LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Daños y Perjuicios – Ley de Pleitos contra el Estado: momento en que comienza a transcurrir término de 90 días para notificar al Estado en demanda por persecución maliciosa; conducta intencional v. conducta negligente; persecución maliciosa; justa causa para incumplir con requisito de notificación (término estricto cumplimiento)

2015 TSPR 172

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Daños y Perjuicios – Ley de Pleitos contra el Estado: momento en que comienza a transcurrir término de 90 días para notificar al Estado en demanda por persecución maliciosa; conducta intencional v. conducta negligente; persecución maliciosa; justa causa para incumplir con requisito de notificación (término estricto cumplimiento)

CC-2014-245

Toro Rivera v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ángel Toro Rivera y Raymond

Martínez Lozano

Recurridos

v.

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, representado por el

Secretario de Justicia,

Departamento de Corrección,

representado por su Secretario,

Fiscales Melvin Colón Bonet y

Marie Díaz León, Agente Listoriel

López, Agente Aldo Flores Alicea,

Agente Otoniel González, Agente

Excer Quiñones, Agente John Doe,

Agente Richard Doe y Compañías

Aseguradoras A, B, C

Peticionarios

Certiorari

2015 TSPR 172

194 DPR ____

Número del Caso: CC-2014-245

Fecha: 23 de diciembre de 2015

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Ponce

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray

Procuradora General

Lcda. Tanaira Padilla

Subprocuradora General

Lcda. Rosa Elena Pérez Agosto

Procuradora General Auxiliar

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Armando Pietri Torres

Lcda. Wanda Marín Lugo

Materia: Daños y Perjuicios – Ley de Pleitos contra el Estado:

momento en que comienza a transcurrir término de 90 días para

notificar al Estado en demanda por persecución maliciosa; conducta

intencional v. conducta negligente; persecución maliciosa; justa

causa para incumplir con requisito de notificación. (término

estricto cumplimiento)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ángel Toro Rivera

Martínez Lozano

y

Raymond

Recurridos

v.

Estado

Libre

Asociado

de Núm. CC-2014-0245 Certiorari

Puerto Rico, representado por

el Secretario de Justicia,

Departamento de Corrección,

representado

por

su

Secretario, Fiscales Melvin

Colón Bonet y Marie Díaz

León, Agente Listoriel López,

Agente Aldo Flores Alicea,

Agente

Otoniel

González,

Agente Excer Quiñones, Agente

John Doe, Agente Richard Doe

y Compañías Aseguradoras A,

B, C

Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado

FELIBERTI CINTRÓN

SEÑOR

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de diciembre de 2015.

Se nos presenta la siguiente interrogante:

¿Cuándo

comienza a discurrir el término de 90 días para notificar al

Estado de la intención de demandarle por daños ocasionados

por

conducta

negligente

de

funcionarios

gubernamentales

asociada a una causa de acción por persecución maliciosa?

Para poder precisarlo es pertinente conocer en qué momento

se

configura

la

acción

denominada

persecución

maliciosa.

Luego de examinar los eventos procesales en controversia,

así como el derecho aplicable, determinamos que el término

CC-2014-0245

2

de 90 días para notificar al Estado de la intención de

instar una reclamación de este tipo, según dictamina el

Artículo 2A de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según

enmendada, conocida como la Ley de Pleitos contra el Estado,

comienza a transcurrir desde que el tribunal pronuncia su

fallo

absolutorio.

Art.

2A,

32

LPRA

sec.

3077a

(2004)

(Artículo 2A de la Ley de Pleitos contra el Estado o Ley

Núm. 104).

Veamos.

I

Los Sres. Raymond Martínez Lozano y Ángel Toro Rivera

(Recurridos

o

señores

Martínez

y

Toro)

presentaron

una

Demanda en daños y perjuicios ante el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Ponce, contra el Gobierno de

Puerto Rico (Gobierno o Peticionario), el Departamento de

Corrección y Rehabilitación, los fiscales de la División de

Integridad Pública Melvin Colón Bonet y Marie Díaz León

(Fiscales), los agentes Listoriel López López, Aldo Flores

Alicea,

Otoniel

Richard

Doe

González,

(Agentes),

Ecxer

así

Quiñones,

como

contra

John

las

Doe

y

Compañías

Aseguradoras A, B y C.

Las alegaciones de los Recurridos,

exfuncionarios

Departamento

del

de

Corrección

y

Rehabilitación, están basadas en un proceso penal iniciado

el 16 de marzo de 2009 a través del cual el Ministerio

Público

presentó

cargos

criminales

contra

ambos

por

violaciones al Código Penal de Puerto Rico de 2004, 33 LPRA

sec. 4629 et seq. (Derogado), así como a la Ley de Ética

Gubernamental

de

1985,

3

LPRA

ant.

sec.

1801

et

seq.

CC-2014-0245

3

(Derogada).1

Al mismo tiempo, se le imputaron al señor

Martínez violaciones a la Ley de Sustancias Controladas.

24 LPRA sec. 2101 et seq. (2011).

Tras celebrarse el juicio en su fondo por tribunal de

derecho, el 24 de octubre de 2011 el juez de instancia

emitió un fallo en corte abierta de No Culpabilidad a favor

de

los

señores

Martínez

y

Toro

por

las

infracciones a la Ley de Ética Gubernamental.2

encontró

No

Culpable

al

señor

Martínez

de

alegadas

Igualmente,

violación

al

Artículo 262 del Código Penal de 2004 y al señor Toro de

violación al Artículo 283 del mismo cuerpo normativo.

33

LPRA secs. 4890 y 4911, respectivamente (Derogados).

A

petición de los Fiscales, el tribunal archivó los cargos en

contra del señor Martínez por las infracciones a la Ley de

Sustancias Controladas, supra, y al Artículo 283 del Código

Penal de 2004, supra, conforme lo admite la Regla 247(a) de

1

El Ministerio Público imputó al señor Toro haber infringido los Arts. 262

(Soborno) y 283 (Introducción de Objetos a un Establecimiento Penal) del Código

Penal de 2004, 33 LPRA secs. 4890 y 4911 (Derogados), respectivamente, así como

el Art. 3.2(c) de la Ley de Ética Gubernamental de 1985, 3 LPRA sec. 1822

(Derogada), por supuestamente introducir un teléfono celular y un cargador

eléctrico a la Institución Penal de Ponce Principal y recibir $300.00 a cambio,

mientras fungía como oficial del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

De otro lado, los Fiscales presentaron cargos contra el señor Martínez

por violar los Arts. 403(b) y 406 de la Ley de Sustancias Controladas de 2007,

24 LPRA secs. 2403 y 2406, respectivamente, los Arts. 262 (Soborno) y 283

(Introducción de Objetos a un Establecimiento Penal) del Código Penal de 2004,

supra, y el Art. 3.2(c) de la Ley de Ética Gubernamental de 1985, supra.

El

Ministerio Público adujo que el señor Martínez, siendo funcionario del

Departamento de Corrección y Rehabilitación, a cambio de $800.00 introdujo

sustancias controladas a la Institución Penal Ponce Principal, con la intención

de distribuirlas.

2

Específicamente, el foro de instancia halló No Culpable al señor Martínez

de violación a los Artículos 302(C) de la Ley de Ética Gubernamental y al

Artículo 262 del Código Penal de 2004, supra. Asimismo, encontró al señor Toro

No Culpable de violación al Artículo 3.2(c) de la Ley de Ética Gubernamental,

supra, y al Artículo 283 del Código Penal de 2004, supra.

La Demanda nada

dispone sobre la violación al Artículo 262 del Código Penal del 2004, supra,

imputada al señor Toro.

CC-2014-0245

4

las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, 34

LPRA Ap. II, R. 247(a) (2004).

El tribunal de instancia

notificó su pronunciamiento por escrito el 6 de diciembre

de 2011, archivándose en autos la sentencia correspondiente

ese mismo día.

Así las cosas, mediante carta de fecha 1 de febrero

de 2012 los Recurridos notificaron, tanto al Secretario de

Justicia como al Secretario de Corrección, su intención de

demandar al Gobierno por los hechos antes relatados.3

El

23 de octubre de 2012 instaron la acción civil en cuestión

reclamando daños.

Adujeron

que

los

Fiscales

fueron

negligentes

en

el

descargo de sus funciones.

Sostuvieron, además, que: la

investigación

los

realizada

por

Agentes

deficiente; los testigos desconocían

los

además de que el caso fue fabricado.

demandados

fue

hechos básicos,

Esto provocó que a

los recurridos se les imputaran cargos, a pesar de que los

peticionarios no contaban con evidencia para probar todos

los elementos de los delitos y procesarlos criminalmente.

Alegaron,

asimismo,

que

el

Gobierno,

a

través

de

su

Secretario de Justicia y el Departamento de Corrección y

Rehabilitación,

respondía

por

las

actuaciones

de

sus

empleados, quienes le imputaron la comisión de delitos e

3

En el expediente de este caso no surge con claridad la fecha en que los

Recurridos notificaron formalmente al Estado su intención de demandar. Aunque

las alegaciones y documentos señalan que éstos realizaron el trámite pertinente

el miércoles, 1 de febrero de 2012, en el recibo postal aparece la fecha del

viernes, 3 de febrero de 2012.

Además, en la Réplica a la solicitud de

reconsideración, los Recurridos admiten haber cursado la notificación al

Secretario de Justicia el 3 de febrero de 2012, la cual fue recibida tres días

más tarde. Ap., pág. 58.

CC-2014-0245

5

instaron un procedimiento penal en su contra, a sabiendas

de

que

no

Martínez

incurrieron

y

Toro

en

dicha

conducta.

plantearon

que

a

Los

consecuencia

señores

de

estos

acontecimientos fueron separados de sus puestos, humillados

y destruidos en el ámbito económico, emocional y familiar.

Como resultado de la supuesta negligencia desplegada por el

Peticionario y sus funcionarios, cada uno de los Recurridos

solicitó una indemnización no menor de $300,000.00 por los

daños sicológicos, las angustias mentales y las pérdidas

económicas sufridas.

El

18

de

Moción

de

Desestimación

procedía

marzo

desestimar

de

con

2013,

Gobierno

presentó

una

mediante

la

cual

advirtió

que

perjuicio

la

reclamación

contra por estar prescrita.4

el

en

su

Del mismo modo, argumentó que

los señores Martínez y Toro incumplieron con el requisito

de notificación oportuna al Secretario de Justicia, tal y

como lo exige el Artículo 2A de la Ley de Pleitos contra el

Estado.

Concluyó

negativamente

en

la

que

la

referida

preparación

de

conducta

su

defensa

repercutió

de

dicha

reclamación.

En su oposición a la solicitud de desestimación, los

Recurridos plantearon que la acción estaba en tiempo, ya

que, según éstos, el término para notificar al Estado e

instar la acción civil en daños comenzó a transcurrir a

4

El Peticionario alegó que la causa de acción de los señores Martínez y

Toro estaba prescrita, ya que el término para demandar había comenzado a

transcurrir desde el 16 de marzo de 2009, fecha en que inició el proceso penal

en contra de los Recurridos.

Ap., pág. 103.

No obstante, retiró este

planteamiento a nivel apelativo. Petición de Certiorari, pág. 4, esc. 6.

CC-2014-0245

6

partir de la notificación del fallo de no culpabilidad,

fecha en que advirtieron el daño.

Alegaron, además, que el

Peticionario ha tenido conocimiento y control de la prueba

del caso, lo que les exime de tener que notificar dentro

del plazo legal de 90 días.

partes,

el

2

de

mayo

de

Atendida la posición de ambas

2013

el

tribunal

de

instancia

denegó la petición de desestimación.

El Gobierno solicitó la reconsideración oportuna del

dictamen, reiterando los argumentos originales.

en

la

alternativa,

que

el

término

para

Planteó,

notificar

al

Secretario de Justicia comenzó a decursar desde el fallo en

corte abierta y no de la notificación escrita del mismo.

Destacó que el proceso criminal contra los Recurridos no

tuvo

el

efecto

de

relevarlos

de

su

deber

de

notificar

formalmente al Estado de su intención de demandarlo dentro

del tiempo fijado en ley.

dejaría

al

Gobierno

en

Permitir lo contrario, concluyó,

desventaja

e

indefensión.

Los

señores Martínez y Toro objetaron el supuesto estado de

indefensión

del

Gobierno,

debido

a

que

la

información

relacionada al pleito, según propusieron, estaba a cargo de

sus propios funcionarios.

Mediante Resolución del 30 de octubre de 2013, el foro

de

instancia

acogió

la

postura

de

los

Recurridos.

Insatisfecho con la referida determinación, el Peticionario

interpuso

un

Apelaciones

recurso

de

señalando

que

certiorari

el

foro

ante

de

el

Tribunal

instancia

erró

de

al

concluir que los Recurridos cumplieron con el requisito de

CC-2014-0245

7

notificación a tenor con el Artículo 2A de la Ley Núm. 104.

El foro apelativo intermedio denegó el recurso solicitado

amparado en los criterios dispuestos en la Regla 40 de su

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 (2012).

encontró

que

los

señores

oportunamente

al

Secretario

demandar.

base

A

de

Martínez

de

ello,

y

Toro

Justicia

indicó

No obstante,

que

notificaron

su

intención

de

su

intervención

resultaba innecesaria en esa etapa procesal del caso porque

la

determinación

recurrida

no

constituía

abuso

de

discreción o error en la aplicación de la norma procesal.

Cónsono con lo anterior, devolvió el caso al tribunal de

instancia para que continuaran los procedimientos de rigor.

A raíz de esta determinación, el Gobierno acudió ante

nos,

señalando

determinar

que

Secretario

de

que

el

Tribunal

los

Recurridos

de

Apelaciones

erró

al

tiempo

al

de

demandar

al

31

de

notificaron

Justicia

de

su

intención

el

de

certiorari

a

Estado.

Expedido

auto

el

octubre

de 2014 y contando con las respectivas comparecencias de

las partes, procedemos a resolver.

II

Antes de iniciar la discusión del derecho aplicable es

meritorio

aclarar

que

al

amparo

vigente,

como

de

veremos,

el

Gobierno

nuestro

no

ordenamiento

responde

por

los

daños causados por sus agentes o funcionarios al instar con

malicia y sin causa probable un proceso criminal contra un

sujeto.

No obstante, si como sucede en este caso, existen

CC-2014-0245

8

alegaciones de actos u omisiones negligentes por parte de

funcionarios públicos, sí está expuesto a responder por los

daños ocasionados, aunque éstos estén asociados de alguna

manera

a

la

persecución

conducta

intencional

maliciosa.

La

constitutiva

de

distinción

es

referida

importante a los efectos de eludir la inmunidad soberana y

sienta las bases que permiten establecer a partir de qué

momento se configura esta otra causa de acción, y por ende,

surge

la

obligación

de

los

agraviados

de

notificar

al

Gobierno su intención de demandarle.

Por último, advertimos que nuestro análisis se ceñirá

al aspecto estrictamente procesal del caso según planteado

como error ante este Tribunal,5 sin adentrarnos a evaluar

los méritos de la reclamación basada en negligencia traída

en contra del Estado y de varios funcionarios públicos por

eventos ligados al proceso penal deliberado.6

5

El Gobierno planteó como segundo error, lo siguiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que la parte

demandante notificó oportunamente al Secretario de Justicia de

su intención de demandar al ELA. Petición de Certiorari, pág.

6.

6

Cabe destacar que, aunque no lo señala como error, el Gobierno en su

Alegato discute y cuestiona ante este Foro la suficiencia de las alegaciones de

negligencia por parte de los Recurridos. No obstante, es norma asentada en la

práctica apelativa que todo recurso tiene que señalar, discutir y fundamentar

los errores atribuidos al foro apelado o recurrido, a los efectos de colocar al

foro revisor en posición de evaluar y atender adecuadamente los asuntos que le

son planteados. Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511 (2014). Los tribunales revisores

deben circunscribir su labor a atender solo los errores que se le presentan en

un recurso apelativo. Por lo tanto, el error omitido o no discutido se tendrá

como no puesto. Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005).

De otro lado, el Peticionario cuestiona por primera vez ante nosotros

estas alegaciones de negligencia en el trámite judicial. Sin embargo, como es

bien sabido, nuestro derecho es rogado.

Por tal razón, los foros apelativos

están impedidos de resolver planteamientos ajenos, que no fueron presentados

ante los tribunales inferiores, a menos que ello evite una injusticia

manifiesta. Ortiz v. Holsum, supra; E.L.A. v. Northwestern Selecta, 185 DPR 40

(2012). En este caso, estamos imposibilitados de resolver en primera instancia

CC-2014-0245

9

A. Ley de Pleitos Contra el Estado

En

Puerto

Rico

rige

la

doctrina

de

inmunidad

del

Estado o inmunidad soberana desde que el Tribunal Supremo

de los Estados Unidos la incorporó a nuestro ordenamiento

por mandato judicial en People of Porto Rico v. Rosaly y

Castillo, 227 US 270 (1913).

Véanse, Rosario Mercado v.

ELA, 189 DPR 561 (2013); Guardiola Álvarez v. Depto. de la

Familia,

175

DPR

668

(2009).

Esta

doctrina

sirve

de

fundamento legal para impedir procesos judiciales contra el

Estado, sin su consentimiento.

Guardiola Álvarez v. Depto.

de la Familia, supra; Defendini Collazo et al. v. E.L.A.,

Cotto, 134 DPR 28 (1993).

No obstante, la adopción de este principio propició

que el poder legislativo promulgara una serie de medidas a

fin

de

prescribir

los

contextos

en

los

que

admitiría

imponerle responsabilidad torticera al Estado.

Guardiola

Álvarez v. Depto. de la Familia, supra; Berríos Román v.

E.L.A., 171 DPR 549 (2007).

La última de éstas es la Ley

Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 32 LPRA sec. 3077 et seq.

(2004), conocida como Ley de Pleitos contra el Estado, la

cual constituye una renuncia del soberano a su inmunidad

que,

aunque

amplia,

no

representa

una

autorización

ilimitada en contra de la protección que le asiste.

asuntos no presentados ante el Tribunal de Apelaciones.

supra.

Doble

Ortiz v. Holsum,

Circunscribimos nuestra faena revisora a considerar únicamente el segundo

error alegado en la Petición de Certiorari por parte del Gobierno.

A los

efectos de atender el error señalado, asumimos, según surge de ciertas

alegaciones de la Demanda, que los Recurridos pudieron haber tenido una causa

de acción por negligencia vinculada a los alegados actos intencionales de

persecución maliciosa, sin entrar a juzgar en esta etapa los méritos de las

alegaciones como pretendió el Peticionario.

CC-2014-0245

Seis

10

Sport

v.

Depto.

Hacienda,

190

DPR

763

(2014);

Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, supra; Berríos

Román v. E.L.A., supra.

La Ley Núm. 104 es, más bien, una

renuncia parcial del Estado a su inmunidad, que dispone las

circunstancias específicas bajo las cuales éste consintió a

ser

demandado.

Íd.

Entre

éstas,

la

ley

impuso

responsabilidad vicaria al Estado, autorizando las acciones

judiciales

en su contra por los daños ocasionados a la

persona

o

a

culposas

o

negligentes

la

propiedad,

de

por

sus

los

actos

empleados,

u

omisiones

funcionarios

agentes en el descargo oficial de sus funciones.

2(a), 32 LPRA sec. 3077 (2004 y Supl. 2014).

o

Art.

Autorizó,

además, las demandas basadas en la Constitución, leyes o

reglamentos de Puerto Rico.

Art. 2(c), 32 LPRA sec. 3077

(2004 y Supl. 2014).

La intención de la Ley de Pleitos contra el Estado es

que

el

cuerpo

político

responda

por

las

actuaciones

u

omisiones de sus agentes y empleados de la misma forma en

que sería responsable un ciudadano particular, siempre y

cuando

el

salvaguardas

agraviado

cumpla

con

procesales

dispuestas

las

en

la

condiciones

medida.

y

Doble

Seis Sport v. Depto. Hacienda, supra; Zambrana Maldonado v.

E.L.A., 129 DPR 740 (1992).

Algunas de estas restricciones

versan sobre el requisito de notificación al Secretario de

Justicia;

el

tipo

de

acción

para

las

cuales

el

Estado

conserva su inmunidad; y el término prescriptivo aplicable

a las reclamaciones.

32 LPRA secs. 3077a, 3081 y 3083

CC-2014-0245

(2004).

11

Aunque

la

legislación

resulta

en

un

beneficio

dual, tanto para el perjudicado, como para el funcionario

gubernamental,

no

podemos

perder

de

perspectiva

que

la

medida en cuestión se ajusta a la conveniencia propia del

Estado.

tal

Doble Seis Sport v. Depto de Hacienda, supra.

razón,

favor.

merece

Íd.;

una

Rosario

interpretación

Cartagena

v.

restrictiva

Por

a

su

DPR

620

contempla

unas

E.L.A.,

101

(1973).

1. Conducta Intencional v. Conducta Negligente 2

El

Artículo

6

de

la

Ley

Núm.

104,

categorías de actos para las cuales el Estado no estuvo

dispuesto a ceder su inmunidad.

(2004).

Específicamente,

Art. 6, 32 LPRA sec. 3081

el

inciso

(d)

de

dicha

disposición prohíbe demandar al cuerpo político para exigir

el resarcimiento de daños por los actos u omisiones de un

funcionario,

agente

o

empleado

que

constituyan

“acometimiento, agresión u otro delito contra la persona,

encarcelación

maliciosa,

ilegal,

calumnia,

representación

e

arresto

libelo,

impostura”.

ilegal,

difamación

(Énfasis

6(d), 32 LPRA sec. 3081(d) (2004).

persecución

y

falsa

suplido).

Art.

Véanse, además: Valle

v. E.L.A., 157 DPR 1 (2002); Meléndez v. E.L.A., 81 DPR 824

(1960).

En síntesis, el Estado es llamado a responder como

cualquier otra persona por los actos negligentes de sus

empleados en su función oficial, pero reservó su inmunidad

cuando dichos actos constituyen conductas intencionales o

CC-2014-0245

delictivas.7

12

Valle

v.

E.L.A.,

supra;

Romero

Arroyo

v.

E.L.A., 127 DPR 724 (1991); Meléndez v. E.L.A., supra.

Aunque, como regla general, el cuerpo político solo

responde por los actos negligentes y descuidados de sus

empleados, este Tribunal se ha dado a la tarea de atemperar

dicha

limitación

legislativa.

con

la

intención

propia

de

la

medida

Galarza Soto v. E.L.A., 109 DPR 179 (1979).

A estos efectos, hemos resuelto que el Estado está sujeto a

responsabilidad en cualquiera de los siguientes supuestos:

(1) cuando el empleado, agente o funcionario causa un

daño por su exclusiva culpa o negligencia mientras

desempeña sus funciones y actúa en su capacidad

oficial;

(2) cuando el empleado, agente o funcionario causa un

daño mientras desempeña sus funciones y actúa en su

capacidad

oficial

por

una

actuación

preponderantemente

negligente,

aun

cuando

dicha

conducta tenga algunos elementos intencionales;

(3) cuando, a pesar de que el daño fue directamente

producido por un acto enteramente intencional de los

cuales no responde el Estado, hubo otros actos

negligentes separados de cocausantes del daño por los

cuales sí debe responder el Estado; y

(4) cuando el Estado a través de sus agentes es

negligente por omisión al incumplir con un deber

impuesto por las leyes y la Constitución.

(Énfasis

suprimido y citas omitidas). Leyva et al. v. Aristud

et al., 132 DPR 489, 510-511 (1993).

El hecho de que la conducta lesiva sea producto de

actos intencionales de los empleados o agentes estatales,

no es suficiente para admitir automáticamente la inmunidad

del soberano.

Leyva et al. v. Aristud et al., supra.

opuesto

concederle

sería

inmunidad

absoluta

al

Lo

cuerpo

político en situaciones en las que el acto intencional no

7

En estos casos, responden los empleados o funcionarios del Estado en su

capacidad personal.

Leyva et al. v. Aristud et al., 132 DPR 489, 497 n. 4

(1993).

CC-2014-0245

13

fue la única causa del daño, en patente conflicto con los

principios

Íd.

generales

de

responsabilidad

extracontractual.

El Estado conserva su inmunidad cuando, por ejemplo,

la actuación intencional de un funcionario constituye un

acto aislado e imprevisible por sus superiores o no pueda

establecerse nexo jurídico suficiente entre las actuaciones

del empleado y los intereses del cuerpo político.

Íd.;

Sánchez Soto v. E.L.A., 128 DPR 497 (1991).

2. Persecución Maliciosa

La persecución maliciosa consiste en “la presentación

maliciosa y sin causa de acción probable, de un proceso

criminal o civil contra una persona, que produce daños a

ésta”.8

(Énfasis suplido y citas omitidas).

E.L.A., 163 DPR 800, 810 (2005).

García v.

Esta acción procede cuando

un sujeto sigue “todas las formalidades legales requeridas

pero las „pervierte‟ o „corrompe‟ al actuar maliciosamente

y sin causa de acción probable”.9

H.M. Brau del Toro, Los

Daños y Perjuicios Extracontractuales en Puerto Rico, 2da

ed., San Juan, Pubs. JTS Inc., 1986, Vol. I, pág. 110.

8

Esta causa de acción fue reconocida por este Tribunal, hace poco más de

un siglo, en Parés v. Ruiz, 19 DPR 342 (1913).

9

La acción civil por persecución maliciosa persigue promover el uso

adecuado de los mecanismos judiciales y extender un remedio a las personas que

han sido objeto de procesos infundados y con motivos impropios.

L. Kossis,

Malicious Prosecution Claims in Section 1983 Lawsuits, 99 Va. L. Rev. págs.

1635-1636, 1638 y 1649 (2013). Pretende, asimismo, proteger la integridad del

sistema de justicia del abuso de aquellos que intentan aprovecharse de su

maquinaria para hostigar y causar daños. J.T. Ryan, Jr., Malicious Prosecution

Claims Under Section 1983: Do Citizens Have Federal Recourse?, 64 Geo. Wash. L.

Rev. 776, 779 (1996).

Por último, y no menos importante, salvaguarda el

interés libertario de los individuos contra procesos judiciales incoados con el

fin ulterior de hostigar, abusar y causar mal. H.M. Brau del Toro, Los Daños y

Perjuicios Extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS

Inc., 1986, Vol. I, pág. 109.

CC-2014-0245

14

Los cuatro requisitos esenciales a establecer para que

prospere una causa de acción por persecución maliciosa, son

los siguientes: 1) que el demandado instituyó o instigó una

acción

penal

activa

y

maliciosamente;

2)

sin

causa

probable; 3) que el proceso criminal concluyó de manera

favorable al demandante;10 y 4) que a consecuencia de ello,

éste sufrió daños.

Parrilla v. Ranger American of P.R.,

133 DPR 263 (1993); Raldiris v. Levitt and Sons of P.R.,

Inc., 103 DPR 778 (1975); Parés v. Ruiz, 19 DPR 342 (1913).

El

causa

perjudicado

probable

deberá

por

parte

alegar

del

y

probar

demandado

al

la

falta

de

presentar

la

denuncia o acusación y la malicia en cuanto a los hechos.

Parés

v.

Ruiz,

supra.

“[L]os

motivos,

propósitos

y

designios del autor (malicia combinada con falta de causa

probable de acción) son relevantes”.

cit.,

Vol.

I,

pág.

110.

“Es

Brau del Toro, op.

preciso

que

medie

una

imputación maliciosa, hecha de mala fe y sin fundamento

razonable. […] De otra forma, se estaría obstaculizando el

procedimiento

de

investigación

de

las

autoridades

competentes dirigido al esclarecimiento de los hechos a los

fines

de

exigir

la

responsabilidad

que

corresponda”.

Raldiris v. Levitt and Sons of P.R., Inc., supra, pág. 782.

Cabe destacar que en los casos de persecución maliciosa, la

malicia

10

no

se

presume.

Íd.

Para

ello

es

necesario

El estudio doctrinal propone que la absolución del demandante no es

prueba prima facie de la ausencia de causa probable, ni una conclusión sobre la

inocencia del acusado, por lo que sería menester volver a juzgar la

culpabilidad del perjudicado durante el proceso civil.

Brau del Toro, op.

cit., Vol. I, pág. 111.

CC-2014-0245

15

demostrar cuál era el fin ulterior del demandado al someter

a un acusado a la justicia.

El demandante tiene el peso de

probar la malicia, con bases fácticas y no con alegaciones

vagas o meras conclusiones de derecho.

El otro elemento indispensable, consiste en auscultar

si

la

causa

demandante,

penal

mediante

terminó

favorablemente

determinación

final

y

para

firme.

el

C.J.

Irizarry Yunqué, Responsabilidad Civil Extracontractual: Un

Estudio Basado en las Decisiones del Tribunal Supremo de

Puerto Rico, 7ma Ed., 2009, pág. 147.

para

establecer

a

partir

de

qué

Ello es importante

momento

el

demandante

adquiere conocimiento del daño y puede ejercer la causa de

acción.

Esto queda satisfecho cuando el imputado de delito

es absuelto o el proceso criminal ha terminado de otro modo

favorable para él.

Parés v. Ruiz, supra.

3. Requisito de Notificación

Incumplimiento

y

la

Justa

Causa

para

su

El imperativo de notificación previa al soberano es

otra de las condiciones impuestas por la Ley Núm. 104, cuyo

incumplimiento

es

capaz

de

torticeras contra el Estado.

impedir

las

reclamaciones

El Artículo 2A de la referida

disposición legal impone al agraviado el deber de dirigir

una notificación escrita al Secretario de Justicia, como

requisito de cumplimiento estricto a ser satisfecho antes

de

entablar

político.

una

acción

judicial

en

contra

del

cuerpo

Artículo 2A(a) de la Ley de Pleitos contra el

CC-2014-0245

Estado.11

16

A estos efectos, la notificación deberá cursarse

dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en

que

el

demandante

adviene

en

conocimiento

del

daño.

Artículo 2A(c) de la Ley Núm. 104.

La

notificación

deberá

cumplir

exigencias de forma y contenido.

con

una

serie

de

Advertirá por escrito “en

forma clara y concisa, la fecha, sitio, causa y naturaleza

general del daño sufrido, los nombres y direcciones de sus

testigos, y la dirección del reclamante, así como el sitio

donde

recibió

tratamiento

médico

en

Artículo 2A(e) de la Ley Núm. 104.

primera

instancia”.

La disposición enfatiza

que:

No podrá iniciarse acción judicial […] alguna contra el

Estado […] por daños causados por la culpa o negligencia

de aquél, si no se hubiese efectuado la notificación

escrita en la forma y manera y dentro de los plazos

prescritos en esta sección, a menos que no haya mediado

justa causa para ello.

(Énfasis suplido).

Artículo

2A(e) de la Ley Núm. 104.

De

lo

anterior

se

desprende

notificar al soberano exige

dos

que

la

obligación

de

condiciones importantes.

El aviso al Estado deberá producirse, primeramente, dentro

de los 90 días contados desde que el agraviado conoce el

daño; y segundo, antes de éste iniciar la acción judicial.

Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 DPR 618 (1985).

De no

satisfacerlos, la Ley Núm. 104, clara e inequívocamente,

prohíbe

comenzar

proceso

judicial

alguno

en

contra

del

Estado, salvo que medie justa causa que torne innecesaria

11

La Ley Núm. 104 sufrió una enmienda importante por medio de la Ley Núm.

121 de 24 de junio de 1966, cuando el legislador añadió el requisito de

notificación al Secretario de Justicia como condición previa a la presentación

de una demanda en contra del Estado. Ley Núm. 121 de 24 de junio de 1966 (1966

Leyes de Puerto Rico 396).

CC-2014-0245

17

la notificación o prolongue el término para efectuarla.12

Artículo

2A(e)

de

la

Ley

de

Pleitos

contra

el

Estado;

Passalacqua v. Mun. de San Juan, supra.

La notificación impuesta por la Ley Núm. 104 responde

a

un

fin

público

específico.

Protege

al

Estado

reclamaciones en daños ajenas a su conocimiento.

v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR 788 (2001).

de

Acevedo

En repetidas

ocasiones hemos pautado que la notificación pretende:

1) proporcionar a estos cuerpos políticos la oportunidad

de investigar los hechos que dan origen a la reclamación;

2) desalentar las reclamaciones infundadas;

3) propiciar un pronto arreglo de las mismas;

4) permitir la inspe[c]ción inmediata

accidente antes de que ocurran cambios;

del

lugar

del

5) descubrir el nombre de las personas que tienen

conocimiento de los hechos y entrevistarlas mientras su

recuerdo es más confiable;

6) advertir a las autoridades [pertinentes] de

existencia de la reclamación para que se provea

reserva necesaria en el presupuesto anual;

la

la

7) mitigar el importe de los daños sufridos […]. (Citas

omitidas). Mangual v. Tribunal Superior, 88 DPR 491, 494

(1963).

Véanse, además: Acevedo v. Mun. de Aguadilla,

supra, pág. 799; Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra,

pág. 755.

Reiteramos que la notificación es una parte esencial

de la causa de acción, sin la cual el Estado conserva su

inmunidad y el demandante pierde su derecho a un remedio.

Rosario Mercado v. ELA, supra; Berríos Román v. E.L.A.,

supra; Passalacqua v. Mun. de San Juan, supra.

En ese

sentido, el mencionado requisito debe aplicarse de manera

12

Este

requisito

es

inaplicable

a

las

reclamaciones

en

que

la

responsabilidad torticera del Estado está cubierta por una póliza de seguro.

32 LPRA sec. 3077a(e) (2004).

Por otra parte, los incisos (c) y (d) del

Artículo 2A de la Ley Núm. 104 prevén ciertas circunstancias en las que el

agraviado no está sujeto al término de 90 días, como es el caso de las personas

menores de edad o con cierta incapacidad física o mental.

CC-2014-0245

rigurosa.

E.L.A.,

18

Rosario Mercado v. ELA, supra; Berríos Román v.

supra.

No

obstante,

su

naturaleza

es

de

cumplimiento estricto, con un efecto jurídico distinto al

jurisdiccional.

Art. 2A(e) de la Ley Núm. 104.

Rosario

Mercado

supra;

supra.

v.

ELA,

Berríos

Román

v.

E.L.A.,

Ello nos ha permitido admitir excepciones donde el esquema

legislativo pierde el propósito de proteger los intereses

del

Estado

o

jurídicamente

no

se

requisito a tales circunstancias.

justifica

aplicar

el

Rosario Mercado v. ELA,

supra; Berríos Román v. E.L.A., supra; López v. Autoridad

de Carreteras, 133 DPR 243 (1993).

Como cuestión de hecho, este Tribunal se ha negado a

exigirlo

de

forma

automática

por

ser

innecesario

y

no

contrariar los propósitos de la ley, cuando: 1) la defensa

de falta de notificación es renunciada por el Estado;13 2)

el funcionario a notificar y contra el cual se dirige la

acción es el mismo, por lo que posee conocimiento personal

sobre los hechos;14 3) el riesgo de que la prueba objetiva

desaparezca

es

mínimo

y

el

Estado

puede

corroborarla

fácilmente;15 4) se entabla una acción directa contra la

aseguradora;16

5)

una

parte

presenta

una

reconvención

compulsoria, luego de que la entidad estatal inicia una

13

Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 DPR 357 (1977).

14

Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR 788 (2001); Méndez et al. v.

Alcalde de Aguadilla, 151 DPR 853 (2000).

15

Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 DPR 811 (1983).

16

Cortés Román v. E.L.A., 106 DPR 504 (1977).

CC-2014-0245

19

acción en su contra dentro del término dispuesto en ley

para notificar;17 6) la parte ha demandado y diligenciado el

emplazamiento dentro de los 90 días que requiere la ley

para

notificar;18

demandante

y

y

torna

7)

la

inútil

tardanza

la

no

es

imputable

al

notificación.

Rivera

de

Vincenti v. E.L.A., 108 DPR 64 (1978).

Aunque

aplicación

hemos

de

esta

dejado sin efecto,

legislativa.19

dado

una

norma,

interpretación

no

significa

prerrogativa

liberal

que

lo

a

la

hayamos

de exclusiva competencia

Berríos Román v. E.L.A., supra; Loperena

Irizarry v. E.L.A., 106 DPR 357 (1977).

Consistente con

nuestras últimas decisiones, colegimos que “el requisito de

notificación

mantiene

su

vigencia

y

validez,

no

es

irrazonable ni restringe de forma indebida los derechos del

reclamante”.

Rosario

Mercado

v.

ELA,

supra,

pág.

567.

Véase, además, Berríos Román v. E.L.A., supra, pág. 562.

“[T]odo demandante tiene que explicar [detalladamente] la

17

Insurance Co. of P.R. v. Ruiz, 96 DPR 175 (1968).

18

Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 DPR 618 (1985).

19

El Profesor José Julián Álvarez sintetizó acertadamente la trayectoria

jurisprudencial de este requisito procesal, de la siguiente manera:

[O]riginalmente se aplicaba este requisito estrictamente a favor

del Estado, pero paulatinamente se le ha ido quitando mucho del

rigor a su interpretación.

Inicialmente el Tribunal resolvió

que, aunque no es de naturaleza jurisdiccional, este requisito

sería de cumplimiento estricto, por lo que, entre otras cosas,

hay que notificar al Secretario [de Justicia] directamente y no

basta que éste se entere por otros medios. Pero muy pronto el

Tribunal comenzó a aplicar la excepción de “justa causa” con

gran laxitud, con lo que el supuesto “cumplimiento estricto”

parecía haberse convertido en un lema sin consecuencias. […] El

Tribunal de Berríos reconoció esta tendencia pero, como

corresponde en un sistema en el que el legislador sienta la

política pública, igualmente reconoció que el requisito de

notificación existe y debe ser aplicado en circunstancias

apropiadas. (Notas al calce omitidas y énfasis suplido). J.J.

Álvarez González, Responsabilidad Civil Extracontractual, 77

Rev. Jur. UPR 603, 627 (2008).

CC-2014-0245

20

tardanza en notificar al Estado conforme lo establece el

Art. 2A de la Ley Núm. 104 […]”.

supra, pág. 573.

Rosario Mercado v. ELA,

De no ajustarse a nuestras directrices,

el reclamante pierde su derecho a ir contra el Estado.

Volvemos a explicar, como lo hicimos recientemente en

Rosario Mercado v. ELA, supra, que en un principio la Ley

Núm. 104 no dictaba requisito de notificación alguno.20

fue

hasta

obligación,

el

1966

que

preocupado

el

porque

legislador

el

insertó

Estado

tuviese

No

esta

la

oportunidad de conocer, oportunamente, la información sobre

los hechos que generaban la causa de acción.21

patente

designio

legislativo

nos

conduce

a

Íd.

Tan

imprimirle

eficacia a la exigencia procesal de la notificación y, en

ese sentido, velar por su fiel cumplimiento.

Los tribunales tienen discreción para prorrogar los

términos de cumplimiento estricto, mas no les corresponde

hacerlo automáticamente.

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189

20

En este caso resolvimos que “el hecho de que una persona se encuentre

recluida bajo la custodia del Estado en una institución carcelaria, no

constituye de por sí y automáticamente la justa causa que exige la ley para

eximir del requisito de notificación.

Tal realidad no es una excepción a la

norma”. Rosario Mercado v. ELA, 189 DPR 561, 563 (2013).

21

El Informe de la Comisión de lo Judicial de la Cámara de Representantes,

sobre el P. de la C. 492, de 12 de abril de 1966 expresó lo siguiente:

En muchos casos y por diversas razones, las acciones se

radican cuando ya está [por] finalizar el término y ocurre que

el Estado, por el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los

alegados daños, se encuentra con problemas de falta de

información o información deficiente en cuanto a los hechos y

a[u]n con la circunstancia de la reorganización de una agencia o

dependencia como resultado de lo cual se han extraviado los

récords que hacen referencia al accidente u origen de los daños,

así como con el movimiento de testigos presenciales, cuyo

paradero se ignora al momento en que se notifica de la acción,

todo ello en perjuicio de la oportunidad amplia que debe tener

el Estado para hacer las alegaciones correspondientes y

establecer las defensas en estos casos. (Énfasis suplido). 20

(Núm. 67) Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa

(Cámara), T. 2, pág. 845 (1966).

CC-2014-0245

21

DPR 84 (2013); Lugo v. Suárez, 165 DPR 729 (2005).

sea

un

término

irreflexión

de

judicial

cumplimiento

que

limita

el

El que

estricto

evita

derecho

la

de

la

parte

agraviada a resarcir el daño y concede oportunidad a los

tribunales de conocer el caso, así como proveer justicia,

según lo requieran las circunstancias del caso.

Meléndez

Gutiérrez v. E.L.A., 113 DPR 811 (1983).

A

podrán

base

de

aplazar

lo

o

anterior,

eximir

el

los

fiel

foros

judiciales

cumplimiento

del

solo

mismo

cuando la parte demuestre que en efecto: 1) existe justa

causa para la dilación o el incumplimiento; y 2) ofrece

bases fácticas razonables que justifican la tardanza o el

incumplimiento.

Soto Pino v. Uno Radio Group, supra; Lugo

v. Suárez, supra.

Si la parte concernida no cumple ambas

exigencias, el tribunal carece de discreción para excusar

su

conducta.

demostrarse

Íd.

la

explicaciones

Según

existencia

concretas

hemos

de

y

expresado,

una

causa

particulares,

“[d]eberá

justa

con

debidamente

evidenciadas, que le permitan al tribunal concluir que la

tardanza

o

la

demora

especial razonable.

justa

causa

con

estereotipados”.

original).

ocurrió

por

alguna

circunstancia

No podrá acreditarse la existencia de

excusas,

vaguedades

o

planteamientos

(Notas al calce omitidas y énfasis en el

Lugo v. Suárez, supra, págs. 738-739.

Véanse,

además: Rosario Mercado v. ELA, supra, pág. 567; Soto Pino

v. Uno Radio Group, supra, pág. 92.

CC-2014-0245

22

B. Teoría Cognoscitiva del Daño

Con

el

fin

de

poder

determinar

cuándo

comienza

a

transcurrir el término de 90 días para notificar al Estado,

utilizaremos por analogía la teoría cognoscitiva del daño.

En

Puerto

Rico

hemos

abordado

el

problema

de

prescripción extintiva conforme a dicha doctrina.

la

Véanse:

Allende Pérez v. García, 150 DPR 892 (2000); Colón Prieto

v. Géigel, 115 DPR 232 (1984).

El legislador integró al

requisito de notificación de la Ley de Pleitos contra el

Estado el principio comprendido en los Artículos 1868 y

1869

de

nuestro

Código

Civil,

infra,

sobre

la

teoría

cognoscitiva del daño.

Específicamente, el Artículo 1868, 31 LPRA sec. 5298

(1990),

expresa

responsabilidad

que

las

extracontractual

acciones

para

exigir

prescriben

al

desde

que el agraviado conoció el daño.

1869,

31

LPRA

sec.

5299

(1990),

año

Asimismo, el Artículo

indica

que

el

término

prescriptivo para toda clase de acciones, cuando no exista

disposición

especial

que

especifique

otra

cosa,

partirá

desde el día en que pudieron ejercitarse las mismas.

Interpretando el alcance de estas disposiciones a la

luz de la teoría cognoscitiva del daño, este Tribunal ha

expresado que el punto de partida del periodo prescriptivo

comienza

desde

que

el

agraviado:

1)

supo

del

daño,

o

razonablemente debió conocerlo; 2) quién fue el autor del

mismo;

y

necesarios

3)

desde

para

cuándo

ejercitar

éste

conoce

efectivamente

los

la

elementos

acción.

CC-2014-0245

Santiago

v.

23

Ríos

Alonso,

156

DPR

181

(2002).22

Véase,

además, Vega v. J. Pérez & Cía., Inc., 135 DPR 746 (1994).

Lo antes dicho nos permite deducir que el término para

ejercer

una

acción

no

comienza

a

transcurrir

desde

que

sucede el daño, sino desde que el agraviado conoce todos

los elementos necesarios para iniciar una reclamación.

Entendemos

que

los

preceptos

antes

discutidos

se

adaptan perfectamente al proceso de determinar el inicio

del periodo de 90 días, por lo cual concluimos que la fecha

a utilizar

para el cómputo del término dentro del cual

existe el deber de notificar al Estado, es aquella que

cumple con los requisitos esbozados aplicables al inicio

del término prescriptivo.

113 DPR 383 (1982).

Rivera Encarnación v. E.L.A.,

El punto de partida del término de 90

días impuesto por la Ley Núm. 104 para notificar al Estado,

no

es

lesiva.

necesariamente

cuando

ocurre

la

alegada

conducta

Íd.; Figueroa v. E.L.A., 113 DPR 327 (1982).

obligación

nace

desde

que

el

agraviado

Esta

adquiere

conocimiento del daño, o razonablemente debió adquirirlo,

quién lo causó, así como los detalles necesarios para poder

22

La postergación del término prescriptivo a tenor de la teoría

cognoscitiva del daño, supone que el agraviado no sabía, ni podía saber quién

es el responsable. López v. Autoridad de Carreteras, 133 DPR 243 (1993). Debe

haber un elemento fáctico que impida conocer quién es el autor de la conducta

lesiva. Íd. Si el desconocimiento es consecuencia de la desidia, es decir, de

la falta de investigación o diligencia por parte del agraviado, entonces no

procede el requisito sobre la identidad del autor que recoge la doctrina

liberal relativa a la normativa de prescripción. Íd. Véase, además, COSSEC et

al. v. González López et al., 179 DPR 793 (2010).

Debemos aclarar que en López v. Autoridad de Carreteras, supra, no

descartamos la aplicación de la teoría cognoscitiva del daño en contextos

apropiados donde estuviese en controversia el momento específico en que surge

el deber de notificar a una entidad municipal o estatal.

En dicho caso no

estaban presentes los elementos materiales que impedían a la demandante conocer

el autor del daño. Íd.

CC-2014-0245

24

iniciar efectivamente su reclamación.

Rivera Prudencio v.

Mun. de San Juan, 170 DPR 149 (2007); Rivera Encarnación v.

E.L.A., supra; Figueroa v. E.L.A., supra.

El momento en que se conoce o debió conocerse el daño

es materia de prueba e interpretación judicial, debido a la

multiplicidad

de

circunstancias

conocimiento del daño.

que

inciden

en

el

Galib Frangie v. El Vocero de P.R.,

138 DPR 560 (1995); Rivera Encarnación v. E.L.A., supra.

Si bien parecería un asunto simple, el análisis sobre dicho

término y sus efectos jurídicos requiere ponderar, entre

otros elementos, la naturaleza o tipo de daños en relación

a los hechos en cuestión.

Rivera Prudencio v. Mun. de San

Juan, supra; Rivera Encarnación v. E.L.A., supra.

C. Daños Continuados

Entre la categoría de daños relevantes a la discusión,

se encuentran los daños continuados.

Los daños continuados

son aquellos producidos por:

[U]no o más actos culposos o negligentes imputables al

actor, coetáneos o no, que resultan en consecuencias

lesivas

ininterrumpidas,

sostenidas,

duraderas,

sin

interrupción, unidas entre sí, las cuales al ser

conocidas

hacen

que

también

se

conozca

-por

ser

previsible- el carácter continuado ininterrumpido de sus

efectos, convirtiéndose en ese momento en un daño cierto

compuesto por elementos de un daño actual (aquel que ya

ha acaecido), y de daño futuro previsible y por tanto

cierto.

Santiago v. Ríos Alonso, supra, pág. 190,

citando a Brau del Toro, op. cit., Vol. II, pág. 648.

Los

ilícito

daños

como

particulares.

continuados

unidad

y

no

son

el

de

una

resultado

de

pluralidad

un

de

acto

actos

Brau del Toro, op. cit., Vol. II, pág 648,

citando a J. Santos Briz, La Responsabilidad Civil, 2da

CC-2014-0245

25

ed., Ed. Montecorvo S.A., Madrid, 1977, pág. 836.

consecuencia,

este

tipo

de

daños

exige

Como

analizar

detenidamente el carácter progresivo de la causa que los

provoca.

Por

su

naturaleza

continua,

progresiva

e

ininterrumpida, cada evento representa una conducta lesiva,

relacionada o atada entre sí, capaz de generar un resultado

definitivo.

Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, supra.

De ahí que el término prescriptivo inicia desde que ocurre

el último de los actos o el resultado definitivo.

Íd.

Los daños que surgen de la instigación de un proceso

judicial

malintencionado,

son

daños

continuos.

En

este

caso, la naturaleza del proceso penal produce una serie de

daños en cada etapa del mismo, relacionados entre sí, cuyo

efecto es sujetar a la persona, intencionalmente, a los

vejámenes del sistema acusatorio.

Los daños se configuran

por la progresión de eventos aislados, “que unidos entre sí

configuran

un

patrón

particular

estado

perjudicada […]”.

de

de

comportamiento

aprehensión

en

que

la

procura

un

[persona]

Umpierre Biascoechea v. Banco Popular,

170 DPR 205, 219 (2007) (Sentencia) (Voto de Conformidad de

la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez).

Cuando el

procedimiento penal culmina a favor del acusado, surge el

resultado definitivo que posibilita ejercitar la causa de

acción.

CC-2014-0245

26

D. La Notificación del Fallo en el Proceso Penal

La controversia concerniente a este recurso nos obliga

a

discutir

aspectos

procesal penal.

jurídicas

Hemos

de

nuestro

ordenamiento

El fallo y la sentencia son dos figuras

distintas

entremezclarse.

medulares

que

suelen

confundirse

y

hasta

Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 759 (2012).

interpretado

que

cuando

el

legislador

utiliza

la

palabra sentencia en el contexto de los mecanismos post

convicción provistos por el ordenamiento procesal penal,

ello incluye el fallo condenatorio.

34 LPRA Ap. II, R. 160

(2004); Pueblo v. Silva Colón, supra; Pueblo v. Rodríguez

Meléndez, 150 DPR 519 (2000).

El fallo es el pronunciamiento que hace el juzgador

respecto

a

la

culpabilidad

o

absolución

del

acusado,

mientras que la sentencia es el dictamen del tribunal en

cuanto a la pena o sanción a imponerse basado en la previa

determinación de culpabilidad.

162 (2004).

sesión

El tribunal pronunciará ambos dictámenes en

pública,

acusado,

34 LPRA Ap. II, Rs. 160 y

y

como

haciéndolos

regla

constar

general,

en

el

en

presencia

registro

de

del

causas

criminales y en las minutas del tribunal dentro del término

prescrito en las reglas.

(2004).

34 LPRA Ap. II, Rs. 163 y 165

En cuanto a los casos que se ventilan por tribunal

de derecho, el fallo lo constituye la propia provisión del

juzgador.

34 LPRA Ap. II, R. 160 (2004).

Tomando en cuenta lo anterior, “[n]o hay duda de que

el fallo es la determinación que pone fin a la cuestión

CC-2014-0245

central

27

–culpabilidad

procedimiento

o

penal”.

inocencia

de

un

(Énfasis

suplido).

Rodríguez Meléndez, supra, pág. 524.

acusado-

en

un

Pueblo

v.

Los efectos de un

fallo son variados y están anticipados en las leyes.

Íd.

Así, pues, en caso de que proceda un fallo absolutorio, a

tenor de la Regla 164 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA

Ap. II, R. 164 (2004), ello supone el fin de la causa

criminal.23

Una absolución en los méritos constituye una

determinación final y firme, capaz de impedir un ulterior

proceso por mandato constitucional en contra de la doble

exposición.

(2008);

Art. II, Sec. 11, Const. PR, LPRA, Tomo 1

Emda.

V,

Const.

EE.UU.,

LPRA,

Tomo

1

(2008).

Véanse, además: Pueblo v. Sánchez Valle et al., 2015 TSPR

25, 192 DPR ___ (2015); Pueblo v. Santos Santos, 189 DPR

361 (2013); Pueblo v. Martínez Torres, 126 DPR 561 (1990).

Es decir, si el juzgador emite un fallo absolutorio tras un

juicio

en

su

fondo

final e inapelable.

(1986);

E.L.

esa

determinación,

de

ordinario,

es

Pueblo v. Rivera Rivera, 117 DPR 283

Chiesa

Aponte,

Derecho

Procesal

Penal

de

Puerto Rico y de Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992,

Vol. II, secs. 16.2 y 16.3, págs. 368-370 y 408.

Contrario

a una acción civil, el Pueblo está impedido de revisar

dicha decisión.24

23

La Regla 164 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 164 (2004),

dispone, en lo pertinente, que el acusado declarado absuelto, deberá ser puesto

inmediatamente en libertad y/o cancelarse la fianza, según proceda.

24

El propio esquema reglamentario dispone como fundamento para desestimar

la acusación o denuncia, que el imputado haya sido absuelto del delito por el

cual se pretende procesarlo. 34 LPRA Ap. II, R. 64(e) (2004 y Supl 2014).

CC-2014-0245

28

Existe una diferencia sustancial en este respecto entre

los

procesos

de

procesamiento

naturaleza

criminal,

civil

como

y

criminal.

norma

En

general,

el

las

determinaciones en cuanto a la culpabilidad o la pena se

dictan en corte abierta y en presencia misma del acusado y

de

su

abogado,

razón

por

la

cual

los

términos

para

cuestionar dichas determinaciones comienzan a partir de ese

momento y no desde el archivo en autos de la copia de la

notificación.25

Exposición de Motivos, Ley Núm. 140-2013,

pág. 2; 32 LPRA Ap. V., R. 46 (2010); 34 LPRA Ap. II, Rs.

193 y 194 (2004 y Supl. 2014).

Pacheco

Armand,

supra.

Esta

Véase, además, Pueblo v.

característica

del

proceso

criminal difiere del proceso civil, cuyo término análogo

para proceder en alzada comienza desde el archivo en autos

de

copia

de

determinaciones.26

y Supl. 2014).

la

notificación

escrita

de

las

32 LPRA Ap. V, Rs. 46, 52.2 y 65.3 (2010

En la etapa en que el juzgador dicta el

fallo o la sentencia, los acusados:

de ordinario están presentes, asistidos de abogado […]

por lo que, desde el punto de vista del debido proceso de

ley, no hay reparo a que el término […] que éstos tienen

para radicar su escrito de apelación comience a contarse

desde que se dicta [el fallo o] la sentencia, por cuanto

quedan notificados el mismo día.

(Énfasis suplido).

25

Esta norma general puede variar, cuando, por ejemplo, el acusado

interrumpe el término para apelar al presentar un mecanismo posterior a la

sentencia. Ello conlleva que el término para recurrir transcurra a partir de

la notificación escrita de la resolución del mecanismo interpuesto.

34 LPRA

Ap. II, Rs. 193 y 194 (2004 y Supl. 2014).

Es preciso destacar que si la

persona no está presente en la lectura de sentencia, a pesar de haber sido

debidamente citada, se procederá a dictar la misma, ya que se presume como una

ausencia voluntaria. Pueblo v. Lourido Pérez, 115 DPR 798 (1984).

26

En los procedimientos de naturaleza civil la notificación escrita de una

sentencia pone en marcha los términos para recurrir en alzada y, como norma

general, adviene final y firme a los 30 días después de ser notificada.

32

LPRA Ap. V, R. 52.2 (2010 y Supl. 2014).

CC-2014-0245

29

Pueblo en interés menor J.M.R., 147 DPR 65, 76 (1998),

citando a Pueblo ex rel. R.S.R., 121 DPR 293, 301 (1988).

En conclusión, todo acusado posee el derecho a estar

presente en cada incidencia del juicio criminal, incluyendo

en el acto de pronunciamiento del fallo.

Pueblo v. Lourido

Pérez, 115 DPR 798 (1984); Pueblo v. Bussman, 108 DPR 444

(1979); Chiesa Aponte, op. cit., 1993, Vol. III, sec. 33.3,

pág. 535.

Esta protección de estirpe constitucional está

comprendida en las Reglas 58, 165 y 243 de Procedimiento

Criminal.27

34 LPRA Ap. II, Rs. 58, 165 y 243 (2004).

Por

lo tanto, a diferencia del proceso civil, la presencia del

acusado en el juicio y el dictamen del juzgador en corte

abierta, constituyen la notificación adecuada que exige la

naturaleza del trámite por virtud del debido proceso de

ley.

III

Discusión

Según explicamos, la Ley Núm. 104 establece que el

Estado

no

responde

por

conducta

intencional

de

sus

empleados en el cumplimiento de sus labores oficiales.

Por

esta razón, queda inmune ante reclamaciones de persecución

27

La Regla 243(a) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 243(a)

(2004), fija el derecho de los acusados de delito grave a asistir, tanto a la

lectura de acusación, así como al juicio.

El derecho de todo acusado a estar presente en toda etapa del

juicio tiene raíces tanto en el Derecho común, Snyder v.

Massachusetts, 291 U.S. 97 (1934), como en la cláusula de

confrontación de la Enmienda Sexta [de] la Constitución de

Estados Unidos, la cual se aplica a los estados a través de la

Enmienda Decimocuarta. Illinois v. Allen, 397 U.S. 337 (1970).

Las fuentes en Puerto Rico son la citada Enmienda Sexta y el

Art. II, Secs. 7 y 11 de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico. Pueblo v. Lourido Pérez, supra, pág.

801.

CC-2014-0245

30

maliciosa.

aunque

De otra parte, el Estado sí podría responder,

medien

actos

intencionales,

negligente

no

cobijada

por

expresamos

en

el

anterior,

sobre

las

si

extracontractual

acápite

su

si

alegaciones

del

presente caso tienen mérito o no.

conducta

inmunidad.

de

Gobierno

coexiste

pasaremos

juicio

responsabilidad

civil

por

no

Conforme

negligencia

en

el

Confinaremos el análisis

a la cuestión estrictamente procesal según planteada por el

Peticionario.

Por

lo

tanto,

debemos

determinar

momento

comienza

el

término

requiere

la

Núm.

104

Ley

de

para

a

partir

de

qué

noventa

(90)

días

que

notificar

al

Estado

la

intención de reclamarle daños por negligencia asociada a

supuestos actos de persecución maliciosa por parte de sus

funcionarios.

Los Recurridos proponen que la notificación se efectuó

dentro de los 90 días en que advinieron en conocimiento del

daño, es decir, desde el archivo en autos de copia de la

notificación del fallo absolutorio el 6 de diciembre de

2011.

De otro lado, el Gobierno insiste en que no le

notificaron oportunamente, ya que el término para hacerlo

iniciaba desde el dictamen del fallo de absolución en corte

abierta, el 24 de octubre de 2011.

El foro de instancia

avaló la postura de los señores Martínez y Toro.

Razonó

que la controversia trabada era una de daños continuos, por

lo que el agraviado conoció del daño cuando se verificó el

último de los actos o se produjo el resultado definitivo.

CC-2014-0245

31

Concluyó que en el caso ante sí, por tratarse de una causa

de acción fundamentada en actos de persecución maliciosa,

el

resultado

escrita

de

definitivo

la

se

sentencia,

obtuvo

lo

con

que

la

notificación

impidió

el

ejercicio

efectivo del derecho a reclamar hasta ese momento.

Aplicando los criterios dispuestos en la Regla 40 de

su

Reglamento,

el

Tribunal

de

Apelaciones

certiorari presentado por el Peticionario.

denegó

el

Juzgó correcta

la interpretación del derecho efectuada por el tribunal de

instancia,

y

al

igual

que

dicho

foro,

coligió

que

los

Recurridos conocieron efectivamente el daño con el archivo

en autos de copia de la notificación de la Sentencia y que

a partir de ese evento procesal comenzaron a transcurrir

los 90 días para cursar el aviso formal al Estado.

Por estar en desacuerdo con el análisis anterior, el

Gobierno planteó ante este Tribunal que el foro apelativo

intermedio erró al concluir que los Recurridos notificaron

oportunamente

al

cuerpo

demandarle.

Tras

fundamentos

aplicables,

político

analizar

la

su

intención

controversia

entendemos

que

el

y

de

los

Peticionario

tiene la razón, por lo que revocamos la determinación del

foro apelativo intermedio.

A. Comienzo de los 90 días

Como explicáramos previamente, en los casos en que se

reclaman

daños

como

consecuencia

de

un

proceso

criminal

suscitado intencional y maliciosamente, la causa de acción

se

configura

cuando

el

agraviado

establece

que:

1)

el

CC-2014-0245

32

demandado

instituyó

intencional

y

o

instigó

maliciosamente;

2)

una

sin

causa

causa

criminal

probable;

3)

concluyó el proceso penal favorable al demandante; y 4)

ello

le

provocó

daños.

Por

considerarse

lesiones

de

naturaleza continua, el término prescriptivo de una acción

en

daños

bajo

maliciosa

el

palio

de

la

figura

comienza

cuando

culmina

la

de

causa

persecución

criminal,

manera final y firme, a favor del demandante.

de

Es a partir

de ese evento específico que la persona perjudicada por el

proceso penal alegadamente malicioso tiene ante sí, pues

los conoce, todos los elementos necesarios para ejercitar

efectivamente su derecho a ser resarcido.

en

los

que

descansa

este

resultado

Los fundamentos

versan

sobre

la

naturaleza misma de algunas figuras del proceso criminal.

Las exigencias legales de origen constitucional fijan

el alcance y el contenido de la notificación del fallo en

el

procesamiento

penal

de

los

acusados.

De

ordinario,

requieren que las determinaciones sobre la culpabilidad del

acusado

sean

dictadas

en

corte

abierta

y

en

presencia,

tanto del acusado como de su representante legal.

Esta

notificación verbal activa el plazo disponible para que el

acusado presente alguno de los mecanismos post convicción

disponible para impugnar la determinación de culpabilidad

del tribunal, tales como la apelación o la reconsideración

del fallo de culpabilidad.

A diferencia del proceso civil,

la naturaleza misma del proceso penal, así como del derecho

libertario

implicado,

torna

innecesaria

la

notificación

CC-2014-0245

escrita,

33

dando

por

enterada

a

la

persona

imputada

del

delito de la determinación del juzgador desde el preciso

momento en que ésta se dicta en corte abierta.28

Además del

carácter particular de la notificación en el proceso penal,

es importante considerar el efecto de una absolución sobre

la finalidad de este cauce.

El

fallo

absolutorio

en

sus

méritos

constituye

una

decisión final, firme e inapelable sobre la culpabilidad de

un imputado.

34 LPRA Ap. II, R. 164 (2004); Pueblo v.

Rodríguez Meléndez, supra; Pueblo v. Rivera Rivera, supra.

Esta

determinación

intento

de

tiene

exponer

al

el

alcance

ciudadano

de

vedar

absuelto

a

cualquier

un

proceso

ulterior, gracias a la garantía constitucional contra la

doble exposición.

(2008).

Art. II, Sec. 11 Const. PR, LPRA, Tomo 1

Este principio legal que impregna de finalidad al

fallo absolutorio, además de marcar el inicio del término

prescriptivo para incoar una acción de daños, justifica que

la

persona

agraviada

tenga

el

deber

de

notificarle

al

Estado su intención de demandarle dentro de los 90 días de

conocido

este

dictamen,

sin

la

notificación escrita del fallo.29

necesidad

de

esperar

la

No tiene por qué ser

diferente.

28

La naturaleza expedita del proceso, también limita las notificaciones

escritas durante el encauzamiento penal. Pueblo v. Pacheco Armand, supra.

29

Recordemos que este análisis aplica, en la medida en que el demandante

haga imputaciones de negligencia contra el Estado y/o funcionarios relacionadas

a la actuación intencional enmarcada en el proceso penal.

CC-2014-0245

34

En síntesis, de acuerdo a los hechos que figuran en

autos, la causa de acción por negligencia relacionada a

eventos de alegada persecución maliciosa quedó establecida

cuando

el

proceso

penal

culminó

favorablemente

absolución de los señores Martínez y Toro.

instancia

informó

su

octubre de 2011.

fallo

en

corte

Dicho dictamen

con

la

El tribunal de

abierta

el

24

de

representó el fin

del

cauce penal, capaz de impedir un procedimiento ulterior en

contra de los Recurridos en relación a los mismos hechos

delictivos por los que fueron juzgados.

Por encontrarse en

sala, los señores Martínez y Toro conocieron la disposición

del trámite penal ese mismo día.

proceso

criminal,

el

dictamen

Dada la naturaleza del

en

corte

abierta

y

en

presencia de éstos sirvió de notificación adecuada de la

determinación judicial en cuanto a la no culpabilidad o

inocencia de éstos.

Es a partir de ese evento procesal, no

desde que el foro juzgador produce la notificación escrita,

que se establece el último elemento de la causa de acción y

la

parte

afectada

alegado

daño.

comienza

a

prescriptivo,

Por

adquiere

lo

conocimiento

tanto,

a

partir

efectivo

de

transcurrir,

no

tan

solo

sino

el

término

de

además

del

ese

momento

el

término

90

días

para

cumplir con su deber de notificar al Estado su intención de

demandarle.

Rivera Encarnación v. E.L.A., supra.

De otra parte, el lenguaje incorporado en la Ley de

Pleitos contra el Estado es análogo al utilizado en el

Artículo 1868 del Código Civil, supra, al disponer que las

CC-2014-0245

35

acciones derivadas de la culpa o la negligencia prescriben

por

el

transcurso

agraviado”.

de

un

año

“desde

que

lo

supo

Rivera Encarnación v. E.L.A., supra.

el

A base a

lo antes planteado, reiteramos que la fecha en que inicia

el término dentro del cual existe el deber de notificar al

soberano, no es necesariamente desde que ocurre la conducta

lesiva.

aquella

Íd.;

en

Figueroa

que

v.

E.L.A.,

efectivamente

el

supra.

Más

perjudicado

bien

es

adviene

en

conocimiento de que tenía una reclamación en contra del

Estado

o

razonablemente

conocimiento.

Rivera

debió

haber

Encarnación

v.

Figueroa v. E.L.A., supra.

advenido

E.L.A.,

en

supra;

En este caso, la fecha que

sirvió de punto de partida para el cómputo del término

dentro del cual existe el deber de notificar al Estado, es

aquella que cumple con los requisitos esbozados aplicables

al

inicio

del

interpretación

término

prescriptivo.

razonable

de

la

Artículo 2A de la Ley Núm. 104.

Colegimos

pues,

que

Esta

frase

es

la

integrada

única

en

el

Figueroa v. E.L.A., supra.

los

Recurridos

adquirieron

conocimiento efectivo de todos los elementos atinentes a su

causa de acción basada en negligencia el 24 de octubre de

2011, cuando el juez dictó el fallo absolutorio en corte

abierta.

Tenían

90

días,

a

partir

de

esa

fecha,

para

notificar formalmente al Estado su intención de reclamar

por los hechos alegados en la Demanda.

No obstante, estos

notificaron

del

al

Gobierno,

por

conducto

Secretario

de

Justicia, el 3 de febrero de 2012, fuera del plazo legal

CC-2014-0245

36

para así hacerlo, por lo que sólo nos resta determinar si

éstos ofrecieron alguna razón justificando su retraso.30

B. Justa Causa

El

requisito

estricto,

lo

de

que

admite

cumplimiento del mismo.

exigencia

notificación

procesal

es

de

o

eximir

aplazar

cumplimiento

el

fiel

Por ello, la parte que incumple la

deberá

demostrar

justa

causa

para

su

demora, ofreciendo explicaciones detalladas, específicas y

concretas

que

nos

concurren

las

circunstancias

excusar

su

conducta.

permitan

ponderar,

si

en

extraordinarias

Berríos

Román

v.

efecto,

capaces

E.L.A.,

de

supra.

Aunque la justa causa exonera de los automatismos asociados

a

los

plazos

de

naturaleza

jurisdiccional,

no

tiene

el

efecto de “una liberación absoluta de los términos expresos

del estatuto.

S[o]lo tiene el efecto momentáneo de eximir

de su cumplimiento mientras ella subsista”.

v.

Cervecería

India,

106

DPR

471,

483

Rodríguez Sosa

(1977).

Véase,

además, Berríos Román v. E.L.A., supra, pág. 562.

Al indagar los argumentos esgrimidos, los Recurridos

aducen que el trámite del proceso penal constituye causa

suficiente

para

requisito

de

Estado

tiene

exonerarles

de

la

notificación,

ya

que,

el

control

de

la

fiel

observancia

según

alegaron,

información

del

el

recopilada

producto de la investigación, los expedientes, los testigos

y toda la prueba pertinente al caso criminal.

30

Consistentes

Los 90 días vencían el 22 de enero de 2012. Sin embargo, por no ser éste

un día hábil, el término se extendió hasta el lunes, 23 de enero de 2012.

CC-2014-0245

37

con el marco doctrinal expuesto, entendemos que apoyan su

defensa

en

conclusiones

estereotipados,

de

desprovistos

derecho

de

y

argumentos

especificidad,

sin

bases

fácticas razonables sobre las cuales podamos ponderar, si

en

efecto,

procedía

o

no

relevarlos

de

rigurosa del requisito de notificación.

la

aplicación

No nos colocaron

en posición de valorar qué información específica en poder

del Estado torna innecesaria la oportuna notificación sobre

los actos torticeros alegados en la Demanda.

Los señores Toro y Martínez cargaban con el peso de

acreditar la justa causa.

No corresponde a este Tribunal

escudriñar las circunstancias del caso para determinar si

existe

justificación

razonable

por

la

que

obligados a notificar oportunamente al Estado.

no

vienen

El hecho de

que se haya llevado a cabo un proceso penal en contra de

los

aquí

Recurridos,

de

por

sí,

no

les

exime

de

su

responsabilidad de notificarle al Estado su intención de

demandarle,

dentro

del

término

legal.

Resolver

lo

contrario, tendría el efecto de derogar el requisito de

notificación de la Ley Núm. 104,

para

entable

contra

una

reclamación

en

daños

toda persona que

el

Estado

como

resultado de un proceso criminal, en abierta contradicción

con la intención legislativa.

Aunque

podamos

judiciales

en

circunstancias

negativamente

tomar

contra

conocimiento

de

particulares

en

los

los

en

intereses

los

procesos

Recurridos,

existen

este

del

de

caso

que

inciden

Estado.

No

podemos

CC-2014-0245

38

perder de perspectiva que el cauce criminal que origina

este pleito civil inició el 16 de marzo de 2009 y culminó

el 24 de octubre de 2011, lo que de por sí constituye

tiempo

suficiente

para

afectar

la

disponibilidad

confiabilidad de la información y los testigos.31

circunstancias

propias

al

funcionamiento

del

y

Otras

sistema

gubernamental y que minan la oportunidad que debe tener el

Estado

de

investigar,

alegar

y

defenderse

lo

son:

los

cambios de administración, la movilización de personal, las

reorganizaciones y

la disponibilidad de los expedientes.

Todos estos factores obran en perjuicio de los intereses

del Estado y justificaron la inclusión del requisito de

notificación en la Ley Núm. 104.

hechos

presentada,

notificación

el

mantiene

propósito

plena

Ante la situación de

inherente

vigencia

por

a

el

la

oportuna

riesgo

de

desaparición de la prueba, la dificultad para corroborarla

y la posibilidad de tomar medidas correctivas contra los

supuestos empleados involucrados.

Insistimos que uno de los propósitos de notificar al

titular del Departamento de Justicia en el breve tiempo de

90 días, es proveerle la información pertinente sobre la

alegada conducta lesiva del Estado y/o de sus funcionarios,

de manera que pueda cumplir, cabal y oportunamente, con su

obligación de investigar los hechos.

Dicha información,

además del ángulo de la investigación, no son materia del

31

La información en cuanto a los hechos también se perjudica

movimiento de los testigos, su paradero, así como el recuerdo de éstos.

por

el

CC-2014-0245

39

cauce penal; su fin no es el mismo.

Secretario

de

Justicia

cuente

Es importante que el

con

la

oportunidad

de

recopilar toda la información pertinente para colocar al

Estado en posición de tomar una decisión respecto a la

reclamación en su contra, conforme lo dispone la Ley Núm.

104.

Finalmente, es meritorio enfatizar que la naturaleza y

propósito del proceso penal son distintos a los del proceso

civil.

Ambos

trámites

probatorios particulares.

judiciales

requieren

elementos

En el procedimiento criminal el

Pueblo intenta probar la culpabilidad de un acusado más

allá de duda razonable.

A diferencia de lo anterior, en

una reclamación civil en daños por persecución maliciosa,

es el demandante quien debe establecer, por preponderancia

de

la

prueba,

los

requisitos

civil extracontractual.

relacionados

a

una

acción

Por último, deben establecerse,

bajo el mismo estándar de prueba, los actos negligentes por

los cuales estaría expuesto a responder el Estado.

Estas

exigencias no se cumplen necesariamente con la evidencia en

poder del Estado recopilada en el cauce penal.

Los elementos del delito que forman parte esencial de

un

proceso

probatorios

penal

de

un

tampoco

proceso

satisfacen

civil

en

los

el

requisitos

que

se

alega

negligencia del Estado, asociada a la alegada persecución

maliciosa

por

información

acción.

parte

necesaria

de

sus

para

funcionarios,

ni

defenderse

este

de

proveen

tipo

la

de

Las alegaciones de una reclamación de esta índole

CC-2014-0245

40

deben estar sustentadas en bases fácticas que permitan al

juzgador evaluar la procedencia de la causa de acción con

el estándar probatorio antes mencionado.

En un proceso

civil

de

esto

es

responsabilidad

inequívoca

la

parte

demandante, quien ostenta el peso de la prueba.

Reafirmamos que el mero hecho de que el Estado cuente

con

cierta

información

producto

de

un

proceso

criminal

contra los Recurridos, no resulta, de por sí, suficiente

para

excusar

su

tardanza

demandar

al

Estado.

requisito

de

notificación

al

notificar

Igualmente,

que

su

intención

reafirmamos

integra

la

Ley

de

que

el

Núm.

104

responde a una política pública clara dirigida a velar por

los intereses del Estado.

Este fundamento nos impone el

deber de vigilar su fiel cumplimiento y conferirle plena

validez, así como eficacia al mismo.

Por lo tanto, a tenor

del Artículo 2A de la Ley Núm. 104, recae en el demandante

la obligación de ofrecer explicaciones razonables acerca de

su tardanza en notificar al Estado.

Reiteramos, que las explicaciones propuestas por los

Recurridos

son

especificidad

e

adecuada

que

suficientes

estereotipadas,

incapaces

condone

para

de

su

tornarse

demora.

establecer

desprovistas

una

de

en

justificación

Tampoco

las

de

resultan

circunstancias

excepcionales en las cuales la intención de la Ley Núm. 104

pierde su propósito y no justifica la estricta aplicación

del requisito de notificación.

Los señores Toro y Martínez

notificaron al Estado pasados los 90 días de conocer el

CC-2014-0245

41

alegado daño al escuchar el fallo absolutorio dictado en

corte abierta.

No lograron establecer justa causa para su

inobservancia del requisito de notificación, según provisto

en el Artículo 2A de la Ley de Pleitos contra el Estado.

Por estas razones, no procede su reclamación y corresponde

desestimar la causa de acción en contra del Estado.

IV

Por

los

fundamentos

que

anteceden,

revocamos

la

Resolución del Tribunal de Apelaciones y desestimamos la

causa de acción que presentaron los señores Martínez y Toro

en contra del Gobierno por incumplir con el requisito de

notificación dispuesto en el Artículo 2A de la Ley Núm.

104.

Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia

para la continuación de los procedimientos de conformidad a

lo aquí dispuesto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Roberto Feliberti Cintrón

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ángel Toro Rivera y

Martínez Lozano

Raymond

Recurridos

v.

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto Rico, representado por

Certiorari

el Secretario de Justicia, Núm. CC-2014-0245

Departamento de Corrección,

representado

por

su

Secretario, Fiscales Melvin

Colón Bonet y Marie Díaz

León, Agente Listoriel López,

Agente Aldo Flores Alicea,

Agente

Otoniel

González,

Agente Excer Quiñones, Agente

John Doe, Agente Richard Doe

y Compañías Aseguradoras A,

B, C

Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de diciembre de 2015.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente Sentencia, revocamos la Resolución emitida por el

Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, desestimamos la

causa de acción que presentaron los Sres. Ángel Toro

Rivera y Raymond Martínez Lozano en contra del Gobierno

por incumplir con el requisito de notificación dispuesto

en el Artículo 2A de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de

1955, según enmendada. Se devuelve el caso al Tribunal de

Primera

Instancia

para

la

continuación

de

los

procedimientos de conformidad a lo aquí dispuesto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora

CC-2014-0245

2

Rodríguez

Rodríguez

y

la

Jueza

Asociada

señora

Pabón Charneco concurren con el resultado sin opinión

escrita.

El Juez Asociado señor Estrella Martínez

disiente con opinión escrita a la cual se une la Jueza

Presidenta señora Fiol Matta.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ángel Toro Rivera; Raymond

Martínez Lozano

Recurridos

v.

CC-2014-245

Certiorari

ELA et al.

Peticionarios

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA

MARTÍNEZ a la cual se une la Jueza Presidenta SEÑORA FIOL MATTA

San Juan, Puerto Rico, a 23 de diciembre de 2015.

Por

considerar

particulares

que

que

ante

presenta

la

los

hechos

controversia

de

epígrafe sencillamente procedía reconocer que nos

encontramos ante una excepción al requisito de

notificación

previa

disiento

la

de

para

demandar

determinación

al

emitida

Estado,

por

una

Mayoría de este Tribunal. Entiendo que en el caso

ante nos se configuran elementos atemperantes que

liberan

a

los

recurridos

de

notificar

su

intención de demandar al Estado, tal y como este

Tribunal lo ha sostenido en repetidas ocasiones.

En

ese

contraria

sentido,

la

Opinión

Mayoritaria

es

CC-2014-245

2

a nuestros reiterados pronunciamientos con relación a esta

materia, por aplicar el requisito de notificación de forma

inflexible

y

a

base

de

un

rigorismo

desmedido,

en

circunstancias en las que jurídicamente no se justifica.

Por consiguiente, opino que no procede la desestimación de

la causa de acción incoada por los recurridos.

Veamos el escenario fáctico y procesal que ocasionó la

controversia de autos.

I

El caso de epígrafe inició el 23 de octubre de 2012,

cuando los señores Ángel Toro Rivera y Raymond Martínez

Lozano (demandantes o recurridos) instaron una demanda en

daños y perjuicios –asociada a una alegada negligencia por

no impedir acciones que constituyen persecución maliciosacontra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), el

Departamento de Corrección y Rehabilitación, dos fiscales

de la División de Integridad Pública y varios agentes, así

como

contra

demanda

en

sus

respectivas

cuestión

tiene

compañías

su

génesis

aseguradoras.

en

unos

La

hechos

acaecidos durante el 16 de marzo de 2009. En esa fecha, el

Ministerio Público presentó cargos criminales contra los

recurridos por alegadamente infringir varias disposiciones

del Código Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4629 et seq., la Ley

de Ética Gubernamental de 1985, 3 LPRA sec. 1801 et seq., y

la Ley de Sustancias Controladas de 2007, 24 LPRA sec. 2101

et seq. Esencialmente, los demandantes laboraban para el

Departamento

de

Corrección

y

Rehabilitación,

y

se

les

CC-2014-245

imputó

la

3

introducción

en

una

sustancias controladas y de un

institución

penal

celular con su

de

cargador

eléctrico.

Celebrado el juicio en su fondo, el 24 de octubre de

2011, el Tribunal de Primera Instancia emitió un fallo en

corte abierta mediante el cual declaró no culpables a los

recurridos de los cargos imputados.32 El pronunciamiento del

tribunal fue notificado por escrito el 6 de diciembre de

2011.

Ante el cuadro descrito, el 1 de febrero de 2012, los

recurridos notificaron al entonces Secretario de Justicia

(Secretario) su intención de demandar al Estado y, según

indicado, el 23 de octubre de 2012, incoaron la acción en

daños

y

perjuicios

alegando

negligencia

por

no

impedir

acciones que constituyen persecución maliciosa. En esencia,

los recurridos adujeron que los fiscales fueron negligentes

en el descargo de sus funciones, toda vez que les imputaron

cargos criminales sin que existiera prueba contra éstos y a

sabiendas

de

que

era

alegaron

que

la

agentes

encargados

un

caso

investigación

del

caso

“fabricado”.

llevada

fue

a

Asimismo,

cabo

deficiente

y

por

los

que

los

testigos de cargo desconocían los hechos básicos. Del mismo

modo,

32A

sostuvieron

que

el

Estado

era

responsable

del

solicitud del Ministerio Público, el Tribunal de

Primera Instancia archivó los cargos contra el Sr. Raymond

Martínez Lozano por las alegadas infracciones a la Ley de

Sustancias Controladas de 2007, 24 LPRA sec. 2101 et seq.,

y al Art. 283 del Código Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4911.

CC-2014-245

4

proceder de sus funcionarios, empleados y agentes, quienes

instaron un proceso criminal en su contra a pesar de que no

incurrieron en conducta delictiva.

Con relación a los daños, los recurridos arguyeron que

como resultado del proceso penal iniciado en su contra,

fueron destituidos de sus puestos, sufrieron humillaciones

y

experimentaron

pérdidas

económicas,

emocionales

y

familiares. Como corolario, solicitaron indemnización por

los

daños

psicológicos,

las

angustias

mentales

y

las

pérdidas sufridas.

El 18 de marzo de 2013, el ELA presentó una Moción de

Desestimación. En lo pertinente, alegó que los recurridos

incumplieron con el requisito de notificación oportuna al

Secretario, conforme lo dispone el Art. 2A de la Ley Núm.

104 de 29 de junio de 1955 (Ley Núm. 104), según enmendada,

conocida como la Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el

Estado, 32 LPRA sec. 3077a. Para el ELA, el plazo de 90

días para notificar al Secretario comenzó a transcurrir

desde que se emitió el fallo de no culpabilidad. Así las

cosas,

adujo

que

la

notificación

fuera

del

término

repercutió adversamente en la preparación de su defensa.

Posteriormente, los recurridos presentaron una Réplica

en

Oposición

a

Moción

de

Desestimación.

En

síntesis,

alegaron que el plazo para notificar al Estado su intención

de

demandarlo

comenzó

a

transcurrir

a

partir

de

la

notificación de la sentencia y no desde que se emitió el

fallo de no culpabilidad. Además, sostuvieron que el Estado

CC-2014-245

5

conoce y tiene control de la prueba del caso, por lo que

están

eximidos

del

deber

de

notificación

previa

al

Secretario.

Ponderados los argumentos de las partes, el 2 de mayo

de 2013, el Tribunal de Primera Instancia declaró no ha

lugar la solicitud de desestimación. En desacuerdo, el ELA

presentó una Moción de Reconsideración, en la cual expresó

que el proceso penal contra los recurridos no los relevó de

su deber de notificar oportunamente al Estado la intención

de

demandarlo.

Para

el

ELA,

concluir

lo

contrario

lo

dejaría en estado de desventaja e indefensión.

Oportunamente,

los

recurridos

se

opusieron

a

la

reconsideración solicitada por el ELA. En lo pertinente,

objetaron

la

alegada

indefensión

del

Estado

bajo

el

argumento de que la información pertinente al pleito está a

cargo de sus propios funcionarios, empleados y agentes y, a

su vez, no existe el riesgo de que ésta desaparezca.

Tras aquilatar las posturas de las partes, el 30 de

octubre de 2013, el foro primario emitió una Resolución en

la cual declaró no ha lugar la reconsideración solicitada.

Razonó que aun cuando el resultado favorable de la acción

penal

fue

el

24

de

octubre

notificar al Estado comenzó a

de

2011,

el

término

para

transcurrir desde que la

sentencia fue notificada por escrito el 6 de diciembre de

2011, pues en esa fecha el cauce penal advino final y

firme. Esto, ya que determinó que la controversia era una

de daños continuos, por lo que los agraviados conocieron

CC-2014-245

6

del daño cuando se verificó el último de los actos o se

produjo el resultado definitivo. Como en el caso de autos

la

causa

de

acción

está

fundamentada

en

actos

de

persecución maliciosa, el foro primario dictaminó que el

resultado definitivo se obtuvo con la notificación escrita

de la sentencia. Por ende, concluyó que la notificación

remitida al Secretario el 1 de febrero de 2012 se realizó

dentro del requerido plazo de 90 días.

Inconforme,

Apelaciones.

el

ELA

acudió

ante

el

adujo

que

el

Esencialmente,

Tribunal

foro

de

primario

incidió al determinar que los recurridos cumplieron con el

requisito de notificación oportuna dispuesto en el Art. 2A

de la Ley Núm. 104. Examinado el caso, el 26 de febrero de

2014, el foro apelativo intermedio emitió una Resolución

mediante la cual denegó la expedición del recurso instado.

En

su

dictamen,

oportunamente

al

expresó

que

Secretario

los

y

recurridos

presentaron

notificaron

su

causa

de

acción dentro del plazo dispuesto en ley. Así las cosas,

concluyó

que

el

foro

primario

no

incurrió

en

abuso

de

discreción o error en la aplicación de la norma procesal

vigente.

En

disconformidad

con

la

determinación,

el

ELA

recurrió ante este Tribunal mediante recurso de certiorari.

En éste, señala que el Tribunal de Apelaciones erró al

determinar lo siguiente: (1) que el dictamen del Tribunal

de Primera Instancia no constituyó un abuso de discreción;

y

(2)

que

los

recurridos

notificaron

oportunamente

al

CC-2014-245

Secretario

7

su

intención

de

demandar

al

Estado.

El

ELA

subraya que es a partir del fallo absolutorio dictado en

corte abierta que comienza a transcurrir el término de 90

días para notificarle al Estado. Esto, toda vez que plantea

que en esa fecha los recurridos conocieron el resultado

final, firme e inapelable del proceso criminal instado en

su contra.

En atención a lo anterior, el 31 de octubre de 2014,

este

Tribunal

emitió

una

Resolución

mediante

la

cual

expidió el auto de certiorari presentado. Evaluados los

argumentos de las partes, una

Mayoría de este

Tribunal

acogió la postura del ELA y determinó que el término de 90

días para notificar al Estado la intención de demandarlo en

daños y perjuicios –basado en alegada negligencia por no

impedir

acciones

que

constituyen

persecución

comienza a transcurrir desde que se pronuncia

maliciosael fallo

absolutorio. Tal razonamiento condujo a una Mayoría de este

Tribunal a aplicar el requisito de notificación de forma

extrema y, por consiguiente, desestimar la acción judicial

incoada por los recurridos, contrario a los precedentes que

discutiremos a continuación.

Como considero que en el caso de autos se configura la

justa

causa

que

libera

a

los

recurridos

del

deber

de

notificar al Estado la intención de instar una reclamación

en su contra, no me queda más que disentir del curso de

acción seguido por una Mayoría de este Tribunal, pues este

deber

de

notificar

es

totalmente

inaplicable

a

las

CC-2014-245

8

circunstancias

particulares

ante

nuestra

consideración.

Veamos.

II

Como es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico rige

la doctrina de inmunidad soberana, desde que fue reconocida

por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso

Porto Rico v. Rosaly, 227 US 270 (1913). Al amparo de esta

doctrina,

se

impide

la

presentación

de

reclamaciones

judiciales contra el Estado en circunstancias en que no ha

mediado

su

consentimiento.

Doble

Seis

Hacienda, 190 DPR 763, 788 (2014);

Sport

v.

Depto.

Guadiola Álvarez v.

Depto. de la Familia, 175 DPR 668, 679 (2009); Berríos

Román v. ELA, 171 DPR 549, 555 (2007); Defendini Collazo et

al. v. ELA, 134 DPR 28, 40 (1993). Cabe señalar que el

reconocimiento

nuestra

de

Asamblea

la

inmunidad

Legislativa

soberana

promulgara

propició

una

que

serie

de

estatutos dirigidos a autorizar cierto tipo de acciones

judiciales contra el Estado. Particularmente, en 1955 se

aprobó

la

Ley

consintió

a

actuaciones

Núm.

ser

y

104,

demandado

omisiones

mediante

en

la

daños

culposas

o

cual

y

el

Estado

perjuicios

negligentes

por

de

sus

funcionarios, empleados o agentes en el desempeño de sus

funciones. 32 LPRA sec. 3077(a). Asimismo, se autorizaron

las

reclamaciones

inmueble,

o

para

derechos

reivindicar

sobre

las

propiedad

mismas,

y,

mueble

a

su

e

vez,

demandas fundadas en la Constitución, en cualquier ley o

CC-2014-245

reglamento

9

de

Puerto

Rico

o

en

algún

contrato

con

el

Estado. 32 LPRA secs. 3077(b) y 3077(c).

A.

Ahora bien, la renuncia del Estado a su inmunidad,

aunque

amplia,

no

conlleva

una

autorización

ilimitada

contra la protección que le cobija. Doble Seis Sport v.

Depto.

Hacienda,

supra,

pág.

789;

Guardiola

Álvarez

v.

Depto. de la Familia, supra, pág. 679. Esto, toda vez que

la

Ley

Núm.

104

vino

acompañada

de

restricciones

y

salvaguardas procesales que gobiernan la manera en que se

puede reclamar indemnización al Estado.33 Rosario Mercado v.

ELA, 189 DPR 561, 566 (2013); Guardiola Álvarez v. Depto.

de

la

Familia,

supra,

pág.

680;

Berríos

Román

v.

ELA,

supra, pág. 556. De esta forma, el Art. 6 de la Ley Núm.

104 incluye una serie de actos para los cuales el Estado no

cedió su inmunidad. En particular, se prohíbe demandar al

Estado para exigir indemnización por los actos y omisiones

de

un

funcionario,

empleado

o

agente

que

constituyan

“acometimiento, agresión u otro delito contra la persona,

encarcelación

maliciosa,

ilegal,

calumnia,

arresto

libelo,

ilegal,

difamación

persecución

y

falsa

representación e impostura”. 32 LPRA sec. 3081(d). En otras

palabras, el Estado responde por los actos negligentes de

sus funcionarios, empleados o agentes en el descargo de sus

33Entre

las limitaciones estatutarias impuestas se

encuentra el tope de cuantía que todo reclamante puede

obtener al demandar al Estado. Véase 32 LPRA sec. 3077.

CC-2014-245

10

funciones, pero, de ordinario, mantiene su inmunidad cuando

esas

actuaciones

constituyen

conducta

intencional

o

constitutiva de delito. Guardiola Álvarez v. Depto. de la

Familia, supra, pág. 680; Berríos Román v. ELA, supra, pág.

556; Valle v. ELA, 157 DPR 1, 16 (2002).

En cuanto a lo anterior, es menester hacer hincapié en

que este Tribunal ha sostenido que el Estado puede ser

responsable si la actuación ilegal que prohíbe el Art. 6 de

la Ley Núm.104 es una en la que medió un grado mayor de

negligencia que de intención. Véanse Valle v. ELA, supra;

Leyva et al. v. Aristud et al., 132 DPR 489 (1993); Alberio

Quiñones v.

824

(1960).

ELA, 90 DPR 812 (1964); Meléndez v ELA, 81 DPR

Esto

es,

el

hecho

de

que

se

trate

de

actuaciones intencionales de los funcionarios, empleados o

agentes, no es suficiente para automáticamente brindarle

inmunidad al Estado. Leyva et al. v. Aristud et al., supra,

pág. 512. Concluir lo contrario conllevaría concederle un

manto de inmunidad al Estado en circunstancias en las que

las actuaciones intencionales no constituyen la única causa

del daño, lo que frustraría el propósito de la Ley Núm.

104. Íd.

A esos efectos, es oportuno reiterar que el Estado

está sujeto a responder en cualquiera de los siguientes

supuestos: (1) cuando el funcionario, empleado o agente

causa un daño por su exclusiva culpa o negligencia mientras

desempeña sus funciones y actúa en su capacidad oficial;

(2) cuando el funcionario, empleado o agente causa un daño

CC-2014-245

11

mientras desempeña sus funciones y actúa en su capacidad

oficial por una

aun

cuando

actuación preponderantemente negligente,

dicha

intencionales;

(3)

conducta

cuando,

a

tenga

pesar

algunos

de

que

elementos

el

daño

fue

directamente producido por un acto enteramente intencional

de

los

cuales

negligentes

no

responde

separados

de

el

Estado,

cocausantes

hubo

del

otros

daño

actos

por

los

cuales sí debe responder el Estado; y (4) cuando el Estado,

a

través

incumplir

de

sus

con

un

agentes,

deber

es

negligente

impuesto

por

por

las

omisión

leyes

y

al

la

Constitución. Íd., págs. 510-511; Hernández v. ELA, 116 DPR

293 (1985); Negrón v. Orozco Rivera, 113 DPR 712 (1983);

Morales Garay v. Roldán Coss, 110 DPR 701 (1981); Galarza

Soto v. ELA, 110 DPR 701 (1979).

III

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, cabe

señalar que una de las salvaguardas procesales que rigen la

manera en que se puede demandar al Estado es el deber de

notificación previa. Este requisito fue añadido a la Ley

Núm. 104 en virtud de la Ley Núm. 121 de 2 de junio de

1966. (1966 Leyes de Puerto Rico 396-397). Esencialmente,

el Art. 2A de la Ley Núm. 104 establece que como condición

previa a entablar una acción judicial contra el Estado se

debe notificar al Secretario de Justicia dentro de los 90

días siguientes a la fecha en que el agraviado advino en

conocimiento

del

daño.

32

LPRA

sec.

3070a(c);

véanse,

CC-2014-245

12

además, Rosario Mercado v. ELA, supra, pág. 566; Berríos

Román v. ELA, supra, pág. 557.

En esa notificación se debe hacer constar la fecha, el

lugar, la causa y naturaleza del daño sufrido, los nombres

y direcciones de sus testigos, la dirección del reclamante,

así como el lugar donde recibió tratamiento médico. 32 LPRA

sec.

3077a(a).

En

aquellas

situaciones

en

las

que

el

reclamante estuviera física o mentalmente imposibilitado de

notificar dentro del plazo de 90 días, podrá hacerlo dentro

de

los

30

días

siguientes

a

la

fecha

en

que

cese

la

incapacidad. 32 LPRA sec. 3077a(c). También surge del Art.

2A que no podrá iniciarse reclamación judicial contra el

Estado sin la notificación previa, a menos que medie justa

causa. 32 LPRA sec. 3077a(e).

El requisito de notificación previa persigue un fin

público

específico:

proteger

al

Estado

de

reclamaciones

ajenas a su conocimiento. Su propósito es poner sobre aviso

al Estado de que ha surgido una probable causa de acción en

daños en su contra, de modo que pueda activar sus recursos

de investigación prontamente. Berríos Román v. ELA, supra,

pág. 559; Romero Arroyo v. ELA, 127 DPR 724, 734 (1991);

Rivera de Vicenti v. ELA, 108 DPR 64, 69 (1978). Además, en

repetidas

ocasiones

este

Tribunal

ha

expresado

que

el

requerimiento de una notificación responde a los siguientes

propósitos y objetivos: (1) propiciar la oportunidad de

investigar los hechos que dan origen a la reclamación; (2)

desalentar reclamaciones infundadas; (3) fomentar un pronto

CC-2014-245

13

arreglo de las mismas; (4) permitir la inspección inmediata

del lugar del accidente antes de que ocurran los cambios;

(5)

descubrir

el

nombre

de

las

personas

que

tienen

conocimiento de los hechos; (6) advertir a las autoridades

pertinentes

de

la

existencia

de

la

reclamación;

y

(7)

mitigar el importe de daños sufridos. Rosario Mercado v.

ELA, supra, pág. 566; Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR

788, 799 (2001); Méndez et al. v. Alcalde de Aguadilla, 151

DPR 853, 860-861 (2000).

A.

Si bien este Tribunal ha expresado que la notificación

previa es una parte esencial de la causa de acción, hemos

reiterado que su naturaleza es de cumplimiento estricto.

Rosario Mercado v. ELA, supra, pág. 567; Berríos Román v.

ELA, supra, pág. 560; Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra,

pág. 800. Es por ello que se ha excusado su cumplimiento

cuando,

de

lo

contrario,

se

ocasionaría

una

grave

injusticia que privaría a un reclamante de una legítima

causa de acción. Rosario Mercado v. ELA, supra, pág. 567;

Berríos Román v. ELA, supra, pág. 560. De esta forma, se

han

permitido

excepciones

donde

el

esquema

legislativo

pierde el propósito de proteger los intereses del Estado o

donde

jurídicamente

no

existe

razón

para

aplicar

este

requisito. Rosario Mercado v. ELA, supra, pág. 567; Berríos

Román v. ELA, supra, pág. 560.

Es

requisito

decir,

aunque

la

de

notificación

“norma

debe

general”

ser

es

aplicado

que

de

el

forma

CC-2014-245

14

estricta, consecuentemente este Tribunal se ha negado a

exigirlo cuando: (1) el daño o la negligencia la cometió el

mismo funcionario a quien se tiene que notificar, pues

posee

conocimiento

de

ocurre

dentro

plazo

del

los

hechos;

de

90

(2)

días

el

emplazamiento

provisto

para

la

notificación; (3) la tardanza en la notificación no es

imputable al demandante; (4) el riesgo de desaparición de

la

prueba

objetiva

es

mínimo,

hay

constancia

de

la

identidad de los testigos, y el Estado puede investigar y

corroborar los hechos con facilidad; (5) el Estado renuncia

a la defensa de falta de notificación; y (6) se insta una

acción directa contra la aseguradora, entre otras. Véanse

Rosario Mercado v. ELA, supra, pág. 567; Berríos Román v.

ELA, supra; Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra; Méndez et

al. v. Alcalde de Aguadilla, supra; Romero Arroyo v. ELA,

supra; Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 DPR 618 (1985);

Meléndez Gutiérrez v. ELA, 113 DPR 811 (1983); Rivera de

Vicenti v. ELA, supra; Cortés Román v. ELA, 106 DPR 504

(1977); Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357 (1977).

Es

pertinente

enfatizar

la

jurisprudencial

no

ha

la

de

dejar

requisito

el

legislador

ha

dispuesto

que

sido

que

sin

trayectoria

efecto

que

un

debe

cumplirse, sino la de emplearlo a los casos en los que

propiamente

debe

aplicarse,

sin

rigorismos

desmedidos.

Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 800; López v.

Autoridad de Carreteras, 133 DPR 243, 252 (1993). En aras

de imprimirle vitalidad al propósito rector de la Asamblea

CC-2014-245

15

Legislativa,

requisito

este

de

Tribunal

notificación

se

ha

previa

negado

de

a

aplicar

forma

el

inexorable.

Berríos Román v. ELA, supra, pág. 560. En armonía con ello,

se ha adoptado una trayectoria liberalizadora con el fin de

no

extender

sin

notificación

a

sentido

situaciones

crítico

en

las

el

requisito

cuales

sus

de

objetivos

carecen de virtualidad y conllevarían una injusticia. Íd.

De hecho, ya que no se trata de un requisito que alcanza la

calidad de condición jurisdiccional, en muchas ocasiones

este Tribunal ha permitido una aplicación flexible de la

norma

en

atención

requisito

de

a

que

notificación

el

no

propósito

u

resultaría

objetivo

del

adversamente

afectado. Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 800;

Méndez et al. v. Alcalde de Aguadilla, supra, pág. 861.

Así, se libera al tribunal de un automatismo dictado por el

calendario y salva su facultad para conocer del caso y

proveer

justicia,

según

lo

ameriten

las

circunstancias.

Rivera de Vicenti v. ELA, supra, pág. 70; Loperena Irizarry

v. ELA, supra, pág. 360. En fin, en Berríos Román v. ELA,

supra, pág. 563, este Tribunal fue enfático en establecer

que en aquellas circunstancias en que la exigencia de la

notificación desvirtúe los propósitos de la Ley Núm. 104,

“se podrá eximir al reclamante de notificar al Estado para

evitar

la

exigencia”.

aplicación

extrema

y

desmedida

de

dicha

CC-2014-245

16

IV

Examinada la normativa jurídica pertinente, procedo a

exponer mi criterio con relación a la controversia que

presenta el caso de epígrafe. Veamos.

Como indiqué, se desprende de los autos que el 16 de

marzo

de

2009,

el

Ministerio

Público

le

imputó

a

los

recurridos transgresiones al Código Penal, a la Ley de

Ética Gubernamental y a la Ley de Sustancias Controladas.

Ventilado el juicio en su fondo, el tribunal emitió un

fallo de no culpabilidad el 24 de octubre de 2011 y el 6 de

diciembre de 2011 se notificó la respectiva sentencia. Así

las

cosas,

el

1

notificaron

al

Secretario

Estado.

de

febrero

Posteriormente,

presentaron

una

demanda

de

su

el

en

2012,

intención

recurridos

de

demandar

de

octubre

de

2012,

que

alegaron

daños

como

23

la

los

al

consecuencia de la negligencia del Estado de no impedir

acciones

de

sus

funcionarios,

empleados

o

agentes

que

constituyen persecución maliciosa.

Ante

ello,

reclamación

bajo

el

el

ELA

solicitó

la

desestimación

fundamento

de

que

la

de

la

notificación

efectuada no fue oportuna. Por su parte, los recurridos

arguyeron que el plazo para notificar al Estado comenzó a

transcurrir a partir de la notificación de la sentencia y

no desde que se emitió el fallo de no culpabilidad, tal

como alegó el ELA. Asimismo, sostuvieron que como el Estado

conoce

y

tiene

control

de

la

prueba

excusados del deber de notificación previa.

del

caso

están

CC-2014-245

17

Aquilatados los argumentos de las partes, el Tribunal

de Primera Instancia declaró no ha lugar la desestimación

solicitada. Vista una solicitud de reconsideración, el foro

primario la declaró no ha lugar y concluyó que el término

para notificar al Estado comenzó a transcurrir a partir de

la

notificación

de

la

sentencia,

pues

en

esa

fecha

el

proceso advino final y firme. En desacuerdo, el ELA acudió

al Tribunal de Apelaciones, el cual denegó la expedición

del recurso. Aun inconforme, el ELA recurrió

ante este

Tribunal.

Evaluado

embarcó

el

caso,

una

innecesariamente

en

Mayoría

de

responder

este

a

Tribunal

partir

de

se

qué

momento comienza a transcurrir el término de 90 días que

requiere

la

Ley

Núm.

104

para

notificar

al

Estado

la

intención de reclamarle daños por negligencia -asociada a

supuestos actos de persecución maliciosa por parte de sus

funcionarios, empleados o agentes-. Tal proceder llevó a

una Mayoría de este Tribunal a acoger la postura esgrimida

por

el

ELA

y,

en

consecuencia,

desestimar

la

causa

de

acción incoada por los recurridos.

No obstante, y contrario a lo razonado por una Mayoría

de este Tribunal, soy del criterio que en el presente caso,

de entrada, correspondía preguntarse si el hecho de que el

Estado controle, maneje y tenga en su poder información

producto de un proceso criminal del cual fue promovente,

constituye justa causa para eximir del deber de notificar

la intención de instar una reclamación en su contra por

CC-2014-245

18

daños y perjuicios –asociada a alegada negligencia por no

impedir acciones que constituyen persecución maliciosa-.34

Ello,

a

la

luz

jurisprudenciales

de

los

fundamentos

expuestos.

La

estatutarios

Opinión

y

Mayoritaria

descarta tal análisis y, de esa forma, se aleja de los

reiterados pronunciamientos de este Tribunal con relación

al

particular.

Asimismo,

pretende

pautar

una

norma

que

resulta inaplicable al caso de autos. Es más, de la Opinión

Mayoritaria se colige que el hecho de que el Estado cuente

con información producto de un proceso criminal no resulta

suficiente para excusar el cumplimiento del requisito de

notificación

disentir

previa.

del

Ante

proceder

ello,

seguido

no

me

por

este

queda

más

que

Tribunal.

Me

explico.

A.

Como surge de los autos, los hechos que motivan la

controversia de epígrafe alegadamente fueron producto de

los

actos

directamente

efectuados

por

los

funcionarios,

empleados y agentes que participaron en las diversas etapas

del

proceso

penal

que

se

llevó

a

cabo

contra

los

recurridos. A tales efectos, es ineludible concluir que el

Estado, como parte promovente de la causa penal incoada en

el 2009 y culminada en el 2011, tiene pleno conocimiento de

los

hechos

34

alegados

en

la

demanda

presentada

por

los

La controversia ante este Tribunal es una de índole

procesal, por lo que en esta etapa no corresponde pasar juicio

con relación a los méritos de la reclamación en daños y

perjuicios instada por los recurridos.

CC-2014-245

19

recurridos. Ello, pues,

poder

la

controla,

información

investigación

y

del

maneja y

recopilada

proceso

penal

tiene en su

producto

instado

de

la

contra

los

recurridos. Es decir, la información pertinente al pleito

está

en

manos

del

Estado

y

no

corre

el

riesgo

de

desaparecer. Por tal motivo, es forzoso establecer que el

Estado tiene constancia de la identidad de los testigos y

puede

fácilmente

investigar,

corroborar

o

refutar

los

hechos alegados en la demanda presentada.

Entiendo que en este caso particular, donde el Estado

conoce y maneja los hechos alegados en la demanda por ser

promovente de la causa penal, donde la información está en

poder del Estado sin riesgo de que desaparezca y donde, por

tanto, hay constancia de la identidad de los testigos y se

puede

fácilmente

investigar,

corroborar

hechos alegados, se configura la

reconocido

para

eximir

la

o

refutar

justa causa

de

presenta

una

excusar

el

en

casos

de

reclamaciones de daños y perjuicios contra el

Estado

–

En

circunstancia

excepcional

cumplimiento

del

otras

requisito

palabras,

del

que hemos

requisito

notificación.

observancia

los

se

que

justifica

de

notificación

asociadas a alegada negligencia por no impedir acciones que

constituyen persecución maliciosa-. Ello guarda

armonía

con

el

tratamiento

jurisprudencial

Tribunal

le

ha

brindado

requisito

previa.

al

de

perfecta

que

este

notificación

CC-2014-245

20

Considero que en las circunstancias que presenta el

caso de epígrafe no existe razón para aplicar el requisito

de notificación, toda vez que el referido fin público que

éste persigue no resulta afectado, ni se contrarían sus

propósitos

y

objetivos

escenario

fáctico

jurídicos.

ante

Por

nuestra

tanto,

en

el

consideración,

la

notificación carece de vitalidad, pues constituye un mero

formalismo sin propósito. Sin duda, exigir la notificación

previa

en

estas

circunstancias

redundaría

en

un

requerimiento, a lo sumo, irrazonable y nada práctico.

En fin, a mi juicio, éste es uno de esos casos en los

cuales no debe ser de aplicación rigurosa ni inexorable el

requisito previo de notificación, ya que se configura una

excepción

que

ha

sido

repetidas

ocasiones.

avalada

Esto

es,

por

se

este

Tribunal

configura

un

en

elemento

atemperante que libera a los reclamantes de notificar al

Estado, tal como se reconoció en Berríos Román v. ELA,

supra,

pág.

562.

El

cuadro

controversia

me

notificación

establecido

constituir

un

lleva

a

fáctico

concluir

por

obstáculo

la

que

que

el

Ley

Núm.

insalvable

que

presenta

esta

requisito

104

no

acarree

de

debe

la

desestimación de la acción de daños y perjuicios –asociada

a

alegada

negligencia

por

no

impedir

constituyen

persecución

maliciosa-

acciones

presentada

por

que

los

recurridos. Como una Mayoría de este Tribunal se aleja de

la

consecuente

Tribunal

le

ha

trayectoria

jurisprudencial

otorgado

requisito

al

de

que

este

notificación

CC-2014-245

21

previa, al decidir aplicarlo

-a base de un automatismo

inflexible e innecesario- en circunstancias en las que es

diáfano que se configura una excepción, disiento.

V

Amparado en los preceptos expuestos, disiento de la

determinación emitida por una Mayoría de este Tribunal. En

su lugar, confirmaría, por los fundamentos aquí enunciados,

los dictámenes de los foros recurridos y devolvería el caso

al

foro

primario

para

la

continuación

de

los

procedimientos.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado