LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Quintero Betancourt v. El Túnel Auto Services

2015 TSPR 171

Poder Judicial de Puerto Rico

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Quintero Betancourt v. El Túnel Auto Services

CC-2015-249

Sentencia con Opinión de Conformidad

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Edwin S. Quintero Betancourt

Peticionario

Certiorari

v.

2015 TSPR 171

El Tunel Auto Services

194 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: CC-2015-0249

Fecha: 23 de diciembre de 2015

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Abogada del Peticionario:

Lcda. Janice Estrada Ruiz

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Carlos A. Mercado Rivera

Materia: Sentencia con Opinión de Conformidad

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Edwin S. Quintero Betancourt

Peticionario

v.

CC-2015-249

Certiorari

El Túnel Auto Services

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 23 de diciembre de 2015.

Se expide el auto de certiorari y se revoca

la

Sentencia

emitida

por

el

Tribunal

de

Apelaciones. Se devuelve el caso al Departamento

de

Asuntos

del

Consumidor

para

que

éste

renotifique la citación de vista administrativa y

continúe con los procedimientos de cumplimiento y

ejecución de su resolución administrativa.

Lo acordó el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado

señor Estrella Martínez emitió una Opinión de

Conformidad. El Juez Asociado señor Martínez

Torres está conforme con el resultado por

entender que el Departamento de Asuntos del

Consumidor desestimó el caso indebidamente porque

la citación que expidió al peticionario Edwin S.

Quintero Betancourt es defectuosa. Esta no

cumplió con las exigencias de la Regla 20.2 del

Reglamento Núm. 8034. Además, la agencia no

aplicó primero las sanciones progresivas que

dispone la Regla 23 del mismo reglamento.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Edwin S. Quintero Betancourt

Peticionario

v.

CC-2015-0249

Certiorari

El Túnel Auto Services

Recurrido

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado SEÑOR

ESTRELLA MARTÍNEZ.

San Juan, Puerto Rico, a 23 de diciembre de 2015.

Estoy conforme con la Sentencia que hoy emite este

Tribunal por entender que en esta ocasión nos corresponde

revocar la determinación del Tribunal de Apelaciones y

devolver el caso para que el Departamento de Asuntos del

Consumidor

continúe

con

los

procedimientos

de

cumplimiento y ejecución que estaban siendo dilucidados

ante la referida agencia administrativa. Ello, debido a

que,

considero,

ordenar

el

que

cierre

ésta

y

abusó

de

su

discreción

al

archivo

de

la

querella

del

peticionario cuando tal consecuencia no le fue apercibida

en la notificación de vista y se le coartó su derecho de

cumplir

con

reglamentarias

las

disposiciones

exigidas

para

la

legislativas

y

solicitud

de

transferencia o suspensión de la vista administrativa.

CC-2015-0249

2

A tales efectos, procedo a delimitar los hechos que

suscitaron la controversia de autos.

I

El Sr. Edwin S. Quintero Betancourt (señor Quintero

Betancourt o peticionario) presentó una querella contra

El Túnel Auto Services, Inc. (recurrido o El Túnel) ante

el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Reclamó

que el 2 de junio de 2010 acudió a las instalaciones del

recurrido debido a que su vehículo Suzuki modelo Sidekick

del año 1998 no operaba adecuadamente. Asimismo, alegó

que

luego

de

suplir

varias

piezas

que

le

fueron

requeridas por el recurrido para la eventual reparación,

el vehículo aún no funcionaba. Además, mientras estuvo en

las instalaciones de El Túnel, el referido automóvil fue

vandalizado.

Ante estos hechos, en la primera vista administrativa

que se celebró, las partes establecieron un Proyecto de

Acuerdo.

En

éste

convinieron

que

el

señor

Quintero

Betancourt pagaría la cantidad total de $1,300 para que

el recurrido reparara el vehículo. De igual forma, este

último

se

haría

cargo

de

los

daños

producto

del

vandalismo.

A pesar de lo anterior, un mes más tarde se

detuvo

reparación.

Quintero

la

Betancourt

no

Ello,

debido

a

que

el

señor

quiso

acceder

al

petitorio

del

recurrido para que asumiera unos gastos relacionados al

motor del vehículo.

CC-2015-0249

3

Trabada así la controversia, el 5 de octubre de 2011

DACo emitió y notificó una Orden en la cual dictaminó que

en un término de 10 días el recurrido le pagara al señor

Quintero Betancourt la cantidad de $1,000 por concepto de

los daños que el vehículo sufrió mientras estaba bajo el

cuidado y responsabilidad de éste. Asimismo, ordenó que

en un término de 5 días el peticionario removiera el

vehículo de las instalaciones. El 25 de octubre de 2011

la Orden fue reconsiderada a los fines de aclarar que el

recurrido

debía

entregar

el

vehículo

en

las

mismas

condiciones que lo recibió. De igual forma, se aumentó a

10 días el término para que el señor Quintero Betancourt

retirara su vehículo de los predios de El Túnel. La Orden

fue notificada el 1 de noviembre de 2011.

Inconforme, el señor Quintero Betancourt recurrió al

Tribunal de Apelaciones y señaló que el DACo incidió en

sus determinaciones en torno a la responsabilidad de El

Túnel

sobre

la

reparación

controversia.

Luego

peticionario,

el

y

entrega

del

vehículo

en

planteamientos

del

de

evaluar

los

foro

apelativo

intermedio

emitió

una

Sentencia notificada el 28 de junio de 2012 en la que

confirmó la determinación de la agencia administrativa.

Concluyó que el señor Quintero Betancourt no los colocó

en

posición

había

de

actuado

establecer

que

irrazonablemente

el

foro

o

administrativo

abusado

de

su

discreción. Este dictamen no fue recurrido por ninguna de

las partes, es decir, advino final y firme.

CC-2015-0249

4

Posteriormente, según surge del expediente, el señor

Quintero Betancourt compareció en varias ocasiones ante

el

DACo

para

informar

que

el

recurrido

estaba

en

incumplimiento con la referida Resolución del DACo, entre

otros

planteamientos

relacionados.1

Sin

embargo,

pertinente a la controversia de autos, del expediente se

desprende que el 12 de junio de 2014 el señor Quintero

Betancourt presentó una Moción informativa y seguimiento.

En ésta, le notificó a la agencia que estaría fuera de

Puerto Rico desde el 19 de junio hasta el 9 de julio de

2014,

por

señalar

lo

lo

que

hiciera

cualquier

con

vista

que

anterioridad

o

tuviese

a

bien

posterioridad a

estas fechas.

1

Del expediente surge que el peticionario recurrió al

DACo para solicitar el cumplimiento con la Resolución en

controversia en innumerables ocasiones, a saber: Moción

Urgente Informativa de 10 de noviembre de 2011; “Segunda”

Moción Urgente Informativa de 21 de noviembre de 2011;

Moción en Cumplimiento de Orden de 22 de diciembre de

2011; Moción solicitando se incluya el presente documento

en la vista del 13 de enero de 2011 de 30 de enero de

2012; Moción solicitando investigación y determinación de

DACO del balance consignada (sic) de 9 de marzo de 2012;

Moción de seguimiento a solicitud de investigación y

solicitud de nueva orden de entrega de automóvil de 7 de

mayo de 2012; Segunda moción de seguimiento y comentarios

a documento de alegado (sic) en oposición a la parte

recurrida sometido a DACO de 25 de junio de 2012; Moción

para que se de cumplimiento de Orden de 30 de agosto de

2012; Moción de Seguimiento para que se de cumplimiento

de sentencia de 2 de octubre de 2012; Moción Informativa

de 15 de febrero de 2013; Moción Informativa, Proveer

Copia de Documentos y Solicitud se Reseñale Vista para

Mostrar Causa

de 7 de octubre de 2013; Moción

solicitando determinación por DACO

de 17 de enero de

2014; Moción Seguimiento de 18 de febrero de 2014; Carta

al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor

del 31 de febrero de 2014 y 16 de abril de 2014, entre

otras mociones similares.

CC-2015-0249

5

A pesar de lo anterior, el mismo 19 de junio de 2014

el DACo emitió una Orden para Mostrar Causa mediante la

cual citó a las partes para que comparecieran a una vista

a celebrarse el 14 de julio de 2014 a las 9:00am en la

Oficina Regional de San Juan. Según especificado en el

documento, el propósito de esta vista era que las partes

mostraran

causa

por

la

cual

no

se

debía

imponer

al

querellado una multa de $500 por incumplimiento con la

Resolución

y

Orden

del

5

de

octubre

de

2011.

En

consecuencia, se consignó el siguiente apercibimiento:

Se apercibe a la parte querellante [sic]

que si no comparece a la vista administrativa

por si o por conducto de su abogado, renuncia

a su derdcho (sic) a ser oído y constityuira

(sic)

un

allanamiento

para

que

este

Departamento

le

imponga

la

multa

antes

expresada sin trámite ulterior. El pago de la

multa referida no lo relevará de cumplir con

todo lo ordenado en la Resolución. Este

Departamento

tomará

la

acción

legal

correspondiente para el cobro de la multa

impuesta y solicitar auxilio del Tribunal de

Primera Instancia para hacer cumplir lo

ordenado. Orden para Mostrar Causa, Apéndice

del Recurso de Certiorari, pág. 73.

Además

del

apercibimiento

que

antecede,

en

el

referido documento también se dispuso que la vista solo

sería suspendida por justa causa. Para ello, la parte

interesada en la suspensión debía acompañar la evidencia

pertinente

con

un

escrito

presentado

cinco

días

laborables antes de la fecha del señalamiento. Asimismo,

debía notificar a la otra parte y proponer tres fechas

alternas.

El

incumplimiento

con

este

conllevaría la imposición de sanciones.

procedimiento,

CC-2015-0249

Así

6

las

compareció

y,

cosas,

el

el

señor

mismo

día

Quintero

de

la

Betancourt

vista,

la

no

Jueza

Administrativa emitió una Resolución en la que dejó sin

efecto la orden para mostrar causa y ordenó el cierre y

archivo de la querella. Particularmente, expresó que:

La parte querellante no compareció ni

ofreció excusas por su incompetencia [sic]. La

parte querellada compareció representada por el

Lcdo.

Carlos

A.

Mercado

Rivera.

La

incompetencia [sic] de la parte querellante nos

impide dilucidar la controversia del alegado

incumplimiento de la querellada.

. . . .

Se deja sin efecto la vista de Orden para

Mostrar Causa y se ordena el cierre y archivo

de la querella. Resolución, Apéndice del

Recurso de Certiorari, pág.83.

Ante esto, el 22 de julio de 2014 el peticionario

presentó

una

Moción

de

Reconsideración,

en

la

que

acompañó el boleto de avión mediante el cual evidenció

que salió de Puerto Rico el 19 de junio de 2014, según

había informado en la moción presentada el 12 de junio de

2014.

Además,

indicó

que

aunque

estaba

supuesto

a

regresar el 9 de julio de 2014, se enfermó y tuvo que

posponer su regreso para el 14 de julio de 2014, fecha

para la cual estaba pautada la vista en controversia. A

tales efectos, anejó la copia del boleto de avión que

corroboraba esta data. De la moción descrita se desprende

que el peticionario alegó que tan pronto como llegó y

encontró en su buzón la carta de DACo, aproximadamente a

las 2:20pm del mismo 14 de julio de 2014, acudió a la

Oficina Regional de San Juan. Sin embargo, adujo que no

CC-2015-0249

7

pudo comunicarse con la Jueza Administrativa, sino que le

indicaron que la decisión de la vista le sería notificada

mediante

comunicación

consecuencia,

el

escrita

peticionario

por

hizo

correo.

constar

que

En

la

notificación de la vista fue durante el tiempo en que

había informado estaría de viaje, lo que le imposibilitó

solicitar

la

transferencia

dentro

de

los

términos

aplicables. En fin, solicitó que se decretara otra fecha

para la celebración de la vista en la que se dilucidaría

la orden de mostrar causa. Esta solicitud fue rechazada

de plano por el DACo, debido a que la agencia no se

expresó dentro del término requerido por ley.

Oportunamente, el señor Quintero Betancourt recurrió

al Tribunal de Apelaciones y solicitó que se revisara la

determinación administrativa. Señaló que el DACo actuó en

contravención

del

Administrativos,

Reglamento

infra,

al

no

de

Procedimientos

otorgarle

cinco

días

laborables para que éste solicitara la transferencia de

la vista. Argumentó, además, que con el cierre y archivo

de la querella administrativa, el DACo dejó sin efecto la

Sentencia

emitida

por

el

Tribunal

de

Apelaciones

notificada el 28 de junio de 2012.

A pesar de lo anterior, el foro apelativo intermedio

emitió una Sentencia notificada el 19 de diciembre de

2014

mediante

administrativa.

dispuesto

en

la

cual

Razonó

que

el

confirmó

el

Reglamento

término

no

opera

la

actuación

de

cinco

días

a

favor

del

CC-2015-0249

8

peticionario,

sino

que

está

concebido

para

evitar

la

dilación innecesaria de los procedimientos. Por lo tanto,

“[n]o es el DACo, quien debe conceder el término de 5

días para que la parte solicite la transferencia, sino

que la regla le impone a la parte con interés el término

mínimo

de

5

Sentencia

días

del

para

Tribunal

presentar

de

esta

Apelaciones,

Recurso de Certiorari, pág. 15.

solicitud”.

Apéndice

del

A tenor con lo anterior,

el tribunal concluyó que la vista fue debidamente citada

y

el

peticionario

incumplió

con

su

responsabilidad

de

solicitar la transferencia. Además, determinó que no hubo

prueba contundente del estado de salud del peticionario

que justificara su incomparecencia. Por ende, concluyó

que el DACo actuó dentro de sus facultades al ordenar el

cierre y archivo de la querella. Asimismo, determinó que

esta actuación no tuvo el efecto de invalidar el dictamen

que había sido emitido por ese foro. Por el contrario,

esbozó que el peticionario todavía tenía disponible el

procedimiento

judicial

de

ejecución

de

orden

administrativa. El foro apelativo intermedio se ratificó

en su dictamen mediante Resolución notificada el 24 de

febrero

de

2015

en

la

cual

declaró

no

ha

lugar

la

reconsideración presentada por el peticionario.

Inconforme,

el

señor

Quintero

Betancourt

recurrió

ante este Tribunal mediante recurso de certiorari y nos

solicitó

que

revoquemos

ordenemos

que

el

DACo

la

asigne

resolución

una

nueva

impugnada

fecha

y

para

CC-2015-0249

9

celebrar la vista de orden de mostrar causa. En esencia,

además de lo que hemos descrito anteriormente, argumentó

que cuando la Asamblea Legislativa creó al DACo tuvo como

propósito

el

proveer

pudieran

presentar

un

sus

foro

para

que

controversias

los

y

ciudadanos

obtener

una

solución justa, rápida y económica. Por tanto, con la

determinación de cierre y archivo de su querella, el foro

administrativo no estaba actuando conforme los propósitos

para los cuales fue creado.

Atendidos los planteamientos del peticionario, el 29

de mayo de 2015 emitimos una Resolución en la que le

ordenamos a la parte recurrida que mostrara causa por la

cual

el

Betancourt

recurso

no

presentado

debía

ser

por

expedido.

el

señor

Acorde

Quintero

con

nuestra

petición, el 22 de julio de 2014 ésta presentó un escrito

intitulado

En

cumplimiento

de

orden

y

solicitando

se

declare sin lugar el certiorari del peticionario.

Así las cosas, con el beneficio de la comparecencia

de ambas partes expedimos el auto de certiorari y procede

disponer de la controversia.

II

A.

Desde la creación de las agencias administrativas,

se ha reconocido que para poder desempeñar adecuadamente

las funciones que le fueron delegadas, es necesario que

éstas

puedan

Fernández

ejercer

Quiñones,

poderes

Derecho

de

adjudicación.

Administrativo

y

Ley

D.

de

CC-2015-0249

Procedimiento

10

Administrativo

Uniforme,

3ra

ed.,

FORUM,

2013, pág. 71. Véanse, además, López Vives v. Policía de

P.R.,

118

DPR

219,

230

(1987);

Hernández

Denton

v.

Quiñones Desdier, 102 DPR 218, 223 (1974). Cónsono con lo

anterior, el tercer capítulo de la Ley Núm. 170 de 12 de

agosto

de

conocida

1988

como

(Ley

la

Núm.

170-1988),

de

Procedimiento

Ley

según

enmendada,

Administrativo

Uniforme, 3 LPRA sec. 2151-2170a, establece los derechos

y

los

procesos que

llamadas

a

las

agencias

administrativas

garantizar

durante

estos

están

procedimientos

adjudicativos.

En armonía con estos postulados y que la Ley Núm. 5

de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como la

Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor,

3 LPRA sec. 341 et seq., le otorgó amplios poderes para

“atender, investigar y resolver las querellas presentadas

por los consumidores de bienes y servicios adquiridos o

recibidos del sector privado de la economía”, Rodríguez

v. Guacoso Auto, 166 DPR 433, 438 (2005), el DACo divulgó

el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Reglamento

Núm. 8034, Departamento de Estado, 13 de junio de 2011

(Reglamento Núm. 8034).2 Éste tiene como propósito proveer

un

procedimiento

2

uniforme

para

la

solución

de

las

De acuerdo al propósito enunciado en el Art. 3 de la

Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, conocida como la Ley

Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, 3

LPRA sec. 341b, el DACo es un organismo gubernamental

creado para vindicar los derechos del consumidor, así

como para fiscalizar el control de los precios sobre los

artículos de uso y consumo, entre otros propósitos

similares.

CC-2015-0249

11

querellas presentadas ante la agencia. Ello, porque al

igual

que

la

vasta

administrativas,

el

asuntos

fueron

que

le

mayoría

DACo

de

las

agencias

tiene

como

fin

atender

delegados

de

una

forma

los

justa,

práctica y flexible, sin adoptar el “rigorismo procesal

que

generalmente

ha

caracterizado

a

los

tribunales

tradicionales”. Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 DPR 834,

840 (1978).

B.

Pertinente a la controversia de autos, la Regla 30

del Reglamento Núm. 8034 establece los procedimientos a

seguir en la etapa de cumplimiento y ejecución de las

órdenes y resoluciones de la agencia administrativa. En

particular, el inciso 30.2 establece que:

Dentro

de

los

treinta

(30)

días

siguientes a la certificación de notificación

de la resolución, el querellante deberá

informar si el querellado ha incumplido. De no

hacerlo, se entenderá que el querellado ha

cumplido y se procederá al cierre y archivo

del caso. Regla 30.2, Reglamento Núm. 8034.

(Énfasis suplido).

A partir de esta disposición, podemos concluir que

el querellante deberá ser proactivo en mantener informada

a la agencia en torno al cumplimiento del querellado con

las

determinaciones

administrativas.

No

obstante,

es

importante resaltar que el reglamento relaciona el cierre

y archivo del caso con el cumplimiento de las órdenes o

resoluciones, no con una sanción por incumplimiento de

las partes en cuestión.

CC-2015-0249

12

Por otra parte, esta regla también provee remedios

adicionales que la agencia puede emplear para asegurar el

cumplimiento

establece

de

un

sus

determinaciones.

procedimiento

para

Específicamente,

que

el

órgano

administrativo pueda imponerle una multa al querellado

que está en incumplimiento. De acuerdo a la Regla 30.4

del

referido

Reglamento

Núm.

8034,

la

parte

en

incumplimiento deberá ser citada a una vista mediante una

orden

para

mostrar

causa

por

la

que

no

procede

la

imposición de la sanción monetaria. En la citación, se

deberá

especificar

que

la

imposición

de

la

multa

no

releva el cumplimiento de la resolución en inobservancia.

Regla 30.4, Reglamento Núm. 8034.

Por tanto, uno de los mecanismos contemplados en la

reglamentación de procedimientos adjudicativos del DACo

es la imposición de multas administrativas a la parte

querellada en incumplimiento. Sin embargo, para que esto

proceda

es

necesario

que

se

celebre

una

vista

administrativa.3 Al respecto, la propia Regla 20.2 del

Reglamento Núm. 8034, le impone la obligación al DACo de

fijar y

notificar la fecha para la vista con al menos 15

días de antelación a ésta. Ello, a menos que las partes

3

El inciso (cc) de la Regla 4 del Reglamento de

Procedimientos

Adjudicativos,

Reglamento

Núm.

8034,

Departamento de Estado, 13 de junio de 2011 (Reglamento

Núm. 8034) define una vista administrativa como un

“[p]roceso o audiencia mediante el cual se concede la

oportunidad a las partes de comparecer, por derecho

propio o por su representante, y presentar alegaciones o

defensas a una reclamación o a la imposición de una

multa”.

CC-2015-0249

13

pacten otra fecha con la anuencia del juez u oficial

administrativo que esté rigiendo los procedimientos.

Además

de

notificación,

esta

esta

exigencia

disposición

en

el

término

reglamentaria

de

también

establece que:

Se le apercibirá al querellante que si no

comparece a la vista, el Departamento podrá

ordenar la desestimación y archivo de la

querella por abandono. Si el querellado no

comparece se podrán eliminar sus alegaciones.

El Departamento podrá también condenar al pago

de honorarios de abogado o dictar cualquier

otra orden que en Derecho proceda. Regla 20.2

del Reglamento Núm. 8034.

Es

decir,

reglamentario,

además

el

de

notificar

dentro

del

también

debe

incluir

DACo

término

los

apercibimientos en cuanto a lo que se expone cada parte

de no comparecer. En este inciso reglamentario también se

establece

el

carácter

público

de

la

vista

y

que

las

partes podrán presentar toda aquella evidencia documental

y testifical pertinente.

Estas disposiciones son cónsonas con la Sec. 3.9 de

la Ley Núm. 170-1988, 3 LPRA sec. 2159, la cual contempla

los

requisitos

que

tiene

que

observar

una

agencia

administrativa al momento de emitir la notificación de

una vista. En términos generales, ésta también establece

que

la

fecha,

hora

y

lugar

de

la

vista

deberán

ser

notificados con no menos de 15 días de anticipación a su

celebración.

Este

periodo

podrá

ser

acortado

si

la

agencia notifica y fundamenta una causa justificada para

ello. Íd.

CC-2015-0249

De

14

esta

forma,

en

aquellos

casos

en

los

que

se

intente acortar este periodo debe guiar el principio de

la razonabilidad. Es decir, “no puede recurrirse a una

regla mecánica y es menester examinar caso por caso la

cuestión de si se redujo el periodo, de manera tal que no

lesione los derechos de las partes.” Fernández Quiñones,

op.

cit.,

pág.

187.

Ello,

debido

a

que

este

término

responde a las garantías mínimas que las agencias están

llamadas

a

observar

como

corolario

del

principio

fundamental de debido proceso de ley.

Por

tanto,

reconocer

que

estricto,

“las

este

aunque

Tribunal

este

agencias

ha

término

sido

enfático

es

cumplimiento

de

administrativas

tienen

en

que

observarlo y los tribunales tienen que hacerlo valer”.

Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 246

(2007)

(Citas

omitidas).

En

aras

de

asegurar

la

celebración de un procedimiento justo y equitativo, la

agencia

administrativa

debe

otorgar

una

notificación

adecuada y oportuna para que la parte pueda prepararse

para su comparecencia. Almonte et al. v. Brito, 156 DPR

475, 483 (2002); véanse, además, Álamo Romero v. Adm. de

Corrección, 175 DPR 314, 329 (2009); Depto. Rec. v. Asoc.

Rec. Round Hill, 149 DPR 91, 98-99 (1999).

C.

No

obstante,

administrativa

inmutable,

la

para

sino

la

que

fecha

dispuesta

por

la

la

vista

celebración

de

una

puede

parte

agencia

no

es

solicitar

su

CC-2015-0249

15

transferencia

y

suspensión.

Ahora

bien,

para

esto

la

parte solicitante tiene que cumplir con unos requisitos

particulares. Específicamente, la Regla 21 del Reglamento

Núm. 8034, establece que este requerimiento deberá ser

presentado

“(1)inmediatamente

que

se

conozca

los

fundamentos para la misma; y (2) con no menos de cinco

(5) días laborables de anticipación a la fecha señalada

para

la

vista,

a

menos

que

se

trate

de

eventos

no

previsibles o fuera del control de la parte solicitante”.

Regla 21, Reglamento Núm. 8034. (Énfasis suplido). Nótese

que este término también es cónsono con la sec. 3.12 de

la

Ley

Núm.

170-1988,

3

LPRA

sec.

2162,

donde

se

establece que no procederá la suspensión de una vista a

menos que una parte presente una solicitud en la que

justifique por escrito y con 5 días de antelación, los

motivos de su requerimiento.

Al

respecto,

en

Gutiérrez

Vázquez

v.

Hernández y

Otros, supra, este Tribunal expresó que como “el D.A.Co

tuvo ante su consideración una solicitud de suspensión

que

incumplió

los

requisitos

estatutarios

y

reglamentarios para su presentación. . . entendemos que

esta solicitud no debió si quiera ser considerada por la

Juez Administrativa que atendía la querella presentada”.

Íd.,

pág.

252.

Así,

este

Tribunal

concluyó

que

la

suspensión

de

la vista

administrativa

no

el

debido

no

solicitud

de

debió

considerada

ser

por

DACo,

a

que

cumplió con los términos legislativos y reglamentarios

CC-2015-0249

requeridos.

Demetrio

16

En

torno

Fernández

a

este

Quiñones

particular,

hizo

las

el

profesor

expresiones

que

incluimos a continuación:

La decisión es clara respecto al momento

en que procede presentar una moción de

aplazamiento. De no cumplirse con el mandato

de la disposición legal que requiere para su

presentación que se haga cinco días antes de

la fecha señalada para la audiencia, es fácil

concluir que se decretará no ha lugar. Existen

situaciones imprevisibles que son propias de

la existencia y de la vida que necesariamente

tienen que ser consideradas como fundamentos

válidos para solicitar un aplazamiento. El

sistema no puede funcionar de espaldas al

acontecer

de

la

realidad.

Precisa,

sin

embargo, resaltar que pueden darse situaciones

que su evolución se inicia antes de comenzar a

decursar el periodo de cinco días y le imponen

a un hombre prudente anticiparlas para evitar

causarle daño al procedimiento. . . Todo lo

indicado apunta a que las partes y las

agencias también están obligadas a estar

atentas al desenvolvimiento de los eventos y

circunstancias que pueden incidir sobre si el

señalamiento de la audiencia ha de prevalecer.

Fernández

Quiñones,

op.cit.,

pág.

193.

(Énfasis suplido).

Como

vemos,

transferencia

o

la

presentación

suspensión

de

de

una

moción

de

vista

no

puede

ser

considerada automáticamente, sino que deberá ser evaluada

caso

a

caso

utilizando

el

criterio

rector

de

la

razonabilidad.

Cónsono con lo anterior, además de cumplir con las

exigencias

descritas,

el

Reglamento

Núm.

8034

también

establece que la parte solicitante deberá cancelar los

cargos correspondientes y asegurarse de que su solicitud

esté debidamente fundamentada. Es decir, que “acredite

las razones para la misma y expres[e] tres (3) fechas

CC-2015-0249

alternas

17

dentro

de

los

quince

(15)

días

siguientes

a

partir de la fecha señalada para la vista”. Regla 21.3,

Reglamento Núm. 8034. Acto seguido, la precitada regla

establece que “el Funcionario que presida la vista podrá

imponer

sanciones

Reglamento

cuando

a

tenor

no

se

con

cumpla

la

Regla

con

el

23

de

este

procedimiento

establecido en esta regla o se utilice con el motivo [de]

dilatar los procedimientos”. Íd.

Particularmente, la mencionada Regla 23 establece de

la siguiente manera:

Regla 23-Sanciones.

Cuando una Parte dejare de cumplir con un

procedimiento establecido en este reglamento, o

una orden del Secretario, el Funcionario,

Secretario o Panel de Jueces que presida la

vista administrativa podrá a iniciativa propia

o a instancia de parte imponer una sanción

económica a favor del Departamento o de

cualquier parte, que no excederá de doscientos

(200) dólares por cada imposición separada a la

parte o a su abogado, si este último es

responsable del incumplimiento. Si la parte

sancionada incumple con el pago de la sanción

se podrá ordenar la desestimación de su

querella si es el querellante o eliminar sus

alegaciones si es el querellado. Regla 23,

Reglamento Núm. 8034. (Énfasis omitido).

De lo anterior podemos colegir que la disposición

reglamentaria

contempla

la

imposición

de

una

sanción

económica de $200 a aquella parte que no cumpla con el

reglamento o con una orden del funcionario que preside

los procedimientos administrativos. Esto guarda armonía

con las Sec. 3.21 de la Ley Núm. 170-1988, 3 LPRA sec.

2170a, en la que el legislador concibió la imposición de

sanciones económicas en aquellas circunstancias en las

CC-2015-0249

18

cuales una parte no cumple con sus órdenes. Más aún,

estableció que en aquellos casos en los que la sanción

económica no propenda al cumplimiento, se podrá ordenar

la desestimación del caso o la eliminación de alegaciones

dependiendo de cuál sea la parte en incumplimiento. De

igual forma, la referida sección autoriza la imposición

de costas y honorarios de abogado. Íd.

Por otra parte, el reglamento bajo análisis también

indica

que

el

DACo

podrá

acudir

al

tribunal

para

solicitar que su resolución sea puesta en vigor. Regla

30.3, Reglamento Núm. 8034. Al respecto, este Tribunal ha

sido

enfático

en

establecer

que

esta

facultad

es

potestativa, no exclusiva, del DACo. Es decir, cuando el

trámite administrativo culminó y hay una resolución que

advino

final

y

firme,

la

parte

beneficiada

por

la

determinación no está impedida de acudir al foro judicial

para solicitar el cumplimiento y ejecución del dictamen.

Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 658

(2013).

D.

A la luz de lo anterior, es menester recordar que la

intervención

judicial

determinaciones

en

la

administrativas

revisión

se

de

circunscribe

las

a

establecer si la actuación de la agencia es arbitraria,

ilegal o irrazonable. Véanse JP, Plaza Santa Isabel v.

Cordero

Badillo,

177

DPR

177,

187

(2009);

O.E.G.

v.

Rodríguez, 159 DPR 98, 119 (2003). Es al foro judicial a

CC-2015-0249

19

quien le corresponde examinar que las actuaciones de las

agencias

estén

dentro

de

los

poderes

que

le

fueron

delegados y son compatibles con la política pública que

las origina. Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et al. II,

179 DPR 923, 941-942 (2010).

A partir de estas delimitaciones, es norma reiterada

que

los

tribunales

deferencia

a

los

dictámenes

Ello,

debido

administrativas.

gozan

de

una

revisores

presunción

de

a

le

deberán

otorgar

de

las

agencias

que

estas

decisiones

regularidad

y

corrección.

Véanse Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969,

1002-1003 (2011); P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599, 616

(2005).

En

consecuencia,

la

revisión

judicial

está

suscrita a los contornos de: (1) la concesión del remedio

adecuado;

(2)

si

las

determinaciones

de

hecho

están

sustentadas en la evidencia sustancial que emana de la

totalidad del expediente; y (3) una revisión completa de

la corrección de las conclusiones de derecho que fueron

adoptadas. Sec. 4.5 de la Ley Núm. 170-1988, 3 LPRA sec.

2175; véanse, además, Pagán Santiago et al. v. ASR, 185

DPR 341, 358 (2010); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR

263, 279-280 (1999).

Así

las

cosas,

y

a

partir

de

los

principios

de

justiciabilidad y del marco doctrinario que he expuesto,

corresponde resolver la controversia del caso de autos.

CC-2015-0249

20

III

Según se desprende de los hechos formulados, el 25

de

octubre

de

2011

reconsideración

en

el

el

DACo

que

emitió

ordenó

un

dictamen

que

el

en

recurrido

entregara el automóvil en las mismas condiciones en que

lo

recibió

y

asumiera

el

costo

de

los

daños

vandalismo

que

sufrió

el

automóvil

del

señor Quintero

Betancourt

mientras

estuvo

en

las

por

instalaciones

de

el

El

Túnel Auto Services. Asimismo, ordenó que el peticionario

procediera a remover el automóvil del lugar.

Además de recurrir al foro apelativo intermedio para

que dejara sin efecto la reconsideración de la agencia

administrativa,

el

19

de

noviembre

de

2011

el

peticionario presentó ante el DACo una moción en la que

denunció

el

incumplimiento

con

la

resolución

administrativa y solicitó que éste foro ejerciera contra

“la parte querellada las leyes que aplican en estos casos

y de continuar temeraria y contumaz procese según la ley

y

el

reglamento

Informativa,

en

Apéndice

DACO”.

del

“Segunda”

Recurso

de

Moción

Urgente

Certiorari,

pág.

107.

Además de la presentación de esta moción, luego de

que la Resolución en controversia fuera final y firme, el

señor Quintero Betancourt continuó siendo proactivo en el

reclamo del cumplimiento con la Resolución del DACo. En

consecuencia, no cabe duda que el peticionario ha sido

muy

diligente

durante

el

procedimiento

de

ejecución y

CC-2015-0249

21

cumplió con la Regla 30.2 del Reglamento Núm. 8034 del

DACo, en tanto exige que dentro del término de 30 días el

querellante informe si se cumplió con la determinación de

la

agencia

necesario

administrativa.

para

que

la

Según

agencia

no

expuse,

esto

es

interprete

que

el

querellado cumplió con la orden administrativa y proceda

a ordenar el cierre y archivo del caso.

Empero,

desplegada

a

pesar

por

del

el

interés

y la

peticionario,

responsabilidad

el

DACo

actuó

irrazonablemente al ordenar, sin más, el cierre y archivo

del caso por la mera incomparecencia de éste a la vista

de la orden para mostrar causa pautada para el 14 de

julio

de

Quintero

2014.

Ello

Betancourt

tuvo

lugar

presentó

una

aun

cuando

moción

el

señor

la

cual

en

notificó que estaría fuera de Puerto Rico durante las

fechas

que

citación

y

concurrieron

a

pesar

con

del

la

notificación

sinnúmero

de

de

la

diligencias

desplegadas para que se hiciera cumplir el fallo a su

favor.

De

los

documentos

que

obran

en

el

expediente

se

desprende que el 12 de junio de 2014 el señor Quintero

Betancourt presentó ante el DACo una moción en la que

informó que estaría fuera de Puerto Rico desde el jueves,

19 de junio hasta el miércoles, 9 de julio de 2014. A

pesar de esto, la agencia emitió el 19 de junio de 2014

la citación de la vista a celebrarse el 14 de julio de

2014.

Es

decir,

el

mismo

día

en

que

el

peticionario

CC-2015-0249

22

informó que saldría de viaje. Ciertamente, aunque esto

cumple con las exigencias legislativas y reglamentarias

que exigen que la citación de la vista sea notificada con

15 días de antelación a la misma socavó otros derechos

del señor Quintero Betancourt.

Ello, pues de esta notificación no se desprendía un

apercibimiento en cuanto a la sanción a la que se exponía

el

peticionario

de

solicitada:

el

reclamo.

este

En

no

comparecer

cierre

y

archivo

sentido,

cabe

a

la

vista

por

él

administrativo

de

su

de

la

puntualizar

que

notificación y citación de la vista para dilucidar la

orden

de

mostrar

causa,

no

se

desprendía

un

apercibimiento en cuanto a las consecuencias a las que el

señor Quintero Betancourt se expondría de no comparecer a

la vista. Ello, a pesar de que este Tribunal ha sido

enfático

al

establecer

que

el

debido

proceso

de

ley

garantiza a “las personas cuyos derechos pudieran verse

transgredidos

una

mayor

oportunidad

de

determinar

si

ejercen o no los remedios que le han sido concedidos por

ley. De esta manera se obtiene un equilibrio justo entre

los

derechos

ordenado

de

sistema

todas

de

las

partes,

revisión

y

se

judicial”.

obtiene

Asoc.

un

Vec.

Altamesa Este v. Mun. San Juan, 140 DPR 24, 34 (1996). Es

decir, es necesario que la parte conozca la sanción a la

que se expone de ésta incumplir con lo ordenado.

En este caso, esto cobra mayor relevancia en tanto

la propia Regla 20.2 del discutido Reglamento Núm. 8034,

CC-2015-0249

23

exige que el DACo notifique la citación de la vista con

15 días de anticipación y aperciba que la incomparecencia

de la parte puede acarrear el archivo de la querella por

abandono. Razón por la cual debemos concluir que aunque

el

DACo

notificó

término

la

establecido

apercibimientos

citación

de

de

días,

El

15

pertinentes.

la

vista

dentro

del

no

incluyó

los

DACo

actuó

en

contravención de su propio reglamento y de las normas

procesales

básicas

que

rigen

nuestro

ordenamiento

jurídico.

Por otra parte, la notificación expedida por el DACo

también incidió con el término reglamentario del cual la

parte es acreedora para poder solicitar la transferencia

o suspensión de una vista administrativa. Al peticionario

le asiste la razón cuando alega que como la agencia tenía

conocimiento del día en que él regresaría a Puerto Rico,

con la fecha pautada le coartó su derecho para solicitar

adecuadamente la suspensión o transferencia de la vista

según exige la Sec. 3.12 de la Ley Núm. 170-1988 y la

Regla 21 del Reglamento Núm. 8034. Veamos.

A

pesar

solicitar

del

carácter

transferencia

o

directivo

del

suspensión

término

para

una

vista

de

administrativa4, este Tribunal ha sido muy enfático en su

cumplimiento.

Gutiérrez

4

Tanto

Vázquez

es

así

que,

v.

Hernández

según

y

discutimos,

Otros,

supra,

en

se

Sobre el carácter directivo de los términos que

rigen los procedimientos adjudicativos, véase Lab. Inst.

MEd. Ava. v. Lab. C. Borinquen, 149 DPR 121, 136 (1999).

CC-2015-0249

concluyó

24

que

el

DACo

no

tenía

que

considerar

una

solicitud de transferencia que le fue presentada el mismo

día

de

la

vista

administrativa

porque

ésta

no

había

cumplido con los términos reglamentarios.

Por consiguiente, no puedo avalar el razonamiento

acogido por el foro apelativo intermedio en cuanto a este

término. Particularmente, cuando consignó que:

la regla no opera a favor del peticionario,

sino a favor de evitar la dilación innecesaria

de los procedimientos. No es el DACo quien

debe conceder el término de 5 días para que la

parte solicite la transferencia, sino que la

regla le impone a la parte con interés el

término mínimo de 5 días para presentar esta

solicitud.

Sentencia

del

Tribunal

de

Apelaciones,

Apéndice

del

Recurso

de

Certiorari, pág. 15.

Si bien es cierto que la referida regla le impone un

requisito a las partes, el mero hecho de que el término

no está impuesto directamente al órgano administrativo no

implica que la agencia no está obligada por éste. Aunque

éste

pretende

procedimientos,

evitar

la

no

puede

se

dilación

innecesaria

convertir

en

un

de

los

obstáculo

para que los reclamos de las partes puedan ser atendidos

adecuadamente. En otras palabras, sería absurdo concluir

que como el término es un requerimiento a las partes, el

DACo no está obligado y puede actuar en contravención a

éste logrando así menoscabar el derecho de una parte a

solicitar la transferencia de una vista conforme impone

su propio Reglamento.

CC-2015-0249

25

Precisamente esto fue lo que ocurrió en el caso de

autos.

Desde

el

12

de

junio

de

2014

la

agencia

administrativa conocía que el señor Quintero Betancourt

estaría fuera de Puerto Rico hasta el 9 de julio de 2014.5

No obstante, emitió la orden para mostrar causa el 19 de

junio de 2014. Es decir, el mismo día en que el señor

Quintero Betancourt anunció que viajaría fuera de Puerto

Rico. En consecuencia, la fecha pautada para la vista le

imposibilitaba cumplir con los requisitos necesarios para

solicitar la transferencia o suspensión de la misma. Si

tomamos como punto de partida

peticionario

informó

que

la fecha en

regresaría

a

la

Puerto

que el

Rico,

el

miércoles, 9 de julio de 2014, solamente le quedaban 2

días laborables para poder solicitar la transferencia de

la vista pautada para el 14 de julio de 2014. Ello, en

contravención con el reglamento, el cual exige que el

requerimiento se haga con “no menos de cinco (5) días

laborables de anticipación a la fecha señalada para la

vista”. Regla 21.1, Reglamento Núm. 8034. Por tanto, al

señalar la vista administrativa para una fecha en la que

conocía

que

el

peticionario

se

vería

impedido

de

solicitar su suspensión o transferencia, me veo obligado

a

concluir

5

que

el

DACo

coartó

uno

de

los

derechos

Es pertinente señalar que según alegado por el

peticionario, y se desprende del expediente ante nuestra

consideración, en ocasiones anteriores el señor Quintero

Betancourt había notificado mediante moción al DACo que

estaría fuera de Puerto Rico y no se había hecho ningún

señalamiento durante ese tiempo. Véase, por ejemplo,

Moción Informativa, Apéndice del Recurso de Certiorari,

pág. 179.

CC-2015-0249

principales

26

que

le

asisten

a

una

parte

durante

un

procedimiento adjudicativo.6

De igual forma, no puedo tomar livianamente que el

propio

Reglamento

sanciones

menos

de

DACo

severas

contempla

ante

el

la

imposición

incumplimiento

con

de

el

reglamento o una orden del funcionario administrativo.

Por tanto, me parece desacertado el que ese organismo

perdiera de perspectiva la diligencia del señor Quintero

Betancourt para que se cumpliera con la orden emitida a

su favor.

Del expediente se desprende que desde el 2010, fecha

en que el peticionario incoó su reclamo ante la agencia

administrativa, éste ha sido muy diligente y responsable

con

el

cumplimiento

de

los

postulados

legislativos

y

reglamentarios que rigen los procedimientos adjudicativos

ante el DACo. En consecuencia, reconozco que si bien el

peticionario

puede

recurrir

al

Tribunal

de

Primera

Instancia para solicitar el cumplimiento de la Resolución

del 25 de octubre de 2011 a pesar del cierre y archivo de

la

querella

6

en

la

agencia

administrativa,

ello

no

Es pertinente recordar que en la Moción de

Reconsideración

presentada

por

el

señor

Quintero

Betancourt para solicitar que la agencia administrativa

dejara sin efecto el cierre y archivo de su caso, éste

evidenció que su regreso no ocurrió hasta el mismo día en

que la vista estaba pautada, es decir, el 14 de julio de

2014. Fecha en la cual alega acudió a la Oficina Regional

de San Juan del DACo, pero no pudo contactar a la Juez

Administrativa

y

simplemente

le

indicaron

que

la

determinación le sería informada mediante correo. A pesar

que el peticionario evidenció esta información en la

reconsideración presentada, el DACo se sostuvo en su

determinación.

CC-2015-0249

27

propende a la flexibilidad y economía procesal que se

buscaba

al

otorgarles

poderes

de

adjudicación

a

los

organismos administrativos.7

Por consiguiente, me veo obligado a concluir que el

DACo actuó arbitraria, caprichosa e irrazonablemente al

ordenar

el

cierre

y

archivo

de

los

procedimientos

de

ejecución de la Resolución del 25 de octubre de 2011.

Máxime,

cuando

la

incomparecencia

del

señor

Quintero

Betancourt fue la consecuencia de una citación defectuosa

en tanto no se apercibió de las sanciones que acarrearía

su

incomparecencia,

no

se

impusieron

sanciones

progresivas menos severas y de que se le coartara su

derecho a solicitar la transferencia o suspensión de la

vista administrativa. Ello, en clara contravención de los

estatutos y disposiciones que rigen al DACo.

IV

Por los fundamentos expuestos, estoy conforme con la

decisión de la mayoría de este Tribunal de expedir el

auto, revocar la Sentencia emitida por el Tribunal de

Apelaciones y devolver el caso para que el Departamento

de Asuntos del

7

Consumidor

renotifique

la

citación

de

De la Moción Informativa de Vista por DACO 6 de mayo

de 2013 presentada por el señor Quintero Betancourt ante

el DACo el 14 de mayo de 2013, se desprende que éste

presentó un reclamo ante el Tribunal de Primera Instancia

de San Juan utilizando la Resolución emitida por la

agencia administrativa del 25 de octubre de 2011. Sin

embargo, según expuesto en la referida moción, el foro

judicial remitió el reclamo al foro administrativo.

CC-2015-0249

28

vista administrativa y continúe con los procedimientos de

cumplimiento y ejecución de su resolución administrativa.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado