Tribunal Supremo de Puerto Rico
Asociación de Maestros de Puerto Rico v. Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico
2014 TSPR 8
Poder Judicial de Puerto Rico
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Asociación de Maestros de Puerto Rico v. Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico
CT-2014-2
Resolución con Votos
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Asociación de Maestros de Puerto
Rico, et als.
Peticionarios
v.
Sistema de Retiro para Maestros
de Puerto Rico, et als.
Recurridos
________________________________
2014 TSPR 8
190 DPR ____
Educadores/as por la Democracia,
Unidad, Cambio, Militancia y
Organización Sindical, Inc., por
sí y en representación de sus
miembros et als.
Peticionarios
Número del Caso: CT-2014-2
Fecha: 27 de enero de 2014
Comisionado Especial:
Hon. Ángel R. Pagán Ocasio
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Rafael A. Nadal Arcelay
Lcda. Melissa López Díaz
Lcdo. Ramón Rosario Cortés
Lcda. Vanessa Caraballo Santiago
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcda. Alba L. Ortiz Morales
Lcda. Claudia Juan García
Lcdo. Rafael Escalera Rodríguez
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray
Procuradora General
Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez
Subprocuradora General
Lcda. Amarilis Ramos Rodriguez
Procuradora General Auxiliar
Materia: Certificación Intrajurisdiccional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Asociación
de
Maestros
Puerto Rico, et als.
de
Certificación
Intrajurisdiccional
Peticionarios
v.
CT-2014-2
CT-2014-3
Sistema de Retiro para Maestros
de Puerto Rico, et als.
Recurridos
Educadores/as
por
la
Democracia,
Unidad,
Cambio,
Militancia
y
Organización
Sindical, Inc., por sí y en
representación de sus miembros,
et als.
Peticionarios
v.
Sistema de Retiro para Maestros
de Puerto Rico, et als.
Recurridos
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2014.
I
Examinada
la
Solicitud
de
certificación
intrajurisdiccional
presentada
por
Educadores
por
la
Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización
Sindical, Inc. se declara con lugar. Art. 3.002(e) de la
Ley Núm. 201-2003, 4 L.P.R.A. sec. 24y; Regla 52.2 (d) de
las Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. V.
Véase Alvarado Pacheco Y Otros v. E.L.A., 2013 T.S.P.R. 64,
2013 J.T.S. 67, 188 D.P.R. ___ (2013).
CT-2014-2 y CT-2014-3
2
Se ordena la consolidación de los casos de epígrafe
por tratarse ambos de la misma controversia. Tener en dos
foros distintos de manera simultánea dos casos que versan
sobre la misma controversia no contribuye a la economía
procesal y abre la puerta a la posibilidad de resultados
contradictorios. M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud,
186 D.P.R. 159, 172 (2012); Vives Vázquez v. E.L.A., 142
D.P.R. 117 (1996). Véase, además, R. Hernández Colón,
Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil,
5ta Edición, Lexis Nexis, 2010, sec. 3601, pág. 352. En lo
sucesivo, las partes deberán usar este epígrafe en los
escritos presentados.
II
A la Moción de reconsideración
Procuradora General, no ha lugar.
que
presentó
la
Hemos expresado en el pasado que ―[e]l injunction se
ha convertido en el instrumento más eficaz para vindicar
los diversos derechos constitucionales protegidos por
nuestra Constitución‖. Noriega v. Hernández Colón, 122
D.P.R. 650, 681 (1988). Véase además D. Rivé Rivera,
Recursos Extraordinarios, 2da ed., San Juan, Programa de
Educación Jurídica Continua, Universidad de Puerto Rico,
Facultad de Derecho, 1996, pág. 62. Para lograr ese
propósito, el Art. 678 del Cód. de Enjuiciamiento Civil,
según enmendado por la Ley Núm. 12 de 8 de agosto de 1974,
32 L.P.R.A. sec. 3524, ―permite que se dicte una orden de
entredicho provisional, injunction preliminar o permanente,
ante alegaciones que de su faz sustancien que alguna
persona,
so
color
de
autoridad,
ha
privado
a
un
peticionario
de
algún
derecho
garantizado
por
la
Constitución o las leyes de Puerto Rico o de Estados
Unidos‖. R. Hernández Colón, op cit., pág. 532. (Énfasis
suplido.) Véase, además, Delgado Rodríguez v. Nazario de
Ferrer, 121 D.P.R. 347, 357 (1988).
Como se deduce de la norma antes citada, el Poder
Judicial tiene la facultad de emitir un injunction cuando
una demanda contiene alegaciones tan serias, sustanciales,
difíciles y dudosas que la convierten en materia prima para
un buen litigio. R. Hernández Colón, op. cit., pág. 539.
Por esa razón, se ha establecido con total corrección que
en casos en los que se alega una violación constitucional
―no es necesario demostrar daño irreparable‖. Íd. Véase,
además,
11a
Wright
&
Miller,
Federal
Practice
and
Procedure, sec. 2948.1. Por eso, se ha resuelto que es
innecesario celebrar una vista evidenciaria como requisito
previo para emitir un injunction preliminar cuando no
existen controversias de hechos materiales. Aoude v. Mobil
Oil Corp, 862 F. 2d 890 (1er Cir. 1988); Metro-GoldwynMayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 518 F. Supp. 2d 1197
(C.D. Cal. 2007). Véase además 11a Wright & Miller, op
cit., sec. 2949.
CT-2014-2 y CT-2014-3
3
Al analizar con sumo cuidado el expediente de este
caso, concluimos que la demanda que presentaron los
peticionarios contiene alegaciones serias y sustanciales
que ameritaban la expedición del injunction preliminar. R.
Hernández Colón, op. cit., pág. 539. Además, en su moción
de reconsideración la Procuradora General no ha impugnado
ninguna de las alegaciones juramentadas que han hecho los
peticionarios en este caso. Así pues, no creó una
controversia fáctica que impidiera la emisión de nuestra
orden provisional de paralización. Aoude v. Mobil Oil Corp,
supra; Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.,
supra.
Así pues, es incorrecta en derecho la aseveración de
la disidencia de que no es posible dictar la paralización
de la ley antes de que se celebre una vista. De hecho, ese
principio es tan obvio que la propia disidencia recomienda
la emisión de una orden –sin vista- para prorrogar y dejar
sin efecto el plazo que concede la Sec. 4(a) de la Ley Núm.
160-2013 para que los maestros afectados notifiquen su
renuncia. Por otro lado, la disidencia menciona que las
circunstancias en las que se emitió la orden han cambiado
porque el paro magisterial concluyó. Eso implica que en
verdad la disidencia no ve impedimentos legales para la
orden de paralización que dictamos en medio del paro de 48
horas de los maestros del sistema público de enseñanza. Tan
solo significa que la disidencia dejaría sin efecto la
orden ante el cambio de circunstancias.
Vemos, entonces, que la diferencia en este Tribunal no
es en realidad acerca de nuestra facultad para emitir la
orden de paralización provisional de la ley, sino más bien
sobre su amplitud y alcance. Son muchos los beneficios de
haber detenido la entrada en vigor de la Ley Núm. 160-2013.
Por ejemplo, a diferencia de otros casos que hemos
certificado y que se citan en la disidencia, el injunction
preliminar permite que este Tribunal analice este caso en
un ambiente sosegado. Además, los miles de maestros que se
ven afectados por la Ley Núm. 160-2013, no tienen el dilema
de tener que tomar decisiones permanentes acerca de su
futuro con la presión de la aplicación inminente de la ley.
En esencia, el propósito principal de la orden provisional
de paralización que emitimos en este caso es mantener el
status quo. D. Rivé Rivera, op. cit., pág. 21.
III
Por último, vista la Moción enmendando pedido urgente
en solicitud de extensión de términos que presentó la parte
demandante-peticionaria y la Urgente moción en oposición a
solicitud de extensión de término que presentó la parte
demandada-recurrida , se le concede al Comisionado Especial
Hon. Ángel Pagán Ocasio, hasta el martes, 28 de enero de
2014, para que nos informe cuánto tiempo adicional necesita
CT-2014-2 y CT-2014-3
4
para realizar su encomienda, conforme a la Resolución que
emitimos el 14 de enero de 2014.
Notifíquese inmediatamente por fax o teléfono, y por
la vía ordinaria.
Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora
Pabón Charneco emitió un voto particular de conformidad al
que se unió el Juez Asociado señor Estrella Martínez. El
Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo emitió un Voto
particular
de
conformidad.
Por
otro
lado,
el
Juez
Presidente señor Hernández Denton emitió un Voto particular
disidente al que se unió la Jueza Asociada señora Fiol
Matta. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió
un Voto particular disidente. El Juez Asociado señor
Feliberti Cintrón está inhibido.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Asociación
de
Maestros
Puerto Rico, et als.
de
Certificación
Intrajurisdiccional
Peticionarios
CT-2014-2
v.
Sistema de Retiro para Maestros
de Puerto Rico, et als.
Recurridos
Voto particular de conformidad emitido por la Jueza
Asociada señora Pabón Charneco al cual se une el Juez
Asociado señor Estrella Martínez.
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2014.
Estoy conforme con la Resolución que antecede. Previo
a nuestra decisión de paralizar los efectos de la Ley 1602013, miles de servidores públicos indispensables para el
sano desarrollo de esta sociedad, nuestros maestros, se
encontraban en una cruel incertidumbre: tomar la decisión
irrevocable de acogerse al retiro antes del 15 de febrero
de 2014 o continuar trabajando bajo un nuevo sistema.
Es
por eso que, dada las circunstancias particulares del caso
de autos, fue acertada nuestra decisión de paralizar los
efectos
del
estatuto
en
cuestión
y
ordenar
el
trámite
extraordinario del caso de epígrafe.
No
obstante,
toda
vez
que
varios
miembros
de
este
Tribunal echan mano a la soga de tecnicismos asfixiantes
para darles la espalda a nuestra clase magisterial, me veo
obligada a emitir estas breves expresiones.
CT-2014-2 y CT-2014-3
2
I
No es la primera vez que este Tribunal toma medidas
extraordinarias
para
resolver
casos
de
alto
interés
público. Véase Suárez v. C.E.E. I., 163 D.P.R. 347 (2004).
Irónicamente, en aquel momento se contó con la anuencia de
los compañeros que hoy disienten. Es lamentable que los
compañeros disidentes hayan optado por refugiarse entre las
líneas de formalidades procesales rígidas para echarle la
soga al cuello a nuestros servidores públicos. La verdad es
que estos intentan camuflagear una metodología adjudicativa
que
nuevamente
dependiendo
del
parece
color
controversia. Véase
reducirse
del
cristal
a
que
resolverán
con
que
miraron
la
Alvarado Pacheco y otros v. E.L.A.,
2013 T.S.P.R. 64, 188 D.P.R __ (2013). (Op. de conformidad
emitida
por
Pabón
Charneco,
J.).
Así
pues,
se
siguen
añadiendo capítulos a la saga que no hace mucho presagié.
Véase Trinidad Hernández et al. v. ELA et al, 2013 T.S.P.R.
73, 188 D.P.R. __ (2013), res. el 25 de junio de 2013. (Op.
disidente emitida por Pabón Charneco, J.). Nuevamente, al
igual que lo censuré en Alvarado Pacheco y otros v. E.L.A.,
supra, no deja de asombrarme la inconsistencia de varios
integrantes de este Tribunal. Lamento que estos compañeros
se
escondan
aparenten
detrás
convertirse
políticas de gobierno.
de
en
un
escudo
una
de
extensión
conveniencia,
de
las
y
ramas
CT-2014-2 y CT-2014-3
3
II
Por otro lado, en su voto particular disidente el Juez
Presidente señor Hernández Denton elabora prolongadamente
en cuanto a los requerimientos de nuestro ordenamiento para
la
expedición
de
una
orden
de
injunction
o
injunction
preliminar. No obstante, como muy bien se discute en la
Resolución que antecede, el Juez Presidente está errado en
su
interpretación
extraordinarios
en
de
la
nuestro
doctrina
ordenamiento.
de
recursos
Además,
también
olvida – o quiere olvidar- que las partes en el caso de
autos lo que presentaron ante este Foro fue una moción en
auxilio de nuestra jurisdicción. Recientemente reiteramos
que ―una moción que solicita a un tribunal un remedio en
auxilio de su jurisdicción es, en esencia, un llamado a la
utilización del poder inherente que tiene todo
tribunal
para constituir los remedios necesarios que hagan efectiva
su jurisdicción y que eviten fracasos en la administración
de la justicia‖. García López y otros v. E.L.A, 185 D.P.R.
371 (2012). Véase, además, Pantoja Oquendo v. Mun. de San
Juan, 182 D.P.R. 101 (2011); San Gerónimo Caribe Project v.
A.R.Pe., 174 D.P.R. 640, 654 (2008); Misión Ind. P.R. v.
J.P. y A.A.A., 142 D.P.R. 656, 678 (1997). Así pues, se
trata de un remedio en equidad que emiten los tribunales en
el
sano
ejercicio
de
su
discreción
y
que
“goza
de
características afines a otros de similar naturaleza, como
lo
son
el
preliminar”.
entredicho
provisional
Misión
P.R.
(Énfasis suplido).
Ind.
v.
y
J.P.
el
y
injunction
A.A.A.,
Íd.
CT-2014-2 y CT-2014-3
Si
auxilio
4
bien
es
cierto
que
de
jurisdicción
se
para
emitir
un
consideran
remedio
en
características
análogas a las de un injunction, los remedios en equidad
que se emiten bajo un auxilio de jurisdicción se basan en
el poder inherente de los tribunales apelativos y no en los
formalismos de los requisitos estatutarios exigidos por el
Art. 678(3) del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A.
sec. 3524, y las Reglas 57.2 (b) y 57.5 de Procedimiento
Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.
Entiendo que los compañeros
disidentes en este caso erraron al analizar la controversia
de autos bajo la lupa de tecnicismos procesales, soslayando
sin
más
el
principio
normativo
que
ante
auxilio de jurisdicción, los tribunales
una
moción
en
tienen el poder
inherente para conceder cualquier remedio que en equidad
proceda. Véase García López y otros v. E.L.A, supra, pág.
382.
(Énfasis
suplido).
En
este
caso
particular,
dicho
remedio redundó en certificar el caso de autos y paralizar
los efectos de la Ley 160-2013 con el fin de evitar que
miles de maestros se vieran forzados a tomar una decisión
abrupta y permanente sobre su futuro económico antes que se
dilucidara la constitucionalidad de dicho estatuto.
Por otro lado, en su disenso el Juez Presidente afirma
que al amparo del inciso (a) de la
Sección 4 del estatuto
en cuestión, este Tribunal tiene la facultad de ordenar a
la Oficina de Gerencia y Presupuesto a que prorrogue la
fecha límite para que los maestros notifiquen su renuncia.
En
primer
lugar,
me
parece
totalmente
errada
esta
aseveración. No me parece que este Tribunal tenga autoridad
para ordenar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a que
CT-2014-2 y CT-2014-3
realice
una
intromisión
5
función
indebida
discrecional.
de
la
Rama
Esto
Judicial
con
sería
una
las
otras
ramas de gobierno que
laceraría los principios más básicos
de
poderes.
la
separación
objetivo
que
la
de
disidencia
Por
eso,
para
propone
hay
que
lograr
el
utilizar
la
facultad judicial de suspender el efecto de la ley, y con
ello,
las
responsabilidades
discrecionales
que
la
ley
señala. En segundo lugar, resulta que hasta la disidencia
reconoce que es necesario conceder un remedio en equidad
similar a la paralización de los efectos de la Ley 1602013. Me parece que la disidencia es inconsistente en sus
aseveraciones
conceder
con
relación
remedios
en
al
poder
equidad.
de
este
Foro
para
Paradójicamente,
la
disidencia propone lo que critica.
Añade además, que dado a que pronto contaremos con el
Informe
del
Comisionado
Especial
no
hay
necesidad
de
paralizar los efectos de la ley dado que dentro de ese
marco
temporal
tendremos
la
oportunidad
de
proveer
un
remedio oportuno antes del 15 de febrero de 2014. A pesar
de
que
sé
que
este
Tribunal
hará
todo
lo
posible
por
atender este asunto con la celeridad que amerita, lo cierto
es que nos encontramos ante un caso extremadamente complejo
y técnico. Así pues, paralizar los efectos de la Ley 1602013 nos permitirá analizar sosegadamente el caso de autos
sin la presión indebida de un término que podría impedir
que ejerzamos nuestra función revisora con la rigurosidad
exhaustiva
nuestra
que
merece
consideración.
mínimo esa paz mental.
toda
controversia
Nuestros
maestros
que
llegue
merecen
a
como
CT-2014-2 y CT-2014-3
Por
otro
6
lado,
en
su
Urgente
Moción
de
Reconsideración, el Estado arguye que la Orden emitida por
este Tribunal que paralizó los efectos de la Ley 160-2013
―ha
tenido
un
efecto
adverso
sin
precedentes
en
la
estabilidad económica del país‖. No sería la primera vez
que rechazo la utilización de este tipo de argumento supra
legal
como
momento
uno
de
a
ser
evaluar
considerado
la
por
validez
este
Tribunal
constitucional
de
al
un
estatuto. Insisto que ―esa es una consideración exógena al
Derecho que no
debe guiar la decisión de los
casos de
autos. Si el principio de independencia judicial significa
algo es que ese tipo de amenaza no puede empañar la labor
constitucional de los tribunales en Puerto Rico‖. Trinidad
Hernández
et
al.
v.
ELA
et
al.,
supra,
(Op.
disidente
emitida por Pabón Charneco, J.).
La disidencia se hace eco de la alegación de la parte
recurrida. Al parecer, para los jueces disidentes el único
resultado aceptable es la desestimación ―fast track‖ del
pleito.
De
otro
modo,
siguiendo
adverso sin precedentes en la
su
lógica,
el
―efecto
estabilidad económica del
país‖ sería mayor. Es evidente, entonces, que la disidencia
ya adjudicó este caso a favor del gobierno y en contra de
los
maestros
peticionarios.
Solo
así
se
explica
su
inconsistencia al oponerse a la suspensión temporal de los
efectos de la Ley 160-2013.
La acción responsable tomada por este Tribunal está
enmarcada
en
circunstancias
la
seriedad
históricas
de
que
requiere
nuestra
paralización y no la improvisación.
Isla.
afrontar
Procedía
las
la
CT-2014-2 y CT-2014-3
7
III
En fin, reafirmo mi conformidad con la Resolución que
antecede. Los miles de empleados públicos que han escogido
esta noble profesión y que día a día ejercen la encomiable
labor de educar a las futuras generaciones del país merecen
mucho
más
que
permanecer
en
un
estado
de
desasosiego
mientras esta Curia atiende la constitucionalidad de la ley
impugnada.
emitidas
Así
por
pues,
el
me
compañero
hago
eco
de
Juez
Asociado
las
expresiones
señor
Estrella
Martínez en su voto particular de conformidad del 14 de
enero de 2014 en las cuales destaca la necesidad imperiosa
de que ―los maestros y maestras conozcan el desenlace final
de la validez legal o inconstitucionalidad del estatuto‖.
Rechazo
la
posición
de
la
disidencia
por
que
convertiría a la Rama Judicial en una marioneta a la merced
de las ramas políticas de gobierno. No puedo avalar un
proceder
que
obliga
a
enredarse
en
un
gordiano
nudo
nuestros
y
empleados
a
ser
públicos
víctimas
de
a
la
nefasta inconsistencia de varios miembros de este Tribunal.
Por todo lo antes dicho, estoy conforme con la Resolución
que hoy emitimos.
Mildred G. Pabón Charneco
Jueza Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Asociación
de
Maestros
Puerto Rico, et al.
de
Peticionarios
v.
Sistema
Maestros
al.
de
Retiro
para
de Puerto Rico, et
Recurridos
CT-2014-2 Certificación
CT-2014-3 Intrajurisdiccional
Educadores/as
por
la
Democracia,
Unidad,
Cambio,
Militancia
y
Organización
Sindical, Inc., por sí y en
representación de sus miembros,
et al.
Peticionarios
v.
Sistema de Retiro para Maestros
de Puerto Rico, et al.
Recurridos
Voto Particular de Conformidad emitido por el Juez Asociado
señor Kolthoff Caraballo
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2014.
Son
varios
los
intereses
de
los
maestros
que
se
protegen con nuestra orden de paralización. Como muy bien
señala la Resolución de la mayoría de este Tribunal, con
nuestra
paralización
―los
miles
de
maestros
que
se
ven
afectados por la [ley en controversia] no tienen [ahora] el
CT-2014-2 y CT-2014-3
2
dilema de tener que tomar decisiones permanentes acerca de
su futuro con la presión de aplicación inminente de la
ley‖.
Además,
Resolución,
y
los
sustanciales
como
maestros
en
también
señala
presentan
alegaciones
reclamo
de
derechos
la
mencionada
serias
y
reconocidos
expresamente por nuestra Constitución.
Por otro lado y además de lo anterior, nuestra orden
de paralización ha conseguido apaciguar los ánimos y traer
un poco de sosiego y calma a nuestro País. El ambiente de
conflicto
y
controversia
suscitado
en
medio
de
la
aprobación a toda prisa del estatuto, ya había maculado las
efemérides navideñas y amenazaba con interrumpir el inicio
del semestre escolar.
Tal es el efecto positivo que ha
tenido nuestra orden de paralización en la atmósfera de
este conflicto que ello sin duda ha contribuido a un mejor
ambiente en el llamado Comité de Diálogo nombrado por el
señor Gobernador.
Sin embargo, no
es todo
esto
lo
que me
motiva a
escribir este Voto particular de conformidad. Me explico.
En mi Voto disidente en el caso sobre el retiro de
los
empleados
públicos
según
dispuesto
en
la
Ley
Núm. 3-2013, Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., 2013
T.S.P.R. 73, 188 D.P.R. ____ (2013), advertí que el Estado
había convertido el sistema de retiro de estos más de 100
mil servidores públicos en una contradicción de términos:
―un sistema de retiro con el cual nadie puede retirarse‖.1
1
Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., 2013 T.S.P.R. 73, 188 D.P.R.
____ (2013).
CT-2014-2 y CT-2014-3
3
En muchos aspectos el caso que ahora nos ocupa, de su faz y
sujeto
a
la
Comisionado
prueba
que
Especial,
en
su
día
se
aparenta
ser
similar
Hernández et al. v. ELA et al., supra.
presente
ante
a
el
Trinidad
En ese sentido, los
demandantes tienen una alta probabilidad de prevalecer.
Sin embargo, con todo respeto, lo que sí llama a
asombro es que el apreciado Juez Presidente de esta Curia y
la apreciada compañera Jueza Asociada señora Fiol Matta le
imputen a la mayoría de este Tribunal inconsistencia al
paralizar
el
presente
caso.
Y
es
que
resulta
difícil
entender cómo pueden hablar de inconsistencia aquellos que
en tiempos de la notoria Ley 7 argumentaron con vehemencia
en favor de los servidores públicos, pero los abandonaron
sin explicación alguna en el caso de la Ley Núm. 3-2013
sobre el retiro de los empleados públicos.
Tal acción
resulta
alguien
tan
contradictoria
como
―pensar
que
te
necesita en tiempo de tormenta y creer que no es lo mismo
en tiempo de huracán‖.
Por haber sido
el juez ponente
en el caso de
la
Ley 7, Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1
(2010), certiorari denegado, 131 S. Ct. 152, 562 U.S. ___
(2010), en Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., supra,
expuse
la
clara
diferencia
entre
un
caso
y
el
otro:
sencillamente los intereses constitucionales protegidos son
distintos.
En Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra,
(Ley Núm. 7), la controversia giraba en torno al derecho
procesal, derecho sustantivo y el menoscabo temporero -con
fecha
cierta
y
razonable
de
finalización-
de
convenios
CT-2014-2 y CT-2014-3
4
colectivos. Mientras que Trinidad Hernández v. ELA, supra,
(Ley Núm. 3-2013), conllevó la violación de la cláusula
constitucional
de
no
menoscabo
de
obligaciones
contractuales por parte del propio Estado, al reducir las
anualidades de las pensiones de los servidores públicos de
forma sustancial y permanente.
En palabras sencillas, no
es lo mismo perder el trabajo que perder la pensión.
Como
cité en Trinidad y en ese contexto, ―Salary and pensions
are not synonymous.‖2
Ciertamente, en Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I,
supra, este Tribunal -por voz del que suscribe- afirmó el
sacrificio que en ocasiones han de hacer ―los pocos por el
bien de los muchos‖. Sin embargo, no es lo mismo cuando los
pocos se quedan sin trabajo que cuando los muchos se quedan
sin
futuro.
En
fin,
no
hay
injusticia
más
grande
que
juzgar como iguales aquellas cosas que no lo son.
Por su parte, en Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I,
supra, el Juez Presidente señor Hernández Denton hizo las
siguientes expresiones:
Disentimos del curso de acción que ha seguido
hoy una mayoría del Tribunal, pues éste, luego
de un trámite judicial apresurado que resulta
contrario al debido proceso de ley, elimina los
derechos adquiridos sobre sus empleos de miles
de servidores públicos, en violación de la
prohibición constitucional contra el menoscabo
de obligaciones contractuales establecida tanto
en la Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico como en la Constitución de Estados
Unidos... Específicamente, la Opinión que emite
el Tribunal para declarar la constitucionalidad
de la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009 se
fundamenta
en
un
expediente
judicial
2
Oregon State Police Officers‘ Ass‘n v. State, 918 P.2d 765 (Or. 1996).
CT-2014-2 y CT-2014-3
5
desprovisto
de
la
prueba
necesaria
para
resolver de forma adecuada y fundamentada la
controversia.3
Peor aún, ésta ni siquiera cumple con el ámbito
mínimo
de
protección
establecido
por
la
Constitución federal, colocándonos al margen de
la normativa que formuló el Tribunal Supremo de
Estados Unidos sobre la referida prohibición
constitucional en United States Trust Co. v.
New Jersey, 431 U.S. 1 (1977), y que adoptó
este Tribunal en Bayrón Toro v. Serra, 119
D.P.R.
605
(1987).
La
necesidad
de
un
expediente
judicial
completo
que
contenga
prueba que permita evaluar adecuadamente los
criterios establecidos en dicha jurisprudencia
resulta aún más imperiosa al considerar la
magnitud del impacto de la Ley
Núm. 7,
supra, en los empleados públicos afectados y el
efecto que la decisión del Tribunal tendrá en
el país.4
Prácticamente
al
final
de
su
Voto
disidente
en
Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra, el honorable
Juez Presidente añadió lo siguiente:
No obstante, el trámite judicial expedito
solicitado por el Estado y autorizado por este
Tribunal redundó en los parcos expedientes ante
nuestra consideración, lo que nos impide
evaluar adecuadamente la constitucionalidad del
referido plan de cesantías de la Ley Núm. 7,
supra, según los criterios pautados por el
Tribunal Supremo federal y por este Foro.
El impedimento es más grave aún al considerar
el hecho de que nunca se celebró una vista
evidenciaria
ante
un
foro
judicial
que
permitiera al Estado demostrar, según lo
requiere United States Trust Co. v. New Jersey,
supra, que su actuación es necesaria y cumple
con los parámetros requeridos para validar este
tipo
de
legislación.
Es
por
tal
razón,
precisamente, que la mayoría del Tribunal se ve
obligada
a
descansar
únicamente
en
la
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 7 y da por
hechos los datos allí contenidos que, a fin de
3
Voto disidente del Juez Presidente señor Hernández Denton en Domínguez
Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 101 (2010).
4
Íd.
CT-2014-2 y CT-2014-3
6
cuentas, sólo constituyen las alegaciones del
Estado. De esta manera, el Tribunal realmente
otorga completa deferencia al texto de la ley,
abdica a su función judicial y, por lo tanto,
priva a las partes de un debido proceso de ley,
en clara contravención a lo resuelto en United
States Trust Co. v. New Jersey, supra.5
Finalmente, el honorable Juez Presidente concluyó con
lo siguiente:
La magnitud del impacto de la Ley Núm. 7,
supra,
sobre
los
empleados
públicos,
la
economía y la situación social de Puerto Rico
nos requiere ser en extremo rigurosos y
cuidadosos al adjudicar la controversia ante
nos. La decisión de la mayoría del Tribunal hoy
no sólo echa a un lado los derechos de los
empleados públicos, sino que al hacerlo obvia
el procedimiento adecuado y la normativa
aplicable establecida tanto por el Tribunal
Supremo
federal
como
por
este
Tribunal.
Tratándose del sustento de miles de familias
puertorriqueñas, y habiéndole dedicado gran
parte de nuestra vida profesional al servicio
público, no podemos tomar tan livianamente
nuestra
responsabilidad
de
vindicar
los
derechos constitucionales de la ciudadanía. Por
lo tanto, disentimos.6
Como
análisis
lo
demuestran
somero
del
las
Voto
citas
disidente
anteriores,
del
basta
honorable
un
Juez
Presidente señor Hernández Denton en Domínguez Castro et
al.
v.
E.L.A.
I,
supra,
para
concluir,
en
apretada
síntesis, que su posición en contra de la determinación del
Tribunal obedeció a que los empleados públicos no tuvieron
en esa ocasión la oportunidad de presentar prueba en favor
de
sus
reclamos.
5
El
tono
de
las
palabras
del
Juez
Voto disidente del Juez Presidente señor Hernández Denton en Domínguez
Castro et al. v. E.L.A. I, supra, pág. 106.
6
Íd., pág. 111.
CT-2014-2 y CT-2014-3
7
Presidente en ese Voto disidente fue uno de indignación y,
de hecho, su convencimiento de que esta Curia había errado
fue tan grande que llegó incluso a advertir que el caso
podría ser revocado por el Tribunal Supremo federal.7
Sin embargo, en Trinidad Hernández et al. v. ELA et
al.,
supra,
(Ley
Núm.
3-2013),
un
caso
en
el
que
la
cantidad de empleados públicos afectados fue al menos 10
veces mayor y el menoscabo a sus derechos fue mucho peor,
el Juez Presidente pareció avalar totalmente aquel ―error‖.
En Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., supra, el Juez
Presidente estuvo completamente de acuerdo en confirmar al
Tribunal de Primera Instancia que, sin darle la oportunidad
a los empleados públicos de presentar su prueba, o sea, sin
que se hubiese celebrado una vista evidenciaria o al menos
la estipulación de alguna prueba, desestimó el caso. De
manera
que,
Presidente,
100
mil
mediante
con
un
caso
empleados
el
la
conformidad
tan
trascendental
públicos
mecanismo
del
fue
procesal
honorable
para
los
desestimado
de
la
Regla
Juez
más
de
meramente
10.2
de
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.
De hecho, tal fue la prisa de este Tribunal en ese
caso -prisa que como vimos el distinguido Juez Presidente
criticó en Domínguez Castro- que la Opinión confirmando la
acción del Estado en contra de los empleados públicos se
emitió mediante el mecanismo de Regla 50, o sea, sin que
7
El honorable Juez Presidente expresó en aquella ocasión: ‖A nuestro
juicio, la Opinión del Tribunal constituye una invitación al Tribunal
Supremo de Estados Unidos para que corrija los errores de este Foro, al
igual que lo hizo en El Vocero de Puerto Rico v. Puerto Rico, 508 U.S.
147 (1993)‖. Como ya es sabido, el Tribunal Supremo federal no acogió
el certiorari presentado en contra de la determinación de este Foro.
CT-2014-2 y CT-2014-3
8
los empleados públicos siquiera tuvieran la oportunidad de
presentar
su
alegato
ante
este
Foro.
Un
cambio
tan
evidente de posición solo puede justificarse si se explica
razonablemente.
De
lo
contrario,
constituye
una
inconsistencia que provoca dudas -o cuando menos confusiónen cuanto a qué la motivó.
Con
relación
a
la
distinguida
compañera
Jueza
Asociada señora Fiol Matta, sus expresiones en Domínguez
Castro fueron múltiples y variadas. Veamos solo algunas:
Primero, como ya explicamos, para determinar
los hechos relevantes, la opinión mayoritaria
se sustenta exclusivamente en la Exposición de
Motivos y acepta, sin prueba, que existe una
crisis fiscal y un problema de gigantismo
gubernamental, así como que no existe otra
opción para corregir el déficit estructural del
gobierno central, que no sea el despido de
empleados públicos y la suspensión de los
derechos laborales.
Esto, a pesar de que
existen diversos informes o documentos que
cuestionan estas hipótesis. En otras palabras,
la mayoría de este Tribunal no tomó en
consideración
posiciones
distintas
a
la
adoptada por la Legislatura, porque no hubo
oportunidad para recibir y dirimir prueba en un
Foro de Primera Instancia o administrativo.8
(Énfasis suplido y en el original).
Como
vemos,
la
Jueza
Asociada
señora
Fiol
Matta
condenó en el caso de la Ley Núm. 7 el que la mayoría de
este
Tribunal
sustentara
su
determinación
solo
en
la
Exposición de Motivos de la ley, aceptara sin prueba la
existencia de una crisis fiscal, y aceptara sin prueba el
que
no
existía
estructural
8
del
otra
opción
gobierno
para
central.
corregir
Además,
el
la
déficit
compañera
Voto disidente de la Jueza Asociada señora Fiol Matta en Domínguez
Castro et al. v. E.L.A. I, supra, pág. 118.
CT-2014-2 y CT-2014-3
9
señaló que no pudimos considerar ―posiciones distintas a la
adoptada
para
por
la
Legislatura,
recibir
y
dirimir
porque
prueba
en
como
Instancia‖.
Sin
embargo
y
prácticamente
fue
el
mismo
curso
Hernández
al.
v.
ELA
et
et
al.,
de
no
hubo
oportunidad
un
Foro
de
Primera
hemos
visto,
acción
en
supra.
ese
Trinidad
Entonces
la
pregunta es ¿por qué la distinguida compañera no hizo esos
mismos señalamientos en el caso de la Ley Núm. 3-2013?
¿Por que no sólo guardó silencio, sino que avaló con su
voto lo que antes condenó?
Por otro lado, en su Voto disidente la Juez Asociada
señora Fiol Matta también señaló lo siguiente:
El
análisis
que
he
expuesto
en
estas
apresuradas
páginas
me
lleva
a
disentir
enérgicamente de la decisión a la que hoy se
adhiere la mayoría del Tribunal. Veo con mucha
tristeza la posición asumida por la mayoría en
esta
decisión
ante
asuntos
tan
desgarradoramente complejos para la historia de
nuestro
pueblo.
Ésta
es
una
decisión
desinformada, resultado de un improvisado y mal
aplicado proceso de certificación. En ausencia
de prueba, la mayoría acaba por deshacer los
fundamentos
metodológicos
de
la
mejor
hermenéutica constitucional y termina en el
terreno
de
la
especulación
acientífica.9
(Énfasis suplido).
Nuevamente, con tono fuerte y clara indignación, la
Jueza Asociada señora Fiol Matta critica la determinación
de la mayoría de esta Curia.
La interrogante que surge
ante estas expresiones es si los asuntos traídos por los
demandantes en el caso de la Ley Núm. 3-2013 no fueron
también ―desgarradoramente complejos para la historia de
9
Voto disidente de la Jueza Asociada señora Fiol Matta en Domínguez
Castro et al. v. E.L.A. I, supra, pág. 156.
CT-2014-2 y CT-2014-3
nuestro pueblo‖.
metodológicos‖
Hernández
et
10
Además, ¿cuáles fueron ―los fundamentos
que
al.
llevaron
v.
ELA,
a
la
supra,
compañera
en
Trinidad
a
el
menoscabo
avalar
sustancial de los derechos adquiridos de cientos de miles
de funcionarios públicos?
Por
otro
lado, añadió
la
compañera
Jueza
Asociada
señora Fiol Matta:
La Constitución es algo más que un depósito de
palabras; es un pacto social maduro entre el
Estado y los ciudadanos, que ha sido bordado
lentamente y se ha cimentado en décadas de
consenso. Central a este pacto está el valor
que le hemos concedido al trabajo en la
estructura social de nuestro país.
Nuestros
tribunales han avalado esta apreciación por
muchas décadas.
Hoy, con esta determinación,
la mayoría de este Tribunal rompe este pacto
social y abandona en el desamparo a miles de
ciudadanos que han perdido su modo de vida y
mantiene en la inseguridad jurídica a los que
aún conservan sus puestos.10 (Énfasis suplido).
Ante estas expresiones, es menester preguntarle a la
apreciada compañera Jueza Asociada señora Fiol Matta
si
con la determinación de esta Curia en Trinidad Hernández et
al. v. ELA et al., supra, ¿no se rompió también ese ―pacto
social‖
al
que
ella
correctamente
hizo
referencia
en
Domínguez Castro?; ¿no se abandonaron y se dejaron también
―en el desamparo a miles de ciudadanos que han perdido‖ no
solo su modo de vida, sino su modo de sustento en la vejez?
Por
último,
al
final
de
su
ponencia
en
Domínguez
Castro la compañera Jueza Asociada señora Fiol Matta le
otorga a la mayoría de esta Curia -y a este servidor como
10
Voto disidente de la Jueza Asociada señora Fiol Matta en Domínguez
Castro et al. v. E.L.A. I, supra, págs. 156-157.
CT-2014-2 y CT-2014-3
Juez
ponente
en
11
particular-
una
estocada
realmente
dolorosa, producto de su tempestuosa indignación:
Lamentablemente, después de esta decisión, el
derecho constitucional en las escuelas de
Derecho se enseñará ―antes‖ y ―después‖ de la
Ley Núm. 7, pero no como el derecho de
filiación antes y después de nuestra honrosa
decisión en Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 676
(1963), ni como la ley de divorcio antes y
después de Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107
D.P.R. 250 (1978), casos que ampliaron y
fortalecieron los derechos del individuo frente
al Estado.
Todo lo contrario, esta decisión
será estudiada como aquella que entronizó al
Estado como el protagonista principal del
sistema frente al ciudadano. Ante esto, yo
disiento. No puedo mantener silencio ni ser
cómplice de esta enajenada visión. (Énfasis en
el original).
Sin
Asociada
embargo,
señora
le
Fiol
pregunto
Matta
a
-con
la
todo
compañera
el
Jueza
respeto
y
el
aprecio que ella sabe le dispenso- ¿cómo deberá calificar
la Academia y la historia del Derecho Puertorriqueño la
Opinión de Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., supra?
Claro, la ventaja que se tiene en Trinidad Hernández et al.
v. ELA et al., supra, es que, por haber sido una Opinión
Per
Curiam,
nadie
responsabilidad.
tiene
que
aceptar
directamente
la
Por otro lado, considerando que en la
cita anterior la distinguida compañera mencionó que no pudo
―mantener
silencio
[para]
no
ser
cómplice‖
de
lo
que
denunció como una enajenación, llama bastante la atención
lo ―silenciosa‖ de su conformidad en Trinidad Hernández et
al. v. ELA et al., supra.
En conclusión, en ocasiones el cambiar de posición no
debe ser visto como inconsistencia, sino como la intención
CT-2014-2 y CT-2014-3
12
de no perpetuar lo que se considera un error.
Sin embargo,
lo que no debe ocurrir es que ―tal mutación‖ ocurra sin
explicación
alguna.
Respetuosamente,
los
aludidos
compañeros tienen la palabra.
Por
todo
lo
anterior,
estoy
conforme
con
la
Resolución de este Tribunal.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Asociación de Maestros de
Puerto Rico, et al.
Peticionarios
v.
CT-2014-2
Sistema de Retiro para
Maestros de Puerto Rico,
et al.
Recurridos
Voto particular disidente emitido por el Juez Presidente señor
HERNÁNDEZ DENTON al cual se une la Jueza Asociada señora FIOL
MATTA.
San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2014.
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Departamento
de Educación y el Sistema de Retiro para Maestros de Puerto
Rico
comparecen
mediante
Reconsideración‖.
Nos
la
solicitan
―Urgente
que
Moción
de
reconsideremos
la
paralización de la Reforma al Sistema de Retiro de Maestros,
ordenada por una mayoría de este Tribunal el 14 de enero de
2014.
En
esa
ocasión,
estuvimos
de
acuerdo
con
la
certificación de este caso y el nombramiento del Comisionado
Especial, pues entendimos que ello nos permitiría resolver las
controversias planteadas con la rapidez con que siempre hemos
atendido
los
casos
adelantados
ante
nuestra
consideración
CT-2014-2
2
mediante el recurso de certificación intrajurisdiccional.11 Sin
embargo, no estuvimos de acuerdo con la decisión de paralizar
los efectos de la referida Reforma, por entender que no se
cumplían los requisitos para suspender los efectos de una ley.
Mantenemos nuestra oposición a la paralización de los efectos
de la Ley Núm. 160-2013. Por ello, declararíamos con lugar la
―Urgente Moción de Reconsideración‖ presentada.
De otro lado, la Asociación de Maestros de Puerto Rico
(Asociación
de
Maestros)
presentó
una
―Moción
urgente
solicitando extensión de términos‖ en la que reconoció que no
está preparada para litigar el caso y nos solicita casi un mes
adicional
también
para
tomó
poder
en
presentar
su
evidencia.
Su
consideración
que
la
demandante
parte
solicitud
en
EDUCAMOS v. Sistema de Retiro para los Maestros de Puerto Rico
y otros, CT-2014-3, nos solicitó que certificáramos su demanda
y la consolidáramos con la de epígrafe. Esta moción demuestra
que, en efecto, lo más conveniente es que el caso siga su
curso ordinario ante el Tribunal de Primera Instancia y no sea
adelantado ante nuestra consideración mediante el recurso de
certificación
intrajurisdiccional.
De
esta
forma,
la
Asociación de Maestros podrá tener lo que en efecto reclama,
su día en corte, para presentar la evidencia y fundamentar su
11
Véanse, por ejemplo, Trinidad Hernández v. E.L.A., 2013
T.S.P.R. 73, 189 D.P.R. ___ (2013); Alvarado Pacheco y otros
v. E.L.A., 2013 T.S.P.R. 64, 189 D.P.R. ___ (2013); Nieves
Huertas v. García Padilla, 2013 T.S.P.R. 106, 189 D.P.R. ___
(2013); Mundo Ríos v. C.E.E., 187 D.P.R. 200 (2012); Santini
Gaudier v. C.E.E., 185 D.P.R. 522 (2012); Asoc. Fotoperiodistas
v. Rivera Schatz, 180 D.P.R. 920 (2011); Bomberos Unidos v.
Cuerpo Bomberos, 180 D.P.R. 723 (2011); U.P.R. v. Laborde
Torres Y otros, 180 D.P.R. 253 (2010); Moreno v. U.P.R. II, 178
D.P.R. 969 (2010).
CT-2014-2
3
reclamo legítimo sobre menoscabo de relaciones contractuales
de los maestros y maestras a quienes representa.
Por
consiguiente,
reconsideraríamos,
además,
nuestra
decisión de certificar el caso y lo devolveríamos al Tribunal
de Primera Instancia para que lo atienda con premura.
I.
Con relación a la paralización de la Reforma al Sistema de
Retiro de los Maestros, es pertinente examinar la normativa
sobre la concesión del recurso extraordinario de injunction
preliminar.
El Art. 678(3) del Código de Enjuiciamiento Civil, 32
L.P.R.A. sec. 3524, dispone lo siguiente:
No podrá otorgarse un injunction ni una orden de
entredicho … [p]ara impedir la aplicación u
observancia de cualquier ley de la Asamblea
Legislativa de Puerto Rico … a menos que se
hubiera determinado por sentencia final, firme,
inapelable
e
irrevisable
que
dicha
ley
o
actuación autorizada por ley es inconstitucional
o inválida.
…
Disponiéndose, sin embargo, que el tribunal podrá
dictar dicha orden de entredicho provisional,
injunction preliminar o permanente sujeto a los
términos de la Regla 57 de Procedimiento Civil:
(a)
En
aquellos
casos
en
que
ello
sea
indispensable para hacer efectiva su jurisdicción
y previa una determinación de que la orden es
indispensable para evitar un daño irreparable a
la parte peticionaria.
(b) Cuando en la petición se alegue que alguna
persona, bajo la autoridad de alguna ley,
ordenanza, o reglamento del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, esté privando o sea el causante
de que alguien esté privando al peticionario de
algún derecho, privilegio o inmunidad protegido
por la Constitución o las leyes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico o por la Constitución o
leyes de los Estados Unidos de América que sean
CT-2014-2
4
aplicables a las personas bajo la jurisdicción
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Por otra parte, la actual Regla 57.2(b) de Procedimiento
Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, requiere la celebración de una vista
para considerar una solicitud de injunction preliminar. Véase,
además, D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 1ra ed.,
Atlanta, Ed. Darby Printing Company, 1989, pág. 28. Ello no es
un tecnicismo procesal, sino más bien una manera de garantizar
a
las
partes
la
oportunidad
de
ser
oídas
y
presentar
su
prueba, cumpliendo con el debido proceso de ley. Véase, Rivé
Rivera, op.cit. Más adelante, la Regla 57.3 de Procedimiento
Civil,
supra,
dispone
que,
para
decidir
si
procede
la
expedición de dicho recurso, el Tribunal debe considerar los
siguientes factores:
(a)
la naturaleza del daño a que está expuesto
la parte peticionaria;
(b)
la
irreparabilidad
del
daño
o
inexistencia de un remedio adecuado en ley;
la
(c)
la probabilidad de que la parte promovente
prevalezca;
(d)
la probabilidad de que la causa se torne en
académica;
(e)
el impacto sobre el
remedio que se solicita, y
interés
(f)
la diligencia y la buena fe
obrado la parte peticionaria. Íd.
público
del
con
ha
que
Finalmente, la Regla 57.5 de Procedimiento Civil, supra,
exige que la orden que emita el Tribunal para conceder un
injunction
preliminar
detalle
en
términos
específicos
razones para su expedición, así como lo que prohíbe.
las
CT-2014-2
5
En el caso de referencia, se impugna la constitucionalidad
de la Ley Núm. 160-2013. A tenor con la normativa aplicable,
esta se presume constitucional y válida. Según el Art. 678(3)
del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, no podía ordenarse
su paralización pues no existe una sentencia final y firme que
decrete que es inconstitucional o inválida. Tampoco se dan los
requisitos para paralizarla mediante un injunction preliminar,
pues hacerlo no era indispensable para hacer efectiva nuestra
jurisdicción
y
no
existe
una
determinación
previa
de
que
paralizar sus efectos evitaría un daño irreparable a la parte
peticionaria.
Según el procedimiento establecido en la Resolución del
14 de enero de 2014, hubiéramos contado con el informe que del
Comisionado Especial en o antes del 7 de febrero de 2013, lo
cual nos hubiera permitido proveer un remedio oportuno antes
del
15
de
febrero
de
2014,
fecha
límite
para
que
los
participantes del sistema de retiro en cuestión presentaran su
renuncia. Además, es preciso señalar que el propio inciso (a)
de la Sección (4) de la ley en cuestión, en la cual la mayoría
de este Tribunal basó su decisión de paralizar los efectos de
la ley, establece que ―[l]a Oficina de Gerencia y Presupuesto,
en consulta con el Departamento de Educación, podrá prorrogar
la fecha límite para notificar la renuncia, hasta la fecha que
estime pertinente, pero no más tarde del 30 de junio de 2014‖.
Siendo
así,
existe
la
posibilidad
de
que
el
Tribunal
de
Primera Instancia, en auxilio de su jurisdicción, ordene a la
Oficina de Gerencia y Presupuesto que prorrogue dicha fecha,
CT-2014-2
6
ya sea a petición de la parte demandante o por allanamiento
del Estado.
Incluso, si enmarcamos la paralización en la excepción
dispuesta en el inciso (b) del Art. 678(3) del Código de
Enjuiciamiento Civil, supra, a saber, cuando se alegue una
violación a los derechos constitucionales del peticionario, se
incumple con el requisito básico de celebrar una vista antes
de conceder el injunction preliminar. Véanse, Regla 57.2(b) de
Procedimiento
Civil,
supra;
D.
Rivé
Rivera,
op
cit.
Interpretar lo contrario equivale a que cualquier ciudadano
podría detener la implantación de cualquier ley con meramente
alegar una violación a sus derechos constitucionales.
La Resolución mayoritaria sostiene que no es necesario
celebrar una vista evidenciaria cuando no existen controversias
de hecho materiales y cita dos casos federales: Aoude v. Mobil
Oil orp.,
862 F.2d 890 (1er Cir. 1988); Metro-Goldwin-Mayer
Studios, Inc. v. Grokster, LTD., 518 F.Supp. 2d 1197 (C.D. Cal.
2007).
A
nuestro
entender,
esos
casos
no
aplican
a
la
controversia ante nos por varias razones: (1) eran casos entre
partes privadas y no casos contra el Gobierno en los que se
solicitara dejar sin efecto una ley que no ha entrado en vigor
alegando que es inconstitucional; (2) Aoude v. Mobil Oil Corp.,
supra,
trataba
sobre
los
efectos
de
un
contrato
privado
relacionado con la operación de una estación de gasolina y no
pretendía paralizar los efectos de una ley; y (3) en MetroGoldwin-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, LTD., supra, ya se
había celebrado una vista y lo que se denegó fue una vista
CT-2014-2
7
adicional previo a conceder un injunction permanente. En fin,
los dos casos federales citados en la Resolución permiten por
vía de excepción conceder un injunction sin vista previa en
casos
entre
partes
privadas
cuando
el
Tribunal
cuenta
con
prueba suficiente para ello, lo cual es distinguible del caso
ante nos donde este Tribunal ordenó la celebración de una vista
evidenciaria precisamente para recibir evidencia adicional.
Además, al considerar los factores enumerados en la Regla
57.3,
supra,
para
decidir
si
procede
la
expedición
de
un
injunction preliminar, es forzoso concluir que no procedía su
expedición. Partiendo una vez más de que la propia Ley Núm.
160-2013
permitía
prorrogar
la
fecha
límite
para
que
los
participantes del Sistema de Retiro de Maestros anunciaran su
renuncia, procede sostener que el daño no es irreparable y que
la prórroga mencionada es un remedio adecuado en ley una vez
celebrada la vista correspondiente.
Por último, la orden emitida por este Tribunal no cumple
con los requisitos de contenido exigidos por la Regla 57.5 de
Procedimiento Civil, supra, pues no detalla las razones para
expedir el injunction preliminar ni el acto que prohíbe.
Al no estar presentes los requisitos indispensables que
hemos señalado, lo que procede es reconsiderar la paralización
de la Ley Núm. 160-2013. Mantener en efecto un injunction
preliminar que nunca cumplió con los requerimientos de nuestro
ordenamiento para su expedición equivale a un abuso arbitrario
de nuestro poder. Además, denota inconsistencia en nuestro
proceder
pues
en
el
caso
del
Sistema
de
Retiro
de
la
CT-2014-2
8
Judicatura, no paralizamos los efectos de la Ley Núm. 1622013, a pesar de que esta tiene vigencia inmediata y podría
afectar
inmediatamente
paralizamos
las
leyes
a
los
jueces
impugnadas
en
en
funciones.
Trinidad
Tampoco
Hernández
v.
E.L.A., 2013 T.S.P.R. 73, 189 D.P.R. ___ (2013), y Domínguez
Castro v. E.L.A., 178 D.P.R. 1 (2010), en donde también se
alegaron violaciones a derechos constitucionales. La prudencia
y el derecho exigen declarar con lugar la ―Urgente Moción de
Reconsideración‖.
II.
Respecto a los señalamientos hechos por el compañero Juez
Asociado señor Kolthoff Caraballo en cuanto a mis posiciones
anteriores, reitero muy respetuosamente que la expedición o
denegatoria
de
un
recurso
extraordinario
de
injunction
preliminar no es una adjudicación en los méritos a favor de
alguna parte ni se supone constituya un adelanto de nuestro
criterio como Tribunal sobre la resolución final de un caso.
Véase Rivé Rivera, op. cit., pág. 18.
Es preciso señalar y aclarar que he sido consistente en
favorecer que el Tribunal de Primera Instancia sea el que
resuelva inicialmente este tipo de controversias. Así ocurrió
en Trinidad Hernández v. E.L.A., supra. De hecho, en Domínguez
Castro v. E.L.A., supra, recalqué en mi disenso que se privó a
las partes de un debido proceso de ley al no haberse celebrado
una
vista
evidenciaria
y
en
ningún
paralización de los efectos de la ley.
momento
favorecí
la
CT-2014-2
9
Hoy, mantengo mi posición pues favorezco devolver el
caso al Tribunal de Primera Instancia. Tengo plena confianza
en
que
los
tienen
la
Jueces
de
la
experiencia,
Sala
la
de
Recursos
capacidad
y
Extraordinarios
los
recursos
para
resolver este caso con rapidez y de forma que las partes
puedan presentar sus respectivas posiciones. Estoy seguro de
que, recibida toda la prueba correspondiente, el foro primario
emitirá
con
rapidez
una
decisión
que
la
parte
que
esté
inconforme podrá recurrir oportunamente tanto al Tribunal de
Apelaciones como a este Tribunal. Será en ese momento que los
miembros
de
esta
Curia
tendremos
la
responsabilidad
de
intervenir y resolver las controversias medulares de este caso
de gran importancia tanto para las partes como para el país.
Bajo
ninguna
circunstancia
estoy
prejuzgando
los
méritos de la controversia ante nuestra consideración. En esta
etapa procesal tan temprana en que se encuentra este caso, la
prudencia también aconseja que ningún miembro de este Tribunal
adelante su criterio sobre las controversias planteadas. Por
eso, nos abstenemos de emitir juicio alguno sobre los méritos
de este caso.
III.
Por
todo
lo
anterior,
reconsideraríamos
nuestra
Resolución del 14 de enero de 2014, dejaríamos sin efecto la
certificación
intrajurisdiccional,
devolveríamos
el
caso
al
Tribunal de Primera Instancia con órdenes de que lo atienda
con premura y dejaríamos sin efecto la paralización de la Ley
Núm. 160-2013. Por otra parte, denegaríamos
la solicitud de
CT-2014-2
certificación
10
intrajurisdiccional
presentada por Educadores
por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización
Sindical, Inc.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Asociación de Maestros
de Puerto Rico, et al.
Peticionarios
v.
CT-2014-2
Certificación
Intrajurisdiccional
Sistema de Retiro para
Maestros de Puerto Rico,
et als.
Recurridos
Voto particular disidente emitido por la Juez Asociada
señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2014
Disiento
enérgicamente
del
curso
seguido
mayoría de este Tribunal al atender la
por
una
Moción urgente
solicitando extensión de los términos presentada por la
Asociación de Maestros de Puerto Rico (la Asociación), al
igual que su decisión de proveer no ha lugar a la Urgente
moción
solicitando
reconsideración
presentada
por
el
Asociación
deja
en
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
La
moción
presentada
por
la
manifiesto que esta controversia nunca debió certificarse,
por cuanto lo que nos dice la Asociación es que no está
preparada para ver el caso que en el pasado nos afirmó que
era urgente.
controversia
Me reafirmo en que nada impide que esta
sea
atendida
adecuadamente
por
el
foro
CT-2014-2
primario
2
conforme
al
trámite
ordinario
y
que
allí
se
emitan, con carácter profiláctico, las órdenes que el foro
estime
pertinente.
Como
indicamos,
la
misma
Asociación
reconoce que, ―por lo complejo de este caso y lo técnico
del
para
asunto
involucrado‖,
presentar
prueba
necesita
un
término
adecuadamente.
adicional
Moción
urgente
solicitando extensión de términos, en la pág. 2.
Una
mayoría de este Tribunal, sin decirlo expresamente, acoge
la solicitud de prórroga de la Asociación al ordenar al
Comisionado
adicional
Especial
necesita
a
informarnos
para
realizar
―cuánto
su
tiempo
encomienda‖.
Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 27 de
enero de 2014, en las págs. 3-4.
hoy
suscribe
concedió
este
Tribunal
prematuramente
al
Así, la Resolución que
modifica
los
términos
que
expedir
la
petición
de
certificación presentada por la Asociación.
Por otro lado, el 17 de enero de 2014 el Estado Libre
Asociado
presentó
una
moción
solicitando
que
reconsideremos nuestra decisión de certificar y paralizar
los efectos de la Ley Núm. 160 de 24 de diciembre de 2013
mediante
Resolución
resolución
petición
de
del
hoy,
Estado
el
14
la
mayoría
Libre
de
enero
de
2014.
En
la
atiende
la
languidecía
en
finalmente
Asociado
que
nuestro aposento, porque resultaría incongruente atender
los
reclamos
de
la
Asociación
sin
demostrar
la
misma
urgencia ante los reclamos de la otra parte, presentados
casi una semana antes.
La
Resolución
que
certificamos
hoy,
además
de
demostrar que no se justifica el trámite expedito que la
CT-2014-2
3
misma Asociación nos solicitó y que le concedimos, deja de
manifiesto la improcedencia del injunction preliminar que
concedió este Tribunal mediante su Resolución del 14 de
enero de 2014. En el caso de autos no se ha cumplido con
los
requisitos
estatuarios
para
emitir
una
orden
de
injunction preliminar, según exigen el art. 678(3) del
Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3524, y
las
Reglas
32 L.P.R.A.
57.2(b)
y
Ap.
Estos
V.
57.5
de
Procedimiento
requisitos
no
Civil,
son
meros
tecnicismos legales, sino exigencias del debido proceso de
ley. Sin embargo, en un intento de justificar la actuación
mayoritaria
celebrar
de
una
expedir
vista
un
injunction
previa
la
preliminar
mayoría
se
sin
escuda,
sorprendentemente, en citas sacadas fuera de contexto o
editadas
a
conveniencia
y
en
tergiversaciones
de
lo
resuelto en cierta jurisprudencia federal.
Aunque
desde
un
inicio
este
tribunal
no
debió
certificar esta controversia y obviar el trámite judicial
ordinario habida cuenta
que la ley objeto de impugnación
entra en vigor dentro de seis meses, proveería ha lugar a
la ‗Urgente moción solicitando reconsideración‘ presentada
por
el
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico
y
reconsideraría la decisión de una mayoría de este Tribunal
de ordenar la paralización provisional de los efectos de
la Ley Núm. 160 de 24 de diciembre de 2013, Ley del
Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado
CT-2014-2
de
4
Puerto
Rico. Porque
no
puedo
obviar
este
proceder,
suscribo este disenso.12
I
A.
El 14 de enero de 2014 la Asociación presentó ante
este Tribunal una Petición de Certificación acompañada por
una
Moción
en
Auxilio
de
Jurisdicción
para
que
este
Tribunal interviniera de manera ―urgente y expedita‖ en la
resolución
de
esta
controversia.
Moción
en
auxilio
de
jurisdicción, en la pág. 2.
Ante la petición urgente de
la
de
Asociación,
una
mayoría
este
Tribunal
decidió
certificar con premura (ese mismo día) esta controversia y
paralizar
los
efectos
de
la
diciembre de 2013. A su vez,
Tribunal se designó
Ley
Núm.
160
de
24
de
en la Resolución de este
a un Comisionado Especial para que
recibiera prueba sobre las alegaciones de las partes y
rindiera
12
un
informe.
Acogiendo
como
ciertos
los
En su Voto particular de conformidad, la Jueza Asociada
señora Pabón Charneco traza una narrativa ofusca que, a lo
sumo, autorretrata sus inconsistencias en el quehacer
adjudicativo. Véase Domínguez Castro v. Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, 178 D.P.R. 1 (2010), en
comparación a Trinidad Hernández v. Estado Libre Asociado,
2013 T.S.P.R. 73, 188 D.P.R. __ (2013) (Pabón Charneco,
J., Opinión Disidente).
En su alocución, la Jueza
Asociada
señora
Pabón
Charneco
―olvida
–o
quiere
olvidar‖ que tanto en Trinidad Hernández como en Suárez
v. Comisión Estatal de Elecciones, 163 D.P.R. 347 (2004),
contábamos con una determinación del foro primario al
momento de expedir la certificación.
En ocasiones
anteriores ha quedado evidenciado y de manera inteligible
las razones por las cuales me he opuesto a que este
Tribunal expida certificaciones obviando todo trámite en
el foro de instancia. Véase Domínguez Castro v. Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, 178 D.P.R. 1 (2010)
(Rodríguez Rodríguez, J., Opinión Disidente); PNP v. CEE y
PPD I, 185 D.P.R. 283 (2012) (Hernández Denton, J.P.,
Opinión Disidente).
CT-2014-2
5
planteamientos de urgencia señalados por la Asociación, se
le
ordenó
al
Comisionado
Especial
que
presentara
el
informe no más tarde del viernes 7 de febrero de 2014.
No obstante, el 23 de enero de 2014 la Asociación
presentó ante este Tribunal una moción urgente solicitando
extensión de los términos para que el Comisionado Especial
emita el informe. De concederse la extensión solicitada,
el
Comisionado
Especial
emitiría
el
informe
el
28
febrero de 2014 en vez del 7 de febrero de 2014.
decir, la Asociación,
técnico
del
prorrogue
el
de
Es
―por lo complejo del caso y lo
asunto
involucrado‖
término
que una
hoy
mayoría
solicita
que
de
Tribunal
este
se
ordenó, precisamente en atención a la petición urgente de
certificación de la Asociación. Moción urgente solicitando
extensión de términos, en la pág. 2.
En otras palabras,
los peticionarios no están listos para litigar el caso y
hoy
nos
solicitan
casi
un
mes
adicional
para
poder
presentar prueba adecuadamente.
B.
Para justificar su decisión de proveer no ha lugar a
la
moción
de
reconsideración
presentada
por
el
Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, el Tribunal busca apoyo
para la Resolución que certifica en cuatro fuentes, a
saber: el tratado de derecho procesal civil del profesor
Rafael Hernández Colón, un tratado de derecho procesal
civil
federal,
un
caso
de
la
Corte
de
Apelaciones
de
Estados Unidos para el Primer Circuito y un caso de la
Corte
de
Distrito
de
Estados
Unidos
para
el
Distrito
CT-2014-2
6
Central de California.
Recalco lo obvio: no se cita un
caso de este Tribunal que justifique su actuación porque
simple
y
llanamente
no
existe.
Como
demostraremos,
el
apoyo recabado de estas fuentes es un mero espejismo.
En la Resolución que certifica hoy este Tribunal se
hace
referencia
a
las
anotaciones
del
profesor
Rafael
Hernández Colón en su libro Práctica Jurídica de Puerto
Rico,
Derecho
Procesal
Civil,
para
sostener
que
―es
innecesario celebrar una vista evidenciaria como requisito
previo
para
emitir
un
injunction
preliminar
cuando
no
existen controversias de hechos materiales‖. Resolución
del Tribunal Supremo de Puerto Rico del 27 de enero de
2014, en la pág. 2. Sin embargo, en la página 539 del
tratado
Tribunal,
del
profesor
éste
solo
Hernández
Colón
se
a
limita
citada
abundar
por
el
sobre
la
aplicación de los criterios establecidos en la Regla 57.3
de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A Ap. V, para conceder un
injunction preliminar. Rafael Hernández Colón, Práctica
Jurídica de Puerto Rico Derecho Procesal Civil 539 (5ta
ed.
Rev.
2010).
En
ningún
momento
hace
referencia
a
excepción alguna al requisito de que un tribunal celebre
una vista antes de conceder un
injunction preliminar. En
cambio, el mismo tratado categóricamente reconoce — dos
páginas antes de la página citada en la Resolución de hoy
– la necesidad de celebrar una vista antes de conceder un
injunction preliminar: ―Habrá vista (R. 57.2(b), 2009)‖.
Id. en la pág. 537.
La cita selectiva no puede ser
fundamento válido para la acción propuesta.
CT-2014-2
7
En cuanto a la jurisprudencia federal que cita la
Resolución que hoy certifica este Tribunal, se traza una
interpretación cribada del derecho federal para justificar
una decisión incompatible con lo resuelto por el propio
foro que se cita, con las propias reglas de procedimiento
federal
y,
más
grave
aún,
con
nuestro
ordenamiento
jurídico. Resulta meridianamente claro que ninguno de los
dos casos citados, además de ser jurisprudencia federal no
vinculante
adoptada
para
este
por
la
adjudicación
de
Tribunal,
Resolución,
la
ni
sostiene
la
proposición
abonan
a
la
correcta
ante
nuestra
controversia
consideración. Por lo tanto,
no se ha demostrado por qué
debemos considerarla persuasiva.
El primer caso citado en
la Resolución, Aoude v. Mobil Orl Corp, 862 F. 2d 890 (1er
Cir. 1988), si bien expresa que una vista evidenciaria no
es un requisito indispensable para que un tribunal atienda
una solicitud de injunction preliminar, Id. en la pág.
893, establece
guiar
al
un estándar
tribunal
en
su
de prueba
decisión
de
pragmático para
obviar
la
norma
general de celebrarla:
The test should be substantive: given the
nature and circumstances of the case, did the
parties have a fair opportunity to present
relevant facts and arguments to the court, and
to counter the opponent‘s submissions? If the
question is close and time permits, then doubt
should be resolved in favor of taking evidence.
Id. en la pág. 894.
Además,
el tribunal
provee algunos ejemplos de cuándo no
es necesario celebrar una vista evidenciaria: cuando el
tribunal está en posesión de un expediente con suficiente
evidencia sustancial, de forma tal que le permita llegar a
CT-2014-2
una
8
conclusión
razonable;
cuando
recibir
evidencia
adicional no serviría propósito alguno; y cuando se le ha
concedido una oportunidad amplia a las partes de presentar
escritos. Id. en la pág. 893.
Consecuentemente
Apelaciones
al
en
evaluar
este
si
la
caso,
Corte
la
de
Corte
Distrito
de
debió
celebrar una vista evidenciaria, concluyó que las partes
tuvieron suficiente oportunidad para presentar evidencia y
argumentos,
pues
(1)
el
caso
original
llevaba
meses
pendiente ante el mismo juez; (2) el tribunal tenía ante
sí un récord tan informativo como el que produciría una
vista evidenciaría (incluyendo memorandos, declaraciones
juradas, cientos de páginas de deposiciones y más de dos
docenas
de
exhibits
evidenciarios);
(3)
las
partes
se
beneficiaron de un extenso descubrimiento de prueba antes
de solicitar el injunction; y (4) los hechos esenciales
para adjudicar la controversia no estaban en controversia.
Id. en la pág. 894.
Asimismo,
el
foro
expresamente
reafirma
preliminar,
el
apelativo
que
al
tribunal
intermedio
conceder
debe
un
federal
injunction
fundamentar
las
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho que lo
llevaron a expedir o denegar el recurso solicitado, pues
las
partes
tienen
derecho
a
conocer
las
razones
que
motivaron la decisión del tribunal y proteger su derecho
de apelar o solicitar la reconsideración de esa decisión.
Id. en la pág. 895.
Evidentemente,
no
estamos
ante
circunstancias
similares para que hallemos persuasivos los fundamentos de
CT-2014-2
9
la sentencia federal y obviemos el requisito expreso de
nuestras Reglas de Procedimiento Civil de celebrar una
vista
evidenciara
antes
de
conceder
un
injunction
preliminar. Máxime cuando el Estado Libre Asociado no tuvo
la oportunidad de presentar escrito alguno antes de que
una
mayoría
de
este
Tribunal
optara
por
conceder
el
injunction preliminar.
Si aplicamos el escrutinio que
articuló
Apelaciones
la
Corte
de
en
Aoude,
resulta
evidente que la controversia de autos no cumple con los
estándares
pautados.
Primero,
al
momento
en
que
se
concedió el injunction preliminar este caso llevaba apenas
unas horas de vida. Segundo, el expediente ante nuestra
consideración era casi inexistente, pues sólo contenía la
demanda presentada y no contenía ni siquiera un memorando
del
Estado.
Por
produciría,
lo
sin
tanto,
duda
una
vista
evidenciaria
un
expediente
alguna,
considerablemente más completo e informativo. Tercero, las
partes no se beneficiaron ni del más exiguo descubrimiento
de
prueba.
determinar
Finalmente,
si
los
no
estuvimos
hechos
en
posición
de
esenciales
estaban
en
controversia o no, pues al Estado no se le concedió una
oportunidad de ponerlos en controversia. No obstante, como
reconoce
la
retroactivamente
propia
se
Resolución
sustenta
la
del
supuesta
Tribunal,
falta
de
controversia de hechos esenciales a través de la moción de
reconsideración presentada por la Procuradora General el
17 de enero de 2014, tres días luego de concedido el
injunction preliminar. Resolución del Tribunal Supremo de
Puerto Rico de 27 de enero de 2014, en la pág. 3. Como
CT-2014-2
10
podemos ver, el caso de autos no satisface ni uno de los
criterios
partes
desglosados
tuvieron
una
en
Aoude
para
oportunidad
determinar
adecuada
de
si
las
presentar
hechos y argumentos relevantes, al mismo tiempo que no
presenta
determinaciones
de
hecho
derecho
que
la
decisión
fundamenten
o
conclusiones
de
de
el
conceder
injunction preliminar.
El segundo caso citado por la resolución de este
Tribunal, Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. V. Grokster,
Ltd., 518 F. Supp. 2d 1197 (C.D. Cal 2007), tampoco es
persuasivo
para
la
correcta
controversia ante nosotros.
adjudicación
de
la
La controversia en ese caso
giraba en torno a un injunction permanente en el contexto
de la normativa federal sobre derechos de autor.
caso,
la
Corte
de
Distrito
celebrar
una
necesidad
de
pues
había
ya
celebrado
simplemente
vista
una
evaluaba
evidenciara
vista
En este
donde
la
adicional,
las
partes
abundaron sobre el alcance del injunction solicitado y
contaba con escritos de
ambas partes
posteriores a la
vista inicial.
Finalmente, el propio comentario de Wright & Miller a
las reglas federales de procedimiento civil, en el cual se
basa la Resolución, reconoce que aunque pueden existir
excepciones a la norma general de celebrar una vista oral
antes
de
conceder
un
injunction
preliminar,
esto
sólo
puede ocurrir cuando el tribunal cuente con suficiente
evidencia escrita, presentada por las partes a través de
memorandos. 11A Fed. Prac. & Proc. Civ. § 2949 (2d ed.). A
tales efectos, se señala lo siguiente:
CT-2014-2
11
A distinction should be drawn, however,
between denying an opportunity to present oral
testimony as to the facts and refusing to permit
oral argument on issues of law. Because judicial
discretion plays a significant role in the
preliminary-injunction context, it is especially
important that the parties be allowed to present
their views as to what effect the facts should
have on how that discretion is exercised.
Consequently, legal argument on a preliminaryinjunction motion should not be denied unless
the implications of the facts, as well as the
facts themselves, are clear beyond serious
dispute. Thus, cases may exist in which the
proper disposition of the application is so
manifest from the written evidence that argument
by counsel would be a superfluity.
Finally it should be noted that Rule
52(a)(2) requires that in granting or refusing a
preliminary injunction the court must set out
the findings and conclusions constituting the
grounds for its action.
11A Fed. Prac. & Proc. Civ. § 2949 (2d ed.)
En este caso no se le concedió al Estado la oportunidad de
expresarse sobre la solicitud de un injunction preliminar,
a pesar de que no estamos ante una situación donde sea
superfluo brindarle la oportunidad de ser escuchado, o
mucho menos donde todos los hechos sean ―clear beyond
serious dispute‖. Id. Según los criterios elaborados en
los comentarios de Wright & Miller, tampoco se justifica
la actuación de una mayoría de este Tribunal.
III
Por todo lo anterior, proveería no ha lugar a la
solicitud de la Asociación de que extendamos los términos
y
acogería
la
solicitud
del
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto Rico: reconsideraría nuestra Resolución del 14 de
enero de 2014 y dejaría sin efecto la paralización de la
Ley Núm. 160.
A su vez, devolvería el caso al Tribunal de
Primera Instancia y, como indiqué en nuestra Resolución
CT-2014-2
12
del 14 de enero, ordenaría al Juez del Tribunal de Primera
Instancia a atender este caso con la mayor premura sin
nuestra intervención, pues entiendo que ese foro cuenta
con las herramientas necesarias para evaluar cabalmente la
controversia
entre
las
partes
y
garantizar
que
éstas
tengan la oportunidad de presentar prueba adecuadamente
con la rapidez que amerita este asunto.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada