio

de

2013,

bajo

la

administración del entonces recién electo Gobernador de

Puerto Rico, Hon. Alejandro García Padilla (en adelante

CT-2013-0018

3

―Gobernador‖), se aprobó la Ley Núm. 75-2013, con el único

objetivo de derogar

el Plan Núm. 1-2011,

supra.

En la

misma fecha, se aprobó la Ley Núm. 78-2013, mediante la

cual se creó la Oficina del Procurador de las Personas con

Impedimentos

del

Posteriormente,

Estado

en

Libre

agosto

Asociado

de

Puerto

Rico.

2013,

el

señor

Díaz

de

Carrasquillo fue destituido de su cargo sin celebrarse una

vista previa.

A raíz de estos eventos, el Procurador presentó una

Demanda en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para

el Distrito de Puerto Rico (Tribunal de Distrito), en la

cual

alegó

que

se

le

habían

violado

los

derechos

consagrados en la Primera, Quinta y Decimocuarta Enmienda

de la Constitución de los Estados Unidos.

alegó

que

había

sido

discriminado

lo

que

le

y

En particular,

hostigado

impidió

por

su

desempeñar

sus

afiliación

política,

funciones.

Adujo además, que se creó un ambiente hostil

para forzarlo a que abandonara su trabajo. También arguyó

que se le violaron sus derechos constitucionales al ser

despedido sin un debido proceso de ley a pesar de tener un

interés propietario sobre su empleo.

un

remedio

interdictal

para

Finalmente, solicitó

evitar

que

continuaran

discriminándolo y daños bajo el Art. 1802 del Código Civil

de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141.

Luego de realizar dos (2) vistas, los días 4 y 24 de

septiembre de 2013, y revisar los alegatos presentados por

las

partes,

el

Tribunal

de

Distrito

destacó

que

el

CT-2013-0018

4

Gobernador no había alegado tener causa para destituir al

Procurador

ni

que

este

hubiese

desempeño de sus funciones.1

sido

negligente

en

el

Asimismo, determinó que el

Procurador realizaba funciones ejecutivas, así como cuasijudiciales y algunas cuasi-legislativas.

En cuanto a las

funciones ejecutivas, el Tribunal de Distrito destacó que

el Procurador estaba encargado de seleccionar personal,

desarrollar programas de asistencia para las personas con

impedimentos,

al

igual

que

coordinar

servicios

con

agencias locales y federales.

También estaba encargado de

desarrollar

anual,

un

presupuesto

supervisar

a

los

oficiales examinadores y representar a dicha población en

los procedimientos que estén dentro de su jurisdicción,

entre otras funciones relacionadas.2

Respecto

Tribunal

de

a

las

Distrito

funciones

resaltó

que

cuasi-judiciales,

el

Procurador

el

estaba

encargado de investigar las Querellas presentadas por las

personas

con

violaciones

a

impedimentos,

relacionadas

a

sus

por

agencias

derechos

parte

de

posibles

o

entidades municipales o privadas. De igual forma, tenía la

función

de

celebrar

controversias.

vistas,

Asimismo,

transar

entre

sus

y

adjudicar

funciones

estaba

inspeccionar los expedientes de las agencias a las cuales

investigaba,

tomar

juramentos

otras actividades relacionadas.3

1

e

imponer

entre

En lo concerniente a sus

Véase Amended Opinion and Order, pág. 2 n.1.

Íd., págs. 4-5.

3

Íd., págs. 5-6.

2

multas,

CT-2013-0018

funciones

5

cuasi-legislativas,

el

Tribunal

de

Distrito

destacó que el Procurador tenía el deber de asesorar a la

Asamblea Legislativa sobre la legislación que considerara

necesaria

para

con

derechos

los

impedimentos,

desarrollar

al

política

constitucionales

igual

que

pública

de

adoptar

las

los

consistente

personas

con

reglamentos

necesarios para implantar los programas creados de acuerdo

al Plan Núm. 1-2011, supra.4

En

vista

de

lo

concluyó

que

el

Procurador

funciones

anterior,

ejecutivas,

el

Tribunal

realizaba

un

cuasi-judiciales

de

Distrito

híbrido

y

de

cuasi-

legislativas. En consideración a que nuestro Tribunal no

se ha expresado sobre cuál es la clasificación que se le

debe otorgar a este tipo de funcionario, el Tribunal de

Distrito concedió un interdicto preliminar para evitar la

destitución del Procurador hasta tanto nos expresáramos

sobre el particular y mediante el recurso de certificación

interjurisdiccional

nos

consultó

las

siguientes

controversias de derecho exclusivo estatal:

(1) Si

el

Procurador

para

las

Personas

con

Impedimentos de Puerto Rico, por sus funciones,

disfruta de un derecho limitado de propiedad para

permanecer en su puesto por la duración del término

fijo sujeto a ―justa causa‖ según definido en ley.

(2) Si la restricción de ―justa causa‖ impuesta al

Gobernador para remover al peticionario de su

posición debe considerarse como una interferencia a

su

capacidad

para

realizar

sus

deberes

constitucionales

y

ejecutar

propiamente

sus

obligaciones.

4

Íd., págs. 6-7.

CT-2013-0018

6

(3) ¿Qué factores debe la

realizar esa determinación?

Corte

considerar

al

(4) De existir un derecho de propiedad limitado bajo

la ley de Puerto Rico, si el demandante perdería

dicho derecho bajo la doctrina de inmunidad

legislativa levantada por los demandados.

Luego de haber expedido el recurso de certificación,

procedemos a contestar las preguntas certificadas.

III

A. Origen y evolución de la Oficina del Procurador de

las Personas con Impedimentos

Mediante la Ley Núm. 2 de 27 de septiembre de 1985

(Ley

Núm.

2-1985),

3

LPRA

ant.

sec.

532

et

seq.,5

la

Asamblea Legislativa de Puerto Rico creó la Oficina del

Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI). Según

se desprendía del Art. 3 de esta ley, 3 LPRA ant. sec.

532b, el propósito de la OPPI era:

servir como instrumento de coordinación para

atender

y

viabilizar

la

solución

de

los

problemas,

necesidades

y

reclamos

de

las

personas con impedimentos en las áreas de la

educación, la salud, el empleo, y la libre

iniciativa empresarial o comercial, de los

derechos civiles y políticos, de la legislación

social, laboral y contributiva, de la vivienda,

la transportación, la recreación y la cultura,

entre otras. Asimismo, tendrá la responsabilidad

de establecer y llevar a cabo un programa de

asistencia, orientación y asesoramiento para la

protección de las personas con impedimentos.

La legislación establecía que entre las funciones y

responsabilidades

de

la

OPPI

estaba

llevar

a

cabo

programas de asesoría, orientación y servicios para las

personas

5

con

impedimentos.

3

LPRA

ant.

sec.

532e.

Esta ley fue derogada mediante el Plan de Reorganización Núm. 12011, supra, el cual a su vez fue derogado por la Ley Núm. 75-2013.

CT-2013-0018

Asimismo,

públicas

7

serviría

y

población.

como

mediadora

que

le

privadas

Entre

sus

con

ofrecían

funciones

las

agencias

servicios

también

se

a

esta

encontraba

fomentar la integración de las personas con impedimentos

en diversas áreas de la comunidad. Además, uno

deberes

de

la

OPPI

era

mantener

de los

actualizadas

las

estadísticas sobre esta población, crear un catálogo sobre

los

programas

dirigidos

a

ofrecerles

servicios

a

las

personas con impedimentos y velar porque estas no fueran

discriminadas.

estaba

Cónsono

orientar

a

con

esta

esto,

entre

sus

funciones

población

sobre

sus

derechos,

establecer un programa mediante el cual pudiesen canalizar

sus reclamos sobre la inacción de las agencias públicas,

además de desarrollar nuevos métodos para que las personas

con impedimentos pudieran desarrollarse al máximo. Íd.

Estas

funciones

se

mantuvieron

inalteradas

por

diecisiete (17) años. No es hasta el 2002, que la Asamblea

Legislativa

vuelve

a

expresarse

sobre

el

particular

y

enmienda el anterior Art. 3 de la Ley Núm. 2-1985, supra,

para

establecer

jurídica

que

la

OPPI

debía

independiente

y

separada

ser

de

una

―entidad

cualquier

otra

agencia o entidad pública‖. Ley Núm. 9-2002, 3 LPRA ant.

sec. 532b.

de

la

Según se desprende de la Exposición de Motivos

anterior

independizó

Ley

para

Núm.

9-2002,

supra,

que

ejerciera

fiscalizadoras de una manera más efectiva.

sus

la

OPPI

se

funciones

CT-2013-0018

8

Asimismo,

mediante

la

Ley

Núm.

9-2002,

supra,

el

legislador expresó una preocupación porque la posición del

Procurador

estuviese

expuesta

a

los

vaivenes

políticos

cada cuatro (4) años y enmendó la anterior Ley Núm. 21985,

supra,

para

disponer

que

el

Procurador

sería

nombrado con el consejo y consentimiento del Senado de

Puerto Rico por un término de diez (10) años, 23 LPRA ant.

sec. 532b-1.

Asimismo, se dispuso que previa notificación

y vista, el gobernador tenía la prerrogativa de declarar

vacante

el

puesto

cuando

el

procurador

designado

fuera

negligente en el desempeño de sus funciones. Al respecto,

estableció como causas de destitución ―los delitos contra

la función pública, delitos contra el erario público y

delitos

graves,

o

cualquier

delito

menos

grave

que

conlleve depravación moral‖. Íd.

Empero, con las enmiendas del 2002 el legislador no

derogó

o

modificó

las

facultades

que

le

habían

sido

concedidas al Procurador mediante la anterior Ley Núm. 21985, supra. Específicamente, al Procurador se le había

delegado la función de mantener la organización interna de

la OPPI, al igual que llevar a cabo todas las acciones

administrativas

y

gerenciales

necesarias

para

poder

cumplir con los objetivos de la ley. 3 LPRA ant. sec.

532f. Asimismo, se le delegó la facultad de nombrar al

personal necesario para cumplir con los propósitos de la

ley, administrar el presupuesto de la OPPI y concertar los

acuerdos con el Gobierno de Puerto Rico y Estados Unidos a

CT-2013-0018

9

los fines de proteger los derechos de las personas con

impedimentos. Íd.

Anualmente, el Procurador debía rendir

un Informe al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de

Puerto

Rico

en

el

que

debía

incluir

sus

logros,

los

programas desarrollados, asuntos y querellas atendidas, al

igual que un análisis del manejo de los fondos asignados

durante ese año.

Así

las

cosas,

las

facultades

y

deberes

del

Procurador se mantuvieron inalterados por veintiséis (26)

años. No es hasta la aprobación del Plan de Reorganización

Núm. 1-2011, conocido como el Plan de Reorganización de

las

Procuradurías,

modificaciones.

De

que

se

primera

incluyeron

instancia,

al

algunas

revisar

la

política pública del Plan Núm. 1-2011, supra, parecería

que la anterior Ley Núm. 2-1985, supra, sufrió cambios

significativos.

Sin

embargo,

luego

de

analizar

la

legislación con detenimiento y profundidad nos percatamos

de que esto no ocurrió.

Con la aprobación de este plan se

creó la Oficina de Administración de Procuradurías (OAP),

bajo la cual se consolidaron las facultades, funciones y

deberes

de

la

Oficina

del

Procurador

de

la

Salud,

la

Oficina del Procurador de las Personas Pensionadas y de la

Tercera Edad, la Oficina del Procurador de los Veteranos y

la

Oficina

del

Procurador

Impedimentos.

La

integrar

servicios

los

creación

de

de

las

esta

ofrecidos

Personas

Oficina

por

con

buscaba

todas

las

procuradurías, mientras que se mantenía la independencia

CT-2013-0018

10

de criterio de cada procurador.

como

propósito

hacerse

Es decir, la OAP tenía

cargo

de

las

funciones

administrativas de las agencias, para que cada Procurador

dirigiera todos sus esfuerzos a velar por la población

representada por cada uno. 3 LPRA ant. Ap. XVII.

Las

funciones

los

administrativas

que

eran

realizadas

por

procuradores fueron delegadas a un Administrador que sería

nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento

del Senado por un término de cinco (5) años, esto con el

propósito

de

maximizar

ciudadanos. Íd.

los

servicios

ofrecidos

a

los

En síntesis, el legislador dispuso lo

siguiente:

Es política pública de esta Administración

fortalecer y ampliar las facultades, funciones y

deberes de los Procuradores de fiscalizar,

educar, coordinar servicios y abogar por los

derechos de las poblaciones que representan,

enfatizando a su vez las responsabilidades que

tienen las agencias y entidades correspondientes

con las diversas poblaciones aquí mencionadas de

brindarles servicios directos de calidad, justo

y con el respeto que éstos ameritan. Íd.

A

tenor

con

esta

mantuvo

las

facultades

política

y

pública,

deberes

que

el

le

legislador

habían

sido

otorgadas al Procurador de las Personas con Impedimentos

en

la

anterior

Ley

Núm.

2-1985,

supra.

No

obstante,

añadió que el Procurador debía asesorar al Gobernador y a

la Asamblea Legislativa sobre la legislación pertinente

para implantar la política pública dispuesta en el Plan.

Asimismo,

debía

privadas

con

el

asesorar

a

propósito

las

de

agencias

mejorar

y

entidades

los

servicios

CT-2013-0018

11

prestados

y

debía

anual

la

Oficina

a

remitir

de

una

petición

Gerencia

y

de

presupuesto

Presupuesto.

Íd.

Ciertamente, hay diferencia en cuanto a las disposiciones

relativas a las funciones de administración y operación

internas

de

la

legislativas

y

OAP.

No

obstante,

las

cuasi-judiciales

del

funciones

cuasi-

Procurador

se

mantuvieron inalteradas. Consecuentemente, no hay duda de

que las facultades y deberes delegados al Procurador no

sufrieron cambios significativos desde la creación de la

OPPI en el 1985.

Dos (2) años después, el 24 de julio de 2013, la Ley

Núm. 75-2013, supra, derogó el Plan de Reorganización de

las Procuradurías, supra.

Esto porque los legisladores

entendieron que el mismo solo había causado la pérdida de

fondos federales y no había cumplido con el objetivo de

que los servicios brindados a los ciudadanos fueran más

eficientes.

En

esencia,

el

legislador

justificó

la

derogación del Plan porque las Oficinas no habían sido

evaluadas conforme al Consejo de Modernización de la Rama

Ejecutiva, creado por virtud de la reorganización para,

entre

otras

cosas,

evaluar

el

funcionamiento

de

los

departamentos ejecutivos. Véase Ley Núm. 182-2009, 3 LPRA

sec. 8821 et seq.

Ahora bien, el mismo día en que se derogó el Plan de

Reorganización de las Procuradurías,

supra, la Asamblea

Legislativa aprobó la Ley Núm. 78-2013, conocida como la

CT-2013-0018

12

Ley del Procurador de las Personas con Impedimentos del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mediante la cual

creó

la

Oficina

Impedimentos

del

del

Procurador

Estado

Libre

de

las

Asociado

de

Personas

con

Puerto

Rico.

Esta ley incorporó el lenguaje que se había utilizado para

enmendar el Art. 3 de la Ley Núm. 2-1985, supra. El Art. 4

de la nueva ley estableció lo siguiente:

Se crea. . . como una entidad jurídica

independiente y separada de cualquier otra

agencia, la cual tendrá, entre otras funciones

dispuestas en esta Ley, la responsabilidad de

servir como instrumento de coordinación para

entender

y

solucionar

los

problemas,

las

necesidades y reclamos de las personas con

impedimentos.

Además de retomar la idea de la OPPI como una entidad

jurídica independiente, esta ley también sostuvo que el

Procurador iba a ser nombrado por el Gobernador con el

consejo y consentimiento del Senado por un término de diez

(10) años.

previsto

Asimismo, se incluyó el Consejo Consultivo

desde

1985

para

asesorar

al

Procurador

y

más

importante aún, se incluyeron ad verbatim las facultades y

responsabilidades que le habían sido otorgadas a la OPPI

mediante la Ley Núm. 2-1985, supra.

Lo mismo sucedió con

las facultades y deberes del Procurador, debido a que se

mantuvieron inalterados.

Como podemos observar, desde su creación en 1985, la

OPPI ha experimentado cambios administrativos, pero no así

en su denominación de entidad jurídica independiente que

tiene como propósito principal maximizar y fiscalizar los

CT-2013-0018

servicios

13

que

les

impedimentos.

Sin

son

otorgados

reparos,

a

las

personas

podemos

con

concluir

que

continuamente los legisladores han estado preocupados por

los

servicios

impedimentos

y

que

se

le

han

sido

otorgan

a

las

personas

con

consistentes

en

mantener

una

agencia con cierta independencia del Ejecutivo, la cual

está

encargada

de

viabilizar

los

reclamos

contra

las

entidades públicas y privadas garantizando así que a estas

personas no se les violen los derechos consagrados en la

Constitución de Puerto Rico.

Art. II, Sec. I, Const.

E.L.A., LPRA Tomo 1, ed. 2008, pág. 272.

B. Doctrina de Separación de Poderes

Nuestro

sistema

republicano

de

gobierno

está

sustentado en la separación de poderes entre las tres (3)

ramas

de

gobierno:

la

Ejecutiva,

la

Legislativa

y

la

Judicial. Art. I, Sec. 2, Const. E.L.A., LPRA Tomo 1, ed.

2008, pág. 271.

Al respecto hemos expresado que más que a

una regla técnica de derecho, la Doctrina de Separación de

Poderes

está

invariablemente

atada

a

nuestra

comunidad

política. AAR, Ex parte, 187 DPR 835, 855 (2013). Esto

porque

la

finalidad

de

esta

doctrina

es

mantener

la

colaboración entre las tres (3) ramas de gobierno, sin que

una domine o interfiera indebidamente con la otra. Colón

Cortés v. Pesquera, 150 DPR 724, 750 (2000).

El propósito

ulterior

ciudadanos

es

proteger

la

libertad

de

los

y

CT-2013-0018

14

garantizar la independencia de cada una de las ramas de

gobierno. Íd.

En síntesis, no se pretende eliminar la interacción

entre las ramas, sino que mediante un sistema de pesos y

contrapesos

las

actuaciones

detrimentales para la otra.

judicial

sólo

puede

ser

de

una

rama

no

sean

―[S]ignifica que la función

llevada

a

cabo

por

la

Rama

Judicial, y de la misma manera, que labores no judiciales

deben ser dejadas para la correspondiente actuación de las

otras ramas‖. Íd., pág. 752 (Énfasis omitido).

C. Debido proceso de ley

El Art. II, Sec. 7 de nuestra Constitución establece

que

ninguna

persona

será

privada

de

su

libertad

o

propiedad sin un debido proceso de ley. Const. E.L.A.,

supra, pág. 296.

Véanse además

EE.UU., LPRA Tomo 1.

Emdas. V & XIV, Const.

Como es sabido, esta protección se

manifiesta tanto en su vertiente sustantiva como procesal.

En la primera se examina la validez de una ley al amparo

de la Constitución, mientras que en la vertiente procesal

se consideran las garantías mínimas que el Estado debe

resguardarle

a

propiedad

libertad.

o

un

individuo

al

Picorelli

afectarle

su

López

Depto.

v.

vida,

de

Hacienda, 179 DPR 720, 735-736 (2010); Domínguez Castro v.

E.L.A., 178 DPR 1, 46 (2010); Hernández v. Secretario, 164

DPR

390,

394-395

(2005);

Rivera

Hacienda, 119 DPR 265, 273 (1987).

Santiago

v.

Srio.

de

CT-2013-0018

15

A tenor con estas disposiciones, lógicamente hemos

reconocido que el debido proceso de ley en su vertiente

procesal

atenta

solamente

contra

el

puede

ser

interés

invocado

cuando

individual

de

el

Estado

libertad

o

propietario de una persona. González Segarra et al. v.

CFSE, 188 DPR 252, 278 (2013); Calderón Otero v. C.F.S.E.,

181 DPR 386, 398 (2011).

Por consiguiente, de existir

este interés, entonces procede que el Estado otorgue las

siguientes

proceso;

garantías:

(2)

―(1)

notificación

ante

un

proceso

juez

adecuada

del

imparcial;

(3)

oportunidad de ser oído; (4) derecho a contrainterrogar a

los

testigos

y

examinar

la

evidencia

presentada

en

su

contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que la

decisión se base en el expediente‖. González Segarra et

al. v. CFSE, supra, pág. 279 (citando a Vázquez González

v. Mun. de San Juan,

178 DPR 636 (2010)).

En fin, lo

primordial es asegurar que las actuaciones del Estado sean

justas e imparciales.

E.L.A. et al. v. Molina Figueroa,

186 DPR 461, 471 (2012); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee

Stowell, etc., 133 DPR 881, 887-888 (1993).

Cónsono con estas garantías, hemos dispuesto que ―un

empleado

en

el

servicio

público

tiene

un

reconocido

interés en la retención de su empleo, si dicho interés

está protegido por ley o cuando las circunstancias crean

una expectativa de continuidad.

factores

lo

propietario‖.

que

determina

la

Es la presencia de estos

existencia

de

un

interés

Domínguez Castro et al. v. E.L.A., supra,

CT-2013-0018

16

pág. 69; Díaz Martínez v. Policía de P.R., 134 DPR 144,

148 (1993) (citando a Orta v. Padilla Ayala, 131 DPR 227,

241 (1992)); Morales Narváez v. Gobernador, 112 DPR 761,

767 (1982); Pierson Muller I. v. Feijoó, 106 DPR 838, 852

(1978);

Board

(1972).

of

Regents

Asimismo,

empleado

ha

sido

v.

hemos

nombrado

Roth,

408

U.S.

establecido

por

un

que

periodo

564,

577

cuando

un

de

tiempo

determinado, este es acreedor de una legítima expectativa

de retención durante este tiempo.

S.L.G. Giovanetti v.

E.L.A., 161 DPR 492, 510 (2004); Depto. Recs. Naturales v.

Correa, 118 DPR 689, 697 (1987).

En

estos

acreedor

de

casos,

una

oportunidad

de

garantías

antes

es

vista

ser

necesario

informal

escuchado

descritas.

que

el

empleado

sea

donde

se

le

la

y

se

González

le

provea

resguarden

Segarra

v.

las

CFSE,

supra; Torres Solano v. P.R.T.C., 127 DPR 499 (1990). Es

decir, mientras un empleado tiene un interés propietario

sobre su empleo, no puede ser removido de este sin que se

demuestre justa causa.

D. Poder de destitución del Primer Ejecutivo

El

Poder

concentrado

E.L.A.,

Ejecutivo

en

supra,

de

nuestro

gobierno

está

Const.

el

Gobernador

de

Puerto

Rico.

pág.

402.

Para

poder

descargar

sus

funciones, en la Constitución se dispuso que este será

asistido

por

los

secretarios

de

gobierno,

los

cuales

CT-2013-0018

17

deberán ser nombrados con el consejo y consentimiento del

Senado. Const. E.L.A., supra, pág. 408.

A tenor con estas disposiciones, se le concedió la

facultad

expresa

para

―[n]ombrar,

en

la

forma

que

se

disponga por esta Constitución o por ley, a todos los

funcionarios

para

cuyo

nombramiento

Const. E.L.A., supra, pág. 403.

esté

facultado‖.

Empero, la Constitución

no contiene una disposición expresa sobre la facultad del

gobernador para destituir empleados y cuáles, si algunas,

deberían

ser

relación

a

las

las

limitaciones

funciones

gubernamentales.

de

la

realizadas

destitución

por

los

en

empleados

La única disposición relacionada es el

Art. III, Sec. 21 sobre los Procesos de Residencia. Const.

E.L.A., supra, pág. 401.

Ahora bien, al analizar con detenimiento el Diario de

Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico nos

percatamos

de

la

discusión

que

se

suscitó

ante

la

posibilidad de que la Asamblea Legislativa pudiera variar

el término de duración del cargo de los secretarios de

gobierno,

inmiscuyéndose

así

con

la

Rama

Ejecutiva.

3

Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 22682271 (1952). Ante la preocupación de que esto no fuera

cónsono

con

el

sistema

republicano

de

gobierno

que

se

pretendía perpetuar mediante la Constitución, el delegado

señor Gutiérrez Franqui atendió la controversia y propuso

que no se debía establecer un término de duración para los

cargos de los secretarios de gobierno.

Para justificar su

CT-2013-0018

propuesta,

18

el

delegado

hizo

un

recuento

de

cómo

el

problema había sido atendido en los Estados Unidos.

Luego de exponer la normativa dispuesta en Myers v.

U.S., 272 U.S. 52 (1926) y en Humphrey’s Ex’r v. U.S., 295

U.S.

602

(1935),

la

misma

fue

acogida

por

el

voto

de

cincuenta y cuatro (54) delegados. Posteriormente, este

Tribunal se expresó por primera vez sobre el particular en

el año 2005.

En

Guzmán

contestamos

v.

en

Calderón,

la

164

DPR

negativa

220

una

(2005),

certificación

interjurisdiccional emitida por el Tribunal de Distrito

sobre si el requisito de justa causa para la destitución

de

un

integrante

Corporación

de

de

la

Puerto

Junta

Rico

de

para

Directores

la

Difusión

infringía las facultades constitucionales

de

la

Pública

que le fueron

otorgadas al Gobernador. Íd., pág. 224.

Esta

pregunta

surgió

luego

de

que

la

entonces

Gobernadora, Sila M. Calderón, destituyera al Sr. Arturo

Guzmán

Vargas

por

insubordinación

y

este

instara

una

Demanda alegando que se le habían violado sus derechos

civiles.

En

síntesis,

concluimos

que

este

no

realizaba

funciones puramente ejecutivas, sino que le habían sido

delegadas

funciones

cuasi-legislativas

dentro

de

una

agencia con personalidad jurídica independiente, lo que

justificaba

las

restricciones

impuestas

al

poder

de

destitución del Gobernador. Por consiguiente, el requisito

de

justa

causa

requerido

para

la

destitución

de

este

CT-2013-0018

funcionario

19

no

infringía

las

facultades

del

Gobernador

para descargar sus funciones ejecutivas.

Ese mismo año, el 17 de junio de 2005, este Tribunal

nuevamente

acogió

una

certificación

Distrito.

Véase

Santana

v.

del

Gobernadora,

Tribunal

de

165

28

DPR

(2005). En específico, contestamos que al amparo de la

Constitución

de

facultad

para

Consejo

de

Concluimos

Puerto

Rico,

la

destituir

a

Directora

la

Gobernadora

tenía

la

Ejecutiva

del

Desarrollo

Ocupacional

y

que

Directora

Ejecutiva

la

Recursos

Humanos.

realizaba

actividades dirigidas a establecer la política pública del

País,

por

consiguiente,

sus

funciones

eran

puramente

ejecutivas, lo cual no le otorgaba un interés propietario

sobre su empleo.

Cónsono con lo anterior, el término de

cuatro

impuesto

(4)

años

en

la

ley

era

uno

puramente

directivo que no impedía la remoción de la funcionaria

pública. Íd., págs. 62-63.

En ambos casos, hicimos referencia a lo dispuesto en

Myers v. U.S., supra, y en Humphrey’s Executor v. U.S.,

supra.

por

los

No obstante y para ser cónsonos con lo adoptado

delegados

de

nuestra

Asamblea

Constituyente,

elaboramos sobre cómo la doctrina había evolucionado en

Estados

Unidos.

Así,

destacamos

cómo

lo

dispuesto

en

Humphrey’s Executor v. U.S., supra, fue reiterado por el

Tribunal Supremo en Wiener v. United States, 357 U.S. 348

(1958).

CT-2013-0018

20

Asimismo, recurrimos a lo establecido posteriormente

en

Morrison

v.

Olson,

487

U.S.

654

(1988),

donde

se

dispuso que el análisis sobre la facultad de destitución

que se tiene sobre un empleado no puede limitarse al tipo

de función que este realiza.

A pesar de que esto es

esencial para el análisis, es imprescindible evaluar si

las restricciones impuestas por la Asamblea Legislativa

inciden en la capacidad del Presidente de cumplir y hacer

cumplir

las

determinación

leyes.

no

Es

decir,

violente

la

es

imperativo

separación

de

que

la

poderes

que

caracteriza nuestro sistema de gobierno.

En síntesis, y reconociendo que hay cierta tensión

entre lo resuelto en Humphrey’s Executor v. U.S., supra y

en Morrison v. Olson, supra,6 al momento de evaluar el

poder de destitución del primer ejecutivo se tendrá que

tener en consideración un híbrido de lo resuelto en ambos

casos.

Es decir, en primer lugar se deberá determinar

caso a caso la naturaleza de las funciones que realiza el

empleado

que

va

a

ser

destituido

de

su

cargo.

Al

determinar si las funciones de un empleado son ejecutivas,

cuasi-legislativas o cuasi-judiciales, estamos atendiendo

la

normativa

propuesta

en

Humphrey’s

Executor

v.

U.S.,

supra.7

6

W. Vázquez Irizarry, Los poderes del Gobernador de Puerto Rico y el

uso de órdenes ejecutivas, 76 Rev. Jur. U.P.R. 951, 1005 (2007).

7

En Humphrey’s Ex’r v. U.S., supra, el Tribunal Supremo federal se

enfrentó al reclamo de William E. Humphrey (en adelante ―Humphrey‖),

el cual había sido nominado y confirmado por el Senado para presidir

el Federal Trade Commission (FTC) por un término de siete (7) años.

Este nombramiento fue otorgado bajo el mandato del ex Presidente de

los Estados Unidos, Herbert Clark Hoover.

No obstante, cuando su

CT-2013-0018

21

Esto implica que en la única instancia en la que un

empleado

gubernamental

es

de

libre

remoción

por

el

Gobernador es cuando este realiza funciones ejecutivas.

Es decir, cuando el empleado incide en la formulación de

política

pública,

lo

cual

es

una

función

de

la

Rama

Ejecutiva. Empero, en el caso de que un empleado realice

funciones

primordialmente

cuasi-legislativas

judiciales,

al

Gobernador

demuestre

justa

causa

contrario,

estaríamos

principio

estos

político

casos,

la

de

o

se

le

podrá

para

su

destitución.

requerir

lo

violación

del

una

separación

poderes.

Asamblea

Legislativa

que

De

permitiendo

de

cuasi-

le

Así,

podrá

en

imponer

restricciones al Gobernador para la destitución de estos

empleados.

Sin

embargo,

suficiente.

este

análisis

por

Corresponde

analizar

la

circunstancias

independientemente

para

de

determinar,

las

funciones

sí

solo

no

es

totalidad

de

las

además,

que

realiza

si

el

funcionario, las restricciones impuestas por la Asamblea

predecesor, el presidente Franklin D. Roosevelt asumió el poder,

destituyó a Humphrey de su puesto porque entendió que los objetivos de

su administración podían ser alcanzados con mayor eficiencia si él

seleccionaba el líder de la FTC.

Al analizar esta controversia el

tribunal reconoció que la comisión era apolítica, de manera que la

naturaleza de las funciones realizadas en la FTC exigía imparcialidad.

Íd., pág. 624. Asimismo, concluyó además que las funciones del líder

de la FTC no eran propiamente ejecutivas, sino predominantemente

cuasi-judiciales y cuasi-legislativas. El tribunal entendió que el

hecho de que la Asamblea Legislativa le asignara un término mayor al

del servicio del presidente fue con el propósito de que la comisión

pudiese implementar la ley de una manera justa y efectiva.

En

síntesis, la intención de los legisladores fue crear una comisión que

pudiese ejercer su criterio libre e independientemente, sin estar a

merced de la rama ejecutiva.

CT-2013-0018

22

Legislativa

inciden

en

la

facultad

del

Gobernador

de

descargar sus funciones ejecutivas.

E. Doctrina de la Inmunidad Legislativa

La Constitución de Puerto Rico establece que ―[l]a

Asamblea

Legislativa

consolidar

o

tendrá

reorganizar

definir sus funciones‖.

facultad

para

departamentos

crear,

ejecutivos

y

Const. E.L.A., supra, pág. 396.

Asimismo, el Art. III, Sec. 14 de nuestra Constitución

dispone

que:

gozará

de

―todo

miembro

inmunidad

de

la

Asamblea

Legislativa

por

votos

parlamentaria

sus

y

expresiones en una u otra cámara o en cualquiera de sus

comisiones‖. Íd., pág. 392.

Al

interpretar

esta

última

disposición

constitucional, en Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115

DPR 368, 379 (1984), especificamos que la protección se

extendía

decir,

a

a

las

―los

actividades

legislativas

procesos

deliberación,

de

legítimas.

Es

comunicación,

investigación, e información y actos necesarios para el

desarrollo

del

proceso

legislativo‖.

Vélez

Colberg Ramírez, 117 DPR 873, 876 (1986).

Ramírez

v.

Lo determinante

para otorgar esta protección es la ―naturaleza del acto y

su

relación

inherente

a

con

las

el

proceso

funciones

deliberativo

y

de

parlamentarias‖.

Hernández Agosto, 118 DPR 45, 60 (1986).

votación

Silva

v.

Véase además

Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 DPR 443, 455 (2006).

Tanto es así, que hemos concluido que la doctrina cobija a

CT-2013-0018

23

los ayudantes de los legisladores, pues lo importante no

es quién lleva a cabo la actividad, sino el acto en sí

mismo. Silva v. Hernández Agosto, supra, pág. 60. Por otra

parte, el Tribunal Supremo federal ha reconocido que la

Doctrina de Inmunidad cobija a funcionarios fuera de la

Asamblea Legislativa, en tanto estén realizando funciones

legislativas.

Bogan

v.

Scott-Harris,

523

U.S.

44,

55

(1998).

La inmunidad legislativa o parlamentaria tiene dos

(2) funciones: una sustantiva y otra evidenciaria.

Es

decir, no tan solo protege a los miembros de la Asamblea

Legislativa

de

responsabilidad

civil

y

criminal

por

actuaciones legítimas dentro de los procesos legislativos,

sino

que

acción

tampoco

civil

permite

que

estos

sean

parte

de

una

relacionada

con

estas

actuaciones,

ni

que

testifiquen al respecto. Pres. del Senado, 148 DPR 737,

769 (1999). Véase además In re Figueroa Vivas, 149 DPR 557

(1999). ―Limitarle a un miembro de la Asamblea Legislativa

su

función

o

prerrogativa

de

informar,

fiscalizar

o

debatir asuntos de interés público necesariamente lacera

las

prerrogativas

constitucionales

causándole un daño real‖.

de

ese

legislador

Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera

Schatz, 180 DPR 920, 963 (2011).

Cónsono

subyacen

la

con

estas

actuación

disposiciones,

legislativa

los

están

fuera del ámbito de revisión judicial.

motivos

que

completamente

Pres. del Senado,

CT-2013-0018

24

supra, pág. 769; Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115

DPR

368,

379-380

(1984).

De

lo

contrario,

además

de

validarse una interferencia indebida de la Rama Judicial

en los quehaceres de la Asamblea Legislativa, la inmunidad

perdería todo su valor. Es fundamental destacar que el

propósito de esta doctrina es precisamente preservar la

independencia de la Rama Legislativa y así salvaguardar la

separación de poderes. Romero Barceló v. Hernández Agosto,

supra, pág. 379.

Empero, hemos sido consistentes en reiterar que las

actuaciones de la Asamblea Legislativa no están exentas de

revisión

judicial.

Es

es

decir,

llamada

inmunidad

legislativa

no

tribunales,

y

contornos‖.

Vélez Ramírez v. Colberg Toro, supra, pág.

no

absoluta,

la

al

Poder

―[c]orresponde

Legislativo,

a

los

definir

sus

876 (citando a Romero Barceló v. Hernández Agosto, supra);

Silva v. Hernández Agosto, supra, pág. 59.

Como ya hemos mencionado, desde Silva v. Hernández

Agosto, supra, reconocimos que no todo acto legislativo

está

protegido,

siendo

imprescindible

que

distingamos

entre un acto legislativo y una acción no legislativa.8

8

Para ejemplificar la distinción de este razonamiento, en Acevedo Vilá

v. Aponte Hernández, 168 DPR 443, 455-459 (2006), recurrimos a lo

resuelto por otras jurisdicciones. Así, por ejemplo, destacamos cómo

en el más alto foro del estado de Kentucky se concluyó que el acto de

firmar una medida luego de que esta había sido aprobada por ambos

cuerpos legislativos no constituye un acto discrecional legislativo

del Presidente del Senado.

Por el contrario, se consideró como un

acto ministerial que de ser incumplido, procedería otorgar un

mandamus.

Kavanaugh v. Chandler, 72 S.W.2d 1003 (1934).

Asimismo,

destacamos cómo el Tribunal Supremo de Missouri concluyó que el acto

de certificar al Gobernador electo no es uno legislativo, sino uno

ministerial, independientemente de si es llevado a cabo por el

CT-2013-0018

25

Por consiguiente, al momento de considerar la aplicación

de

la

inmunidad

cautelosos

al

protegiendo.

parlamentaria,

establecer

Esto

debido

cuál

a

tenemos

es

que

el

la

que

acto

ser

bien

que

estamos

inmunidad

absoluta

solamente aplica cuando el acto está enmarcado dentro de

la capacidad legislativa. Como corolario, se ha concluido

que el Presidente está cobijado por esta inmunidad cuando

firma o veta una ley aprobada por el Congreso.

Es decir,

este acto está cobijado por absoluta inmunidad debido a

que es considerado parte del proceso legislativo.

Torres

Rivera v. Calderón Serra, 412 F.3d 205, 213 (2005)(citando

a Smiley v. Holm, 285 U.S. 355, 372-373 (1932); Women´s

Emergency Network v. Bush, 323 F.3d 937, 950 (11mo Cir.

2003)); Bogan v. Scott Harris, 523 U.S. 44, 55 (1998).

No

obstante,

la

las

legislación

acciones

no

están

que

se

toman

cobijadas

para

por

implantar

la

inmunidad

legislativa, sino que deben ser evaluadas a la luz de la

inmunidad cualificada. Íd., pág. 214 (citando a Scheuer v.

Rhodes, 416 U.S. 232 (1974)).9

Presidente de la Cámara de Representantes.

State v. Osburn, 147

S.W.2d 1065 (1941). Luego de distinguir entre un acto legislativo y

uno ministerial, en aquella ocasión concluimos que después de que un

proyecto ha sido aprobado por ambas cámaras, la Asamblea Legislativa

no tiene discreción para elegir si lo presenta o no ante el

gobernador.

Por consiguiente, este acto no está cubierto por la

inmunidad legislativa, procediendo el recurso de mandamus.

Acevedo

Vilá v. Aponte Hernández, supra, pág. 464.

9

En Scheuer v. Rhodes, supra, pág. 248, el Tribunal Supremo federal

citó con aprobación las siguientes expresiones del Juez Hughes:

If this extreme position could be deemed to be well

taken, it is manifest that the fiat of a state Governor,

and not the Constitution of the United States, would be

the supreme law of the land; that the restrictions of the

Federal Constitution upon the exercise of state power

would be but impotent phrases, the futility of which the

CT-2013-0018

26

Cónsono

con

estas

disposiciones,

varias

jurisdicciones han diferenciado un acto legislativo de uno

administrativo

con

el

propósito

absoluta solamente al primero.

de

otorgarle

inmunidad

Para esto, han establecido

que es preciso abordar la naturaleza de los hechos que

subyacen el acto en controversia. Si estos hechos están

basados

en

política

pública

Ahora

bien,

generalizaciones

adoptada,

si

los

hechas

se

hechos

en

relación

consideran

que

a

la

legislativos.

subyacen

son

más

específicos, es decir, están relacionados a individuos o

situaciones

particulares,

se

consideran

administrativos.

Asimismo, se ha reconocido que se puede distinguir entre

una acción administrativa y una legislativa mediante la

particularidad del impacto de la acción.

Es decir, cuando

la acción concierne la aplicación de una política general

podemos

establecer

que

es

legislativa.

Sin

embargo,

cuando va dirigida a afectar a un ciudadano en particular,

se considera administrativa. Cutting v. Muzzey, 724 F.2d

259, 261 (1er Cir. 1984).

Véase además Acevedo-Cordero v.

Cordero-Santiago, 958 F.2d 20, 23 (1er Cir. 1992); Orange

Lake Associates, Inc. v. Kirkpatrick, 21 F.3d 1214 (2do

Cir. 1994).

uno

Esta distinción entre un acto legislativo y

administrativo

también

fue

adoptada

por

el

Tercer

Circuito en Flower-Nash v. Democratic Caucus of Pa. House

State may at any time disclose by the simple process of

transferring powers of legislation to the Governor to be

exercised by him, beyond control, upon his assertion of

necessity. Under our system of government, such a

conclusion is obviously untenable.

CT-2013-0018

27

of Representatives, 496 F.3d 328 (3er Cir. 2006).

esto,

además

de

considerar

las

expresiones

del

Para

Primer

Circuito en Cutting v. Muzzey, supra, el Tercer Circuito

destacó cómo el análisis es cónsono con lo expuesto por el

Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Forrester v.

White,

484

U.S.

219,

(1988).10

227

Flower-Nash

v.

Democratic Caucus of Pa. House of Representatives, supra,

págs. 332-333.

El resultado de esta teoría es que puede

ser que ―un legislador no reciba inmunidad absoluta por

acciones que son administrativas en su naturaleza, y por

el

contrario,

absoluta

un

por

oficial

acciones

ejecutivo

que

son

reciba

inmunidad

legislativas

en

su

naturaleza‖.

Miles-Un-Ltd., Inc. v. Town of New Shoreham,

R.I.,

F.Supp.

917

91,

99

(D.

New

Hampshire,

1996)(Traducción suplida).

A continuación esbozaremos algunas determinaciones a

las que se han llegado aplicando la distinción entre un

acto

legislativo

y

uno

administrativo.

En

Negrón-

Gaztambide v. Hernández-Torres, 35 F.3d 25, 28 (1er Cir.

1994), el Primer Circuito concluyó que la destitución de

la

demandante,

una

bibliotecaria

de

la

Oficina

de

Servicios Legislativos, fue un acto administrativo y por

consiguiente,

10

el

demandado

no

estaba

cobijado

bajo

la

En esta ocasión, el Tribunal Supremo federal entendió que la

destitución de un empleado hecha por el Juez White no estaba cobijada

por la inmunidad judicial absoluta, debido a que este estaba actuando

dentro de su capacidad administrativa.

Forrester v. White, supra,

pág. 229.

En su análisis, el tribunal expresó que estaba siendo

consistente con el tratamiento que se le había otorgado a la

inmunidad, en cuanto se examinaban las funciones realizadas por el

oficial

y

posteriormente

se

evaluaba

si

las

actuaciones

en

controversia eran cónsonas con estas funciones. Íd., pág. 224.

CT-2013-0018

28

inmunidad legislativa absoluta, procediendo así la Demanda

bajo

el

42

U.S.C.A.

sec.

1983.11

Para

sustentar

esta

conclusión, el Primer Circuito hizo referencia a Forrester

v. White, supra, en la que el Tribunal Supremo federal

determinó

que

administrativa

un

juez

cuando

estatal

destituyó

actuó

a

en

un

su

capacidad

subordinado.

Por

otra parte, en Roberson v. Mullins, 29 F.3d 132 (4to Cir.

1994), el Cuarto Circuito se enfrentó a la destitución de

un miembro de una junta de directores de un county por su

afiliación

política.

destitución

no

El

estaba

Tribunal

entendió

que

con

proceso

relacionada

el

la

legislativo, por consiguiente, la junta de directores no

actuó

dentro

inaplicable

de

la

sus

capacidades

inmunidad

legislativas,

legislativa.

Para

siendo

ejemplos

adicionales, véanse Gross v. Winter, 876 F.2d 165, 172-173

(D.C.Cir. 1989); Raterree v. Rockett, 852 F.2d 946 (7mo

Cir. 1988).

A

tenor

con

todas

estas

disposiciones,

podemos

concluir que para aplicar la inmunidad legislativa tenemos

que

11

considerar

la

naturaleza

del

acto

en

controversia,

A pesar que citamos con aprobación esta jurisprudencia, es necesario

hacer varios señalamientos. En primer lugar, en Negrón Gaztambide v.

Hernández Torres, supra, se trataba de un bibliotecario, mientras que

en Vélez Ramírez v. Colberg Ramírez, supra, se trataba del Director de

la Biblioteca de Servicios Legislativos. Además de esto, en la

controversia de autos no nos estamos enfrentando a un despido de

personal legislativo. Por consiguiente, de ser planteado ante nuestra

consideración, en su momento consideraremos la distinción entre un

acto administrativo y legislativo, a la luz de Forrester v. White,

supra, y la revocación expresa de Browning v. Clerk, 789 F.2d 923

(D.C.Cir. 1986) en Fields v. Office of Eddie Bernice Johnson, 459 F.3d

1 (D.C.Cir. 2006), en el contexto particular de un funcionario

legislativo.

CT-2013-0018

29

pues solamente está protegido aquel dirigido a establecer

política

pública

y

que

es

cónsono

con

los

procesos

legislativos.

No podemos otorgarle la misma protección a

aquellos

cuya

actos

naturaleza

es

administrativa

y

van

dirigidos a afectar a un individuo en particular.12

F. La abolición de un cargo y posterior creación del mismo

como subterfugio de la Asamblea Legislativa para la

destitución de un empleado

Por otra parte, los demandados reiteradamente aducen

que la derogación de la Ley Núm. 75-2013, supra, y la

subsiguiente

aprobación

de

la

Ley

Núm.

78-2013,

supra,

hacen que la remoción del Procurador sea una actuación

válida del Gobernador en cumplimiento con la ley y no una

destitución. Para esto, vehementemente citan lo resuelto

por esta Curia en Gómez v. Negrón, 65 DPR 305 (1945).

Particularmente,

incumbente

en

acepta

lo

un

concerniente

a

cargo

por

creado

que

la

cuando

un

Asamblea

Legislativa, lo hace bajo el entendido de que este puede

ser abolido en cualquier momento.

12

Por consiguiente, del

Cónsono

con

esta

distinción

entre

un

acto

legislativo

y

administrativo, es pertinente destacar que en Baraka v. McGreevey, 481

F.3d 187, 200 (3er Cir. 2007), el Tercer Circuito también reconoció

una distinción entre eliminar la posición de un empleado público y la

destitución de un solo individuo, estando la primera acción cobijada

por la inmunidad legislativa, no así la segunda. El tribunal expresó

que ―despedir a un empleado en particular es una decisión de personal

que no envuelve la creación de política pública‖. Íd. (citando a In

re Montgomery County, 215 F.3d 367 (3er Cir. 2000) (Traducción

suplida). Así, el Tribunal sostuvo la destitución de Baraka debido a

que este no tenía un interés propietario sobre la posición de poeta,

pues esta había sido abolida mediante un acto legislativo válido. Por

consiguiente, la actuación del Gobernador fue un acto legislativo

acreedor de protección. Véase además Leapheart v. Williamson, 705 F.3d

310 (8vo Cir. 2013). Esta jurisprudencia, contrario a lo argumentado

por la Procuradora General, no es idéntica a la situación de autos

debido a que en Baraka v. McGreevy, supra, el Tribunal no se enfrentó

a que la Asamblea Legislativa posteriormente creara otro puesto igual

al del empleado destituido, pero con otro nombre.

CT-2013-0018

30

cargo ser abolido, no puede alegarse que al funcionario se

le

está

privando

de

algún

derecho

constitucional.

Íd.,

pág. 312.

Ahora bien, para poder hacer un análisis responsable

de estas expresiones, es menester reconocer que las mismas

fueron

hechas

luego

derecho

está

circunscrito

anterior

Ley

de

de

que

a

Servicio

estableciéramos

las

que

limitaciones

Civil.

de

este

la

Específicamente,

dispusimos lo siguiente:

Los

casos

resueltos

por

esta

Corte

sosteniendo la doctrina de que la abolición de

un cargo y la creación de otro con distinto

nombre

pero

con

los

mismos

deberes

y

obligaciones, no priva al incumbente del primero

del derecho a ser designado para el segundo, han

sido casos no sólo de cargos o empleos dentro

del Servicio Civil Clasificado, sino que los

hechos han demostrado que el funcionario o

empleado había adquirido un status permanente en

dicho Servicio.

Véanse Cruz v. Buscaglia,

supra; Rosario v. Cuevas, Comisionado, 60 DPR

470; Géigel Polanco v. Rivera Martínez, 48 DPR

124 y Romero v. Gore, 46 DPR 408.

Con las limitaciones que la Ley de Servicio

Civil contiene para la protección de aquellos

funcionarios o empleados que tengan reconocido

un

status

permanente

dentro

del

Servicio

Clasificado,

no

existe,

pues,

lo

que

el

peticionario

califica

de

su

ʽstatus

como

funcionario público con derecho a permanecer en

su

puestoʼ

por

un

término

fijo,

si

la

Legislatura ha tenido a bien abolir su puesto.

Íd., págs. 308-309 (Énfasis omitido).

Mediante estas expresiones, el Tribunal reconoció y

validó lo dispuesto en Rosario v. Cuevas, Comisionado, 60

DPR 470 (1942). ―Un mero cambio de nombre no es por sí

solo suficiente para crear un nuevo cargo y abolir el que

CT-2013-0018

existía

31

anteriormente.

Cuando

se

suprime

un

cargo

y

enseguida se crea otro bajo una nueva designación, pero

con iguales deberes que el anterior, las cortes amparan al

funcionario perjudicado, por entender que el cambio se ha

hecho con el propósito de evadir las leyes del Servicio

Civil‖.13

Íd.,

págs.

476-477.

Esta

norma

ha

sido

reiterada por esta Curia aún después de aprobada nuestra

Constitución.

Véanse Caballero v. Romero Barceló, 103 DPR

1, 4-5 (1974); González v. Gobierno Municipal, 101 DPR

755, 759 (1973); Centeno Rivera v. Pacheco de Algarín, 94

DPR 528, 533 (1967); Figueroa v. López, Alcalde, 89 DPR

474, 481 (1963). Por consiguiente, este Tribunal ha sido

consistente

en

rechazar

actuaciones

de

la

Asamblea

Legislativa que van dirigidas únicamente a destituir a un

funcionario de su cargo.

Es a tenor con toda esta normativa que resolvimos

Gómez v. Negrón, supra.

Es precisamente por esta razón

que en aquella ocasión analizamos si el cargo de Fiscal

del Tribunal Supremo que fue creado era el mismo que el

abolido por la Asamblea Legislativa.

Luego de analizar

ambos cargos, concluimos que la forma y el término de los

nombramientos eran fundamentalmente diferentes. Íd., págs.

310-311.

13

Por consiguiente, se determinó que cuando existe

En la situación de hechos que originó esta controversia, el cargo

de taquígrafa fue abolido y posteriormente se creó el nuevo cargo de

secretaria en la División de Edificios Públicos del Departamento de

Interior. Ante estos hechos, confirmamos la Sentencia recurrida en la

que se ordenó que la peticionaria continuara fungiendo como Secretaria

debido a que no se debía permitir la abolición de un puesto con el

solo propósito de deshacerse de la persona que lo ocupaba.

CT-2013-0018

diferencia

32

en

la

naturaleza

de

los

cargos,

no

puede

concluirse que el cargo anterior no fue abolido. Luego de

haber llegado a esta conclusión y haber determinado que la

Legislatura actuó dentro del ámbito de sus funciones, es

que

concluimos

que

el

demandado

no

tenía

el

deber

ministerial de nombrar al peticionario para el nuevo cargo

creado. Es menester destacar que en todo este análisis

fuimos muy cautelosos al garantizar que esto no implicaba

que

estábamos

inmiscuyéndonos

con

los

motivos

que

tuvo

esta rama de gobierno para tomar su determinación, pues

esto

ciertamente

separación

de

constituiría

poderes

que

una

sustenta

violación

a

la

nuestro

sistema

de

que

funcionario

gobierno. Íd., pág. 314.

Por

lo

tanto,

hoy

reiteramos

un

público no puede reclamar un interés propietario sobre un

cargo que ostentaba cuando este ha sido eliminado por la

Asamblea Legislativa.

Esto aplica siempre y cuando la

actuación no sea un subterfugio para destituir al empleado

de

su

cargo,

lo

cual

sucede

cuando

acto

seguido

a

la

derogación se crea otro cargo cuyos deberes y obligaciones

son iguales al anterior, pero con otro nombre.

IV.

Luego de analizar el estado de derecho aplicable, nos

corresponde atender las preguntas específicas ante nuestra

consideración. Al analizar cuidadosamente los deberes que

le fueron delegados al Procurador, no es correcto concluir

CT-2013-0018

que

este

siendo

33

realizaba

imposible

funciones

otorgarle

estrictamente

el

mismo

ejecutivas

tratamiento

que

al

Director Ejecutivo del Consejo de Desarrollo Ocupacional

en

Santana

concluir

v.

que

legislativas

Gobernadora,

supra.

Tampoco

podemos

el

Procurador

realizaba

funciones

cuasi-

o

cuasi-judiciales

contrario

sensu,

Distrito,

nos

como

estamos

bien

exclusivamente.

determinó

enfrentando

a

A

el

Tribunal

de

un

empleado

con

que

la

funciones híbridas.

Como

vimos,

entre

las

funciones

Asamblea

Legislativa le delegó al Procurador estaba no tan solo

colaborar

con

el

Primer

Ejecutivo

programas

para

optimizar

los

en

el

servicios

desarrollo

brindados

a

de

las

personas con impedimentos, sino que de las leyes aprobadas

se desprende la intención de crear una agencia con cierta

independencia

del

Poder

Ejecutivo

con

la

capacidad

de

fiscalizar estos servicios. Como ya hemos descrito, una de

las funciones principales del Procurador es investigar y

llevar

reclamaciones

por

actos

violatorios

contra

esta

población tanto contra agencias públicas como privadas.14

Este

rol

es

tan

primordial

que

la

Asamblea

Legislativa le otorgó al cargo un término de duración de

diez

(10)

años

con

el

pudiese

ejercer

sus

funciones

vaivenes

políticos

que

propósito

afectan

de

que

el

Procurador

sin

las

presiones

y

a

los

cargos

están

que

los

circunscritos al término de nombramiento de un gobernante.

14

Véase Transcript of Civil Hearing Held Before the Honorable Judge

Daniel R. Domínguez, págs. 19-21.

CT-2013-0018

Ciertamente

34

este

objetivo

se

cumple

al

otorgarle

un

término de nombramiento mayor al de la incumbencia de un

gobernante.

podía

ser

Por consiguiente, se dispuso que este solo

destituido

notificación

y

vista

luego

por

de

que

haber

sido

se

le

otorgara

negligente

en

el

desempeño de sus funciones, haber omitido el cumplimiento

de su deber o incurrido en conducta impropia.

Además, según destacado por el Tribunal de Distrito,

el Art. 52 (c) del anterior Plan Núm.1-2011, supra, le

otorgaba el beneficio al Procurador de, a su discreción,

acogerse a la Ley de los Sistemas de Retiros de Empleados

Públicos, 3 LPRA ant. Ap. XVII Ap. 52, lo cual es un

beneficio

que

es

otorgado

a

los

empleados

de

carrera.

Asimismo, según surge de la vista realizada en el Tribunal

de Distrito, entre las funciones de este Procurador estaba

implantar la Ley para las Personas con Impedimentos (ADA,

por sus siglas en inglés), 42 U.S.C.A. sec. 12101,

et

seq.,15 la cual tiene como norte salvaguardar los derechos

de las personas con impedimentos.

Además de las funciones

de fiscalización exigidas por esta ley, según se desprende

de la transcripción de la vista y ha sido reconocido por

el Tribunal de Distrito, los fondos asignados a la OPPI

provienen tanto del fondo general estatal como de fondos

federales, los cuales el Procurador puede solicitar sin el

aval del Gobernador de Puerto Rico.16

Es a raíz de la naturaleza de estas facultades y las

15

16

Íd., págs. 50-58.

Íd., págs. 92-93.

CT-2013-0018

descritas

35

anteriormente

Procurador es un

que

empleado

podemos

concluir

gubernamental

que

el

cuyas funciones

son híbridas, teniendo las cuasi-judiciales mayor peso que

las

ejecutivas,

destitución

lo

se

cual

hace

meritorio

que

demuestre

justa

causa.

Es

para

su

decir,

el

Procurador no es un empleado de libre remoción, sino que

es acreedor de un interés propietario durante el término

de su cargo.17 Consecuentemente, el Gobernador está sujeto

a las restricciones impuestas por la Asamblea Legislativa.

Al

analizar

la

totalidad

de

las

circunstancias

entendemos que estas restricciones no violan la separación

de poderes ni inciden en la capacidad del Gobernador de

cumplir

y

hacer

cumplir

las

leyes.

A

pesar

que

este

funcionario colabora con el ejecutivo, estas no son sus

únicas funciones. Por el contrario, la OPPI se creó como

un

ente

fiscalizador

independiente

salvaguardar los intereses

de nuestro País.

retiene

suficiente

con

el

propósito

de

de la población de impedidos

Asimismo, entendemos que el Gobernador

poder

para

remover

al

Procurador

mediante las causales de destitución dispuestas por ley,

las cuales permiten que este sea destituido si actúa fuera

del ámbito que le fue establecido en la ley.

Habiendo

contestado

esta

interrogante

en

la

afirmativa, nos corresponde concluir si a la luz de la

17

Es preciso destacar que la parte demandada reconoció que de los

estatutos en controversia se desprende que la intención legislativa

fue otorgarle una expectativa de continuidad en el empleo al

Procurador durante el término de su cargo. Véase Alegato de la Parte

Demandada, pág. 8.

CT-2013-0018

normativa

36

enunciada

el

Procurador

pierde

su

derecho

propietario por la inmunidad legislativa, según alegado

por

los

demandados

Distrito.

y

certificado

por

el

Tribunal

de

En particular, arguyen que el Procurador no fue

destituido, sino que su cargo dejó de existir por virtud

de una actuación legítima de la Asamblea Legislativa. Sin

duda alguna, este planteamiento no procede en derecho.

En

primer

lugar,

como

bien

hemos

delimitado,

la

destitución de un empleado particular constituye un acto

de naturaleza administrativa, no una actividad legislativa

legítima, que no está cobijado bajo la inmunidad absoluta.

Según se desprende de la situación de hechos ante nuestra

consideración,

Procurador

Libre

de

Asociado

al

crearse

la

―nueva‖

las

Personas

con

Impedimentos

de

Puerto

Rico

solo

se

Oficina

del

del

Estado

destituyó

al

Procurador, no así a los restantes sesenta y ocho (68)

empleados que allí laboraban.

esto

no

es

óbice

para

Los demandados alegan que

concluir

que

el

Procurador

fue

tratado diferente a los demás empleados, debido a que este

no estaba cobijado bajo la Ley Núm. 184-2004, 3 LPRA sec.

1461, et seq., conocida como Ley para la Administración de

los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado

Libre

Asociado

persuade,

pues

de

Puerto

como

ya

Rico.

hemos

Este

argumento

concluido,

el

no

nos

Procurador

también ostentaba un interés propietario sobre su cargo

durante el término de su nombramiento. Por consiguiente,

concluimos que la destitución del Procurador no fue un

CT-2013-0018

37

hecho generalizado cónsono con la implantación de política

pública,

sino

que

fue

en

contra

de

un

individuo

particular, siendo un acto que no está cobijado bajo la

inmunidad absoluta.

Además,

desde

mediados

del

siglo

pasado

consistentemente hemos sostenido que este Tribunal no va a

tolerar

y,

Legislativa

mucho

menos

ignorar,

utiliza

los

poderes

cuando

que

le

la

Asamblea

son

delegados

mediante nuestra Constitución como un subterfugio para no

respetar

el

derecho

propietario

de

un

funcionario

gubernamental.

Esto es precisamente lo que sucedió en el

caso de autos.

La derogación del Plan Núm. 1-2011, supra,

y consigo la Oficina del Procurador de las Personas con

Impedimentos y la inmediata aprobación de la Ley Núm. 782013, supra, con la cual se creó la Oficina del Procurador

de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, constituye precisamente la práctica que

hemos rechazado.

Tal como discutimos anteriormente, no

podemos concluir que con la aprobación de la Ley Núm. 782013, supra, se abolió el cargo del Procurador y se creó

uno nuevo, por el contrario, se sostuvieron las funciones

de la OPPI al igual que los deberes y obligaciones del

Procurador.

Siendo así, es forzoso concluir que la naturaleza del

cargo no fue alterada, simplemente se le cambió el nombre,

pero

los

inalterados.

deberes

y

obligaciones

se

mantuvieron

Consecuentemente, el Procurador no perdió su

CT-2013-0018

interés

38

propietario

aboliera su cargo.

porque

la

Asamblea

Legislativa

Es decir, esta actuación no priva al

Procurador de mantenerse ejerciendo sus funciones en la

nueva Oficina, pues se ha mantenido la naturaleza de la

anterior, lo que en última instancia implica que el cargo

no fue abolido.

V

Por

los

fundamentos

expuestos

anteriormente,

resolvemos que el Procurador solo puede ser destituido por

las causales dispuestas en ley.

Es decir, ostenta un

derecho propietario limitado al término fijo de duración

de su nombramiento.

Además, concluimos que la destitución del Procurador

es un acto administrativo que no está cobijado por la

inmunidad legislativa absoluta.

Asimismo, el Procurador

preserva su derecho propietario aun ante la actuación de

la

Asamblea

Procurador

Legislativa

de

inmediatamente

Personas

con

las

crear

de

derogar

Personas

con

Oficina

del

la

Impedimentos

del

Estado

la

Oficina

del

Impedimentos

e

Procurador

Libre

de

las

Asociado

de

Puerto Rico.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Iván Díaz Carrasquillo

Peticionario

Certificación

v.

CT-2013-0018

Interjurisdiccional

Hon. Alejandro García

Padilla

Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2014.

Por

los

fundamentos

expuestos

anteriormente,

resolvemos que el Procurador solo puede ser destituido por

las causales dispuestas en ley.

Es decir, ostenta un

derecho propietario limitado al término fijo de duración

de su nombramiento.

Además, concluimos que la destitución del Procurador

es un acto administrativo que no está cobijado por la

inmunidad legislativa absoluta.

Asimismo, el Procurador

preserva su derecho propietario aun ante la actuación de

la Asamblea Legislativa de derogar la Oficina del

Procurador

de

las

Personas

con

Impedimentos

e

inmediatamente crear la Oficina del Procurador de las

Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

La Jueza Presidenta

señora Fiol Matta disiente con Opinión escrita.

La Juez

Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente con Opinión

escrita. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió

Opinión Particular de Conformidad a la que se une el Juez

Asociado señor Kolthoff Caraballo.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Iván Díaz Carrasquillo

Demandante

Certificación

v.

CT-2013-18

Hon. Alejandro García Padilla

Demandado

Opinión Particular de Conformidad emitida por el Juez Asociado

señor MARTÍNEZ TORRES a la cual se unió el Juez Asociado señor

KOLTHOFF CARABALLO.

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2014.

Estoy conforme con la decisión del Tribunal. Sin

embargo,

el

desarrollo

de

este

caso

en

los

tribunales federales después que emitimos el auto de

certificación a petición del Tribunal Federal para

el Distrito de Puerto Rico me llevan a hacer unas

expresiones breves.

El

propósito

interjurisdiccional

cuente

con

una

es

de

una

que

el

determinación

certificación

tribunal

cierta

del

federal

derecho

local por parte del máximo foro judicial estatal.

Esto

permite

linderos

de

que

ese

foro

su

derecho

estatal

y

delimite

propicia

así

los

una

CT-2013-18

2

interrelación

armoniosa

entre

ambas

jurisdicciones

que

conviven en el mismo suelo. Guzmán Vargas v. Calderón, 164

DPR

220

(2005).

La

certificación

interjurisdiccional

permite ―preservar y respetar la función prístina de las

cortes estatales de interpretar y formular el derecho de

los estados‖. Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., 112

DPR 780, 785 (1982). Este mecanismo provee a las partes

una alternativa más eficiente, rápida y económica que la

abstención Pullman, que obligaba a las partes a litigar un

asunto de ley estatal a través de toda la jerarquía de

tribunales

estatales,

instancia,

y

procedimientos

desde

solo

en

la

la

primera

entonces

corte

se

federal.

hasta

la

última

reanudaban

Railroad

los

Comm‘n

of

Tex. v. Pullman Co., 312 US 496 (1941). Véase Bellotti v.

Beard, 428 US 132 (1976).

En este caso, el Tribunal Federal para el Distrito de

Puerto Rico nos solicitó mediante certificación, que le

contestemos,

en

síntesis,

si

el

demandante,

Iván

Díaz

Carrasquillo, tiene por virtud de su nombramiento de diez

años

a

la

posición

de

Procurador

de

las

Personas

con

Impedimentos, un derecho a permanecer en el cargo hasta

que se venza ese término, salvo que sea removido por justa

causa como disponía el estatuto bajo el cual se le nombró.

De no tenerlo, la Asamblea Legislativa podría, arguendo,

eliminar el cargo mediante nueva legislación. El Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, parte demandada, sostiene

que eso fue lo que sucedió aquí y que las Leyes Núm. 75 y

CT-2013-18

3

78 de 2013 eliminaron el cargo del demandante y crearon

uno

nuevo,

al

cual

el

gobernador

puede

nominar

otra

persona.

Pendiente de resolver la certificación ante nos, el

Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito

emitió un dictamen revocando el injunction que mantenía al

demandante

en

su

puesto.

El

foro

apelativo

federal

concluyó, citando una decisión nuestra, que el demandante

Díaz Carrasquillo no tiene derecho al remedio interdictal

porque la Asamblea Legislativa puede eliminar su puesto

derogando la ley que lo creó. Díaz-Carrasquillo v. GarcíaPadilla, No. 13-2277, Slip Opinion, (1er Cir.; 16 de abril

de 2014). En otras palabras, el tribunal federal apelativo

interpretó

nuestro

derecho

para

revisar

preliminar

emitido

y

así

proceder

al

el

injunction

contestó

la

interrogante que nosotros aceptamos resolver a petición

del Tribunal Federal de Distrito. La opinión del Tribunal

Federal de Apelaciones para el Primer Circuito no es final

y

firme,

pues

está

pendiente

una

solicitud

de

reconsideración (rehearing) en banc.

Siempre hemos sido deferentes con los foros federales

al

atender

peticiones

interjurisdiccional.

Lo

hacemos

de

porque

certificación

buscamos

hacer

efectivo un mecanismo eficiente y económico para que las

partes

tengan

una

interpretación

concluyente

de

los

asuntos no resueltos de la ley local que se plantean en

los casos ante el foro federal. En fin, nuestro norte ha

CT-2013-18

sido

4

cooperar

con

la

que

consideramos

una

jurisdicción

hermana, para beneficio de las personas que acuden allí en

busca de la reparación de un agravio.

En esta ocasión, sin embargo, no se nos trató como

hermanos.

Se

ignoró

nuestra

intervención

y

no

hubo

deferencia hacia nuestro rol como intérpretes máximos del

derecho local, contrario al propósito mismo del mecanismo

de

certificación.

El

foro

apelativo

federal

procedió

a

interpretar nuestro derecho local en cuanto a la creación

y abolición de agencias y posiciones estatales, a pesar

que la deferencia aconsejaba esperar. Como se advierte de

nuestra

decisión

de

hoy,

estamos

ante

un

asunto

no

resuelto antes, contrario a lo que concluyó el Tribunal

Federal de Apelaciones. ―Speculation by a federal court

about the meaning of a state statute in the absence of

prior state court adjudication is particularly gratuitous

when

...

the

state

courts

stand

willing

to

address

questions of state law on certification from a federal

court.‖ Arizonans for Official English v. Arizona, 520 US

43,

76

(1997),

citando

a

Brockett

v.

Spokane

Arcades,

Inc., 472 US 491, 510 (1985) (O‘Connor, J., concurriendo).

El federalismo y el respeto que merecen los procesos

judiciales estatales exigen que los tribunales federales

se abstengan de pasar juicio sobre cuestiones de derecho

estatal certificadas al máximo foro judicial del estado,

pues es a este último al que le corresponde establecer el

precedente al respecto. ―Through certification of novel or

CT-2013-18

5

unsettled questions of state law for authoritative answers

by

a

State's

‗time,

highest

energy,

and

court,

a

federal

resources

and

court

hel[p]

may

save

build

a

cooperative judicial federalism‘.‖ Arizonans for Official

English

v.

Arizona,

íd.,

citando

a

Lehman

Brothers

v.

jurisdicciones

hermanas

se

Schein, 416 US 386, 391 (1974).

Esa

cooperación

entre

esfumó en este caso. Si esa va a ser la actitud del foro

apelativo federal hacia este Tribunal las partes pagarán

los costos de una litigación ineficiente. ¿Tendremos que

actuar en el futuro bajo la premisa de que no vale la pena

certificar una pregunta porque no se nos va a otorgar la

deferencia debida? Espero que no. Pero algo debe quedar

claro: La deferencia entre jurisdicciones hermanas es una

avenida de dos direcciones.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Iván Díaz Carrasquillo

Demandante

v.

CT-2013-18

Hon. Alejandro García Padilla

Demandado

Opinión disidente emitida por la Jueza Presidenta señora FIOL

MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2014.

Por entender que el recurso de certificación ante

nuestra

consideración

se

tornó

improcedente

tras

la

Opinión de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos

para

el

Primer

Circuito

(Primer

Circuito)

en

Díaz

Carrasquillo v. García-Padilla,18 disiento del curso de

acción que hoy toma una

mayoría del Tribunal. En su

lugar, dejaría sin efecto el recurso de certificación

para que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos

para el Distrito de Puerto Rico (Tribunal de Distrito)

tome la acción que corresponda a la luz de la decisión

del Primer Circuito que constituye la ley de caso.

18

Díaz Carrasquillo v. García-Padilla, 13-2277, 2014 WL

1613705 (1st Cir. Apr. 16, 2014)

CT-2013-0018

2

I.

El

15

de

agosto

de

2011,

el

Lcdo.

Iván

Díaz

Carrasquillo fue nombrado por el entonces Gobernador,

Hon. Luis Fortuño Burset, y confirmado por el Senado,

como

Ombudsman

Personas

con

de

la

Oficina

Impedimentos

del

al

Procurador

amparo

del

de

las

Plan

de

Reorganización Núm. 1-2011, el cual disponía un término

de diez (10) años para el nombramiento. No obstante, en

el 2013 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 75-2013,

la cual derogó el Plan de Reorganización Núm. 1-2011,

eliminando así la Oficina del Procurador de las Personas

con Impedimentos. También aprobó la Ley del Procurador

de las Personas con Impedimentos, Ley Núm. 78-2013, que

estableció la Oficina del Procurador de las Personas con

Impedimentos del Estado Libre Asociado como una agencia

separada e independiente de cualquier otra entidad.

El

16

Alejandro

de

agosto

García

Carrasquillo

que

de

Padilla,

había

2013,

el

informó

designado

Gobernador,

Hon.

licenciado

Díaz

al

a

la

Sra.

Margaret

Morales como la persona que estaría a cargo de dirigir

el proceso de transición que, en virtud de lo dispuesto

en la Ley 75-2013 y la Ley 78-2013, debía llevarse a

cabo

entre

Personas

la

con

extinta

Oficina

Impedimentos

y

del

Procurador

de

las

la

nueva

Oficina

del

Procurador de las Personas con Impedimentos del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

Por

esta

licenciado

razón,

Díaz

el

27

Carrasquillo

de

agosto

presentó

de

la

2013,

el

demanda

de

referencia en el foro federal alegando discriminación

CT-2013-0018

política

en

3

violación

a

la

Ley

de

Derechos

Civiles

federal19 y violación al debido proceso de ley en la

terminación de su empleo. También adujo que tenía un

interés

propietario

actuación

del

sobre

Gobernador

su

puesto

había

y

mediado

que

en

la

negligencia

provocándole daños que debían compensarse bajo el Art.

1802 de nuestro Código Civil.20 Ese mismo día, presentó

una

moción

titulada

―Urgent

motion

seeking

temporary

restraining orden & injunction‖ en la que solicitó un

interdicto preliminar a su favor para permanecer en su

puesto.

El

28

de

Carrasquillo

Secretaria

agosto

recibió

de

la

de

2013,

una

carta

Gobernación,

el

licenciado

suscrita

Hon.

Ingrid

por

la

M.

Vila

Biaggi, en la que se le informó lo siguiente:

Sirva la presente para informarle que el

Gobernador del Estado Libre Asociado de

Puerto

Rico,

Hon.

Alejandro

J.

García

Padilla, el pasado 23 de agosto de 2013

designó al Sr. Ramón Calzada Jiménez como

Procurador

Interino

de

la

Oficina

del

Procurador de las Personas con Impedimentos

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

creada en virtud de la Ley 78-2013. Dicha

designación fue notificada en el día de hoy.

Como es de su conocimiento, conforme a lo

dispuesto en las Leyes 75-2013 y 78-2013, la

Oficina del Procurador de las Personas con

Impedimentos creada en virtud del ahora

derogado Plan de Reorganización Núm. 1 de

2011 dejó de existir. Según lo dispuesto en

el Artículo 19 de la Ley 78-2013, los

documentos, expedientes, materiales, equipos

y fondos asignados a la extinta Oficina del

Procurador de las Personas con Impedimentos

debieron ser transferidos a la Oficina del

Procurador de las Personas con Impedimentos

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

19

20

Civil Rights Act, 42 U.S.C. sec. 1983.

31 LPRA sec. 5141.

Díaz

CT-2013-0018

4

A esos efectos, y en aras de asegurar la

marcha

adecuada

de

los

trabajos,

el

Procurador Interino tomará posesión del

cargo inmediatamente. Asimismo, conforme a

la

disposición

legal

antes

citada,

es

necesario que, de no haberlo hecho, usted

entregue al Procurador Interino el control

de todo documento, expediente, materiales,

equipo, fondos, recurso y propiedad que

pertenecía a la Oficina del Procurador de

las Personas con Impedimentos, así como

cualquier informe necesario para garantizar

la continuidad de los servicios al pueblo de

Puerto Rico.

Luego

de

varios

trámites

procesales,

el

26

de

septiembre de 2013, el Tribunal de Distrito emitió una

―Opinion

and

order‖

determinaciones

y

mediante

nos

la

cual

certificó

hizo

cuatro

varias

preguntas

relacionadas con la demanda presentada por el licenciado

Díaz

Carrasquillo.

En

primer

lugar,

determinó

que

el

puesto que ocupa el licenciado Díaz Carrasquillo es de

naturaleza híbrida, pues comprende algunas funciones que

son

puramente

ejecutivas,

otras

cuasi

judiciales

y

algunas cuasi legislativas. En segundo lugar, concedió

al

demandante

un

interdicto

preliminar

para

que

permanezca en su puesto durante la duración del pleito.

Finalmente, y en cuanto a lo que nos concierne como foro

estatal, el Tribunal de Distrito señaló que no encontró

en la jurisprudencia puertorriqueña algún caso en el que

hayamos considerado las implicaciones de una posición

híbrida como esta. Tras recalcar que esta clasificación

es

determinante

demanda,

el

para

Tribunal

resolver

de

siguientes cuatro preguntas:

si

Distrito

procede

nos

o

no

refirió

la

las

CT-2013-0018

5

(1)

¿Tiene

el

Procurador

para

las

Personas con Impedimentos, por razón

de

sus

funciones,

un

derecho

propietario limitado sobre su puesto

durante

el

término

de

su

nombramiento, sujeto a ―justa causa‖

según definido por ley?21

¿Debe

considerarse

que

las

restricciones

de

―justa

causa‖

impuestas al Gobernador para remover

al

demandante

de

su

puesto

interfieren con su facultad de llevar

a cabo sus deberes constitucionales y

de

ejecutar

propiamente

las

obligaciones de su cargo?22

¿Qué factores debe utilizar la Corte

al realizar esta determinación?23

Si se reconoce un interés propietario

limitado

bajo

el

derecho

puertorriqueño,

¿lo

pierde

el

demandante

bajo

la

doctrina

de

inmunidad legislativa según alegado

por la parte demandada?24

(2)

(3)

(4)

Esa

orden

fue

presentada

ante

este

Foro

recurso

de

certificación

interjurisdiccional

octubre

de

2013.

el

Luego,

Tribunal

de

el

como

7

de

Distrito

nos

envió copia de las últimas entradas al expediente de la

demanda federal en controversia. Estas indican que, el 4

de

octubre

recurso

de

de

cuestionando,

2013,

la

parte

demandada

apelación

ante

el

entre

otras

cosas,

presentó

Primer

el

un

Circuito

recurso

de

certificación interjurisdiccional que hoy nos ocupa.

21

Does the Ombudsman for Persons with Disabilities of

Puerto Rico, because of his functions, enjoy a limited

property right to remain in his position for the

duration of his fixed term subject to ―just cause‖ as

defined by law?

22

Should ―just cause‖ restrictions imposed on the

Governor for removing Plaintiff from his position be

considered an interference with Governor‘s ability to

perform his constitutional duty and properly execute the

duties of his office?

23

What factors should the Court utilize when making such

a determination?

24

If there is limited property right under Puerto Rico

law, does Plaintiff lose his right under the doctrine of

legislative immunity as asserted by Defendants?

CT-2013-0018

6

El 16 de abril de 2014, el Primer Circuito revocó

la orden del Tribunal de Distrito por entender que el

foro inferior había errado al concluir que el demandado

tenía

altas

probabilidades

de

prevalecer

en

los

méritos.25 Razonó que el Tribunal de Distrito fundamentó

su orden en premisas erradas, puesto que ignoró el hecho

de que el señor Díaz Carrasquillo no fue removido del

cargo, sino que la posición fue eliminada por ley. Así

pues, dejó sin efecto el injunction preliminar emitido

por el Tribunal de Distrito y devolvió el caso para la

continuación

de

los

demandante

solicitó

(―Petition

for

solicitó

que

procedimientos.

que

rehearing

el

Primer

su

en

caso

se

Inconforme,

viera

banc”).

Circuito

En

se

―en

su

el

banc‖

moción,

abstuviera

de

resolver hasta tanto este Tribunal se expresara sobre

las preguntas certificadas. El 9 de mayo de 2014, el

Primer Circuito denegó esa moción.26

Aún inconforme, el señor Díaz Carrasquillo presentó

ante esta Curia una ―Moción urgente solicitando orden de

paralización

en

auxilio

de

la

jurisdicción

de

este

Tribunal‖. El demandante solicitó que paralizáramos los

efectos

del

dictamen

emitido

por

el

Primer

Circuito.

Oportunamente, la Procuradora General se opuso. Señaló

que ―dicho escrito presenta una solicitud sin precedente

y abiertamente contraria a derecho, mediante la cual el

demandante pretende que este Honorable Tribunal actúe

Díaz Carrasquillo v. García-Padilla, supra.

Véase, Order of the Court. Anejo 1 de la ―Urgente

Oposición a ‗Moción urgente solicitando orden de

paralización en auxilio de la jurisdicción de este

tribunal´‖.

25

26

CT-2013-0018

sin

7

jurisdicción

dictamen

emitido

e

interfiera

por

un

indebidamente

con

federal,

revisando

foro

un

colateralmente un dictamen del Tribunal de Apelaciones

de los Estados Unidos para el Primer Circuito‖. Luego,

el demandante presentó una réplica en la cual reiteró

sus

reclamos

y

rebatió

varios

argumentos

de

la

Procuradora General. A su vez, la Procuradora General

presentó una breve dúplica a la réplica. Por último, la

parte demandante presentó una ―Moción urgente en torno a

dúplica de la parte demandada‖.

Ante esta situación, una mayoría de este Tribunal

decidió contestar las preguntas certificadas

–junto a

otras que no fueron incluidas en el recurso- y emite hoy

una opinión consultiva que no tendrá efecto alguno sobre

la

resolución

Distrito.

Este

final

del

proceder

caso

nos

ante

coloca

el

en

Tribunal

una

de

situación

antagónica frente a la jurisdicción federal.

II.

El recurso de certificación interjurisdiccional es

un mecanismo procesal en virtud del cual ―las cuestiones

dudosas

o

no

resueltas

en

el

derecho

estatal

son

transferidas directamente al foro de mayor jerarquía del

estado mediante la certificación por la Corte federal de

preguntas específicas para una cuestión definitiva que

obligue a las partes‖.27 Este mecanismo permite mitigar

las

tensiones

inherentes

a

un

sistema

de

justicia

federativo en el que coexisten dos sistemas judiciales

Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., 112 DPR 780,

785 (1982).

27

CT-2013-0018

8

soberanos: el federal y el estatal.28 Con relación a los

requisitos

particulares

certificación,

el

Art.

para

que

3.002(g)

de

se

conceda

la

la

Ley

la

de

Judicatura,29 dispone que el Tribunal Supremo de Puerto

Rico:

mediante

auto

de

certificación,

podrá

conocer de cualquier asunto que le fuere

certificado por el Tribunal Supremo de

Estados Unidos de América, un Tribunal de

Apelaciones de Circuito de Estados Unidos de

América, un Tribunal de Distrito de Estados

Unidos de América o el más alto tribunal

apelativo de cualesquiera de los estados de

Estados Unidos de América, cuando así lo

solicite cualesquiera de dichos tribunales,

de existir ante el tribunal solicitante

cualquier asunto judicial en el que estén

implicados

[sic]

cuestiones

de

derecho

puertorriqueño que puedan determinar el

resultado del mismo y respecto al cual, en

la opinión del tribunal solicitante, no

existan

precedentes

claros

en

la

jurisprudencia de este Tribunal.30

Es decir, para que proceda una certificación, la

controversia tiene que involucrar cuestiones de derecho

puertorriqueño que sean determinantes para el resultado

del

caso,

no

deben

existir

precedentes

claros

en

la

jurisprudencia de este Foro y la solicitud debe incluir

una relación de todos los hechos relevantes a dichas

interrogantes.31

Sobre esta facultad hemos expresado que: ―nuestra

capacidad de conocer en materia de certificación no es

absoluta‖.32

Estamos

limitados

a

las

interrogantes

Santana v. Gobernadora, 165 DPR 28, 42 (2005).

Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24, et seq.

30

4 LPRA sec. 24s(g). (Énfasis suplido).

31

Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., supra, en la

pág. 788.

32

Smyth, Puig v. Oriental Bank, 170 DPR 73, 77 (2007)

(Voto de Conformidad, Juez Hernández Denton).

28

29

CT-2013-0018

9

presentadas por el tribunal federal de que se trate.

Esto,

pues

el

jurisdicción

mientras

de

origen

sobre

los

méritos

el

tribunal

que

foro

es

el

que

finales

que

recibe

mantiene

del

la

caso,

consulta

circunscribe su participación a contestar las preguntas

certificadas. A tono con lo anterior, la autoridad de

este Tribunal en un recurso de certificación se limita a

atender las interrogantes presentadas por el Tribunal de

Distrito,

pues

si

bien

tenemos

jurisdicción

sobre

el

asunto certificado, no la tenemos sobre los méritos de

la reclamación que pende ante el foro federal.

III.

En este caso, el Tribunal de Distrito nos certificó

cuatro

interrogantes.

Todas

se

refieren

a

la

aplicabilidad de la jurisprudencia sobre la remoción de

funcionarios

ejecutivos,

las

funciones

cuasi-

legislativas y las cuasi-judiciales de un funcionario

ejecutivo y sobre el poder de remoción del Gobernador.

Mientras

la

petición

de

certificación

nuestra

consideración,

el

Estado

Circuito.

Ese

foro

decisión

del

Tribunal

de

Distrito

preliminar

a

favor

injunction

acogió

el

estaba

ante

al

Primer

acudió

recurso

y

revocó

la

que

concedió

el

del

señor

Díaz

Carrasquillo.

En su Opinión, el Primer Circuito señaló que: ―el

tribunal

de

distrito

ameritaba

un

peso

obvió

un

significante

factor

material

---realmente

la

que

tesis

CT-2013-0018

10

central del argumento del apelante‖.33 El hecho material

al que se refería el Primer Circuito es que el puesto

del señor Díaz Carrasquillo fue abolido por la Ley Núm.

75-2013, supra. Continúa el Primer Circuito expresando

lo siguiente:

Díaz no argumentó que la Legislatura no

tenía el poder de abolir su posición de

Procurador. En vez, niega la existencia de

ese hecho histórico. Específicamente, alega

que el trámite legislativo no revela la

intención de eliminar su posición como

Procurador y que la Ley 78 no provee

expresamente para su destitución. Aunque

quizás sea correcto, este argumento no

atiende la controversia. El Artículo 75,

luego de proveer numerosas razones para

ello, sin lugar a dudas deroga el Plan de

Reorganización que creó el puesto de Díaz.

Al

hacerlo,

la

Legislatura

abolió

la

posición del Procurador.

Aunque el poder de la Legislatura está

delimitado por las constituciones estatal y

federal, en este caso no hay ningún reclamo

válido de que la abolición de la Oficina del

Procurador de las Personas con Impedimentos

viola

de

por

sí

alguna

disposición

constitucional. Díaz levanta un argumento de

retroactividad,

citando

el

derecho

puertorriqueño para sostener que mediante

legislación no se pueden eliminar derechos

previamente adquiridos. Pero, nuevamente,

aunque esto puede ser correcto, está fuera

de lugar. Díaz no tiene ningún interés

propietario, es decir, ningún ‘derecho’ a su

posición como Procurador. Más aún, si

pudiera identificar un interés propietario

válido al amparo del Derecho de Puerto Rico,

‘el proceso legislativo en sí le proveyó su

debido proceso de ley’”.34

―[T]he district court ignored a material factor

deserving significant weight ---indeed the central thesis

of appellant‘s argument‖. Díaz Carrasquillo v. GarcíaPadilla, supra, en la pág. 4.

34

―Díaz does not argue that the Legislature lacked the

power to abolish his Advocate position. Instead, he

disputes

the

existence

of

that

historical

fact.

Specifically, he claims that the legislative history does

not evince an intent to eliminate Díaz‘s Advocate position

and that Law 78 does not explicitly provide for his

removal. While perhaps accurate, this argument misses the

33

CT-2013-0018

11

Concluye el Primer Circuito que:

Al alegar que es inconstitucional abolir la

posición

de

Procurador

sin

una

vista

individualizada, Díaz le pide

a la corte

federal que restrinja la facultad de la

Legislatura de restructurar su personal.

‗Nuestra

Constitución,

sin

embargo,

no

contiene tal restricción federal‘

‗Todo

gobierno competente debe tener el poder

general de promulgar y derogar leyes; y el

poder para crear, cambiar o descontinuar las

entidades designadas para ejecutar esas

leyes‘.35

Una

simple

lectura

de

la

Opinión

del

Primer

Circuito denota que las interrogantes certificadas por

el

Tribunal

erradas

y

de

que

Distrito

el

foro

estaban

basadas

intermedio

se

vio

en

premisas

obligado

a

reenfocar el análisis que debe realizar el foro inferior

a la luz de las alegaciones del señor Díaz Carrasquillo.

point. Article 75, after providing numerous reasons for

doing so, unambiguously repealed the very Reorganization

Plan which created Díaz‘s job. In so doing, the

Legislature abolished the position of Advocate.

[…] While the legislature’s power is bounded by the state

and federal constitutions, there is no viable claim here

that the abolition of the Advocate Office independently

violated some constitutional proscription. Díaz asserts a

retroactivity argument, citing Puerto Rico law for the

proposition that later legislation cannot take away

previously acquired rights. But again, while that may [be]

an accurate statement of the law, it is misplaced here.

Díaz had no property interest, i.e. no ‘right’ in the

Advocate position. Moreover, even if he could identify a

valid property interest created by Puerto Rico law, ‘the

legislative process itself provide[d] [him] with all the

‘process’ [he] was ‘due’”. Íd. en las págs. 3-4. (Citas

internas omitidas). (Énfasis suplido).

35

―…[B]y claiming that it is unconstitutional for Puerto

Rico

to

abolish

the

Advocate

position

without

an

individualized hearing, Díaz is asking the federal court

to constrain the Puerto Rico Legislature‘s ability to

restructure its workforce. ‗Our Constitution, however,

embodies no such federal constraint....‘ ‗[I]n every

perfect or competent government, there must exist a

general power to enact and to repeal laws; and to create

and change or discontinue, the agents designated for the

execution of those laws‘. Íd.

CT-2013-0018

12

Esto, a su vez, tornó en inmeritoria la petición de

certificación

que

tenemos

ante

nuestra

consideración.

Por ello, lo único que procede en esta etapa procesal es

dejar sin efecto el auto de certificación.

Hemos

explicado

que:

―la

certificación

no

puede

eludir el principio fundamental que fija el sentido y

propósito de la función judicial, el de [sic] que ésta

sólo

puede

concretas,

ejercerse

reales

y

para

resolver

efectivas

entre

controversias

litigantes

que

reclaman derechos opuestos ante el Tribunal‖ y que ―es

necesario, por lo tanto, que la certificación satisfaga

cabalmente este principio elemental de justiciabilidad

no

solo

en

nuestro

foro,

sino,

además,

en

el

foro

federal‖.36

Tras la decisión del Primer Circuito, el recurso de

certificación interjurisdiccional no es justiciable toda

vez que las preguntas certificadas no son determinantes

para el resultado del caso. Específicamente, el asunto

de umbral sobre el poder de la Asamblea Legislativa de

eliminar

el

puesto

del

demandante

no

fue

referido

a

nuestra atención. Además, según señalado por el Primer

Circuito,

la

verdadera

controversia

del

caso

ya

fue

atendida por este Tribunal en Gómez v. Negrón Fernández37

por lo que tampoco se cumple con la exigencia de que no

haya un precedente claro en nuestro ordenamiento. Más

aún,

la

Opinión

controversias

más

del

Tribunal

elabora

allá

de

cuatro

las

y

atiende

interrogantes

Pan Ame. Comp. Corp. v. Data General Corp., supra, en

las págs. 785-786. (Énfasis suplido).

37

Gómez v. Negrón Fernández, 65 DPR 305 (1945).

36

CT-2013-0018

13

referidas por el Tribunal de Distrito. Reiteramos que ya

el

Primer

Circuito

aplicó

el

precedente

de

Gómez

v.

Negrón Fernández38 y resolvió que la Asamblea Legislativa

tenía la potestad de eliminar el puesto en controversia

y que el señor Díaz Carrasquillo no tenía un derecho

propietario

sobre

pronunciamientos

su

de

puesto.

la

Es

mayoría

por

eso

que

los

constituyen

una

mera

opinión consultiva.39

IV.

La decisión que hoy se emite vulnera los principios

rectores

del

recurso

de

interjurisdiccional

y

representa

indebida

con

la

y

errada

certificación

una

intervención

jurisdicción

federal

que

contraviene nociones básicas de justiciabilidad. Una vez

el

Primer

Circuito

revocó

al

Tribunal

de

Distrito

y

reenfocó la controversia del caso, lo único que restaba

por

hacer

era

certificación;

dejar

emitir

sin

una

efecto

Opinión

en

el

esta

recurso

de

etapa

del

proceso es impropio e improcedente en derecho. Resulta

aún más preocupante que la mayoría no solo conteste las

interrogantes

certificadas,

sino

que

resuelva

en

los

méritos el reclamo del demandante utilizando el marco de

referencia

equivocado

adoptado

por

el

Tribunal

de

Distrito federal y revocado por el foro apelativo de ese

sistema por ser claramente erróneo. Incluso, llama la

atención que la decisión del Primer Circuito amerita tan

Íd.

Recordemos que en nuestra jurisdicción ―no es función

de los tribunales actuar como asesores o consejeros‖.

Ortiz v. Panel del F.E.I., 155 DPR 219, 251-252 (2001).

38

39

CT-2013-0018

solo

una

14

escueta

nota

al

calce

en

la

Opinión

mayoritaria.

Por todo lo anterior, disiento.

Liana Fiol Matta

Jueza Presidenta

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

IVÁN DÍAZ CARRASQUILLO

Peticionario

v.

HON.

ALEJANDRO

GARCÍA

PADILLA,

GOBERNADOR

DE

PUERTO RICO

CT-2013-0018

Certificación

por

Asociada

Recurrido

Opinión disidente emitida

Rodríguez Rodríguez

la

Juez

señora

San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2014

Disiento

mayoría

de

enérgicamente

este

Tribunal

del

por

curso

entender

seguido

que

por

mediante

una

la

opinión que hoy se emite se quebrantan los principios de

autolimitación judicial y la doctrina de justiciabilidad.

Las preguntas certificadas ante nuestra consideración no

cumplen

con

certificación

los

requisitos

de

justiciabilidad

interjurisdiccional,

por

lo

para

que

una

estamos

impedidos de atender las cuestiones presentadas. Además,

disiento

por

entender

que,

en

el

interés

de

trazar

la

política pública del país desde el estrado, la mayoría

emite un juicio consultivo sobre cuestiones que no fueron

presentadas ante este Foro y que de facto fueron atendidas

por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el

Primer Circuito en Boston. En claro desafío a las normas

más básicas de un sistema judicial federalista, la mayoría

CT-2013-18

pretende

2

revocar

las

determinaciones

del

Tribunal

de

Apelaciones para el Primer Circuito.

Mediante un galimatías jurídico se pretende atornillar

en su puesto no tan sólo al Procurador de las Personas con

Impedimentos sino también a otros funcionarios nombrados el

cuatrienio pasado por una administración contraria a la que

hoy dirige el gobierno.

Ello así pues, como sabemos, la

presente

como

administración,

parte

de

un

proceso

de

reorganización del gobierno ante las dificultades fiscales

que atraviesa, ha propuesto que las procuradurías así como

otros organismos gubernamentales, se eliminen y que sus

funciones

sean

absorbidas

gobierno.

Por

pretende

afectar

tanto,

al

esta

por

distintas

opinión

Procurador

agencias

consultiva

de

las

de

no

sólo

Personas

con

Impedimentos sino que adelanta el criterio de este Tribunal

sobre

todos

aquellos

otros

funcionarios

que

se

verían

afectados por la restructuración gubernamental.

Más grave aún, con este dictamen se quiere impedir

que la Asamblea Legislativa cumpla con su responsabilidad

constitucional

de

Administración.

de

otro

dislate

legislar

la

política

pública

de

una

En el pasado reciente indiqué, en ocasión

judicial,

que

en

el

futuro

―ante

un

resultado electoral desfavorable para ciertos sectores del

país‖

seríamos

testigos

de

actuaciones

cuyo

propósito

consistiría en ―impedir que la siguiente administración del

gobierno pudiera. . .darle curso a su proyecto de país‖. In

re Solicitud Aumentar Núm. Jueces TS, 180 D.P.R. 54, 142

CT-2013-18

3

(2010) (Rodríguez Rodríguez, J., Opinión disidente). ¡Qué

lástima para el país que tuviera razón!

Examinemos los hechos del caso según éstos surgen de

la solicitud de certificación del Tribunal de Distrito de

los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y los

documentos que la acompañan.

I

El 22 de junio de 2011, el entonces Gobernador de

Puerto

Rico

y

presidente

del

Partido

Nuevo

Progresista

(―P.N.P.‖), Hon. Luis G. Fortuño Burset, firmó y convirtió

en ley el Plan de Reorganización Núm. 1 de 2011, conocido

como el Plan de Reorganización de las Procuradurías (―Plan

de Reorganización‖).

Este Plan reorganizó la estructura

vigente que regía la administración y operación de las

distintas procuradurías del País40 mediante la derogación

de

todas

las

gubernamentales,

Administración

de

leyes

y

la

las

que

regían

creación

tales

entidades

de

la

Oficina

de

la

Procuradurías,

a

la

se

le

cual

concedieron nuevas funciones, y se le delegaron las que

tenían las procuradurías hasta entonces vigentes.41

efectos,

40

el

Plan

de

Reorganización

consistió

A esos

en

tres

En específico, el Plan reorganizó la estructura vigente

que regía la administración y operación de las siguientes

oficinas:

la

Procuraduría

de

las

Personas

con

Impedimentos, la Procuraduría de la Salud, la Procuraduría

de Personas Pensionadas y de la Tercera Edad y la

Procuraduría del Veterano.

41

Mediante esta Ley, se derogó la Ley Núm. 2 de 27 de

septiembre de 1985, la Ley Núm. 57 de 27 de junio de 1987,

la Ley Núm. 11 de 11 de abril de 2001, la Ley Núm. 203 de

7 de agosto de 2004 y se enmendó la Ley Núm. 203 de 14 de

diciembre de 2007.

CT-2013-18

etapas

4

simultáneas,

Procuradurías

a

saber:

existentes

al

la

eliminación

de

las

las

que

las

derogar

leyes

crearon; la creación de la Oficina de Administración de

las Procuradurías, oficina en la que se consolidaron todas

las facultades, funciones y deberes administrativos de las

Procuradurías; y la creación de las nuevas Procuradurías,

entre

éstas

la

Procuraduría

Impedimentos,

las

cuales

administración

de

la

de

las

estaban

Oficina

de

Personas

con

adscritas

a

la

Administración

de

las

Procuradurías.42

Debido a la creación de las nuevas procuradurías, en

el Plan de Reorganización se dispuso que los procuradores

de

cada

oficina

serían

nombrados

por

el

Gobernador

de

Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado,

por un término de diez (10) años.

Por tal razón, quienes

hasta entonces ocupaban la dirección de las procuradurías

abolidas

por

funciones,

el

y

nombramiento

Plan

el

o

de

Reorganización

Gobernador

inició

renombramiento

con

Procuradurías

recién

disposiciones

del

Plan

creadas.

de

cesaron

un

en

sus

proceso

de

respecto

a

las

Conforme

a

las

15

de

Reorganización,

el

noviembre de 2011, el entonces Gobernador de Puerto Rico,

Hon. Luis G. Fortuño Burset, nombró al señor Iván Díaz

42

Anterior

a

esta

legislación,

las

procuradurías

funcionaban como entes independientes. A manera de

ilustración, en el artículo 3 de la Ley Núm. 2 de 27 de

septiembre de 1985, se especificaba que se creaba la

Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos,

―como una entidad jurídica, independiente y separada de

cualquier otra agencia o entidad pública‖.

CT-2013-18

5

Carrasquillo al puesto de Procurador de las Personas con

Impedimentos por un término de diez (10) años.

El 6 de noviembre de 2012, el Hon. Alejandro García

Padilla,

senador

y

presidente

del

Partido

Popular

Democrático (―P.P.D.‖), fue electo al cargo de Gobernador

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en las elecciones

generales del País.

Asimismo, la señora Rossana López

León fue electa al cargo de Senadora por Acumulación en el

Senado de Puerto Rico como miembro del P.P.D.

El 5 de

febrero de 2013, la ahora senadora López León presentó

varios proyectos relacionados con el funcionamiento y la

administración de las Procuradurías en Puerto Rico para

mejorar el servicio que ofrecen.

En

lo

que

atañe

a

la

controversia

ante

nuestra

consideración, los proyectos P. del S. 352 y P. del S. 355

presentados por la Senadora se convirtieron en la Ley Núm.

75

de 24 de julio de 2013 (―Ley Núm. 75‖) y en la Ley

Núm.

78

de

24

de

respectivamente.

julio

de

2013

(―Ley

Núm.

78‖),

Específicamente, en la Ley Núm. 75 se

dispuso que entraría en vigor en un término de treinta

(30)

días

a

partir

de

su

aprobación,

término

que

se

utilizaría para transferir todo tipo de recursos de la

abolida Oficina de Administración de Procuradurías a las

Procuradurías

de

recién

creación,

entre

éstas,

la

Procuraduría para las Personas con Impedimentos del Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Personas con Impedimentos‖).

Rico

Así

(―Procuraduría

las

cosas,

para

las

durante

el

CT-2013-18

6

periodo

de

transición,

recibió

una

el

señor

notificación

de

Iván

que

Díaz

el

Carrasquillo

Gobernador

había

designado a la señora Margaret Morales para dirigir el

Comité de Transición, en virtud de lo dispuesto en la Ley

Núm. 75 y la Ley Núm. 78.

La notificación indicaba que la

señora Margaret Morales habría de encargarse de dirigir la

transición entre ―la extinta Oficina del Procurador de las

Personas

con

Impedimentos

y

la

Procurador

de

las

con

Impedimentos

Personas

nueva

Oficina

del

del

Estado

Libre Asociado de Puerto Rico‖. Apéndice del recurso de

certificación interjurisdiccional, Documento 20-5, pág. 1.

A

tales

miembros

del

efectos,

para

Comité

de

finales

Transición

del

mes

de

agosto,

sostuvieron

varias

reuniones con el señor Díaz Carrasquillo para finiquitar

todo

lo

relacionado

con

el

proceso

de

transición.

Finalizadas las reuniones de transición entre miembros del

Comité de Transición y el señor Díaz Carrasquillo, a éste

se

le

notificó

Procurador

de

que

había

las

cesado

Personas

sus

con

funciones

como

Impedimentos.

Posteriormente, el 26 de agosto de 2013 el señor Díaz

Carrasquillo supo que el Gobernador se disponía a nombrar

a un Procurador Interino para dirigir la Oficina de la

Procuraduría

de

las

Personas

con

Impedimentos

además, se estaban evaluando candidatos para

y

que,

ocupar el

cargo de Procurador en propiedad. Luego, mediante carta

suscrita por la Secretaria de la Gobernación, Hon. Ingrid

M. Vila Biaggi, se le informó que el Gobernador había

CT-2013-18

7

nombrado al señor Ramón Calzada como Procurador Interino

de

las

Oficina

del

Procurador

de

las

Personas

con

Impedimentos.

El 27 de agosto de 2013, el señor Díaz Carrasquillo

presentó ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos

para el Distrito de Puerto Rico (―Tribunal de Distrito‖)

una demanda por discrimen político, violación a su derecho

al debido proceso de ley, y daños y perjuicios, en contra

de las siguientes personas: el Gobernador de Puerto Rico,

Hon. Alejandro García Padilla, en su carácter personal y

oficial; la senadora Rossana López León, en su carácter

personal

y

oficial;

la

señora

Margaret

Morales,

en

su

carácter personal y oficial como miembro del Comité de

Transición; y el señor Gabriel Esterrich Lombay, en su

carácter personal y oficial como miembro del Comité de

Transición.

En síntesis, alegó que su destitución estuvo motivada

por

razones

de

índole

político-partidista

por

éste

ser

afiliado del P.N.P.

Indicó que la acción del Gobernador

vulneraba

a

su

derecho

la

libertad

de

derecho a la libertad de asociación.

expresión

y

su

Aseveró que por

haber sido nombrado por un término de diez (10) años,

término que no había vencido, tenía un derecho propietario

sobre su puesto y sólo podía ser removido por justa causa

y

conforme

al

debido

proceso

de

ley.

El

demandante

solicitó una partida en daños y que se dictara un remedio

interdictal de suerte que pudiera permanecer en su puesto.

CT-2013-18

8

El 28 de agosto de 2013, el Tribunal de Distrito emitió

una

Orden

en

la

que

concedió

la

orden

de

interdicto

provisional y solicitó a las partes mostrar causa por las

cuales

el

permitir

Tribunal

que

el

no

debía

demandante

conceder

el

remedio

permaneciera

en

su

de

empleo,

según solicitó, siendo éste un funcionario ejecutivo con

funciones

cuasi

judiciales.

A

su

vez,

solicitó

al

demandante demostrar la naturaleza del interés propietario

que reclamaba sobre su empleo.

El 3 de septiembre de 2013, el demandante presentó

una moción en cumplimiento con la orden y en ésta hizo los

señalamientos que sintetizamos a continuación.

Alegó que

se le había violado su derecho a la libertad de expresión

toda vez que la razón para removerlo de su posición era

por su afiliación al P.N.P.

Además, sostuvo que debido a

que su nombramiento había sido por un término de diez (10)

años a una posición ejecutiva que ejerce funciones cuasi

judiciales tiene un derecho propietario sobre su empleo y

sólo

podía

ser

removido

por

justa

causa.

Por

tanto,

señaló que se violó su derecho a un debido proceso de ley

al no habérsele entregado una carta de terminación y haber

sido removido de su posición sin cumplir con el requisito

de justa causa.

En esa misma fecha, la parte demandada presentó una

moción

en

cumplimiento

Tribunal de Distrito.

señor

Díaz

con

la

orden

emitida

por

el

En lo pertinente, sostuvo que el

Carrasquillo

no

había

sido

destituido

o

CT-2013-18

9

despedido de su empleo sino que al haberse derogado el

Plan

de

Reorganización

que

creaba

su

puesto

y

haberse

creado una nueva Oficina del Procurador General para las

Personas con Impedimentos, en virtud de la Ley Núm. 75 y

la Ley Núm. 78, sus funciones habían cesado.

Añadió que,

según lo resuelto en Gómez v. Negrón Fernández, 65 D.P.R.

286 (1945), la derogación del Plan de Reorganización y la

creación de la nueva Procuraduría daban cuenta del cese de

sus funciones.

Por tal razón, sostuvo que el señor Díaz Carrasquillo

no tenía un derecho propietario sobre su empleo debido a

que

la

Asamblea

constitucional,

Carrasquillo

Legislativa,

acorde

abolió

el

puesto

mediante

la

derogación

con

del

su

poder

señor

Díaz

del

Plan

de

Reorganización y creó la nueva Oficina del Procurador de

las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de

Puerto

Rico,

Oficina

responsabilidades.

que

encaraba

Además,

alegó

nuevas

que

de

facultades

y

concederse

el

remedio interdictal solicitado, se violaría el principio

de inmunidad soberana que establece la Enmienda XI de la

Constitución

de

los

Estados

Unidos.

Const.

EE.UU.

enmda. XI.

Ese mismo día, el señor Díaz Carrasquillo presentó su

oposición a la moción presentada por la parte demandada.

Allí negó que su puesto haya dejado de existir por razón

de la derogación del Plan de Reorganización y la creación

de una nueva Oficina del Procurador, puesto a que las

CT-2013-18

funciones

10

de

la

nueva

Oficina

esencialmente

las

mismas

que

Procurador

bajo

consiguiente,

el

Plan

sostuvo

que

del

Procurador

eran

la

Oficina

del

Reorganización.

Por

tenía

de

no

aplicaba

la

doctrina

establecida en Gómez, 65 D.P.R. 286. No obstante, añadió

que la aplicación de tal doctrina, según alegada por la

parte demandada, era contraria a lo resuelto en Colón v.

Policía de Puerto Rico, 177 D.P.R. 121 (2009), donde se

sostuvo que ni la Asamblea Legislativa ni el Gobernador

pueden aprobar leyes que lesionen o ignoren los derechos

adquiridos

sección

de

un

ciudadano.

1983

del

Código

de

Finalmente,

Estados

alegó

Unidos,

42

que

la

U.S.C.

§1983, permite que se demande al Estado cuando se violan

los derechos, privilegios e inmunidades que garantizan las

leyes y la Constitución de los Estados Unidos. Por ende,

sostuvo que no procedía la doctrina de inmunidad soberana.

Luego de varios trámites procesales, el Tribunal de

Distrito citó a las partes a que comparecieran a una vista

argumentativa

para

Personas

Impedimentos,

con

dilucidar

si

el

tanto

Procurador

bajo

el

de

las

Plan

de

Reorganización como bajo la Ley Núm. 78, ejerce funciones

cuasi

ejecutivas

y

cuasi

judiciales.

Trabada

así

la

controversia, el 27 de septiembre de 2013 el Tribunal de

Distrito

expidió

un

injunction

preliminar

a

favor

del

demandante por entender que éste tenía la probabilidad de

prevalecer en los méritos toda vez que demostró que el

CT-2013-18

11

Procurador

de

las

Personas

con

Impedimentos

ejerce

funciones cuasi ejecutivas y cuasi judiciales.

No obstante, por tener reservas en cuanto al estado

de Derecho puertorriqueño sobre la constitucionalidad de

imponer un requisito de justa causa a las facultades del

Gobernador

para

remover

a

un

funcionario

que

ejerce

funciones cuasi ejecutivas y cuasi judiciales, certificó

las siguientes preguntas: Si el Procurador de Personas con

Impedimentos de Puerto Rico tiene un derecho propietario

limitado sobre su empleo por el resto del término de su

nombramiento, sujeto al requisito de ―justa causa‖ según

definido por la ley.

Si el requisito de ―justa causa‖

impuesto al Gobernador para la remoción del demandante de

su empleo constituye una interferencia con las facultades

del Gobernador de cumplir y hacer cumplir las leyes, al

igual

que

su

facultad

política

pública.

tribunal

al

derecho

propietario

Rico,

si

hacer

al

parlamentaria,

de

Qué

tal

formular

factores

e

implementar

la

debe

considerar

el

de

un

determinación

limitado

bajo

amparo

de

la

según

alegada

y,

las

leyes

doctrina

por

los

existir

de

de

Puerto

inmunidad

demandados,

el

demandante pierde ese derecho (Traducción nuestra).43

43

Las preguntas formuladas fueron las siguientes:

(1) Does the Ombudsman for Persons with Disabilities of

Puerto Rico, because of his functions, enjoy limited

property right to remain in his position for the duration

of his fixed term subject to ―just cause‖ as defined by

law?

(2) Should ―just cause‖ restrictions imposed on the

Governor for removing Plaintiff from his position be

CT-2013-18

12

Inconformes

Distrito

de

con

la

conceder

determinación

el

del

injunction

Tribunal

preliminar,

de

los

demandados instaron una apelación interlocutoria ante el

Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer

Circuito

(―Tribunal

Circuito‖).

En

de

el

Apelaciones

recurso

para

instado

los

el

Primer

demandados

impugnaron la orden del foro primario federal en la que se

concedió el injunction preliminar y se certificaron las

preguntas ante la consideración de este Foro.

No obstante

a la presentación de una apelación ante el foro apelativo

federal, certificamos las cuestiones presentadas por el

Tribunal de Distrito.

Pendiente la certificación ante la consideración de

este

Tribunal,

el

16

de

abril

de

2014

el

Tribunal

de

Apelaciones para el Primer Circuito revocó el injunction

preliminar concedido por el Tribunal de Distrito. El foro

apelativo

federal

concluyó

que

erró

el

Tribunal

de

Distrito al ignorar un elemento esencial en la resolución

de

esta

controversia:

la

eliminación

del

puesto

del

Procurador mediante la Ley Núm. 75. Ese foro apelativo

descartó que en este caso la controversia se tratara sobre

la

destitución

por

el

Gobernador

de

un

funcionario

ejecutivo que ejerce funciones cuasi legislativas o cuasi

considered an interference with Governor‘s ability to

perform his constitutional duty and properly execute the

duties of his office?

(3)

What factors should the Court utilize when making

such a determination?

(4) If there is limited property right under Puerto Rico

law, does Plaintiff lose his right under the doctrine of

legislative immunity as asserted by Defendants?

CT-2013-18

13

judiciales,

sino

más

bien,

como

indicamos,

de

la

eliminación de un puesto por virtud del válido ejercicio

legislativo de promulgar o derogar leyes.

Siendo ello

así, dejó sin efecto el injunction preliminar emitido por

entender

que

el

demandante

no

estableció

que

tenía

probabilidad de prevalecer en los méritos. El Tribunal de

Apelaciones federal sostuvo que el puesto que ejercía el

demandante

fue

abolido

válidamente

por

la

Asamblea

Legislativa al aprobar la Ley Núm. 75 y el demandante no

argumentó,

ni

tenía

poder

el

demostró,

para

que

la

Asamblea

Legislativa

abolir

su

posición.

Sostuvo

no

que,

después de todo, ―[r]epeal is an act unquestionably within

the ken of the Puerto Rico Legislature and thus is fatal

to Diaz‘s legal position‖. Díaz Carrasquillo v. GarcíaPadilla, No. 13-2277, Slip Opinion, pág. 9 (1er Cir. 16 de

abril de 2014) (citas omitidas). Además, el foro apelativo

federal

determinó

que

la

abolición

del

puesto

en

controversia no violaba la Constitución del Estado Libre

Asociado

de

Puerto

Rico

debido

a

que,

a

base

de

lo

establecido

por

este

Tribunal

en

Gómez

v.

Negrón

Fernández,

supra,

el

Procurador

no

tenía

un

derecho

propietario sobre el puesto.

de

2014

el

señor

Díaz

Tribunal

de

Apelaciones

Inconforme,

Carrasquillo

para

el

el

30

presentó

Primer

de

abril

ante

el

Circuito

un

Petition for Rehearing en Banc. El 9 de mayo de 2014 la

petición fue denegada.

CT-2013-18

14

Así las cosas, el 8 de mayo de 2014 el señor Díaz

Carrasquillo

presentó

ante

este

Tribunal

una

Moción

Urgente Solicitando Orden de Paralización en Auxilio de la

Jurisdicción de este Tribunal. Solicitó que emitiéramos

una

orden

paralizando

cualquier

acto

por

parte

del

Gobernador para remover al señor Díaz Carrasquillo de su

puesto como Procurador hasta que nos expresáramos en torno

a las preguntas certificadas. Alegó que la decisión del

Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito atentaba

contra los principios básicos del federalismo al éste no

abstenerse

hasta

que

finalizara

el

procedimiento

de

certificación. Asimismo, entendió que el foro apelativo

intermedio resolvió incorrectamente la controversia ante

su consideración, por lo cual este Tribunal debía ejercer

su

jurisdicción

exclusiva

y

atender

las

preguntas

certificadas para evitar que el demandante sea removido

del puesto en violación al derecho propietario que alega

ostentar

sobre

prácticos,

nos

el

mismo.44

solicitó

que

Para

todos

revocáramos

los

al

efectos

Tribunal

de

Apelaciones para el Primer Circuito.

El 13 de mayo de 2014, la parte demandada presentó

una urgente oposición a la moción presentada por la parte

demandante

44

y

solicitó

la

anulación

del

auto

de

En esencia, argumentó que el foro apelativo federal erró

al fundamentar su determinación en Gómez v. Negrón

Fernández, ya que este caso fue decidido previo a la

promulgación de la Constitución del Estado Libre Asociado.

Por lo cual, el Tribunal debe hacer un análisis del

derecho de propiedad que alega ostentar el demandante

considerando los derechos concedidos por la Constitución y

su jurisprudencia interpretativa.

CT-2013-18

15

certificación.

moción

Alegó

presentada

Tribunal

ostenta

que

por

procedía

la

parte

jurisdicción

denegar

de

demandante

sólo

sobre

plano

porque

las

la

este

preguntas

certificadas y no sobre las partes ni sobre los méritos de

la reclamación ante el foro federal. Por esto, indicó que

el Tribunal no puede paralizar válidamente los efectos del

dictamen

del

Tribunal

de

Apelaciones

para

el

Primer

Circuito, como tampoco procede revisar su determinación.

Por su parte, el Estado argumentó que si la parte

demandante

deseaba

que

el

foro

apelativo

federal

se

abstuviera tenía que haberlo solicitado oportunamente, lo

cual no hizo. Finalmente, los demandados solicitaron la

anulación del auto de certificación al concluir que el

Tribunal

de

Distrito

partió

de

premisas

equivocadas

al

certificar las preguntas ante este Tribunal. Esto, porque

como bien determinó el foro apelativo federal, en este

caso no medió la remoción de un funcionario público sino

la abolición de su puesto como un ejercicio legítimo de la

Asamblea Legislativa. Debido a lo anterior, sostiene que

no se cumple con el requisito de que el asunto certificado

sea determinante en el resultado del caso, puesto que ya

el

foro

carece

apelativo

de

un

federal

interés

determinó

propietario

que

el

demandante

sobre

el

puesto

en

controversia y no está ante este Tribunal una pregunta con

respecto al poder de la Asamblea Legislativa de abolir

puestos.

Por

tanto,

de

este

Tribunal

contestar

las

preguntas certificadas estaría emitiendo, en esencia, una

CT-2013-18

16

opinión

consultiva.

Posteriormente,

ambas

partes

presentaron sus respectivas réplicas y dúplicas.

II

Como

cuestión

preguntas

de

umbral,

debemos

certificadas

cumplen

con

evaluar

los

si

las

requisitos

de

justiciabilidad y de certificación interjurisdiccional.

A

La

doctrina

de

la

justiciabilidad

gobierna

el

ejercicio válido del poder judicial. Esta doctrina ―nace

del

principio

elemental

de

que

los

tribunales

existen

únicamente para resolver controversias genuinas surgidas

entre

partes

obtener

opuestas

que

tienen

un

remedio

que

haya

de

jurídicas‖.

E.L.A.

v.

Aguayo,

un

interés

afectar

80

sus

D.P.R.

real

en

relaciones

552,

558-559

(1958). Mediante nuestros pronunciamientos en

E.L.A. v.

Aguayo,

supra,

sobre

la

doctrina

de

para

el

ejercicio

válido

requiere

la

adoptamos

la

justiciabilidad

del

poder

normativa

y

federal

señalamos

judicial

que

se

existencia de un ―caso o controversia‖ real. Según hemos

señalado, los límites del ejercicio del poder judicial,

autoimpuestos mediante la doctrina de justiciabilidad, son

necesarios porque constituyen

―un mínimo de condiciones

para el ejercicio discreto y tolerable de un poder que de

otro modo constituiría una clara amenaza para la calidad

democrática

del

guardianes

de

sistema

la

y

convertiría

comunidad‖.

E.L.A.

a

v.

los

jueces

Aguayo,

en

supra,

CT-2013-18

17

pág. 597. Al analizar los fundamentos adjudicativos del

Juez

Asociado

Raúl

Serrano

Geyls

en

E.L.A.

v.

Aguayo,

supra, el profesor Carlos E. Ramos González señala que:

[La] visión [del Juez Serrano Geyls] sobre

la naturaleza de los tribunales refleja un

jurista preocupado por el rol de una rama

judicial que opera bajo un sistema de separación

de

poderes.

Al

establecer

estas

premisas

esenciales, la opinión allana el camino para

declinar la invitación que le haría la rama

ejecutiva para que la rama judicial facilite una

fundamental obra de gobierno. Se trata en efecto

de un cauteloso ejercicio del poder y una visión

prudente sobre la naturaleza de los tribunales,

asumida en un tiempo histórico donde las grandes

mayorías

simpatizaban

con

la

posición

que

entonces asumía la rama ejecutiva.

Carlos E. Ramos González, Derecho Constitucional: E.L.A.

v. Aguayo o los albores de la independencia judicial

puertorriqueña, 34 Rev. Jur. U. Inter. P.R. 633,636

(2000).

Añade

contexto

el

profesor

histórico

en

que

Ramos

se

González

produce

la

que

―en

el

opinión,

el

Tribunal de forma dialéctica sienta una base fundamental

del

derecho

patrio

en

tanto

reafirma

decididamente

la

independencia judicial‖. Id. en la pág. 640. Por tanto, en

aras de proteger el balance tripartito entre las ramas de

gobierno

–

judicial

para

particularmente,

actuar

como

un

el

ejercicio

consejo

del

supremo

poder

de

las

determinaciones de otras ramas – decidimos autolimitar el

alcance de nuestro poder judicial.45 Véase además Flast v.

45

Véase

por

ejemplo,

Note,

The

Validity

of

the

Restrictions on the Modern Advisory Opinion, 29 Maine L.

Rev. 305,

310 (1978), en donde se señala que: ―The

separation of governmental powers insulates the judiciary

from encroachment by the other branches of government,

thereby placing responsibility on the Justices to apply

the law according to their best judgment‖.

CT-2013-18

18

Cohen, 392 U.S. 83, 96-97(1968). Desde entonces, y pese a

cuestionamientos legítimos sobre la sapiencia de nuestra

determinación en E.L.A. v. Aguayo,46 supra, hemos reiterado

lo allí establecido. Brau v. E.L.A de Puerto Rico, 2014

TSPR 26, 189 D.P.R. ___ (2014); Lozada Tirado et al. v.

Testigos Jehová , 177 D.P.R. 893, 907 (2010); Noriega v.

Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1994).

Así,

como

corolario

de

la

doctrina

de

justiciabilidad, los tribunales estamos vedados de emitir

opiniones consultivas.

Asoc. Alcaldes v. Contralor, 176

D.P.R. 150 (2009); Ortiz Rivera v. Panel sobre el FEI, 155

D.P.R. 219 (2001); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia,

109 D.P.R. 715 (1980). Hemos definido opinión consultiva

―como la ponencia legal emitida por un tribunal cuando no

tiene ante su consideración un caso o una controversia

justiciable,

y

cuyo

resultado,

por

lo

tanto,

no

es

obligatorio‖. Asoc. Alcaldes, supra, pág. 158. Así pues,

la doctrina de opinión consultiva intenta evitar que se

produzcan decisiones en el vacío, en el abstracto, o bajo

hipótesis de índole especulativa, ya que no es función de

los tribunales actuar como asesores o consejeros. Id. Esto

es, una controversia no es justiciable cuando un tribunal

debe

46

pasar

juicio

sobre

un

asunto

hipotético

para

Para una crítica a nuestra determinación en E.L.A. v.

Aguayo, supra, véase José Julián Álvarez González, Derecho

constitucional

de

Puerto

Rico

y

relaciones

constitucionales

con

los

Estados

Unidos:

casos

y

materiales

96-101 (2009); José Julián Álvarez González,

La protección de los derechos humanos en Puerto Rico, 57

Rev. Jur. U.P.R. 133, 165-167 (1988).

CT-2013-18

19

beneficio de una o ambas partes en cuanto a una situación

o

conducta

actuaríamos

futura

como

y

especulativa.

una

tercera

cámara

De

lo

contrario,

o

consejo

supremo

capaz de poner un veto final a las actuaciones de las

ramas

que

encarnan

la

voluntad

democrática

de

los

ciudadanos. Com. de la Mujer, supra; E.L.A. v. Aguayo,

supra.

B

Por su parte, en nuestro ordenamiento procesal civil

el

mecanismo

de

certificación

interjurisdiccional

está

regulado por la Regla 25 del Reglamento de este Tribunal,

4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, y el Art. 3002f de la Ley de la

Judicatura de 2003, Ley Núm. 21 de 22 de Agosto de 2003

(―Ley de la Judicatura de 2003‖), 4 L.P.R.A. sec. 24s(f).

Este

mecanismo

someter

ante

definitiva,

permite

este

que

un

Tribunal,

cuestiones

dudosas

tribunal

para

o

federal

una

noveles

pueda

contestación

del

Derecho

puertorriqueño que podrían determinar el resultado de un

pleito ante el tribunal que solicita nuestra intervención.

Pan Ame. Corp. V. Data Gen. Corp, 112 D.P.R. 780, 783

(1982).

A su vez, permite ―mitigar las tensiones inherentes a

un

sistema

de

justicia

federalista‖.

Gobernadora, 165 D.P.R. 28, 42 (2005).

pretende

evitar

legislativa

ambas

del

la

intromisión

estado

jurisdicciones,

al

y

roces

tiempo

en

v.

De esta forma se

federal

los

Santana

en

la

función

innecesarios

que

se

entre

promueve

el

CT-2013-18

20

cooperativismo judicial federal a través de un mecanismo

sencillo y eficiente para las partes en litigio. Gerald M.

Levin,

Inter-jurisdictional

Certification:

Beyond

Abstention Toward Cooperative Judicial Federalism, 111 U.

Pa. L. Rev. 344, 350 (1963). Por tanto, bien utilizado, el

mecanismo

de

certificación

fortalece

tanto

el

sistema

judicial de los estados y del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico como el sistema judicial del gobierno federal.

Cabe

señalar

que,

históricamente,

se

cuestionó

la

justiciabilidad de las preguntas certificadas mediante el

mecanismo de certificación interjurisdiccional en aquellos

estados en que estaban vedadas las opiniones consultivas.47

Véase Comment, Inter-Jurisdictional Certification and Full

Faith and Credit in Federal Courts: To Certify or Not to

Certify, Is that a Question?, 45 Wash. L. Rev. 167 (1970).

La preocupación principal era la posibilidad de atender

una

controversia

cumpliese

con

el

mediante

certificación

sin

requisito

de

controversia‖.

―caso

o

que

se

Algunas jurisdicciones optaron por reconocer las opiniones

consultivas, otras aceptaron el mecanismo de certificación

interjurisdiccional sujeto a que el mismo cumpliese con la

doctrina

de

justiciabilidad.

John

B.

Corr

&

Ira

P.

Robbins, Interjurisdictional Certification and Choice of

Law, 41 Vand. L. Rev. 411, 419-422 (1988). En el caso de

47

Este

mecanismo

es

relativamente

novel

en

la

jurisprudencia federal pues fue adoptado para finales de

la década del 50 del siglo XX. Hon. Bruce M. Selya,

Certified Madness: ask a silly question, 29 Suffolk U.L.

Rev. 677, 680-681(1995).

CT-2013-18

21

Puerto Rico, desde un inicio hemos establecido que las

certificaciones

interjurisdiccionales

cabalmente

con

la

American,

supra,

doctrina

de

deben

cumplir

justiciabilidad.

pág. 790. Es decir, ―[l]a

Pan

controversia

jurídica que suscita la certificación tiene que originarse

en un caso o controversia real entre las partes.

De lo

contrario, podría inducirse a una opinión consultiva que

afecta

la

legitimidad

y

efectividad

del

dictamen

adjudicativo‖. H.E. Vicente Cuesnongle, O.P. v. D.A.C.O.,

119 D.P.R. 457, 463-64 (1987) (Hernández Dentón, J., Op.

Concurrente).

Por

consiguiente,

el

mecanismo

de

certificación

interjurisdiccional no altera nuestra responsabilidad de

velar porque, al contestar las preguntas certificadas, no

eludamos los criterios de autolimitación judicial propios

de

la

doctrina

Tribunal.

de

Así,

para

interjurisdiccional

requisitos

justiciabilidad

para,

por

que

hemos

un

proceda

adoptada

una

establecido

lado,

delimitar

por

este

certificación

una

serie

de

el

alcance

de

nuestra intervención y, por otro, cumplir con la doctrina

de

justiciabilidad.

certificadas

deben

puertorriqueño;

Éstos

son:

involucrar

(1)

las

cuestiones

preguntas

de

Derecho

(2) no deben existir precedentes claros

que dispongan correctamente del asunto; (3) las preguntas

deben poder determinar el resultado del pleito ante el

foro que certifica; y (4) la certificación debe contener

una relación de los hechos relevantes a la controversia,

CT-2013-18

22

de forma tal que demuestren la verdadera naturaleza de la

controversia.

Guzmán

v.

Calderón,

164

D.P.R.

220,

228

(2005); Pan Ame. Corp., supra, pág. 788.48

Los últimos dos requisitos, en particular, garantizan

que

para

que

una

certificación

atendida

por

este

Foro,

justiciabilidad.

Pan

se

interjurisdiccional

cumpla

American,

con

supra,

la

pág.

sea

doctrina

de

790.

un

Por

lado, el tercer requisito exige que la determinación de

este

Tribunal

pueda

tener

un

efecto

concreto

en

la

controversia, y por otro, el cuarto requisito requiere que

los hechos que se acompañan a la certificación demuestren

la verdadera naturaleza de la controversia que amerita ser

atendida por este Foro. En ausencia de un cumpliento cabal

con

estos

requisitos,

cuestiones

estamos

presentadas

impedidos

mediante

de

una

atender

las

certificación

interjurisdiccional.

C

Según

la

relación

de

hechos

que

el

Tribunal

de

Distrito presentó en la solicitud de certificación y los

fundamentos

para

controversia

en

emitir

este

caso

el

se

injunction

ciñe

a

preliminar,

determinar

si

la

el

requisito de justa causa impuesto al Gobernador para la

remoción del Procurador de las Personas con Impedimentos,

48

Así vemos que si bien la Ley de la Judicatura de 2003

flexibilizó

la

normativa

sobre

las

certificaciones

interjurisdiccionales, aún permanece el requisito de que

la decisión emitida por este Foro pueda determinar el

resultado del pleito ante el foro federal. Guzmán, supra,

pág. 229.

CT-2013-18

un

23

funcionario

ejecutivo

que

también

ejerce

funciones

cuasi judiciales49 y nombrado a un término de diez (10)

años, incide sobre la facultad del Gobernador para cumplir

y hacer cumplir las leyes. El foro federal de instancia,

sorprendentemente, obvió un elemento o hecho fundamental e

imprescindible al asunto planteado, a saber: la aprobación

de la Ley Núm. 75 que derogó el cargo que el demandante

ejercía.

Ese hecho fundamental e imprescindible no pasó

desapercibido

Primer

para

Circuito.

el

Tribunal

Éste

dejó

de

sin

Apelaciones

efecto

el

para

el

injunction

preliminar emitido por el foro primario federal, razonado,

correctamente, que la verdadera controversia en este caso,

versaba sobre la eliminación del puesto de un funcionario

ejecutivo

mediante

una

legislación

y

no

sobre

la

destitución de un funcionario que ejerce funciones cuasi

legislativas y cuasi judiciales realizada por el Primer

Mandatario.

Luego de examinar con detenimiento los hechos de este

caso según surgen de la solicitud de certificación del

Tribunal de Distrito y los documentos que la acompañan,

coincidimos con la apreciación del Tribunal de Apelaciones

para

el

Primer

Circuito:

la

controversia

ante

la

consideración del Tribunal de Distrito versaba sobre la

eliminación

49

o

abolición

del

puesto

de

un

funcionario

Según surge de la solicitud de certificación, el foro

federal primario señaló que el señor Díaz Carrasquillo

demostró que el cargo de Procurador para las Personas con

Impedimentos

ejerce

funciones

ejecutivas

y

cuasi

judiciales.

CT-2013-18

24

ejecutivo

mediante

destitución

de

funciones

una

un

cuasi

legislación

funcionario

judiciales.

y

no

sobre

ejecutivo

que

Consecuentemente,

la

ejerce

entendemos

que las preguntas certificadas ante nuestra consideración,

las cuales se fundamentan en la alegada destitución por el

Primer Ejecutivo de un funcionario que ejerce funciones

cuasi judiciales, no cumplen con los requisitos de una

certificación

interjurisdiccional.

Por

consiguiente,

procede, luego de aplicar correctamente el Derecho, anular

el recurso de certificación.

Es

decir,

un

análisis

sin

ánimo

de

los

solicitud

de

certificación

y

acompañan

a

la

lleva

misma

nos

a

prevenido

de

la

documentos

que

se

es

la

concluir

cuál

verdadera naturaleza de la controversia en este caso, a

saber:

determinar

si

algún

derecho

interés

oponible

a

la

o

el

facultad

señor

Díaz

propietario

de

la

Carrasquillo

sobre

Asamblea

su

tenía

puesto,

Legislativa

de

crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos,

en virtud de la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

Como bien concluyó el Tribunal de Apelaciones para el

Primer Circuito, basta analizar el tracto fáctico de este

caso

para

concluir

que

la

Asamblea

Legislativa

es

la

responsable de que, mediante su poder de legislación, se

aboliera la Oficina del Procurador de las Personas con

Impedimentos,

entonces

Administración

de

las

adscrita

a

la

Oficina

de

Procuradurías.

Ello

provocó

que,

CT-2013-18

25

incidentalmente,

Carrasquillo.

se

Por

eliminara

tal

el

razón,

puesto

es

del

señor

irrelevante

que

Díaz

nos

pronunciemos sobre el interés propietario del señor Díaz

Carrasquillo vis à vis los límites al poder del Gobernador

para

removerlo

Tribunal

de

y

los

criterios

Distrito

para

que

debe

adjudicar

evaluar

esa

el

diatriba

constitucional, según sugieren las preguntas certificadas.

Por tanto, para resolver este caso conforme a Derecho, no

procede que ejerzamos nuestra jurisdicción para atender y

contestar las preguntas certificadas por el foro federal,

que

no cumplen con el requisito de contener una relación

de los hechos relevantes a la controversia, de forma tal

que demuestre la verdadera naturaleza de la controversia.

De

igual

forma,

tampoco

procedía

evaluar

si

un

individuo pierde un derecho propietario limitado al entrar

en conflicto con la doctrina de inmunidad parlamentaria.

Esa cuestión presentada no es más que otro trampantojo

jurídico. Cuando se alega que el Estado afecta un derecho

o interés propietario la actuación estatal se evalúa al

amparo de la cláusula de debido proceso de ley.

En este

caso la doctrina de inmunidad parlamentaria fue invocada

por el Gobernador, no frente al supuesto de un interés o

derecho propietario del demandante, sino ante el reclamo

de la parte demandante de discrimen político. Tal reclamo

fue

presentado

mediante

una

acción

civil

federal

de

privación de derechos al amparo de la sección 1983, 42

U.S.

sec.

1983.

Dentro

de

ese

contexto,

el

Gobernador

CT-2013-18

26

argumentó

que

extendida

a

aprobar

los

judiciales

por

éste

razón

de

por

acto

el

estatutos

estaban

la

en

impedidos

inmunidad

parlamentaria,

legislativo

de

controversia,

de

entrar

firmar

los

a

y

foros

considerar

alegaciones sobre supuestas motivaciones discriminatorias

por el acto de aprobar los estatutos. 50

Eso es un asunto

que le compete al foro federal dirimirlo.51 Por tal razón,

50

De hecho, los casos citados por la opinión mayoritaria

atienden la aplicabilidad de la inmunidad legislativa en

situaciones donde se presentaron acciones por discrimen.

Ningún caso citado evaluó un conflicto entre un derecho

propietario de un ciudadano y la inmunidad legislativa,

pues nuestro ordenamiento no admite dicho choque.

51

En Torres Rivera v. Calderón Serra, 412 F.3d 205 (1er

Cir. 2005), el Tribunal de Apelaciones para el Primer

Circuito atendió una controversia similar a este asunto.

Allí el foro apelativo intermedio federal tuvo ante sí una

controversia originada por los siguientes hechos. El

entonces Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, Hon. Pedro Rosselló González, aprobó una legislación

para restructurar la Comisión Industrial y aumentar el

número de comisionados en la Comisión de cinco (5)

comisionados a veinticinco (25).

Estos serían nombrados

por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del

Senado, por un término fijo.

La legislación dispuso que

los comisionados que en función al momento de la

restructuración, continuarían ejerciendo el cargo hasta

que venciera su término.

Eventualmente, la sucesora en la Gobernación, Hon. Sila M.

Calderón, aprobó una legislación en la que se enmendó la

legislación aprobada bajo la administración del Gobernador

Rosselló

González.

Mediante

esta

legislación,

se

estableció una nueva estructura en la Comisión y se redujo

el número de comisionados de veinticinco (25) comisionados

a cinco (5).

La legislación dispuso que los cinco (5)

miembros serían nombrados por la Gobernadora.

Nada se

dijo sobre los comisionados que estaban en funciones al

momento en que se aprobó la legislación. Posteriormente,

el entonces Secretario de la Gobernación, Hon. Ferdinand

Mercado, envió una carta a los (25) comisionados nombrados

bajo la estructura anterior, en la que les notificó sobre

la terminación de sus funciones en virtud de la

legislación aprobada.

Así las cosas, varios de los

comisionados destituidos en virtud de la legislación

presentaron una reclamación ante el Tribunal de Distrito

en contra de la Gobernadora Sila M. Calderón y otros

CT-2013-18

emitir

un

27

juicio

sobre

esa

cuestión

no

sólo

falla

en

reconocer el verdadero asunto de derecho planteado, sino

que se arriesga a discutir un asunto cuyo efecto, a lo

sumo, es inocuo.

Por su parte, y consustancial a lo anterior, toda vez

que las preguntas certificadas no atienden la verdadera

controversia en este caso, la determinación de este Foro

respecto a las cuestiones presentadas no será determinante

para el resultado del pleito ante el foro federal. Es

decir,

cualquier

certificadas

determinación

constituye

la

sobre

emisión

las

de

preguntas

una

opinión

consultiva – o un extenso dictum – sobre cuestiones que,

según analizamos, no son pertinentes ni determinantes para

la

resolución

Apelaciones

de

esta

para

el

controversia.

Primer

Ya

el

Circuito

Tribunal

de

emitió

una

funcionarios.

Alegaron, entre otras cosas, que el

estatuto era inconstitucional porque iba dirigido a

removerlos mediando discriminen político en contra de

éstos y violaba sus derechos a la libertad de expresión y

a libertad de asociación por éstos estar afiliados del

P.N.P.

Ante estos hechos, el foro apelativo intermedio

federal confirmó la determinación del foro federal

primario y concluyó, entre otras cosas, que el estatuto no

era inconstitucional bajo el análisis de la Primera

Enmienda de la Constitución federal. A su vez, desestimó

la reclamación de discrimen en contra de la Gobernadora

bajo la garantía de inmunidad parlamentaria extendida a la

firma y aprobación de una legislación por el ejecutivo, y

desestimó la reclamación en contra de los funcionarios

ejecutivos

bajo

la

doctrina

federal

de

inmunidad

condicionada.

En lo pertinente, señaló que ―there is no

statutory invalidity from the fact that the statute may,

in the end, lead to a situation in which the impact of the

reorganization will be to disproportionally terminate the

employment of members of one political party‖. Torres

Rivera, 412 F.3d en la pág. 211.

CT-2013-18

28

determinación

sobre

la

verdadera

consideración

del

Tribunal

de

controversia

ante

Distrito:

interés

el

la

propietario de un funcionario ejecutivo cuando su puesto

es abolido por la Asamblea Legislativa.

A no ser que el

interés

revocar

al

para

Primer

de

la

Apelaciones

de

mayoría

Estados

sea

Unidos

el

Tribunal

de

Circuito,

facultad que le compete al Tribunal Supremo de Estados

Unidos, sito en Washington D.C.

Reiteramos,

concluyó

que

el

dado

a

foro

apelativo

intermedio

que

el

del

puesto

federal

Procurador

fue

abolido por la Asamblea Legislativa al aprobarse la Ley

Núm. 75, ―Diaz had no property interest, i.e., no ―right,‖

in the Advocate position‖. Díaz Carrasquillo v. GarcíaPadilla, No. 13-2277, Slip Opinion, págs. 9-10 (1er Cir.

16 de abril de 2014). Por tanto, cualquier determinación

nuestra sobre las preguntas certificadas requeriría entrar

a atender asuntos que fueron válidamente adjudicados por

el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, foro

con jurisdicción sobre las partes en esta controversia.52

52

Como bien reconoce el Juez Asociado señor Martínez

Torres en su Opinión de Conformidad, el foro apelativo

intermedio federal no encontró una laguna doctrinal que

incitara dudas sobre la interpretación correcta del

derecho

puertorriqueño

aplicable.

Al

adjudicar

la

controversia

ante

su

consideración

el

Tribunal

de

Apelaciones tácitamente reconoció la inmaterialidad de las

preguntas certificadas por el Tribunal de Distrito.

Contrario a lo que sostiene el Juez Asociado, el

Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito no estaba

obligado a mostrar deferencia alguna a nuestra decisión de

acoger la certificación. Si bien el Tribunal Supremo de

Estados Unidos expresó en Arizonans que los tribunales

federales deben evitar especular sobre el significado de

un estatuto estatal cuando no ha sido interpretado por el

CT-2013-18

29

Por tal razón, en riesgo de emitir una opinión consultiva,

procede

que

se

anule

el

recurso

de

certificación

interjurisdiccional ante nuestra consideración.

No obstante a lo anterior, hoy, una mayoría de este

Tribunal,

en

claro

justiciabilidad

y

incumplimiento

los

requisitos

con

de

la

una

doctrina

de

certificación

interjurisdiccional, se adentra a contestar las preguntas

certificadas. Además, por razones exógenas al Derecho, una

máximo foro estatal y está disponible el mecanismo de

certificación, ese foro fundamentó su conclusión en que la

controversia

bajo

el

derecho

estatal

evitaría

una

adjudicación innecesaria bajo la constitución federal.

Arizonans for Official English v. Arizona, 520 U.S. 43, 73

(1997). Ése es el verdadero ámbito de la llamada

abstención Pullman: cuando en circunstancias especiales

surge una incertidumbre sustancial sobre la interpretación

del derecho estatal y existe una probabilidad razonable de

que aclarar esa interpretación evitaría una adjudicación

al amparo de la constitución federal, un tribunal federal

debe abstenerse de adjudicar la controversia hasta cuanto

termine de litigarse el caso en el foro estatal.

Chemerinsky, p.818, sec. 12.2.

No procede invocar la doctrina de abstención Pullman

meramente porque el foro estatal no ha considerado la

constitucionalidad del estatuto impugnado al amparo de su

constitución. Chemerinsky, en la pág. 820. La ausencia de

una interpretación por un foro estatal no es, de por sí

sola, suficiente para causar duda sobre la interpretación

adecuada Id. Tampoco procede invocar la abstención Pullman

cuando la disposición constitucional estatal contiene

disposiciones análogas a la constitución federal, como

resulta evidente en la controversia ante nosotros, o para

meramente otorgarle al tribunal estatal la oportunidad de

decidir la controversia antes que el foro federal.

Chemerinsky,

pág.

821

citando

a

Wisconsin

v.

Constantineau, 400 U.S. 433,439 (1971) y Zickler v. Koota,

389 U.S. 241, 251 (1967). En este caso ni siquiera existía

una incertidumbre, mucho menos sustancial, pues el

Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito contaba

con el precedente de Gómez, supra, que atiende a cabalidad

la controversia que estuvo ante su consideración. De

hecho, irónicamente, en la opinión consultiva que hoy

emite la mayoría se reafirma mediante malabarismos

judiciales la norma allí establecida.

CT-2013-18

30

mayoría de este Tribunal cede ante la petición de la parte

demandante y se expresa sobre asuntos que no están ante

nuestra consideración pero que tienen graves repercusiones

en el ámbito político.

Ello, en la medida de que intenta

pasar juicio sobre cierta legislación pendiente ante la

consideración

de

la

Asamblea

Legislativa.

En

otras

palabras, la opinión consultiva que hoy se emite opera

como

una

censura

previa

que

pretende

impedir

que

la

que

se

Asamblea Legislativa legisle.

Es

lamentable

que

en

casos

como

éste,

en

discuten asuntos de política pública de una administración

en particular, una mayoría esté dispuesta a abdicar toda

noción básica sobre autolimitación judicial y sobre los

principios de un sistema judicial federalista.

Parecería

ser que con el tiempo retrocedemos de aquel momento en que

velábamos por el cauteloso ejercicio del poder judicial y

de

nuestra

visión

prudente

sobre

la

naturaleza

de

los

tribunales, momentos que, en palabras del profesor Ramos

González,

configuraron

judicial.

Carlos

Constitucional:

los

E.

E.L.A.

v.

albores

de

Ramos

González,

Derecho

los

de

la

Jur.

U.

éstos

me

Aguayo

o

independencia

judicial

puertorriqueña,

Inter.

633,

(2000).

P.R.

636

En

la

34

días

independencia

albores

Rev.

como

pregunto: ¿qué queda de ella?

Dado a que una mayoría de este Tribunal adelanta,

mediante

la

opinión

consultiva

que

hoy

se

emite,

el

criterio sobre el interés propietario de un funcionario

CT-2013-18

31

ejecutivo cuyo puesto fue abolido mediante legislación por

la Asamblea Legislativa, nos vemos obligados a disentir de

su apreciación ―en los méritos‖.

III

A

La Constitución establece que ninguna persona puede

ser privada de su propiedad sin un debido proceso de ley.

Const.

PR,

Art.

II

sec.

7.

Este

derecho

tiene

su

contraparte en las Enmiendas V y XIV de la Constitución de

los Estados Unidos. Const. EE. UU. Enmd. V y XIV.

El

debido proceso de ley se manifiesta en dos modalidades: la

modalidad

sustantiva

y

la

modalidad

procesal.

En

la

modalidad sustantiva, el debido proceso de ley impide que

el Estado, al aprobar leyes o al realizar una actuación,

afecte de manera irrazonable, arbitraria o caprichosa los

intereses de propiedad o libertad.

Rivera Santiago v.

Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265 (1987); Rivera Rodríguez

v. Lee Stowell, 133 D.P.R. 881 (1993).

la

modalidad

constitucional

procesal,

de

el

garantizar

Estado

que

Por su parte, bajo

tiene

al

la

obligación

interferir

con

un

interés libertario o propietario de una persona se cumpla

con un procedimiento justo y equitativo.

González Aristud

v. Hosp. Pavía, 168 D.P.R. 127 (2006).

En otras palabras,

para privar a una persona de su libertad o propiedad, el

Estado tiene que garantizar un proceso justo y equitativo

que

tome

en

consideración

el

interés

propietario

libertario de la persona afectada por su actuación.

o

CT-2013-18

Ahora

32

bien,

para

que

se

active

la

protección

constitucional a un debido proceso de ley en su modalidad

procesal, es necesario que exista un interés individual de

libertad o propiedad que amerite la referida protección

constitucional. Vázquez González v. Mun. de San Juan, 178

D.P.R. 636 (2010); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda,

119 D.P.R. 265 (1987).

juego

un

interés

Es decir, ―tiene que estar en

individual

de

libertad

o

propiedad‖.

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R.

881, 888 (1993).

A

tales

efectos,

el

Tribunal

Supremo

de

Estados

Unidos ha señalado que los intereses propietarios ―are not

created by the Constitution. Rather they are created and

their

dimensions

are

defined

by

existing

rules

or

understandings that stem from an independent source such

as state law-rules or understandings that secure certain

benefits and that support claims of entitlement to those

benefits‖. Board of Regents of State Colleges v. Roth, 408

U.S. 564, 577 (1972).

Determinada la existencia de un

interés propietario o libertario, se activa la protección

constitucional de la cláusula de debido proceso de ley de

nuestra

Constitución

y

Unidos,

y

entonces

procede

procedimiento

exigido.

de

la

Torres

Constitución

de

Estados

determinar

cuál

es

el

Solano

P.R.T.C.,

127

v.

D.P.R. 499, 529 (1990).

En

ocasiones

empleados

públicos

anteriores

hemos

de

tienen

carrera

reconocido

un

que

interés

en

los

la

CT-2013-18

33

retención de su empleo si dicho interés está protegido por

ley o cuando por razón de las circunstancias se crea una

expectativa de continuidad en el empleo. Orta v. Padilla

Ayala, 131 D.P.R. 227 (1992); Pierson Muller I v. Feijoo,

106 D.P.R. 838 (1978).

Igualmente, hemos señalado que

empleados del gobierno

que no gozaban de un puesto de

carrera

un

también

tienen

interés

propietario

sobre

el

mismo.53

No obstante, ninguno de estos casos se enfrentaba al

supuesto

de

que

la

Asamblea

Legislativa,

mediante

legislación, hubiese abolido una oficina o departamento

ejecutivo e incidentalmente se hubiese eliminado el cargo

de

un

funcionario

público.

Tal

análisis

merece

una

discusión particular sobre las facultades y poderes de la

Asamblea

Legislativa

para

abolir

una

agencia

o

departamento ejecutivo como corolario de ―la facultad para

crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y

definir sus funciones‖. Const. P.R. Art. III sec. 16. A

saber,

¿qué

interés

propietario,

si

alguno,

posee

un

funcionario sobre un puesto creado por una ley que fue

53

Por ejemplo, hemos reconocido el interés propietario de

una empleada escolar sobre la expectativa, en virtud de un

contrato implícito,

de que el puesto transitorio en que

se desempeñaba se convirtiese en permanente. Lupiáñez v.

Srio. de Instrucción, 105 D.P.R. 696 (1977).

A su vez,

hemos reconocido el interés propietario de un Alcalde

sobre el sueldo, los beneficios marginales y el ejercicio

del cargo para el cual fue electo, al haber sido

suspendido de su cargo por el Gobernador cuando todavía

quedaba pendiente la formulación de cargos en su contra.

Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716 (1982).

CT-2013-18

34

derogada por la Asamblea Legislativa en el ejercicio de

sus facultades?

Veamos.

B

Como parte del interés de nuestros constituyentes de

establecer un sistema de pesos y contrapesos que garantice

el

equilibrio

gobierno,

de

la

poder

sección

entre

16

Constitución

de

Puerto

Legislativa

tendrá

reorganizar

departamentos

la

nuestras

del

tres

Artículo

Rico

dispone

facultad

de

crear,

y

en

el

constituyentes

pasado,

con

quisieron

esta

de

la

la

Asamblea

consolidar

definir

funciones. Const. P.R. Art. III, Sec. 16.

señalado

de

III

que

ejecutivos

ramas

sus

Según hemos

sección

―incorporar

o

nuestros

en

nuestra

jurisdicción [] criterios similares a los adoptados en la

jurisdicción federal en cuanto al alcance del poder de la

Asamblea Legislativa para intervenir. . .con los poderes

delegados a la Rama Ejecutiva‖. Guzmán v. Calderón, 164

D.P.R. 220, 233 (2005).

Desde muy temprano en la jurisprudencia federal,

Tribunal

Supremo

de

Estados

Unidos

reconoció

el

que

consustancial a la facultad del Congreso de crear agencias

ejecutivas, está el poder para abolirlas o modificarlas.

Butler

v.

Pennsylvania,

Posteriormente,

Butler,

el

51

U.S.

fundamentándose

Tribunal

Supremo

(10

en

la

federal

How.)

511

(1850).

determinación

señaló

que

en

―the

legislative power of a State, except so far as restrained

by its own Constitution, is at all times absolute with

CT-2013-18

respect

35

to

all

offices

within

its

reach.

It

may

at

pleasure create or abolish them, or modify their duties‖.

Higginbotham v. City of Baton Rouge, La., 306 U.S. 535,

538 (1939); Newton v. Commissioners, 100 U.S. 548, 559

(1879).

En Newton v. Commissioners, 100 U.S. 548 (1879), el

Tribunal Supremo de Estados Unidos aclaró que tal poder

legislativo responde al principio de que:

Every succeeding legislature possesses the

same jurisdiction and power with respect to them

as its predecessors. The latter have the same

power of repeal and modification which the

former had of enactment, neither more nor less.

All occupy, in this respect, a footing of

perfect equality. This must necessarily be so in

the nature of things. It is vital to the public

welfare that each one should be able at all

times to do whatever the varying circumstances

and present exigencies touching the subject

involved may require.

Id. en la pág. 559.

A tales efectos, en Lewis v. United States, 244 U.S.

144 (1917), el Tribunal Supremo de Estados Unidos sostuvo

que una legislación que abolía una ley en virtud de la

cual

se

creaba

un

cargo

público,

tenía

incidental de abolir el cargo público.

partir

de

la

fecha

funcionario

que

permanecer

en

el

derivaban

de

él.

en

que

ocupaba

puesto

Id.

el

cargo

ni

a

Este

quedó

no

los

efecto

Por tal razón, a

cargo

el

el

tenía

abolido,

el

derecho

a

beneficios

razonamiento

que

se

jurídico

fue

reafirmado en Higginbotham v. City of Baton Rouge, supra.

En

Higginbotham

el

Tribunal

Supremo

de

Estados

Unidos

sostuvo que la Asamblea Legislativa tenía el poder para

CT-2013-18

36

abolir o modificar las agencias ejecutivas y modificar los

términos, deberes y funciones de sus funcionarios.

Por

tal razón, denegó la reclamación presentada por el señor

Higginbotham sobre su cargo, cargo que tenía un término

que no había concluido.

En el caso de Puerto Rico, el único límite plasmado

en

nuestra

refiere

Constitución

a

aquellos

a

tal

facultad

departamentos

legislativa

ejecutivos

creados

se

en

virtud de en virtud de la propia Constitución. Const. Art.

IV sec. 6. Por consiguiente, fuera de los departamentos

ejecutivos

Asamblea

establecidos

Legislativa

reorganizar

y

por

mandato

tiene

consolidar

plena

constitucional,

facultad

departamentos

―para

la

crear,

ejecutivos

de

gobierno, y para definir sus funciones‖. Const. Art. IV

sec. 6.

Facultad que conlleva necesariamente el poder

para abolir los departamentos ejecutivos creados. Butler

v. Pennsylvania, supra.

Sin

embargo,

en

reconocimiento

del

poder

de

nombramiento del ejecutivo y del balance de poderes entre

las

ramas

de

gobierno,

hemos

señalado

que

la

Asamblea

Legislativa, en el ejercicio de su facultad de legislar

sobre

los

departamentos

ejecutivos,

no

puede

afectar

irrestrictamente el poder del gobernador de nombramiento

y, consustancial a este poder, el poder de destitución.

Santana, supra, pág. 74. Por tal razón, tanto en Guzmán

como en Santana, evaluamos las restricciones impuestas por

la

Asamblea

Legislativa

al

poder

de

destitución

del

CT-2013-18

37

Gobernador sobre funcionarios ejecutivos y adoptamos la

jurisprudencia federal sobre tales casos.

Distinto es, sin embargo, aquellas instancias en que,

tal y como reseñamos en la esfera federal, la Asamblea

Legislativa opta por eliminar o abolir un departamento,

agencia o instrumentalidad del Ejecutivo e incidentalmente

elimina un cargo público.

Esta controversia fue atendida

y resuelta por este Tribunal en Gómez v. Negrón Fernández,

65

D.P.R.

305

(1945).

En

aprobación

la

jurisprudencia

Gómez,

supra,

federal

antes

citando

con

reseñada,54

sostuvimos que:

Está firmemente establecido. . . que al

abolir un cargo creado por la Legislatura no se

priva

al

incumbente

de

ningún

derecho

constitucional.

No

existe

ningún

derecho

contractual o interés de propiedad en relación

con la aceptación de un cargo de creación

legislativa y el incumbente lo acepta bajo el

entendido de que el mismo puede ser abolido en

cualquier momento.

Gómez, supra, pág. 312.

Según surge de los hechos del caso de Gómez, el señor

Gómez fue nombrado por el Gobernador con el consentimiento

del Senado para ocupar el cargo de Fiscal del Tribunal

Supremo por cuatro años, en virtud de la Ley Núm. 39 de 7

de marzo de 1912 (―Ley Núm. 39‖), 3 L.P.R.A. sec. 84-85i

(derogada). Posteriormente, la Ley Núm. 39 fue enmendada

por la Asamblea Legislativa mediante la aprobación de la

Ley Núm. 270 de 14 de mayo de 1945, 3 L.P.R.A. sec. 85

54

En específico, hicimos referencia a la trilogía de

casos Higginbotham v. Baton Rouge, 306 U.S. 535, 538

(1939) Newton v. Commissioners, 100 U. S. 548, 559, Butler

v. Pennsylvania, 51 U.S. (10 How.) 511 (1850).

CT-2013-18

38

(derogada).

Esta

última

legislación

creó

el

cargo

de

Procurador General Auxiliar y Fiscal del Tribunal Supremo.

Así las cosas, el Procurador General optó por no nombrar

al señor Gómez para ocupar la plaza recién creada.

Adujo

que

sido

por

considerar

que

el

puesto

de

Gómez

había

abolido por la Ley Núm. 270, tenía la facultad de nombrar

a la persona de su predilección al puesto recién creado.

En

desacuerdo,

el

señor

Gómez

presentó

un

mandamus

para

que

se

ordenara

su

puesto.

Alegó

que

la

Asamblea

Legislativa

recurso

reinstalación

se

de

en

el

limitó

a

realizar una leve alteración en la designación oficial,

pero

que

el

puesto

tenía

las

mismas

obligaciones,

atribuciones y deberes del puesto abolido.

No

obstante,

contrario

a

la

alegación

del

señor

Gómez, señalamos que ―cuando exista la más leve diferencia

entre dos cargos, no por su designación oficial, sino en

cuanto a su naturaleza, no puede sostenerse que el cargo

anterior no ha sido abolido‖. Id. en la pág. 311. A tales

fines, reconocimos que la Legislatura puede establecer un

nuevo

sistema

de

gobierno

departamentos

creados

―abolir

plan

el

y

en

para

virtud

los

de

cargos

las

instituciones

o

plan

anterior

y

creados

para

la

un

administración de ese plan, en su totalidad o en parte‖.

Id.

en

la

pág.

313.

Finalmente,

señalamos

que

―[e]n

cuanto a la sabiduría, conveniencia o motivos que haya

tenido la Legislatura para actuar en la forma en que lo ha

hecho, no concierne a la rama judicial, dentro de nuestro

CT-2013-18

39

sistema de separación de poderes, entrar a investigarlos o

discutirlos”.

podemos

Id.

colegir

estableció

un

en

la

pág.

que

en

Gómez,

supra,

este

objetivo

para

evaluar

criterio

314.

Por

consiguiente,

Tribunal

si,

en

efecto, las actuaciones de la Asamblea Legislativa iban

dirigidas únicamente a remover al incumbente, a saber, el

criterio de análisis exige que la naturaleza del cargo

varíe mediante la promulgación de una ley que elimine el

departamento

ejecutivo

e

incidentalmente

con

normativa

el

cargo

anterior.55

A

tenor

albergamos

duda

la

de

que

la

antes

facultad

reseñada,

de

la

no

Asamblea

Legislativa para abolir o reorganizar un departamento e

incidentalmente

poder

abolir

legislativo

un

cargo

para crear,

está

contemplada

consolidar

o

en

el

reorganizar

departamentos ejecutivos y definir sus funciones.

En el

caso de una legislación que tenga como propósito eliminar

una oficina y crear una nueva, lo que procede es evaluar

si se le conceden nuevas facultades y deberes a la oficina

de nueva creación en comparación con la anterior.

En caso

de que así se haya hecho, un funcionario público no puede

55

La adopción de estos parámetros no fue novel para un

tribunal estatal de más alta jerarquía, pues un repaso

histórico da cuenta de que estos parámetros fueron

adoptados con anterioridad a nuestra determinación por

tribunales de más alta jerarquía en distintos estados de

Estados Unidos al analizar casos en que, mediante

legislación, la Asamblea Legislativa abolía una oficina e,

incidentalmente, eliminaba un cargo público. Véanse State

ex rel. Hammond v. Maxfield, 132 P.2d 660 (Utah, 1942)

O'Connor v. Greene, 21 N.Y.S.2d 631 (New York, 1940).

CT-2013-18

40

albergar un interés propietario sobre un cargo que ha sido

abolido o eliminado por disposición estatutaria.

parte,

una

vez

la

Asamblea

Legislativa

Por su

aprueba

la

abolición, eliminación o reorganización de un departamento

ejecutivo, conforme a la facultad conferida por nuestra

Constitución, compete al poder ejecutivo aprobar o vetar

la legislación y de aprobarla, actuar conforme al mandato

legislativo.

IV

En

virtud

esta

controversia,

la

Asamblea

de

su

de

abolir

facultad

Legislativa,

o

en

reorganizar

departamentos, optó por derogar el Plan de Reorganización

mediante la aprobación de la Ley Núm. 75.

Lo cual, para

todos

Procuradurías

los

efectos

prácticos,

abolió

las

creadas en virtud del Plan de Reorganización, entre éstas,

la Oficina del Procurador de la Personas con Impedimentos,

y la Oficina para la Administración de las Procuradurías

(―OAP‖).

cargo

Esto provocó que incidentalmente se eliminara el

del

señor

procuradores

Reorganización.

Díaz

nombrados

Carrasquillo

en

Coetáneamente,

virtud

la

y

de

del

Asamblea

los

Plan

demás

de

Legislativa

aprobó la Ley Núm. 78 en virtud de la cual ―[s]e crea la

Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico‖.

Artículo 2 de

la Ley Núm. 78 de 24 de julio de 2013. Tanto en la Ley

Núm. 75 como en la Ley Núm. 78, se dispuso que entrarían

en vigor en un término de treinta (30) días después de su

CT-2013-18

41

aprobación,

transición

término

entre

la

que

se

OAP

y

y

en

utilizaría

las

para

hacer

Procuradurías

la

de

recién

el

mandato

creación.

A

tales

fines,

cumplimiento

con

legislativo, el Gobernador nombró un Comité de Transición

y, eventualmente, nominó a un Procurador interino a la

Oficina

de

la

Procuraduría

Impedimentos.

un

tribunal

para

las

Personas

con

No queda duda entonces de que el rol de

de

Derecho

en

esta

controversia

(y

no

la

transmutada por la mayoría) se limitaba a determinar si la

actuación

legislativa

establecidos

en

cumple

la

con

los

jurisprudencia

parámetros

federal

y

la

puertorriqueña sobre el poder de la Asamblea Legislativa

para abolir o reorganizar un departamento ejecutivo.

En

específico, a evaluar si en el ejercicio de tal facultad,

la actuación legislativa no estaba dirigida a remover al

señor Díaz Carrasquillo conforme a los criterios objetivos

establecidos en Gómez v. Negrón Fernández, 65 D.P.R. 286

(1945).

Procede que, para efectos de la discusión de este

caso en ―los méritos‖,

evaluemos los deberes y facultades

de la extinta Oficina del Procurador de las Personas en

comparación con los de la Oficina recién creada.

Según mencionamos, conforme al Plan de Reorganización

se creó la Oficina de Administración de las Procuradurías

(―OAP‖), organismo bajo el cual se consolidaron todas las

facultades,

funciones

procuradurías.

Con

la

y

deberes

administrativos

creación

de

la

OAP,

de

el

las

Plan

CT-2013-18

42

pretendía que los procuradores se enfocaran más en los

asuntos que afectaban a la población que representaban y

no

en

gestiones

de

dispuso

índole

que

administrativo.

efectos,

se

funciones

administrativas

mando

de

la

OAP

―se

servicios

de

las

oficinas

destinadas

a

recursos

humanos,

compras,

tecnología

de

A

tales

con

la

consolidación

de

las

de

las

Procuradurías

bajo

el

de

los

persigue

la

integración

las

finanzas,

informática,

radicación de querellas, trámites y notificaciones y otras

que rinden servicios similares en cada Procuraduría‖. 3

L.P.R.A. Ap. XVII, Art. 2 (derogado).

Es

decir,

Personas

con

la

nueva

Oficina

Impedimentos,

del

creada

Procurador

por

el

de

las

Plan

de

Reorganización, eliminó poderes y deberes del Procurador

al tiempo en que sometió a las distintas Oficinas, entre

éstas,

la

Oficina

del

Procurador

de

las

Impedimentos, a la supervisión de la OAP.

Personas

con

A tales fines,

limitó las facultades de las Oficina del Procurador de las

Personas con Impedimentos esencialmente a:

[A]tender e investigar los reclamos de las

personas con impedimentos en las áreas de la

educación, la salud, el empleo y la libre

iniciativa

empresarial

o

comercial

de

los

derechos civiles y políticos, de la legislación

social, laboral y contributivo, de la vivienda,

la transportación, la recreación, la protección

del medio ambiente y la cultura, entre otras.

3 L.P.R.A. Ap. XVII, Art. 2 (derogado).

A manera de ilustración, el Plan de Reorganización de

2011

creaba

el

puesto

de

Administrador

de

las

Procuradurías y éste, entre otras cosas, estaba encargado

CT-2013-18

de

43

gestionar

oficina,

la

y

recibir

OAP,

como

el

presupuesto,

de

las

tanto

procuradurías;56

de

su

debía

establecer un programa a través del cual la población que

atendía cada Procuraduría podía canalizar sus quejas para

luego referirlas a los procuradores;57 y tenía la función

de

planificar,

organizar

y

dirigir

los

asuntos

y

transacciones relacionadas al manejo y gobierno interno de

la

OAP

y

de

las

Procuradurías.

Específicamente,

se

le

encargaron ―todos los asuntos y operaciones relacionadas

con

los

recursos

humanos,

contratación

de

servicios,

asignación presupuestaria, adquisición, uso y control de

equipo,

medios

de

comunicación

y

tecnología,

prensa,

56

Art. 6- Funciones y Facultades del Administrador.

. . .

(d) gestionar, recibir, formular, ejecutar el control del

presupuesto y garantizar que los fondos provenientes de

asignaciones legislativas, federales o estatales, y de

transferencias, delegaciones, aportaciones y donativos que

se reciban para la operación de la OAP y de las

Procuradurías sean utilizados, conforme a sus propósitos y

a las delegaciones hechas en este Plan. Los fondos

disponibles serán evaluados y contabilizados conforme a la

estructura programática aprobada, cuya ejecución tendrá

medidas de control, establecidos por la OAP y sujeto a las

leyes que regulan el uso de fondos públicos, normas o

reglas en virtud de los cuales los reciba la OAP o las

Procuradurías, según los reglamentos que el Administrador

adopte para esos fines.

57

Art. 6- Funciones y Facultades del Administrador.

. . .

(i)establecer como parte de su estructura, un área o

programa a través del cual la población que atiende cada

Procuraduría, pueda canalizar sus quejas o reclamos en

caso de violación de derechos, inacción de las agencias o

de servir de enlace entre éstos y la agencia concernida.

CT-2013-18

44

materiales y propiedad, reproducción de documentos y otros

materiales".58 3 L.P.R.A. Ap. XVII, Art. 6 (derogado).

En vista de que la Ley Núm. 75 eliminó la OAP, los

deberes previamente mencionados recayeron en cada una de

las procuradurías creadas posteriormente, entre las cuales

se encuentra la Oficina del Procurador de las Personas con

Impedimentos creada por la Ley Núm. 78.

Como resultado, a

la nueva oficina se le otorgaron mayores deberes que a la

derogada, como por ejemplo, el manejo de las querellas

presentadas, del presupuesto y del reclutamiento necesario

para llevar a cabo los propósitos de la Ley Núm. 78, sin

la

colaboración

de

una

oficina

administrativa

que

se

encargue de ello como lo hacía la OAP.

A su vez, en virtud de la nueva Ley, el Procurador

tiene el deber de ―[d]eterminar la organización interna de

la oficina y establecer los sistemas que sean menester

para

su

adecuado

funcionamiento

y

operación,

así

como

llevar a cabo las acciones administrativas y gerenciales

necesarias

para

colaboración

que

la

implantación

la

OAP

le

de

esta

brindaba

Ley‖,

bajo

el

sin

la

Plan

de

Reorganización derogado. Artículo 9 (a) de la Ley Núm. 78

de 24 de julio de 2013. En reconocimiento de los nuevos

58

Art. 6- Funciones y Facultades del Administrador.

(a) planificar, organizar y dirigir todos los asuntos y

operaciones

relacionadas

con

los

recursos

humanos,

contratación de servicios, asignación presupuestaria,

adquisición,

uso

y

control

de

equipo,

medios

de

comunicación y tecnología, prensa, materiales y propiedad,

reproducción de documentos y otros materiales; y demás

asuntos y transacciones relacionadas al manejo y gobierno

interno de la OAP y de las Procuradurías.

CT-2013-18

45

deberes del Procurador bajo la Ley Núm. 78, la Asamblea

Legislativa le otorgó a éste expresamente la facultad de

nombrar un Procurador Auxiliar para delegarle cualquiera

de las funciones dispuestas en la ley. 59

A base de lo anterior, queda meridianamente claro que

la Ley Núm. 78 tuvo como propósito crear una nueva Oficina

del Procurador de las Personas con Impedimentos, tal y

como la ley dispone expresamente.60

Además, existe más que

una leve diferencia entre las dos oficinas.

La Oficina

pasó de ser una entidad encargada de la fiscalización, a

una

encargada

de

la

fiscalización,

administración

de

toda

la

el

estructura

manejo

y

de

nueva

la

la

procuraduría así como de los empleados y funcionarios a su

cargo.

Después de todo, esto fue lo que provocó que en un

principio se aprobara el Plan de Reorganización de 2011, a

saber,

eliminar

facultades

a

los

procuradores

para

que

estos se encargaran únicamente del ejercicio fiscalizador

de la agencia.

59

De ahí que el legislador, bajo el Plan de

Art. 5- Nombramiento del Procurador de las Personas con

Impedimentos y del Procurador Auxiliar.

. . . .

(b) El Procurador podrá nombrar un Procurador Auxiliar y

delegarle cualquiera de las funciones dispuestas en esta

Ley…

60

Artículo 2- Creación de la Oficina del Procurador de las

Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

Se crea la Oficina del Procurador de las Personas con

Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

. . . .

Artículo 4- Creación de la Oficina del Procurador de las

Personas con Impedimentos.

Se crea la Oficina del Procurador de las Personas con

Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como

una entidad jurídica independiente y separada de cualquier

otra agencia.

CT-2013-18

46

Reorganización

encargada

de

de

las

2011,

optara

facultades

por

crear

una

oficina

administrativas.

Por

el

contrario, la Asamblea Legislativa actual quiso cambiar

nuevamente la estructura operacional de las procuradurías

y para ello creó un andamiaje administrativo similar al

existente

previo

a

la

aprobación

del

Plan

de

Reorganización de 2011.

Por tanto, si estableciéramos que tanto bajo el Plan

de Reorganización de 2011 como bajo las Leyes Núm. 75 y

Núm. 78 no hubo un cambio significativo en las facultades

y funciones de los procuradores, negaríamos precisamente

la

esencia

misma

por

la

propuestas legislativas.

cual

fueron

impulsadas

estas

En ambos proyectos lo que se

pretendía cambiar, y lo que efectivamente se cambió, eran

las facultades de los procuradores —aunque por fundamentos

distintos

y

con

un

consecuencia,

el

resultado

distinto—

funcionamiento,

y

como

operación

y

administración de la oficina.

A tales fines, la Asamblea Legislativa actual optó

por

crear

una

nueva

estructura

organizacional

en

la

Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos y,

en tal encomienda, cambió la naturaleza y facultades de la

oficina

derogada.

La

actuación

legislativa

no

iba

dirigida a remover al señor Díaz Carrasquillo de su cargo,

sino a establecer la nueva política pública y andamiaje de

las

procuradurías.

incidentales

de

esta

Si

bien

actuación

uno

de

los

legislativa

efectos

fue

la

CT-2013-18

47

eliminación

del

cargo

Carrasquillo,

ello

establecidos

en

se

que

ocupaba

hizo

conforme

Gómez,

supra.

Es

el

a

señor

los

decir,

Díaz

parámetros

la

Asamblea

Legislativa varió sustancialmente la naturaleza del cargo

que

ocupaba

el

señor

Díaz

creación del nuevo cargo.

la

sapiencia

disposición

De

lo

de

este

poderes,

acto

legislativo

en

atentaríamos

piedra

mediante

la

No compete a este foro evaluar

constitucional

contrario,

Carrasquillo

angular

la

investido

Asamblea

contra

de

la

por

Legislativa.

separación

nuestra

de

estructura

constitucional.

A tenor con anterior, y conforme a lo resuelto en

Gómez, supra,

entendemos que las Leyes Núm. 75 y Núm. 78

abolieron la Oficina del Procurador de las Personas con

Impedimentos creada por el Plan de Reorganización de 2011,

lo cual ocasionó que incidentalmente se eliminara el cargo

que ostentaba el señor Díaz Carrasquillo y se creara una

Oficina

con

facultades

entonces Procurador.

adicionales

a

las

que

tenía

el

Mediante la concesión de facultades

adicionales, la Asamblea Legislativa cambió la naturaleza

y facultades de la Oficina del Procurador de las Personas

con Impedimentos.

Por tal razón, la promulgación de las

Leyes Núm. 75 y Ley Núm. 78 fue un acto válido conforme a

los

poderes

conferidos

Asamblea Legislativa.

cargo

por

Carrasquillo

la

no

por

nuestra

Constitución

a

la

Ante la eliminación válida de su

Asamblea

Legislativa,

tenía

derecho

un

o

el

interés

señor

Díaz

propietario

CT-2013-18

48

sobre el cargo. Tal consecuencia es incidental a nuestro

sistema democrático de derecho y al poder constitucional

que le fue conferido a la Asamblea Legislativa.

Hoy la mayoría, luego de discutir en detalle cada una

de

las

preguntas

certificadas,

interés

propietario

puesto

fue

de

un

procede

a

discutir

el

funcionario

ejecutivo

cuyo

eliminado

mediante

una

incidentalmente

legislación que abolió la ley que creaba su puesto. Tal

discusión

merece

dos

señalamientos.

Primero,

resulta

paradojal que la mayoría proceda a discutir las preguntas

certificadas y que, además, atienda la controversia sobre

el interés propietario de un funcionario cuyo puesto fue

eliminado.

De

haber

entendido

que

efectivamente

la

controversia ante nuestra consideración versaba sobre las

relación de hechos certificada –

a saber,

de

ejerce

un

funcionario

ejecutivo

que

la destitución

funciones

cuasi

judiciales – resulta innecesaria toda discusión sobre el

interés

propietario

de

un

funcionario

cuyo

puesto

fue

eliminado por la Asamblea Legislativa. Por el contrario,

de haber entendido que la controversia no versaba sobre el

asunto

certificado,

procedía

denegar

o

anular

la

certificación jurisdiccional. No obstante, la mayoría se

adentra

a

discutir

ambas

controversias

sin

aparente

comprensión sobre lo anterior o, al menos, un intento por

conciliar ambas discusiones.

Segundo,

la

mayoría

reafirma

la

vigencia

y

aplicación de Gómez, supra, en nuestro ordenamiento. Es

CT-2013-18

decir,

49

la

mayoría

reconoce

que

la

vigencia

de

este

precedente nunca ha estado en controversia. Sin embargo,

mediante

una

ininteligible

y

escueta

argumentación

jurídica pretende alterar su aplicación a la controversia

resuelta por el Tribunal de Apelaciones para el Primer

Circuito.

Ello

denota,

según

hemos

señalado,

un

claro

desdén hacia las normas básicas de autolimitación judicial

y los principios del federalismo.

Según hemos fundamentado en derecho, el señor Díaz

Carrasquillo

no

tiene

un

derecho

o

interés

propietario

sobre el cargo, el cual fue abolido válidamente por la

Asamblea Legislativa.

certificación

fundamentos

Por todo lo anterior, anularía la

interjurisdiccional

expresados,

disiento

expedida.

del

curso

Por

de

los

acción

trazado por la mayoría.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

JuezAsociada