LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Asociación de Maestros de Puerto Rico v. Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico

2014 TSPR 8

Poder Judicial de Puerto Rico

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Asociación de Maestros de Puerto Rico v. Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico

CT-2014-2

Resolución con Votos

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Maestros de Puerto

Rico, et als.

Peticionarios

v.

Sistema de Retiro para Maestros

de Puerto Rico, et als.

Recurridos

________________________________

2014 TSPR 8

190 DPR ____

Educadores/as por la Democracia,

Unidad, Cambio, Militancia y

Organización Sindical, Inc., por

sí y en representación de sus

miembros et als.

Peticionarios

Número del Caso: CT-2014-2

Fecha: 27 de enero de 2014

Comisionado Especial:

Hon. Ángel R. Pagán Ocasio

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Rafael A. Nadal Arcelay

Lcda. Melissa López Díaz

Lcdo. Ramón Rosario Cortés

Lcda. Vanessa Caraballo Santiago

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcda. Alba L. Ortiz Morales

Lcda. Claudia Juan García

Lcdo. Rafael Escalera Rodríguez

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray

Procuradora General

Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez

Subprocuradora General

Lcda. Amarilis Ramos Rodriguez

Procuradora General Auxiliar

Materia: Certificación Intrajurisdiccional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación

de

Maestros

Puerto Rico, et als.

de

Certificación

Intrajurisdiccional

Peticionarios

v.

CT-2014-2

CT-2014-3

Sistema de Retiro para Maestros

de Puerto Rico, et als.

Recurridos

Educadores/as

por

la

Democracia,

Unidad,

Cambio,

Militancia

y

Organización

Sindical, Inc., por sí y en

representación de sus miembros,

et als.

Peticionarios

v.

Sistema de Retiro para Maestros

de Puerto Rico, et als.

Recurridos

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2014.

I

Examinada

la

Solicitud

de

certificación

intrajurisdiccional

presentada

por

Educadores

por

la

Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización

Sindical, Inc. se declara con lugar. Art. 3.002(e) de la

Ley Núm. 201-2003, 4 L.P.R.A. sec. 24y; Regla 52.2 (d) de

las Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. V.

Véase Alvarado Pacheco Y Otros v. E.L.A., 2013 T.S.P.R. 64,

2013 J.T.S. 67, 188 D.P.R. ___ (2013).

CT-2014-2 y CT-2014-3

2

Se ordena la consolidación de los casos de epígrafe

por tratarse ambos de la misma controversia. Tener en dos

foros distintos de manera simultánea dos casos que versan

sobre la misma controversia no contribuye a la economía

procesal y abre la puerta a la posibilidad de resultados

contradictorios. M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud,

186 D.P.R. 159, 172 (2012); Vives Vázquez v. E.L.A., 142

D.P.R. 117 (1996). Véase, además, R. Hernández Colón,

Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil,

5ta Edición, Lexis Nexis, 2010, sec. 3601, pág. 352. En lo

sucesivo, las partes deberán usar este epígrafe en los

escritos presentados.

II

A la Moción de reconsideración

Procuradora General, no ha lugar.

que

presentó

la

Hemos expresado en el pasado que ―[e]l injunction se

ha convertido en el instrumento más eficaz para vindicar

los diversos derechos constitucionales protegidos por

nuestra Constitución‖. Noriega v. Hernández Colón, 122

D.P.R. 650, 681 (1988). Véase además D. Rivé Rivera,

Recursos Extraordinarios, 2da ed., San Juan, Programa de

Educación Jurídica Continua, Universidad de Puerto Rico,

Facultad de Derecho, 1996, pág. 62. Para lograr ese

propósito, el Art. 678 del Cód. de Enjuiciamiento Civil,

según enmendado por la Ley Núm. 12 de 8 de agosto de 1974,

32 L.P.R.A. sec. 3524, ―permite que se dicte una orden de

entredicho provisional, injunction preliminar o permanente,

ante alegaciones que de su faz sustancien que alguna

persona,

so

color

de

autoridad,

ha

privado

a

un

peticionario

de

algún

derecho

garantizado

por

la

Constitución o las leyes de Puerto Rico o de Estados

Unidos‖. R. Hernández Colón, op cit., pág. 532. (Énfasis

suplido.) Véase, además, Delgado Rodríguez v. Nazario de

Ferrer, 121 D.P.R. 347, 357 (1988).

Como se deduce de la norma antes citada, el Poder

Judicial tiene la facultad de emitir un injunction cuando

una demanda contiene alegaciones tan serias, sustanciales,

difíciles y dudosas que la convierten en materia prima para

un buen litigio. R. Hernández Colón, op. cit., pág. 539.

Por esa razón, se ha establecido con total corrección que

en casos en los que se alega una violación constitucional

―no es necesario demostrar daño irreparable‖. Íd. Véase,

además,

11a

Wright

&

Miller,

Federal

Practice

and

Procedure, sec. 2948.1. Por eso, se ha resuelto que es

innecesario celebrar una vista evidenciaria como requisito

previo para emitir un injunction preliminar cuando no

existen controversias de hechos materiales. Aoude v. Mobil

Oil Corp, 862 F. 2d 890 (1er Cir. 1988); Metro-GoldwynMayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 518 F. Supp. 2d 1197

(C.D. Cal. 2007). Véase además 11a Wright & Miller, op

cit., sec. 2949.

CT-2014-2 y CT-2014-3

3

Al analizar con sumo cuidado el expediente de este

caso, concluimos que la demanda que presentaron los

peticionarios contiene alegaciones serias y sustanciales

que ameritaban la expedición del injunction preliminar. R.

Hernández Colón, op. cit., pág. 539. Además, en su moción

de reconsideración la Procuradora General no ha impugnado

ninguna de las alegaciones juramentadas que han hecho los

peticionarios en este caso. Así pues, no creó una

controversia fáctica que impidiera la emisión de nuestra

orden provisional de paralización. Aoude v. Mobil Oil Corp,

supra; Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.,

supra.

Así pues, es incorrecta en derecho la aseveración de

la disidencia de que no es posible dictar la paralización

de la ley antes de que se celebre una vista. De hecho, ese

principio es tan obvio que la propia disidencia recomienda

la emisión de una orden –sin vista- para prorrogar y dejar

sin efecto el plazo que concede la Sec. 4(a) de la Ley Núm.

160-2013 para que los maestros afectados notifiquen su

renuncia. Por otro lado, la disidencia menciona que las

circunstancias en las que se emitió la orden han cambiado

porque el paro magisterial concluyó. Eso implica que en

verdad la disidencia no ve impedimentos legales para la

orden de paralización que dictamos en medio del paro de 48

horas de los maestros del sistema público de enseñanza. Tan

solo significa que la disidencia dejaría sin efecto la

orden ante el cambio de circunstancias.

Vemos, entonces, que la diferencia en este Tribunal no

es en realidad acerca de nuestra facultad para emitir la

orden de paralización provisional de la ley, sino más bien

sobre su amplitud y alcance. Son muchos los beneficios de

haber detenido la entrada en vigor de la Ley Núm. 160-2013.

Por ejemplo, a diferencia de otros casos que hemos

certificado y que se citan en la disidencia, el injunction

preliminar permite que este Tribunal analice este caso en

un ambiente sosegado. Además, los miles de maestros que se

ven afectados por la Ley Núm. 160-2013, no tienen el dilema

de tener que tomar decisiones permanentes acerca de su

futuro con la presión de la aplicación inminente de la ley.

En esencia, el propósito principal de la orden provisional

de paralización que emitimos en este caso es mantener el

status quo. D. Rivé Rivera, op. cit., pág. 21.

III

Por último, vista la Moción enmendando pedido urgente

en solicitud de extensión de términos que presentó la parte

demandante-peticionaria y la Urgente moción en oposición a

solicitud de extensión de término que presentó la parte

demandada-recurrida , se le concede al Comisionado Especial

Hon. Ángel Pagán Ocasio, hasta el martes, 28 de enero de

2014, para que nos informe cuánto tiempo adicional necesita

CT-2014-2 y CT-2014-3

4

para realizar su encomienda, conforme a la Resolución que

emitimos el 14 de enero de 2014.

Notifíquese inmediatamente por fax o teléfono, y por

la vía ordinaria.

Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora

Pabón Charneco emitió un voto particular de conformidad al

que se unió el Juez Asociado señor Estrella Martínez. El

Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo emitió un Voto

particular

de

conformidad.

Por

otro

lado,

el

Juez

Presidente señor Hernández Denton emitió un Voto particular

disidente al que se unió la Jueza Asociada señora Fiol

Matta. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió

un Voto particular disidente. El Juez Asociado señor

Feliberti Cintrón está inhibido.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación

de

Maestros

Puerto Rico, et als.

de

Certificación

Intrajurisdiccional

Peticionarios

CT-2014-2

v.

Sistema de Retiro para Maestros

de Puerto Rico, et als.

Recurridos

Voto particular de conformidad emitido por la Jueza

Asociada señora Pabón Charneco al cual se une el Juez

Asociado señor Estrella Martínez.

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2014.

Estoy conforme con la Resolución que antecede. Previo

a nuestra decisión de paralizar los efectos de la Ley 1602013, miles de servidores públicos indispensables para el

sano desarrollo de esta sociedad, nuestros maestros, se

encontraban en una cruel incertidumbre: tomar la decisión

irrevocable de acogerse al retiro antes del 15 de febrero

de 2014 o continuar trabajando bajo un nuevo sistema.

Es

por eso que, dada las circunstancias particulares del caso

de autos, fue acertada nuestra decisión de paralizar los

efectos

del

estatuto

en

cuestión

y

ordenar

el

trámite

extraordinario del caso de epígrafe.

No

obstante,

toda

vez

que

varios

miembros

de

este

Tribunal echan mano a la soga de tecnicismos asfixiantes

para darles la espalda a nuestra clase magisterial, me veo

obligada a emitir estas breves expresiones.

CT-2014-2 y CT-2014-3

2

I

No es la primera vez que este Tribunal toma medidas

extraordinarias

para

resolver

casos

de

alto

interés

público. Véase Suárez v. C.E.E. I., 163 D.P.R. 347 (2004).

Irónicamente, en aquel momento se contó con la anuencia de

los compañeros que hoy disienten. Es lamentable que los

compañeros disidentes hayan optado por refugiarse entre las

líneas de formalidades procesales rígidas para echarle la

soga al cuello a nuestros servidores públicos. La verdad es

que estos intentan camuflagear una metodología adjudicativa

que

nuevamente

dependiendo

del

parece

color

controversia. Véase

reducirse

del

cristal

a

que

resolverán

con

que

miraron

la

Alvarado Pacheco y otros v. E.L.A.,

2013 T.S.P.R. 64, 188 D.P.R __ (2013). (Op. de conformidad

emitida

por

Pabón

Charneco,

J.).

Así

pues,

se

siguen

añadiendo capítulos a la saga que no hace mucho presagié.

Véase Trinidad Hernández et al. v. ELA et al, 2013 T.S.P.R.

73, 188 D.P.R. __ (2013), res. el 25 de junio de 2013. (Op.

disidente emitida por Pabón Charneco, J.). Nuevamente, al

igual que lo censuré en Alvarado Pacheco y otros v. E.L.A.,

supra, no deja de asombrarme la inconsistencia de varios

integrantes de este Tribunal. Lamento que estos compañeros

se

escondan

aparenten

detrás

convertirse

políticas de gobierno.

de

en

un

escudo

una

de

extensión

conveniencia,

de

las

y

ramas

CT-2014-2 y CT-2014-3

3

II

Por otro lado, en su voto particular disidente el Juez

Presidente señor Hernández Denton elabora prolongadamente

en cuanto a los requerimientos de nuestro ordenamiento para

la

expedición

de

una

orden

de

injunction

o

injunction

preliminar. No obstante, como muy bien se discute en la

Resolución que antecede, el Juez Presidente está errado en

su

interpretación

extraordinarios

en

de

la

nuestro

doctrina

ordenamiento.

de

recursos

Además,

también

olvida – o quiere olvidar- que las partes en el caso de

autos lo que presentaron ante este Foro fue una moción en

auxilio de nuestra jurisdicción. Recientemente reiteramos

que ―una moción que solicita a un tribunal un remedio en

auxilio de su jurisdicción es, en esencia, un llamado a la

utilización del poder inherente que tiene todo

tribunal

para constituir los remedios necesarios que hagan efectiva

su jurisdicción y que eviten fracasos en la administración

de la justicia‖. García López y otros v. E.L.A, 185 D.P.R.

371 (2012). Véase, además, Pantoja Oquendo v. Mun. de San

Juan, 182 D.P.R. 101 (2011); San Gerónimo Caribe Project v.

A.R.Pe., 174 D.P.R. 640, 654 (2008); Misión Ind. P.R. v.

J.P. y A.A.A., 142 D.P.R. 656, 678 (1997). Así pues, se

trata de un remedio en equidad que emiten los tribunales en

el

sano

ejercicio

de

su

discreción

y

que

“goza

de

características afines a otros de similar naturaleza, como

lo

son

el

preliminar”.

entredicho

provisional

Misión

P.R.

(Énfasis suplido).

Ind.

v.

y

J.P.

el

y

injunction

A.A.A.,

Íd.

CT-2014-2 y CT-2014-3

Si

auxilio

4

bien

es

cierto

que

de

jurisdicción

se

para

emitir

un

consideran

remedio

en

características

análogas a las de un injunction, los remedios en equidad

que se emiten bajo un auxilio de jurisdicción se basan en

el poder inherente de los tribunales apelativos y no en los

formalismos de los requisitos estatutarios exigidos por el

Art. 678(3) del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A.

sec. 3524, y las Reglas 57.2 (b) y 57.5 de Procedimiento

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.

Entiendo que los compañeros

disidentes en este caso erraron al analizar la controversia

de autos bajo la lupa de tecnicismos procesales, soslayando

sin

más

el

principio

normativo

que

ante

auxilio de jurisdicción, los tribunales

una

moción

en

tienen el poder

inherente para conceder cualquier remedio que en equidad

proceda. Véase García López y otros v. E.L.A, supra, pág.

382.

(Énfasis

suplido).

En

este

caso

particular,

dicho

remedio redundó en certificar el caso de autos y paralizar

los efectos de la Ley 160-2013 con el fin de evitar que

miles de maestros se vieran forzados a tomar una decisión

abrupta y permanente sobre su futuro económico antes que se

dilucidara la constitucionalidad de dicho estatuto.

Por otro lado, en su disenso el Juez Presidente afirma

que al amparo del inciso (a) de la

Sección 4 del estatuto

en cuestión, este Tribunal tiene la facultad de ordenar a

la Oficina de Gerencia y Presupuesto a que prorrogue la

fecha límite para que los maestros notifiquen su renuncia.

En

primer

lugar,

me

parece

totalmente

errada

esta

aseveración. No me parece que este Tribunal tenga autoridad

para ordenar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a que

CT-2014-2 y CT-2014-3

realice

una

intromisión

5

función

indebida

discrecional.

de

la

Rama

Esto

Judicial

con

sería

una

las

otras

ramas de gobierno que

laceraría los principios más básicos

de

poderes.

la

separación

objetivo

que

la

de

disidencia

Por

eso,

para

propone

hay

que

lograr

el

utilizar

la

facultad judicial de suspender el efecto de la ley, y con

ello,

las

responsabilidades

discrecionales

que

la

ley

señala. En segundo lugar, resulta que hasta la disidencia

reconoce que es necesario conceder un remedio en equidad

similar a la paralización de los efectos de la Ley 1602013. Me parece que la disidencia es inconsistente en sus

aseveraciones

conceder

con

relación

remedios

en

al

poder

equidad.

de

este

Foro

para

Paradójicamente,

la

disidencia propone lo que critica.

Añade además, que dado a que pronto contaremos con el

Informe

del

Comisionado

Especial

no

hay

necesidad

de

paralizar los efectos de la ley dado que dentro de ese

marco

temporal

tendremos

la

oportunidad

de

proveer

un

remedio oportuno antes del 15 de febrero de 2014. A pesar

de

que

sé

que

este

Tribunal

hará

todo

lo

posible

por

atender este asunto con la celeridad que amerita, lo cierto

es que nos encontramos ante un caso extremadamente complejo

y técnico. Así pues, paralizar los efectos de la Ley 1602013 nos permitirá analizar sosegadamente el caso de autos

sin la presión indebida de un término que podría impedir

que ejerzamos nuestra función revisora con la rigurosidad

exhaustiva

nuestra

que

merece

consideración.

mínimo esa paz mental.

toda

controversia

Nuestros

maestros

que

llegue

merecen

a

como

CT-2014-2 y CT-2014-3

Por

otro

6

lado,

en

su

Urgente

Moción

de

Reconsideración, el Estado arguye que la Orden emitida por

este Tribunal que paralizó los efectos de la Ley 160-2013

―ha

tenido

un

efecto

adverso

sin

precedentes

en

la

estabilidad económica del país‖. No sería la primera vez

que rechazo la utilización de este tipo de argumento supra

legal

como

momento

uno

de

a

ser

evaluar

considerado

la

por

validez

este

Tribunal

constitucional

de

al

un

estatuto. Insisto que ―esa es una consideración exógena al

Derecho que no

debe guiar la decisión de los

casos de

autos. Si el principio de independencia judicial significa

algo es que ese tipo de amenaza no puede empañar la labor

constitucional de los tribunales en Puerto Rico‖. Trinidad

Hernández

et

al.

v.

ELA

et

al.,

supra,

(Op.

disidente

emitida por Pabón Charneco, J.).

La disidencia se hace eco de la alegación de la parte

recurrida. Al parecer, para los jueces disidentes el único

resultado aceptable es la desestimación ―fast track‖ del

pleito.

De

otro

modo,

siguiendo

adverso sin precedentes en la

su

lógica,

el

―efecto

estabilidad económica del

país‖ sería mayor. Es evidente, entonces, que la disidencia

ya adjudicó este caso a favor del gobierno y en contra de

los

maestros

peticionarios.

Solo

así

se

explica

su

inconsistencia al oponerse a la suspensión temporal de los

efectos de la Ley 160-2013.

La acción responsable tomada por este Tribunal está

enmarcada

en

circunstancias

la

seriedad

históricas

de

que

requiere

nuestra

paralización y no la improvisación.

Isla.

afrontar

Procedía

las

la

CT-2014-2 y CT-2014-3

7

III

En fin, reafirmo mi conformidad con la Resolución que

antecede. Los miles de empleados públicos que han escogido

esta noble profesión y que día a día ejercen la encomiable

labor de educar a las futuras generaciones del país merecen

mucho

más

que

permanecer

en

un

estado

de

desasosiego

mientras esta Curia atiende la constitucionalidad de la ley

impugnada.

emitidas

Así

por

pues,

el

me

compañero

hago

eco

de

Juez

Asociado

las

expresiones

señor

Estrella

Martínez en su voto particular de conformidad del 14 de

enero de 2014 en las cuales destaca la necesidad imperiosa

de que ―los maestros y maestras conozcan el desenlace final

de la validez legal o inconstitucionalidad del estatuto‖.

Rechazo

la

posición

de

la

disidencia

por

que

convertiría a la Rama Judicial en una marioneta a la merced

de las ramas políticas de gobierno. No puedo avalar un

proceder

que

obliga

a

enredarse

en

un

gordiano

nudo

nuestros

y

empleados

a

ser

públicos

víctimas

de

a

la

nefasta inconsistencia de varios miembros de este Tribunal.

Por todo lo antes dicho, estoy conforme con la Resolución

que hoy emitimos.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación

de

Maestros

Puerto Rico, et al.

de

Peticionarios

v.

Sistema

Maestros

al.

de

Retiro

para

de Puerto Rico, et

Recurridos

CT-2014-2 Certificación

CT-2014-3 Intrajurisdiccional

Educadores/as

por

la

Democracia,

Unidad,

Cambio,

Militancia

y

Organización

Sindical, Inc., por sí y en

representación de sus miembros,

et al.

Peticionarios

v.

Sistema de Retiro para Maestros

de Puerto Rico, et al.

Recurridos

Voto Particular de Conformidad emitido por el Juez Asociado

señor Kolthoff Caraballo

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2014.

Son

varios

los

intereses

de

los

maestros

que

se

protegen con nuestra orden de paralización. Como muy bien

señala la Resolución de la mayoría de este Tribunal, con

nuestra

paralización

―los

miles

de

maestros

que

se

ven

afectados por la [ley en controversia] no tienen [ahora] el

CT-2014-2 y CT-2014-3

2

dilema de tener que tomar decisiones permanentes acerca de

su futuro con la presión de aplicación inminente de la

ley‖.

Además,

Resolución,

y

los

sustanciales

como

maestros

en

también

señala

presentan

alegaciones

reclamo

de

derechos

la

mencionada

serias

y

reconocidos

expresamente por nuestra Constitución.

Por otro lado y además de lo anterior, nuestra orden

de paralización ha conseguido apaciguar los ánimos y traer

un poco de sosiego y calma a nuestro País. El ambiente de

conflicto

y

controversia

suscitado

en

medio

de

la

aprobación a toda prisa del estatuto, ya había maculado las

efemérides navideñas y amenazaba con interrumpir el inicio

del semestre escolar.

Tal es el efecto positivo que ha

tenido nuestra orden de paralización en la atmósfera de

este conflicto que ello sin duda ha contribuido a un mejor

ambiente en el llamado Comité de Diálogo nombrado por el

señor Gobernador.

Sin embargo, no

es todo

esto

lo

que me

motiva a

escribir este Voto particular de conformidad. Me explico.

En mi Voto disidente en el caso sobre el retiro de

los

empleados

públicos

según

dispuesto

en

la

Ley

Núm. 3-2013, Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., 2013

T.S.P.R. 73, 188 D.P.R. ____ (2013), advertí que el Estado

había convertido el sistema de retiro de estos más de 100

mil servidores públicos en una contradicción de términos:

―un sistema de retiro con el cual nadie puede retirarse‖.1

1

Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., 2013 T.S.P.R. 73, 188 D.P.R.

____ (2013).

CT-2014-2 y CT-2014-3

3

En muchos aspectos el caso que ahora nos ocupa, de su faz y

sujeto

a

la

Comisionado

prueba

que

Especial,

en

su

día

se

aparenta

ser

similar

Hernández et al. v. ELA et al., supra.

presente

ante

a

el

Trinidad

En ese sentido, los

demandantes tienen una alta probabilidad de prevalecer.

Sin embargo, con todo respeto, lo que sí llama a

asombro es que el apreciado Juez Presidente de esta Curia y

la apreciada compañera Jueza Asociada señora Fiol Matta le

imputen a la mayoría de este Tribunal inconsistencia al

paralizar

el

presente

caso.

Y

es

que

resulta

difícil

entender cómo pueden hablar de inconsistencia aquellos que

en tiempos de la notoria Ley 7 argumentaron con vehemencia

en favor de los servidores públicos, pero los abandonaron

sin explicación alguna en el caso de la Ley Núm. 3-2013

sobre el retiro de los empleados públicos.

Tal acción

resulta

alguien

tan

contradictoria

como

―pensar

que

te

necesita en tiempo de tormenta y creer que no es lo mismo

en tiempo de huracán‖.

Por haber sido

el juez ponente

en el caso de

la

Ley 7, Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1

(2010), certiorari denegado, 131 S. Ct. 152, 562 U.S. ___

(2010), en Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., supra,

expuse

la

clara

diferencia

entre

un

caso

y

el

otro:

sencillamente los intereses constitucionales protegidos son

distintos.

En Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra,

(Ley Núm. 7), la controversia giraba en torno al derecho

procesal, derecho sustantivo y el menoscabo temporero -con

fecha

cierta

y

razonable

de

finalización-

de

convenios

CT-2014-2 y CT-2014-3

4

colectivos. Mientras que Trinidad Hernández v. ELA, supra,

(Ley Núm. 3-2013), conllevó la violación de la cláusula

constitucional

de

no

menoscabo

de

obligaciones

contractuales por parte del propio Estado, al reducir las

anualidades de las pensiones de los servidores públicos de

forma sustancial y permanente.

En palabras sencillas, no

es lo mismo perder el trabajo que perder la pensión.

Como

cité en Trinidad y en ese contexto, ―Salary and pensions

are not synonymous.‖2

Ciertamente, en Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I,

supra, este Tribunal -por voz del que suscribe- afirmó el

sacrificio que en ocasiones han de hacer ―los pocos por el

bien de los muchos‖. Sin embargo, no es lo mismo cuando los

pocos se quedan sin trabajo que cuando los muchos se quedan

sin

futuro.

En

fin,

no

hay

injusticia

más

grande

que

juzgar como iguales aquellas cosas que no lo son.

Por su parte, en Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I,

supra, el Juez Presidente señor Hernández Denton hizo las

siguientes expresiones:

Disentimos del curso de acción que ha seguido

hoy una mayoría del Tribunal, pues éste, luego

de un trámite judicial apresurado que resulta

contrario al debido proceso de ley, elimina los

derechos adquiridos sobre sus empleos de miles

de servidores públicos, en violación de la

prohibición constitucional contra el menoscabo

de obligaciones contractuales establecida tanto

en la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico como en la Constitución de Estados

Unidos... Específicamente, la Opinión que emite

el Tribunal para declarar la constitucionalidad

de la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009 se

fundamenta

en

un

expediente

judicial

2

Oregon State Police Officers‘ Ass‘n v. State, 918 P.2d 765 (Or. 1996).

CT-2014-2 y CT-2014-3

5

desprovisto

de

la

prueba

necesaria

para

resolver de forma adecuada y fundamentada la

controversia.3

Peor aún, ésta ni siquiera cumple con el ámbito

mínimo

de

protección

establecido

por

la

Constitución federal, colocándonos al margen de

la normativa que formuló el Tribunal Supremo de

Estados Unidos sobre la referida prohibición

constitucional en United States Trust Co. v.

New Jersey, 431 U.S. 1 (1977), y que adoptó

este Tribunal en Bayrón Toro v. Serra, 119

D.P.R.

605

(1987).

La

necesidad

de

un

expediente

judicial

completo

que

contenga

prueba que permita evaluar adecuadamente los

criterios establecidos en dicha jurisprudencia

resulta aún más imperiosa al considerar la

magnitud del impacto de la Ley

Núm. 7,

supra, en los empleados públicos afectados y el

efecto que la decisión del Tribunal tendrá en

el país.4

Prácticamente

al

final

de

su

Voto

disidente

en

Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra, el honorable

Juez Presidente añadió lo siguiente:

No obstante, el trámite judicial expedito

solicitado por el Estado y autorizado por este

Tribunal redundó en los parcos expedientes ante

nuestra consideración, lo que nos impide

evaluar adecuadamente la constitucionalidad del

referido plan de cesantías de la Ley Núm. 7,

supra, según los criterios pautados por el

Tribunal Supremo federal y por este Foro.

El impedimento es más grave aún al considerar

el hecho de que nunca se celebró una vista

evidenciaria

ante

un

foro

judicial

que

permitiera al Estado demostrar, según lo

requiere United States Trust Co. v. New Jersey,

supra, que su actuación es necesaria y cumple

con los parámetros requeridos para validar este

tipo

de

legislación.

Es

por

tal

razón,

precisamente, que la mayoría del Tribunal se ve

obligada

a

descansar

únicamente

en

la

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 7 y da por

hechos los datos allí contenidos que, a fin de

3

Voto disidente del Juez Presidente señor Hernández Denton en Domínguez

Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 101 (2010).

4

Íd.

CT-2014-2 y CT-2014-3

6

cuentas, sólo constituyen las alegaciones del

Estado. De esta manera, el Tribunal realmente

otorga completa deferencia al texto de la ley,

abdica a su función judicial y, por lo tanto,

priva a las partes de un debido proceso de ley,

en clara contravención a lo resuelto en United

States Trust Co. v. New Jersey, supra.5

Finalmente, el honorable Juez Presidente concluyó con

lo siguiente:

La magnitud del impacto de la Ley Núm. 7,

supra,

sobre

los

empleados

públicos,

la

economía y la situación social de Puerto Rico

nos requiere ser en extremo rigurosos y

cuidadosos al adjudicar la controversia ante

nos. La decisión de la mayoría del Tribunal hoy

no sólo echa a un lado los derechos de los

empleados públicos, sino que al hacerlo obvia

el procedimiento adecuado y la normativa

aplicable establecida tanto por el Tribunal

Supremo

federal

como

por

este

Tribunal.

Tratándose del sustento de miles de familias

puertorriqueñas, y habiéndole dedicado gran

parte de nuestra vida profesional al servicio

público, no podemos tomar tan livianamente

nuestra

responsabilidad

de

vindicar

los

derechos constitucionales de la ciudadanía. Por

lo tanto, disentimos.6

Como

análisis

lo

demuestran

somero

del

las

Voto

citas

disidente

anteriores,

del

basta

honorable

un

Juez

Presidente señor Hernández Denton en Domínguez Castro et

al.

v.

E.L.A.

I,

supra,

para

concluir,

en

apretada

síntesis, que su posición en contra de la determinación del

Tribunal obedeció a que los empleados públicos no tuvieron

en esa ocasión la oportunidad de presentar prueba en favor

de

sus

reclamos.

5

El

tono

de

las

palabras

del

Juez

Voto disidente del Juez Presidente señor Hernández Denton en Domínguez

Castro et al. v. E.L.A. I, supra, pág. 106.

6

Íd., pág. 111.

CT-2014-2 y CT-2014-3

7

Presidente en ese Voto disidente fue uno de indignación y,

de hecho, su convencimiento de que esta Curia había errado

fue tan grande que llegó incluso a advertir que el caso

podría ser revocado por el Tribunal Supremo federal.7

Sin embargo, en Trinidad Hernández et al. v. ELA et

al.,

supra,

(Ley

Núm.

3-2013),

un

caso

en

el

que

la

cantidad de empleados públicos afectados fue al menos 10

veces mayor y el menoscabo a sus derechos fue mucho peor,

el Juez Presidente pareció avalar totalmente aquel ―error‖.

En Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., supra, el Juez

Presidente estuvo completamente de acuerdo en confirmar al

Tribunal de Primera Instancia que, sin darle la oportunidad

a los empleados públicos de presentar su prueba, o sea, sin

que se hubiese celebrado una vista evidenciaria o al menos

la estipulación de alguna prueba, desestimó el caso. De

manera

que,

Presidente,

100

mil

mediante

con

un

caso

empleados

el

la

conformidad

tan

trascendental

públicos

mecanismo

del

fue

procesal

honorable

para

los

desestimado

de

la

Regla

Juez

más

de

meramente

10.2

de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.

De hecho, tal fue la prisa de este Tribunal en ese

caso -prisa que como vimos el distinguido Juez Presidente

criticó en Domínguez Castro- que la Opinión confirmando la

acción del Estado en contra de los empleados públicos se

emitió mediante el mecanismo de Regla 50, o sea, sin que

7

El honorable Juez Presidente expresó en aquella ocasión: ‖A nuestro

juicio, la Opinión del Tribunal constituye una invitación al Tribunal

Supremo de Estados Unidos para que corrija los errores de este Foro, al

igual que lo hizo en El Vocero de Puerto Rico v. Puerto Rico, 508 U.S.

147 (1993)‖. Como ya es sabido, el Tribunal Supremo federal no acogió

el certiorari presentado en contra de la determinación de este Foro.

CT-2014-2 y CT-2014-3

8

los empleados públicos siquiera tuvieran la oportunidad de

presentar

su

alegato

ante

este

Foro.

Un

cambio

tan

evidente de posición solo puede justificarse si se explica

razonablemente.

De

lo

contrario,

constituye

una

inconsistencia que provoca dudas -o cuando menos confusiónen cuanto a qué la motivó.

Con

relación

a

la

distinguida

compañera

Jueza

Asociada señora Fiol Matta, sus expresiones en Domínguez

Castro fueron múltiples y variadas. Veamos solo algunas:

Primero, como ya explicamos, para determinar

los hechos relevantes, la opinión mayoritaria

se sustenta exclusivamente en la Exposición de

Motivos y acepta, sin prueba, que existe una

crisis fiscal y un problema de gigantismo

gubernamental, así como que no existe otra

opción para corregir el déficit estructural del

gobierno central, que no sea el despido de

empleados públicos y la suspensión de los

derechos laborales.

Esto, a pesar de que

existen diversos informes o documentos que

cuestionan estas hipótesis. En otras palabras,

la mayoría de este Tribunal no tomó en

consideración

posiciones

distintas

a

la

adoptada por la Legislatura, porque no hubo

oportunidad para recibir y dirimir prueba en un

Foro de Primera Instancia o administrativo.8

(Énfasis suplido y en el original).

Como

vemos,

la

Jueza

Asociada

señora

Fiol

Matta

condenó en el caso de la Ley Núm. 7 el que la mayoría de

este

Tribunal

sustentara

su

determinación

solo

en

la

Exposición de Motivos de la ley, aceptara sin prueba la

existencia de una crisis fiscal, y aceptara sin prueba el

que

no

existía

estructural

8

del

otra

opción

gobierno

para

central.

corregir

Además,

el

la

déficit

compañera

Voto disidente de la Jueza Asociada señora Fiol Matta en Domínguez

Castro et al. v. E.L.A. I, supra, pág. 118.

CT-2014-2 y CT-2014-3

9

señaló que no pudimos considerar ―posiciones distintas a la

adoptada

para

por

la

Legislatura,

recibir

y

dirimir

porque

prueba

en

como

Instancia‖.

Sin

embargo

y

prácticamente

fue

el

mismo

curso

Hernández

al.

v.

ELA

et

et

al.,

de

no

hubo

oportunidad

un

Foro

de

Primera

hemos

visto,

acción

en

supra.

ese

Trinidad

Entonces

la

pregunta es ¿por qué la distinguida compañera no hizo esos

mismos señalamientos en el caso de la Ley Núm. 3-2013?

¿Por que no sólo guardó silencio, sino que avaló con su

voto lo que antes condenó?

Por otro lado, en su Voto disidente la Juez Asociada

señora Fiol Matta también señaló lo siguiente:

El

análisis

que

he

expuesto

en

estas

apresuradas

páginas

me

lleva

a

disentir

enérgicamente de la decisión a la que hoy se

adhiere la mayoría del Tribunal. Veo con mucha

tristeza la posición asumida por la mayoría en

esta

decisión

ante

asuntos

tan

desgarradoramente complejos para la historia de

nuestro

pueblo.

Ésta

es

una

decisión

desinformada, resultado de un improvisado y mal

aplicado proceso de certificación. En ausencia

de prueba, la mayoría acaba por deshacer los

fundamentos

metodológicos

de

la

mejor

hermenéutica constitucional y termina en el

terreno

de

la

especulación

acientífica.9

(Énfasis suplido).

Nuevamente, con tono fuerte y clara indignación, la

Jueza Asociada señora Fiol Matta critica la determinación

de la mayoría de esta Curia.

La interrogante que surge

ante estas expresiones es si los asuntos traídos por los

demandantes en el caso de la Ley Núm. 3-2013 no fueron

también ―desgarradoramente complejos para la historia de

9

Voto disidente de la Jueza Asociada señora Fiol Matta en Domínguez

Castro et al. v. E.L.A. I, supra, pág. 156.

CT-2014-2 y CT-2014-3

nuestro pueblo‖.

metodológicos‖

Hernández

et

10

Además, ¿cuáles fueron ―los fundamentos

que

al.

llevaron

v.

ELA,

a

la

supra,

compañera

en

Trinidad

a

el

menoscabo

avalar

sustancial de los derechos adquiridos de cientos de miles

de funcionarios públicos?

Por

otro

lado, añadió

la

compañera

Jueza

Asociada

señora Fiol Matta:

La Constitución es algo más que un depósito de

palabras; es un pacto social maduro entre el

Estado y los ciudadanos, que ha sido bordado

lentamente y se ha cimentado en décadas de

consenso. Central a este pacto está el valor

que le hemos concedido al trabajo en la

estructura social de nuestro país.

Nuestros

tribunales han avalado esta apreciación por

muchas décadas.

Hoy, con esta determinación,

la mayoría de este Tribunal rompe este pacto

social y abandona en el desamparo a miles de

ciudadanos que han perdido su modo de vida y

mantiene en la inseguridad jurídica a los que

aún conservan sus puestos.10 (Énfasis suplido).

Ante estas expresiones, es menester preguntarle a la

apreciada compañera Jueza Asociada señora Fiol Matta

si

con la determinación de esta Curia en Trinidad Hernández et

al. v. ELA et al., supra, ¿no se rompió también ese ―pacto

social‖

al

que

ella

correctamente

hizo

referencia

en

Domínguez Castro?; ¿no se abandonaron y se dejaron también

―en el desamparo a miles de ciudadanos que han perdido‖ no

solo su modo de vida, sino su modo de sustento en la vejez?

Por

último,

al

final

de

su

ponencia

en

Domínguez

Castro la compañera Jueza Asociada señora Fiol Matta le

otorga a la mayoría de esta Curia -y a este servidor como

10

Voto disidente de la Jueza Asociada señora Fiol Matta en Domínguez

Castro et al. v. E.L.A. I, supra, págs. 156-157.

CT-2014-2 y CT-2014-3

Juez

ponente

en

11

particular-

una

estocada

realmente

dolorosa, producto de su tempestuosa indignación:

Lamentablemente, después de esta decisión, el

derecho constitucional en las escuelas de

Derecho se enseñará ―antes‖ y ―después‖ de la

Ley Núm. 7, pero no como el derecho de

filiación antes y después de nuestra honrosa

decisión en Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 676

(1963), ni como la ley de divorcio antes y

después de Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107

D.P.R. 250 (1978), casos que ampliaron y

fortalecieron los derechos del individuo frente

al Estado.

Todo lo contrario, esta decisión

será estudiada como aquella que entronizó al

Estado como el protagonista principal del

sistema frente al ciudadano. Ante esto, yo

disiento. No puedo mantener silencio ni ser

cómplice de esta enajenada visión. (Énfasis en

el original).

Sin

Asociada

embargo,

señora

le

Fiol

pregunto

Matta

a

-con

la

todo

compañera

el

Jueza

respeto

y

el

aprecio que ella sabe le dispenso- ¿cómo deberá calificar

la Academia y la historia del Derecho Puertorriqueño la

Opinión de Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., supra?

Claro, la ventaja que se tiene en Trinidad Hernández et al.

v. ELA et al., supra, es que, por haber sido una Opinión

Per

Curiam,

nadie

responsabilidad.

tiene

que

aceptar

directamente

la

Por otro lado, considerando que en la

cita anterior la distinguida compañera mencionó que no pudo

―mantener

silencio

[para]

no

ser

cómplice‖

de

lo

que

denunció como una enajenación, llama bastante la atención

lo ―silenciosa‖ de su conformidad en Trinidad Hernández et

al. v. ELA et al., supra.

En conclusión, en ocasiones el cambiar de posición no

debe ser visto como inconsistencia, sino como la intención

CT-2014-2 y CT-2014-3

12

de no perpetuar lo que se considera un error.

Sin embargo,

lo que no debe ocurrir es que ―tal mutación‖ ocurra sin

explicación

alguna.

Respetuosamente,

los

aludidos

compañeros tienen la palabra.

Por

todo

lo

anterior,

estoy

conforme

con

la

Resolución de este Tribunal.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Maestros de

Puerto Rico, et al.

Peticionarios

v.

CT-2014-2

Sistema de Retiro para

Maestros de Puerto Rico,

et al.

Recurridos

Voto particular disidente emitido por el Juez Presidente señor

HERNÁNDEZ DENTON al cual se une la Jueza Asociada señora FIOL

MATTA.

San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2014.

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Departamento

de Educación y el Sistema de Retiro para Maestros de Puerto

Rico

comparecen

mediante

Reconsideración‖.

Nos

la

solicitan

―Urgente

que

Moción

de

reconsideremos

la

paralización de la Reforma al Sistema de Retiro de Maestros,

ordenada por una mayoría de este Tribunal el 14 de enero de

2014.

En

esa

ocasión,

estuvimos

de

acuerdo

con

la

certificación de este caso y el nombramiento del Comisionado

Especial, pues entendimos que ello nos permitiría resolver las

controversias planteadas con la rapidez con que siempre hemos

atendido

los

casos

adelantados

ante

nuestra

consideración

CT-2014-2

2

mediante el recurso de certificación intrajurisdiccional.11 Sin

embargo, no estuvimos de acuerdo con la decisión de paralizar

los efectos de la referida Reforma, por entender que no se

cumplían los requisitos para suspender los efectos de una ley.

Mantenemos nuestra oposición a la paralización de los efectos

de la Ley Núm. 160-2013. Por ello, declararíamos con lugar la

―Urgente Moción de Reconsideración‖ presentada.

De otro lado, la Asociación de Maestros de Puerto Rico

(Asociación

de

Maestros)

presentó

una

―Moción

urgente

solicitando extensión de términos‖ en la que reconoció que no

está preparada para litigar el caso y nos solicita casi un mes

adicional

también

para

tomó

poder

en

presentar

su

evidencia.

Su

consideración

que

la

demandante

parte

solicitud

en

EDUCAMOS v. Sistema de Retiro para los Maestros de Puerto Rico

y otros, CT-2014-3, nos solicitó que certificáramos su demanda

y la consolidáramos con la de epígrafe. Esta moción demuestra

que, en efecto, lo más conveniente es que el caso siga su

curso ordinario ante el Tribunal de Primera Instancia y no sea

adelantado ante nuestra consideración mediante el recurso de

certificación

intrajurisdiccional.

De

esta

forma,

la

Asociación de Maestros podrá tener lo que en efecto reclama,

su día en corte, para presentar la evidencia y fundamentar su

11

Véanse, por ejemplo, Trinidad Hernández v. E.L.A., 2013

T.S.P.R. 73, 189 D.P.R. ___ (2013); Alvarado Pacheco y otros

v. E.L.A., 2013 T.S.P.R. 64, 189 D.P.R. ___ (2013); Nieves

Huertas v. García Padilla, 2013 T.S.P.R. 106, 189 D.P.R. ___

(2013); Mundo Ríos v. C.E.E., 187 D.P.R. 200 (2012); Santini

Gaudier v. C.E.E., 185 D.P.R. 522 (2012); Asoc. Fotoperiodistas

v. Rivera Schatz, 180 D.P.R. 920 (2011); Bomberos Unidos v.

Cuerpo Bomberos, 180 D.P.R. 723 (2011); U.P.R. v. Laborde

Torres Y otros, 180 D.P.R. 253 (2010); Moreno v. U.P.R. II, 178

D.P.R. 969 (2010).

CT-2014-2

3

reclamo legítimo sobre menoscabo de relaciones contractuales

de los maestros y maestras a quienes representa.

Por

consiguiente,

reconsideraríamos,

además,

nuestra

decisión de certificar el caso y lo devolveríamos al Tribunal

de Primera Instancia para que lo atienda con premura.

I.

Con relación a la paralización de la Reforma al Sistema de

Retiro de los Maestros, es pertinente examinar la normativa

sobre la concesión del recurso extraordinario de injunction

preliminar.

El Art. 678(3) del Código de Enjuiciamiento Civil, 32

L.P.R.A. sec. 3524, dispone lo siguiente:

No podrá otorgarse un injunction ni una orden de

entredicho … [p]ara impedir la aplicación u

observancia de cualquier ley de la Asamblea

Legislativa de Puerto Rico … a menos que se

hubiera determinado por sentencia final, firme,

inapelable

e

irrevisable

que

dicha

ley

o

actuación autorizada por ley es inconstitucional

o inválida.

…

Disponiéndose, sin embargo, que el tribunal podrá

dictar dicha orden de entredicho provisional,

injunction preliminar o permanente sujeto a los

términos de la Regla 57 de Procedimiento Civil:

(a)

En

aquellos

casos

en

que

ello

sea

indispensable para hacer efectiva su jurisdicción

y previa una determinación de que la orden es

indispensable para evitar un daño irreparable a

la parte peticionaria.

(b) Cuando en la petición se alegue que alguna

persona, bajo la autoridad de alguna ley,

ordenanza, o reglamento del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, esté privando o sea el causante

de que alguien esté privando al peticionario de

algún derecho, privilegio o inmunidad protegido

por la Constitución o las leyes del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico o por la Constitución o

leyes de los Estados Unidos de América que sean

CT-2014-2

4

aplicables a las personas bajo la jurisdicción

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Por otra parte, la actual Regla 57.2(b) de Procedimiento

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, requiere la celebración de una vista

para considerar una solicitud de injunction preliminar. Véase,

además, D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 1ra ed.,

Atlanta, Ed. Darby Printing Company, 1989, pág. 28. Ello no es

un tecnicismo procesal, sino más bien una manera de garantizar

a

las

partes

la

oportunidad

de

ser

oídas

y

presentar

su

prueba, cumpliendo con el debido proceso de ley. Véase, Rivé

Rivera, op.cit. Más adelante, la Regla 57.3 de Procedimiento

Civil,

supra,

dispone

que,

para

decidir

si

procede

la

expedición de dicho recurso, el Tribunal debe considerar los

siguientes factores:

(a)

la naturaleza del daño a que está expuesto

la parte peticionaria;

(b)

la

irreparabilidad

del

daño

o

inexistencia de un remedio adecuado en ley;

la

(c)

la probabilidad de que la parte promovente

prevalezca;

(d)

la probabilidad de que la causa se torne en

académica;

(e)

el impacto sobre el

remedio que se solicita, y

interés

(f)

la diligencia y la buena fe

obrado la parte peticionaria. Íd.

público

del

con

ha

que

Finalmente, la Regla 57.5 de Procedimiento Civil, supra,

exige que la orden que emita el Tribunal para conceder un

injunction

preliminar

detalle

en

términos

específicos

razones para su expedición, así como lo que prohíbe.

las

CT-2014-2

5

En el caso de referencia, se impugna la constitucionalidad

de la Ley Núm. 160-2013. A tenor con la normativa aplicable,

esta se presume constitucional y válida. Según el Art. 678(3)

del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, no podía ordenarse

su paralización pues no existe una sentencia final y firme que

decrete que es inconstitucional o inválida. Tampoco se dan los

requisitos para paralizarla mediante un injunction preliminar,

pues hacerlo no era indispensable para hacer efectiva nuestra

jurisdicción

y

no

existe

una

determinación

previa

de

que

paralizar sus efectos evitaría un daño irreparable a la parte

peticionaria.

Según el procedimiento establecido en la Resolución del

14 de enero de 2014, hubiéramos contado con el informe que del

Comisionado Especial en o antes del 7 de febrero de 2013, lo

cual nos hubiera permitido proveer un remedio oportuno antes

del

15

de

febrero

de

2014,

fecha

límite

para

que

los

participantes del sistema de retiro en cuestión presentaran su

renuncia. Además, es preciso señalar que el propio inciso (a)

de la Sección (4) de la ley en cuestión, en la cual la mayoría

de este Tribunal basó su decisión de paralizar los efectos de

la ley, establece que ―[l]a Oficina de Gerencia y Presupuesto,

en consulta con el Departamento de Educación, podrá prorrogar

la fecha límite para notificar la renuncia, hasta la fecha que

estime pertinente, pero no más tarde del 30 de junio de 2014‖.

Siendo

así,

existe

la

posibilidad

de

que

el

Tribunal

de

Primera Instancia, en auxilio de su jurisdicción, ordene a la

Oficina de Gerencia y Presupuesto que prorrogue dicha fecha,

CT-2014-2

6

ya sea a petición de la parte demandante o por allanamiento

del Estado.

Incluso, si enmarcamos la paralización en la excepción

dispuesta en el inciso (b) del Art. 678(3) del Código de

Enjuiciamiento Civil, supra, a saber, cuando se alegue una

violación a los derechos constitucionales del peticionario, se

incumple con el requisito básico de celebrar una vista antes

de conceder el injunction preliminar. Véanse, Regla 57.2(b) de

Procedimiento

Civil,

supra;

D.

Rivé

Rivera,

op

cit.

Interpretar lo contrario equivale a que cualquier ciudadano

podría detener la implantación de cualquier ley con meramente

alegar una violación a sus derechos constitucionales.

La Resolución mayoritaria sostiene que no es necesario

celebrar una vista evidenciaria cuando no existen controversias

de hecho materiales y cita dos casos federales: Aoude v. Mobil

Oil orp.,

862 F.2d 890 (1er Cir. 1988); Metro-Goldwin-Mayer

Studios, Inc. v. Grokster, LTD., 518 F.Supp. 2d 1197 (C.D. Cal.

2007).

A

nuestro

entender,

esos

casos

no

aplican

a

la

controversia ante nos por varias razones: (1) eran casos entre

partes privadas y no casos contra el Gobierno en los que se

solicitara dejar sin efecto una ley que no ha entrado en vigor

alegando que es inconstitucional; (2) Aoude v. Mobil Oil Corp.,

supra,

trataba

sobre

los

efectos

de

un

contrato

privado

relacionado con la operación de una estación de gasolina y no

pretendía paralizar los efectos de una ley; y (3) en MetroGoldwin-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, LTD., supra, ya se

había celebrado una vista y lo que se denegó fue una vista

CT-2014-2

7

adicional previo a conceder un injunction permanente. En fin,

los dos casos federales citados en la Resolución permiten por

vía de excepción conceder un injunction sin vista previa en

casos

entre

partes

privadas

cuando

el

Tribunal

cuenta

con

prueba suficiente para ello, lo cual es distinguible del caso

ante nos donde este Tribunal ordenó la celebración de una vista

evidenciaria precisamente para recibir evidencia adicional.

Además, al considerar los factores enumerados en la Regla

57.3,

supra,

para

decidir

si

procede

la

expedición

de

un

injunction preliminar, es forzoso concluir que no procedía su

expedición. Partiendo una vez más de que la propia Ley Núm.

160-2013

permitía

prorrogar

la

fecha

límite

para

que

los

participantes del Sistema de Retiro de Maestros anunciaran su

renuncia, procede sostener que el daño no es irreparable y que

la prórroga mencionada es un remedio adecuado en ley una vez

celebrada la vista correspondiente.

Por último, la orden emitida por este Tribunal no cumple

con los requisitos de contenido exigidos por la Regla 57.5 de

Procedimiento Civil, supra, pues no detalla las razones para

expedir el injunction preliminar ni el acto que prohíbe.

Al no estar presentes los requisitos indispensables que

hemos señalado, lo que procede es reconsiderar la paralización

de la Ley Núm. 160-2013. Mantener en efecto un injunction

preliminar que nunca cumplió con los requerimientos de nuestro

ordenamiento para su expedición equivale a un abuso arbitrario

de nuestro poder. Además, denota inconsistencia en nuestro

proceder

pues

en

el

caso

del

Sistema

de

Retiro

de

la

CT-2014-2

8

Judicatura, no paralizamos los efectos de la Ley Núm. 1622013, a pesar de que esta tiene vigencia inmediata y podría

afectar

inmediatamente

paralizamos

las

leyes

a

los

jueces

impugnadas

en

en

funciones.

Trinidad

Tampoco

Hernández

v.

E.L.A., 2013 T.S.P.R. 73, 189 D.P.R. ___ (2013), y Domínguez

Castro v. E.L.A., 178 D.P.R. 1 (2010), en donde también se

alegaron violaciones a derechos constitucionales. La prudencia

y el derecho exigen declarar con lugar la ―Urgente Moción de

Reconsideración‖.

II.

Respecto a los señalamientos hechos por el compañero Juez

Asociado señor Kolthoff Caraballo en cuanto a mis posiciones

anteriores, reitero muy respetuosamente que la expedición o

denegatoria

de

un

recurso

extraordinario

de

injunction

preliminar no es una adjudicación en los méritos a favor de

alguna parte ni se supone constituya un adelanto de nuestro

criterio como Tribunal sobre la resolución final de un caso.

Véase Rivé Rivera, op. cit., pág. 18.

Es preciso señalar y aclarar que he sido consistente en

favorecer que el Tribunal de Primera Instancia sea el que

resuelva inicialmente este tipo de controversias. Así ocurrió

en Trinidad Hernández v. E.L.A., supra. De hecho, en Domínguez

Castro v. E.L.A., supra, recalqué en mi disenso que se privó a

las partes de un debido proceso de ley al no haberse celebrado

una

vista

evidenciaria

y

en

ningún

paralización de los efectos de la ley.

momento

favorecí

la

CT-2014-2

9

Hoy, mantengo mi posición pues favorezco devolver el

caso al Tribunal de Primera Instancia. Tengo plena confianza

en

que

los

tienen

la

Jueces

de

la

experiencia,

Sala

la

de

Recursos

capacidad

y

Extraordinarios

los

recursos

para

resolver este caso con rapidez y de forma que las partes

puedan presentar sus respectivas posiciones. Estoy seguro de

que, recibida toda la prueba correspondiente, el foro primario

emitirá

con

rapidez

una

decisión

que

la

parte

que

esté

inconforme podrá recurrir oportunamente tanto al Tribunal de

Apelaciones como a este Tribunal. Será en ese momento que los

miembros

de

esta

Curia

tendremos

la

responsabilidad

de

intervenir y resolver las controversias medulares de este caso

de gran importancia tanto para las partes como para el país.

Bajo

ninguna

circunstancia

estoy

prejuzgando

los

méritos de la controversia ante nuestra consideración. En esta

etapa procesal tan temprana en que se encuentra este caso, la

prudencia también aconseja que ningún miembro de este Tribunal

adelante su criterio sobre las controversias planteadas. Por

eso, nos abstenemos de emitir juicio alguno sobre los méritos

de este caso.

III.

Por

todo

lo

anterior,

reconsideraríamos

nuestra

Resolución del 14 de enero de 2014, dejaríamos sin efecto la

certificación

intrajurisdiccional,

devolveríamos

el

caso

al

Tribunal de Primera Instancia con órdenes de que lo atienda

con premura y dejaríamos sin efecto la paralización de la Ley

Núm. 160-2013. Por otra parte, denegaríamos

la solicitud de

CT-2014-2

certificación

10

intrajurisdiccional

presentada por Educadores

por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización

Sindical, Inc.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Maestros

de Puerto Rico, et al.

Peticionarios

v.

CT-2014-2

Certificación

Intrajurisdiccional

Sistema de Retiro para

Maestros de Puerto Rico,

et als.

Recurridos

Voto particular disidente emitido por la Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2014

Disiento

enérgicamente

del

curso

seguido

mayoría de este Tribunal al atender la

por

una

Moción urgente

solicitando extensión de los términos presentada por la

Asociación de Maestros de Puerto Rico (la Asociación), al

igual que su decisión de proveer no ha lugar a la Urgente

moción

solicitando

reconsideración

presentada

por

el

Asociación

deja

en

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

La

moción

presentada

por

la

manifiesto que esta controversia nunca debió certificarse,

por cuanto lo que nos dice la Asociación es que no está

preparada para ver el caso que en el pasado nos afirmó que

era urgente.

controversia

Me reafirmo en que nada impide que esta

sea

atendida

adecuadamente

por

el

foro

CT-2014-2

primario

2

conforme

al

trámite

ordinario

y

que

allí

se

emitan, con carácter profiláctico, las órdenes que el foro

estime

pertinente.

Como

indicamos,

la

misma

Asociación

reconoce que, ―por lo complejo de este caso y lo técnico

del

para

asunto

involucrado‖,

presentar

prueba

necesita

un

término

adecuadamente.

adicional

Moción

urgente

solicitando extensión de términos, en la pág. 2.

Una

mayoría de este Tribunal, sin decirlo expresamente, acoge

la solicitud de prórroga de la Asociación al ordenar al

Comisionado

adicional

Especial

necesita

a

informarnos

para

realizar

―cuánto

su

tiempo

encomienda‖.

Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 27 de

enero de 2014, en las págs. 3-4.

hoy

suscribe

concedió

este

Tribunal

prematuramente

al

Así, la Resolución que

modifica

los

términos

que

expedir

la

petición

de

certificación presentada por la Asociación.

Por otro lado, el 17 de enero de 2014 el Estado Libre

Asociado

presentó

una

moción

solicitando

que

reconsideremos nuestra decisión de certificar y paralizar

los efectos de la Ley Núm. 160 de 24 de diciembre de 2013

mediante

Resolución

resolución

petición

de

del

hoy,

Estado

el

14

la

mayoría

Libre

de

enero

de

2014.

En

la

atiende

la

languidecía

en

finalmente

Asociado

que

nuestro aposento, porque resultaría incongruente atender

los

reclamos

de

la

Asociación

sin

demostrar

la

misma

urgencia ante los reclamos de la otra parte, presentados

casi una semana antes.

La

Resolución

que

certificamos

hoy,

además

de

demostrar que no se justifica el trámite expedito que la

CT-2014-2

3

misma Asociación nos solicitó y que le concedimos, deja de

manifiesto la improcedencia del injunction preliminar que

concedió este Tribunal mediante su Resolución del 14 de

enero de 2014. En el caso de autos no se ha cumplido con

los

requisitos

estatuarios

para

emitir

una

orden

de

injunction preliminar, según exigen el art. 678(3) del

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3524, y

las

Reglas

32 L.P.R.A.

57.2(b)

y

Ap.

Estos

V.

57.5

de

Procedimiento

requisitos

no

Civil,

son

meros

tecnicismos legales, sino exigencias del debido proceso de

ley. Sin embargo, en un intento de justificar la actuación

mayoritaria

celebrar

de

una

expedir

vista

un

injunction

previa

la

preliminar

mayoría

se

sin

escuda,

sorprendentemente, en citas sacadas fuera de contexto o

editadas

a

conveniencia

y

en

tergiversaciones

de

lo

resuelto en cierta jurisprudencia federal.

Aunque

desde

un

inicio

este

tribunal

no

debió

certificar esta controversia y obviar el trámite judicial

ordinario habida cuenta

que la ley objeto de impugnación

entra en vigor dentro de seis meses, proveería ha lugar a

la ‗Urgente moción solicitando reconsideración‘ presentada

por

el

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico

y

reconsideraría la decisión de una mayoría de este Tribunal

de ordenar la paralización provisional de los efectos de

la Ley Núm. 160 de 24 de diciembre de 2013, Ley del

Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado

CT-2014-2

de

4

Puerto

Rico. Porque

no

puedo

obviar

este

proceder,

suscribo este disenso.12

I

A.

El 14 de enero de 2014 la Asociación presentó ante

este Tribunal una Petición de Certificación acompañada por

una

Moción

en

Auxilio

de

Jurisdicción

para

que

este

Tribunal interviniera de manera ―urgente y expedita‖ en la

resolución

de

esta

controversia.

Moción

en

auxilio

de

jurisdicción, en la pág. 2.

Ante la petición urgente de

la

de

Asociación,

una

mayoría

este

Tribunal

decidió

certificar con premura (ese mismo día) esta controversia y

paralizar

los

efectos

de

la

diciembre de 2013. A su vez,

Tribunal se designó

Ley

Núm.

160

de

24

de

en la Resolución de este

a un Comisionado Especial para que

recibiera prueba sobre las alegaciones de las partes y

rindiera

12

un

informe.

Acogiendo

como

ciertos

los

En su Voto particular de conformidad, la Jueza Asociada

señora Pabón Charneco traza una narrativa ofusca que, a lo

sumo, autorretrata sus inconsistencias en el quehacer

adjudicativo. Véase Domínguez Castro v. Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, 178 D.P.R. 1 (2010), en

comparación a Trinidad Hernández v. Estado Libre Asociado,

2013 T.S.P.R. 73, 188 D.P.R. __ (2013) (Pabón Charneco,

J., Opinión Disidente).

En su alocución, la Jueza

Asociada

señora

Pabón

Charneco

―olvida

–o

quiere

olvidar‖ que tanto en Trinidad Hernández como en Suárez

v. Comisión Estatal de Elecciones, 163 D.P.R. 347 (2004),

contábamos con una determinación del foro primario al

momento de expedir la certificación.

En ocasiones

anteriores ha quedado evidenciado y de manera inteligible

las razones por las cuales me he opuesto a que este

Tribunal expida certificaciones obviando todo trámite en

el foro de instancia. Véase Domínguez Castro v. Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, 178 D.P.R. 1 (2010)

(Rodríguez Rodríguez, J., Opinión Disidente); PNP v. CEE y

PPD I, 185 D.P.R. 283 (2012) (Hernández Denton, J.P.,

Opinión Disidente).

CT-2014-2

5

planteamientos de urgencia señalados por la Asociación, se

le

ordenó

al

Comisionado

Especial

que

presentara

el

informe no más tarde del viernes 7 de febrero de 2014.

No obstante, el 23 de enero de 2014 la Asociación

presentó ante este Tribunal una moción urgente solicitando

extensión de los términos para que el Comisionado Especial

emita el informe. De concederse la extensión solicitada,

el

Comisionado

Especial

emitiría

el

informe

el

28

febrero de 2014 en vez del 7 de febrero de 2014.

decir, la Asociación,

técnico

del

prorrogue

el

de

Es

―por lo complejo del caso y lo

asunto

involucrado‖

término

que una

hoy

mayoría

solicita

que

de

Tribunal

este

se

ordenó, precisamente en atención a la petición urgente de

certificación de la Asociación. Moción urgente solicitando

extensión de términos, en la pág. 2.

En otras palabras,

los peticionarios no están listos para litigar el caso y

hoy

nos

solicitan

casi

un

mes

adicional

para

poder

presentar prueba adecuadamente.

B.

Para justificar su decisión de proveer no ha lugar a

la

moción

de

reconsideración

presentada

por

el

Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, el Tribunal busca apoyo

para la Resolución que certifica en cuatro fuentes, a

saber: el tratado de derecho procesal civil del profesor

Rafael Hernández Colón, un tratado de derecho procesal

civil

federal,

un

caso

de

la

Corte

de

Apelaciones

de

Estados Unidos para el Primer Circuito y un caso de la

Corte

de

Distrito

de

Estados

Unidos

para

el

Distrito

CT-2014-2

6

Central de California.

Recalco lo obvio: no se cita un

caso de este Tribunal que justifique su actuación porque

simple

y

llanamente

no

existe.

Como

demostraremos,

el

apoyo recabado de estas fuentes es un mero espejismo.

En la Resolución que certifica hoy este Tribunal se

hace

referencia

a

las

anotaciones

del

profesor

Rafael

Hernández Colón en su libro Práctica Jurídica de Puerto

Rico,

Derecho

Procesal

Civil,

para

sostener

que

―es

innecesario celebrar una vista evidenciaria como requisito

previo

para

emitir

un

injunction

preliminar

cuando

no

existen controversias de hechos materiales‖. Resolución

del Tribunal Supremo de Puerto Rico del 27 de enero de

2014, en la pág. 2. Sin embargo, en la página 539 del

tratado

Tribunal,

del

profesor

éste

solo

Hernández

Colón

se

a

limita

citada

abundar

por

el

sobre

la

aplicación de los criterios establecidos en la Regla 57.3

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A Ap. V, para conceder un

injunction preliminar. Rafael Hernández Colón, Práctica

Jurídica de Puerto Rico Derecho Procesal Civil 539 (5ta

ed.

Rev.

2010).

En

ningún

momento

hace

referencia

a

excepción alguna al requisito de que un tribunal celebre

una vista antes de conceder un

injunction preliminar. En

cambio, el mismo tratado categóricamente reconoce — dos

páginas antes de la página citada en la Resolución de hoy

– la necesidad de celebrar una vista antes de conceder un

injunction preliminar: ―Habrá vista (R. 57.2(b), 2009)‖.

Id. en la pág. 537.

La cita selectiva no puede ser

fundamento válido para la acción propuesta.

CT-2014-2

7

En cuanto a la jurisprudencia federal que cita la

Resolución que hoy certifica este Tribunal, se traza una

interpretación cribada del derecho federal para justificar

una decisión incompatible con lo resuelto por el propio

foro que se cita, con las propias reglas de procedimiento

federal

y,

más

grave

aún,

con

nuestro

ordenamiento

jurídico. Resulta meridianamente claro que ninguno de los

dos casos citados, además de ser jurisprudencia federal no

vinculante

adoptada

para

este

por

la

adjudicación

de

Tribunal,

Resolución,

la

ni

sostiene

la

proposición

abonan

a

la

correcta

ante

nuestra

controversia

consideración. Por lo tanto,

no se ha demostrado por qué

debemos considerarla persuasiva.

El primer caso citado en

la Resolución, Aoude v. Mobil Orl Corp, 862 F. 2d 890 (1er

Cir. 1988), si bien expresa que una vista evidenciaria no

es un requisito indispensable para que un tribunal atienda

una solicitud de injunction preliminar, Id. en la pág.

893, establece

guiar

al

un estándar

tribunal

en

su

de prueba

decisión

de

pragmático para

obviar

la

norma

general de celebrarla:

The test should be substantive: given the

nature and circumstances of the case, did the

parties have a fair opportunity to present

relevant facts and arguments to the court, and

to counter the opponent‘s submissions? If the

question is close and time permits, then doubt

should be resolved in favor of taking evidence.

Id. en la pág. 894.

Además,

el tribunal

provee algunos ejemplos de cuándo no

es necesario celebrar una vista evidenciaria: cuando el

tribunal está en posesión de un expediente con suficiente

evidencia sustancial, de forma tal que le permita llegar a

CT-2014-2

una

8

conclusión

razonable;

cuando

recibir

evidencia

adicional no serviría propósito alguno; y cuando se le ha

concedido una oportunidad amplia a las partes de presentar

escritos. Id. en la pág. 893.

Consecuentemente

Apelaciones

al

en

evaluar

este

si

la

caso,

Corte

la

de

Corte

Distrito

de

debió

celebrar una vista evidenciaria, concluyó que las partes

tuvieron suficiente oportunidad para presentar evidencia y

argumentos,

pues

(1)

el

caso

original

llevaba

meses

pendiente ante el mismo juez; (2) el tribunal tenía ante

sí un récord tan informativo como el que produciría una

vista evidenciaría (incluyendo memorandos, declaraciones

juradas, cientos de páginas de deposiciones y más de dos

docenas

de

exhibits

evidenciarios);

(3)

las

partes

se

beneficiaron de un extenso descubrimiento de prueba antes

de solicitar el injunction; y (4) los hechos esenciales

para adjudicar la controversia no estaban en controversia.

Id. en la pág. 894.

Asimismo,

el

foro

expresamente

reafirma

preliminar,

el

apelativo

que

al

tribunal

intermedio

conceder

debe

un

federal

injunction

fundamentar

las

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho que lo

llevaron a expedir o denegar el recurso solicitado, pues

las

partes

tienen

derecho

a

conocer

las

razones

que

motivaron la decisión del tribunal y proteger su derecho

de apelar o solicitar la reconsideración de esa decisión.

Id. en la pág. 895.

Evidentemente,

no

estamos

ante

circunstancias

similares para que hallemos persuasivos los fundamentos de

CT-2014-2

9

la sentencia federal y obviemos el requisito expreso de

nuestras Reglas de Procedimiento Civil de celebrar una

vista

evidenciara

antes

de

conceder

un

injunction

preliminar. Máxime cuando el Estado Libre Asociado no tuvo

la oportunidad de presentar escrito alguno antes de que

una

mayoría

de

este

Tribunal

optara

por

conceder

el

injunction preliminar.

Si aplicamos el escrutinio que

articuló

Apelaciones

la

Corte

de

en

Aoude,

resulta

evidente que la controversia de autos no cumple con los

estándares

pautados.

Primero,

al

momento

en

que

se

concedió el injunction preliminar este caso llevaba apenas

unas horas de vida. Segundo, el expediente ante nuestra

consideración era casi inexistente, pues sólo contenía la

demanda presentada y no contenía ni siquiera un memorando

del

Estado.

Por

produciría,

lo

sin

tanto,

duda

una

vista

evidenciaria

un

expediente

alguna,

considerablemente más completo e informativo. Tercero, las

partes no se beneficiaron ni del más exiguo descubrimiento

de

prueba.

determinar

Finalmente,

si

los

no

estuvimos

hechos

en

posición

de

esenciales

estaban

en

controversia o no, pues al Estado no se le concedió una

oportunidad de ponerlos en controversia. No obstante, como

reconoce

la

retroactivamente

propia

se

Resolución

sustenta

la

del

supuesta

Tribunal,

falta

de

controversia de hechos esenciales a través de la moción de

reconsideración presentada por la Procuradora General el

17 de enero de 2014, tres días luego de concedido el

injunction preliminar. Resolución del Tribunal Supremo de

Puerto Rico de 27 de enero de 2014, en la pág. 3. Como

CT-2014-2

10

podemos ver, el caso de autos no satisface ni uno de los

criterios

partes

desglosados

tuvieron

una

en

Aoude

para

oportunidad

determinar

adecuada

de

si

las

presentar

hechos y argumentos relevantes, al mismo tiempo que no

presenta

determinaciones

de

hecho

derecho

que

la

decisión

fundamenten

o

conclusiones

de

de

el

conceder

injunction preliminar.

El segundo caso citado por la resolución de este

Tribunal, Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. V. Grokster,

Ltd., 518 F. Supp. 2d 1197 (C.D. Cal 2007), tampoco es

persuasivo

para

la

correcta

controversia ante nosotros.

adjudicación

de

la

La controversia en ese caso

giraba en torno a un injunction permanente en el contexto

de la normativa federal sobre derechos de autor.

caso,

la

Corte

de

Distrito

celebrar

una

necesidad

de

pues

había

ya

celebrado

simplemente

vista

una

evaluaba

evidenciara

vista

En este

donde

la

adicional,

las

partes

abundaron sobre el alcance del injunction solicitado y

contaba con escritos de

ambas partes

posteriores a la

vista inicial.

Finalmente, el propio comentario de Wright & Miller a

las reglas federales de procedimiento civil, en el cual se

basa la Resolución, reconoce que aunque pueden existir

excepciones a la norma general de celebrar una vista oral

antes

de

conceder

un

injunction

preliminar,

esto

sólo

puede ocurrir cuando el tribunal cuente con suficiente

evidencia escrita, presentada por las partes a través de

memorandos. 11A Fed. Prac. & Proc. Civ. § 2949 (2d ed.). A

tales efectos, se señala lo siguiente:

CT-2014-2

11

A distinction should be drawn, however,

between denying an opportunity to present oral

testimony as to the facts and refusing to permit

oral argument on issues of law. Because judicial

discretion plays a significant role in the

preliminary-injunction context, it is especially

important that the parties be allowed to present

their views as to what effect the facts should

have on how that discretion is exercised.

Consequently, legal argument on a preliminaryinjunction motion should not be denied unless

the implications of the facts, as well as the

facts themselves, are clear beyond serious

dispute. Thus, cases may exist in which the

proper disposition of the application is so

manifest from the written evidence that argument

by counsel would be a superfluity.

Finally it should be noted that Rule

52(a)(2) requires that in granting or refusing a

preliminary injunction the court must set out

the findings and conclusions constituting the

grounds for its action.

11A Fed. Prac. & Proc. Civ. § 2949 (2d ed.)

En este caso no se le concedió al Estado la oportunidad de

expresarse sobre la solicitud de un injunction preliminar,

a pesar de que no estamos ante una situación donde sea

superfluo brindarle la oportunidad de ser escuchado, o

mucho menos donde todos los hechos sean ―clear beyond

serious dispute‖. Id. Según los criterios elaborados en

los comentarios de Wright & Miller, tampoco se justifica

la actuación de una mayoría de este Tribunal.

III

Por todo lo anterior, proveería no ha lugar a la

solicitud de la Asociación de que extendamos los términos

y

acogería

la

solicitud

del

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto Rico: reconsideraría nuestra Resolución del 14 de

enero de 2014 y dejaría sin efecto la paralización de la

Ley Núm. 160.

A su vez, devolvería el caso al Tribunal de

Primera Instancia y, como indiqué en nuestra Resolución

CT-2014-2

12

del 14 de enero, ordenaría al Juez del Tribunal de Primera

Instancia a atender este caso con la mayor premura sin

nuestra intervención, pues entiendo que ese foro cuenta

con las herramientas necesarias para evaluar cabalmente la

controversia

entre

las

partes

y

garantizar

que

éstas

tengan la oportunidad de presentar prueba adecuadamente

con la rapidez que amerita este asunto.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada