Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Ignacio Villamarzo García
2014 TSPR 38
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Ignacio Villamarzo García
TS-5345
Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplir con los requisitos de Educación Jurídica Continua y con requerimientos del Tribunal.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ex parte:
2014 TSPR 38
Ignacio Villamarzo García
190 DPR ____
Número del Caso: TS-5345
Fecha: 3 de marzo de 2014
Materia: Conducta Profesional– La suspensión será efectiva el 17
de marzo de 2014 fecha en que se le notificó al abogado de su
suspensión inmediata.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ex parte:
Ignacio Villarmarzo García
TS-5345
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2014.
Una
vez
más,
nos
vemos
obligados
a
ejercer
nuestra función disciplinaria para suspender a un
miembro de la profesión jurídica por incumplir con
los requisitos del Programa de Educación Jurídica
Continua (PEJC) durante el periodo del 1 de enero de
2007
al
31
de
diciembre
de
2008
e
ignorar
los
requerimientos de este Tribunal. Por los fundamentos
que
esbozamos
a
continuación,
ordenamos
la
suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Ignacio
Villarmarzo García del ejercicio de la abogacía y la
notaría.
I.
El licenciado Villarmarzo García fue admitido al
ejercicio de la abogacía el 29 de diciembre de 1976
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y juramentó como notario el 19 de mayo de 1977. Por haber
sido nombrado como Registrador de la Propiedad, cesó por
varios años el ejercicio del notariado y, el 26 de abril de
2007, fue readmitido.
El 10 de octubre de 2012, la Directora del PEJC, Lcda.
Yanis Blanco Santiago, nos informó que el licenciado no
cumplió con los requisitos establecidos en el Reglamento
del Programa de Educación Jurídica Continua, 164 D.P.R. 155
(2005) (Reglamento de 2005), durante el periodo del 1 de
enero de 2007 al 31 de diciembre de 2008. Surge del Informe
sobre incumplimiento con requisito de Educación Jurídica
Continua
que
se
le
envió
un
Aviso
de
Incumplimiento
otorgándole, entre otras alternativas, 60 días adicionales
para tomar los cursos. Transcurrido casi un año desde ese
aviso sin que cumpliera, el PEJC le envió una citación para
una vista informal.
Celebrada
presente,
el
la
vista,
Oficial
en
la
cual el
Examinador
licenciado estuvo
recomendó
otorgarle
una
prórroga final. Vencida la prórroga, el PEJC le concedió
una
segunda
prórroga
de
30
días
para
que
informara
su
cumplimiento. El licenciado no contestó.
Llegado el asunto a nuestra consideración, concedimos un
término de 20 días al licenciado Villarmarzo García para
que compareciera y mostrara causa por la cual no debía ser
suspendido del ejercicio de la profesión por incumplir con
los requisitos del PEJC y por no comparecer ante el PEJC
cuando
fue
requerido.
Oportunamente,
el
licenciado
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compareció
término
mediante
una
adicional
moción
para
en
la
presentar
que
solicitó
unos
un
documentos
acreditativos de que había ofrecido cursos aprobados por el
PEJC que se podrían acreditar a la deficiencia en créditos
que tenía.
Vista su moción, el 10 de enero de 2013 concedimos un
término adicional de 20 días para que cumpliera con nuestra
Resolución anterior. En febrero de ese año, el licenciado
solicitó otra prórroga, por lo que le concedimos un término
de 10 días adicionales. Luego, el licenciado presentó una
contestación a la querella en la que alegó que tenía todos
los
documentos
que
le
permitirían
completar
los
cursos
exigidos por el Reglamento de 2005, supra.
Tras
evaluar
la
moción,
el
9
de
abril
de
2013,
le
concedimos 30 días para que presentara la certificación de
cumplimiento emitida por el PEJC. A esta fecha, casi un año
después, no ha comparecido para dar cumplimiento a nuestra
orden.
El
querellado
tampoco
ha
pagado
la
cuota
por
cumplimiento tardío.
II.
El Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A.
Ap. IX, C.2, dispone que:
[a]
fin
de
viabilizar
el
objetivo
de
representación legal adecuada para toda persona,
el abogado también debe realizar esfuerzos para
lograr y mantener un alto grado de excelencia y
competencia en su profesión a través del estudio y
la
participación
en
programas
educativos
de
mejoramiento
profesional:
ayudando
a
los
tribunales, juntas y demás autoridades en la
promulgación de normas y requisitos adecuados que
orienten los programas educativos de las escuelas
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de derecho y el proceso de admisión al ejercicio
de
la
profesión;
y
sirviendo
en
comités,
seminarios y organismos con funciones relacionadas
con la divulgación, mejoramiento y aplicación de
los cánones de responsabilidad profesional.
En virtud de ese canon, la Regla 28 del Reglamento de
2005, supra, requiere que los abogados tomen 24 créditos de
educación jurídica continua cada 2 años,
en cursos que
ofrezca alguna institución acreditada con esos fines. Cada
abogado tiene hasta 30 días después de vencido el término
para acreditar su cumplimiento con los créditos.
Además, el Canon 9 de los Cánones de Ética Profesional,
supra, C.9, exige a todo abogado responder oportunamente a
los requerimientos de este Tribunal. In re Irizarry Colón,
2013 T.S.P.R. 145, 189 D.P.R. ___ (2013); In re Feliciano
Jiménez,
176
D.P.R.
234
indispensable
obedecer
a
trata
de
procedimientos
(2009).
tales
Particularmente,
requerimientos
disciplinarios.
In
cuando
re
es
se
Villamil
Higuera, 188 D.P.R. 507 (2013).
Consecuentemente,
cuando
un
abogado
incumple
con
el
deber de responder a nuestros requerimientos e ignora los
apercibimientos
de
sanciones
suspensión
inmediata
profesión.
In
re
disciplinarias,
e
indefinida
Reyes,
Rovira,
del
139
procede
ejercicio
D.P.R.
42
de
la
la
(1995).
Frecuentemente, nos vemos obligados a suspender miembros de
la profesión ante actitudes de indiferencia y menosprecio a
nuestros señalamientos. In re Rivera Rosado, 180 D.P.R. 698
(2011).
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Asimismo,
nos
hemos
visto
obligados
a
reiterar
que
incumplir con los requerimientos de este Tribunal es, en sí
mismo, una violación a los Cánones de Ética Profesional. In
re Fiel Martínez, 180 D.P.R. 426 (2010).
III.
Como expresado, la inobservancia de los requerimientos
y órdenes de este Tribunal es una conducta reprochable por
parte
de
los
miembros
de
la
profesión
legal.
Lamentablemente, en esta ocasión, el licenciado Villarmarzo
García no ha dado cumplimiento a nuestra orden emitida el 9
de abril de 2013. Tampoco ha certificado su cumplimiento
con
los
requisitos
del
PEJC.
Casi
un
año
después
de
notificada nuestra Resolución concediendo un término de 30
días, el licenciado no ha cumplido.
Por lo anterior, se suspende inmediata e indefinidamente
al Lcdo. Ignacio Villarmarzo García del ejercicio de la
abogacía y la notaría por incumplir con los requisitos del
PEJC y no atender los requerimientos de este Tribunal. Este
deberá
notificar
a
sus
clientes
que
por
motivo
de
la
suspensión no puede continuar con su representación legal,
y le devolverá los expedientes de cualquier caso pendiente
y los honorarios recibidos por trabajos no realizados. De
igual forma, deberá informar su suspensión a cualquier sala
del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en
el que tenga algún caso pendiente. Estas gestiones habrán
de ser certificadas a este Tribunal dentro del término de
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30 días a partir de la notificación de esta Opinión y
Sentencia.
Además,
el
Alguacil
de
este
Tribunal
procederá
a
incautar la obra notarial del licenciado Villarmarzo García
y su sello notarial, y hará entrega de los mismos a la
Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente
examen e informe a este Tribunal.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ex parte:
Ignacio Villarmarzo García
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SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2014.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte íntegra de la presente Sentencia, se suspende
inmediata
e
indefinidamente
al
Lcdo.
Ignacio
Villarmarzo García del ejercicio de la abogacía y la
notaría por incumplir con los requisitos del PEJC y
no atender los requerimientos de este Tribunal. Este
deberá notificar a sus clientes que por motivo de la
suspensión no puede continuar con su representación
legal, y le devolverá los expedientes de cualquier
caso pendiente y los honorarios recibidos por
trabajos no realizados. De igual forma, deberá
informar su suspensión a cualquier sala del Tribunal
General de Justicia o foro administrativo en el que
tenga algún caso pendiente. Estas gestiones habrán
de ser certificadas a este Tribunal dentro del
término de 30 días a partir de la notificación de
esta Opinión y Sentencia.
Además, el Alguacil de este Tribunal procederá a
incautar la obra notarial del licenciado Villarmarzo
García y su sello notarial, y hará entrega de los
mismos a la Oficina de Inspección de Notarías para
el correspondiente examen e informe a este Tribunal.
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Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y la
Jueza Asociada señora Pabón Charneco no intervinieron.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo