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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo de Puerto Rico v. Acosta Pérez

2014 TSPR 56

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pueblo de Puerto Rico v. Acosta Pérez

CC-2013-889

Procedimiento Criminal – Alegaciones pre-acordadas: Imposibilidad de rechazar acuerdo después de ser aprobado por el juez o jueza

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

Nataniel Acosta Pérez

Certiorari

2014 TSPR 56

190 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: CC-2013-889

Fecha: 9 de abril de 2014

Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de Ponce

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray

Procuradora General

Lcda. Mónica Cordero Vázquez

Procuradora General Auxiliar

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Nicolás Rivera Pérez

Materia: Procedimiento Criminal – Alegaciones pre–acordadas:

Imposibilidad de rechazar acuerdo después de ser aprobado por el

juez o jueza.

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Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-2013-889

Certiorari

Nataniel Acosta Pérez

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor HERNÁNDEZ

DENTON

San Juan, Puerto Rico, a 9 de abril de 2014.

En esta ocasión, debemos determinar si un juez

puede, motu proprio, dejar sin efecto una alegación

preacordada que ya fue aceptada por el tribunal por

el cambio de posición de la víctima al respecto.

Resolvemos

que

no.

Por

consiguiente,

revocamos

la

Sentencia del Tribunal de Apelaciones que resolvió lo

contrario.

I.

El

Ministerio

Público

presentó

una

denuncia

contra el Sr. Nataniel Acosta Pérez por infringir el

Art. 2.8 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989,

según

enmendada,

prevención

e

conocida

como

“Ley

para

la

intervención

con

la

violencia

doméstica”, 8 L.P.R.A. secs. 601 et seq. (Ley Núm.

CC-2013-889

54).

2

Particularmente,

le

imputó

violar

una

orden

de

protección expedida a favor de su ex pareja consensual al

comunicarse con ella en varias ocasiones por mensajes de

texto. El Tribunal de Primera Instancia determinó causa para

arresto.

El

señor

Acosta

Pérez

renunció

a

la

vista

preliminar, se determinó causa para acusar y se presentó la

acusación correspondiente por violación al Art. 2.8 de la Ley

Núm. 54, 8 L.P.R.A. sec. 628, el cual dispone lo siguiente:

Cualquier violación a sabiendas de una orden

de protección expedida de conformidad con este

capítulo, será castigada como delito grave de

tercer grado en su mitad inferior.

No obstante, lo dispuesto por la Regla 11 de

las

Reglas

de

Procedimiento

Criminal,

según

enmendada, Ap. II del Título 34, aunque no mediare

una orden a esos efectos, todo oficial del orden

público deberá efectuar un arresto, si se le

presenta una orden de protección expedida al

amparo de este capítulo o de una ley similar,

contra la persona a ser arrestada, o si determina

que existe dicha orden mediante comunicación con

las autoridades pertinentes y tienen motivos

fundados para creer que se han violado las

disposiciones del mismo. (Énfasis suplido).

El

día

de

la

vista

sobre

lectura

defensa

del

señor

Acosta

Pérez

y

un

preacuerdo

suscribieron

el

titulado

de

acusación,

Ministerio

la

Público

“Recomendación

de

alegaciones preacordadas”. Este consistía en reclasificar el

Art. 2.8, supra, a Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, 8 L.P.R.A.

sec. 631, que establece que “[t]oda persona que empleare

fuerza

física

persecución

en

o

violencia

psicológica,

la

persona…

con

quien

intimidación

sostuviere

o

o

haya

sostenido una relación consensual… para causarle grave daño

emocional, incurrirá en delito grave de cuarto grado en su

mitad superior”. (Énfasis suplido). Según lo acordado, el

CC-2013-889

3

Ministerio Público sugeriría una pena de 1 año, 9 meses y 1

día, y referiría a informe pre-sentencia para un posible

programa de desvío. La Moción sobre Alegación Preacordada –

firmada por el acusado, su abogado y la Fiscal del casoadvertía que, si el Tribunal no aceptaba la recomendación del

Ministerio Público, el acusado no tendría derecho a retirar

la alegación de culpabilidad hecha. Apéndice, pág. 29. El

acusado

renunció

a

su

derecho

a

juicio

por

jurado

y

se

declaró culpable.

El Tribunal de Primera Instancia aceptó el preacuerdo.

Acto seguido, refirió el caso a informe pre-sentencia para

evaluar si el acusado cualificaba o no para el programa de

desvío

establecido en el Art. 3.6 de la Ley Núm. 54,

8

L.P.R.A. sec. 636.

Sin embargo, en la vista de sentencia, la ex pareja

consensual

del

acusado

manifestó

que

temía

inicialmente

había

se

por

opuso

su

al

programa

seguridad,

expresado

su

a

de

desvío

pesar

de

conformidad

con

y

que

dicho

proceder. En vista de la oposición de la perjudicada, el

Tribunal de Primera Instancia determinó que “el cambio de

posición

de

la

parte

perjudicada

afecta

la

alegación

de

culpabilidad y la Regla 72 alcanzada en este caso”. Apéndice,

pág. 23. De esta forma, dejó sin efecto la alegación de

culpabilidad

y

revirtió

el

caso

a

la

etapa

de

vista

preliminar, sin que la defensa o el Ministerio Público lo

hubieran solicitado.

En

Tribunal

desacuerdo,

de

el

Ministerio

Apelaciones.

Ese

Público

foro

acudió

denegó

el

ante

el

recurso

CC-2013-889

4

presentado, por entender que la oposición de la perjudicada a

la

concesión

del

programa

de

desvío

incumplimiento

del

Ministerio

Público

con

constituye

la

un

alegación

preacordada.

Todavía insatisfecho, el Ministerio Público representado

por la Oficina de la Procuradora General acudió ante nos.

Enfatizó que en este caso la defensa no solicitó retirar la

alegación preacordada, sino que fue el foro primario quien

motu

proprio

levantó

el

asunto.

Esto,

sin

que

estuviera

presente alguna de las instancias que le permitirían así

hacerlo, a saber, falta de voluntariedad de la alegación

realizada,

representación

legal

inadecuada

o

algún

otro

factor que afecte la conciencia que el señor Acosta Pérez

tenía

al

acoger

el

preacuerdo.

Asimismo,

el

Ministerio

Público sostuvo que, aunque la oposición de la perjudicada a

la concesión del programa de desvío debe ser considerada al

determinar la sentencia a ser impuesta, ello de por sí no era

suficiente para invalidar el acuerdo suscrito y dejar sin

efecto la alegación de culpabilidad aceptada por el Tribunal.

Además, destacó que el Estado cumplió lo acordado, pues no

garantizó al imputado el programa de desvío, sino que se

comprometió a recomendar la pena señalada y a referir el caso

para que se “ausculte si cualifica o no” para dicho programa.

Certiorari, pág. 12. (Énfasis en el recurso).

Expedimos el recurso. El Ministerio Público solicitó que

acogiéramos su petición de certiorari como el alegato de la

parte

peticionaria.

En

cambio,

la

parte

recurrida

no

CC-2013-889

5

compareció,

por

lo

que

el

caso

quedó

sometido

sin

el

beneficio de su comparecencia.

II.

Una persona acusada de cometer un delito puede hacer una

de

dos

alegaciones:

culpable

o

no

culpable.

Regla

68

de

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 68. Véase

Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 D.P.R. 179, 192 (1998). Si

hace una alegación de culpabilidad, el acusado renuncia a

varios derechos constitucionales y estatutarios, entre los

que

figuran

el

derecho

a

un

juicio

justo,

imparcial

y

público; el derecho a ser juzgado por un juez o jurado; el

derecho a que se establezca su culpabilidad más allá de duda

razonable; y el derecho a presentar evidencia a su favor y a

rebatir prueba en su contra. Pueblo v. Santiago Agricourt,

supra; Díaz Díaz v. Alcaide, 101 D.P.R. 846, 854 (1973). Si

el acusado hace una alegación de no culpable, el Ministerio

Fiscal tiene que probar su culpabilidad más allá de duda

razonable. Íd.

En

renuncia

vista

a

de

que

derechos

el

acusado

que

constitucionales

se

y

declara

culpable

estatutarios,

los

tribunales deben ser muy cuidadosos al decidir si aceptar o

no la alegación. Pueblo v. Santiago Agricourt, supra; Díaz

Díaz

v.

Alcaide,

supra.

Al

respecto,

la

Regla

70

de

Procedimiento Criminal, supra, dispone que “[e]l tribunal no

aceptará

la

primeramente

alegación

que

la

de

misma

culpabilidad

se

hace

sin

determinar

voluntariamente,

con

conocimiento de la naturaleza del delito imputado y de las

consecuencias

de

dicha

alegación”.

De

hecho,

el

tribunal

CC-2013-889

puede

6

negarse

a

admitir

una

alegación

de

culpabilidad

y

ordenar la anotación de una alegación de no culpable. Regla

71 de Procedimiento Criminal, supra. Asimismo, el tribunal

puede permitir el retiro de una alegación de culpabilidad en

cualquier momento antes de dictar sentencia. Íd. Lo mismo

aplica

a

la

alegación

preacordada

de

culpabilidad,

como

producto de una negociación con el Ministerio Público. Pueblo

v. Figueroa García, 129 D.P.R. 798, 804 (1992), citando a

Brady v. United States, 397 U.S. 742 (1970).

En

Pueblo

v.

Mojica

Cruz,

115

D.P.R.

569

(1984),

reconocimos la validez de las alegaciones preacordadas de

culpabilidad y sus beneficios para el Sistema de Justicia

Criminal. Véanse Pueblo v. Marrero Ramos, Rivera López, 125

D.P.R. 90, 96 (1990); Boykin v. Alabama, 395 U.S. 238, 242244 (1969). Luego, la Asamblea Legislativa codificó y reguló

lo adoptado en Pueblo v. Mojica Cruz, supra, al aprobar la

Regla 72 de Procedimiento Criminal, supra. El inciso (1) de

esta Regla establece que un acusado puede hacer una alegación

de culpabilidad a cambio de que el Ministerio Público se

comprometa

a:

(1)

pedir

que

se

archiven

otros

cargos

pendientes contra el imputado; (2) eliminar la alegación de

reincidencia; (3) recomendar una sentencia específica o no

oponerse a la solicitud de la defensa sobre una sentencia en

particular, entendiéndose que el tribunal no estará obligado

a dictar la sentencia recomendada o solicitada; o (4) acordar

que cierta sentencia en particular dispone adecuadamente del

caso.

Véase

(2004).

Pueblo

v.

Suárez

Ramos,

163

D.P.R.

460,

470

CC-2013-889

7

Si el Ministerio Público y el acusado acuerdan el tercer

curso de acción, el Tribunal de Primera Instancia “advertirá

al imputado que si la recomendación del fiscal o la solicitud

de la defensa no es aceptada por el tribunal, el imputado no

tendrá derecho a retirar su alegación”. (Énfasis suplido).

Regla 72(2) de Procedimiento Criminal, supra. Véase, además,

Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, pág. 198.

La

tribunal

Regla

72,

acepta

la

supra,

también

alegación

establece

preacordada,

que,

si

el

notificará

al

imputado que esta ha sido incorporada y constituirá parte de

la sentencia. Regla 72(3) de Procedimiento Criminal, supra.

Si rechaza la alegación preacordada, advertirá al imputado

que el tribunal no está obligado por el acuerdo, le brindará

la oportunidad de retirar su alegación y le advertirá que, de

persistir en su alegación de culpabilidad, la determinación

final del caso podrá serle menos favorable que la acordada

entre la defensa y el Ministerio Público. Regla 72(4) de

Procedimiento

Criminal,

supra.

Véase,

además,

Betancourt

Rojas v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 747, 753 (1964).

Al ponderar si acepta una negociación preacordada, el

tribunal debe asegurarse de que esta fue efectuada “con pleno

conocimiento, conformidad y voluntariedad del imputado; que

es conveniente a una sana administración de justicia, y que

ha sido lograda conforme a derecho y a la ética”. Regla 72(7)

de Procedimiento Criminal, supra. Véase O.E. Resumil, Derecho

Procesal Penal, Oxford, Butterworth Legal Publishers, 1993,

T. II, págs. 130–131. También debe cerciorarse de que el

imputado sea consciente de todos los efectos y repercusiones

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8

que tendrá su alegación y que se han observado los requisitos

establecidos

en

Víctimas,1

los

la

Ley

para

cuales

la

Protección

discutiremos

más

de

Testigos

adelante.

y

Íd.

Asimismo, el tribunal deberá asegurarse de que existe base

suficiente

en

los

hechos

para

sostener

la

alegación

de

culpabilidad. Pueblo v. Suárez Ramos, supra, págs. 470-471.

En cuanto a su naturaleza jurídica, hemos resuelto que

las alegaciones preacordadas dependen de la aprobación final

del tribunal para consumarse y vincular a las partes. Pueblo

v. Santiago Agricourt, supra, pág. 196; Pueblo v. Figueroa

García, supra, págs. 809-810. Mientras el tribunal no haya

aprobado

el

obligaciones

acuerdo,

no

de

partes

las

existe

y

bilateralidad

estas

pueden

entre

las

retirar

su

consentimiento. Íd. Una vez lo acepta y el acusado se declara

culpable,

cualquier

intento

de

las

partes

de

retirar

lo

acordado es un incumplimiento del acuerdo. Véase, además, E.

L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y

Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1995, Vol. III, pág. 211.

Con

relación

a

lo

anterior,

en

Pueblo

v.

Figueroa

García, 129 D.P.R. 798, 806-706 (1992), expresamos que

es preciso distinguir entre lo que constituye el

retiro

de

una

alegación

preacordada

y

el

incumplimiento con la misma. Ambos conceptos

difieren en términos del momento en que se

pretende deshacer el acuerdo y sus efectos.

Específicamente,

se

retira

una

alegación

preacordada si se pretende deshacer el acuerdo

antes de que el imputado haga alegación de

culpabilidad y la misma sea aceptada por el

tribunal. Por otra parte, se incumple con la misma

si se pretende deshacer el acuerdo una vez el

Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, 25 L.P.R.A. sec. 973 et

seq. (Ley para la Protección de Testigos y Víctimas).

1

CC-2013-889

9

acusado ha hecho alegación de culpabilidad y la

misma ha sido aceptada por el tribunal.

Esta diferencia es importante porque al hacer

alegación de culpabilidad el acusado renuncia a

valiosos

derechos

constitucionales,

e.g.

el

derecho a que se pruebe su culpabilidad más allá

de duda razonable; el derecho a un juicio justo,

imparcial y público; el derecho a ser juzgado ante

un juez o Jurado, y a presentar evidencia a su

favor y rebatir la evidencia presentada en su

contra. Mientras que si la alegación preacordada

se retira con anterioridad a que el acusado haga

alegación de culpabilidad, no está involucrada

renuncia a derecho constitucional alguno. (Énfasis

suplido). Íd.

En cuanto al tribunal, hemos resuelto que este tiene

discreción para aceptar, rechazar, modificar o permitir el

retiro de una alegación preacordada. Pueblo v. Marrero Ramos,

Rivera López, 125 D.P.R. 90, 97 (1990); Pueblo v. Franco, 70

D.P.R. 786, 789 (1950). No obstante, esta discreción será

derrotada si el tribunal se niega a permitir que el acusado

retire una alegación de culpabilidad hecha sin comprender la

ley y los hechos o bajo una falsa representación, cuando

surge alguna duda de la culpabilidad del acusado o cuando

este tiene alguna defensa meritoria, o cuando se cumplen

mejor

los

fines

consideración

Betancourt

(1964).

de

del

Rojas

También

la

juez

v.

justicia

o

Trib.

procede

el

sometiendo

jurado

para

su

el

caso

a

fallo.

Superior,

90

D.P.R.

retiro

de

la

la

Íd.;

747,

757

alegación

de

culpabilidad cuando medie coacción, fraude o inadvertencia.

Íd.

Ahora

bien,

“[u]na

vez

el

acusado

hace

la

correspondiente alegación de culpabilidad y el tribunal la

acepta, posteriormente el juez no puede rechazar el acuerdo”

CC-2013-889

pues

ello

acusado.

10

menoscabaría

(Énfasis

los

suplido).

derechos

Pueblo

constitucionales

v.

Pérez

del

Adorno,

178

D.P.R. 946, 960 (2010). Véanse, además, U.S. v. Ritsema, 89

F.3d 392 (7mo Cir. 1996); United States v. Blackwell, 694

F.2d 1325 (C.D. A.C. 1982).

En fin, las alegaciones preacordadas son de gran valor

para nuestro Sistema de Justicia Criminal, ya que permiten

conceder ciertos beneficios al acusado si este se declara

culpable, descongestionan los calendarios de los tribunales y

propician

que

se

enjuicien

términos

de

rápido

a

los

acusados

enjuiciamiento.

Pueblo

dentro

v.

de

los

Santiago

Agricourt, supra, pág. 194; Pueblo v. Marrero Ramos, Rivera

López, supra. Como hemos reiterado, “[s]in las alegaciones

preacordadas sería muy difícil, si no imposible, enjuiciar a

todas las personas acusadas de cometer delitos dentro de los

términos

mandados

Constitución”.

por

el

ordenamiento

Pueblo

v.

Suárez

procesal

Ramos,

supra,

y

por

pág.

la

469;

Pueblo v. Figueroa García, supra, pág. 804.

Por otra parte, la Ley de Protección a las Víctimas y

Testigos, supra, establece que toda víctima de delito tendrá

derecho

“a

transigir

ser

una

consultad[a]

denuncia

o

antes

acusación

de

que

se

proceda

contra

el

autor

a

del

delito”. (Énfasis suplido). 25 L.P.R.A. sec. 973a(g)(1). En

Pueblo v. Dávila Delgado, 143 D.P.R. 157 (1997), evaluamos el

significado y el alcance de la frase “ser consultado”. Tras

reconocer que las víctimas de hechos delictivos juegan un

papel extraordinariamente importante en el procesamiento de

sus victimarios, concluimos lo siguiente:

CC-2013-889

11

no podemos enfatizar lo suficiente el hecho de

que, no obstante los derechos que le concede esta

clase de legislación a las víctimas o testigos de

un delito, éstas no son parte para efectos del

proceso

criminal;

careciendo

éstas,

en

consecuencia, de los derechos que, de ordinario,

tienen las partes en un procedimiento judicial. De

forma tal que examinado en su justa perspectiva,

el derecho que se concede en el antes transcrito

Art. 2(g) de la Ley de Protección a las Víctimas y

Testigos, a “ser consultado”, equivale a ser oído,

a que su opinión o parecer sea tomado en

consideración por el fiscal antes de que éste

llegue a un acuerdo con el acusado y de

cuestionar, ante el foro judicial, el que ello así

no se haya hecho. Dicho de otra forma, de ninguna

manera puede ser interpretado el derecho a ser

consultado, que concede la citada ley, como que la

víctima o testigo tiene el poder de vetar la

actuación o el curso de acción que el Fiscal

entienda procedente seguir en el caso. Dicha

determinación es de la exclusiva inherencia del

Ministerio Público. (Énfasis en el original). Íd.,

págs. 167-168.

Luego,

hicimos

Procedimiento

tribunal

alegación

la

Criminal,

juzgador

salvedad

de

que

supra,

concede

la

Regla

72

de

específicamente

al

la

discreción

para

aprobar

o

no

la

preacordada

alcanzada

por

la

defensa

y

el

Ministerio Público. Pueblo v. Dávila Delgado, supra, pág.

171. Incluso, destacamos que “el tribunal de instancia, aun

cuando acepte, en principio, la alegación preacordada, no

está obligado a seguir las recomendaciones que le hagan las

partes sobre una sentencia específica a imponerse al imputado

de delito. Esto es, el tribunal tiene discreción para imponer

la sentencia que entienda procedente en derecho”. (Énfasis en

el original y suplido). Íd.

Por último, para resolver el caso ante nos, es necesario

evaluar lo dispuesto por el Art. 3.6 de la Ley Núm. 54,

supra,

titulado

“Desvío

del

procedimiento”.

Este

permite

CC-2013-889

someter

a

12

la

persona

convicta

de

violencia

doméstica

a

libertad a prueba, con la condición de que participe en un

programa

de

reeducación

y

readiestramiento.

Íd.

Luego,

dispone que “[e]l tribunal tomará en consideración la opinión

de

la

víctima

sobre

si

se

le

debe

conceder

o

no

este

beneficio e impondrá los términos y condiciones que estime

razonables y el período de duración de la libertad a prueba

que tenga a bien requerir”. Íd.

Del texto antes citado, se desprende que la víctima en

casos de violencia doméstica tiene un derecho estatutario a

expresar

su

opinión

y

que

esta

sea

considerada

por

el

tribunal al momento de decidir si concede al victimario los

beneficios del desvío del procedimiento. Véase Art. 3.6 de la

Ley Núm. 54, supra. No obstante, al igual que en Pueblo v.

Dávila Delgado, supra, este derecho no convierte a la víctima

en parte para efectos del proceso criminal.

De igual forma, el Artículo citado no dispone que la

opinión

favorable

indispensable

para

de

la

conceder

víctima

el

sea

un

programa

de

requisito

desvío

al

victimario. Art. 3.6 de la Ley Núm. 54, supra. Al contrario,

el lenguaje de esta disposición legal reconoce al Tribunal la

discreción de imponer los términos y condiciones que estime

razonables, una vez considerada la opinión de la víctima. Íd.

Siendo

así,

es

forzoso

concluir

que

la

víctima

de

violencia doméstica tiene derecho a expresar su opinión y que

el Tribunal la considere antes de conceder al victimario el

desvío de los procedimientos provisto por el Art. 3.6 de la

Ley Núm. 54, supra. Sin embargo, la opinión de la víctima no

CC-2013-889

puede

dejar

13

sin

efecto

el

compromiso

asumido

por

el

Ministerio Público, en una alegación preacordada, de sugerir

que se evalúe si el victimario cualifica o no para dicho

beneficio. Véase Pueblo v. Dávila Delgado, supra. Después de

todo, tal decisión recae en el Tribunal de Primera Instancia,

el cual mantiene su discreción en cuanto a la sentencia a

dictarse, independientemente de la opinión de la víctima o de

las recomendaciones de la defensa y el Ministerio Público en

una alegación preacordada. Véanse Regla 72 de Procedimiento

Criminal, supra; Art. 3.6 de la Ley Núm. 54, supra.

III.

En este caso, el Tribunal de Primera Instancia ya había

aceptado el acuerdo suscrito entre el Ministerio Público y el

señor

Acosta

Pérez.

El

acuerdo

suscrito

consistía

en

reclasificar el cargo previamente imputado de violación al

Art.

2.8 de la Ley Núm. 54, supra, a

una

infracción al

Artículo 3.1 de la misma ley, supra. También se acordó que el

Ministerio Público recomendaría una pena de 1 año, 9 meses y

1 día, y referiría el caso a informe pre-sentencia para que

se evaluara si el señor Acosta Pérez cualificaba para el

programa de desvío. El Ministerio Público no garantizó que el

Tribunal acogería lo recomendado. Incluso, la propia Moción

sobre Alegación Preacordada presentada ante el foro primario

advertía sobre la posibilidad y las consecuencias de que el

Tribunal no aceptara la recomendación del Ministerio Público.

Surge claramente del expediente que el Ministerio Público

cumplió

con

lo

acordado:

reclasificó

el

delito

imputado,

CC-2013-889

14

recomendó la pena pactada y sugirió la concesión del programa

de desvío.

Por su parte, la defensa nunca solicitó que la alegación

preacordada

tampoco

se

ha

dejara

sin

alegado

efecto.

que

se

El

señor

declaró

Acosta

Pérez

culpable

por

desconocimiento de la ley o de los hechos, que su abogado o

el Ministerio Público le engañaron o que fue coaccionado para

que

se

declarara

culpable.

Fue

el

Tribunal

de

Primera

Instancia el que, motu proprio, dejó sin efecto la alegación

preacordada, luego de haberla aceptado y sin que alguna de

las partes lo solicitara.

Como vimos en el acápite anterior, el hecho de que la

perjudicada hubiera retirado su conformidad en la vista de

dictar

sentencia

no

impedía

que

el

Tribunal

de

Primera

Instancia, en el ejercicio de su discreción, impusiera la

pena

que

recomendada

entendiera

en

el

correspondiente,

preacuerdo.

El

foro

incluyendo

primario

la

debió

considerar la opinión de la señora Montero Rivera como un

factor

adicional

al

momento

de

evaluar

el

informe

pre-

sentencia y determinar la sentencia que impondría.

Siendo así, el Tribunal de Primera Instancia no podía

dejar sin efecto el preacuerdo motu proprio y mucho menos

ordenar la celebración de una vista preliminar. Ciertamente,

su proceder menoscabó los derechos constitucionales del señor

Acosta Pérez, quien se declaró culpable bajo el entendimiento

de que sería procesado por violar el delito grave de cuarto

grado tipificado en el Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, supra, y

no por el delito grave de tercer grado tipificado en el Art.

CC-2013-889

15

2.8 de la misma ley, supra. Véase, además, Pueblo v. Pérez

Adorno, supra.

A su vez, dejar sin efecto la alegación de culpabilidad

y revertir el caso a vista preliminar obliga innecesariamente

a la perjudicada a reiniciar el proceso criminal, en el cual

tendría

que

testificar

y

confrontar

nuevamente

a

su

victimario. Como bien señala el Ministerio Público, debemos

tener presente que ello podría comprometer el interés y la

capacidad de la perjudicada en continuar con el proceso.

IV.

Por

Sentencia

los

fundamentos

emitida

por

el

antes

expuestos,

Tribunal

de

se

revoca

Apelaciones

y

la

se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que

dicte la sentencia correspondiente.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-2013-889

Certiorari

Nataniel Acosta Pérez

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 9 de abril de 2014.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte de la

presente Sentencia, se revoca la Sentencia

emitida por el Tribunal de Apelaciones y se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia

para que dicte la sentencia correspondiente.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo.

Aida I. Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo