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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Asociación de Condómines del Condominio Meadows Tower v. Meadows Development, Corp.

2014 TSPR 59

Poder Judicial de Puerto Rico

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Asociación de Condómines del Condominio Meadows Tower v. Meadows Development, Corp.

CC-2013-712

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme – Sección 3.15: plazo para que la agencia resuelva una moción de reconsideración

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Condómines del

Condominio Meadows Tower

Certiorari

Recurrido

2014 TSPR 59

v.

190 DPR ____

Meadows Development, Corp., F&

R. Construction, Corp.

Peticionario

Número del Caso: CC-2013-712

Fecha: 11 de abril de 2014

Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Juan E. Nater Santana

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. José De La Cruz Skerrett

Materia: Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme – Sección 3.15:

Plazo para que la agencia resuelva una moción de reconsideración.

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación

de

Condómines

del

Condominio

Meadows

Tower

Recurrido

Certiorari

CC-2013-712

v.

Meadows Development, Corp.,

F & R Construction, Corp.

Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora FIOL MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de abril de 2014.

El

23

de

agosto

de

Condóminos

del

Condominio

2006,

la

Meadows

Asociación

Tower1

de

presentó

una querella ante el Departamento de Asuntos del

Consumidor (DACO) contra Meadows Development Corp. y

F

&

R

Construction,

Corp.,

entre

otros,

por

los

vicios de construcción que alegadamente sufría el

edificio. La querellante alegó, en síntesis, que el

edificio sufría de vicios o defectos de construcción

en las áreas de las escaleras, paredes exteriores de

bloques,

1

los

ascensores,

pavimentos

exteriores,

Según las Determinaciones de Hechos detalladas en

la Resolución emitida por el DACO el 13 de noviembre

de 2012, el Condominio Meadows Tower fue sometido al

régimen de propiedad horizontal en julio de 2003.

Apéndice del Certiorari, págs. 1-19.

CC-2013-712

2

pisos de áreas comunes y los adoquines de la entrada.

Celebradas las vistas correspondientes y concluido

el desfile de prueba ante el foro administrativo, el 13

de noviembre de 2012 el DACO emitió y archivó en autos

copia de la notificación de una Resolución en la que

declaró con lugar la querella contra Meadows Development

y F & R Construction. Le ordenó a los querellados que

repararan

el

pavimento,

adoquines

y

las

las

paredes,

escaleras

a

su

los

ascensores,

costo,

de

manera

solidaria. F & R Construction y la parte querellante

presentaron sus mociones de reconsideración el día 3 de

diciembre

de

2012

y

el

DACO

las

acogió

el

12

de

diciembre de 2012. No obstante, el 1 de marzo de 2013,

la

agencia

extender

notificó

el

a

término

las

partes

que

para

resolver

había

las

decidido

mociones

de

reconsideración treinta días adicionales. Indicó que se

veía obligada a prorrogar el término por dificultades

con

los

sistemas

de

computación

y

otros

asuntos

inesperados. También explicó que si el término adicional

transcurría sin que se emitiera una decisión, la agencia

perdería

jurisdicción

y

la

parte

afectada

tendría

treinta días para solicitar la revisión judicial en el

Tribunal de Apelaciones.

Al

no

producirse

la

resolución,

la

parte

querellante presentó su recurso de revisión judicial en

el foro apelativo intermedio el 29 de abril de 2013. F &

R Construction también solicitó revisión judicial unos

CC-2013-712

3

días después, el 2 de mayo de 2013. Los recursos fueron

consolidados, pero al dictar sentencia el 21 de junio de

2013,

el

Tribunal

de

Apelaciones

dejó

sin

efecto

la

consolidación y desestimó el recurso presentado por F &

R Construction.2 El foro intermedio resolvió que carecía

de

jurisdicción

Construction

para

porque

atender

se

había

el

recurso

presentado

de

F

&

R

tardíamente.

Razonó que el plazo que tenía el DACO para resolver las

mociones de reconsideración, incluyendo la prórroga de

treinta días, venció el 31 de marzo de 2013, por lo cual

las partes afectadas tenían hasta el 30 de abril de 2013

para

presentar

judicial.

Por

sus

respectivos

esa

razón,

recursos

según

el

de

foro

revisión

apelativo

intermedio, el único recurso que se presentó a tiempo

fue el de la parte querellante. Asimismo, manifestó el

tribunal que aun tomando el 1 de abril de 2013 como

punto de partida para calcular el plazo disponible para

la revisión judicial, este hubiese vencido el 1 de mayo

de

2013,

el

día

antes

de

que

F

&

R

Construction

presentara su recurso.

Inconforme, F & R Construction sometió una primera

moción de reconsideración que fue denegada el 9 de julio

2

El 28 de junio de 2013, se archivó en autos copia de la

notificación de la sentencia. Apéndice del Certiorari,

págs. 247-252.

CC-2013-712

4

de 2013 y notificada el 22 de ese mes.3 Insatisfecho con

esta

decisión,

el

21

de

agosto

de

2013,

F

&

R

Construction presentó su recurso de certiorari ante este

Tribunal.4 Examinado el mismo, le ordenamos a la parte

recurrida que mostrara causa por la cual no debíamos

revocar la Sentencia del Tribunal de Apelaciones. El 19

de septiembre de 2013 recibimos su escrito oponiéndose a

lo

solicitado.

Habiéndose

perfeccionado

el

recurso,

alega

Tribunal

expedimos.

F

&

Apelaciones

R

Construction

cometió

dos

errores

que

en

el

el

trámite

de

de

su

recurso de revisión judicial. Habremos de examinar el

primero, que considera equivocada la desestimación del

recurso por falta de jurisdicción.5

3

F & R Construction insistió en su posición en una

segunda moción de reconsideración que presentó ante el

Tribunal de Apelaciones el 24 de julio de 2013. El 15 de

agosto de 2013 el Tribunal desestimó la segunda

solicitud por falta de jurisdicción, pues su reglamento

sólo le autoriza atender una moción de reconsideración.

Regla 84 (D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

de Puerto Rico. 4 L.P.R.A., Ap. XXII-B, R. 84.

4

También solicitó que en auxilio de nuestra jurisdicción

paralizáramos la consideración del recurso de revisión

judicial presentado por la parte recurrida en el foro

apelativo. Sin embargo, ese mismo día, el Tribunal de

Apelaciones notificó la sentencia resolviendo el caso

que

se

solicitó

paralizar

y,

por

consiguiente,

desestimamos la moción en auxilio de jurisdicción.

5

No es necesario examinar en detalle el segundo error

señalado que aduce que el Tribunal de Apelaciones erró

al denegar la segunda moción de reconsideración por

falta de jurisdicción, asunto que hemos resuelto

reiteradamente

en

contra

del

planteamiento

del

peticionario. Recurso de Certiorari, pág. 4. Véase

CC-2013-712

5

I

Hemos

sostenido

que

“el

derecho

a

cuestionar

la

determinación de una agencia mediante revisión judicial

es parte del debido proceso de ley protegido por la

Constitución

de

principio,

el

artículo

Judicatura

del

Estado

otorga

la

Apelaciones

Rico”.6 Para

Puerto

4.006

Libre

(c)

con

ese

de

la

Ley

Asociado

de

Puerto

Rico

Tribunal

de

competencia

apelativa

para

las

revisar

cumplir

al

decisiones,

de

órdenes

la

y

resoluciones finales de las agencias administrativas.7

En

su

sección

4.2,

la

Ley

de

Procedimiento

Administrativo Uniforme (LPAU) instituye un término de

treinta días para solicitar la revisión judicial de una

decisión

o

administrativa.8

jurisdiccional.9

resolución

Este

final

de

una

agencia

término

es

de

carácter

Específicamente,

la

regla

provee

que

Interior Developers v. Mun. de San Juan, 177 D.P.R. 693,

702 (2009); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153

D.P.R. 357, 363 (2001).

6

Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 D.P.R. 720,

736 (2010); Asoc.

Vec. de Altamesa Este v. Mun. San

Juan, 140 D.P.R. 24, 34 (1996).

7

Ley Núm. 201-2003, 4 L.P.R.A. sec. 24 y (c).

8

Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

(L.P.A.U.), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3

L.P.R.A. sec. 2172.

9

Méndez v. Corp. Quintas San Luis, 127 D.P.R. 635, 637

(1991).

CC-2013-712

este

plazo

archive

en

6

comienza

a

de

la

fecha

autos

notificación

de

la

la

partir

en

que

se

resolución

o

desde la fecha en que se interrumpa ese término mediante

la

oportuna

reconsideración

presentación

de

una

moción

de

según

la

sección

3.15

la

dispone

de

LPAU.10

En su forma

original, esta sección otorgaba a la

parte adversamente afectada un término de treinta días

desde la notificación de la resolución para solicitar la

reconsideración.

Si

determinación,

término

el

la

agencia

para

tomaba

solicitar

la

alguna

revisión

judicial se interrumpía y comenzaba nuevamente cuando se

archivaba en autos la notificación de la resolución de

la agencia que resolvía definitivamente la moción.11 De

manera

que,

a

esa

fecha,

la

LPAU

no

imponía

a

las

agencias resolver las mociones de reconsideración dentro

de

un

término

específico.

Bastaba

con

que

la

moción

fuera acogida para que la agencia pudiera considerar sus

méritos en cualquier momento posterior.

Esta situación cambió en agosto de 1989, cuando la

Ley Núm. 43 enmendó la sección 3.15 de la LPAU, supra,

para, entre otras cosas, limitar el tiempo que tienen

10

3 L.P.R.A. sec. 2165. Véase Flores Concepción v. Taíno

Motors, 168 D.P.R. 504, 513 (2006); Misión Ind. P.R. v.

J.P., 146 D.P.R. 64, 115–116 (1998).

11

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 1988 L.P.R. pág.

843.

CC-2013-712

7

las agencias para resolver definitivamente las mociones

de reconsideración que son acogidas.12 Se estableció para

ello un término máximo de noventa días calculado desde

la fecha en que se presenta la moción. Transcurrido ese

término,

la

ley

disponía

jurisdicción,

lo

cual

que

daría

la

agencia

comienzo

al

perdería

plazo

para

solicitar la revisión judicial. Ahora bien, a la vez que

limitó el tiempo que tendrían las agencias para resolver

las mociones de reconsideración que hubiesen decidido

acoger, la ley de 1989 estableció un procedimiento para

extender el plazo concedido. Para ello se requería que

la

agencia

causa,”

acudiera

al

prorrogara

el

tribunal

y

término,

este,

“por

por

un

justa

“tiempo

razonable”.13 Unos años después, a tono con el estado de

derecho

así

establecido,

mediante

justa

judicial

se

causa

podría

y

resolvimos

contando

prorrogar

el

que

con

término

únicamente

autorización

original

de

noventa días por un período razonable.14

En el 1995, la sección 3.15 tuvo varios cambios que

finalmente moldearon la norma que, en su versión actual,

12

Ley Núm. 43 de 5 de agosto de 1989,

162.

1989 L.P.R. pág.

13

Íd.

14

Pagán Ramos v. F.S.E., 129 D.P.R. 888, 904

(1992).

CC-2013-712

dispone

lo

8

siguiente

sobre

la

moción

de

reconsideración:15

Si se tomare alguna determinación en su

consideración,

el

término

para

solicitar

revisión empezará a contarse desde la fecha en

que se archive en autos una copia de la

notificación de la resolución de la agencia

resolviendo

definitivamente

la

moción

de

reconsideración. Tal resolución deberá ser

emitida y archivada en autos dentro de los

noventa (90) días siguientes a la radicación

de la moción de reconsideración. Si la agencia

acoge la moción de reconsideración pero deja

de tomar alguna acción con relación a la

moción dentro de los noventa (90) días de ésta

haber sido radicada, perderá jurisdicción

sobre la misma y el término para solicitar la

revisión judicial empezará a contarse a partir

de la expiración de dicho término de noventa

(90) días salvo que la agencia, por justa

causa y dentro de esos noventa (90) días,

prorrogue el término para resolver por un

período que no excederá de treinta (30) días

adicionales.16

Acorde a lo anterior, si la reconsideración se ha

solicitado oportunamente, la agencia dispone de quince

días para tomar alguna acción que le permita retener

jurisdicción para resolverla. Claro está, en ese plazo

puede denegar o conceder lo solicitado, pero igualmente

puede

no

actuar

y,

con

ello,

rechazar

la

moción

15

de

Ley Núm. 247-1995, 1995 L.P.R. pág. 1458. Entre otros

cambios, se eliminó el carácter jurisdiccional de la

moción de reconsideración como prerrequisito para la

presentación de un recurso de revisión judicial. Véase

Aponte v. Policía de P.R., 142 D.P.R. 75, 80-82 (1996).

D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra ed., Bogotá,

Ed. Forum, 2013, pág. 632.

16

Sección 3.15, L.P.A.U., supra, 3 L.P.R.A. § 2165.

CC-2013-712

9

plano.17 Si la agencia acoge la moción de reconsideración

debe

resolverla

en

noventa

días

o

perderá

su

jurisdicción. En ese momento, comenzará otro plazo, esta

vez

de

treinta

adversamente

días,

afectada

durante

puede

el

cual

solicitar

la

la

parte

revisión

judicial.18 Sumados los términos, como regla general, la

posibilidad

de

solicitar

la

revisión

judicial

de

la

determinación de una agencia vencerá a los ciento veinte

días desde que se presenta una moción de reconsideración

que es acogida pero no resuelta por la agencia.19

Ahora

bien,

la

enmienda

posibilidad

de

moción

reconsideración

de

extender

el

de

plazo

1995

para

debidamente

no

eliminó

la

resolver

una

presentada

y

acogida. Más bien, la flexibilizó al permitirle a la

propia agencia

extender dicho término por un máximo de

treinta días adicionales, por justa causa y siempre que

actúe dentro de los noventa días originales que la ley

establece

para

resolver

la

reconsideración.

De

esa

forma, aunque se elimina la necesidad de intervención

judicial, la agencia no puede otorgarse a sí misma una

prórroga

indefinida.

En

vez,

la

ley

establece

la

17

Flores Concepción v. Taíno Motors, supra, págs. 514515; Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, págs. 115-116;

Pagán Ramos v. F.S.E., supra, págs. 903-905.

18

Ortiz v. Adm. Sist. de Retiro Emp. Gob., 147 D.P.R.

816, 822-823 (1999).

19

Maldonado v. Junta de Planificación, 171 D.P.R. 46, 57

(2007).

CC-2013-712

10

posibilidad de un plazo máximo de treinta días además

del plazo ordinario de noventa días para que la agencia

disponga de la reconsideración.

Con el fin de estudiar el propósito de este cambio

en

los

procedimientos

de

reconsideración

en

el

foro

administrativo y precisar la solución a la controversia

que

nos

presenta

este

caso,

debemos

examinar

las

siguientes expresiones contenidas en el Informe de la

Comisión de lo Jurídico del Senado sobre el proyecto que

introdujo dichas enmiendas:

La enmienda a la Sección 3.15 ofrece la

flexibilidad a las agencias para que puedan

resolver

las

mociones

de

reconsideración

dentro de un periodo razonable. Se mantiene el

plazo de noventa (90) días para resolver una

moción de reconsideración, pero se establece

que la agencia puede tomarse hasta un máximo

de treinta (30) días adicionales para resolver

la moción sin tener que pedir una prórroga al

tribunal, como se exige en la actualidad. La

realidad es que no se justifica el gasto y

esfuerzo que representa acudir a un tribunal

para obtener una prórroga para resolver una

moción de reconsideración. Muchas agencias no

lo hacen y pierden jurisdicción para resolver,

en perjuicio del ciudadano afectado, quien

tiene que incurrir entonces en gastos para

solicitar

una

revisión

judicial

que

probablemente sería innecesaria si le hubiera

dado tiempo a la agencia para reconsiderar.

Por otro lado, la prórroga de treinta

(30) días que aquí se contempla es razonable,

pues el ciudadano tampoco debe estar sujeto a

la inacción de la agencia por un tiempo

indefinido. Como la consideración no será

jurisdiccional

es

presumible

que

se

presentarán menos mociones de esta índole y

que las agencias podrán resolver las mociones

que se presenten dentro del plazo máximo para

CC-2013-712

11

resolver dentro de ciento veinte

que se dispone en la enmienda.20

(120)

días

Las expresiones anteriores indican que la decisión

legislativa

de

permitir

que

los

organismos

administrativos puedan prorrogar el plazo para disponer

de

las

reconsideraciones,

objetivos

de

rapidez,

responde

a

agilidad,

los

mismos

sencillez

y

accesibilidad que han dado forma a los procedimientos

adjudicativos en el ámbito administrativo.21

Por

su

parte,

el

Reglamento

Número

8034

de

Procedimientos Adjudicativos del DACO, aprobado en junio

de 2011, contiene un texto equivalente al de la sección

3.15 de la LPAU, supra. En lo aquí pertinente, la Regla

29.1 del Reglamento 8034 dispone que el DACO perderá

jurisdicción si no toma alguna acción en noventa días

sobre la moción de reconsideración acogida “salvo que la

agencia,

por

justa

causa

prorrogue

el

tiempo

para

resolver, por un periodo que no excederá de treinta (30)

20

Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado de

Puerto Rico, Informe sobre el P. de la C. 1684, 25 de

octubre de 1995. Véase también, el Informe de la

Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de

Puerto Rico sobre el P. de la C. 1684, 24 de octubre de

1995.

21

Almonte et al. v. Brito, 156 D.P.R. 475, 481 (2002);

López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 D.P.R.

109, 113 (1996); Srio. D.A.C.O. v. J. Condóminos C.

Martí, 121 D.P.R. 807, 821 (1988); López Vives v.

Policía de P.R., 118 D.P.R. 219, 231 (1987).

CC-2013-712

12

días”.22 En sintonía con el propósito de la LPAU, el

Reglamento

señala

que

su

objetivo

es

asegurar

la

“solución justa, rápida y económica de las querellas”.23

II

Para entender cómo aplican los plazos establecidos

en

la

sección

estudio,

a

3.15

de

la

continuación

LPAU,

supra,

detallamos

al

los

caso

en

eventos

procesales en orden cronológico.

El 13 de noviembre de 2012, el DACO emitió una

Resolución

final

peticionario,

F

&

que

R

afectó

Construction.

adversamente

Por

esa

razón,

al

el

peticionario presentó una moción de reconsideración el 3

de diciembre de 2012. El 12 de diciembre de 2012, el

DACO acogió la moción. Por lo tanto, según la sección

3.15 de la LPAU, supra, el término para solucionar dicha

moción comenzó a contar el 4 de diciembre de 2012 y

normalmente hubiera expirado noventa días después, el 3

de marzo de 2013.24 Sin embargo, el 1 de marzo de 2013,

el DACO prorrogó el plazo para resolver la moción de

reconsideración por unos treinta días adicionales.

En

su

Oposición

a

“Moción

la

en

Cumplimiento

Expedición

de

Auto

de

de

Resolución

y

Certiorari”

la

22

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del DACO,

Reglamento Núm. 8034, Departamento de Estado, 13 de

junio de 2011, Regla 29.1, págs. 30-32.

23

24

Íd. Regla 1, pág. 1.

Ortiz v. Adm. Sist. de Retiro Emp. Gob., supra, pág.

822.

CC-2013-712

parte

13

recurrida

argumenta

que

los

treinta

días

de

prórroga deben contarse desde el 1 de marzo de 2013, es

decir,

cuando

la

agencia

notificó

la

extensión

del

término a las partes. Según la propuesta de la parte

recurrida, los treinta días de prórroga que permite la

ley

no

comienzan

al

vencerse

el

plazo

original

de

noventa días, sino cuando la agencia notifique que ha

decidido

prorrogar

dicho

plazo.

Si

acogiéramos

esta

interpretación, al notificar la decisión de prorrogar el

DACO habría acortado el plazo de noventa días dispuesto

por ley a uno de ochenta y ocho días. Obviamente, esto

no es cónsono con los propósitos y fines de la norma de

reconsideración

administrativa,

ni

con

la

intención

legislativa de otorgar a las agencias la posibilidad de

extender

el

plazo

para

atender

a

cabalidad

los

planteamientos de las partes. Además, como la agencia

viene obligada a notificar la prórroga dentro de los

noventa

días

originales,

el

término

resultante

nunca

sería de ciento veinte días, a menos que siempre se

notificase en el día noventa.

Por tanto, aclaramos que la oportuna notificación

por

el

DACO

de

su

decisión

de

prorrogar

el

término

original de noventa días no tuvo el efecto de descontar

los días que le restaban a dicho plazo según el texto de

la sección 3.15 de la LPAU, supra. De esa manera, el

plazo para resolver la reconsideración se aumentó a un

CC-2013-712

total

de

14

ciento

veinte

días

que

comenzaron

a

contar

desde la presentación de la moción de reconsideración.

Al actuar según provee la ley, el DACO le añadió treinta

días al término que, de no haberse prorrogado, hubiese

concluido el 3 de marzo de 2013. El nuevo plazo para

resolver

la

reconsideración

terminaba

el

martes

2

de

abril de 2013.

Esta interpretación se sustenta en la intención de

la enmienda del 1995 de expandir el término disponible a

las

agencias

contrario

para

resolver

resultaría

“en

las

reconsideraciones.

perjuicio

del

Lo

ciudadano

afectado, quien tiene que incurrir entonces en gastos

para solicitar una revisión judicial que probablemente

sería innecesaria si le hubiera dado tiempo a la agencia

para reconsiderar”.25 Debemos añadir que esta aritmética

brinda seguridad y uniformidad a todas las partes porque

establece

un

plazo

máximo

de

fácil

determinación.

Además, evita que el ciudadano esté sujeto a “inacción

de la agencia por un tiempo indefinido”.26

Por

resolvemos

todo

lo

que

F

anterior,

&

R

expedimos

Construction

el

auto

y

contaba

con

un

término jurisdiccional de treinta días desde el 3 de

25

Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado de

Puerto Rico, supra.

26

Informe de la Comisión de Gobierno, supra. Cabe

señalar que si una agencia entiende que necesita un

plazo mayor a noventa días, pero menor de ciento veinte

para resolver una reconsideración, nada le impide

notificar un plazo que sea menor al de treinta días.

CC-2013-712

15

abril de 2013 para solicitar la revisión judicial según

la

sección

4.2

de

la

LPAU,

supra.

Este

cálculo

corresponde al transcurrir del plazo de noventa días a

partir

de

la

presentación

de

la

moción

de

reconsideración, más unos treinta días adicionales de

prórroga

dispuestos

por

la

agencia.

Según

el

cómputo

anterior, el peticionario tenía hasta el 2 de mayo de

2013 para presentar su recurso de revisión judicial ante

el Tribunal de Apelaciones. Habiéndolo hecho ese mismo

día, el Tribunal de Apelaciones tenía jurisdicción para

atender el recurso. Por lo tanto, se cometió el primer

error señalado y procede revocar la resolución recurrida

y devolver el caso al foro apelativo para que continúen

los procedimientos.

Se dictará sentencia de conformidad.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación

de

Condómines

del

Condominio

Meadows

Tower

Recurrido

Certiorari

CC-2013-712

v.

Meadows Development, Corp.,

F & R Construction, Corp.

Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de abril de 2014.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte

integrante de la presente Sentencia, expedimos el

auto. Se revoca la resolución recurrida y se

devuelve el caso al Tribunal de Apelaciones para

que continúen los procedimientos.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo