LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Manuel Acevedo Hernández

2015 TSPR 167

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Manuel Acevedo Hernández

AD-2014-1 AD-2014-2

Acción Disciplinaria – Destitución inmediata del cargo de Juez Superior por violación a los Cánones 1, 2, 8, 11, 12, 14, 20, 23, 30, 35, y 36 de Ética Judicial; Suspensión indefinida de la abogacía

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2015 TSPR 167

193 DPR ____

Manuel Acevedo Hernández

Número del Caso: AD-2014-1

AD-2014-2

Fecha: 14 de diciembre de 2015

Abogados del Querellado:

Lcdo. Joseph Laws Delgado

Lcda. Melanie Matos Cardona

Oficina de Asuntos Legales

Oficina de Administración

De los Tribunales:

Lcda. Cristina Guerra Cáceres, Directora

Lcdo. Felix Fumero Pugleisi

Lcdo. Eric J. Salas López

Lcda. Rosa M. Cruz-Niemiec

Comisión de Disciplina Judicial:

Hon. Aida N. Molinary de la Cruz, Presidenta

Lcda. Evelyn Benvenuti

Lcda. Lourdes Velázquez Cajigas

Sra. Eneida Sierra Corredor

Materia: Acción Disciplinaria – Destitución de cargo de Juez

Superior por violación a los Cánones 1, 2, 8, 11, 12 14, 20, 23,

30 35 y 36 de Ética Judicial; Suspensión indefinida de la

abogacía.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones

del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un

servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

AD-2014-1

AD-2014-2

Manuel Acevedo Hernández

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2015.

Hoy nos corresponde adoptar otra acción dirigida a

fortalecer la política institucional de cero tolerancia a

cualquier conducta que pueda lacerar la confianza de la

ciudadanía en su sistema de justicia. Nos enfrentamos a

la primera vez que un juez es procesado criminalmente por

ser parte de un esquema para beneficiar a un acusado a

cambio de recibir bienes y servicios, aparte de incurrir

en acciones adicionales que mancillan la imagen de todo

el capital humano de la Rama Judicial.

El

juez

o

jueza

es

un

funcionario

público

al

servicio de la ciudadanía, no al suyo propio. Su función

principal es servir como garante de la administración de

la justicia de forma ecuánime y objetiva, guiado siempre

por los postulados de la ley, el orden y la moral. Como

tal,

debe

ser

independiente

y

autónomo.

Tal

oficio

requiere de una acción íntegra y libre de avaricia, capaz

de anteponer la verdadera Justicia sobre sí mismo.

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

2

Desdichadamente, hoy procede destituir a uno de los

miembros

de

la

Judicatura

por

sus

actuaciones

como

magistrado. Los hechos de este caso ejemplifican el tipo

de conducta que no representa los valores éticos de los

integrantes

ante

el

de

nuestra

lamentable

Rama

Judicial.

escenario

en

que

Nos

encontramos

un

juez

actuó

mediando corrupción judicial. Tal realidad requiere que

este Tribunal actúe con firmeza salvaguardando el pilar

de nuestro sistema de justicia: la confianza depositada

en nosotros.

I

Los hechos que originan las querellas presentadas se

relacionan con las acciones y conducta del Juez Manuel

Acevedo Hernández (Juez Acevedo Hernández) vinculados al

caso criminal por homicidio negligente, obstrucción a la

justicia

ventiló

y

conducir

contra

el

en

Sr.

estado

Lutgardo

de

embriaguez

Acevedo

López

que

se

(Acevedo

López). El Juez Acevedo Hernández emitió las sentencias

absolutorias en el referido caso el 27 de marzo de 2013.

A tan sólo nueve días del fallo absolutorio, el 5 de

abril

de

2013,

agentes

de

la

Policía

de

Puerto

Rico

intervinieron con un vehículo conducido por un empleado y

gestor

del

Badillo

señor

(Román

Acevedo

Badillo),

López,

por

el

Sr.

conducir

Ángel

a

Román

exceso

de

velocidad y bajo los efectos de bebidas embriagantes. El

Juez Acevedo Hernández se encontraba como pasajero del

señor

Román

Badillo

durante

la

intervención.

Así

las

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

3

cosas, el Juez Acevedo Hernández se identificó como juez

y cuestionó los motivos de la detención del señor Román

Badillo.

Igualmente,

realizó

un

acercamiento

al

Agte.

Emanuel Lorenzo Ramírez con el fin de solicitar que el

señor Román Badillo no fuera denunciado por conducir a

exceso

de

velocidad

embriagantes.

Así,

y

bajo

insistió

los

en

efectos

hablar

de

bebidas

con

la

persona

de

2014,

las

una

orden

de

encargada para canalizar su petición.

Posteriormente,

autoridades

el

federales

14

de

abril

diligenciaron

allanamiento en la residencia del Juez Acevedo Hernández.

En

esa

misma

fecha,

se

ordenó

el

inicio

de

una

investigación disciplinaria en cuanto al diligenciamiento

de la orden de allanamiento y se suspendió temporeramente

de sus funciones con paga al Juez Acevedo Hernández en lo

que concluía la investigación de rigor.

Paralelamente,

la

Directora

de

la

Oficina

de

Administración de los Tribunales (Directora de la OAT)

refirió para investigación lo concerniente al incidente

ocurrido el 5 de abril de 2013. Asimismo, la Sra. Lesly

Pérez Rodríguez (Pérez Rodríguez) presentó una queja en

la que señaló irregularidades relacionadas con el proceso

judicial por la muerte de su cónyuge, que fue presidido

por el Juez Acevedo Hernández contra el señor Acevedo

López.

De

igual

forma,

la

señora

Pérez

Rodríguez

cuestionó la relación del Juez Acevedo Hernández con el

imputado de delito.

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

4

Ante la gravedad de las imputaciones, se procedió

con

el

proceso

notificación

disciplinario

y

la

correspondiente

al Juez Acevedo Hernández, quien contestó

las quejas mediante misiva fechada el 7 de mayo de 2014.

Éste indicó que el expediente del caso criminal reflejaba

que el Ministerio Público no probó los cargos imputados

contra el señor Acevedo López. En cuanto a los hechos

relacionados

al

incidente

del

5

de

abril

de

2013,

manifestó que desconocía si el señor Román Badillo era

agente y empleado del señor Acevedo López. Relató que el

señor Román Badillo le ofreció transporte a San Juan,

debido a que su vehículo tenía desperfectos. Asimismo,

expresó que agentes del orden público le indicaron que

permaneciera en el vehículo y que luego de terminado el

proceso reanudaron su viaje a Aguadilla.

Durante la investigación del proceso disciplinario,

el 28 de mayo de 2014, un Gran Jurado Federal emitió un

pliego acusatorio contra el Juez Acevedo Hernández, el

señor Acevedo López y el señor Román Badillo por los

delitos de conspiración y soborno con el fin de lograr un

trato favorable y/o de absolución del señor Acevedo López

en

un

procedimiento

judicial

presidido

por

el

Juez

Acevedo Hernández. Ello, a cambio de bienes y/o pagos

realizados

a

su

persona.

Al

día

siguiente,

el

Juez

Acevedo Hernández fue arrestado.

Como consecuencia de tal suceso, la investigación

disciplinaria

fue

ampliada

en

coordinación

con

la

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

Fiscalía

Federal.

5

Eventualmente,

se

presentaron

dos

informes de investigación fechados el 25 de junio de 2014

y el 11 de septiembre del mismo año.

En el Primer Informe de Investigación se atendió lo

relacionado al incidente del 5 de abril de 2013. En éste,

se indicó que la prueba recopilada demuestra que el Juez

Acevedo Hernández hizo un acercamiento indebido al Agte.

Emanuel Lorenzo Ramírez tras la intervención con el señor

Román

Badillo.

Particularmente,

al

identificarse

como

juez, al solicitar que el señor Román Badillo no fuera

denunciado por conducir a exceso de velocidad y bajo los

efectos de bebidas embriagantes, e insistir en hablar con

la persona a cargo para canalizar su petición. Por tanto,

se concluyó que el Juez Acevedo Hernández incurrió en

conducta impropia y contraria a las normas éticas que

rigen

la

función

de

un

juez.

Específicamente,

se

le

imputaron violaciones a los Cánones 1, 23 y 30 de los

Cánones

de

Ética

Judicial,

4

LPRA

Ap.

IV-B,

y

transgresión al Canon 38 del Código de Ética Profesional,

4 LPRA Ap. IX.

El

Segundo

Informe

de

Investigación

consideró

el

arresto del Juez Acevedo Hernández por las autoridades

federales.

En

resumen,

se

señaló

que

la

investigación

arrojó que el magistrado conspiró para lograr un trato

favorable y/o absolución del señor Acevedo López en el

asunto criminal ante su sala a cambio de bienes y/o pagos

a

su

favor.

Ante

ello,

indicó

que

proceden

acciones

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

6

disciplinarias adicionales por conducta reñida con los

Cánones 1, 2, 8, 11, 12, 14, 20, 23, 35 y 36 de los de

Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, y los Cánones 35 y 38

del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

Tras los trámites de rigor, el 7 de julio de 2014 se

emitió

una

determinación

querella

por

Informe

de

las

de

causa

violaciones

Investigación.

para

desglosadas

De

igual

presentar

en

forma

el

la

Primer

ocurrió

en

septiembre de 2014, con relación al Segundo Informe de

Investigación. En ésta última, y debido a la naturaleza

de los cargos y conducta imputada que culminó con el

arresto del Juez Acevedo Hernández, como medida adicional

se

recomendó

la

suspensión

del

salario

del

magistrado

hasta la disposición final de la querella. Este Tribunal

no

vaciló

ordenar

en

la

acoger

suspensión

la

recomendación,

inmediata

del

y

procedió

salario

del

a

Juez

Acevedo Hernández hasta que concluyera el procedimiento

disciplinario. Véase In re Acevedo Hernández, 191 DPR 663

(2014).1

Acto

seguido,

este

Tribunal

ordenó

presentar

las

querellas correspondientes ante la Comisión de Disciplina

Judicial

1

(Comisión).

La

Querella

AD-2014-1

está

Es importante recalcar que, en asuntos que

involucran imputaciones de corrupción en el ámbito del

ejercicio de la función judicial, es imperativo que este

Tribunal ejerza su poder disciplinario con la mayor

premura, diligencia y rapidez posible. Esto, dado que,

mientras más tiempo transcurre entre la infracción y la

acción, más se mancilla, irremisiblemente, la figura del

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

7

relacionada con el incidente del 5 de abril de 2013 y la

Querella AD-2014-2 concierne los hechos que dieron lugar

al eventual arresto del magistrado por las autoridades

federales. Ambas querellas fueron debidamente notificadas

al Juez Acevedo Hernández. Los cargos presentados son los

siguientes:

Querella AD-2014-1:

Primer Cargo: El Hon. Manuel Acevedo

Hernández incurrió en conducta impropia e

incompatible

con

los

deberes

y

responsabilidades

del

cargo

judicial

que

ostenta, al hacer referencia a su posición en

la Judicatura y solicitarle al oficial de la

Policía de Puerto Rico un trato favorable

hacia un tercero, quien fue detenido por

conducir un vehículo de motor a exceso de

velocidad y bajo los efectos de bebidas

embriagantes. Al así actuar, el juez utilizó

el prestigio y la confianza que le confiere el

cargo judicial para influir en el ánimo de un

oficial del orden público con el fin de que no

se sometiera al detenido al procedimiento de

rigor como consecuencia de su infracción a la

Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico,

Ley

Núm.

22-2000,

según

enmendada,

infringiendo así los Cánones 1, 23 y 30 de

Ética Judicial, además, del Canon 38 de Ética

Profesional.

Segundo Cargo: El Hon. Manuel Acevedo

Hernández exhibió, el 5 de abril de 2013,

conducta contraria a las normas éticas que

requieren que sus actuaciones promuevan la

confianza en el sistema judicial del País,

además, honren y exalten la integridad de su

profesión. Al viajar como pasajero en un

vehículo que iba conducido a exceso de

velocidad por un gestor o empleado del Sr.

Lutgardo Acevedo López, a los nueve (9) días

de haber absuelto a este último tras presidir

un procedimiento criminal en su contra, el

juez Acevedo hizo total abstracción de tales

deberes. Su proceder arroj[ó] dudas sobre su

______________________________

juez razonable, ecuánime, honesto e imparcial en la que

se cimenta nuestro sistema de justicia.

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

capacidad para haber adjudicado el caso contra

el señor Acevedo López con [parcialidad] -y

constituyó una crasa imprudencia, tanto en el

ámbito de su vida privada, como en el

profesional, en contravención a lo dispuesto

en el Canon 23 de Ética Judicial y 38 de Ética

Profesional.

Querella AD-2014-2:

Primer Cargo: El Hon. Manuel Acevedo

Hernández

comprometió

su

criterio

e

independencia,

tras

acordar,

solicitar

y

aceptar dinero, favores bienes y/o servicios

para sí y sus familiares a través del Sr.

Ángel Román Badillo, intermediario del Sr.

Lutgardo Acevedo López, en el entendido de que

tal remuneración habría de influir en el

descargo

de

sus

funciones.

En

tales

circunstancias,

el

Juez

evadió

su

responsabilidad

de

respetar

y

adherirse

fielmente a las leyes y a los Cánones, al

utilizar el prestigio y la autoridad que le

confiere el cargo judicial para su beneficio

personal a cambio de proveerle un trato

favorable al acusado Acevedo López. Con su

proceder, el Querellado laceró y menoscabó los

principios cardinales de la independencia

judicial,

pilar

fundamental

de

nuestra

sociedad democrática, así como la confianza en

la administración de la justicia y el honor de

la profesión legal. De esa forma, infringió

los Cánones 1, 2, 8, 11, 12, 14, 20, 23, 35 y

36 de Ética Judicial, así como los Cánones 35

y 38 de Ética Profesional.

Segundo Cargo: El Querellado lesionó la

imagen de la Rama Judicial tras aceptar

dinero, favores, bienes, regalos y/o servicios

para sí y/o sus familiares a través de Román

Badillo,

intermediario

de

Acevedo

López,

irrespectivo de si dicho acuerdo influyera o

no en sus determinaciones judiciales. Al así

hacerlo, el Querellado infringió los Cánones

1, 23, 35, y 36 de Ética Judicial.

Tercer Cargo: El Querellado lesionó la

imagen de la Rama Judicial y socavó la

integridad e imagen de la Judicatura al

sostener comunicaciones ex parte con Román

Badillo como intermediario de Acevedo López

y/o con Acevedo López u otros terceros que

participaron en el acuerdo para lograr un

8

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

9

trato

preferente

y/o

una

determinación

favorable para Acevedo López en el caso

criminal que estaba ante la consideración del

Querellado, en contravención al Canon 12 de

Ética Judicial.

Cuarto

Cargo:

Las

actuaciones

y

el

comportamiento público del Querellado, al dar

la

impresión

de

haber

comprometido

su

imparcialidad y haber utilizado el prestigio

que le confiere el cargo para su beneficio

personal, lesionaron la imagen de la Rama

Judicial y socavaron la imagen pública de la

Judicatura en contravención a los Cánones 1,

14 y 23 de Ética Judicial.

En respuesta, el Juez Acevedo Hernández solicitó la

paralización del procedimiento disciplinario. Fundamentó

su petición en que tales hechos estaban ventilándose

ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para

el Distrito de Puerto Rico. La Directora de la OAT se

opuso

enérgicamente

por

entender

que

el

proceso

disciplinario es independiente del proceso criminal.

Ponderadas las posturas de las partes, la Comisión

ordenó

al

querellas.

Juez

Acevedo

Hernández

contestar

las

Al así proceder, advirtió al togado que no

hacerlo equivaldría a su anuencia a continuar el proceso

sin el beneficio de su comparecencia.

Tras varios trámites incidentales, el Juez Acevedo

Hernández

contestó

la

Querella

AD-2014-1.

Específicamente, indicó que su intervención durante la

detención del señor Román Badillo se limitó a preguntar

por qué se había detenido a la persona, ya que no pensó

que estuviera conduciendo en estado de embriaguez. En

cuanto

a

la

Querella

AD-2014-2,

el

togado

declinó

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

contestarla

procesos

por

10

entender

criminales

en

que

su

estaba

contra.

ligada

Luego,

a

el

los

3

de

noviembre de 2014, las Querellas fueron consolidadas.

La

Comisión

procedimientos

y

reiteró

pautó

que

una

continuaría

vista

con

los

evidenciaria.

No

obstante, los procesos fueron pospuestos por razón de

que

coincidían

con

el

juicio

criminal

ante

el

foro

federal. En el ínterin, el 20 de enero de 2015 el Juez

Acevedo Hernández fue encontrado culpable de los delitos

de

soborno

y

conspiración

por

el

foro

federal.

Finalizado el proceso federal, la Comisión señaló una

vista sobre el estado de los procedimientos.

Por su parte, la Directora de la OAT compareció

ante la Comisión y solicitó la separación inmediata del

Juez Acevedo Hernández de la profesión de abogado, así

como

su

destitución

como

juez.

Expuso

que

se

podía

disponer del asunto sin necesidad de trámite ulterior.

Ello, pues la convicción es por delitos que implican

depravación moral y lesionan la imagen de la Judicatura

y la confianza del público general. La Directora de la

OAT manifestó que la prueba desfilada demostró, con un

quantum de prueba mayor, que el Juez Acevedo Hernández

comprometió

su

independencia

judicial

al

aceptar

favores, cenas, regalos y servicios con el entendido de

que ello influiría en la determinación del juicio que

presidía en contra del señor Acevedo López, a tal grado

que le solicitó sus influencias para lograr ser nombrado

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

como

Juez

del

Tribunal

11

de

Apelaciones.

A

su

vez,

solicitó que se enmendara la Querella AD-2014-2 para

incluir un cargo adicional relacionado con la convicción

del magistrado. Acompañó con su solicitud el veredicto

de

culpabilidad

y

transcripciones

de

los

testimonios

vertidos en el foro federal.

A días de la vista señalada por la Comisión, el

Juez Acevedo Hernández solicitó que se le permitiera

contratar

nueva

representación

legal.

Expresó

que

no

deseaba comparecer hasta agotar los remedios legales y

procedimientos apelativos en el caso criminal ante el

foro federal. La Comisión no suspendió la vista señalada

y atendió los planteamientos de las partes.

A la vista señalada comparecieron todas las partes

debidamente representadas. Tras escuchar las posturas de

éstas,

la

Comisión

decidió

declarar

no

ha

lugar

la

solicitud de renuncia de representación legal. Además,

ordenó a las partes mostrar causa por la cual no debía

acogerse la solicitud de la Directora de la OAT para

disponer del caso con la prueba presentada, señaló la

correspondiente vista evidenciaria y permitió incluir el

cargo adicional a la querella. Éste lee como sigue:

Quinto Cargo:

El 20 de enero de 2015, un Jurado Federal

emitió un veredicto de culpabilidad contra el

Querellado tras encontrar probada la comisión

de los delitos de conspiración y soborno;

ello, al Querellado solicitar, aceptar y

recibir beneficios, favores y regalos a cambio

de beneficiar a Acevedo López en el juicio

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

12

criminal que presidió. Tal convicción lesiona

la imagen de la Rama Judicial, mancilla la

estima pública en la Judicatura y refleja

claramente que el Querellado hizo total

abstracción de los objetivos consagrados en

los Cánones de Ética Judicial a los efectos de

que los jueces y juezas no están por encima de

la ley y son los primeros llamados a

respetarla y cumplirla. De esta forma, el

Querellado infringió los Cánones 1 y 23 de los

de Ética Judicial, así como los Cánones 35 y

38 de Ética Profesional.

En

cumplimiento

con

la

orden,

el

Juez

Acevedo

Hernández no disputó el hecho de que recayó un veredicto

de

culpabilidad

soborno.

En

por

los

delitos

consecuencia,

de

manifestó

conspiración

que

procedía

y

su

suspensión provisional de la abogacía hasta tanto la

sentencia fuere final y firme. Empero, se opuso a que

las transcripciones de los procesos ante el foro federal

se acogieran como prueba.

Entrabada la controversia, y conforme surge de la

Minuta de los procedimientos, el Juez Acevedo Hernández

se allanó a que procedía la suspensión de la abogacía

por razón del delito por el cual fue hallado culpable y,

además, manifestó que no tenía reparo a la admisibilidad

de

documentos,

siempre

y

cuando

se

presentara

la

totalidad de la transcripción del juicio criminal. Así

las cosas, la Comisión señaló fecha para la celebración

de la vista evidenciaria, ordenó la presentación de la

totalidad de la transcripción del juicio llevado a cabo

en el foro federal y concedió un término para que las

partes se expresaran en torno a ésta. Transcurrido ese

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

plazo,

se

entendería

13

el

caso

sometido

para

su

disposición final.

Las

partes

cumplieron

con

lo

ordenado.

En

lo

pertinente, el Juez Acevedo Hernández expresó que los

delitos graves por los cuales fue convicto “son causa

para

que

se

le

suspenda

provisionalmente

de

la

abogacía”2 y solicitó que el procedimiento se disponga a

base

de

ello.

En

cuanto

a

las

transcripciones

presentadas, el querellado manifestó que la “Comisión

puede

estudiarlos

y

tomar

la

decisión

que

entienda

en

mes

de

junio

de

2015,

criminal

por

el

foro

procedente”.3

Posteriormente,

dictó

la

sentencia

el

se

federal

imponiéndole al Juez Acevedo Hernández pena de reclusión

de 5 años por el delito de conspiración y 10 años por el

de aceptar soborno.4 Luego de su excarcelación, estará

en libertad supervisada por un periodo de 3 años por

cada

cargo.

Todas

las

penas

deberán

ser

cumplidas

concurrentemente. Asimismo, se le impusieron 240 horas

Véase, Moción en Cumplimiento de Orden de 12 de

junio de 2015.

2

3

Íd.

4

Por su parte, el señor Román Badillo llegó a un

acuerdo con la fiscalía federal para colaborar con su

testimonio, por lo que se declaró culpable de los cargos

de conspiración y soborno que le fueron imputados con el

fin de reducir la pena que le sería impuesta. Asimismo,

el señor Acevedo López se declaró culpable ante el foro

federal tras aceptar que pagó más de $50,000, hizo

regalos y favores al Juez Acevedo Hernández a cambio de

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

14

de servicio comunitario y se le ordenó pagar una pena de

$100 por cada cargo.

Finalmente, el 21 de julio de 2015, la Comisión

rindió su informe, el cual advino final. En éste, señaló

que la prueba presentada, a la que no se opuso el Juez

Acevedo Hernández, demuestra que aceptó regalos, cenas,

bebidas, servicios de transportación, pagos de deudas

contributivas con el Departamento de Hacienda, mejoras a

un

garaje

de

su

residencia,

ropa,

yuntas,

relojes,

motora y otros objetos de valor, de parte del señor

Acevedo López por conducto de su intermediario, el señor

Román

Badillo.

utilizaba

el

Para

dinero

ello,

el

que

señor

el

señor

Román

Acevedo

Badillo

López

le

depositaba en sus cuentas bancarias. Tales actuaciones

fueron parte de un esquema para que el Juez Acevedo

Hernández emitiera una determinación favorable al señor

Acevedo López en el caso criminal en su contra que el

magistrado presidía.

La Comisión expuso que los testimonios vertidos en

el

juicio

federal

demuestran

que

el

Juez

Acevedo

Hernández aceptó ofrecer un trato favorable al señor

Acevedo López a cambio de lograr un ascenso como Juez

del Tribunal de Apelaciones y conseguir trabajo para su

hermano y un sobrino en dependencias gubernamentales.

Como parte del esquema, el Juez Acevedo Hernández revisó

______________________________

que lo absolviera del caso criminal que el magistrado

presidía en su contra.

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

15

borradores de mociones a ser presentadas en la defensa

del señor Acevedo López, visitó el lugar donde ocurrió

el

accidente

e

hizo

recomendaciones

en

cuanto

a

la

estrategia de litigo a favor del acusado.5

De igual forma, la Comisión enfatizó que no existe

duda de que el señor Román Badillo le brindó servicio de

transportación al Juez Acevedo Hernández a pocos días de

que

éste

emitiera

el

veredicto

de

no

culpabilidad

a

favor del señor Acevedo López. Durante ese trayecto,

agentes

del

orden

público

detuvieron

al

señor

Román

Badillo por conducir a exceso de velocidad y en aparente

estado

de

embriaguez.

Durante

la

detención,

el

Juez

Acevedo Hernández intentó intervenir con el propósito de

disuadir

para

que

no

se

presentara

una

acusación

de

delito contra el señor Román Badillo.

A

la

luz

de

tales

determinaciones,

la

Comisión

recomendó la destitución del Juez Acevedo Hernández. Sin

embargo,

entendió

que

para

la

imposición

de

medidas

disciplinarias por violación a la ley, los Cánones de

Ética

Judicial

y

los

Cánones

del

Código

de

Ética

Profesional, o a la reglamentación administrativa,

debe

haber una determinación final por un foro competente. La

Comisión

expone

que,

convicción, lo ideal

5

en

sería

los

casos

en

que

haya

una

esperar

que

la

sentencia

Parte de las acciones que hizo el Juez Acevedo

Hernández consisten en recomendar la contratación de un

perito, verificar informes de llamadas y solicitar la

devolución del vehículo confiscado.

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

impuesta

sea

final

y

16

firme

antes

de

proceder

a

la

destitución del magistrado.

No obstante, la Comisión reconoce que las reglas de

disciplina judicial no contienen una disposición a estos

efectos

y

tampoco

existe

un

estatuto

que

ordene

la

destitución del magistrado. Ello, a diferencia de lo que

ocurre en los casos del desaforo o suspensión de un

abogado o abogada. De esta manera considera que, para

imponer

una

medida

disciplinaria

definitiva,

como

consecuencia de la convicción a nivel federal, sería

conveniente esperar a que concluya el trámite apelativo

para que la sentencia advenga final y firme.

Examinemos,

en

primer

término,

si

la

acción

disciplinaria que nos ocupa amerita supeditarse a los

procesos ajenos a nuestra Rama.

II

La Constitución de Puerto Rico, Art. V, Sec. 11,

Const. de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1, confiere autoridad

exclusiva a este Tribunal para atender procedimientos

disciplinarios relacionados con los jueces y juezas del

Tribunal

de

Primera

Instancia

y

del

Tribunal

de

Apelaciones. Esta facultad debe ser ejercitada siempre

con gran celo. In re Cancio González, 190 DPR 290, 298

(2012). Para llevar a cabo esa función, aprobamos los

Cánones de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV–B, que dirigen

la conducta de los jueces y juezas del Sistema Judicial.

In re Quiñones Artau, res. 29 de junio de 2015, 2015

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

TSPR

84,

193

DPR

17

___(2015).

Éstos

constituyen

unas

normas mínimas de conducta que rigen la Judicatura. In

re Birriel Cardona, 184 DPR 301, 306-307 (2012); In re

Claverol Siaca, 175 DPR 177, 188 (2009).

Desde su preámbulo, los Cánones de Ética Judicial

reconocen

obligan

la

a

importancia

los

responsabilidad

jueces

de

de

y

la

función

juezas

al

imponerse

judicial

y

compromiso

y

restricciones

a

su

conducta, tanto en la esfera de sus funciones judiciales

como en otras actividades profesionales y personales.

Íd.; In re Berríos Jiménez, 180 DPR 474 (2010); In re

Nevárez Zavala, 123 DPR 511, 524 (1989). Así, la vida

jurídica

es

una

de

sacrificios

tanto

en

la

esfera

pública como la privada de forma tal que se enaltezca la

integridad e independencia de la Judicatura.

La disposición para ocupar el cargo de juez o jueza

exige que tal conducta sea una ejemplar en todo momento,

dentro

y

fuera

del

tribunal.

La

importancia

de

ello

estriba en que “el comportamiento de los miembros de la

Judicatura constituye uno de los pilares en los que se

cimenta

el

Sistema

Judicial.

Por

ello,

se

exige

una

conducta intachable para que éstos sirvan de ejemplo y

fomenten el respeto y la confianza del Pueblo en el

Sistema Judicial”. In re Cancio González, supra, pág.

297. Ante tal realidad, hemos advertido que los jueces y

juezas deben conducirse éticamente tanto en el ejercicio

de las prerrogativas de sus cargos como en sus vidas

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

18

privadas. In re Ramos Mercado, 170 DPR 363, 392 (2007)

citando a In re González Acevedo, 165 DPR 81 (2005); In

re Ortiz Rivera, 163 DPR 530 (2004). Ello también cobija

la apariencia de la conducta del juez o jueza, quien no

tan

sólo

debe

ser

íntegro,

sino

que

también

debe

parecerlo para evitar que se susciten legítimas dudas de

cómo cumple su servicio judicial. In re Ramos Mercado,

supra, págs. 392-393 citando a la Exposición de Motivos,

Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, Cumbre

Judicial

Iberoamericana,

2006,

pág.

3

(http://www.jusformosa.gov.ar/info/codiberoamericano2008

.pdf).

El cargo de juez o jueza de la Rama Judicial es uno

de loable envergadura. De esta forma, quien lo ostenta

debe cumplir y representar altos valores éticos, pues su

función

consiste

en

proteger

los

derechos

de

los

ciudadanos. Su hábito debe ser uno intachable que sirva

de

ejemplo

y

fomente

el

respeto

y

la

confianza

del

pueblo en el Sistema Judicial. In re Claverol Siaca,

supra, pág. 188. Es la confianza de los ciudadanos lo

realmente

esencial

para

el

funcionamiento

y

la

efectividad de los tribunales, porque es el respeto que

la gente tenga a las instituciones judiciales lo que

brinda a éstas fuerza y autoridad. Cualquier conducta

que pueda lacerar la credibilidad que existe sobre el

Poder

Judicial

marchita

y

empaña

la

investidura

de

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

19

aquellos y aquellas que honran día a día los postulados

de la independencia judicial.

Cónsono

con

ello,

la

Ley

de

la

Judicatura

del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm.

201-2003 (4 LPRA sec. 24 et seq.) dispone en su Art.

6.001 las medidas disciplinarias a las que están sujetos

los

miembros

de

la

Judicatura

cuando

incurran

en

violaciones a la ley, a los Cánones de Ética Judicial, a

los

Cánones

del

Código

de

Ética

Profesional

o

a

la

reglamentación administrativa aplicable, o cuando éste o

ésta

manifieste

negligencia

crasa,

inhabilidad

o

incompetencia profesional en el desempeño de sus deberes

judiciales.

4

LPRA

sec.

25i.

Entre

las

medidas

disciplinarias a imponerse, la Ley Núm. 201 destaca la

destitución del cargo, la suspensión de empleo y sueldo,

limitaciones al ejercicio de la abogacía, incluyendo el

desaforo,

la

censura,

amonestación

y

cualquier

otra

medida remediativa. 24 LPRA sec. 25j.

En

contra

aras

de

jueces

o

Disciplina

implementar

el

juezas

aprobaron

Judicial,

4

se

LPRA

proceso

Ap.

disciplinario

las

XV-B.

Reglas

Este

de

cuerpo

normativo dispone el proceso a seguir concerniente a la

acción disciplinaria de alguno de los miembros de la

Rama

Judicial

judicatura

la

garantizando

justa

y

a

pronta

la

ciudadanía

y

a

la

consideración

de

todo

asunto presentado y el debido proceso de ley. 4 LPRA Ap.

XV-B, R. 2.

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

En

apretada

20

síntesis,

el

proceso

disciplinario

comienza con la presentación de una queja juramentada

ante la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de

Administración de los Tribunales o a iniciativa del Juez

Presidente o Jueza Presidenta, un Juez Asociado o Jueza

Asociada, el Director o Directora de la OAT.6 Luego, y

de entenderlo necesario, procede una investigación en la

que

se

rinde

un

informe

que

será

evaluado

por

una

Comisión para determinar si existe o no causa probable

para

presentar

recomendación

para

una

querella

imponer

medidas

y

cualquier

otra

provisionales.7

El

Juez Presidente o la Jueza Presidenta podrá suspender de

sueldo a un magistrado si es que se ha presentado una

acusación en su contra por la comisión de un delito. De

existir causa probable, se ordenará la presentación de

la querella y su debida notificación.8 El juez o jueza

objeto del proceso deberá contestar la querella dentro

del término que se le provee para ello, si no lo hace

los cargos se considerarán negados.9 Después comienza un

proceso

de

descubrimiento

de

prueba

con

el

fin

de

celebrar una vista evidenciaria.10 Posterior a tal vista,

la Comisión emitirá un informe con su recomendación. Una

6

4 LPRA Ap. XV-B, R. 5.

7

4 LPRA Ap. XV-B, R. 8 y 13.

8

4 LPRA Ap. XV-B, R. 14.

9

4 LPRA Ap. XV-B, R. 18.

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

21

vez ésta advenga final, el caso queda sometido para la

decisión final del Tribunal.11

El proceso disciplinario es de tal envergadura que

incluso

la

renuncia

o

la

expiración

del

término

del

nombramiento del juez o la jueza querellada no impiden

que continúe el procedimiento en su contra a tal grado

que

se

pueden

violación

al

recomendar

Código

de

medidas

Ética

disciplinarias

Profesional.12

por

Asimismo,

este Tribunal tiene la potestad de determinar el trámite

a seguir en aquellas circunstancias no contempladas por

el reglamento, de forma que se garantice el cumplimiento

de los propósitos que inspiran la reglamentación y los

derechos del juez o la jueza, del promovente y la sana

administración de la justicia.13

Por otra parte, la acción disciplinaria no está

supeditada a ningún otro proceso. Ésta es independiente

a las acciones civiles o criminales que puedan surgir de

los mismos hechos. In re De la Texera Barnes, 165 DPR

526, 534 (2005); In re Deynes Soto, 164 DPR 327, 337

(2005). El proceso disciplinario no está subordinado a

resultado

alguno

en

criminal,

pues

corrección

la

otra

esfera,

ética

ya

sea

civil

o

no

constituye

un

castigo sino que persigue proteger al público y a la

______________________________

10

4 LPRA Ap. XV-B, R. 21.

11

4 LPRA Ap. XV-B, R. 30.

12

4 LPRA Ap. XV-B, R. 33.

13

4 LPRA Ap. XV-B, R. 34.

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

profesión

legal

22

mediante

una

investigación

de

las

condiciones morales del querellado para determinar si

puede

continuar

ejerciendo

el

cargo.

Véanse:

In

re

García Aguirre, 175 DPR 433, 441 (2009); In re Olivera

Mariani, 173 DPR 498 (2008); In re Barreto Ríos, 157 DPR

352, 356 (2002); In re Liceaga, 82 DPR 252 (1961).

De

igual

forma,

y

dada

la

independencia

de

los

procesos, es importante destacar que la Comisión carece

de autoridad para adjudicar si la persona querellada

cometió un delito. Su rol se restringe a evaluar la

prueba para determinar si ha habido una violación a los

Cánones de Ética Judicial. Como corolario, la Comisión

se limita a escudriñar si el juez o la jueza incurrió en

conducta proscrita por los cánones. Sin embargo, por el

diverso

alcance

determinación

del

no

peso

probatorio

constituye

una

requerido,

adjudicación

esa

de

la

posible responsabilidad penal de un querellado. In re

Ramos

Mercado,

supra,

págs.

401-402.

Claro

está,

posiblemente bastaría la convicción criminal de un juez

o una jueza para concluir que éste o ésta ha incurrido

en

una

Empero,

violación

la

necesariamente

a

los

absolución

implica

el

Cánones

de

de

proceso

no

un

Ética

Judicial.

penal

quebrantamiento

de

no

las

normas éticas. Íd. Mucho menos, la medida disciplinaria

está atada al resultado del proceso penal. Véase In re

Soto López, 135 DPR 642, 646 (1994).

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

En

la

encomienda

moral,

la

Comisión

de

23

determinar

realiza

la

una

transgresión

importante

función

de

aquilatar la prueba para formular las determinaciones de

hechos, conclusiones de derecho y recomendaciones que

estime pertinentes. In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 253

(2006). Así, las determinaciones de hechos que realice

merecen

nuestra

deferencia.

Íd.,

pág.

278;

In

re

Saavedra Serrano, 165 DPR 817, 829 (2005). Empero, ello

no supone una abdicación de este Tribunal para aplicar

la acción disciplinaria que estime adecuada, por lo que

es un precedente arraigado el que no estamos obligados a

aceptar

las

recomendaciones

de

la

Comisión

sobre

la

querella disciplinaria. In re Sierra Enríquez, 185 DPR

830, 853 (2012); In re Muñoz, Morell, 182 DPR 738, 749–

750 (2011); In re Hon. Maldonado Torres, 152 DPR 858,

869 (2000).

Para

aquilate

lograr

la

ese

prueba

a

ejercicio,

se

requiere

la

la

carga

luz

de

que

se

probatoria

aplicable, es decir, la prueba debe ser clara, robusta y

convincente. 4 LPRA XV-B, R. 25. Véanse, además: In re

Ruiz Rivera, supra, pág. 253; In re Rodríguez Mercado,

165 DPR 630, 641 (2005). Tal carga probatoria es mucho

más sólida que la preponderancia de la evidencia, pero

menos

rigurosa

que

la

prueba

más

allá

de

toda

duda

razonable que permea el proceso penal. La prueba clara,

robusta y convincente es una prueba que produce en un

juzgador de hechos una convicción duradera de que las

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

contenciones

fácticas

24

son

altamente

probables.

In

re

Irizarry Rodríguez, res. 26 de agosto de 2015, 2015 TSPR

117, 193 DPR ___ (2015); In re Rodríguez Mercado, supra,

pág. 641.

III

En las querellas consolidadas que nos ocupan, se

imputa al Juez Acevedo Hernández el quebrantamiento de

varios Cánones de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B. En

específico,

Canon

1

respetar

infringir

los

que

impone

a

y

cumplir

las

siguientes

los

cánones:

magistrados

leyes

y

ser

el

(1)

el

deber

de

fieles

a

su

juramento; (2) el Canon 2 que recalca que los jueces

ejemplificarán su independencia judicial, tanto en sus

aspectos

individuales

como

constitucionales;

(3)

el

Canon 8 que exige que ejerzan sus funciones de forma

independiente,

libre

de

cualquier

influencia

ajena

excluyendo la posible apariencia de que son susceptibles

de actuar por influencias de personas o por motivaciones

impropias; (4) el Canon 11 que impone a los magistrados

y

magistradas

el

que

se

abstengan

de

unirse

en

solidaridad con cualesquiera de las partes y prohíbe que

realicen

gestiones

que

constituyan

intervenciones

indebidas con la prueba, testigos o cualquier aspecto

del proceso judicial; (5) el Canon 12 que proscribe la

comunicación privada de los jueces y las juezas con las

partes o sus representantes legales e impide que éstas

influyan

la

actuación

judicial

en

asuntos

de

su

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

25

competencia o bajo su consideración; (6) el Canon 14 que

rige los postulados del proceder de los jueces y juezas

durante los procedimientos judiciales; (7) el Canon 20

que limita la actuación de los jueces y juezas en casos

en los que tengan o puedan tener prejuicio o parcialidad

hacia alguna de las partes, interés personal o económico

en el resultado del caso, por cualquier causa que pueda

razonablemente arrojar dudas sobre su imparcialidad para

adjudicar o que tienda a minar la confianza pública en

el sistema de justicia. Además, requiere que en estos

casos los jueces y juezas se inhiban tan pronto conozcan

que así procede.

De igual forma, se imputó la violación al Canon 23

que intima el deber general de los jueces y juezas sobre

cómo comportarse públicamente para que sus actuaciones

no

provoquen

duda

sobre

su

capacidad

para

adjudicar

imparcialmente las controversias judiciales. Asimismo,

el Canon 23 requiere que sus actuaciones no deshonren el

cargo judicial ni interfieran el cabal desempeño de sus

funciones

judiciales.

A

su

vez,

se

denunció

inobservancia al Canon 30 que veda a los jueces y juezas

de incurrir en conducta o actuación que dé la impresión

de que ejercen o pretenden ejercer influencia indebida

en el descargo de sus funciones judiciales. También, se

imputó violación al Canon 35 que impide a los jueces y

juezas aceptar regalos, legados, favores o préstamos de

persona alguna; y el Canon 36 que prohíbe el que un juez

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

26

o jueza utilice el prestigio de su cargo para obtener

beneficios personales o fomentar el éxito de negocios o

actividades

comerciales

económicas

personales

o

familiares. Igualmente, el Canon 36 que proscribe que un

juez

o

jueza

intervenga

en

pleitos

cuyo

resultado

pudiera afectar sustancialmente un interés personal o

familiar. Asimismo, deben actuar con cautela y prudencia

para

evitar

la

apariencia

de

conducta

impropia

o

la

sospecha razonable de que utilizan su cargo o prestigio

para su beneficio personal o el de otras personas.

Los

cánones

imputados

y

social

que

moral

responden

conlleva

el

a

la

obligación

ministerio

de

la

Judicatura. Custodian la importancia de la imparcialidad

y la apariencia de ésta en el ejercicio de las funciones

judiciales. In re Ramos Mercado, supra, págs. 404-405.

Su conducta debe honrar la integridad e independencia de

su ministerio. In re Martínez González, 151 DPR 519, 527

(2000).

En los jueces y juezas se consagra el interés de

que

el

deber

judicial

trascienda

la

función

de

administrar e interpretar la ley. La figura del juez o

de la jueza requiere que se enaltezca la independencia

judicial como garantía de justicia. Para ello, les está

vedada

la

intervención

en

las

causas

judiciales

de

cualquier manera, ya sea a favor de una parte ante su

sala

o

en

terceros.

el

Su

beneficio

función

propio

debe

del

estar

magistrado

siempre

o

de

libre

de

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

27

intervenciones parcializadas que puedan influir en el

caso o minar la confianza en los tribunales.

Un juez o jueza que otorga una ventaja indebida a

alguna parte dentro del proceso judicial actúa en contra

del

debido

proceso

de

ley.

In

re

Aprobación

Cánones

Ética 2005, 164 DPR 403, 424 (2005). Por ello, resulta

una práctica proscrita el que un juez o jueza sostenga

comunicaciones

privadas

representantes

legales

con

que

las

partes

pretendan

o

sus

influir

su

actuación judicial en asuntos de la competencia o bajo

la jurisdicción del magistrado en ausencia de que los

otros intereses no estén representados. El juez o jueza

debe ser imparcial, por ello debe despojarse de todo

vínculo que pueda arrojar dudas sobre su capacidad para

adjudicar la controversia. In re Grau Acosta, 172 DPR

159, 171 (2007); In re Martínez González, supra, pág.

531.

Al juez o la jueza se le exige que responsablemente

se inhiba oportunamente para proteger la legitimidad de

sus actuaciones y la confianza de la ciudadanía en la

Judicatura. In re Ramos Mercado, supra, págs. 404-405.

Por

ello,

obligación

como

de

expresamos,

inhibirse

en

el

Canon

casos

en

20

impone

donde

haya

la

un

interés personal o económico, prejuicio o parcialidad

hacia

las

partes

y

por

cualquier

causa

que

pueda

razonablemente arrojar dudas sobre su imparcialidad.

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

De

igual

forma,

28

el

Canon

23

requiere

que

el

comportamiento de los jueces y las juezas en público no

ponga

en

duda

su

capacidad

para

ejercer

su

función

adjudicativa de forma imparcial. Este canon va dirigido

a que el comportamiento dentro y fuera del tribunal sea

uno de respeto y enaltezca el cargo judicial. In re

Aprobación Cánones Ética 2005, supra, pág. 445.

IV

En el caso de autos, la prueba presentada y no

objetada

consistió

en

criminal

federal.

Véase

supra,

pág.

534.

la

transcripción

In

re

De

Examinados

los

la

del

proceso

Texera

Barnes,

testimonios

allí

vertidos, coincidimos con las determinaciones de hechos

recogidas en el informe de la Comisión.

Sin lugar a dudas, la prueba presentada es clara,

robusta y convincente para establecer, sin reservas, que

el

Juez

testimonio

Acevedo

vertido

Hernández

deshonró

por

señor

el

la

Román

toga.

El

Badillo

es

contundente en cuanto al esquema realizado conjuntamente

con el señor Acevedo López para que éste saliera airoso

del proceso penal que presidía el magistrado.

La prueba presentada revela que desde noviembre de

2012

hubo

un

contubernio

para

que

el

Juez

Acevedo

Hernández fallara a favor del señor Acevedo López en la

adjudicación criminal. A cambio de ello, el Juez Acevedo

Hernández se reunió en varias ocasiones con el señor

Román

Badillo,

disfrutó

de

cenas,

regalos,

relojes,

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

29

yuntas, motora, pagos de contribuciones y pagos para

remodelar

su

hogar.

Asimismo,

solicitó

que

se

interviniera para lograr su nombramiento en el Tribunal

de Apelaciones y conseguirle empleo a dos familiares.

Para lograr tal encomienda, el Juez Acevedo Hernández

compareció

a

eventos

públicos

y

restaurantes

con

el

gestor del señor Acevedo López. Igualmente, y mientras

se dilucidaba el proceso criminal, delegó en el señor

Román Badillo la compra de materiales para arreglos a su

garaje.

La participación del Juez Acevedo Hernández fue una

activa.

Éste

revisó

borradores

de

mociones

a

ser

presentadas por la defensa del señor Acevedo López y

visitó el lugar donde ocurrió el accidente con el fin de

hacer recomendaciones a la estrategia de litigio, tales

como

la

llamadas

contratación

y

la

de

peritos,

solicitud

de

la

verificación

devolución

del

de

vehículo

confiscado.

No tan sólo el Juez Acevedo Hernández incurrió en

estas prácticas, sino que su osadía llegó al grado de

comparecer públicamente a distintas actividades, fiestas

y

cenas

acompañado

con

el

gestor

de

un

imputado

de

delito en un caso que él presidía. Su procacidad fue a

tal nivel que a días de exonerar al señor Acevedo López

era

transportado

por

el

señor

Román

Badillo

a

un

seminario judicial. Durante el viaje de regreso cenó con

el señor Román Badillo e ingirió bebidas alcohólicas.

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

Ello

dio

detenido

lugar

por

a

30

que

el

señor

Román

conducir

a

exceso

de

Badillo

velocidad

fuera

y

en

aparente estado de embriaguez. Como si fuera poco, el

Juez Acevedo Hernández se atrevió a inquirir en torno a

la detención por agentes del orden público del señor

Román Badillo y a solicitar concesiones a favor de éste.

El

prestigio

del

cargo

no

es

razón

para

reclamar

privilegios y subvertir los procesos regulares. In re

Ramos Mercado, supra, págs. 396-397. Es la obligación

del juez o jueza evitar crear incluso la apariencia de

que utiliza su título como instrumento de intimidación o

para imprimir mayor peso a sus reclamos. In re Gaetán y

Mejías, 180 DPR 846, 859 (2011).

Ciertamente,

reflejan,

sin

convincente

a

Hernández

las

transcripciones

ambages,

los

violó

prueba

efectos

los

más

de

presentadas

clara,

que

el

fundamentales

robusta

Juez

y

Acevedo

principios

de

independencia judicial. Estamos ante unos hechos en los

que el togado solicitó y recibió favores o beneficios

para realizar la función judicial. De esta manera, el

Juez

Acevedo

Hernández

socavó

las

más

elementales

nociones de honestidad y la moral. Con sus actuaciones,

incurrió en una conducta contraria a la justicia, la

honradez y los buenos valores. Es la primera vez que un

juez

es

procesado

criminalmente

por

ser

parte

de

un

esquema para beneficiar a un acusado a cambio de recibir

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

31

bienes y/o servicios para sí o para terceros.14 Ello

constituye una triste página en la historia de la Rama

Judicial.

Las

acciones

desplegadas

por

el

Juez

Acevedo

Hernández no representan a los miembros de la Judicatura

que se conducen de forma digna, íntegra y honrada. Mucho

menos son un reflejo de aquellos que inmolan con su

faena diaria la justicia. La función judicial requiere

que el juez o la jueza conserven en todo su desempeño la

rectitud

de

su

conducta

tanto

dentro

como

fuera

del

tribunal. In re Cruz Aponte, 159 DPR 170, 186 (2003).

Le corresponde a este Tribunal cerciorarse de que

nuestros

jueces

y

juezas

continúen

siendo

ejemplos

idóneos en la expresión constante de su conducta. Véase,

In

re

Martínez

González,

supra,

págs.

530-531.

Los

valores éticos que se les requiere a los jueces y juezas

son más exigentes que para los abogados y abogadas. La

razón estriba en que los jueces y juezas administran la

justicia.

La

convicción

independiente

de

la

del

Juez

acción

Acevedo

Hernández

disciplinaria

ante

es

este

Tribunal. Por tanto, contrario a la recomendación de la

Comisión, no es necesario esperar a que la convicción

criminal sea final y firme. La facultad inherente del

14

En ocasión anterior, se procesó un juez por

soborno, debido a que cobraba por oficiar bodas en horas

en que ejercía su función judicial. Véase In re

Rodríguez Zayas, 151 DPR 532 (2000).

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

poder

disciplinario

de

32

este

Tribunal

no

puede

estar

subordinada a ningún proceso penal o civil y tampoco a

las partes. Este Tribunal puede imponer y no tiene que

posponer la sanción disciplinaria que proceda, una vez

garantizadas las salvaguardas del proceso dispuesto para

ello.

Ciertamente,

el

resultado

penal

constituye

un

agravante adicional, pues no podemos ignorar que una

convicción por soborno y conspiración en el descargo de

sus

funciones

adiciona

un

efecto

perjudicial

a

la

conducta antes esgrimida.15 La convicción por conducta

inmoral

en

sí

misma

ciudadanía

pueda

justicia.

Ese

lesiona

tener

menoscabo

en

no

la

quien

está

confianza

que

se

imparta

supone

sujeto

a

que

la

la

sentencia criminal sea firme. Su repercusión trasciende

el

resultado

final.

Una

vez

mancillada

la

imagen

de

imparcialidad del Juez Acevedo Hernández, o cualquier

otro, éste simplemente carece de la entereza para ocupar

el cargo. Para merecer el respeto de la sociedad y que

se acaten sus decisiones, el juez y la jueza tiene que

ser y proyectarse como ser humano sin tacha. Por ello,

no basta solamente con ser bueno o buena, sino también

parecerlo. No se admiten términos medios. Véase In re

Gaetán y Mejías, supra, págs. 858-859.

15

Más aún, cuando los otros imputados de delitos

hicieron alegación de culpabilidad por los mismos

hechos.

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

33

A la luz de lo expuesto, concluimos sin ambages que

el Juez Acevedo Hernández infringió los Cánones 1, 2, 8,

11,

12,

Judicial.

14,

20,

23,

35

y

36

del

Código

de

Ética

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

34

V

Por

permite

último,

la

la gravedad

destitución

de

la conducta

provisional

del

incurrida

Juez

Acevedo

Hernández de la profesión jurídica. Se ha presentado

copia certificada de la sentencia por delitos graves que

implican depravación moral emitida por el Tribunal de

Distrito

de

los

Estados

Unidos

para

el

Distrito

de

Puerto Rico en contra del Juez Acevedo Hernández. A la

luz de esa realidad, y en multiplicidad de casos, este

Tribunal no ha vacilado en destituir inmediatamente a

los abogados y abogadas del privilegio de ejercer la

profesión jurídica. Véanse: In re Colón Ledée, 190 DPR

51

(2014);

In

re

Martínez

Maldonado,

185

DPR

1085

(2012); In re Arroyo Arroyo, 182 DPR 83 (2011); In re

Castillo

Martínez,

173

DPR

249

(2008);

In

re

Morell

Corrada, 171 DPR 327 (2007).

Empero, el procedimiento disciplinario ante nuestra

consideración incluyó infracciones a los Cánones 35 y 38

del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap IX. A estos

efectos, recordamos que para ostentar el cargo de juez o

jueza es un requisito ser abogado o abogada. Por tanto,

a los jueces y juezas igualmente les aplican las normas

mínimas que rigen la profesión jurídica. De igual forma,

están sujetos al poder inherente de este Tribunal para

reglamentar el ejercicio de la abogacía. In re Colón

Ledée, res. 9 de junio de 2015, 2015 TSPR 198, 193 DPR

___ (2015). En tal facultad, resulta incuestionable el

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

35

que este Tribunal pueda desaforar o suspender aquellos

miembros de la profesión jurídica que no estén aptos

para desempeñar tal ministerio. In re García Suárez, 189

DPR

955,

998

(2013).

El

ejercicio

de

la

autoridad

judicial por el juez o jueza –quien ostenta el cargo

porque es abogado o abogada- no puede relevarle de las

normas básicas de conducta que los valores éticos de su

condición profesional le imponen. In re Gallardo, 81 DPR

19 (1958). Por consiguiente, el cargo que ocupa no puede

servir

de

escudo

para

escapar

las

consecuencias

disciplinarias de su conducta como abogado o abogada.

Íd. Ante ello, el procedimiento disciplinario contenido

en las Reglas de Disciplina Judicial no excluye aquellas

violaciones relacionadas al Código de Ética Profesional.

En

ante

consecuencia,

este

Tribunal,

durante

el

se

imputó

le

proceso

al

disciplinario

Juez

Acevedo

Hernández vulnerar los Cánones 35 y 38 del Código de

Ética Profesional. Éstos sancionan la conducta de un

miembro de la profesión jurídica que no sea honesto y no

exalte el honor y dignidad de su profesión, aunque al

así hacerlo conlleve sacrificios personales. Véase, In

re Santiago Concepción, 189 DPR 378, 404-405 (2013).

En lo que nos concierne, el Canon 35 establece que

la

conducta

de

cualquier

miembro

de

la

profesión

jurídica ante los tribunales, hacia sus representados y

en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y

honrada. La importancia del referido canon consiste en

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

que

la

“verdad

y

la

36

justicia

están

necesariamente

juntas: por lo que sería intrínsecamente contradictorio

administrar la justicia o reclamar su actuación, sin

respetar la verdad”. In re Colton Fontán, 128 DPR 1, 112

(1991) citando a G. Del Vecchio, La obligación jurídica

de la verdad, 11 Rev. Fac. Der. y Ciencias Sociales de

Montevideo 13, 25 (1960). Allí se dispone que no es

sincero

ni

honrado

utilizar

medios

que

sean

inconsecuentes con la verdad y que no se debe inducir al

juzgador a error mediante la utilización de artificios o

de una falsa relación de hechos o del Derecho. Así, se

requiere que todo miembro de la profesión debe cumplir

con los deberes de sinceridad, exaltación del honor y

dignidad de la profesión. En virtud de ello, el abogado

que provee al tribunal información falsa o que no se

ajuste a la verdad, o que oculte información que deba

ser

revelada,

incumple

Nieves,

181

DPRR

abogadas

deben

25,

siempre

con

este

41-42

canon.

(2011).

cumplir

con

In

Los

la

re

Nieves

abogados

verdad.

In

y

re

Salas Arana, 183 DPR 339 (2013). Lo esencial para que se

infrinja el Canon 35 es que se falte a los valores de

honradez y veracidad, pilares de la profesión jurídica.

In

re

Molina

Oliveras,

188

DPR

547,

554

(2013)

(Resolución).

Por su parte, el Canon 38 exige a los abogados y

abogadas

preservar

profesión

que

el

honor

representan,

y

la

dignidad

aunque

ello

de

la

suponga

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

37

sacrificios personales. La función social que ejerce y

la institución que representa, demanda que se desempeñe

con el más alto sentido de responsabilidad profesional y

ética en todas la facetas de su vida. In re Irizarry

Rodríguez,

supra.

desempeñarse

con

aunque

implique

ello

Los

abogados

dignidad

y

alto

sacrificios

y

abogadas

sentido

deben

del

personales

honor,

y

deberá

conducirse de forma digna y honorable tanto en su vida

privada como en el desempeño de su profesión. In re

Quiñones Ayala, 165 DPR 138, 145 (2005).

Cada abogado es un espejo en el que se refleja la

imagen de la profesión. In re Ortiz Brunet, 152 DPR 542,

556 (2000) citando a In re Coll Pujols, 102 DPR 313, 319

(1974). El Canon 38 se infringe con el sólo hecho de que

la actuación del abogado o abogada sea incompatible con

su

deber

y

su

conducta

sea

impropia

afectando

su

independencia profesional frente a otro interés público

o privado. In re Molina Oliveras, supra, pág. 555.

La

incompatibilidad

de

funciones

puede

ser

por

razones de derecho o hecho. In re Corona Muñoz I, 141

DPR

640,

647

(1996).

La

incompatibilidad

de

derecho

presupone una norma legal que prohíbe el ejercicio de la

abogacía y a la vez, otra actividad, función o cargo

mientras que la de hecho se refiere a que los puestos

tienen

conflictos

deberes. Íd.

más

o

menos

permanentes

en

sus

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

38

La prueba clara, robusta y convincente presentada en

este

caso

estableció

que

las

actuaciones

del

Juez

Acevedo Hernández constituyeron también infracciones a

los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional.

Este último en su vertiente del requerimiento de exaltar

el honor y la dignidad de su profesión. El hecho de que

el Juez Acevedo Hernández se desempeñara como magistrado

no le exime del cumplimiento con las normas mínimas que

imperan

en

la

profesión

jurídica.

Mientras

éste

era

juez, fungió y asesoró legalmente al imputado que debía

enjuiciar. Igualmente, intentó influir en el ánimo de un

oficial del orden público a favor de un tercero. Durante

el proceso judicial que presidió, antepuso sus intereses

personales a la búsqueda de la verdad y justicia. Con

sus

actuaciones,

requiere,

socavó

faltó

su

a

la

lealtad

independencia

que

de

su

cargo

criterio

y

entorpeció la búsqueda de la verdad y la justicia en

contravención al honor y dignidad de la profesión.

VI

Como corolario, este Tribunal concluye que el Juez

Acevedo Hernández incurrió en violaciones a los Cánones

1, 2, 8, 11, 12, 14, 20, 23, 30, 35 y 36 de Ética

Judicial y los Cánones 35 y 38 del Código de Ética

Profesional. Ningún juez o jueza de la Rama Judicial

puede escapar a las consecuencias disciplinarias de una

conducta que lacera nuestro sistema de justicia. Basta

con

una

decisión

judicial

fundada

en

motivaciones

AD-2014-1 cons. AD-2014-2

impropias

o

en

39

favoritismo

hacia

un

litigante

o

su

abogado para que proceda la destitución. In re Jackson

Sanabria, 97 DPR 1, 6-7 (1969).

En

vista

inmediatamente

de

al

ello,

Lcdo.

procedemos

Manuel

Acevedo

a

destituir

Hernández

del

cargo de Juez Superior y suspenderlo indefinidamente de

la profesión de la abogacía.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Manuel Acevedo Hernández

AD-2014-1

AD-2014-2

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2015.

Por las razones expuestas en la Opinión Per Curiam

que antecede, la cual se hace formar parte de la

presente Sentencia, se destituye inmediatamente al Lcdo.

Manuel Acevedo Hernández del cargo de Juez Superior y se

suspende indefinidamente de la profesión de la abogacía.

Lo pronunció, manda el Tribunal

Secretaria del Tribunal Supremo.

y

certifica

la

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo