Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pueblo de Puerto Rico v. Acosta Pérez
2014 TSPR 56
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pueblo de Puerto Rico v. Acosta Pérez
CC-2013-889
Procedimiento Criminal – Alegaciones pre-acordadas: Imposibilidad de rechazar acuerdo después de ser aprobado por el juez o jueza
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
Nataniel Acosta Pérez
Certiorari
2014 TSPR 56
190 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2013-889
Fecha: 9 de abril de 2014
Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de Ponce
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray
Procuradora General
Lcda. Mónica Cordero Vázquez
Procuradora General Auxiliar
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Nicolás Rivera Pérez
Materia: Procedimiento Criminal – Alegaciones pre–acordadas:
Imposibilidad de rechazar acuerdo después de ser aprobado por el
juez o jueza.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
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público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-2013-889
Certiorari
Nataniel Acosta Pérez
Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor HERNÁNDEZ
DENTON
San Juan, Puerto Rico, a 9 de abril de 2014.
En esta ocasión, debemos determinar si un juez
puede, motu proprio, dejar sin efecto una alegación
preacordada que ya fue aceptada por el tribunal por
el cambio de posición de la víctima al respecto.
Resolvemos
que
no.
Por
consiguiente,
revocamos
la
Sentencia del Tribunal de Apelaciones que resolvió lo
contrario.
I.
El
Ministerio
Público
presentó
una
denuncia
contra el Sr. Nataniel Acosta Pérez por infringir el
Art. 2.8 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989,
según
enmendada,
prevención
e
conocida
como
“Ley
para
la
intervención
con
la
violencia
doméstica”, 8 L.P.R.A. secs. 601 et seq. (Ley Núm.
CC-2013-889
54).
2
Particularmente,
le
imputó
violar
una
orden
de
protección expedida a favor de su ex pareja consensual al
comunicarse con ella en varias ocasiones por mensajes de
texto. El Tribunal de Primera Instancia determinó causa para
arresto.
El
señor
Acosta
Pérez
renunció
a
la
vista
preliminar, se determinó causa para acusar y se presentó la
acusación correspondiente por violación al Art. 2.8 de la Ley
Núm. 54, 8 L.P.R.A. sec. 628, el cual dispone lo siguiente:
Cualquier violación a sabiendas de una orden
de protección expedida de conformidad con este
capítulo, será castigada como delito grave de
tercer grado en su mitad inferior.
No obstante, lo dispuesto por la Regla 11 de
las
Reglas
de
Procedimiento
Criminal,
según
enmendada, Ap. II del Título 34, aunque no mediare
una orden a esos efectos, todo oficial del orden
público deberá efectuar un arresto, si se le
presenta una orden de protección expedida al
amparo de este capítulo o de una ley similar,
contra la persona a ser arrestada, o si determina
que existe dicha orden mediante comunicación con
las autoridades pertinentes y tienen motivos
fundados para creer que se han violado las
disposiciones del mismo. (Énfasis suplido).
El
día
de
la
vista
sobre
lectura
defensa
del
señor
Acosta
Pérez
y
un
preacuerdo
suscribieron
el
titulado
de
acusación,
Ministerio
la
Público
“Recomendación
de
alegaciones preacordadas”. Este consistía en reclasificar el
Art. 2.8, supra, a Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, 8 L.P.R.A.
sec. 631, que establece que “[t]oda persona que empleare
fuerza
física
persecución
en
o
violencia
psicológica,
la
persona…
con
quien
intimidación
sostuviere
o
o
haya
sostenido una relación consensual… para causarle grave daño
emocional, incurrirá en delito grave de cuarto grado en su
mitad superior”. (Énfasis suplido). Según lo acordado, el
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3
Ministerio Público sugeriría una pena de 1 año, 9 meses y 1
día, y referiría a informe pre-sentencia para un posible
programa de desvío. La Moción sobre Alegación Preacordada –
firmada por el acusado, su abogado y la Fiscal del casoadvertía que, si el Tribunal no aceptaba la recomendación del
Ministerio Público, el acusado no tendría derecho a retirar
la alegación de culpabilidad hecha. Apéndice, pág. 29. El
acusado
renunció
a
su
derecho
a
juicio
por
jurado
y
se
declaró culpable.
El Tribunal de Primera Instancia aceptó el preacuerdo.
Acto seguido, refirió el caso a informe pre-sentencia para
evaluar si el acusado cualificaba o no para el programa de
desvío
establecido en el Art. 3.6 de la Ley Núm. 54,
8
L.P.R.A. sec. 636.
Sin embargo, en la vista de sentencia, la ex pareja
consensual
del
acusado
manifestó
que
temía
inicialmente
había
se
por
opuso
su
al
programa
seguridad,
expresado
su
a
de
desvío
pesar
de
conformidad
con
y
que
dicho
proceder. En vista de la oposición de la perjudicada, el
Tribunal de Primera Instancia determinó que “el cambio de
posición
de
la
parte
perjudicada
afecta
la
alegación
de
culpabilidad y la Regla 72 alcanzada en este caso”. Apéndice,
pág. 23. De esta forma, dejó sin efecto la alegación de
culpabilidad
y
revirtió
el
caso
a
la
etapa
de
vista
preliminar, sin que la defensa o el Ministerio Público lo
hubieran solicitado.
En
Tribunal
desacuerdo,
de
el
Ministerio
Apelaciones.
Ese
Público
foro
acudió
denegó
el
ante
el
recurso
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4
presentado, por entender que la oposición de la perjudicada a
la
concesión
del
programa
de
desvío
incumplimiento
del
Ministerio
Público
con
constituye
la
un
alegación
preacordada.
Todavía insatisfecho, el Ministerio Público representado
por la Oficina de la Procuradora General acudió ante nos.
Enfatizó que en este caso la defensa no solicitó retirar la
alegación preacordada, sino que fue el foro primario quien
motu
proprio
levantó
el
asunto.
Esto,
sin
que
estuviera
presente alguna de las instancias que le permitirían así
hacerlo, a saber, falta de voluntariedad de la alegación
realizada,
representación
legal
inadecuada
o
algún
otro
factor que afecte la conciencia que el señor Acosta Pérez
tenía
al
acoger
el
preacuerdo.
Asimismo,
el
Ministerio
Público sostuvo que, aunque la oposición de la perjudicada a
la concesión del programa de desvío debe ser considerada al
determinar la sentencia a ser impuesta, ello de por sí no era
suficiente para invalidar el acuerdo suscrito y dejar sin
efecto la alegación de culpabilidad aceptada por el Tribunal.
Además, destacó que el Estado cumplió lo acordado, pues no
garantizó al imputado el programa de desvío, sino que se
comprometió a recomendar la pena señalada y a referir el caso
para que se “ausculte si cualifica o no” para dicho programa.
Certiorari, pág. 12. (Énfasis en el recurso).
Expedimos el recurso. El Ministerio Público solicitó que
acogiéramos su petición de certiorari como el alegato de la
parte
peticionaria.
En
cambio,
la
parte
recurrida
no
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5
compareció,
por
lo
que
el
caso
quedó
sometido
sin
el
beneficio de su comparecencia.
II.
Una persona acusada de cometer un delito puede hacer una
de
dos
alegaciones:
culpable
o
no
culpable.
Regla
68
de
Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 68. Véase
Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 D.P.R. 179, 192 (1998). Si
hace una alegación de culpabilidad, el acusado renuncia a
varios derechos constitucionales y estatutarios, entre los
que
figuran
el
derecho
a
un
juicio
justo,
imparcial
y
público; el derecho a ser juzgado por un juez o jurado; el
derecho a que se establezca su culpabilidad más allá de duda
razonable; y el derecho a presentar evidencia a su favor y a
rebatir prueba en su contra. Pueblo v. Santiago Agricourt,
supra; Díaz Díaz v. Alcaide, 101 D.P.R. 846, 854 (1973). Si
el acusado hace una alegación de no culpable, el Ministerio
Fiscal tiene que probar su culpabilidad más allá de duda
razonable. Íd.
En
renuncia
vista
a
de
que
derechos
el
acusado
que
constitucionales
se
y
declara
culpable
estatutarios,
los
tribunales deben ser muy cuidadosos al decidir si aceptar o
no la alegación. Pueblo v. Santiago Agricourt, supra; Díaz
Díaz
v.
Alcaide,
supra.
Al
respecto,
la
Regla
70
de
Procedimiento Criminal, supra, dispone que “[e]l tribunal no
aceptará
la
primeramente
alegación
que
la
de
misma
culpabilidad
se
hace
sin
determinar
voluntariamente,
con
conocimiento de la naturaleza del delito imputado y de las
consecuencias
de
dicha
alegación”.
De
hecho,
el
tribunal
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puede
6
negarse
a
admitir
una
alegación
de
culpabilidad
y
ordenar la anotación de una alegación de no culpable. Regla
71 de Procedimiento Criminal, supra. Asimismo, el tribunal
puede permitir el retiro de una alegación de culpabilidad en
cualquier momento antes de dictar sentencia. Íd. Lo mismo
aplica
a
la
alegación
preacordada
de
culpabilidad,
como
producto de una negociación con el Ministerio Público. Pueblo
v. Figueroa García, 129 D.P.R. 798, 804 (1992), citando a
Brady v. United States, 397 U.S. 742 (1970).
En
Pueblo
v.
Mojica
Cruz,
115
D.P.R.
569
(1984),
reconocimos la validez de las alegaciones preacordadas de
culpabilidad y sus beneficios para el Sistema de Justicia
Criminal. Véanse Pueblo v. Marrero Ramos, Rivera López, 125
D.P.R. 90, 96 (1990); Boykin v. Alabama, 395 U.S. 238, 242244 (1969). Luego, la Asamblea Legislativa codificó y reguló
lo adoptado en Pueblo v. Mojica Cruz, supra, al aprobar la
Regla 72 de Procedimiento Criminal, supra. El inciso (1) de
esta Regla establece que un acusado puede hacer una alegación
de culpabilidad a cambio de que el Ministerio Público se
comprometa
a:
(1)
pedir
que
se
archiven
otros
cargos
pendientes contra el imputado; (2) eliminar la alegación de
reincidencia; (3) recomendar una sentencia específica o no
oponerse a la solicitud de la defensa sobre una sentencia en
particular, entendiéndose que el tribunal no estará obligado
a dictar la sentencia recomendada o solicitada; o (4) acordar
que cierta sentencia en particular dispone adecuadamente del
caso.
Véase
(2004).
Pueblo
v.
Suárez
Ramos,
163
D.P.R.
460,
470
CC-2013-889
7
Si el Ministerio Público y el acusado acuerdan el tercer
curso de acción, el Tribunal de Primera Instancia “advertirá
al imputado que si la recomendación del fiscal o la solicitud
de la defensa no es aceptada por el tribunal, el imputado no
tendrá derecho a retirar su alegación”. (Énfasis suplido).
Regla 72(2) de Procedimiento Criminal, supra. Véase, además,
Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, pág. 198.
La
tribunal
Regla
72,
acepta
la
supra,
también
alegación
establece
preacordada,
que,
si
el
notificará
al
imputado que esta ha sido incorporada y constituirá parte de
la sentencia. Regla 72(3) de Procedimiento Criminal, supra.
Si rechaza la alegación preacordada, advertirá al imputado
que el tribunal no está obligado por el acuerdo, le brindará
la oportunidad de retirar su alegación y le advertirá que, de
persistir en su alegación de culpabilidad, la determinación
final del caso podrá serle menos favorable que la acordada
entre la defensa y el Ministerio Público. Regla 72(4) de
Procedimiento
Criminal,
supra.
Véase,
además,
Betancourt
Rojas v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 747, 753 (1964).
Al ponderar si acepta una negociación preacordada, el
tribunal debe asegurarse de que esta fue efectuada “con pleno
conocimiento, conformidad y voluntariedad del imputado; que
es conveniente a una sana administración de justicia, y que
ha sido lograda conforme a derecho y a la ética”. Regla 72(7)
de Procedimiento Criminal, supra. Véase O.E. Resumil, Derecho
Procesal Penal, Oxford, Butterworth Legal Publishers, 1993,
T. II, págs. 130–131. También debe cerciorarse de que el
imputado sea consciente de todos los efectos y repercusiones
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8
que tendrá su alegación y que se han observado los requisitos
establecidos
en
Víctimas,1
los
la
Ley
para
cuales
la
Protección
discutiremos
más
de
Testigos
adelante.
y
Íd.
Asimismo, el tribunal deberá asegurarse de que existe base
suficiente
en
los
hechos
para
sostener
la
alegación
de
culpabilidad. Pueblo v. Suárez Ramos, supra, págs. 470-471.
En cuanto a su naturaleza jurídica, hemos resuelto que
las alegaciones preacordadas dependen de la aprobación final
del tribunal para consumarse y vincular a las partes. Pueblo
v. Santiago Agricourt, supra, pág. 196; Pueblo v. Figueroa
García, supra, págs. 809-810. Mientras el tribunal no haya
aprobado
el
obligaciones
acuerdo,
no
de
partes
las
existe
y
bilateralidad
estas
pueden
entre
las
retirar
su
consentimiento. Íd. Una vez lo acepta y el acusado se declara
culpable,
cualquier
intento
de
las
partes
de
retirar
lo
acordado es un incumplimiento del acuerdo. Véase, además, E.
L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y
Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1995, Vol. III, pág. 211.
Con
relación
a
lo
anterior,
en
Pueblo
v.
Figueroa
García, 129 D.P.R. 798, 806-706 (1992), expresamos que
es preciso distinguir entre lo que constituye el
retiro
de
una
alegación
preacordada
y
el
incumplimiento con la misma. Ambos conceptos
difieren en términos del momento en que se
pretende deshacer el acuerdo y sus efectos.
Específicamente,
se
retira
una
alegación
preacordada si se pretende deshacer el acuerdo
antes de que el imputado haga alegación de
culpabilidad y la misma sea aceptada por el
tribunal. Por otra parte, se incumple con la misma
si se pretende deshacer el acuerdo una vez el
Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, 25 L.P.R.A. sec. 973 et
seq. (Ley para la Protección de Testigos y Víctimas).
1
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9
acusado ha hecho alegación de culpabilidad y la
misma ha sido aceptada por el tribunal.
Esta diferencia es importante porque al hacer
alegación de culpabilidad el acusado renuncia a
valiosos
derechos
constitucionales,
e.g.
el
derecho a que se pruebe su culpabilidad más allá
de duda razonable; el derecho a un juicio justo,
imparcial y público; el derecho a ser juzgado ante
un juez o Jurado, y a presentar evidencia a su
favor y rebatir la evidencia presentada en su
contra. Mientras que si la alegación preacordada
se retira con anterioridad a que el acusado haga
alegación de culpabilidad, no está involucrada
renuncia a derecho constitucional alguno. (Énfasis
suplido). Íd.
En cuanto al tribunal, hemos resuelto que este tiene
discreción para aceptar, rechazar, modificar o permitir el
retiro de una alegación preacordada. Pueblo v. Marrero Ramos,
Rivera López, 125 D.P.R. 90, 97 (1990); Pueblo v. Franco, 70
D.P.R. 786, 789 (1950). No obstante, esta discreción será
derrotada si el tribunal se niega a permitir que el acusado
retire una alegación de culpabilidad hecha sin comprender la
ley y los hechos o bajo una falsa representación, cuando
surge alguna duda de la culpabilidad del acusado o cuando
este tiene alguna defensa meritoria, o cuando se cumplen
mejor
los
fines
consideración
Betancourt
(1964).
de
del
Rojas
También
la
juez
v.
justicia
o
Trib.
procede
el
sometiendo
jurado
para
su
el
caso
a
fallo.
Superior,
90
D.P.R.
retiro
de
la
la
Íd.;
747,
757
alegación
de
culpabilidad cuando medie coacción, fraude o inadvertencia.
Íd.
Ahora
bien,
“[u]na
vez
el
acusado
hace
la
correspondiente alegación de culpabilidad y el tribunal la
acepta, posteriormente el juez no puede rechazar el acuerdo”
CC-2013-889
pues
ello
acusado.
10
menoscabaría
(Énfasis
los
suplido).
derechos
Pueblo
constitucionales
v.
Pérez
del
Adorno,
178
D.P.R. 946, 960 (2010). Véanse, además, U.S. v. Ritsema, 89
F.3d 392 (7mo Cir. 1996); United States v. Blackwell, 694
F.2d 1325 (C.D. A.C. 1982).
En fin, las alegaciones preacordadas son de gran valor
para nuestro Sistema de Justicia Criminal, ya que permiten
conceder ciertos beneficios al acusado si este se declara
culpable, descongestionan los calendarios de los tribunales y
propician
que
se
enjuicien
términos
de
rápido
a
los
acusados
enjuiciamiento.
Pueblo
dentro
v.
de
los
Santiago
Agricourt, supra, pág. 194; Pueblo v. Marrero Ramos, Rivera
López, supra. Como hemos reiterado, “[s]in las alegaciones
preacordadas sería muy difícil, si no imposible, enjuiciar a
todas las personas acusadas de cometer delitos dentro de los
términos
mandados
Constitución”.
por
el
ordenamiento
Pueblo
v.
Suárez
procesal
Ramos,
supra,
y
por
pág.
la
469;
Pueblo v. Figueroa García, supra, pág. 804.
Por otra parte, la Ley de Protección a las Víctimas y
Testigos, supra, establece que toda víctima de delito tendrá
derecho
“a
transigir
ser
una
consultad[a]
denuncia
o
antes
acusación
de
que
se
proceda
contra
el
autor
a
del
delito”. (Énfasis suplido). 25 L.P.R.A. sec. 973a(g)(1). En
Pueblo v. Dávila Delgado, 143 D.P.R. 157 (1997), evaluamos el
significado y el alcance de la frase “ser consultado”. Tras
reconocer que las víctimas de hechos delictivos juegan un
papel extraordinariamente importante en el procesamiento de
sus victimarios, concluimos lo siguiente:
CC-2013-889
11
no podemos enfatizar lo suficiente el hecho de
que, no obstante los derechos que le concede esta
clase de legislación a las víctimas o testigos de
un delito, éstas no son parte para efectos del
proceso
criminal;
careciendo
éstas,
en
consecuencia, de los derechos que, de ordinario,
tienen las partes en un procedimiento judicial. De
forma tal que examinado en su justa perspectiva,
el derecho que se concede en el antes transcrito
Art. 2(g) de la Ley de Protección a las Víctimas y
Testigos, a “ser consultado”, equivale a ser oído,
a que su opinión o parecer sea tomado en
consideración por el fiscal antes de que éste
llegue a un acuerdo con el acusado y de
cuestionar, ante el foro judicial, el que ello así
no se haya hecho. Dicho de otra forma, de ninguna
manera puede ser interpretado el derecho a ser
consultado, que concede la citada ley, como que la
víctima o testigo tiene el poder de vetar la
actuación o el curso de acción que el Fiscal
entienda procedente seguir en el caso. Dicha
determinación es de la exclusiva inherencia del
Ministerio Público. (Énfasis en el original). Íd.,
págs. 167-168.
Luego,
hicimos
Procedimiento
tribunal
alegación
la
Criminal,
juzgador
salvedad
de
que
supra,
concede
la
Regla
72
de
específicamente
al
la
discreción
para
aprobar
o
no
la
preacordada
alcanzada
por
la
defensa
y
el
Ministerio Público. Pueblo v. Dávila Delgado, supra, pág.
171. Incluso, destacamos que “el tribunal de instancia, aun
cuando acepte, en principio, la alegación preacordada, no
está obligado a seguir las recomendaciones que le hagan las
partes sobre una sentencia específica a imponerse al imputado
de delito. Esto es, el tribunal tiene discreción para imponer
la sentencia que entienda procedente en derecho”. (Énfasis en
el original y suplido). Íd.
Por último, para resolver el caso ante nos, es necesario
evaluar lo dispuesto por el Art. 3.6 de la Ley Núm. 54,
supra,
titulado
“Desvío
del
procedimiento”.
Este
permite
CC-2013-889
someter
a
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la
persona
convicta
de
violencia
doméstica
a
libertad a prueba, con la condición de que participe en un
programa
de
reeducación
y
readiestramiento.
Íd.
Luego,
dispone que “[e]l tribunal tomará en consideración la opinión
de
la
víctima
sobre
si
se
le
debe
conceder
o
no
este
beneficio e impondrá los términos y condiciones que estime
razonables y el período de duración de la libertad a prueba
que tenga a bien requerir”. Íd.
Del texto antes citado, se desprende que la víctima en
casos de violencia doméstica tiene un derecho estatutario a
expresar
su
opinión
y
que
esta
sea
considerada
por
el
tribunal al momento de decidir si concede al victimario los
beneficios del desvío del procedimiento. Véase Art. 3.6 de la
Ley Núm. 54, supra. No obstante, al igual que en Pueblo v.
Dávila Delgado, supra, este derecho no convierte a la víctima
en parte para efectos del proceso criminal.
De igual forma, el Artículo citado no dispone que la
opinión
favorable
indispensable
para
de
la
conceder
víctima
el
sea
un
programa
de
requisito
desvío
al
victimario. Art. 3.6 de la Ley Núm. 54, supra. Al contrario,
el lenguaje de esta disposición legal reconoce al Tribunal la
discreción de imponer los términos y condiciones que estime
razonables, una vez considerada la opinión de la víctima. Íd.
Siendo
así,
es
forzoso
concluir
que
la
víctima
de
violencia doméstica tiene derecho a expresar su opinión y que
el Tribunal la considere antes de conceder al victimario el
desvío de los procedimientos provisto por el Art. 3.6 de la
Ley Núm. 54, supra. Sin embargo, la opinión de la víctima no
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puede
dejar
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sin
efecto
el
compromiso
asumido
por
el
Ministerio Público, en una alegación preacordada, de sugerir
que se evalúe si el victimario cualifica o no para dicho
beneficio. Véase Pueblo v. Dávila Delgado, supra. Después de
todo, tal decisión recae en el Tribunal de Primera Instancia,
el cual mantiene su discreción en cuanto a la sentencia a
dictarse, independientemente de la opinión de la víctima o de
las recomendaciones de la defensa y el Ministerio Público en
una alegación preacordada. Véanse Regla 72 de Procedimiento
Criminal, supra; Art. 3.6 de la Ley Núm. 54, supra.
III.
En este caso, el Tribunal de Primera Instancia ya había
aceptado el acuerdo suscrito entre el Ministerio Público y el
señor
Acosta
Pérez.
El
acuerdo
suscrito
consistía
en
reclasificar el cargo previamente imputado de violación al
Art.
2.8 de la Ley Núm. 54, supra, a
una
infracción al
Artículo 3.1 de la misma ley, supra. También se acordó que el
Ministerio Público recomendaría una pena de 1 año, 9 meses y
1 día, y referiría el caso a informe pre-sentencia para que
se evaluara si el señor Acosta Pérez cualificaba para el
programa de desvío. El Ministerio Público no garantizó que el
Tribunal acogería lo recomendado. Incluso, la propia Moción
sobre Alegación Preacordada presentada ante el foro primario
advertía sobre la posibilidad y las consecuencias de que el
Tribunal no aceptara la recomendación del Ministerio Público.
Surge claramente del expediente que el Ministerio Público
cumplió
con
lo
acordado:
reclasificó
el
delito
imputado,
CC-2013-889
14
recomendó la pena pactada y sugirió la concesión del programa
de desvío.
Por su parte, la defensa nunca solicitó que la alegación
preacordada
tampoco
se
ha
dejara
sin
alegado
efecto.
que
se
El
señor
declaró
Acosta
Pérez
culpable
por
desconocimiento de la ley o de los hechos, que su abogado o
el Ministerio Público le engañaron o que fue coaccionado para
que
se
declarara
culpable.
Fue
el
Tribunal
de
Primera
Instancia el que, motu proprio, dejó sin efecto la alegación
preacordada, luego de haberla aceptado y sin que alguna de
las partes lo solicitara.
Como vimos en el acápite anterior, el hecho de que la
perjudicada hubiera retirado su conformidad en la vista de
dictar
sentencia
no
impedía
que
el
Tribunal
de
Primera
Instancia, en el ejercicio de su discreción, impusiera la
pena
que
recomendada
entendiera
en
el
correspondiente,
preacuerdo.
El
foro
incluyendo
primario
la
debió
considerar la opinión de la señora Montero Rivera como un
factor
adicional
al
momento
de
evaluar
el
informe
pre-
sentencia y determinar la sentencia que impondría.
Siendo así, el Tribunal de Primera Instancia no podía
dejar sin efecto el preacuerdo motu proprio y mucho menos
ordenar la celebración de una vista preliminar. Ciertamente,
su proceder menoscabó los derechos constitucionales del señor
Acosta Pérez, quien se declaró culpable bajo el entendimiento
de que sería procesado por violar el delito grave de cuarto
grado tipificado en el Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, supra, y
no por el delito grave de tercer grado tipificado en el Art.
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2.8 de la misma ley, supra. Véase, además, Pueblo v. Pérez
Adorno, supra.
A su vez, dejar sin efecto la alegación de culpabilidad
y revertir el caso a vista preliminar obliga innecesariamente
a la perjudicada a reiniciar el proceso criminal, en el cual
tendría
que
testificar
y
confrontar
nuevamente
a
su
victimario. Como bien señala el Ministerio Público, debemos
tener presente que ello podría comprometer el interés y la
capacidad de la perjudicada en continuar con el proceso.
IV.
Por
Sentencia
los
fundamentos
emitida
por
el
antes
expuestos,
Tribunal
de
se
revoca
Apelaciones
y
la
se
devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que
dicte la sentencia correspondiente.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-2013-889
Certiorari
Nataniel Acosta Pérez
Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 9 de abril de 2014.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte de la
presente Sentencia, se revoca la Sentencia
emitida por el Tribunal de Apelaciones y se
devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia
para que dicte la sentencia correspondiente.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo.
Aida I. Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo