Tribunal Supremo de Puerto Rico
Díaz Carrasquillo v. Hon. Alejandro García Padilla
2014 TSPR 75
Poder Judicial de Puerto Rico
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Díaz Carrasquillo v. Hon. Alejandro García Padilla
CT-2013-18
Facultades del Gobernador para nombrar y destituir funcionarios; remoción de empleado con funciones híbridas; Doctrina de inmunidad legislativa
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Iván Díaz Carrasquillo
Peticionario
2014 TSPR 75
v.
191 DPR ____
Hon. Alejandro García Padilla
Recurrido
Número del Caso: CT-2013-18
Fecha: 19 de junio de 2014
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray
Procuradora General
Lcda. Mónica Cordero Vázquez
Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Jean Philip Gauthier-Iñesta
Materia: Certificación Interjurisdiccional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Iván Díaz Carrasquillo
Peticionario
Certificación
v.
CT-2013-0018
Interjurisdiccional
Hon. Alejandro García
Padilla
Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora
Pabón Charneco.
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2014.
I
Como
máximos
intérpretes
del
derecho
estatal,
hoy
atendemos un recurso de Certificación Interjurisdiccional
solicitado por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos
para el Distrito de Puerto Rico (―Tribunal de Distrito‖).
En este, determinamos el poder del Gobernador de Puerto
Rico
para
delegado
destituir
un
híbrido
a
un
de
funcionario
funciones
al
cual
ejecutivas,
le
fue
cuasi-
legislativas y cuasi-judiciales. Particularmente, debemos
determinar
si
el
Procurador
de
las
Personas
con
Impedimentos es un funcionario de libre remoción o solo
puede ser destituido por alguna de las causas establecidas
en la ley.
Concluimos que tiene un interés propietario
CT-2013-0018
2
durante la duración de su nombramiento. Por lo tanto, no
es
un
funcionario
de
libre
remoción
y
solo
podrá
ser
removido por las causas de destitución establecidas por
ley.
Por
otra
parte,
determinamos
que
la
Doctrina
de
Inmunidad Legislativa no limita el derecho propietario del
cual es acreedor este funcionario.
cobijada
por
la
inmunidad
Su destitución no está
legislativa,
pues
no
es
una
actividad legislativa legítima, sino un acto de naturaleza
administrativa. Por otro lado, reiteramos que cuando la
Asamblea
Legislativa
deroga
nombre
diferente,
pero
un
cargo
y
preservando
crea
los
otro
con
deberes
y
obligaciones del primero, el funcionario que lo ostentaba
no pierde el interés propietario sobre dicho cargo.
II
El
Díaz
Sr.
Iván
Díaz
Carrasquillo‖
Carrasquillo
o
(en
―Procurador‖),
adelante
―señor
juramentó
como
Procurador de la Oficina de las Personas con Impedimentos
el 15 de noviembre de 2011.
El nombramiento fue por un
término de diez (10) años, según dispuesto en el Plan de
Reorganización
Núm.
Reorganización
de
1-2011,
las
conocido
Procuradurías,
como
3
el
LPRA
Plan
Ap.
de
XVII.
Cónsono con ello, el término del nombramiento del señor
Díaz Carrasquillo se extendía hasta noviembre de 2021.
No
obstante,
el
24
de
julio
de
2013,
bajo
la
administración del entonces recién electo Gobernador de
Puerto Rico, Hon. Alejandro García Padilla (en adelante
CT-2013-0018
3
―Gobernador‖), se aprobó la Ley Núm. 75-2013, con el único
objetivo de derogar
el Plan Núm. 1-2011,
supra.
En la
misma fecha, se aprobó la Ley Núm. 78-2013, mediante la
cual se creó la Oficina del Procurador de las Personas con
Impedimentos
del
Posteriormente,
Estado
en
Libre
agosto
Asociado
de
Puerto
Rico.
2013,
el
señor
Díaz
de
Carrasquillo fue destituido de su cargo sin celebrarse una
vista previa.
A raíz de estos eventos, el Procurador presentó una
Demanda en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para
el Distrito de Puerto Rico (Tribunal de Distrito), en la
cual
alegó
que
se
le
habían
violado
los
derechos
consagrados en la Primera, Quinta y Decimocuarta Enmienda
de la Constitución de los Estados Unidos.
alegó
que
había
sido
discriminado
lo
que
le
y
En particular,
hostigado
impidió
por
su
desempeñar
sus
afiliación
política,
funciones.
Adujo además, que se creó un ambiente hostil
para forzarlo a que abandonara su trabajo. También arguyó
que se le violaron sus derechos constitucionales al ser
despedido sin un debido proceso de ley a pesar de tener un
interés propietario sobre su empleo.
un
remedio
interdictal
para
Finalmente, solicitó
evitar
que
continuaran
discriminándolo y daños bajo el Art. 1802 del Código Civil
de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141.
Luego de realizar dos (2) vistas, los días 4 y 24 de
septiembre de 2013, y revisar los alegatos presentados por
las
partes,
el
Tribunal
de
Distrito
destacó
que
el
CT-2013-0018
4
Gobernador no había alegado tener causa para destituir al
Procurador
ni
que
este
hubiese
desempeño de sus funciones.1
sido
negligente
en
el
Asimismo, determinó que el
Procurador realizaba funciones ejecutivas, así como cuasijudiciales y algunas cuasi-legislativas.
En cuanto a las
funciones ejecutivas, el Tribunal de Distrito destacó que
el Procurador estaba encargado de seleccionar personal,
desarrollar programas de asistencia para las personas con
impedimentos,
al
igual
que
coordinar
servicios
con
agencias locales y federales.
También estaba encargado de
desarrollar
anual,
un
presupuesto
supervisar
a
los
oficiales examinadores y representar a dicha población en
los procedimientos que estén dentro de su jurisdicción,
entre otras funciones relacionadas.2
Respecto
Tribunal
de
a
las
Distrito
funciones
resaltó
que
cuasi-judiciales,
el
Procurador
el
estaba
encargado de investigar las Querellas presentadas por las
personas
con
violaciones
a
impedimentos,
relacionadas
a
sus
por
agencias
derechos
parte
de
posibles
o
entidades municipales o privadas. De igual forma, tenía la
función
de
celebrar
controversias.
vistas,
Asimismo,
transar
entre
sus
y
adjudicar
funciones
estaba
inspeccionar los expedientes de las agencias a las cuales
investigaba,
tomar
juramentos
otras actividades relacionadas.3
1
e
imponer
entre
En lo concerniente a sus
Véase Amended Opinion and Order, pág. 2 n.1.
Íd., págs. 4-5.
3
Íd., págs. 5-6.
2
multas,
CT-2013-0018
funciones
5
cuasi-legislativas,
el
Tribunal
de
Distrito
destacó que el Procurador tenía el deber de asesorar a la
Asamblea Legislativa sobre la legislación que considerara
necesaria
para
con
derechos
los
impedimentos,
desarrollar
al
política
constitucionales
igual
que
pública
de
adoptar
las
los
consistente
personas
con
reglamentos
necesarios para implantar los programas creados de acuerdo
al Plan Núm. 1-2011, supra.4
En
vista
de
lo
concluyó
que
el
Procurador
funciones
anterior,
ejecutivas,
el
Tribunal
realizaba
un
cuasi-judiciales
de
Distrito
híbrido
y
de
cuasi-
legislativas. En consideración a que nuestro Tribunal no
se ha expresado sobre cuál es la clasificación que se le
debe otorgar a este tipo de funcionario, el Tribunal de
Distrito concedió un interdicto preliminar para evitar la
destitución del Procurador hasta tanto nos expresáramos
sobre el particular y mediante el recurso de certificación
interjurisdiccional
nos
consultó
las
siguientes
controversias de derecho exclusivo estatal:
(1) Si
el
Procurador
para
las
Personas
con
Impedimentos de Puerto Rico, por sus funciones,
disfruta de un derecho limitado de propiedad para
permanecer en su puesto por la duración del término
fijo sujeto a ―justa causa‖ según definido en ley.
(2) Si la restricción de ―justa causa‖ impuesta al
Gobernador para remover al peticionario de su
posición debe considerarse como una interferencia a
su
capacidad
para
realizar
sus
deberes
constitucionales
y
ejecutar
propiamente
sus
obligaciones.
4
Íd., págs. 6-7.
CT-2013-0018
6
(3) ¿Qué factores debe la
realizar esa determinación?
Corte
considerar
al
(4) De existir un derecho de propiedad limitado bajo
la ley de Puerto Rico, si el demandante perdería
dicho derecho bajo la doctrina de inmunidad
legislativa levantada por los demandados.
Luego de haber expedido el recurso de certificación,
procedemos a contestar las preguntas certificadas.
III
A. Origen y evolución de la Oficina del Procurador de
las Personas con Impedimentos
Mediante la Ley Núm. 2 de 27 de septiembre de 1985
(Ley
Núm.
2-1985),
3
LPRA
ant.
sec.
532
et
seq.,5
la
Asamblea Legislativa de Puerto Rico creó la Oficina del
Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI). Según
se desprendía del Art. 3 de esta ley, 3 LPRA ant. sec.
532b, el propósito de la OPPI era:
servir como instrumento de coordinación para
atender
y
viabilizar
la
solución
de
los
problemas,
necesidades
y
reclamos
de
las
personas con impedimentos en las áreas de la
educación, la salud, el empleo, y la libre
iniciativa empresarial o comercial, de los
derechos civiles y políticos, de la legislación
social, laboral y contributiva, de la vivienda,
la transportación, la recreación y la cultura,
entre otras. Asimismo, tendrá la responsabilidad
de establecer y llevar a cabo un programa de
asistencia, orientación y asesoramiento para la
protección de las personas con impedimentos.
La legislación establecía que entre las funciones y
responsabilidades
de
la
OPPI
estaba
llevar
a
cabo
programas de asesoría, orientación y servicios para las
personas
5
con
impedimentos.
3
LPRA
ant.
sec.
532e.
Esta ley fue derogada mediante el Plan de Reorganización Núm. 12011, supra, el cual a su vez fue derogado por la Ley Núm. 75-2013.
CT-2013-0018
Asimismo,
públicas
7
serviría
y
población.
como
mediadora
que
le
privadas
Entre
sus
con
ofrecían
funciones
las
agencias
servicios
también
se
a
esta
encontraba
fomentar la integración de las personas con impedimentos
en diversas áreas de la comunidad. Además, uno
deberes
de
la
OPPI
era
mantener
de los
actualizadas
las
estadísticas sobre esta población, crear un catálogo sobre
los
programas
dirigidos
a
ofrecerles
servicios
a
las
personas con impedimentos y velar porque estas no fueran
discriminadas.
estaba
Cónsono
orientar
a
con
esta
esto,
entre
sus
funciones
población
sobre
sus
derechos,
establecer un programa mediante el cual pudiesen canalizar
sus reclamos sobre la inacción de las agencias públicas,
además de desarrollar nuevos métodos para que las personas
con impedimentos pudieran desarrollarse al máximo. Íd.
Estas
funciones
se
mantuvieron
inalteradas
por
diecisiete (17) años. No es hasta el 2002, que la Asamblea
Legislativa
vuelve
a
expresarse
sobre
el
particular
y
enmienda el anterior Art. 3 de la Ley Núm. 2-1985, supra,
para
establecer
jurídica
que
la
OPPI
debía
independiente
y
separada
ser
de
una
―entidad
cualquier
otra
agencia o entidad pública‖. Ley Núm. 9-2002, 3 LPRA ant.
sec. 532b.
de
la
Según se desprende de la Exposición de Motivos
anterior
independizó
Ley
para
Núm.
9-2002,
supra,
que
ejerciera
fiscalizadoras de una manera más efectiva.
sus
la
OPPI
se
funciones
CT-2013-0018
8
Asimismo,
mediante
la
Ley
Núm.
9-2002,
supra,
el
legislador expresó una preocupación porque la posición del
Procurador
estuviese
expuesta
a
los
vaivenes
políticos
cada cuatro (4) años y enmendó la anterior Ley Núm. 21985,
supra,
para
disponer
que
el
Procurador
sería
nombrado con el consejo y consentimiento del Senado de
Puerto Rico por un término de diez (10) años, 23 LPRA ant.
sec. 532b-1.
Asimismo, se dispuso que previa notificación
y vista, el gobernador tenía la prerrogativa de declarar
vacante
el
puesto
cuando
el
procurador
designado
fuera
negligente en el desempeño de sus funciones. Al respecto,
estableció como causas de destitución ―los delitos contra
la función pública, delitos contra el erario público y
delitos
graves,
o
cualquier
delito
menos
grave
que
conlleve depravación moral‖. Íd.
Empero, con las enmiendas del 2002 el legislador no
derogó
o
modificó
las
facultades
que
le
habían
sido
concedidas al Procurador mediante la anterior Ley Núm. 21985, supra. Específicamente, al Procurador se le había
delegado la función de mantener la organización interna de
la OPPI, al igual que llevar a cabo todas las acciones
administrativas
y
gerenciales
necesarias
para
poder
cumplir con los objetivos de la ley. 3 LPRA ant. sec.
532f. Asimismo, se le delegó la facultad de nombrar al
personal necesario para cumplir con los propósitos de la
ley, administrar el presupuesto de la OPPI y concertar los
acuerdos con el Gobierno de Puerto Rico y Estados Unidos a
CT-2013-0018
9
los fines de proteger los derechos de las personas con
impedimentos. Íd.
Anualmente, el Procurador debía rendir
un Informe al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de
Puerto
Rico
en
el
que
debía
incluir
sus
logros,
los
programas desarrollados, asuntos y querellas atendidas, al
igual que un análisis del manejo de los fondos asignados
durante ese año.
Así
las
cosas,
las
facultades
y
deberes
del
Procurador se mantuvieron inalterados por veintiséis (26)
años. No es hasta la aprobación del Plan de Reorganización
Núm. 1-2011, conocido como el Plan de Reorganización de
las
Procuradurías,
modificaciones.
De
que
se
primera
incluyeron
instancia,
al
algunas
revisar
la
política pública del Plan Núm. 1-2011, supra, parecería
que la anterior Ley Núm. 2-1985, supra, sufrió cambios
significativos.
Sin
embargo,
luego
de
analizar
la
legislación con detenimiento y profundidad nos percatamos
de que esto no ocurrió.
Con la aprobación de este plan se
creó la Oficina de Administración de Procuradurías (OAP),
bajo la cual se consolidaron las facultades, funciones y
deberes
de
la
Oficina
del
Procurador
de
la
Salud,
la
Oficina del Procurador de las Personas Pensionadas y de la
Tercera Edad, la Oficina del Procurador de los Veteranos y
la
Oficina
del
Procurador
Impedimentos.
La
integrar
servicios
los
creación
de
de
las
esta
ofrecidos
Personas
Oficina
por
con
buscaba
todas
las
procuradurías, mientras que se mantenía la independencia
CT-2013-0018
10
de criterio de cada procurador.
como
propósito
hacerse
Es decir, la OAP tenía
cargo
de
las
funciones
administrativas de las agencias, para que cada Procurador
dirigiera todos sus esfuerzos a velar por la población
representada por cada uno. 3 LPRA ant. Ap. XVII.
Las
funciones
los
administrativas
que
eran
realizadas
por
procuradores fueron delegadas a un Administrador que sería
nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento
del Senado por un término de cinco (5) años, esto con el
propósito
de
maximizar
ciudadanos. Íd.
los
servicios
ofrecidos
a
los
En síntesis, el legislador dispuso lo
siguiente:
Es política pública de esta Administración
fortalecer y ampliar las facultades, funciones y
deberes de los Procuradores de fiscalizar,
educar, coordinar servicios y abogar por los
derechos de las poblaciones que representan,
enfatizando a su vez las responsabilidades que
tienen las agencias y entidades correspondientes
con las diversas poblaciones aquí mencionadas de
brindarles servicios directos de calidad, justo
y con el respeto que éstos ameritan. Íd.
A
tenor
con
esta
mantuvo
las
facultades
política
y
pública,
deberes
que
el
le
legislador
habían
sido
otorgadas al Procurador de las Personas con Impedimentos
en
la
anterior
Ley
Núm.
2-1985,
supra.
No
obstante,
añadió que el Procurador debía asesorar al Gobernador y a
la Asamblea Legislativa sobre la legislación pertinente
para implantar la política pública dispuesta en el Plan.
Asimismo,
debía
privadas
con
el
asesorar
a
propósito
las
de
agencias
mejorar
y
entidades
los
servicios
CT-2013-0018
11
prestados
y
debía
anual
la
Oficina
a
remitir
de
una
petición
Gerencia
y
de
presupuesto
Presupuesto.
Íd.
Ciertamente, hay diferencia en cuanto a las disposiciones
relativas a las funciones de administración y operación
internas
de
la
legislativas
y
OAP.
No
obstante,
las
cuasi-judiciales
del
funciones
cuasi-
Procurador
se
mantuvieron inalteradas. Consecuentemente, no hay duda de
que las facultades y deberes delegados al Procurador no
sufrieron cambios significativos desde la creación de la
OPPI en el 1985.
Dos (2) años después, el 24 de julio de 2013, la Ley
Núm. 75-2013, supra, derogó el Plan de Reorganización de
las Procuradurías, supra.
Esto porque los legisladores
entendieron que el mismo solo había causado la pérdida de
fondos federales y no había cumplido con el objetivo de
que los servicios brindados a los ciudadanos fueran más
eficientes.
En
esencia,
el
legislador
justificó
la
derogación del Plan porque las Oficinas no habían sido
evaluadas conforme al Consejo de Modernización de la Rama
Ejecutiva, creado por virtud de la reorganización para,
entre
otras
cosas,
evaluar
el
funcionamiento
de
los
departamentos ejecutivos. Véase Ley Núm. 182-2009, 3 LPRA
sec. 8821 et seq.
Ahora bien, el mismo día en que se derogó el Plan de
Reorganización de las Procuradurías,
supra, la Asamblea
Legislativa aprobó la Ley Núm. 78-2013, conocida como la
CT-2013-0018
12
Ley del Procurador de las Personas con Impedimentos del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mediante la cual
creó
la
Oficina
Impedimentos
del
del
Procurador
Estado
Libre
de
las
Asociado
de
Personas
con
Puerto
Rico.
Esta ley incorporó el lenguaje que se había utilizado para
enmendar el Art. 3 de la Ley Núm. 2-1985, supra. El Art. 4
de la nueva ley estableció lo siguiente:
Se crea. . . como una entidad jurídica
independiente y separada de cualquier otra
agencia, la cual tendrá, entre otras funciones
dispuestas en esta Ley, la responsabilidad de
servir como instrumento de coordinación para
entender
y
solucionar
los
problemas,
las
necesidades y reclamos de las personas con
impedimentos.
Además de retomar la idea de la OPPI como una entidad
jurídica independiente, esta ley también sostuvo que el
Procurador iba a ser nombrado por el Gobernador con el
consejo y consentimiento del Senado por un término de diez
(10) años.
previsto
Asimismo, se incluyó el Consejo Consultivo
desde
1985
para
asesorar
al
Procurador
y
más
importante aún, se incluyeron ad verbatim las facultades y
responsabilidades que le habían sido otorgadas a la OPPI
mediante la Ley Núm. 2-1985, supra.
Lo mismo sucedió con
las facultades y deberes del Procurador, debido a que se
mantuvieron inalterados.
Como podemos observar, desde su creación en 1985, la
OPPI ha experimentado cambios administrativos, pero no así
en su denominación de entidad jurídica independiente que
tiene como propósito principal maximizar y fiscalizar los
CT-2013-0018
servicios
13
que
les
impedimentos.
Sin
son
otorgados
reparos,
a
las
personas
podemos
con
concluir
que
continuamente los legisladores han estado preocupados por
los
servicios
impedimentos
y
que
se
le
han
sido
otorgan
a
las
personas
con
consistentes
en
mantener
una
agencia con cierta independencia del Ejecutivo, la cual
está
encargada
de
viabilizar
los
reclamos
contra
las
entidades públicas y privadas garantizando así que a estas
personas no se les violen los derechos consagrados en la
Constitución de Puerto Rico.
Art. II, Sec. I, Const.
E.L.A., LPRA Tomo 1, ed. 2008, pág. 272.
B. Doctrina de Separación de Poderes
Nuestro
sistema
republicano
de
gobierno
está
sustentado en la separación de poderes entre las tres (3)
ramas
de
gobierno:
la
Ejecutiva,
la
Legislativa
y
la
Judicial. Art. I, Sec. 2, Const. E.L.A., LPRA Tomo 1, ed.
2008, pág. 271.
Al respecto hemos expresado que más que a
una regla técnica de derecho, la Doctrina de Separación de
Poderes
está
invariablemente
atada
a
nuestra
comunidad
política. AAR, Ex parte, 187 DPR 835, 855 (2013). Esto
porque
la
finalidad
de
esta
doctrina
es
mantener
la
colaboración entre las tres (3) ramas de gobierno, sin que
una domine o interfiera indebidamente con la otra. Colón
Cortés v. Pesquera, 150 DPR 724, 750 (2000).
El propósito
ulterior
ciudadanos
es
proteger
la
libertad
de
los
y
CT-2013-0018
14
garantizar la independencia de cada una de las ramas de
gobierno. Íd.
En síntesis, no se pretende eliminar la interacción
entre las ramas, sino que mediante un sistema de pesos y
contrapesos
las
actuaciones
detrimentales para la otra.
judicial
sólo
puede
ser
de
una
rama
no
sean
―[S]ignifica que la función
llevada
a
cabo
por
la
Rama
Judicial, y de la misma manera, que labores no judiciales
deben ser dejadas para la correspondiente actuación de las
otras ramas‖. Íd., pág. 752 (Énfasis omitido).
C. Debido proceso de ley
El Art. II, Sec. 7 de nuestra Constitución establece
que
ninguna
persona
será
privada
de
su
libertad
o
propiedad sin un debido proceso de ley. Const. E.L.A.,
supra, pág. 296.
Véanse además
EE.UU., LPRA Tomo 1.
Emdas. V & XIV, Const.
Como es sabido, esta protección se
manifiesta tanto en su vertiente sustantiva como procesal.
En la primera se examina la validez de una ley al amparo
de la Constitución, mientras que en la vertiente procesal
se consideran las garantías mínimas que el Estado debe
resguardarle
a
propiedad
libertad.
o
un
individuo
al
Picorelli
afectarle
su
López
Depto.
v.
vida,
de
Hacienda, 179 DPR 720, 735-736 (2010); Domínguez Castro v.
E.L.A., 178 DPR 1, 46 (2010); Hernández v. Secretario, 164
DPR
390,
394-395
(2005);
Rivera
Hacienda, 119 DPR 265, 273 (1987).
Santiago
v.
Srio.
de
CT-2013-0018
15
A tenor con estas disposiciones, lógicamente hemos
reconocido que el debido proceso de ley en su vertiente
procesal
atenta
solamente
contra
el
puede
ser
interés
invocado
cuando
individual
de
el
Estado
libertad
o
propietario de una persona. González Segarra et al. v.
CFSE, 188 DPR 252, 278 (2013); Calderón Otero v. C.F.S.E.,
181 DPR 386, 398 (2011).
Por consiguiente, de existir
este interés, entonces procede que el Estado otorgue las
siguientes
proceso;
garantías:
(2)
―(1)
notificación
ante
un
proceso
juez
adecuada
del
imparcial;
(3)
oportunidad de ser oído; (4) derecho a contrainterrogar a
los
testigos
y
examinar
la
evidencia
presentada
en
su
contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que la
decisión se base en el expediente‖. González Segarra et
al. v. CFSE, supra, pág. 279 (citando a Vázquez González
v. Mun. de San Juan,
178 DPR 636 (2010)).
En fin, lo
primordial es asegurar que las actuaciones del Estado sean
justas e imparciales.
E.L.A. et al. v. Molina Figueroa,
186 DPR 461, 471 (2012); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee
Stowell, etc., 133 DPR 881, 887-888 (1993).
Cónsono con estas garantías, hemos dispuesto que ―un
empleado
en
el
servicio
público
tiene
un
reconocido
interés en la retención de su empleo, si dicho interés
está protegido por ley o cuando las circunstancias crean
una expectativa de continuidad.
factores
lo
propietario‖.
que
determina
la
Es la presencia de estos
existencia
de
un
interés
Domínguez Castro et al. v. E.L.A., supra,
CT-2013-0018
16
pág. 69; Díaz Martínez v. Policía de P.R., 134 DPR 144,
148 (1993) (citando a Orta v. Padilla Ayala, 131 DPR 227,
241 (1992)); Morales Narváez v. Gobernador, 112 DPR 761,
767 (1982); Pierson Muller I. v. Feijoó, 106 DPR 838, 852
(1978);
Board
(1972).
of
Regents
Asimismo,
empleado
ha
sido
v.
hemos
nombrado
Roth,
408
U.S.
establecido
por
un
que
periodo
564,
577
cuando
un
de
tiempo
determinado, este es acreedor de una legítima expectativa
de retención durante este tiempo.
S.L.G. Giovanetti v.
E.L.A., 161 DPR 492, 510 (2004); Depto. Recs. Naturales v.
Correa, 118 DPR 689, 697 (1987).
En
estos
acreedor
de
casos,
una
oportunidad
de
garantías
antes
es
vista
ser
necesario
informal
escuchado
descritas.
que
el
empleado
sea
donde
se
le
la
y
se
González
le
provea
resguarden
Segarra
v.
las
CFSE,
supra; Torres Solano v. P.R.T.C., 127 DPR 499 (1990). Es
decir, mientras un empleado tiene un interés propietario
sobre su empleo, no puede ser removido de este sin que se
demuestre justa causa.
D. Poder de destitución del Primer Ejecutivo
El
Poder
concentrado
E.L.A.,
Ejecutivo
en
supra,
de
nuestro
gobierno
está
Const.
el
Gobernador
de
Puerto
Rico.
pág.
402.
Para
poder
descargar
sus
funciones, en la Constitución se dispuso que este será
asistido
por
los
secretarios
de
gobierno,
los
cuales
CT-2013-0018
17
deberán ser nombrados con el consejo y consentimiento del
Senado. Const. E.L.A., supra, pág. 408.
A tenor con estas disposiciones, se le concedió la
facultad
expresa
para
―[n]ombrar,
en
la
forma
que
se
disponga por esta Constitución o por ley, a todos los
funcionarios
para
cuyo
nombramiento
Const. E.L.A., supra, pág. 403.
esté
facultado‖.
Empero, la Constitución
no contiene una disposición expresa sobre la facultad del
gobernador para destituir empleados y cuáles, si algunas,
deberían
ser
relación
a
las
las
limitaciones
funciones
gubernamentales.
de
la
realizadas
destitución
por
los
en
empleados
La única disposición relacionada es el
Art. III, Sec. 21 sobre los Procesos de Residencia. Const.
E.L.A., supra, pág. 401.
Ahora bien, al analizar con detenimiento el Diario de
Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico nos
percatamos
de
la
discusión
que
se
suscitó
ante
la
posibilidad de que la Asamblea Legislativa pudiera variar
el término de duración del cargo de los secretarios de
gobierno,
inmiscuyéndose
así
con
la
Rama
Ejecutiva.
3
Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 22682271 (1952). Ante la preocupación de que esto no fuera
cónsono
con
el
sistema
republicano
de
gobierno
que
se
pretendía perpetuar mediante la Constitución, el delegado
señor Gutiérrez Franqui atendió la controversia y propuso
que no se debía establecer un término de duración para los
cargos de los secretarios de gobierno.
Para justificar su
CT-2013-0018
propuesta,
18
el
delegado
hizo
un
recuento
de
cómo
el
problema había sido atendido en los Estados Unidos.
Luego de exponer la normativa dispuesta en Myers v.
U.S., 272 U.S. 52 (1926) y en Humphrey’s Ex’r v. U.S., 295
U.S.
602
(1935),
la
misma
fue
acogida
por
el
voto
de
cincuenta y cuatro (54) delegados. Posteriormente, este
Tribunal se expresó por primera vez sobre el particular en
el año 2005.
En
Guzmán
contestamos
v.
en
Calderón,
la
164
DPR
negativa
220
una
(2005),
certificación
interjurisdiccional emitida por el Tribunal de Distrito
sobre si el requisito de justa causa para la destitución
de
un
integrante
Corporación
de
de
la
Puerto
Junta
Rico
de
para
Directores
la
Difusión
infringía las facultades constitucionales
de
la
Pública
que le fueron
otorgadas al Gobernador. Íd., pág. 224.
Esta
pregunta
surgió
luego
de
que
la
entonces
Gobernadora, Sila M. Calderón, destituyera al Sr. Arturo
Guzmán
Vargas
por
insubordinación
y
este
instara
una
Demanda alegando que se le habían violado sus derechos
civiles.
En
síntesis,
concluimos
que
este
no
realizaba
funciones puramente ejecutivas, sino que le habían sido
delegadas
funciones
cuasi-legislativas
dentro
de
una
agencia con personalidad jurídica independiente, lo que
justificaba
las
restricciones
impuestas
al
poder
de
destitución del Gobernador. Por consiguiente, el requisito
de
justa
causa
requerido
para
la
destitución
de
este
CT-2013-0018
funcionario
19
no
infringía
las
facultades
del
Gobernador
para descargar sus funciones ejecutivas.
Ese mismo año, el 17 de junio de 2005, este Tribunal
nuevamente
acogió
una
certificación
Distrito.
Véase
Santana
v.
del
Gobernadora,
Tribunal
de
165
28
DPR
(2005). En específico, contestamos que al amparo de la
Constitución
de
facultad
para
Consejo
de
Concluimos
Puerto
Rico,
la
destituir
a
Directora
la
Gobernadora
tenía
la
Ejecutiva
del
Desarrollo
Ocupacional
y
que
Directora
Ejecutiva
la
Recursos
Humanos.
realizaba
actividades dirigidas a establecer la política pública del
País,
por
consiguiente,
sus
funciones
eran
puramente
ejecutivas, lo cual no le otorgaba un interés propietario
sobre su empleo.
Cónsono con lo anterior, el término de
cuatro
impuesto
(4)
años
en
la
ley
era
uno
puramente
directivo que no impedía la remoción de la funcionaria
pública. Íd., págs. 62-63.
En ambos casos, hicimos referencia a lo dispuesto en
Myers v. U.S., supra, y en Humphrey’s Executor v. U.S.,
supra.
por
los
No obstante y para ser cónsonos con lo adoptado
delegados
de
nuestra
Asamblea
Constituyente,
elaboramos sobre cómo la doctrina había evolucionado en
Estados
Unidos.
Así,
destacamos
cómo
lo
dispuesto
en
Humphrey’s Executor v. U.S., supra, fue reiterado por el
Tribunal Supremo en Wiener v. United States, 357 U.S. 348
(1958).
CT-2013-0018
20
Asimismo, recurrimos a lo establecido posteriormente
en
Morrison
v.
Olson,
487
U.S.
654
(1988),
donde
se
dispuso que el análisis sobre la facultad de destitución
que se tiene sobre un empleado no puede limitarse al tipo
de función que este realiza.
A pesar de que esto es
esencial para el análisis, es imprescindible evaluar si
las restricciones impuestas por la Asamblea Legislativa
inciden en la capacidad del Presidente de cumplir y hacer
cumplir
las
determinación
leyes.
no
Es
decir,
violente
la
es
imperativo
separación
de
que
la
poderes
que
caracteriza nuestro sistema de gobierno.
En síntesis, y reconociendo que hay cierta tensión
entre lo resuelto en Humphrey’s Executor v. U.S., supra y
en Morrison v. Olson, supra,6 al momento de evaluar el
poder de destitución del primer ejecutivo se tendrá que
tener en consideración un híbrido de lo resuelto en ambos
casos.
Es decir, en primer lugar se deberá determinar
caso a caso la naturaleza de las funciones que realiza el
empleado
que
va
a
ser
destituido
de
su
cargo.
Al
determinar si las funciones de un empleado son ejecutivas,
cuasi-legislativas o cuasi-judiciales, estamos atendiendo
la
normativa
propuesta
en
Humphrey’s
Executor
v.
U.S.,
supra.7
6
W. Vázquez Irizarry, Los poderes del Gobernador de Puerto Rico y el
uso de órdenes ejecutivas, 76 Rev. Jur. U.P.R. 951, 1005 (2007).
7
En Humphrey’s Ex’r v. U.S., supra, el Tribunal Supremo federal se
enfrentó al reclamo de William E. Humphrey (en adelante ―Humphrey‖),
el cual había sido nominado y confirmado por el Senado para presidir
el Federal Trade Commission (FTC) por un término de siete (7) años.
Este nombramiento fue otorgado bajo el mandato del ex Presidente de
los Estados Unidos, Herbert Clark Hoover.
No obstante, cuando su
CT-2013-0018
21
Esto implica que en la única instancia en la que un
empleado
gubernamental
es
de
libre
remoción
por
el
Gobernador es cuando este realiza funciones ejecutivas.
Es decir, cuando el empleado incide en la formulación de
política
pública,
lo
cual
es
una
función
de
la
Rama
Ejecutiva. Empero, en el caso de que un empleado realice
funciones
primordialmente
cuasi-legislativas
judiciales,
al
Gobernador
demuestre
justa
causa
contrario,
estaríamos
principio
estos
político
casos,
la
de
o
se
le
podrá
para
su
destitución.
requerir
lo
violación
del
una
separación
poderes.
Asamblea
Legislativa
que
De
permitiendo
de
cuasi-
le
Así,
podrá
en
imponer
restricciones al Gobernador para la destitución de estos
empleados.
Sin
embargo,
suficiente.
este
análisis
por
Corresponde
analizar
la
circunstancias
independientemente
para
de
determinar,
las
funciones
sí
solo
no
es
totalidad
de
las
además,
que
realiza
si
el
funcionario, las restricciones impuestas por la Asamblea
predecesor, el presidente Franklin D. Roosevelt asumió el poder,
destituyó a Humphrey de su puesto porque entendió que los objetivos de
su administración podían ser alcanzados con mayor eficiencia si él
seleccionaba el líder de la FTC.
Al analizar esta controversia el
tribunal reconoció que la comisión era apolítica, de manera que la
naturaleza de las funciones realizadas en la FTC exigía imparcialidad.
Íd., pág. 624. Asimismo, concluyó además que las funciones del líder
de la FTC no eran propiamente ejecutivas, sino predominantemente
cuasi-judiciales y cuasi-legislativas. El tribunal entendió que el
hecho de que la Asamblea Legislativa le asignara un término mayor al
del servicio del presidente fue con el propósito de que la comisión
pudiese implementar la ley de una manera justa y efectiva.
En
síntesis, la intención de los legisladores fue crear una comisión que
pudiese ejercer su criterio libre e independientemente, sin estar a
merced de la rama ejecutiva.
CT-2013-0018
22
Legislativa
inciden
en
la
facultad
del
Gobernador
de
descargar sus funciones ejecutivas.
E. Doctrina de la Inmunidad Legislativa
La Constitución de Puerto Rico establece que ―[l]a
Asamblea
Legislativa
consolidar
o
tendrá
reorganizar
definir sus funciones‖.
facultad
para
departamentos
crear,
ejecutivos
y
Const. E.L.A., supra, pág. 396.
Asimismo, el Art. III, Sec. 14 de nuestra Constitución
dispone
que:
gozará
de
―todo
miembro
inmunidad
de
la
Asamblea
Legislativa
por
votos
parlamentaria
sus
y
expresiones en una u otra cámara o en cualquiera de sus
comisiones‖. Íd., pág. 392.
Al
interpretar
esta
última
disposición
constitucional, en Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115
DPR 368, 379 (1984), especificamos que la protección se
extendía
decir,
a
a
las
―los
actividades
legislativas
procesos
deliberación,
de
legítimas.
Es
comunicación,
investigación, e información y actos necesarios para el
desarrollo
del
proceso
legislativo‖.
Vélez
Colberg Ramírez, 117 DPR 873, 876 (1986).
Ramírez
v.
Lo determinante
para otorgar esta protección es la ―naturaleza del acto y
su
relación
inherente
a
con
las
el
proceso
funciones
deliberativo
y
de
parlamentarias‖.
Hernández Agosto, 118 DPR 45, 60 (1986).
votación
Silva
v.
Véase además
Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 DPR 443, 455 (2006).
Tanto es así, que hemos concluido que la doctrina cobija a
CT-2013-0018
23
los ayudantes de los legisladores, pues lo importante no
es quién lleva a cabo la actividad, sino el acto en sí
mismo. Silva v. Hernández Agosto, supra, pág. 60. Por otra
parte, el Tribunal Supremo federal ha reconocido que la
Doctrina de Inmunidad cobija a funcionarios fuera de la
Asamblea Legislativa, en tanto estén realizando funciones
legislativas.
Bogan
v.
Scott-Harris,
523
U.S.
44,
55
(1998).
La inmunidad legislativa o parlamentaria tiene dos
(2) funciones: una sustantiva y otra evidenciaria.
Es
decir, no tan solo protege a los miembros de la Asamblea
Legislativa
de
responsabilidad
civil
y
criminal
por
actuaciones legítimas dentro de los procesos legislativos,
sino
que
acción
tampoco
civil
permite
que
estos
sean
parte
de
una
relacionada
con
estas
actuaciones,
ni
que
testifiquen al respecto. Pres. del Senado, 148 DPR 737,
769 (1999). Véase además In re Figueroa Vivas, 149 DPR 557
(1999). ―Limitarle a un miembro de la Asamblea Legislativa
su
función
o
prerrogativa
de
informar,
fiscalizar
o
debatir asuntos de interés público necesariamente lacera
las
prerrogativas
constitucionales
causándole un daño real‖.
de
ese
legislador
Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera
Schatz, 180 DPR 920, 963 (2011).
Cónsono
subyacen
la
con
estas
actuación
disposiciones,
legislativa
los
están
fuera del ámbito de revisión judicial.
motivos
que
completamente
Pres. del Senado,
CT-2013-0018
24
supra, pág. 769; Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115
DPR
368,
379-380
(1984).
De
lo
contrario,
además
de
validarse una interferencia indebida de la Rama Judicial
en los quehaceres de la Asamblea Legislativa, la inmunidad
perdería todo su valor. Es fundamental destacar que el
propósito de esta doctrina es precisamente preservar la
independencia de la Rama Legislativa y así salvaguardar la
separación de poderes. Romero Barceló v. Hernández Agosto,
supra, pág. 379.
Empero, hemos sido consistentes en reiterar que las
actuaciones de la Asamblea Legislativa no están exentas de
revisión
judicial.
Es
es
decir,
llamada
inmunidad
legislativa
no
tribunales,
y
contornos‖.
Vélez Ramírez v. Colberg Toro, supra, pág.
no
absoluta,
la
al
Poder
―[c]orresponde
Legislativo,
a
los
definir
sus
876 (citando a Romero Barceló v. Hernández Agosto, supra);
Silva v. Hernández Agosto, supra, pág. 59.
Como ya hemos mencionado, desde Silva v. Hernández
Agosto, supra, reconocimos que no todo acto legislativo
está
protegido,
siendo
imprescindible
que
distingamos
entre un acto legislativo y una acción no legislativa.8
8
Para ejemplificar la distinción de este razonamiento, en Acevedo Vilá
v. Aponte Hernández, 168 DPR 443, 455-459 (2006), recurrimos a lo
resuelto por otras jurisdicciones. Así, por ejemplo, destacamos cómo
en el más alto foro del estado de Kentucky se concluyó que el acto de
firmar una medida luego de que esta había sido aprobada por ambos
cuerpos legislativos no constituye un acto discrecional legislativo
del Presidente del Senado.
Por el contrario, se consideró como un
acto ministerial que de ser incumplido, procedería otorgar un
mandamus.
Kavanaugh v. Chandler, 72 S.W.2d 1003 (1934).
Asimismo,
destacamos cómo el Tribunal Supremo de Missouri concluyó que el acto
de certificar al Gobernador electo no es uno legislativo, sino uno
ministerial, independientemente de si es llevado a cabo por el
CT-2013-0018
25
Por consiguiente, al momento de considerar la aplicación
de
la
inmunidad
cautelosos
al
protegiendo.
parlamentaria,
establecer
Esto
debido
cuál
a
tenemos
es
que
el
la
que
acto
ser
bien
que
estamos
inmunidad
absoluta
solamente aplica cuando el acto está enmarcado dentro de
la capacidad legislativa. Como corolario, se ha concluido
que el Presidente está cobijado por esta inmunidad cuando
firma o veta una ley aprobada por el Congreso.
Es decir,
este acto está cobijado por absoluta inmunidad debido a
que es considerado parte del proceso legislativo.
Torres
Rivera v. Calderón Serra, 412 F.3d 205, 213 (2005)(citando
a Smiley v. Holm, 285 U.S. 355, 372-373 (1932); Women´s
Emergency Network v. Bush, 323 F.3d 937, 950 (11mo Cir.
2003)); Bogan v. Scott Harris, 523 U.S. 44, 55 (1998).
No
obstante,
la
las
legislación
acciones
no
están
que
se
toman
cobijadas
para
por
implantar
la
inmunidad
legislativa, sino que deben ser evaluadas a la luz de la
inmunidad cualificada. Íd., pág. 214 (citando a Scheuer v.
Rhodes, 416 U.S. 232 (1974)).9
Presidente de la Cámara de Representantes.
State v. Osburn, 147
S.W.2d 1065 (1941). Luego de distinguir entre un acto legislativo y
uno ministerial, en aquella ocasión concluimos que después de que un
proyecto ha sido aprobado por ambas cámaras, la Asamblea Legislativa
no tiene discreción para elegir si lo presenta o no ante el
gobernador.
Por consiguiente, este acto no está cubierto por la
inmunidad legislativa, procediendo el recurso de mandamus.
Acevedo
Vilá v. Aponte Hernández, supra, pág. 464.
9
En Scheuer v. Rhodes, supra, pág. 248, el Tribunal Supremo federal
citó con aprobación las siguientes expresiones del Juez Hughes:
If this extreme position could be deemed to be well
taken, it is manifest that the fiat of a state Governor,
and not the Constitution of the United States, would be
the supreme law of the land; that the restrictions of the
Federal Constitution upon the exercise of state power
would be but impotent phrases, the futility of which the
CT-2013-0018
26
Cónsono
con
estas
disposiciones,
varias
jurisdicciones han diferenciado un acto legislativo de uno
administrativo
con
el
propósito
absoluta solamente al primero.
de
otorgarle
inmunidad
Para esto, han establecido
que es preciso abordar la naturaleza de los hechos que
subyacen el acto en controversia. Si estos hechos están
basados
en
política
pública
Ahora
bien,
generalizaciones
adoptada,
si
los
hechas
se
hechos
en
relación
consideran
que
a
la
legislativos.
subyacen
son
más
específicos, es decir, están relacionados a individuos o
situaciones
particulares,
se
consideran
administrativos.
Asimismo, se ha reconocido que se puede distinguir entre
una acción administrativa y una legislativa mediante la
particularidad del impacto de la acción.
Es decir, cuando
la acción concierne la aplicación de una política general
podemos
establecer
que
es
legislativa.
Sin
embargo,
cuando va dirigida a afectar a un ciudadano en particular,
se considera administrativa. Cutting v. Muzzey, 724 F.2d
259, 261 (1er Cir. 1984).
Véase además Acevedo-Cordero v.
Cordero-Santiago, 958 F.2d 20, 23 (1er Cir. 1992); Orange
Lake Associates, Inc. v. Kirkpatrick, 21 F.3d 1214 (2do
Cir. 1994).
uno
Esta distinción entre un acto legislativo y
administrativo
también
fue
adoptada
por
el
Tercer
Circuito en Flower-Nash v. Democratic Caucus of Pa. House
State may at any time disclose by the simple process of
transferring powers of legislation to the Governor to be
exercised by him, beyond control, upon his assertion of
necessity. Under our system of government, such a
conclusion is obviously untenable.
CT-2013-0018
27
of Representatives, 496 F.3d 328 (3er Cir. 2006).
esto,
además
de
considerar
las
expresiones
del
Para
Primer
Circuito en Cutting v. Muzzey, supra, el Tercer Circuito
destacó cómo el análisis es cónsono con lo expuesto por el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Forrester v.
White,
484
U.S.
219,
(1988).10
227
Flower-Nash
v.
Democratic Caucus of Pa. House of Representatives, supra,
págs. 332-333.
El resultado de esta teoría es que puede
ser que ―un legislador no reciba inmunidad absoluta por
acciones que son administrativas en su naturaleza, y por
el
contrario,
absoluta
un
por
oficial
acciones
ejecutivo
que
son
reciba
inmunidad
legislativas
en
su
naturaleza‖.
Miles-Un-Ltd., Inc. v. Town of New Shoreham,
R.I.,
F.Supp.
917
91,
99
(D.
New
Hampshire,
1996)(Traducción suplida).
A continuación esbozaremos algunas determinaciones a
las que se han llegado aplicando la distinción entre un
acto
legislativo
y
uno
administrativo.
En
Negrón-
Gaztambide v. Hernández-Torres, 35 F.3d 25, 28 (1er Cir.
1994), el Primer Circuito concluyó que la destitución de
la
demandante,
una
bibliotecaria
de
la
Oficina
de
Servicios Legislativos, fue un acto administrativo y por
consiguiente,
10
el
demandado
no
estaba
cobijado
bajo
la
En esta ocasión, el Tribunal Supremo federal entendió que la
destitución de un empleado hecha por el Juez White no estaba cobijada
por la inmunidad judicial absoluta, debido a que este estaba actuando
dentro de su capacidad administrativa.
Forrester v. White, supra,
pág. 229.
En su análisis, el tribunal expresó que estaba siendo
consistente con el tratamiento que se le había otorgado a la
inmunidad, en cuanto se examinaban las funciones realizadas por el
oficial
y
posteriormente
se
evaluaba
si
las
actuaciones
en
controversia eran cónsonas con estas funciones. Íd., pág. 224.
CT-2013-0018
28
inmunidad legislativa absoluta, procediendo así la Demanda
bajo
el
42
U.S.C.A.
sec.
1983.11
Para
sustentar
esta
conclusión, el Primer Circuito hizo referencia a Forrester
v. White, supra, en la que el Tribunal Supremo federal
determinó
que
administrativa
un
juez
cuando
estatal
destituyó
actuó
a
en
un
su
capacidad
subordinado.
Por
otra parte, en Roberson v. Mullins, 29 F.3d 132 (4to Cir.
1994), el Cuarto Circuito se enfrentó a la destitución de
un miembro de una junta de directores de un county por su
afiliación
política.
destitución
no
El
estaba
Tribunal
entendió
que
con
proceso
relacionada
el
la
legislativo, por consiguiente, la junta de directores no
actuó
dentro
inaplicable
de
la
sus
capacidades
inmunidad
legislativas,
legislativa.
Para
siendo
ejemplos
adicionales, véanse Gross v. Winter, 876 F.2d 165, 172-173
(D.C.Cir. 1989); Raterree v. Rockett, 852 F.2d 946 (7mo
Cir. 1988).
A
tenor
con
todas
estas
disposiciones,
podemos
concluir que para aplicar la inmunidad legislativa tenemos
que
11
considerar
la
naturaleza
del
acto
en
controversia,
A pesar que citamos con aprobación esta jurisprudencia, es necesario
hacer varios señalamientos. En primer lugar, en Negrón Gaztambide v.
Hernández Torres, supra, se trataba de un bibliotecario, mientras que
en Vélez Ramírez v. Colberg Ramírez, supra, se trataba del Director de
la Biblioteca de Servicios Legislativos. Además de esto, en la
controversia de autos no nos estamos enfrentando a un despido de
personal legislativo. Por consiguiente, de ser planteado ante nuestra
consideración, en su momento consideraremos la distinción entre un
acto administrativo y legislativo, a la luz de Forrester v. White,
supra, y la revocación expresa de Browning v. Clerk, 789 F.2d 923
(D.C.Cir. 1986) en Fields v. Office of Eddie Bernice Johnson, 459 F.3d
1 (D.C.Cir. 2006), en el contexto particular de un funcionario
legislativo.
CT-2013-0018
29
pues solamente está protegido aquel dirigido a establecer
política
pública
y
que
es
cónsono
con
los
procesos
legislativos.
No podemos otorgarle la misma protección a
aquellos
cuya
actos
naturaleza
es
administrativa
y
van
dirigidos a afectar a un individuo en particular.12
F. La abolición de un cargo y posterior creación del mismo
como subterfugio de la Asamblea Legislativa para la
destitución de un empleado
Por otra parte, los demandados reiteradamente aducen
que la derogación de la Ley Núm. 75-2013, supra, y la
subsiguiente
aprobación
de
la
Ley
Núm.
78-2013,
supra,
hacen que la remoción del Procurador sea una actuación
válida del Gobernador en cumplimiento con la ley y no una
destitución. Para esto, vehementemente citan lo resuelto
por esta Curia en Gómez v. Negrón, 65 DPR 305 (1945).
Particularmente,
incumbente
en
acepta
lo
un
concerniente
a
cargo
por
creado
que
la
cuando
un
Asamblea
Legislativa, lo hace bajo el entendido de que este puede
ser abolido en cualquier momento.
12
Por consiguiente, del
Cónsono
con
esta
distinción
entre
un
acto
legislativo
y
administrativo, es pertinente destacar que en Baraka v. McGreevey, 481
F.3d 187, 200 (3er Cir. 2007), el Tercer Circuito también reconoció
una distinción entre eliminar la posición de un empleado público y la
destitución de un solo individuo, estando la primera acción cobijada
por la inmunidad legislativa, no así la segunda. El tribunal expresó
que ―despedir a un empleado en particular es una decisión de personal
que no envuelve la creación de política pública‖. Íd. (citando a In
re Montgomery County, 215 F.3d 367 (3er Cir. 2000) (Traducción
suplida). Así, el Tribunal sostuvo la destitución de Baraka debido a
que este no tenía un interés propietario sobre la posición de poeta,
pues esta había sido abolida mediante un acto legislativo válido. Por
consiguiente, la actuación del Gobernador fue un acto legislativo
acreedor de protección. Véase además Leapheart v. Williamson, 705 F.3d
310 (8vo Cir. 2013). Esta jurisprudencia, contrario a lo argumentado
por la Procuradora General, no es idéntica a la situación de autos
debido a que en Baraka v. McGreevy, supra, el Tribunal no se enfrentó
a que la Asamblea Legislativa posteriormente creara otro puesto igual
al del empleado destituido, pero con otro nombre.
CT-2013-0018
30
cargo ser abolido, no puede alegarse que al funcionario se
le
está
privando
de
algún
derecho
constitucional.
Íd.,
pág. 312.
Ahora bien, para poder hacer un análisis responsable
de estas expresiones, es menester reconocer que las mismas
fueron
hechas
luego
derecho
está
circunscrito
anterior
Ley
de
de
que
a
Servicio
estableciéramos
las
que
limitaciones
Civil.
de
este
la
Específicamente,
dispusimos lo siguiente:
Los
casos
resueltos
por
esta
Corte
sosteniendo la doctrina de que la abolición de
un cargo y la creación de otro con distinto
nombre
pero
con
los
mismos
deberes
y
obligaciones, no priva al incumbente del primero
del derecho a ser designado para el segundo, han
sido casos no sólo de cargos o empleos dentro
del Servicio Civil Clasificado, sino que los
hechos han demostrado que el funcionario o
empleado había adquirido un status permanente en
dicho Servicio.
Véanse Cruz v. Buscaglia,
supra; Rosario v. Cuevas, Comisionado, 60 DPR
470; Géigel Polanco v. Rivera Martínez, 48 DPR
124 y Romero v. Gore, 46 DPR 408.
Con las limitaciones que la Ley de Servicio
Civil contiene para la protección de aquellos
funcionarios o empleados que tengan reconocido
un
status
permanente
dentro
del
Servicio
Clasificado,
no
existe,
pues,
lo
que
el
peticionario
califica
de
su
ʽstatus
como
funcionario público con derecho a permanecer en
su
puestoʼ
por
un
término
fijo,
si
la
Legislatura ha tenido a bien abolir su puesto.
Íd., págs. 308-309 (Énfasis omitido).
Mediante estas expresiones, el Tribunal reconoció y
validó lo dispuesto en Rosario v. Cuevas, Comisionado, 60
DPR 470 (1942). ―Un mero cambio de nombre no es por sí
solo suficiente para crear un nuevo cargo y abolir el que
CT-2013-0018
existía
31
anteriormente.
Cuando
se
suprime
un
cargo
y
enseguida se crea otro bajo una nueva designación, pero
con iguales deberes que el anterior, las cortes amparan al
funcionario perjudicado, por entender que el cambio se ha
hecho con el propósito de evadir las leyes del Servicio
Civil‖.13
Íd.,
págs.
476-477.
Esta
norma
ha
sido
reiterada por esta Curia aún después de aprobada nuestra
Constitución.
Véanse Caballero v. Romero Barceló, 103 DPR
1, 4-5 (1974); González v. Gobierno Municipal, 101 DPR
755, 759 (1973); Centeno Rivera v. Pacheco de Algarín, 94
DPR 528, 533 (1967); Figueroa v. López, Alcalde, 89 DPR
474, 481 (1963). Por consiguiente, este Tribunal ha sido
consistente
en
rechazar
actuaciones
de
la
Asamblea
Legislativa que van dirigidas únicamente a destituir a un
funcionario de su cargo.
Es a tenor con toda esta normativa que resolvimos
Gómez v. Negrón, supra.
Es precisamente por esta razón
que en aquella ocasión analizamos si el cargo de Fiscal
del Tribunal Supremo que fue creado era el mismo que el
abolido por la Asamblea Legislativa.
Luego de analizar
ambos cargos, concluimos que la forma y el término de los
nombramientos eran fundamentalmente diferentes. Íd., págs.
310-311.
13
Por consiguiente, se determinó que cuando existe
En la situación de hechos que originó esta controversia, el cargo
de taquígrafa fue abolido y posteriormente se creó el nuevo cargo de
secretaria en la División de Edificios Públicos del Departamento de
Interior. Ante estos hechos, confirmamos la Sentencia recurrida en la
que se ordenó que la peticionaria continuara fungiendo como Secretaria
debido a que no se debía permitir la abolición de un puesto con el
solo propósito de deshacerse de la persona que lo ocupaba.
CT-2013-0018
diferencia
32
en
la
naturaleza
de
los
cargos,
no
puede
concluirse que el cargo anterior no fue abolido. Luego de
haber llegado a esta conclusión y haber determinado que la
Legislatura actuó dentro del ámbito de sus funciones, es
que
concluimos
que
el
demandado
no
tenía
el
deber
ministerial de nombrar al peticionario para el nuevo cargo
creado. Es menester destacar que en todo este análisis
fuimos muy cautelosos al garantizar que esto no implicaba
que
estábamos
inmiscuyéndonos
con
los
motivos
que
tuvo
esta rama de gobierno para tomar su determinación, pues
esto
ciertamente
separación
de
constituiría
poderes
que
una
sustenta
violación
a
la
nuestro
sistema
de
que
funcionario
gobierno. Íd., pág. 314.
Por
lo
tanto,
hoy
reiteramos
un
público no puede reclamar un interés propietario sobre un
cargo que ostentaba cuando este ha sido eliminado por la
Asamblea Legislativa.
Esto aplica siempre y cuando la
actuación no sea un subterfugio para destituir al empleado
de
su
cargo,
lo
cual
sucede
cuando
acto
seguido
a
la
derogación se crea otro cargo cuyos deberes y obligaciones
son iguales al anterior, pero con otro nombre.
IV.
Luego de analizar el estado de derecho aplicable, nos
corresponde atender las preguntas específicas ante nuestra
consideración. Al analizar cuidadosamente los deberes que
le fueron delegados al Procurador, no es correcto concluir
CT-2013-0018
que
este
siendo
33
realizaba
imposible
funciones
otorgarle
estrictamente
el
mismo
ejecutivas
tratamiento
que
al
Director Ejecutivo del Consejo de Desarrollo Ocupacional
en
Santana
concluir
v.
que
legislativas
Gobernadora,
supra.
Tampoco
podemos
el
Procurador
realizaba
funciones
cuasi-
o
cuasi-judiciales
contrario
sensu,
Distrito,
nos
como
estamos
bien
exclusivamente.
determinó
enfrentando
a
A
el
Tribunal
de
un
empleado
con
que
la
funciones híbridas.
Como
vimos,
entre
las
funciones
Asamblea
Legislativa le delegó al Procurador estaba no tan solo
colaborar
con
el
Primer
Ejecutivo
programas
para
optimizar
los
en
el
servicios
desarrollo
brindados
a
de
las
personas con impedimentos, sino que de las leyes aprobadas
se desprende la intención de crear una agencia con cierta
independencia
del
Poder
Ejecutivo
con
la
capacidad
de
fiscalizar estos servicios. Como ya hemos descrito, una de
las funciones principales del Procurador es investigar y
llevar
reclamaciones
por
actos
violatorios
contra
esta
población tanto contra agencias públicas como privadas.14
Este
rol
es
tan
primordial
que
la
Asamblea
Legislativa le otorgó al cargo un término de duración de
diez
(10)
años
con
el
pudiese
ejercer
sus
funciones
vaivenes
políticos
que
propósito
afectan
de
que
el
Procurador
sin
las
presiones
y
a
los
cargos
están
que
los
circunscritos al término de nombramiento de un gobernante.
14
Véase Transcript of Civil Hearing Held Before the Honorable Judge
Daniel R. Domínguez, págs. 19-21.
CT-2013-0018
Ciertamente
34
este
objetivo
se
cumple
al
otorgarle
un
término de nombramiento mayor al de la incumbencia de un
gobernante.
podía
ser
Por consiguiente, se dispuso que este solo
destituido
notificación
y
vista
luego
por
de
que
haber
sido
se
le
otorgara
negligente
en
el
desempeño de sus funciones, haber omitido el cumplimiento
de su deber o incurrido en conducta impropia.
Además, según destacado por el Tribunal de Distrito,
el Art. 52 (c) del anterior Plan Núm.1-2011, supra, le
otorgaba el beneficio al Procurador de, a su discreción,
acogerse a la Ley de los Sistemas de Retiros de Empleados
Públicos, 3 LPRA ant. Ap. XVII Ap. 52, lo cual es un
beneficio
que
es
otorgado
a
los
empleados
de
carrera.
Asimismo, según surge de la vista realizada en el Tribunal
de Distrito, entre las funciones de este Procurador estaba
implantar la Ley para las Personas con Impedimentos (ADA,
por sus siglas en inglés), 42 U.S.C.A. sec. 12101,
et
seq.,15 la cual tiene como norte salvaguardar los derechos
de las personas con impedimentos.
Además de las funciones
de fiscalización exigidas por esta ley, según se desprende
de la transcripción de la vista y ha sido reconocido por
el Tribunal de Distrito, los fondos asignados a la OPPI
provienen tanto del fondo general estatal como de fondos
federales, los cuales el Procurador puede solicitar sin el
aval del Gobernador de Puerto Rico.16
Es a raíz de la naturaleza de estas facultades y las
15
16
Íd., págs. 50-58.
Íd., págs. 92-93.
CT-2013-0018
descritas
35
anteriormente
Procurador es un
que
empleado
podemos
concluir
gubernamental
que
el
cuyas funciones
son híbridas, teniendo las cuasi-judiciales mayor peso que
las
ejecutivas,
destitución
lo
se
cual
hace
meritorio
que
demuestre
justa
causa.
Es
para
su
decir,
el
Procurador no es un empleado de libre remoción, sino que
es acreedor de un interés propietario durante el término
de su cargo.17 Consecuentemente, el Gobernador está sujeto
a las restricciones impuestas por la Asamblea Legislativa.
Al
analizar
la
totalidad
de
las
circunstancias
entendemos que estas restricciones no violan la separación
de poderes ni inciden en la capacidad del Gobernador de
cumplir
y
hacer
cumplir
las
leyes.
A
pesar
que
este
funcionario colabora con el ejecutivo, estas no son sus
únicas funciones. Por el contrario, la OPPI se creó como
un
ente
fiscalizador
independiente
salvaguardar los intereses
de nuestro País.
retiene
suficiente
con
el
propósito
de
de la población de impedidos
Asimismo, entendemos que el Gobernador
poder
para
remover
al
Procurador
mediante las causales de destitución dispuestas por ley,
las cuales permiten que este sea destituido si actúa fuera
del ámbito que le fue establecido en la ley.
Habiendo
contestado
esta
interrogante
en
la
afirmativa, nos corresponde concluir si a la luz de la
17
Es preciso destacar que la parte demandada reconoció que de los
estatutos en controversia se desprende que la intención legislativa
fue otorgarle una expectativa de continuidad en el empleo al
Procurador durante el término de su cargo. Véase Alegato de la Parte
Demandada, pág. 8.
CT-2013-0018
normativa
36
enunciada
el
Procurador
pierde
su
derecho
propietario por la inmunidad legislativa, según alegado
por
los
demandados
Distrito.
y
certificado
por
el
Tribunal
de
En particular, arguyen que el Procurador no fue
destituido, sino que su cargo dejó de existir por virtud
de una actuación legítima de la Asamblea Legislativa. Sin
duda alguna, este planteamiento no procede en derecho.
En
primer
lugar,
como
bien
hemos
delimitado,
la
destitución de un empleado particular constituye un acto
de naturaleza administrativa, no una actividad legislativa
legítima, que no está cobijado bajo la inmunidad absoluta.
Según se desprende de la situación de hechos ante nuestra
consideración,
Procurador
Libre
de
Asociado
al
crearse
la
―nueva‖
las
Personas
con
Impedimentos
de
Puerto
Rico
solo
se
Oficina
del
del
Estado
destituyó
al
Procurador, no así a los restantes sesenta y ocho (68)
empleados que allí laboraban.
esto
no
es
óbice
para
Los demandados alegan que
concluir
que
el
Procurador
fue
tratado diferente a los demás empleados, debido a que este
no estaba cobijado bajo la Ley Núm. 184-2004, 3 LPRA sec.
1461, et seq., conocida como Ley para la Administración de
los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado
Libre
Asociado
persuade,
pues
de
Puerto
como
ya
Rico.
hemos
Este
argumento
concluido,
el
no
nos
Procurador
también ostentaba un interés propietario sobre su cargo
durante el término de su nombramiento. Por consiguiente,
concluimos que la destitución del Procurador no fue un
CT-2013-0018
37
hecho generalizado cónsono con la implantación de política
pública,
sino
que
fue
en
contra
de
un
individuo
particular, siendo un acto que no está cobijado bajo la
inmunidad absoluta.
Además,
desde
mediados
del
siglo
pasado
consistentemente hemos sostenido que este Tribunal no va a
tolerar
y,
Legislativa
mucho
menos
ignorar,
utiliza
los
poderes
cuando
que
le
la
Asamblea
son
delegados
mediante nuestra Constitución como un subterfugio para no
respetar
el
derecho
propietario
de
un
funcionario
gubernamental.
Esto es precisamente lo que sucedió en el
caso de autos.
La derogación del Plan Núm. 1-2011, supra,
y consigo la Oficina del Procurador de las Personas con
Impedimentos y la inmediata aprobación de la Ley Núm. 782013, supra, con la cual se creó la Oficina del Procurador
de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, constituye precisamente la práctica que
hemos rechazado.
Tal como discutimos anteriormente, no
podemos concluir que con la aprobación de la Ley Núm. 782013, supra, se abolió el cargo del Procurador y se creó
uno nuevo, por el contrario, se sostuvieron las funciones
de la OPPI al igual que los deberes y obligaciones del
Procurador.
Siendo así, es forzoso concluir que la naturaleza del
cargo no fue alterada, simplemente se le cambió el nombre,
pero
los
inalterados.
deberes
y
obligaciones
se
mantuvieron
Consecuentemente, el Procurador no perdió su
CT-2013-0018
interés
38
propietario
aboliera su cargo.
porque
la
Asamblea
Legislativa
Es decir, esta actuación no priva al
Procurador de mantenerse ejerciendo sus funciones en la
nueva Oficina, pues se ha mantenido la naturaleza de la
anterior, lo que en última instancia implica que el cargo
no fue abolido.
V
Por
los
fundamentos
expuestos
anteriormente,
resolvemos que el Procurador solo puede ser destituido por
las causales dispuestas en ley.
Es decir, ostenta un
derecho propietario limitado al término fijo de duración
de su nombramiento.
Además, concluimos que la destitución del Procurador
es un acto administrativo que no está cobijado por la
inmunidad legislativa absoluta.
Asimismo, el Procurador
preserva su derecho propietario aun ante la actuación de
la
Asamblea
Procurador
Legislativa
de
inmediatamente
Personas
con
las
crear
de
derogar
Personas
con
Oficina
del
la
Impedimentos
del
Estado
la
Oficina
del
Impedimentos
e
Procurador
Libre
de
las
Asociado
de
Puerto Rico.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Mildred G. Pabón Charneco
Jueza Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Iván Díaz Carrasquillo
Peticionario
Certificación
v.
CT-2013-0018
Interjurisdiccional
Hon. Alejandro García
Padilla
Recurrido
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2014.
Por
los
fundamentos
expuestos
anteriormente,
resolvemos que el Procurador solo puede ser destituido por
las causales dispuestas en ley.
Es decir, ostenta un
derecho propietario limitado al término fijo de duración
de su nombramiento.
Además, concluimos que la destitución del Procurador
es un acto administrativo que no está cobijado por la
inmunidad legislativa absoluta.
Asimismo, el Procurador
preserva su derecho propietario aun ante la actuación de
la Asamblea Legislativa de derogar la Oficina del
Procurador
de
las
Personas
con
Impedimentos
e
inmediatamente crear la Oficina del Procurador de las
Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
La Jueza Presidenta
señora Fiol Matta disiente con Opinión escrita.
La Juez
Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente con Opinión
escrita. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió
Opinión Particular de Conformidad a la que se une el Juez
Asociado señor Kolthoff Caraballo.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Iván Díaz Carrasquillo
Demandante
Certificación
v.
CT-2013-18
Hon. Alejandro García Padilla
Demandado
Opinión Particular de Conformidad emitida por el Juez Asociado
señor MARTÍNEZ TORRES a la cual se unió el Juez Asociado señor
KOLTHOFF CARABALLO.
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2014.
Estoy conforme con la decisión del Tribunal. Sin
embargo,
el
desarrollo
de
este
caso
en
los
tribunales federales después que emitimos el auto de
certificación a petición del Tribunal Federal para
el Distrito de Puerto Rico me llevan a hacer unas
expresiones breves.
El
propósito
interjurisdiccional
cuente
con
una
es
de
una
que
el
determinación
certificación
tribunal
cierta
del
federal
derecho
local por parte del máximo foro judicial estatal.
Esto
permite
linderos
de
que
ese
foro
su
derecho
estatal
y
delimite
propicia
así
los
una
CT-2013-18
2
interrelación
armoniosa
entre
ambas
jurisdicciones
que
conviven en el mismo suelo. Guzmán Vargas v. Calderón, 164
DPR
220
(2005).
La
certificación
interjurisdiccional
permite ―preservar y respetar la función prístina de las
cortes estatales de interpretar y formular el derecho de
los estados‖. Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., 112
DPR 780, 785 (1982). Este mecanismo provee a las partes
una alternativa más eficiente, rápida y económica que la
abstención Pullman, que obligaba a las partes a litigar un
asunto de ley estatal a través de toda la jerarquía de
tribunales
estatales,
instancia,
y
procedimientos
desde
solo
en
la
la
primera
entonces
corte
se
federal.
hasta
la
última
reanudaban
Railroad
los
Comm‘n
of
Tex. v. Pullman Co., 312 US 496 (1941). Véase Bellotti v.
Beard, 428 US 132 (1976).
En este caso, el Tribunal Federal para el Distrito de
Puerto Rico nos solicitó mediante certificación, que le
contestemos,
en
síntesis,
si
el
demandante,
Iván
Díaz
Carrasquillo, tiene por virtud de su nombramiento de diez
años
a
la
posición
de
Procurador
de
las
Personas
con
Impedimentos, un derecho a permanecer en el cargo hasta
que se venza ese término, salvo que sea removido por justa
causa como disponía el estatuto bajo el cual se le nombró.
De no tenerlo, la Asamblea Legislativa podría, arguendo,
eliminar el cargo mediante nueva legislación. El Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, parte demandada, sostiene
que eso fue lo que sucedió aquí y que las Leyes Núm. 75 y
CT-2013-18
3
78 de 2013 eliminaron el cargo del demandante y crearon
uno
nuevo,
al
cual
el
gobernador
puede
nominar
otra
persona.
Pendiente de resolver la certificación ante nos, el
Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito
emitió un dictamen revocando el injunction que mantenía al
demandante
en
su
puesto.
El
foro
apelativo
federal
concluyó, citando una decisión nuestra, que el demandante
Díaz Carrasquillo no tiene derecho al remedio interdictal
porque la Asamblea Legislativa puede eliminar su puesto
derogando la ley que lo creó. Díaz-Carrasquillo v. GarcíaPadilla, No. 13-2277, Slip Opinion, (1er Cir.; 16 de abril
de 2014). En otras palabras, el tribunal federal apelativo
interpretó
nuestro
derecho
para
revisar
preliminar
emitido
y
así
proceder
al
el
injunction
contestó
la
interrogante que nosotros aceptamos resolver a petición
del Tribunal Federal de Distrito. La opinión del Tribunal
Federal de Apelaciones para el Primer Circuito no es final
y
firme,
pues
está
pendiente
una
solicitud
de
reconsideración (rehearing) en banc.
Siempre hemos sido deferentes con los foros federales
al
atender
peticiones
interjurisdiccional.
Lo
hacemos
de
porque
certificación
buscamos
hacer
efectivo un mecanismo eficiente y económico para que las
partes
tengan
una
interpretación
concluyente
de
los
asuntos no resueltos de la ley local que se plantean en
los casos ante el foro federal. En fin, nuestro norte ha
CT-2013-18
sido
4
cooperar
con
la
que
consideramos
una
jurisdicción
hermana, para beneficio de las personas que acuden allí en
busca de la reparación de un agravio.
En esta ocasión, sin embargo, no se nos trató como
hermanos.
Se
ignoró
nuestra
intervención
y
no
hubo
deferencia hacia nuestro rol como intérpretes máximos del
derecho local, contrario al propósito mismo del mecanismo
de
certificación.
El
foro
apelativo
federal
procedió
a
interpretar nuestro derecho local en cuanto a la creación
y abolición de agencias y posiciones estatales, a pesar
que la deferencia aconsejaba esperar. Como se advierte de
nuestra
decisión
de
hoy,
estamos
ante
un
asunto
no
resuelto antes, contrario a lo que concluyó el Tribunal
Federal de Apelaciones. ―Speculation by a federal court
about the meaning of a state statute in the absence of
prior state court adjudication is particularly gratuitous
when
...
the
state
courts
stand
willing
to
address
questions of state law on certification from a federal
court.‖ Arizonans for Official English v. Arizona, 520 US
43,
76
(1997),
citando
a
Brockett
v.
Spokane
Arcades,
Inc., 472 US 491, 510 (1985) (O‘Connor, J., concurriendo).
El federalismo y el respeto que merecen los procesos
judiciales estatales exigen que los tribunales federales
se abstengan de pasar juicio sobre cuestiones de derecho
estatal certificadas al máximo foro judicial del estado,
pues es a este último al que le corresponde establecer el
precedente al respecto. ―Through certification of novel or
CT-2013-18
5
unsettled questions of state law for authoritative answers
by
a
State's
‗time,
highest
energy,
and
court,
a
federal
resources
and
court
hel[p]
may
save
build
a
cooperative judicial federalism‘.‖ Arizonans for Official
English
v.
Arizona,
íd.,
citando
a
Lehman
Brothers
v.
jurisdicciones
hermanas
se
Schein, 416 US 386, 391 (1974).
Esa
cooperación
entre
esfumó en este caso. Si esa va a ser la actitud del foro
apelativo federal hacia este Tribunal las partes pagarán
los costos de una litigación ineficiente. ¿Tendremos que
actuar en el futuro bajo la premisa de que no vale la pena
certificar una pregunta porque no se nos va a otorgar la
deferencia debida? Espero que no. Pero algo debe quedar
claro: La deferencia entre jurisdicciones hermanas es una
avenida de dos direcciones.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Iván Díaz Carrasquillo
Demandante
v.
CT-2013-18
Hon. Alejandro García Padilla
Demandado
Opinión disidente emitida por la Jueza Presidenta señora FIOL
MATTA
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2014.
Por entender que el recurso de certificación ante
nuestra
consideración
se
tornó
improcedente
tras
la
Opinión de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos
para
el
Primer
Circuito
(Primer
Circuito)
en
Díaz
Carrasquillo v. García-Padilla,18 disiento del curso de
acción que hoy toma una
mayoría del Tribunal. En su
lugar, dejaría sin efecto el recurso de certificación
para que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos
para el Distrito de Puerto Rico (Tribunal de Distrito)
tome la acción que corresponda a la luz de la decisión
del Primer Circuito que constituye la ley de caso.
18
Díaz Carrasquillo v. García-Padilla, 13-2277, 2014 WL
1613705 (1st Cir. Apr. 16, 2014)
CT-2013-0018
2
I.
El
15
de
agosto
de
2011,
el
Lcdo.
Iván
Díaz
Carrasquillo fue nombrado por el entonces Gobernador,
Hon. Luis Fortuño Burset, y confirmado por el Senado,
como
Ombudsman
Personas
con
de
la
Oficina
Impedimentos
del
al
Procurador
amparo
del
de
las
Plan
de
Reorganización Núm. 1-2011, el cual disponía un término
de diez (10) años para el nombramiento. No obstante, en
el 2013 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 75-2013,
la cual derogó el Plan de Reorganización Núm. 1-2011,
eliminando así la Oficina del Procurador de las Personas
con Impedimentos. También aprobó la Ley del Procurador
de las Personas con Impedimentos, Ley Núm. 78-2013, que
estableció la Oficina del Procurador de las Personas con
Impedimentos del Estado Libre Asociado como una agencia
separada e independiente de cualquier otra entidad.
El
16
Alejandro
de
agosto
García
Carrasquillo
que
de
Padilla,
había
2013,
el
informó
designado
Gobernador,
Hon.
licenciado
Díaz
al
a
la
Sra.
Margaret
Morales como la persona que estaría a cargo de dirigir
el proceso de transición que, en virtud de lo dispuesto
en la Ley 75-2013 y la Ley 78-2013, debía llevarse a
cabo
entre
Personas
la
con
extinta
Oficina
Impedimentos
y
del
Procurador
de
las
la
nueva
Oficina
del
Procurador de las Personas con Impedimentos del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.
Por
esta
licenciado
razón,
Díaz
el
27
Carrasquillo
de
agosto
presentó
de
la
2013,
el
demanda
de
referencia en el foro federal alegando discriminación
CT-2013-0018
política
en
3
violación
a
la
Ley
de
Derechos
Civiles
federal19 y violación al debido proceso de ley en la
terminación de su empleo. También adujo que tenía un
interés
propietario
actuación
del
sobre
Gobernador
su
puesto
había
y
mediado
que
en
la
negligencia
provocándole daños que debían compensarse bajo el Art.
1802 de nuestro Código Civil.20 Ese mismo día, presentó
una
moción
titulada
―Urgent
motion
seeking
temporary
restraining orden & injunction‖ en la que solicitó un
interdicto preliminar a su favor para permanecer en su
puesto.
El
28
de
Carrasquillo
Secretaria
agosto
recibió
de
la
de
2013,
una
carta
Gobernación,
el
licenciado
suscrita
Hon.
Ingrid
por
la
M.
Vila
Biaggi, en la que se le informó lo siguiente:
Sirva la presente para informarle que el
Gobernador del Estado Libre Asociado de
Puerto
Rico,
Hon.
Alejandro
J.
García
Padilla, el pasado 23 de agosto de 2013
designó al Sr. Ramón Calzada Jiménez como
Procurador
Interino
de
la
Oficina
del
Procurador de las Personas con Impedimentos
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
creada en virtud de la Ley 78-2013. Dicha
designación fue notificada en el día de hoy.
Como es de su conocimiento, conforme a lo
dispuesto en las Leyes 75-2013 y 78-2013, la
Oficina del Procurador de las Personas con
Impedimentos creada en virtud del ahora
derogado Plan de Reorganización Núm. 1 de
2011 dejó de existir. Según lo dispuesto en
el Artículo 19 de la Ley 78-2013, los
documentos, expedientes, materiales, equipos
y fondos asignados a la extinta Oficina del
Procurador de las Personas con Impedimentos
debieron ser transferidos a la Oficina del
Procurador de las Personas con Impedimentos
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
19
20
Civil Rights Act, 42 U.S.C. sec. 1983.
31 LPRA sec. 5141.
Díaz
CT-2013-0018
4
A esos efectos, y en aras de asegurar la
marcha
adecuada
de
los
trabajos,
el
Procurador Interino tomará posesión del
cargo inmediatamente. Asimismo, conforme a
la
disposición
legal
antes
citada,
es
necesario que, de no haberlo hecho, usted
entregue al Procurador Interino el control
de todo documento, expediente, materiales,
equipo, fondos, recurso y propiedad que
pertenecía a la Oficina del Procurador de
las Personas con Impedimentos, así como
cualquier informe necesario para garantizar
la continuidad de los servicios al pueblo de
Puerto Rico.
Luego
de
varios
trámites
procesales,
el
26
de
septiembre de 2013, el Tribunal de Distrito emitió una
―Opinion
and
order‖
determinaciones
y
mediante
nos
la
cual
certificó
hizo
cuatro
varias
preguntas
relacionadas con la demanda presentada por el licenciado
Díaz
Carrasquillo.
En
primer
lugar,
determinó
que
el
puesto que ocupa el licenciado Díaz Carrasquillo es de
naturaleza híbrida, pues comprende algunas funciones que
son
puramente
ejecutivas,
otras
cuasi
judiciales
y
algunas cuasi legislativas. En segundo lugar, concedió
al
demandante
un
interdicto
preliminar
para
que
permanezca en su puesto durante la duración del pleito.
Finalmente, y en cuanto a lo que nos concierne como foro
estatal, el Tribunal de Distrito señaló que no encontró
en la jurisprudencia puertorriqueña algún caso en el que
hayamos considerado las implicaciones de una posición
híbrida como esta. Tras recalcar que esta clasificación
es
determinante
demanda,
el
para
Tribunal
resolver
de
siguientes cuatro preguntas:
si
Distrito
procede
nos
o
no
refirió
la
las
CT-2013-0018
5
(1)
¿Tiene
el
Procurador
para
las
Personas con Impedimentos, por razón
de
sus
funciones,
un
derecho
propietario limitado sobre su puesto
durante
el
término
de
su
nombramiento, sujeto a ―justa causa‖
según definido por ley?21
¿Debe
considerarse
que
las
restricciones
de
―justa
causa‖
impuestas al Gobernador para remover
al
demandante
de
su
puesto
interfieren con su facultad de llevar
a cabo sus deberes constitucionales y
de
ejecutar
propiamente
las
obligaciones de su cargo?22
¿Qué factores debe utilizar la Corte
al realizar esta determinación?23
Si se reconoce un interés propietario
limitado
bajo
el
derecho
puertorriqueño,
¿lo
pierde
el
demandante
bajo
la
doctrina
de
inmunidad legislativa según alegado
por la parte demandada?24
(2)
(3)
(4)
Esa
orden
fue
presentada
ante
este
Foro
recurso
de
certificación
interjurisdiccional
octubre
de
2013.
el
Luego,
Tribunal
de
el
como
7
de
Distrito
nos
envió copia de las últimas entradas al expediente de la
demanda federal en controversia. Estas indican que, el 4
de
octubre
recurso
de
de
cuestionando,
2013,
la
parte
demandada
apelación
ante
el
entre
otras
cosas,
presentó
Primer
el
un
Circuito
recurso
de
certificación interjurisdiccional que hoy nos ocupa.
21
Does the Ombudsman for Persons with Disabilities of
Puerto Rico, because of his functions, enjoy a limited
property right to remain in his position for the
duration of his fixed term subject to ―just cause‖ as
defined by law?
22
Should ―just cause‖ restrictions imposed on the
Governor for removing Plaintiff from his position be
considered an interference with Governor‘s ability to
perform his constitutional duty and properly execute the
duties of his office?
23
What factors should the Court utilize when making such
a determination?
24
If there is limited property right under Puerto Rico
law, does Plaintiff lose his right under the doctrine of
legislative immunity as asserted by Defendants?
CT-2013-0018
6
El 16 de abril de 2014, el Primer Circuito revocó
la orden del Tribunal de Distrito por entender que el
foro inferior había errado al concluir que el demandado
tenía
altas
probabilidades
de
prevalecer
en
los
méritos.25 Razonó que el Tribunal de Distrito fundamentó
su orden en premisas erradas, puesto que ignoró el hecho
de que el señor Díaz Carrasquillo no fue removido del
cargo, sino que la posición fue eliminada por ley. Así
pues, dejó sin efecto el injunction preliminar emitido
por el Tribunal de Distrito y devolvió el caso para la
continuación
de
los
demandante
solicitó
(―Petition
for
solicitó
que
procedimientos.
que
rehearing
el
Primer
su
en
caso
se
Inconforme,
viera
banc”).
Circuito
En
se
―en
su
el
banc‖
moción,
abstuviera
de
resolver hasta tanto este Tribunal se expresara sobre
las preguntas certificadas. El 9 de mayo de 2014, el
Primer Circuito denegó esa moción.26
Aún inconforme, el señor Díaz Carrasquillo presentó
ante esta Curia una ―Moción urgente solicitando orden de
paralización
en
auxilio
de
la
jurisdicción
de
este
Tribunal‖. El demandante solicitó que paralizáramos los
efectos
del
dictamen
emitido
por
el
Primer
Circuito.
Oportunamente, la Procuradora General se opuso. Señaló
que ―dicho escrito presenta una solicitud sin precedente
y abiertamente contraria a derecho, mediante la cual el
demandante pretende que este Honorable Tribunal actúe
Díaz Carrasquillo v. García-Padilla, supra.
Véase, Order of the Court. Anejo 1 de la ―Urgente
Oposición a ‗Moción urgente solicitando orden de
paralización en auxilio de la jurisdicción de este
tribunal´‖.
25
26
CT-2013-0018
sin
7
jurisdicción
dictamen
emitido
e
interfiera
por
un
indebidamente
con
federal,
revisando
foro
un
colateralmente un dictamen del Tribunal de Apelaciones
de los Estados Unidos para el Primer Circuito‖. Luego,
el demandante presentó una réplica en la cual reiteró
sus
reclamos
y
rebatió
varios
argumentos
de
la
Procuradora General. A su vez, la Procuradora General
presentó una breve dúplica a la réplica. Por último, la
parte demandante presentó una ―Moción urgente en torno a
dúplica de la parte demandada‖.
Ante esta situación, una mayoría de este Tribunal
decidió contestar las preguntas certificadas
–junto a
otras que no fueron incluidas en el recurso- y emite hoy
una opinión consultiva que no tendrá efecto alguno sobre
la
resolución
Distrito.
Este
final
del
proceder
caso
nos
ante
coloca
el
en
Tribunal
una
de
situación
antagónica frente a la jurisdicción federal.
II.
El recurso de certificación interjurisdiccional es
un mecanismo procesal en virtud del cual ―las cuestiones
dudosas
o
no
resueltas
en
el
derecho
estatal
son
transferidas directamente al foro de mayor jerarquía del
estado mediante la certificación por la Corte federal de
preguntas específicas para una cuestión definitiva que
obligue a las partes‖.27 Este mecanismo permite mitigar
las
tensiones
inherentes
a
un
sistema
de
justicia
federativo en el que coexisten dos sistemas judiciales
Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., 112 DPR 780,
785 (1982).
27
CT-2013-0018
8
soberanos: el federal y el estatal.28 Con relación a los
requisitos
particulares
certificación,
el
Art.
para
que
3.002(g)
de
se
conceda
la
la
Ley
la
de
Judicatura,29 dispone que el Tribunal Supremo de Puerto
Rico:
mediante
auto
de
certificación,
podrá
conocer de cualquier asunto que le fuere
certificado por el Tribunal Supremo de
Estados Unidos de América, un Tribunal de
Apelaciones de Circuito de Estados Unidos de
América, un Tribunal de Distrito de Estados
Unidos de América o el más alto tribunal
apelativo de cualesquiera de los estados de
Estados Unidos de América, cuando así lo
solicite cualesquiera de dichos tribunales,
de existir ante el tribunal solicitante
cualquier asunto judicial en el que estén
implicados
[sic]
cuestiones
de
derecho
puertorriqueño que puedan determinar el
resultado del mismo y respecto al cual, en
la opinión del tribunal solicitante, no
existan
precedentes
claros
en
la
jurisprudencia de este Tribunal.30
Es decir, para que proceda una certificación, la
controversia tiene que involucrar cuestiones de derecho
puertorriqueño que sean determinantes para el resultado
del
caso,
no
deben
existir
precedentes
claros
en
la
jurisprudencia de este Foro y la solicitud debe incluir
una relación de todos los hechos relevantes a dichas
interrogantes.31
Sobre esta facultad hemos expresado que: ―nuestra
capacidad de conocer en materia de certificación no es
absoluta‖.32
Estamos
limitados
a
las
interrogantes
Santana v. Gobernadora, 165 DPR 28, 42 (2005).
Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24, et seq.
30
4 LPRA sec. 24s(g). (Énfasis suplido).
31
Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., supra, en la
pág. 788.
32
Smyth, Puig v. Oriental Bank, 170 DPR 73, 77 (2007)
(Voto de Conformidad, Juez Hernández Denton).
28
29
CT-2013-0018
9
presentadas por el tribunal federal de que se trate.
Esto,
pues
el
jurisdicción
mientras
de
origen
sobre
los
méritos
el
tribunal
que
foro
es
el
que
finales
que
recibe
mantiene
del
la
caso,
consulta
circunscribe su participación a contestar las preguntas
certificadas. A tono con lo anterior, la autoridad de
este Tribunal en un recurso de certificación se limita a
atender las interrogantes presentadas por el Tribunal de
Distrito,
pues
si
bien
tenemos
jurisdicción
sobre
el
asunto certificado, no la tenemos sobre los méritos de
la reclamación que pende ante el foro federal.
III.
En este caso, el Tribunal de Distrito nos certificó
cuatro
interrogantes.
Todas
se
refieren
a
la
aplicabilidad de la jurisprudencia sobre la remoción de
funcionarios
ejecutivos,
las
funciones
cuasi-
legislativas y las cuasi-judiciales de un funcionario
ejecutivo y sobre el poder de remoción del Gobernador.
Mientras
la
petición
de
certificación
nuestra
consideración,
el
Estado
Circuito.
Ese
foro
decisión
del
Tribunal
de
Distrito
preliminar
a
favor
injunction
acogió
el
estaba
ante
al
Primer
acudió
recurso
y
revocó
la
que
concedió
el
del
señor
Díaz
Carrasquillo.
En su Opinión, el Primer Circuito señaló que: ―el
tribunal
de
distrito
ameritaba
un
peso
obvió
un
significante
factor
material
---realmente
la
que
tesis
CT-2013-0018
10
central del argumento del apelante‖.33 El hecho material
al que se refería el Primer Circuito es que el puesto
del señor Díaz Carrasquillo fue abolido por la Ley Núm.
75-2013, supra. Continúa el Primer Circuito expresando
lo siguiente:
Díaz no argumentó que la Legislatura no
tenía el poder de abolir su posición de
Procurador. En vez, niega la existencia de
ese hecho histórico. Específicamente, alega
que el trámite legislativo no revela la
intención de eliminar su posición como
Procurador y que la Ley 78 no provee
expresamente para su destitución. Aunque
quizás sea correcto, este argumento no
atiende la controversia. El Artículo 75,
luego de proveer numerosas razones para
ello, sin lugar a dudas deroga el Plan de
Reorganización que creó el puesto de Díaz.
Al
hacerlo,
la
Legislatura
abolió
la
posición del Procurador.
Aunque el poder de la Legislatura está
delimitado por las constituciones estatal y
federal, en este caso no hay ningún reclamo
válido de que la abolición de la Oficina del
Procurador de las Personas con Impedimentos
viola
de
por
sí
alguna
disposición
constitucional. Díaz levanta un argumento de
retroactividad,
citando
el
derecho
puertorriqueño para sostener que mediante
legislación no se pueden eliminar derechos
previamente adquiridos. Pero, nuevamente,
aunque esto puede ser correcto, está fuera
de lugar. Díaz no tiene ningún interés
propietario, es decir, ningún ‘derecho’ a su
posición como Procurador. Más aún, si
pudiera identificar un interés propietario
válido al amparo del Derecho de Puerto Rico,
‘el proceso legislativo en sí le proveyó su
debido proceso de ley’”.34
―[T]he district court ignored a material factor
deserving significant weight ---indeed the central thesis
of appellant‘s argument‖. Díaz Carrasquillo v. GarcíaPadilla, supra, en la pág. 4.
34
―Díaz does not argue that the Legislature lacked the
power to abolish his Advocate position. Instead, he
disputes
the
existence
of
that
historical
fact.
Specifically, he claims that the legislative history does
not evince an intent to eliminate Díaz‘s Advocate position
and that Law 78 does not explicitly provide for his
removal. While perhaps accurate, this argument misses the
33
CT-2013-0018
11
Concluye el Primer Circuito que:
Al alegar que es inconstitucional abolir la
posición
de
Procurador
sin
una
vista
individualizada, Díaz le pide
a la corte
federal que restrinja la facultad de la
Legislatura de restructurar su personal.
‗Nuestra
Constitución,
sin
embargo,
no
contiene tal restricción federal‘
‗Todo
gobierno competente debe tener el poder
general de promulgar y derogar leyes; y el
poder para crear, cambiar o descontinuar las
entidades designadas para ejecutar esas
leyes‘.35
Una
simple
lectura
de
la
Opinión
del
Primer
Circuito denota que las interrogantes certificadas por
el
Tribunal
erradas
y
de
que
Distrito
el
foro
estaban
basadas
intermedio
se
vio
en
premisas
obligado
a
reenfocar el análisis que debe realizar el foro inferior
a la luz de las alegaciones del señor Díaz Carrasquillo.
point. Article 75, after providing numerous reasons for
doing so, unambiguously repealed the very Reorganization
Plan which created Díaz‘s job. In so doing, the
Legislature abolished the position of Advocate.
[…] While the legislature’s power is bounded by the state
and federal constitutions, there is no viable claim here
that the abolition of the Advocate Office independently
violated some constitutional proscription. Díaz asserts a
retroactivity argument, citing Puerto Rico law for the
proposition that later legislation cannot take away
previously acquired rights. But again, while that may [be]
an accurate statement of the law, it is misplaced here.
Díaz had no property interest, i.e. no ‘right’ in the
Advocate position. Moreover, even if he could identify a
valid property interest created by Puerto Rico law, ‘the
legislative process itself provide[d] [him] with all the
‘process’ [he] was ‘due’”. Íd. en las págs. 3-4. (Citas
internas omitidas). (Énfasis suplido).
35
―…[B]y claiming that it is unconstitutional for Puerto
Rico
to
abolish
the
Advocate
position
without
an
individualized hearing, Díaz is asking the federal court
to constrain the Puerto Rico Legislature‘s ability to
restructure its workforce. ‗Our Constitution, however,
embodies no such federal constraint....‘ ‗[I]n every
perfect or competent government, there must exist a
general power to enact and to repeal laws; and to create
and change or discontinue, the agents designated for the
execution of those laws‘. Íd.
CT-2013-0018
12
Esto, a su vez, tornó en inmeritoria la petición de
certificación
que
tenemos
ante
nuestra
consideración.
Por ello, lo único que procede en esta etapa procesal es
dejar sin efecto el auto de certificación.
Hemos
explicado
que:
―la
certificación
no
puede
eludir el principio fundamental que fija el sentido y
propósito de la función judicial, el de [sic] que ésta
sólo
puede
concretas,
ejercerse
reales
y
para
resolver
efectivas
entre
controversias
litigantes
que
reclaman derechos opuestos ante el Tribunal‖ y que ―es
necesario, por lo tanto, que la certificación satisfaga
cabalmente este principio elemental de justiciabilidad
no
solo
en
nuestro
foro,
sino,
además,
en
el
foro
federal‖.36
Tras la decisión del Primer Circuito, el recurso de
certificación interjurisdiccional no es justiciable toda
vez que las preguntas certificadas no son determinantes
para el resultado del caso. Específicamente, el asunto
de umbral sobre el poder de la Asamblea Legislativa de
eliminar
el
puesto
del
demandante
no
fue
referido
a
nuestra atención. Además, según señalado por el Primer
Circuito,
la
verdadera
controversia
del
caso
ya
fue
atendida por este Tribunal en Gómez v. Negrón Fernández37
por lo que tampoco se cumple con la exigencia de que no
haya un precedente claro en nuestro ordenamiento. Más
aún,
la
Opinión
controversias
más
del
Tribunal
elabora
allá
de
cuatro
las
y
atiende
interrogantes
Pan Ame. Comp. Corp. v. Data General Corp., supra, en
las págs. 785-786. (Énfasis suplido).
37
Gómez v. Negrón Fernández, 65 DPR 305 (1945).
36
CT-2013-0018
13
referidas por el Tribunal de Distrito. Reiteramos que ya
el
Primer
Circuito
aplicó
el
precedente
de
Gómez
v.
Negrón Fernández38 y resolvió que la Asamblea Legislativa
tenía la potestad de eliminar el puesto en controversia
y que el señor Díaz Carrasquillo no tenía un derecho
propietario
sobre
pronunciamientos
su
de
puesto.
la
Es
mayoría
por
eso
que
los
constituyen
una
mera
opinión consultiva.39
IV.
La decisión que hoy se emite vulnera los principios
rectores
del
recurso
de
interjurisdiccional
y
representa
indebida
con
la
y
errada
certificación
una
intervención
jurisdicción
federal
que
contraviene nociones básicas de justiciabilidad. Una vez
el
Primer
Circuito
revocó
al
Tribunal
de
Distrito
y
reenfocó la controversia del caso, lo único que restaba
por
hacer
era
certificación;
dejar
emitir
sin
una
efecto
Opinión
en
el
esta
recurso
de
etapa
del
proceso es impropio e improcedente en derecho. Resulta
aún más preocupante que la mayoría no solo conteste las
interrogantes
certificadas,
sino
que
resuelva
en
los
méritos el reclamo del demandante utilizando el marco de
referencia
equivocado
adoptado
por
el
Tribunal
de
Distrito federal y revocado por el foro apelativo de ese
sistema por ser claramente erróneo. Incluso, llama la
atención que la decisión del Primer Circuito amerita tan
Íd.
Recordemos que en nuestra jurisdicción ―no es función
de los tribunales actuar como asesores o consejeros‖.
Ortiz v. Panel del F.E.I., 155 DPR 219, 251-252 (2001).
38
39
CT-2013-0018
solo
una
14
escueta
nota
al
calce
en
la
Opinión
mayoritaria.
Por todo lo anterior, disiento.
Liana Fiol Matta
Jueza Presidenta
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
IVÁN DÍAZ CARRASQUILLO
Peticionario
v.
HON.
ALEJANDRO
GARCÍA
PADILLA,
GOBERNADOR
DE
PUERTO RICO
CT-2013-0018
Certificación
por
Asociada
Recurrido
Opinión disidente emitida
Rodríguez Rodríguez
la
Juez
señora
San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2014
Disiento
mayoría
de
enérgicamente
este
Tribunal
del
por
curso
entender
seguido
que
por
mediante
una
la
opinión que hoy se emite se quebrantan los principios de
autolimitación judicial y la doctrina de justiciabilidad.
Las preguntas certificadas ante nuestra consideración no
cumplen
con
certificación
los
requisitos
de
justiciabilidad
interjurisdiccional,
por
lo
para
que
una
estamos
impedidos de atender las cuestiones presentadas. Además,
disiento
por
entender
que,
en
el
interés
de
trazar
la
política pública del país desde el estrado, la mayoría
emite un juicio consultivo sobre cuestiones que no fueron
presentadas ante este Foro y que de facto fueron atendidas
por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el
Primer Circuito en Boston. En claro desafío a las normas
más básicas de un sistema judicial federalista, la mayoría
CT-2013-18
pretende
2
revocar
las
determinaciones
del
Tribunal
de
Apelaciones para el Primer Circuito.
Mediante un galimatías jurídico se pretende atornillar
en su puesto no tan sólo al Procurador de las Personas con
Impedimentos sino también a otros funcionarios nombrados el
cuatrienio pasado por una administración contraria a la que
hoy dirige el gobierno.
Ello así pues, como sabemos, la
presente
como
administración,
parte
de
un
proceso
de
reorganización del gobierno ante las dificultades fiscales
que atraviesa, ha propuesto que las procuradurías así como
otros organismos gubernamentales, se eliminen y que sus
funciones
sean
absorbidas
gobierno.
Por
pretende
afectar
tanto,
al
esta
por
distintas
opinión
Procurador
agencias
consultiva
de
las
de
no
sólo
Personas
con
Impedimentos sino que adelanta el criterio de este Tribunal
sobre
todos
aquellos
otros
funcionarios
que
se
verían
afectados por la restructuración gubernamental.
Más grave aún, con este dictamen se quiere impedir
que la Asamblea Legislativa cumpla con su responsabilidad
constitucional
de
Administración.
de
otro
dislate
legislar
la
política
pública
de
una
En el pasado reciente indiqué, en ocasión
judicial,
que
en
el
futuro
―ante
un
resultado electoral desfavorable para ciertos sectores del
país‖
seríamos
testigos
de
actuaciones
cuyo
propósito
consistiría en ―impedir que la siguiente administración del
gobierno pudiera. . .darle curso a su proyecto de país‖. In
re Solicitud Aumentar Núm. Jueces TS, 180 D.P.R. 54, 142
CT-2013-18
3
(2010) (Rodríguez Rodríguez, J., Opinión disidente). ¡Qué
lástima para el país que tuviera razón!
Examinemos los hechos del caso según éstos surgen de
la solicitud de certificación del Tribunal de Distrito de
los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y los
documentos que la acompañan.
I
El 22 de junio de 2011, el entonces Gobernador de
Puerto
Rico
y
presidente
del
Partido
Nuevo
Progresista
(―P.N.P.‖), Hon. Luis G. Fortuño Burset, firmó y convirtió
en ley el Plan de Reorganización Núm. 1 de 2011, conocido
como el Plan de Reorganización de las Procuradurías (―Plan
de Reorganización‖).
Este Plan reorganizó la estructura
vigente que regía la administración y operación de las
distintas procuradurías del País40 mediante la derogación
de
todas
las
gubernamentales,
Administración
de
leyes
y
la
las
que
regían
creación
tales
entidades
de
la
Oficina
de
la
Procuradurías,
a
la
se
le
cual
concedieron nuevas funciones, y se le delegaron las que
tenían las procuradurías hasta entonces vigentes.41
efectos,
40
el
Plan
de
Reorganización
consistió
A esos
en
tres
En específico, el Plan reorganizó la estructura vigente
que regía la administración y operación de las siguientes
oficinas:
la
Procuraduría
de
las
Personas
con
Impedimentos, la Procuraduría de la Salud, la Procuraduría
de Personas Pensionadas y de la Tercera Edad y la
Procuraduría del Veterano.
41
Mediante esta Ley, se derogó la Ley Núm. 2 de 27 de
septiembre de 1985, la Ley Núm. 57 de 27 de junio de 1987,
la Ley Núm. 11 de 11 de abril de 2001, la Ley Núm. 203 de
7 de agosto de 2004 y se enmendó la Ley Núm. 203 de 14 de
diciembre de 2007.
CT-2013-18
etapas
4
simultáneas,
Procuradurías
a
saber:
existentes
al
la
eliminación
de
las
las
que
las
derogar
leyes
crearon; la creación de la Oficina de Administración de
las Procuradurías, oficina en la que se consolidaron todas
las facultades, funciones y deberes administrativos de las
Procuradurías; y la creación de las nuevas Procuradurías,
entre
éstas
la
Procuraduría
Impedimentos,
las
cuales
administración
de
la
de
las
estaban
Oficina
de
Personas
con
adscritas
a
la
Administración
de
las
Procuradurías.42
Debido a la creación de las nuevas procuradurías, en
el Plan de Reorganización se dispuso que los procuradores
de
cada
oficina
serían
nombrados
por
el
Gobernador
de
Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado,
por un término de diez (10) años.
Por tal razón, quienes
hasta entonces ocupaban la dirección de las procuradurías
abolidas
por
funciones,
el
y
nombramiento
Plan
el
o
de
Reorganización
Gobernador
inició
renombramiento
con
Procuradurías
recién
disposiciones
del
Plan
creadas.
de
cesaron
un
en
sus
proceso
de
respecto
a
las
Conforme
a
las
15
de
Reorganización,
el
noviembre de 2011, el entonces Gobernador de Puerto Rico,
Hon. Luis G. Fortuño Burset, nombró al señor Iván Díaz
42
Anterior
a
esta
legislación,
las
procuradurías
funcionaban como entes independientes. A manera de
ilustración, en el artículo 3 de la Ley Núm. 2 de 27 de
septiembre de 1985, se especificaba que se creaba la
Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos,
―como una entidad jurídica, independiente y separada de
cualquier otra agencia o entidad pública‖.
CT-2013-18
5
Carrasquillo al puesto de Procurador de las Personas con
Impedimentos por un término de diez (10) años.
El 6 de noviembre de 2012, el Hon. Alejandro García
Padilla,
senador
y
presidente
del
Partido
Popular
Democrático (―P.P.D.‖), fue electo al cargo de Gobernador
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en las elecciones
generales del País.
Asimismo, la señora Rossana López
León fue electa al cargo de Senadora por Acumulación en el
Senado de Puerto Rico como miembro del P.P.D.
El 5 de
febrero de 2013, la ahora senadora López León presentó
varios proyectos relacionados con el funcionamiento y la
administración de las Procuradurías en Puerto Rico para
mejorar el servicio que ofrecen.
En
lo
que
atañe
a
la
controversia
ante
nuestra
consideración, los proyectos P. del S. 352 y P. del S. 355
presentados por la Senadora se convirtieron en la Ley Núm.
75
de 24 de julio de 2013 (―Ley Núm. 75‖) y en la Ley
Núm.
78
de
24
de
respectivamente.
julio
de
2013
(―Ley
Núm.
78‖),
Específicamente, en la Ley Núm. 75 se
dispuso que entraría en vigor en un término de treinta
(30)
días
a
partir
de
su
aprobación,
término
que
se
utilizaría para transferir todo tipo de recursos de la
abolida Oficina de Administración de Procuradurías a las
Procuradurías
de
recién
creación,
entre
éstas,
la
Procuraduría para las Personas con Impedimentos del Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Personas con Impedimentos‖).
Rico
Así
(―Procuraduría
las
cosas,
para
las
durante
el
CT-2013-18
6
periodo
de
transición,
recibió
una
el
señor
notificación
de
Iván
que
Díaz
el
Carrasquillo
Gobernador
había
designado a la señora Margaret Morales para dirigir el
Comité de Transición, en virtud de lo dispuesto en la Ley
Núm. 75 y la Ley Núm. 78.
La notificación indicaba que la
señora Margaret Morales habría de encargarse de dirigir la
transición entre ―la extinta Oficina del Procurador de las
Personas
con
Impedimentos
y
la
Procurador
de
las
con
Impedimentos
Personas
nueva
Oficina
del
del
Estado
Libre Asociado de Puerto Rico‖. Apéndice del recurso de
certificación interjurisdiccional, Documento 20-5, pág. 1.
A
tales
miembros
del
efectos,
para
Comité
de
finales
Transición
del
mes
de
agosto,
sostuvieron
varias
reuniones con el señor Díaz Carrasquillo para finiquitar
todo
lo
relacionado
con
el
proceso
de
transición.
Finalizadas las reuniones de transición entre miembros del
Comité de Transición y el señor Díaz Carrasquillo, a éste
se
le
notificó
Procurador
de
que
había
las
cesado
Personas
sus
con
funciones
como
Impedimentos.
Posteriormente, el 26 de agosto de 2013 el señor Díaz
Carrasquillo supo que el Gobernador se disponía a nombrar
a un Procurador Interino para dirigir la Oficina de la
Procuraduría
de
las
Personas
con
Impedimentos
además, se estaban evaluando candidatos para
y
que,
ocupar el
cargo de Procurador en propiedad. Luego, mediante carta
suscrita por la Secretaria de la Gobernación, Hon. Ingrid
M. Vila Biaggi, se le informó que el Gobernador había
CT-2013-18
7
nombrado al señor Ramón Calzada como Procurador Interino
de
las
Oficina
del
Procurador
de
las
Personas
con
Impedimentos.
El 27 de agosto de 2013, el señor Díaz Carrasquillo
presentó ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos
para el Distrito de Puerto Rico (―Tribunal de Distrito‖)
una demanda por discrimen político, violación a su derecho
al debido proceso de ley, y daños y perjuicios, en contra
de las siguientes personas: el Gobernador de Puerto Rico,
Hon. Alejandro García Padilla, en su carácter personal y
oficial; la senadora Rossana López León, en su carácter
personal
y
oficial;
la
señora
Margaret
Morales,
en
su
carácter personal y oficial como miembro del Comité de
Transición; y el señor Gabriel Esterrich Lombay, en su
carácter personal y oficial como miembro del Comité de
Transición.
En síntesis, alegó que su destitución estuvo motivada
por
razones
de
índole
político-partidista
por
éste
ser
afiliado del P.N.P.
Indicó que la acción del Gobernador
vulneraba
a
su
derecho
la
libertad
de
derecho a la libertad de asociación.
expresión
y
su
Aseveró que por
haber sido nombrado por un término de diez (10) años,
término que no había vencido, tenía un derecho propietario
sobre su puesto y sólo podía ser removido por justa causa
y
conforme
al
debido
proceso
de
ley.
El
demandante
solicitó una partida en daños y que se dictara un remedio
interdictal de suerte que pudiera permanecer en su puesto.
CT-2013-18
8
El 28 de agosto de 2013, el Tribunal de Distrito emitió
una
Orden
en
la
que
concedió
la
orden
de
interdicto
provisional y solicitó a las partes mostrar causa por las
cuales
el
permitir
Tribunal
que
el
no
debía
demandante
conceder
el
remedio
permaneciera
en
su
de
empleo,
según solicitó, siendo éste un funcionario ejecutivo con
funciones
cuasi
judiciales.
A
su
vez,
solicitó
al
demandante demostrar la naturaleza del interés propietario
que reclamaba sobre su empleo.
El 3 de septiembre de 2013, el demandante presentó
una moción en cumplimiento con la orden y en ésta hizo los
señalamientos que sintetizamos a continuación.
Alegó que
se le había violado su derecho a la libertad de expresión
toda vez que la razón para removerlo de su posición era
por su afiliación al P.N.P.
Además, sostuvo que debido a
que su nombramiento había sido por un término de diez (10)
años a una posición ejecutiva que ejerce funciones cuasi
judiciales tiene un derecho propietario sobre su empleo y
sólo
podía
ser
removido
por
justa
causa.
Por
tanto,
señaló que se violó su derecho a un debido proceso de ley
al no habérsele entregado una carta de terminación y haber
sido removido de su posición sin cumplir con el requisito
de justa causa.
En esa misma fecha, la parte demandada presentó una
moción
en
cumplimiento
Tribunal de Distrito.
señor
Díaz
con
la
orden
emitida
por
el
En lo pertinente, sostuvo que el
Carrasquillo
no
había
sido
destituido
o
CT-2013-18
9
despedido de su empleo sino que al haberse derogado el
Plan
de
Reorganización
que
creaba
su
puesto
y
haberse
creado una nueva Oficina del Procurador General para las
Personas con Impedimentos, en virtud de la Ley Núm. 75 y
la Ley Núm. 78, sus funciones habían cesado.
Añadió que,
según lo resuelto en Gómez v. Negrón Fernández, 65 D.P.R.
286 (1945), la derogación del Plan de Reorganización y la
creación de la nueva Procuraduría daban cuenta del cese de
sus funciones.
Por tal razón, sostuvo que el señor Díaz Carrasquillo
no tenía un derecho propietario sobre su empleo debido a
que
la
Asamblea
constitucional,
Carrasquillo
Legislativa,
acorde
abolió
el
puesto
mediante
la
derogación
con
del
su
poder
señor
Díaz
del
Plan
de
Reorganización y creó la nueva Oficina del Procurador de
las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de
Puerto
Rico,
Oficina
responsabilidades.
que
encaraba
Además,
alegó
nuevas
que
de
facultades
y
concederse
el
remedio interdictal solicitado, se violaría el principio
de inmunidad soberana que establece la Enmienda XI de la
Constitución
de
los
Estados
Unidos.
Const.
EE.UU.
enmda. XI.
Ese mismo día, el señor Díaz Carrasquillo presentó su
oposición a la moción presentada por la parte demandada.
Allí negó que su puesto haya dejado de existir por razón
de la derogación del Plan de Reorganización y la creación
de una nueva Oficina del Procurador, puesto a que las
CT-2013-18
funciones
10
de
la
nueva
Oficina
esencialmente
las
mismas
que
Procurador
bajo
consiguiente,
el
Plan
sostuvo
que
del
Procurador
eran
la
Oficina
del
Reorganización.
Por
tenía
de
no
aplicaba
la
doctrina
establecida en Gómez, 65 D.P.R. 286. No obstante, añadió
que la aplicación de tal doctrina, según alegada por la
parte demandada, era contraria a lo resuelto en Colón v.
Policía de Puerto Rico, 177 D.P.R. 121 (2009), donde se
sostuvo que ni la Asamblea Legislativa ni el Gobernador
pueden aprobar leyes que lesionen o ignoren los derechos
adquiridos
sección
de
un
ciudadano.
1983
del
Código
de
Finalmente,
Estados
alegó
Unidos,
42
que
la
U.S.C.
§1983, permite que se demande al Estado cuando se violan
los derechos, privilegios e inmunidades que garantizan las
leyes y la Constitución de los Estados Unidos. Por ende,
sostuvo que no procedía la doctrina de inmunidad soberana.
Luego de varios trámites procesales, el Tribunal de
Distrito citó a las partes a que comparecieran a una vista
argumentativa
para
Personas
Impedimentos,
con
dilucidar
si
el
tanto
Procurador
bajo
el
de
las
Plan
de
Reorganización como bajo la Ley Núm. 78, ejerce funciones
cuasi
ejecutivas
y
cuasi
judiciales.
Trabada
así
la
controversia, el 27 de septiembre de 2013 el Tribunal de
Distrito
expidió
un
injunction
preliminar
a
favor
del
demandante por entender que éste tenía la probabilidad de
prevalecer en los méritos toda vez que demostró que el
CT-2013-18
11
Procurador
de
las
Personas
con
Impedimentos
ejerce
funciones cuasi ejecutivas y cuasi judiciales.
No obstante, por tener reservas en cuanto al estado
de Derecho puertorriqueño sobre la constitucionalidad de
imponer un requisito de justa causa a las facultades del
Gobernador
para
remover
a
un
funcionario
que
ejerce
funciones cuasi ejecutivas y cuasi judiciales, certificó
las siguientes preguntas: Si el Procurador de Personas con
Impedimentos de Puerto Rico tiene un derecho propietario
limitado sobre su empleo por el resto del término de su
nombramiento, sujeto al requisito de ―justa causa‖ según
definido por la ley.
Si el requisito de ―justa causa‖
impuesto al Gobernador para la remoción del demandante de
su empleo constituye una interferencia con las facultades
del Gobernador de cumplir y hacer cumplir las leyes, al
igual
que
su
facultad
política
pública.
tribunal
al
derecho
propietario
Rico,
si
hacer
al
parlamentaria,
de
Qué
tal
formular
factores
e
implementar
la
debe
considerar
el
de
un
determinación
limitado
bajo
amparo
de
la
según
alegada
y,
las
leyes
doctrina
por
los
existir
de
de
Puerto
inmunidad
demandados,
el
demandante pierde ese derecho (Traducción nuestra).43
43
Las preguntas formuladas fueron las siguientes:
(1) Does the Ombudsman for Persons with Disabilities of
Puerto Rico, because of his functions, enjoy limited
property right to remain in his position for the duration
of his fixed term subject to ―just cause‖ as defined by
law?
(2) Should ―just cause‖ restrictions imposed on the
Governor for removing Plaintiff from his position be
CT-2013-18
12
Inconformes
Distrito
de
con
la
conceder
determinación
el
del
injunction
Tribunal
preliminar,
de
los
demandados instaron una apelación interlocutoria ante el
Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer
Circuito
(―Tribunal
Circuito‖).
En
de
el
Apelaciones
recurso
para
instado
los
el
Primer
demandados
impugnaron la orden del foro primario federal en la que se
concedió el injunction preliminar y se certificaron las
preguntas ante la consideración de este Foro.
No obstante
a la presentación de una apelación ante el foro apelativo
federal, certificamos las cuestiones presentadas por el
Tribunal de Distrito.
Pendiente la certificación ante la consideración de
este
Tribunal,
el
16
de
abril
de
2014
el
Tribunal
de
Apelaciones para el Primer Circuito revocó el injunction
preliminar concedido por el Tribunal de Distrito. El foro
apelativo
federal
concluyó
que
erró
el
Tribunal
de
Distrito al ignorar un elemento esencial en la resolución
de
esta
controversia:
la
eliminación
del
puesto
del
Procurador mediante la Ley Núm. 75. Ese foro apelativo
descartó que en este caso la controversia se tratara sobre
la
destitución
por
el
Gobernador
de
un
funcionario
ejecutivo que ejerce funciones cuasi legislativas o cuasi
considered an interference with Governor‘s ability to
perform his constitutional duty and properly execute the
duties of his office?
(3)
What factors should the Court utilize when making
such a determination?
(4) If there is limited property right under Puerto Rico
law, does Plaintiff lose his right under the doctrine of
legislative immunity as asserted by Defendants?
CT-2013-18
13
judiciales,
sino
más
bien,
como
indicamos,
de
la
eliminación de un puesto por virtud del válido ejercicio
legislativo de promulgar o derogar leyes.
Siendo ello
así, dejó sin efecto el injunction preliminar emitido por
entender
que
el
demandante
no
estableció
que
tenía
probabilidad de prevalecer en los méritos. El Tribunal de
Apelaciones federal sostuvo que el puesto que ejercía el
demandante
fue
abolido
válidamente
por
la
Asamblea
Legislativa al aprobar la Ley Núm. 75 y el demandante no
argumentó,
ni
tenía
poder
el
demostró,
para
que
la
Asamblea
Legislativa
abolir
su
posición.
Sostuvo
no
que,
después de todo, ―[r]epeal is an act unquestionably within
the ken of the Puerto Rico Legislature and thus is fatal
to Diaz‘s legal position‖. Díaz Carrasquillo v. GarcíaPadilla, No. 13-2277, Slip Opinion, pág. 9 (1er Cir. 16 de
abril de 2014) (citas omitidas). Además, el foro apelativo
federal
determinó
que
la
abolición
del
puesto
en
controversia no violaba la Constitución del Estado Libre
Asociado
de
Puerto
Rico
debido
a
que,
a
base
de
lo
establecido
por
este
Tribunal
en
Gómez
v.
Negrón
Fernández,
supra,
el
Procurador
no
tenía
un
derecho
propietario sobre el puesto.
de
2014
el
señor
Díaz
Tribunal
de
Apelaciones
Inconforme,
Carrasquillo
para
el
el
30
presentó
Primer
de
abril
ante
el
Circuito
un
Petition for Rehearing en Banc. El 9 de mayo de 2014 la
petición fue denegada.
CT-2013-18
14
Así las cosas, el 8 de mayo de 2014 el señor Díaz
Carrasquillo
presentó
ante
este
Tribunal
una
Moción
Urgente Solicitando Orden de Paralización en Auxilio de la
Jurisdicción de este Tribunal. Solicitó que emitiéramos
una
orden
paralizando
cualquier
acto
por
parte
del
Gobernador para remover al señor Díaz Carrasquillo de su
puesto como Procurador hasta que nos expresáramos en torno
a las preguntas certificadas. Alegó que la decisión del
Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito atentaba
contra los principios básicos del federalismo al éste no
abstenerse
hasta
que
finalizara
el
procedimiento
de
certificación. Asimismo, entendió que el foro apelativo
intermedio resolvió incorrectamente la controversia ante
su consideración, por lo cual este Tribunal debía ejercer
su
jurisdicción
exclusiva
y
atender
las
preguntas
certificadas para evitar que el demandante sea removido
del puesto en violación al derecho propietario que alega
ostentar
sobre
prácticos,
nos
el
mismo.44
solicitó
que
Para
todos
revocáramos
los
al
efectos
Tribunal
de
Apelaciones para el Primer Circuito.
El 13 de mayo de 2014, la parte demandada presentó
una urgente oposición a la moción presentada por la parte
demandante
44
y
solicitó
la
anulación
del
auto
de
En esencia, argumentó que el foro apelativo federal erró
al fundamentar su determinación en Gómez v. Negrón
Fernández, ya que este caso fue decidido previo a la
promulgación de la Constitución del Estado Libre Asociado.
Por lo cual, el Tribunal debe hacer un análisis del
derecho de propiedad que alega ostentar el demandante
considerando los derechos concedidos por la Constitución y
su jurisprudencia interpretativa.
CT-2013-18
15
certificación.
moción
Alegó
presentada
Tribunal
ostenta
que
por
procedía
la
parte
jurisdicción
denegar
de
demandante
sólo
sobre
plano
porque
las
la
este
preguntas
certificadas y no sobre las partes ni sobre los méritos de
la reclamación ante el foro federal. Por esto, indicó que
el Tribunal no puede paralizar válidamente los efectos del
dictamen
del
Tribunal
de
Apelaciones
para
el
Primer
Circuito, como tampoco procede revisar su determinación.
Por su parte, el Estado argumentó que si la parte
demandante
deseaba
que
el
foro
apelativo
federal
se
abstuviera tenía que haberlo solicitado oportunamente, lo
cual no hizo. Finalmente, los demandados solicitaron la
anulación del auto de certificación al concluir que el
Tribunal
de
Distrito
partió
de
premisas
equivocadas
al
certificar las preguntas ante este Tribunal. Esto, porque
como bien determinó el foro apelativo federal, en este
caso no medió la remoción de un funcionario público sino
la abolición de su puesto como un ejercicio legítimo de la
Asamblea Legislativa. Debido a lo anterior, sostiene que
no se cumple con el requisito de que el asunto certificado
sea determinante en el resultado del caso, puesto que ya
el
foro
carece
apelativo
de
un
federal
interés
determinó
propietario
que
el
demandante
sobre
el
puesto
en
controversia y no está ante este Tribunal una pregunta con
respecto al poder de la Asamblea Legislativa de abolir
puestos.
Por
tanto,
de
este
Tribunal
contestar
las
preguntas certificadas estaría emitiendo, en esencia, una
CT-2013-18
16
opinión
consultiva.
Posteriormente,
ambas
partes
presentaron sus respectivas réplicas y dúplicas.
II
Como
cuestión
preguntas
de
umbral,
debemos
certificadas
cumplen
con
evaluar
los
si
las
requisitos
de
justiciabilidad y de certificación interjurisdiccional.
A
La
doctrina
de
la
justiciabilidad
gobierna
el
ejercicio válido del poder judicial. Esta doctrina ―nace
del
principio
elemental
de
que
los
tribunales
existen
únicamente para resolver controversias genuinas surgidas
entre
partes
obtener
opuestas
que
tienen
un
remedio
que
haya
de
jurídicas‖.
E.L.A.
v.
Aguayo,
un
interés
afectar
80
sus
D.P.R.
real
en
relaciones
552,
558-559
(1958). Mediante nuestros pronunciamientos en
E.L.A. v.
Aguayo,
supra,
sobre
la
doctrina
de
para
el
ejercicio
válido
requiere
la
adoptamos
la
justiciabilidad
del
poder
normativa
y
federal
señalamos
judicial
que
se
existencia de un ―caso o controversia‖ real. Según hemos
señalado, los límites del ejercicio del poder judicial,
autoimpuestos mediante la doctrina de justiciabilidad, son
necesarios porque constituyen
―un mínimo de condiciones
para el ejercicio discreto y tolerable de un poder que de
otro modo constituiría una clara amenaza para la calidad
democrática
del
guardianes
de
sistema
la
y
convertiría
comunidad‖.
E.L.A.
a
v.
los
jueces
Aguayo,
en
supra,
CT-2013-18
17
pág. 597. Al analizar los fundamentos adjudicativos del
Juez
Asociado
Raúl
Serrano
Geyls
en
E.L.A.
v.
Aguayo,
supra, el profesor Carlos E. Ramos González señala que:
[La] visión [del Juez Serrano Geyls] sobre
la naturaleza de los tribunales refleja un
jurista preocupado por el rol de una rama
judicial que opera bajo un sistema de separación
de
poderes.
Al
establecer
estas
premisas
esenciales, la opinión allana el camino para
declinar la invitación que le haría la rama
ejecutiva para que la rama judicial facilite una
fundamental obra de gobierno. Se trata en efecto
de un cauteloso ejercicio del poder y una visión
prudente sobre la naturaleza de los tribunales,
asumida en un tiempo histórico donde las grandes
mayorías
simpatizaban
con
la
posición
que
entonces asumía la rama ejecutiva.
Carlos E. Ramos González, Derecho Constitucional: E.L.A.
v. Aguayo o los albores de la independencia judicial
puertorriqueña, 34 Rev. Jur. U. Inter. P.R. 633,636
(2000).
Añade
contexto
el
profesor
histórico
en
que
Ramos
se
González
produce
la
que
―en
el
opinión,
el
Tribunal de forma dialéctica sienta una base fundamental
del
derecho
patrio
en
tanto
reafirma
decididamente
la
independencia judicial‖. Id. en la pág. 640. Por tanto, en
aras de proteger el balance tripartito entre las ramas de
gobierno
–
judicial
para
particularmente,
actuar
como
un
el
ejercicio
consejo
del
supremo
poder
de
las
determinaciones de otras ramas – decidimos autolimitar el
alcance de nuestro poder judicial.45 Véase además Flast v.
45
Véase
por
ejemplo,
Note,
The
Validity
of
the
Restrictions on the Modern Advisory Opinion, 29 Maine L.
Rev. 305,
310 (1978), en donde se señala que: ―The
separation of governmental powers insulates the judiciary
from encroachment by the other branches of government,
thereby placing responsibility on the Justices to apply
the law according to their best judgment‖.
CT-2013-18
18
Cohen, 392 U.S. 83, 96-97(1968). Desde entonces, y pese a
cuestionamientos legítimos sobre la sapiencia de nuestra
determinación en E.L.A. v. Aguayo,46 supra, hemos reiterado
lo allí establecido. Brau v. E.L.A de Puerto Rico, 2014
TSPR 26, 189 D.P.R. ___ (2014); Lozada Tirado et al. v.
Testigos Jehová , 177 D.P.R. 893, 907 (2010); Noriega v.
Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1994).
Así,
como
corolario
de
la
doctrina
de
justiciabilidad, los tribunales estamos vedados de emitir
opiniones consultivas.
Asoc. Alcaldes v. Contralor, 176
D.P.R. 150 (2009); Ortiz Rivera v. Panel sobre el FEI, 155
D.P.R. 219 (2001); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia,
109 D.P.R. 715 (1980). Hemos definido opinión consultiva
―como la ponencia legal emitida por un tribunal cuando no
tiene ante su consideración un caso o una controversia
justiciable,
y
cuyo
resultado,
por
lo
tanto,
no
es
obligatorio‖. Asoc. Alcaldes, supra, pág. 158. Así pues,
la doctrina de opinión consultiva intenta evitar que se
produzcan decisiones en el vacío, en el abstracto, o bajo
hipótesis de índole especulativa, ya que no es función de
los tribunales actuar como asesores o consejeros. Id. Esto
es, una controversia no es justiciable cuando un tribunal
debe
46
pasar
juicio
sobre
un
asunto
hipotético
para
Para una crítica a nuestra determinación en E.L.A. v.
Aguayo, supra, véase José Julián Álvarez González, Derecho
constitucional
de
Puerto
Rico
y
relaciones
constitucionales
con
los
Estados
Unidos:
casos
y
materiales
96-101 (2009); José Julián Álvarez González,
La protección de los derechos humanos en Puerto Rico, 57
Rev. Jur. U.P.R. 133, 165-167 (1988).
CT-2013-18
19
beneficio de una o ambas partes en cuanto a una situación
o
conducta
actuaríamos
futura
como
y
especulativa.
una
tercera
cámara
De
lo
contrario,
o
consejo
supremo
capaz de poner un veto final a las actuaciones de las
ramas
que
encarnan
la
voluntad
democrática
de
los
ciudadanos. Com. de la Mujer, supra; E.L.A. v. Aguayo,
supra.
B
Por su parte, en nuestro ordenamiento procesal civil
el
mecanismo
de
certificación
interjurisdiccional
está
regulado por la Regla 25 del Reglamento de este Tribunal,
4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, y el Art. 3002f de la Ley de la
Judicatura de 2003, Ley Núm. 21 de 22 de Agosto de 2003
(―Ley de la Judicatura de 2003‖), 4 L.P.R.A. sec. 24s(f).
Este
mecanismo
someter
ante
definitiva,
permite
este
que
un
Tribunal,
cuestiones
dudosas
tribunal
para
o
federal
una
noveles
pueda
contestación
del
Derecho
puertorriqueño que podrían determinar el resultado de un
pleito ante el tribunal que solicita nuestra intervención.
Pan Ame. Corp. V. Data Gen. Corp, 112 D.P.R. 780, 783
(1982).
A su vez, permite ―mitigar las tensiones inherentes a
un
sistema
de
justicia
federalista‖.
Gobernadora, 165 D.P.R. 28, 42 (2005).
pretende
evitar
legislativa
ambas
del
la
intromisión
estado
jurisdicciones,
al
y
roces
tiempo
en
v.
De esta forma se
federal
los
Santana
en
la
función
innecesarios
que
se
entre
promueve
el
CT-2013-18
20
cooperativismo judicial federal a través de un mecanismo
sencillo y eficiente para las partes en litigio. Gerald M.
Levin,
Inter-jurisdictional
Certification:
Beyond
Abstention Toward Cooperative Judicial Federalism, 111 U.
Pa. L. Rev. 344, 350 (1963). Por tanto, bien utilizado, el
mecanismo
de
certificación
fortalece
tanto
el
sistema
judicial de los estados y del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico como el sistema judicial del gobierno federal.
Cabe
señalar
que,
históricamente,
se
cuestionó
la
justiciabilidad de las preguntas certificadas mediante el
mecanismo de certificación interjurisdiccional en aquellos
estados en que estaban vedadas las opiniones consultivas.47
Véase Comment, Inter-Jurisdictional Certification and Full
Faith and Credit in Federal Courts: To Certify or Not to
Certify, Is that a Question?, 45 Wash. L. Rev. 167 (1970).
La preocupación principal era la posibilidad de atender
una
controversia
cumpliese
con
el
mediante
certificación
sin
requisito
de
controversia‖.
―caso
o
que
se
Algunas jurisdicciones optaron por reconocer las opiniones
consultivas, otras aceptaron el mecanismo de certificación
interjurisdiccional sujeto a que el mismo cumpliese con la
doctrina
de
justiciabilidad.
John
B.
Corr
&
Ira
P.
Robbins, Interjurisdictional Certification and Choice of
Law, 41 Vand. L. Rev. 411, 419-422 (1988). En el caso de
47
Este
mecanismo
es
relativamente
novel
en
la
jurisprudencia federal pues fue adoptado para finales de
la década del 50 del siglo XX. Hon. Bruce M. Selya,
Certified Madness: ask a silly question, 29 Suffolk U.L.
Rev. 677, 680-681(1995).
CT-2013-18
21
Puerto Rico, desde un inicio hemos establecido que las
certificaciones
interjurisdiccionales
cabalmente
con
la
American,
supra,
doctrina
de
deben
cumplir
justiciabilidad.
pág. 790. Es decir, ―[l]a
Pan
controversia
jurídica que suscita la certificación tiene que originarse
en un caso o controversia real entre las partes.
De lo
contrario, podría inducirse a una opinión consultiva que
afecta
la
legitimidad
y
efectividad
del
dictamen
adjudicativo‖. H.E. Vicente Cuesnongle, O.P. v. D.A.C.O.,
119 D.P.R. 457, 463-64 (1987) (Hernández Dentón, J., Op.
Concurrente).
Por
consiguiente,
el
mecanismo
de
certificación
interjurisdiccional no altera nuestra responsabilidad de
velar porque, al contestar las preguntas certificadas, no
eludamos los criterios de autolimitación judicial propios
de
la
doctrina
Tribunal.
de
Así,
para
interjurisdiccional
requisitos
justiciabilidad
para,
por
que
hemos
un
proceda
adoptada
una
establecido
lado,
delimitar
por
este
certificación
una
serie
de
el
alcance
de
nuestra intervención y, por otro, cumplir con la doctrina
de
justiciabilidad.
certificadas
deben
puertorriqueño;
Éstos
son:
involucrar
(1)
las
cuestiones
preguntas
de
Derecho
(2) no deben existir precedentes claros
que dispongan correctamente del asunto; (3) las preguntas
deben poder determinar el resultado del pleito ante el
foro que certifica; y (4) la certificación debe contener
una relación de los hechos relevantes a la controversia,
CT-2013-18
22
de forma tal que demuestren la verdadera naturaleza de la
controversia.
Guzmán
v.
Calderón,
164
D.P.R.
220,
228
(2005); Pan Ame. Corp., supra, pág. 788.48
Los últimos dos requisitos, en particular, garantizan
que
para
que
una
certificación
atendida
por
este
Foro,
justiciabilidad.
Pan
se
interjurisdiccional
cumpla
American,
con
supra,
la
pág.
sea
doctrina
de
790.
un
Por
lado, el tercer requisito exige que la determinación de
este
Tribunal
pueda
tener
un
efecto
concreto
en
la
controversia, y por otro, el cuarto requisito requiere que
los hechos que se acompañan a la certificación demuestren
la verdadera naturaleza de la controversia que amerita ser
atendida por este Foro. En ausencia de un cumpliento cabal
con
estos
requisitos,
cuestiones
estamos
presentadas
impedidos
mediante
de
una
atender
las
certificación
interjurisdiccional.
C
Según
la
relación
de
hechos
que
el
Tribunal
de
Distrito presentó en la solicitud de certificación y los
fundamentos
para
controversia
en
emitir
este
caso
el
se
injunction
ciñe
a
preliminar,
determinar
si
la
el
requisito de justa causa impuesto al Gobernador para la
remoción del Procurador de las Personas con Impedimentos,
48
Así vemos que si bien la Ley de la Judicatura de 2003
flexibilizó
la
normativa
sobre
las
certificaciones
interjurisdiccionales, aún permanece el requisito de que
la decisión emitida por este Foro pueda determinar el
resultado del pleito ante el foro federal. Guzmán, supra,
pág. 229.
CT-2013-18
un
23
funcionario
ejecutivo
que
también
ejerce
funciones
cuasi judiciales49 y nombrado a un término de diez (10)
años, incide sobre la facultad del Gobernador para cumplir
y hacer cumplir las leyes. El foro federal de instancia,
sorprendentemente, obvió un elemento o hecho fundamental e
imprescindible al asunto planteado, a saber: la aprobación
de la Ley Núm. 75 que derogó el cargo que el demandante
ejercía.
Ese hecho fundamental e imprescindible no pasó
desapercibido
Primer
para
Circuito.
el
Tribunal
Éste
dejó
de
sin
Apelaciones
efecto
el
para
el
injunction
preliminar emitido por el foro primario federal, razonado,
correctamente, que la verdadera controversia en este caso,
versaba sobre la eliminación del puesto de un funcionario
ejecutivo
mediante
una
legislación
y
no
sobre
la
destitución de un funcionario que ejerce funciones cuasi
legislativas y cuasi judiciales realizada por el Primer
Mandatario.
Luego de examinar con detenimiento los hechos de este
caso según surgen de la solicitud de certificación del
Tribunal de Distrito y los documentos que la acompañan,
coincidimos con la apreciación del Tribunal de Apelaciones
para
el
Primer
Circuito:
la
controversia
ante
la
consideración del Tribunal de Distrito versaba sobre la
eliminación
49
o
abolición
del
puesto
de
un
funcionario
Según surge de la solicitud de certificación, el foro
federal primario señaló que el señor Díaz Carrasquillo
demostró que el cargo de Procurador para las Personas con
Impedimentos
ejerce
funciones
ejecutivas
y
cuasi
judiciales.
CT-2013-18
24
ejecutivo
mediante
destitución
de
funciones
una
un
cuasi
legislación
funcionario
judiciales.
y
no
sobre
ejecutivo
que
Consecuentemente,
la
ejerce
entendemos
que las preguntas certificadas ante nuestra consideración,
las cuales se fundamentan en la alegada destitución por el
Primer Ejecutivo de un funcionario que ejerce funciones
cuasi judiciales, no cumplen con los requisitos de una
certificación
interjurisdiccional.
Por
consiguiente,
procede, luego de aplicar correctamente el Derecho, anular
el recurso de certificación.
Es
decir,
un
análisis
sin
ánimo
de
los
solicitud
de
certificación
y
acompañan
a
la
lleva
misma
nos
a
prevenido
de
la
documentos
que
se
es
la
concluir
cuál
verdadera naturaleza de la controversia en este caso, a
saber:
determinar
si
algún
derecho
interés
oponible
a
la
o
el
facultad
señor
Díaz
propietario
de
la
Carrasquillo
sobre
Asamblea
su
tenía
puesto,
Legislativa
de
crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos,
en virtud de la Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.
Como bien concluyó el Tribunal de Apelaciones para el
Primer Circuito, basta analizar el tracto fáctico de este
caso
para
concluir
que
la
Asamblea
Legislativa
es
la
responsable de que, mediante su poder de legislación, se
aboliera la Oficina del Procurador de las Personas con
Impedimentos,
entonces
Administración
de
las
adscrita
a
la
Oficina
de
Procuradurías.
Ello
provocó
que,
CT-2013-18
25
incidentalmente,
Carrasquillo.
se
Por
eliminara
tal
el
razón,
puesto
es
del
señor
irrelevante
que
Díaz
nos
pronunciemos sobre el interés propietario del señor Díaz
Carrasquillo vis à vis los límites al poder del Gobernador
para
removerlo
Tribunal
de
y
los
criterios
Distrito
para
que
debe
adjudicar
evaluar
esa
el
diatriba
constitucional, según sugieren las preguntas certificadas.
Por tanto, para resolver este caso conforme a Derecho, no
procede que ejerzamos nuestra jurisdicción para atender y
contestar las preguntas certificadas por el foro federal,
que
no cumplen con el requisito de contener una relación
de los hechos relevantes a la controversia, de forma tal
que demuestre la verdadera naturaleza de la controversia.
De
igual
forma,
tampoco
procedía
evaluar
si
un
individuo pierde un derecho propietario limitado al entrar
en conflicto con la doctrina de inmunidad parlamentaria.
Esa cuestión presentada no es más que otro trampantojo
jurídico. Cuando se alega que el Estado afecta un derecho
o interés propietario la actuación estatal se evalúa al
amparo de la cláusula de debido proceso de ley.
En este
caso la doctrina de inmunidad parlamentaria fue invocada
por el Gobernador, no frente al supuesto de un interés o
derecho propietario del demandante, sino ante el reclamo
de la parte demandante de discrimen político. Tal reclamo
fue
presentado
mediante
una
acción
civil
federal
de
privación de derechos al amparo de la sección 1983, 42
U.S.
sec.
1983.
Dentro
de
ese
contexto,
el
Gobernador
CT-2013-18
26
argumentó
que
extendida
a
aprobar
los
judiciales
por
éste
razón
de
por
acto
el
estatutos
estaban
la
en
impedidos
inmunidad
parlamentaria,
legislativo
de
controversia,
de
entrar
firmar
los
a
y
foros
considerar
alegaciones sobre supuestas motivaciones discriminatorias
por el acto de aprobar los estatutos. 50
Eso es un asunto
que le compete al foro federal dirimirlo.51 Por tal razón,
50
De hecho, los casos citados por la opinión mayoritaria
atienden la aplicabilidad de la inmunidad legislativa en
situaciones donde se presentaron acciones por discrimen.
Ningún caso citado evaluó un conflicto entre un derecho
propietario de un ciudadano y la inmunidad legislativa,
pues nuestro ordenamiento no admite dicho choque.
51
En Torres Rivera v. Calderón Serra, 412 F.3d 205 (1er
Cir. 2005), el Tribunal de Apelaciones para el Primer
Circuito atendió una controversia similar a este asunto.
Allí el foro apelativo intermedio federal tuvo ante sí una
controversia originada por los siguientes hechos. El
entonces Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, Hon. Pedro Rosselló González, aprobó una legislación
para restructurar la Comisión Industrial y aumentar el
número de comisionados en la Comisión de cinco (5)
comisionados a veinticinco (25).
Estos serían nombrados
por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del
Senado, por un término fijo.
La legislación dispuso que
los comisionados que en función al momento de la
restructuración, continuarían ejerciendo el cargo hasta
que venciera su término.
Eventualmente, la sucesora en la Gobernación, Hon. Sila M.
Calderón, aprobó una legislación en la que se enmendó la
legislación aprobada bajo la administración del Gobernador
Rosselló
González.
Mediante
esta
legislación,
se
estableció una nueva estructura en la Comisión y se redujo
el número de comisionados de veinticinco (25) comisionados
a cinco (5).
La legislación dispuso que los cinco (5)
miembros serían nombrados por la Gobernadora.
Nada se
dijo sobre los comisionados que estaban en funciones al
momento en que se aprobó la legislación. Posteriormente,
el entonces Secretario de la Gobernación, Hon. Ferdinand
Mercado, envió una carta a los (25) comisionados nombrados
bajo la estructura anterior, en la que les notificó sobre
la terminación de sus funciones en virtud de la
legislación aprobada.
Así las cosas, varios de los
comisionados destituidos en virtud de la legislación
presentaron una reclamación ante el Tribunal de Distrito
en contra de la Gobernadora Sila M. Calderón y otros
CT-2013-18
emitir
un
27
juicio
sobre
esa
cuestión
no
sólo
falla
en
reconocer el verdadero asunto de derecho planteado, sino
que se arriesga a discutir un asunto cuyo efecto, a lo
sumo, es inocuo.
Por su parte, y consustancial a lo anterior, toda vez
que las preguntas certificadas no atienden la verdadera
controversia en este caso, la determinación de este Foro
respecto a las cuestiones presentadas no será determinante
para el resultado del pleito ante el foro federal. Es
decir,
cualquier
certificadas
determinación
constituye
la
sobre
emisión
las
de
preguntas
una
opinión
consultiva – o un extenso dictum – sobre cuestiones que,
según analizamos, no son pertinentes ni determinantes para
la
resolución
Apelaciones
de
esta
para
el
controversia.
Primer
Ya
el
Circuito
Tribunal
de
emitió
una
funcionarios.
Alegaron, entre otras cosas, que el
estatuto era inconstitucional porque iba dirigido a
removerlos mediando discriminen político en contra de
éstos y violaba sus derechos a la libertad de expresión y
a libertad de asociación por éstos estar afiliados del
P.N.P.
Ante estos hechos, el foro apelativo intermedio
federal confirmó la determinación del foro federal
primario y concluyó, entre otras cosas, que el estatuto no
era inconstitucional bajo el análisis de la Primera
Enmienda de la Constitución federal. A su vez, desestimó
la reclamación de discrimen en contra de la Gobernadora
bajo la garantía de inmunidad parlamentaria extendida a la
firma y aprobación de una legislación por el ejecutivo, y
desestimó la reclamación en contra de los funcionarios
ejecutivos
bajo
la
doctrina
federal
de
inmunidad
condicionada.
En lo pertinente, señaló que ―there is no
statutory invalidity from the fact that the statute may,
in the end, lead to a situation in which the impact of the
reorganization will be to disproportionally terminate the
employment of members of one political party‖. Torres
Rivera, 412 F.3d en la pág. 211.
CT-2013-18
28
determinación
sobre
la
verdadera
consideración
del
Tribunal
de
controversia
ante
Distrito:
interés
el
la
propietario de un funcionario ejecutivo cuando su puesto
es abolido por la Asamblea Legislativa.
A no ser que el
interés
revocar
al
para
Primer
de
la
Apelaciones
de
mayoría
Estados
sea
Unidos
el
Tribunal
de
Circuito,
facultad que le compete al Tribunal Supremo de Estados
Unidos, sito en Washington D.C.
Reiteramos,
concluyó
que
el
dado
a
foro
apelativo
intermedio
que
el
del
puesto
federal
Procurador
fue
abolido por la Asamblea Legislativa al aprobarse la Ley
Núm. 75, ―Diaz had no property interest, i.e., no ―right,‖
in the Advocate position‖. Díaz Carrasquillo v. GarcíaPadilla, No. 13-2277, Slip Opinion, págs. 9-10 (1er Cir.
16 de abril de 2014). Por tanto, cualquier determinación
nuestra sobre las preguntas certificadas requeriría entrar
a atender asuntos que fueron válidamente adjudicados por
el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, foro
con jurisdicción sobre las partes en esta controversia.52
52
Como bien reconoce el Juez Asociado señor Martínez
Torres en su Opinión de Conformidad, el foro apelativo
intermedio federal no encontró una laguna doctrinal que
incitara dudas sobre la interpretación correcta del
derecho
puertorriqueño
aplicable.
Al
adjudicar
la
controversia
ante
su
consideración
el
Tribunal
de
Apelaciones tácitamente reconoció la inmaterialidad de las
preguntas certificadas por el Tribunal de Distrito.
Contrario a lo que sostiene el Juez Asociado, el
Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito no estaba
obligado a mostrar deferencia alguna a nuestra decisión de
acoger la certificación. Si bien el Tribunal Supremo de
Estados Unidos expresó en Arizonans que los tribunales
federales deben evitar especular sobre el significado de
un estatuto estatal cuando no ha sido interpretado por el
CT-2013-18
29
Por tal razón, en riesgo de emitir una opinión consultiva,
procede
que
se
anule
el
recurso
de
certificación
interjurisdiccional ante nuestra consideración.
No obstante a lo anterior, hoy, una mayoría de este
Tribunal,
en
claro
justiciabilidad
y
incumplimiento
los
requisitos
con
de
la
una
doctrina
de
certificación
interjurisdiccional, se adentra a contestar las preguntas
certificadas. Además, por razones exógenas al Derecho, una
máximo foro estatal y está disponible el mecanismo de
certificación, ese foro fundamentó su conclusión en que la
controversia
bajo
el
derecho
estatal
evitaría
una
adjudicación innecesaria bajo la constitución federal.
Arizonans for Official English v. Arizona, 520 U.S. 43, 73
(1997). Ése es el verdadero ámbito de la llamada
abstención Pullman: cuando en circunstancias especiales
surge una incertidumbre sustancial sobre la interpretación
del derecho estatal y existe una probabilidad razonable de
que aclarar esa interpretación evitaría una adjudicación
al amparo de la constitución federal, un tribunal federal
debe abstenerse de adjudicar la controversia hasta cuanto
termine de litigarse el caso en el foro estatal.
Chemerinsky, p.818, sec. 12.2.
No procede invocar la doctrina de abstención Pullman
meramente porque el foro estatal no ha considerado la
constitucionalidad del estatuto impugnado al amparo de su
constitución. Chemerinsky, en la pág. 820. La ausencia de
una interpretación por un foro estatal no es, de por sí
sola, suficiente para causar duda sobre la interpretación
adecuada Id. Tampoco procede invocar la abstención Pullman
cuando la disposición constitucional estatal contiene
disposiciones análogas a la constitución federal, como
resulta evidente en la controversia ante nosotros, o para
meramente otorgarle al tribunal estatal la oportunidad de
decidir la controversia antes que el foro federal.
Chemerinsky,
pág.
821
citando
a
Wisconsin
v.
Constantineau, 400 U.S. 433,439 (1971) y Zickler v. Koota,
389 U.S. 241, 251 (1967). En este caso ni siquiera existía
una incertidumbre, mucho menos sustancial, pues el
Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito contaba
con el precedente de Gómez, supra, que atiende a cabalidad
la controversia que estuvo ante su consideración. De
hecho, irónicamente, en la opinión consultiva que hoy
emite la mayoría se reafirma mediante malabarismos
judiciales la norma allí establecida.
CT-2013-18
30
mayoría de este Tribunal cede ante la petición de la parte
demandante y se expresa sobre asuntos que no están ante
nuestra consideración pero que tienen graves repercusiones
en el ámbito político.
Ello, en la medida de que intenta
pasar juicio sobre cierta legislación pendiente ante la
consideración
de
la
Asamblea
Legislativa.
En
otras
palabras, la opinión consultiva que hoy se emite opera
como
una
censura
previa
que
pretende
impedir
que
la
que
se
Asamblea Legislativa legisle.
Es
lamentable
que
en
casos
como
éste,
en
discuten asuntos de política pública de una administración
en particular, una mayoría esté dispuesta a abdicar toda
noción básica sobre autolimitación judicial y sobre los
principios de un sistema judicial federalista.
Parecería
ser que con el tiempo retrocedemos de aquel momento en que
velábamos por el cauteloso ejercicio del poder judicial y
de
nuestra
visión
prudente
sobre
la
naturaleza
de
los
tribunales, momentos que, en palabras del profesor Ramos
González,
configuraron
judicial.
Carlos
Constitucional:
los
E.
E.L.A.
v.
albores
de
Ramos
González,
Derecho
los
de
la
Jur.
U.
éstos
me
Aguayo
o
independencia
judicial
puertorriqueña,
Inter.
633,
(2000).
P.R.
636
En
la
34
días
independencia
albores
Rev.
como
pregunto: ¿qué queda de ella?
Dado a que una mayoría de este Tribunal adelanta,
mediante
la
opinión
consultiva
que
hoy
se
emite,
el
criterio sobre el interés propietario de un funcionario
CT-2013-18
31
ejecutivo cuyo puesto fue abolido mediante legislación por
la Asamblea Legislativa, nos vemos obligados a disentir de
su apreciación ―en los méritos‖.
III
A
La Constitución establece que ninguna persona puede
ser privada de su propiedad sin un debido proceso de ley.
Const.
PR,
Art.
II
sec.
7.
Este
derecho
tiene
su
contraparte en las Enmiendas V y XIV de la Constitución de
los Estados Unidos. Const. EE. UU. Enmd. V y XIV.
El
debido proceso de ley se manifiesta en dos modalidades: la
modalidad
sustantiva
y
la
modalidad
procesal.
En
la
modalidad sustantiva, el debido proceso de ley impide que
el Estado, al aprobar leyes o al realizar una actuación,
afecte de manera irrazonable, arbitraria o caprichosa los
intereses de propiedad o libertad.
Rivera Santiago v.
Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265 (1987); Rivera Rodríguez
v. Lee Stowell, 133 D.P.R. 881 (1993).
la
modalidad
constitucional
procesal,
de
el
garantizar
Estado
que
Por su parte, bajo
tiene
al
la
obligación
interferir
con
un
interés libertario o propietario de una persona se cumpla
con un procedimiento justo y equitativo.
González Aristud
v. Hosp. Pavía, 168 D.P.R. 127 (2006).
En otras palabras,
para privar a una persona de su libertad o propiedad, el
Estado tiene que garantizar un proceso justo y equitativo
que
tome
en
consideración
el
interés
propietario
libertario de la persona afectada por su actuación.
o
CT-2013-18
Ahora
32
bien,
para
que
se
active
la
protección
constitucional a un debido proceso de ley en su modalidad
procesal, es necesario que exista un interés individual de
libertad o propiedad que amerite la referida protección
constitucional. Vázquez González v. Mun. de San Juan, 178
D.P.R. 636 (2010); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda,
119 D.P.R. 265 (1987).
juego
un
interés
Es decir, ―tiene que estar en
individual
de
libertad
o
propiedad‖.
Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R.
881, 888 (1993).
A
tales
efectos,
el
Tribunal
Supremo
de
Estados
Unidos ha señalado que los intereses propietarios ―are not
created by the Constitution. Rather they are created and
their
dimensions
are
defined
by
existing
rules
or
understandings that stem from an independent source such
as state law-rules or understandings that secure certain
benefits and that support claims of entitlement to those
benefits‖. Board of Regents of State Colleges v. Roth, 408
U.S. 564, 577 (1972).
Determinada la existencia de un
interés propietario o libertario, se activa la protección
constitucional de la cláusula de debido proceso de ley de
nuestra
Constitución
y
Unidos,
y
entonces
procede
procedimiento
exigido.
de
la
Torres
Constitución
de
Estados
determinar
cuál
es
el
Solano
P.R.T.C.,
127
v.
D.P.R. 499, 529 (1990).
En
ocasiones
empleados
públicos
anteriores
hemos
de
tienen
carrera
reconocido
un
que
interés
en
los
la
CT-2013-18
33
retención de su empleo si dicho interés está protegido por
ley o cuando por razón de las circunstancias se crea una
expectativa de continuidad en el empleo. Orta v. Padilla
Ayala, 131 D.P.R. 227 (1992); Pierson Muller I v. Feijoo,
106 D.P.R. 838 (1978).
Igualmente, hemos señalado que
empleados del gobierno
que no gozaban de un puesto de
carrera
un
también
tienen
interés
propietario
sobre
el
mismo.53
No obstante, ninguno de estos casos se enfrentaba al
supuesto
de
que
la
Asamblea
Legislativa,
mediante
legislación, hubiese abolido una oficina o departamento
ejecutivo e incidentalmente se hubiese eliminado el cargo
de
un
funcionario
público.
Tal
análisis
merece
una
discusión particular sobre las facultades y poderes de la
Asamblea
Legislativa
para
abolir
una
agencia
o
departamento ejecutivo como corolario de ―la facultad para
crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y
definir sus funciones‖. Const. P.R. Art. III sec. 16. A
saber,
¿qué
interés
propietario,
si
alguno,
posee
un
funcionario sobre un puesto creado por una ley que fue
53
Por ejemplo, hemos reconocido el interés propietario de
una empleada escolar sobre la expectativa, en virtud de un
contrato implícito,
de que el puesto transitorio en que
se desempeñaba se convirtiese en permanente. Lupiáñez v.
Srio. de Instrucción, 105 D.P.R. 696 (1977).
A su vez,
hemos reconocido el interés propietario de un Alcalde
sobre el sueldo, los beneficios marginales y el ejercicio
del cargo para el cual fue electo, al haber sido
suspendido de su cargo por el Gobernador cuando todavía
quedaba pendiente la formulación de cargos en su contra.
Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716 (1982).
CT-2013-18
34
derogada por la Asamblea Legislativa en el ejercicio de
sus facultades?
Veamos.
B
Como parte del interés de nuestros constituyentes de
establecer un sistema de pesos y contrapesos que garantice
el
equilibrio
gobierno,
de
la
poder
sección
entre
16
Constitución
de
Puerto
Legislativa
tendrá
reorganizar
departamentos
la
nuestras
del
tres
Artículo
Rico
dispone
facultad
de
crear,
y
en
el
constituyentes
pasado,
con
quisieron
esta
de
la
la
Asamblea
consolidar
definir
funciones. Const. P.R. Art. III, Sec. 16.
señalado
de
III
que
ejecutivos
ramas
sus
Según hemos
sección
―incorporar
o
nuestros
en
nuestra
jurisdicción [] criterios similares a los adoptados en la
jurisdicción federal en cuanto al alcance del poder de la
Asamblea Legislativa para intervenir. . .con los poderes
delegados a la Rama Ejecutiva‖. Guzmán v. Calderón, 164
D.P.R. 220, 233 (2005).
Desde muy temprano en la jurisprudencia federal,
Tribunal
Supremo
de
Estados
Unidos
reconoció
el
que
consustancial a la facultad del Congreso de crear agencias
ejecutivas, está el poder para abolirlas o modificarlas.
Butler
v.
Pennsylvania,
Posteriormente,
Butler,
el
51
U.S.
fundamentándose
Tribunal
Supremo
(10
en
la
federal
How.)
511
(1850).
determinación
señaló
que
en
―the
legislative power of a State, except so far as restrained
by its own Constitution, is at all times absolute with
CT-2013-18
respect
35
to
all
offices
within
its
reach.
It
may
at
pleasure create or abolish them, or modify their duties‖.
Higginbotham v. City of Baton Rouge, La., 306 U.S. 535,
538 (1939); Newton v. Commissioners, 100 U.S. 548, 559
(1879).
En Newton v. Commissioners, 100 U.S. 548 (1879), el
Tribunal Supremo de Estados Unidos aclaró que tal poder
legislativo responde al principio de que:
Every succeeding legislature possesses the
same jurisdiction and power with respect to them
as its predecessors. The latter have the same
power of repeal and modification which the
former had of enactment, neither more nor less.
All occupy, in this respect, a footing of
perfect equality. This must necessarily be so in
the nature of things. It is vital to the public
welfare that each one should be able at all
times to do whatever the varying circumstances
and present exigencies touching the subject
involved may require.
Id. en la pág. 559.
A tales efectos, en Lewis v. United States, 244 U.S.
144 (1917), el Tribunal Supremo de Estados Unidos sostuvo
que una legislación que abolía una ley en virtud de la
cual
se
creaba
un
cargo
público,
tenía
incidental de abolir el cargo público.
partir
de
la
fecha
funcionario
que
permanecer
en
el
derivaban
de
él.
en
que
ocupaba
puesto
Id.
el
cargo
ni
a
Este
quedó
no
los
efecto
Por tal razón, a
cargo
el
el
tenía
abolido,
el
derecho
a
beneficios
razonamiento
que
se
jurídico
fue
reafirmado en Higginbotham v. City of Baton Rouge, supra.
En
Higginbotham
el
Tribunal
Supremo
de
Estados
Unidos
sostuvo que la Asamblea Legislativa tenía el poder para
CT-2013-18
36
abolir o modificar las agencias ejecutivas y modificar los
términos, deberes y funciones de sus funcionarios.
Por
tal razón, denegó la reclamación presentada por el señor
Higginbotham sobre su cargo, cargo que tenía un término
que no había concluido.
En el caso de Puerto Rico, el único límite plasmado
en
nuestra
refiere
Constitución
a
aquellos
a
tal
facultad
departamentos
legislativa
ejecutivos
creados
se
en
virtud de en virtud de la propia Constitución. Const. Art.
IV sec. 6. Por consiguiente, fuera de los departamentos
ejecutivos
Asamblea
establecidos
Legislativa
reorganizar
y
por
mandato
tiene
consolidar
plena
constitucional,
facultad
departamentos
―para
la
crear,
ejecutivos
de
gobierno, y para definir sus funciones‖. Const. Art. IV
sec. 6.
Facultad que conlleva necesariamente el poder
para abolir los departamentos ejecutivos creados. Butler
v. Pennsylvania, supra.
Sin
embargo,
en
reconocimiento
del
poder
de
nombramiento del ejecutivo y del balance de poderes entre
las
ramas
de
gobierno,
hemos
señalado
que
la
Asamblea
Legislativa, en el ejercicio de su facultad de legislar
sobre
los
departamentos
ejecutivos,
no
puede
afectar
irrestrictamente el poder del gobernador de nombramiento
y, consustancial a este poder, el poder de destitución.
Santana, supra, pág. 74. Por tal razón, tanto en Guzmán
como en Santana, evaluamos las restricciones impuestas por
la
Asamblea
Legislativa
al
poder
de
destitución
del
CT-2013-18
37
Gobernador sobre funcionarios ejecutivos y adoptamos la
jurisprudencia federal sobre tales casos.
Distinto es, sin embargo, aquellas instancias en que,
tal y como reseñamos en la esfera federal, la Asamblea
Legislativa opta por eliminar o abolir un departamento,
agencia o instrumentalidad del Ejecutivo e incidentalmente
elimina un cargo público.
Esta controversia fue atendida
y resuelta por este Tribunal en Gómez v. Negrón Fernández,
65
D.P.R.
305
(1945).
En
aprobación
la
jurisprudencia
Gómez,
supra,
federal
antes
citando
con
reseñada,54
sostuvimos que:
Está firmemente establecido. . . que al
abolir un cargo creado por la Legislatura no se
priva
al
incumbente
de
ningún
derecho
constitucional.
No
existe
ningún
derecho
contractual o interés de propiedad en relación
con la aceptación de un cargo de creación
legislativa y el incumbente lo acepta bajo el
entendido de que el mismo puede ser abolido en
cualquier momento.
Gómez, supra, pág. 312.
Según surge de los hechos del caso de Gómez, el señor
Gómez fue nombrado por el Gobernador con el consentimiento
del Senado para ocupar el cargo de Fiscal del Tribunal
Supremo por cuatro años, en virtud de la Ley Núm. 39 de 7
de marzo de 1912 (―Ley Núm. 39‖), 3 L.P.R.A. sec. 84-85i
(derogada). Posteriormente, la Ley Núm. 39 fue enmendada
por la Asamblea Legislativa mediante la aprobación de la
Ley Núm. 270 de 14 de mayo de 1945, 3 L.P.R.A. sec. 85
54
En específico, hicimos referencia a la trilogía de
casos Higginbotham v. Baton Rouge, 306 U.S. 535, 538
(1939) Newton v. Commissioners, 100 U. S. 548, 559, Butler
v. Pennsylvania, 51 U.S. (10 How.) 511 (1850).
CT-2013-18
38
(derogada).
Esta
última
legislación
creó
el
cargo
de
Procurador General Auxiliar y Fiscal del Tribunal Supremo.
Así las cosas, el Procurador General optó por no nombrar
al señor Gómez para ocupar la plaza recién creada.
Adujo
que
sido
por
considerar
que
el
puesto
de
Gómez
había
abolido por la Ley Núm. 270, tenía la facultad de nombrar
a la persona de su predilección al puesto recién creado.
En
desacuerdo,
el
señor
Gómez
presentó
un
mandamus
para
que
se
ordenara
su
puesto.
Alegó
que
la
Asamblea
Legislativa
recurso
reinstalación
se
de
en
el
limitó
a
realizar una leve alteración en la designación oficial,
pero
que
el
puesto
tenía
las
mismas
obligaciones,
atribuciones y deberes del puesto abolido.
No
obstante,
contrario
a
la
alegación
del
señor
Gómez, señalamos que ―cuando exista la más leve diferencia
entre dos cargos, no por su designación oficial, sino en
cuanto a su naturaleza, no puede sostenerse que el cargo
anterior no ha sido abolido‖. Id. en la pág. 311. A tales
fines, reconocimos que la Legislatura puede establecer un
nuevo
sistema
de
gobierno
departamentos
creados
―abolir
plan
el
y
en
para
virtud
los
de
cargos
las
instituciones
o
plan
anterior
y
creados
para
la
un
administración de ese plan, en su totalidad o en parte‖.
Id.
en
la
pág.
313.
Finalmente,
señalamos
que
―[e]n
cuanto a la sabiduría, conveniencia o motivos que haya
tenido la Legislatura para actuar en la forma en que lo ha
hecho, no concierne a la rama judicial, dentro de nuestro
CT-2013-18
39
sistema de separación de poderes, entrar a investigarlos o
discutirlos”.
podemos
Id.
colegir
estableció
un
en
la
pág.
que
en
Gómez,
supra,
este
objetivo
para
evaluar
criterio
314.
Por
consiguiente,
Tribunal
si,
en
efecto, las actuaciones de la Asamblea Legislativa iban
dirigidas únicamente a remover al incumbente, a saber, el
criterio de análisis exige que la naturaleza del cargo
varíe mediante la promulgación de una ley que elimine el
departamento
ejecutivo
e
incidentalmente
con
normativa
el
cargo
anterior.55
A
tenor
albergamos
duda
la
de
que
la
antes
facultad
reseñada,
de
la
no
Asamblea
Legislativa para abolir o reorganizar un departamento e
incidentalmente
poder
abolir
legislativo
un
cargo
para crear,
está
contemplada
consolidar
o
en
el
reorganizar
departamentos ejecutivos y definir sus funciones.
En el
caso de una legislación que tenga como propósito eliminar
una oficina y crear una nueva, lo que procede es evaluar
si se le conceden nuevas facultades y deberes a la oficina
de nueva creación en comparación con la anterior.
En caso
de que así se haya hecho, un funcionario público no puede
55
La adopción de estos parámetros no fue novel para un
tribunal estatal de más alta jerarquía, pues un repaso
histórico da cuenta de que estos parámetros fueron
adoptados con anterioridad a nuestra determinación por
tribunales de más alta jerarquía en distintos estados de
Estados Unidos al analizar casos en que, mediante
legislación, la Asamblea Legislativa abolía una oficina e,
incidentalmente, eliminaba un cargo público. Véanse State
ex rel. Hammond v. Maxfield, 132 P.2d 660 (Utah, 1942)
O'Connor v. Greene, 21 N.Y.S.2d 631 (New York, 1940).
CT-2013-18
40
albergar un interés propietario sobre un cargo que ha sido
abolido o eliminado por disposición estatutaria.
parte,
una
vez
la
Asamblea
Legislativa
Por su
aprueba
la
abolición, eliminación o reorganización de un departamento
ejecutivo, conforme a la facultad conferida por nuestra
Constitución, compete al poder ejecutivo aprobar o vetar
la legislación y de aprobarla, actuar conforme al mandato
legislativo.
IV
En
virtud
esta
controversia,
la
Asamblea
de
su
de
abolir
facultad
Legislativa,
o
en
reorganizar
departamentos, optó por derogar el Plan de Reorganización
mediante la aprobación de la Ley Núm. 75.
Lo cual, para
todos
Procuradurías
los
efectos
prácticos,
abolió
las
creadas en virtud del Plan de Reorganización, entre éstas,
la Oficina del Procurador de la Personas con Impedimentos,
y la Oficina para la Administración de las Procuradurías
(―OAP‖).
cargo
Esto provocó que incidentalmente se eliminara el
del
señor
procuradores
Reorganización.
Díaz
nombrados
Carrasquillo
en
Coetáneamente,
virtud
la
y
de
del
Asamblea
los
Plan
demás
de
Legislativa
aprobó la Ley Núm. 78 en virtud de la cual ―[s]e crea la
Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico‖.
Artículo 2 de
la Ley Núm. 78 de 24 de julio de 2013. Tanto en la Ley
Núm. 75 como en la Ley Núm. 78, se dispuso que entrarían
en vigor en un término de treinta (30) días después de su
CT-2013-18
41
aprobación,
transición
término
entre
la
que
se
OAP
y
y
en
utilizaría
las
para
hacer
Procuradurías
la
de
recién
el
mandato
creación.
A
tales
fines,
cumplimiento
con
legislativo, el Gobernador nombró un Comité de Transición
y, eventualmente, nominó a un Procurador interino a la
Oficina
de
la
Procuraduría
Impedimentos.
un
tribunal
para
las
Personas
con
No queda duda entonces de que el rol de
de
Derecho
en
esta
controversia
(y
no
la
transmutada por la mayoría) se limitaba a determinar si la
actuación
legislativa
establecidos
en
cumple
la
con
los
jurisprudencia
parámetros
federal
y
la
puertorriqueña sobre el poder de la Asamblea Legislativa
para abolir o reorganizar un departamento ejecutivo.
En
específico, a evaluar si en el ejercicio de tal facultad,
la actuación legislativa no estaba dirigida a remover al
señor Díaz Carrasquillo conforme a los criterios objetivos
establecidos en Gómez v. Negrón Fernández, 65 D.P.R. 286
(1945).
Procede que, para efectos de la discusión de este
caso en ―los méritos‖,
evaluemos los deberes y facultades
de la extinta Oficina del Procurador de las Personas en
comparación con los de la Oficina recién creada.
Según mencionamos, conforme al Plan de Reorganización
se creó la Oficina de Administración de las Procuradurías
(―OAP‖), organismo bajo el cual se consolidaron todas las
facultades,
funciones
procuradurías.
Con
la
y
deberes
administrativos
creación
de
la
OAP,
de
el
las
Plan
CT-2013-18
42
pretendía que los procuradores se enfocaran más en los
asuntos que afectaban a la población que representaban y
no
en
gestiones
de
dispuso
índole
que
administrativo.
efectos,
se
funciones
administrativas
mando
de
la
OAP
―se
servicios
de
las
oficinas
destinadas
a
recursos
humanos,
compras,
tecnología
de
A
tales
con
la
consolidación
de
las
de
las
Procuradurías
bajo
el
de
los
persigue
la
integración
las
finanzas,
informática,
radicación de querellas, trámites y notificaciones y otras
que rinden servicios similares en cada Procuraduría‖. 3
L.P.R.A. Ap. XVII, Art. 2 (derogado).
Es
decir,
Personas
con
la
nueva
Oficina
Impedimentos,
del
creada
Procurador
por
el
de
las
Plan
de
Reorganización, eliminó poderes y deberes del Procurador
al tiempo en que sometió a las distintas Oficinas, entre
éstas,
la
Oficina
del
Procurador
de
las
Impedimentos, a la supervisión de la OAP.
Personas
con
A tales fines,
limitó las facultades de las Oficina del Procurador de las
Personas con Impedimentos esencialmente a:
[A]tender e investigar los reclamos de las
personas con impedimentos en las áreas de la
educación, la salud, el empleo y la libre
iniciativa
empresarial
o
comercial
de
los
derechos civiles y políticos, de la legislación
social, laboral y contributivo, de la vivienda,
la transportación, la recreación, la protección
del medio ambiente y la cultura, entre otras.
3 L.P.R.A. Ap. XVII, Art. 2 (derogado).
A manera de ilustración, el Plan de Reorganización de
2011
creaba
el
puesto
de
Administrador
de
las
Procuradurías y éste, entre otras cosas, estaba encargado
CT-2013-18
de
43
gestionar
oficina,
la
y
recibir
OAP,
como
el
presupuesto,
de
las
tanto
procuradurías;56
de
su
debía
establecer un programa a través del cual la población que
atendía cada Procuraduría podía canalizar sus quejas para
luego referirlas a los procuradores;57 y tenía la función
de
planificar,
organizar
y
dirigir
los
asuntos
y
transacciones relacionadas al manejo y gobierno interno de
la
OAP
y
de
las
Procuradurías.
Específicamente,
se
le
encargaron ―todos los asuntos y operaciones relacionadas
con
los
recursos
humanos,
contratación
de
servicios,
asignación presupuestaria, adquisición, uso y control de
equipo,
medios
de
comunicación
y
tecnología,
prensa,
56
Art. 6- Funciones y Facultades del Administrador.
. . .
(d) gestionar, recibir, formular, ejecutar el control del
presupuesto y garantizar que los fondos provenientes de
asignaciones legislativas, federales o estatales, y de
transferencias, delegaciones, aportaciones y donativos que
se reciban para la operación de la OAP y de las
Procuradurías sean utilizados, conforme a sus propósitos y
a las delegaciones hechas en este Plan. Los fondos
disponibles serán evaluados y contabilizados conforme a la
estructura programática aprobada, cuya ejecución tendrá
medidas de control, establecidos por la OAP y sujeto a las
leyes que regulan el uso de fondos públicos, normas o
reglas en virtud de los cuales los reciba la OAP o las
Procuradurías, según los reglamentos que el Administrador
adopte para esos fines.
57
Art. 6- Funciones y Facultades del Administrador.
. . .
(i)establecer como parte de su estructura, un área o
programa a través del cual la población que atiende cada
Procuraduría, pueda canalizar sus quejas o reclamos en
caso de violación de derechos, inacción de las agencias o
de servir de enlace entre éstos y la agencia concernida.
CT-2013-18
44
materiales y propiedad, reproducción de documentos y otros
materiales".58 3 L.P.R.A. Ap. XVII, Art. 6 (derogado).
En vista de que la Ley Núm. 75 eliminó la OAP, los
deberes previamente mencionados recayeron en cada una de
las procuradurías creadas posteriormente, entre las cuales
se encuentra la Oficina del Procurador de las Personas con
Impedimentos creada por la Ley Núm. 78.
Como resultado, a
la nueva oficina se le otorgaron mayores deberes que a la
derogada, como por ejemplo, el manejo de las querellas
presentadas, del presupuesto y del reclutamiento necesario
para llevar a cabo los propósitos de la Ley Núm. 78, sin
la
colaboración
de
una
oficina
administrativa
que
se
encargue de ello como lo hacía la OAP.
A su vez, en virtud de la nueva Ley, el Procurador
tiene el deber de ―[d]eterminar la organización interna de
la oficina y establecer los sistemas que sean menester
para
su
adecuado
funcionamiento
y
operación,
así
como
llevar a cabo las acciones administrativas y gerenciales
necesarias
para
colaboración
que
la
implantación
la
OAP
le
de
esta
brindaba
Ley‖,
bajo
el
sin
la
Plan
de
Reorganización derogado. Artículo 9 (a) de la Ley Núm. 78
de 24 de julio de 2013. En reconocimiento de los nuevos
58
Art. 6- Funciones y Facultades del Administrador.
(a) planificar, organizar y dirigir todos los asuntos y
operaciones
relacionadas
con
los
recursos
humanos,
contratación de servicios, asignación presupuestaria,
adquisición,
uso
y
control
de
equipo,
medios
de
comunicación y tecnología, prensa, materiales y propiedad,
reproducción de documentos y otros materiales; y demás
asuntos y transacciones relacionadas al manejo y gobierno
interno de la OAP y de las Procuradurías.
CT-2013-18
45
deberes del Procurador bajo la Ley Núm. 78, la Asamblea
Legislativa le otorgó a éste expresamente la facultad de
nombrar un Procurador Auxiliar para delegarle cualquiera
de las funciones dispuestas en la ley. 59
A base de lo anterior, queda meridianamente claro que
la Ley Núm. 78 tuvo como propósito crear una nueva Oficina
del Procurador de las Personas con Impedimentos, tal y
como la ley dispone expresamente.60
Además, existe más que
una leve diferencia entre las dos oficinas.
La Oficina
pasó de ser una entidad encargada de la fiscalización, a
una
encargada
de
la
fiscalización,
administración
de
toda
la
el
estructura
manejo
y
de
nueva
la
la
procuraduría así como de los empleados y funcionarios a su
cargo.
Después de todo, esto fue lo que provocó que en un
principio se aprobara el Plan de Reorganización de 2011, a
saber,
eliminar
facultades
a
los
procuradores
para
que
estos se encargaran únicamente del ejercicio fiscalizador
de la agencia.
59
De ahí que el legislador, bajo el Plan de
Art. 5- Nombramiento del Procurador de las Personas con
Impedimentos y del Procurador Auxiliar.
. . . .
(b) El Procurador podrá nombrar un Procurador Auxiliar y
delegarle cualquiera de las funciones dispuestas en esta
Ley…
60
Artículo 2- Creación de la Oficina del Procurador de las
Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.
Se crea la Oficina del Procurador de las Personas con
Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
. . . .
Artículo 4- Creación de la Oficina del Procurador de las
Personas con Impedimentos.
Se crea la Oficina del Procurador de las Personas con
Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como
una entidad jurídica independiente y separada de cualquier
otra agencia.
CT-2013-18
46
Reorganización
encargada
de
de
las
2011,
optara
facultades
por
crear
una
oficina
administrativas.
Por
el
contrario, la Asamblea Legislativa actual quiso cambiar
nuevamente la estructura operacional de las procuradurías
y para ello creó un andamiaje administrativo similar al
existente
previo
a
la
aprobación
del
Plan
de
Reorganización de 2011.
Por tanto, si estableciéramos que tanto bajo el Plan
de Reorganización de 2011 como bajo las Leyes Núm. 75 y
Núm. 78 no hubo un cambio significativo en las facultades
y funciones de los procuradores, negaríamos precisamente
la
esencia
misma
por
la
propuestas legislativas.
cual
fueron
impulsadas
estas
En ambos proyectos lo que se
pretendía cambiar, y lo que efectivamente se cambió, eran
las facultades de los procuradores —aunque por fundamentos
distintos
y
con
un
consecuencia,
el
resultado
distinto—
funcionamiento,
y
como
operación
y
administración de la oficina.
A tales fines, la Asamblea Legislativa actual optó
por
crear
una
nueva
estructura
organizacional
en
la
Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos y,
en tal encomienda, cambió la naturaleza y facultades de la
oficina
derogada.
La
actuación
legislativa
no
iba
dirigida a remover al señor Díaz Carrasquillo de su cargo,
sino a establecer la nueva política pública y andamiaje de
las
procuradurías.
incidentales
de
esta
Si
bien
actuación
uno
de
los
legislativa
efectos
fue
la
CT-2013-18
47
eliminación
del
cargo
Carrasquillo,
ello
establecidos
en
se
que
ocupaba
hizo
conforme
Gómez,
supra.
Es
el
a
señor
los
decir,
Díaz
parámetros
la
Asamblea
Legislativa varió sustancialmente la naturaleza del cargo
que
ocupaba
el
señor
Díaz
creación del nuevo cargo.
la
sapiencia
disposición
De
lo
de
este
poderes,
acto
legislativo
en
atentaríamos
piedra
mediante
la
No compete a este foro evaluar
constitucional
contrario,
Carrasquillo
angular
la
investido
Asamblea
contra
de
la
por
Legislativa.
separación
nuestra
de
estructura
constitucional.
A tenor con anterior, y conforme a lo resuelto en
Gómez, supra,
entendemos que las Leyes Núm. 75 y Núm. 78
abolieron la Oficina del Procurador de las Personas con
Impedimentos creada por el Plan de Reorganización de 2011,
lo cual ocasionó que incidentalmente se eliminara el cargo
que ostentaba el señor Díaz Carrasquillo y se creara una
Oficina
con
facultades
entonces Procurador.
adicionales
a
las
que
tenía
el
Mediante la concesión de facultades
adicionales, la Asamblea Legislativa cambió la naturaleza
y facultades de la Oficina del Procurador de las Personas
con Impedimentos.
Por tal razón, la promulgación de las
Leyes Núm. 75 y Ley Núm. 78 fue un acto válido conforme a
los
poderes
conferidos
Asamblea Legislativa.
cargo
por
Carrasquillo
la
no
por
nuestra
Constitución
a
la
Ante la eliminación válida de su
Asamblea
Legislativa,
tenía
derecho
un
o
el
interés
señor
Díaz
propietario
CT-2013-18
48
sobre el cargo. Tal consecuencia es incidental a nuestro
sistema democrático de derecho y al poder constitucional
que le fue conferido a la Asamblea Legislativa.
Hoy la mayoría, luego de discutir en detalle cada una
de
las
preguntas
certificadas,
interés
propietario
puesto
fue
de
un
procede
a
discutir
el
funcionario
ejecutivo
cuyo
eliminado
mediante
una
incidentalmente
legislación que abolió la ley que creaba su puesto. Tal
discusión
merece
dos
señalamientos.
Primero,
resulta
paradojal que la mayoría proceda a discutir las preguntas
certificadas y que, además, atienda la controversia sobre
el interés propietario de un funcionario cuyo puesto fue
eliminado.
De
haber
entendido
que
efectivamente
la
controversia ante nuestra consideración versaba sobre las
relación de hechos certificada –
a saber,
de
ejerce
un
funcionario
ejecutivo
que
la destitución
funciones
cuasi
judiciales – resulta innecesaria toda discusión sobre el
interés
propietario
de
un
funcionario
cuyo
puesto
fue
eliminado por la Asamblea Legislativa. Por el contrario,
de haber entendido que la controversia no versaba sobre el
asunto
certificado,
procedía
denegar
o
anular
la
certificación jurisdiccional. No obstante, la mayoría se
adentra
a
discutir
ambas
controversias
sin
aparente
comprensión sobre lo anterior o, al menos, un intento por
conciliar ambas discusiones.
Segundo,
la
mayoría
reafirma
la
vigencia
y
aplicación de Gómez, supra, en nuestro ordenamiento. Es
CT-2013-18
decir,
49
la
mayoría
reconoce
que
la
vigencia
de
este
precedente nunca ha estado en controversia. Sin embargo,
mediante
una
ininteligible
y
escueta
argumentación
jurídica pretende alterar su aplicación a la controversia
resuelta por el Tribunal de Apelaciones para el Primer
Circuito.
Ello
denota,
según
hemos
señalado,
un
claro
desdén hacia las normas básicas de autolimitación judicial
y los principios del federalismo.
Según hemos fundamentado en derecho, el señor Díaz
Carrasquillo
no
tiene
un
derecho
o
interés
propietario
sobre el cargo, el cual fue abolido válidamente por la
Asamblea Legislativa.
certificación
fundamentos
Por todo lo anterior, anularía la
interjurisdiccional
expresados,
disiento
expedida.
del
curso
Por
de
los
acción
trazado por la mayoría.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
JuezAsociada