LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. Concepción Guerra

2015 TSPR 162

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. Concepción Guerra

CC-2014-818

Derecho Penal – Elemento de la premeditación para la configuración del delito de asesinato en primer grado; Ley de Armas – Art. 7.03, duplicación de las penas impuestas

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Certiorari

Peticionario

2015 TSPR 162

V.

194 DPR ____

José A. Concepción Guerra

Recurrido

Número del Caso: CC-2014-818

Fecha: 10 de diciembre de 2015

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray

Procuradora General

Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez

Subprocuradora General

Lcda. Eva Soto Castelló

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcda. Ivette Aponte Nogueras

Lcdo. Alberic Prados Bou

Materia: Derecho Penal – Elemento de la premeditación para la

configuración del delito de asesinato en primer grado; Ley de Armas –

Art. 7.03, duplicación de la penas impuestas.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

CC-2014-0818

v.

José A. Concepción Guerra

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ

TORRES.

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre de 2015.

Este

caso

nos

esclarecer

los

contornos

premeditación

en

brinda

la

la

del

oportunidad

elemento

configuración

del

de

de

la

delito

de

asesinato en primer grado. En particular, debemos

precisar

si

un

narcotraficante

que

libraba

una

guerra callejera cometió asesinato en primer grado

al

disparar

creencia

de

organización

contra

un

menor

que

era

un

criminal

de

edad

integrante

rival.

Como

bajo

la

de

una

segunda

controversia, nos corresponde determinar si el Art.

7.03

de

la

Ley

de

Armas,

infra,

autoriza

la

duplicación de las penas impuestas sobre un acusado

con agravantes o atenuantes.

CC-2014-0818

2

I.

El 17 de abril de 2008, a eso de las 10:00 p.m., el

menor de trece años de edad Eliezer O. Encarnación Alicea

(Eliezer)

salió

urbanización

a

jugar

donde

con

vivía.

un

grupo

Mientras

de

niños

Eliezer

en

la

jugaba

al

esconder con sus vecinos por las calles y los pasillos

entre las casas de la urbanización Bosque de las Palmas de

Bayamón se acercó a la propiedad FF-16. En ese momento,

Giancarlo, uno de los niños que jugaba con Eliezer y a

quien le correspondía el turno de buscar y encontrar a sus

amigos,

escuchó

dos

fuertes

detonaciones.

Al

llegar

al

pasillo colindante entre las residencias FF-16 y FF-17, de

donde provino el sonido, Giancarlo observó el cuerpo inerte

de Eliezer tendido en el suelo. A la distancia pudo ver que

en el patio posterior de la casa FF-16 se alejaba un hombre

alto, blanco y con una tenue barba. De inmediato se dirigió

donde el Dr. Cirilo Encarnación Kuilan, padre de Eliezer.

Al oír el ruido de los disparos, la señora Ramos —

residente de la propiedad FF-17— salió de su casa y se

dirigió al área del pasillo entre su casa y la FF-16. Allí

vio

al

menor

Eliezer

en

el

suelo

y

al

notar

que

no

reaccionaba, corrió donde su hija y le solicitó que llamara

al 9-1-1. Cuando se encontraba en el pasillo entre ambas

residencias, la señora Ramos sintió que el portón de la

casa FF-16 se abrió y avistó a tres sujetos salir a toda

prisa de su interior. Estos se montaron en dos vehículos y

partieron a toda marcha.

CC-2014-0818

3

El padre de Eliezer también escuchó las detonaciones

pero pensó que se trataba de petardos. Este acomodaba la

bicicleta de su hijo en la marquesina de su hogar cuando

vio a Giancarlo correr en su dirección. El menor le informó

que

Eliezer

yacía

en

el

piso

del

pasillo

entre

las

propiedades FF-16 y FF-17. El padre de Eliezer se dirigió

de prisa al lugar y allí encontró el cuerpo de su hijo

acostado boca arriba. Rápidamente buscó a su esposa y junto

a otro vecino, también médico, intentaron sin éxito revivir

el

cuerpo

inanimado

del

menor.

Entonces,

su

madre

le

levantó la camisa y notó el fatal disparo en el tórax que

atravesó su corazón y causó su muerte al instante.

Aproximadamente

a

las

10:07

p.m.,

la

guardia

de

seguridad de la urbanización en turno observó cuando una

guagua Toyota FJ color crema seguida por un automóvil gris

marca Scion salieron apresuradamente de la urbanización. A

esta

le

extrañó

que

ambos

vehículos

tuvieran

las

luces

apagadas. Inmediatamente, tras la salida de los autos, el

hijo de la señora Ramos llegó para indicarle lo sucedido y

solicitarle que llamara al 9-1-1.

Poco

Puerto

tiempo

Rico

y

después,

el

los

personal

agentes

del

de

la

Instituto

Policía

de

de

Ciencias

Forenses, entre otros, llegaron al lugar de los hechos. En

la escena encontraron un casquillo calibre .45 y notaron un

impacto

de

marquesina

bala

de

la

en

una

casa

de

las

FF-16.

A

paredes

internas

de

la

través

de

de

las

una

ventanas de cristal, una agente de la policía observó un

CC-2014-0818

4

cargador de municiones y lo que parecía ser un silenciador

dentro de la casa.

Alrededor

de

las

12:30

a.m.,

el

Sargento

Baldwin

Alvarado Reyes llegó a la escena junto al Fiscal de turno.

Desde el exterior de la propiedad, el Sargento Alvarado

Reyes pudo observar peines de armas de fuego calibre .45,

parafernalia relacionada con sustancias controladas y una

cantidad

significativa

de

dinero.

Por

consiguiente,

procedió a hacer un registro preventivo desde el exterior

para ver si había alguien herido o muerto, o si permanecía

alguna otra persona armada en la propiedad. Concluida la

inspección preventiva, el Sargento Alvarado Reyes procuró

una orden judicial para llevar a cabo un allanamiento en la

residencia. Luego de obtener y diligenciar la orden en la

propiedad FF-16 se ocupó una gran cantidad de evidencia.1

Posteriormente y por motivos ajenos a los hechos de

este caso, el recurrido, Concepción Guerra, fue arrestado e

ingresado

en

la

cárcel

de

Guayama.

Por

su

parte,

el

confinado Jonathan Machuca Rosario también fue trasladado a

dicha institución para extinguir sus condenas. Allí creó

cierto

grado

de

Guerra.

Este

último,

comenzó

a

1

amistad

introducir

con

con

el

la

ayuda

drogas

y

recurrido,

de

teléfonos

Concepción

Machuca

Rosario,

celulares

a

la

Incautaron drogas, parafernalia vinculada a sustancias

controladas, dinero, motoras, un cargador con municiones

[al cual le faltaba una bala], municiones de diferentes

calibres, incluido el calibre .45. También ocuparon seis

gorras, una máscara, cabellos, latas, una sábana con

sangre, una cámara y una computadora, entre otros objetos.

No encontraron armas de fuego.

CC-2014-0818

5

institución correccional de Guayama.

Transcripción de la

Prueba, 4ta Transcripción, Piezas 1-2, págs. 115-119.

Según testificó Machuca Rosario durante el juicio, en

una ocasión le preguntó al recurrido, Concepción Guerra,

sobre los rumores de la muerte de un niño en Bayamón como

parte de una conversación que sostuvieron sobre supuestos

―abusos‖

de

la

organización

Ñeta.

En

específico,

este

inquirió ―si era verdad lo que decían que lo que él había

hecho con el chamaquito ese era un abuso‖. Transcripción de

la Prueba, 4ta Transcripción, Piezas 1-2, pág. 122. Según

Machuca Rosario, Concepción Guerra le contestó que no lo

veía como un abuso pues él tenía una guerra en la calle con

―Bolo‖ y ese día escuchó ruidos en la parte de atrás de la

casa junto a una voz que dijo ―cógelo, cógelo‖, por lo que

creyó

que

era

―el

enemigo‖

y

le

disparó

al

niño.

Transcripción de la Prueba, 4ta Transcripción, Piezas 1-2,

págs. 124-125. Además, le dijo que en ese momento entró

nervioso a la casa y le contó lo sucedido a su padrastro y

a un individuo conocido como ―Gordo‖. Transcripción de la

Prueba, 4ta Transcripción, Piezas 1-2, pág. 125. Confesó

que acto seguido, los tres ―salieron a las millas‖. Machuca

Rosario

también

declaró

que

le

preguntó

al

recurrido,

Concepción Guerra, si había dejado alguna evidencia en la

propiedad. Este último respondió que dejó dinero, motoras y

varias gorras.

Ante estos hechos, se presentaron denuncias contra el

recurrido, Concepción Guerra, por violación del Art. 106

CC-2014-0818

6

del Código Penal de Puerto Rico de 2004, 33 LPRA sec. 4734,

y por infringir los Art. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de

Puerto Rico, 25 LPRA secs. 458c y 458n. Tras los trámites

de rigor, el 9 de abril de 2012 comenzó el juicio en su

fondo por tribunal de derecho. Concluido el desfile de la

extensa prueba testifical y documental de ambas partes, el

Tribunal

de

culpabilidad

Primera

por

Instancia

los

delitos

emitió

un

fallo

de

imputados

en

contra

del

presentó

una

recurrido, Concepción Guerra.

Acto

seguido,

el

Ministerio

Público

Moción Solicitando Agravantes. Oportunamente, el recurrido,

Concepción Guerra, se opuso y procuró la reconsideración

del fallo condenatorio. El foro de primera instancia dictó

sentencia e impuso a Concepción Guerra una pena de noventa

y nueve años de cárcel por el delito de asesinato en primer

grado, veinte años por violación del Art. 5.04 de la Ley de

Armas, supra, y diez años por violación del Art. 5.15 de la

Ley de Armas, supra.2 En cuanto a las violaciones de la Ley

de

Armas,

legislación,

por

disposición

25

LPRA

sec.

del

460b,

Art.

el

7.03

Tribunal

de

de

dicha

Primera

Instancia duplicó las penas a cuarenta y veinte años de

reclusión, respectivamente.

2

Las penas fijas para las infracciones a los artículos 5.04

y

5.15

son

de

diez

y

cinco

años

de

reclusión,

respectivamente.

Estas

penas

pueden

variar

ante

la

existencia de agravantes —hasta un máximo de veinte años de

reclusión en el Art. 5.04 y diez años en el Art. 5.15—, o

de atenuantes —hasta un mínimo de cinco años en el Art.

5.04 y un año en el Art. 5.15—. Véase 25 LPRA secs. 458c. y

458n.

CC-2014-0818

7

Inconforme, el recurrido, Concepción Guerra, presentó

un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones.

Alegó la comisión de cinco errores, la mayoría con respecto

a la apreciación y evaluación de la prueba que hiciera el

juzgador

de

los

hechos.

Luego

de

considerar

la

transcripción de la prueba y el derecho aplicable, el foro

apelativo intermedio entendió que la evidencia presentada

no era suficiente para determinar que hubo premeditación y

deliberación,

elemento

requerido

para

el

delito

de

asesinato en primer grado. Como resultado, redujo el fallo

de culpabilidad a uno por asesinato en segundo grado. De

igual

forma,

infracciones

intermedio

duplicar

modificó

a

la

Ley

interpretó

únicamente

las

de

impuestas

Armas.

El

el

Art.

7.03,

pena

fija

establecida

que

la

penas

tribunal

por

las

apelativo

supra,

permite

para

los

delitos imputados, y no así la pena aumentada o reducida

que sea impuesta tras considerarse probado algún agravante

o atenuante.

Insatisfecho con el dictamen, el Ministerio Público

presentó ante nos un recurso de certiorari en el que señaló

que el Tribunal de Apelaciones erró al reducir la condena

de asesinato en primer grado a segundo grado, ya que el

Ministerio Público demostró que se trató de un asesinato

deliberado, y al reducir las penas por violaciones de los

Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas puesto que el

recurrido era reincidente y se podían duplicar las penas

CC-2014-0818

8

agravadas conforme a lo dispuesto en el Art. 7.03 de la Ley

de Armas.

El

12

de

diciembre

de

2014

expedimos

el

auto

de

certiorari. Con el beneficio de los argumentos de ambas

partes procedemos a resolver.

II.

La primera controversia que debemos resolver en este

caso redunda en si el Ministerio Público probó el elemento

de

premeditación

de

manera

que

proceda

una

condena

por

ha

expuesto

lo

asesinato en primer grado.

La

profesora

Dora

Nevares-Muñiz

siguiente acerca del elemento de la premeditación en el

derecho de Puerto Rico:

La palabra deliberación en Puerto Rico se ha

entendido como la resolución de matar después de

darle alguna consideración por un periodo de

tiempo. Sin embargo, esa definición es lo que

corresponde a la premeditación tanto en los tipos

legales de la tradición civilista como en las

jurisdicciones norteamericanas que adoptaron el

esquema de la Ley de Homicidios de Pennsylvania

de 1794, que dividió los asesinatos en grados.

(Énfasis suplido). Nevares-Muñiz, 23 Rev. Jur.

UIA 1, sec. 1.4 (1988).

Entre las primeras expresiones de este Tribunal sobre

el elemento de la premeditación se destacan las expuestas

en el caso El Pueblo v. Lasalle, 18 DPR 421 (1912). En

aquella ocasión reconocimos que el foro de instancia expuso

acertadamente que ―si nace en nuestra mente una idea que

nos lleva a la comisión de un acto, después de haberlo

pensado,

de

haberlo

meditado,

de

después

de

haber

resuelto

su

haberlo

deliberado,

ejecución,

eso

y

es

CC-2014-0818

9

premeditación[…]‖. Íd., pág. 432. Al pasar juicio sobre la

corrección de las instrucciones que le fueron provistas a

los

miembros

contornos

del

jurado,

delineamos

la

figura

de

de

la

detalladamente

premeditación.

Por

los

lo

importante que resulta para la correcta disposición de este

caso, incluimos íntegramente lo discutido en ese entonces:

La palabra premeditación quiere decir pensar de

antemano, como cuando un hombre piensa respecto

la comisión de un acto, y concluye y determina en

su mente cometer el acto. Él entonces ha

premeditado la comisión del acto. La ley no da

regla

alguna

respecto

al

tiempo

que

debe

transcurrir entre el momento cuando una persona

premedita o llega a una determinación en su mente

de matar a otra persona y el momento cuando él

realiza el acto de matar. No es cuestión de

tiempo. Es meramente una cuestión de si el

acusado ha formado o no en su mente la

determinación de matar al interfecto, y entonces

algún tiempo posterior, inmediato o remoto lleva

a efecto su determinación, previamente formada,

matando al interfecto. Si existe una intención de

matar y el acto de matar ocurre simultáneamente,

entonces no hay premeditación. Si el prisionero

pensó el propósito de matar bastante tiempo para

formar un designio fijado de matar, y a un tiempo

posterior, no importa tan seguido o tan remoto,

lo

puso

en

ejecución,

había

suficiente

premeditación

para

justificar

al

jurado

en

presentar un veredicto de asesinato en primer

grado. (Énfasis suplido). Íd., pág. 433.

En Pueblo v. Rosario, 67 DPR 371 (1947) interpretamos

el concepto de la deliberación y, de forma consistente,

mencionamos

que

determinado

periodo

Detallamos

que

no

―[l]a

es

de

necesario

tiempo

el

transcurso

su

configuración.

para

deliberación,

es

la

resolución

de

o

decisión de matar, después de darle alguna consideración;

pero cualquier período de tiempo, por corto que sea, es

suficiente para que pueda tener lugar la deliberación. Ese

CC-2014-0818

10

lapso[…],

puede

ser

(Énfasis

suplido).

tan

rápido

Íd.,

pág.

como

375.

el

pensamiento.‖

Ilustrados

por

el

tratamiento brindado a estas figuras en las jurisdicciones

estatales

facultad

de

de

California

deliberar

y

o

Oregon,

advertimos

premeditar

la

poseen

que

la

solamente

aquellos que tienen una mente libre de pasión o excitación,

por lo que no puede decirse que cualquier espacio de tiempo

permite una oportunidad para deliberar y premeditar si la

mente del acusado estaba inhibida o perturbada. Íd., pág.

376. Lo anterior demuestra que percibimos como determinante

la capacidad mental que permite deliberar o premeditar y no

la cantidad de tiempo que haya podido transcurrir entre el

designio de matar y su ejecución.

Pocos años después, en Pueblo v. Méndez, 74 DPR 913

(1953), puntualizamos en la capacidad mental necesaria, sin

sujeción al factor del tiempo, e insertamos el ingrediente

del

estado

de

serenidad

y

la

sangre

fría

en

el

razonamiento. Por ende, sostuvimos que:

El término premeditación significa que el acto

fue

preconcebido

y

realizado

después

de

reflexionado. Deliberación significa un estado de

serenidad o sangre fría. No significa calcular o

reflexionar

durante

mucho

tiempo,

sino

una

intención o propósito de matar ejecutado por el

acusado

en

un

estado

de

serenidad,

como

consecuencia

del

deliberado

propósito

de

satisfacer una pasión o venganza, o para ejecutar

cualquier otro acto ilegal. Es suficiente que el

designio de matar existiese cuando se produjo la

herida mortal. (Énfasis suplido). Íd., pág. 923.

Al siguiente año, en

(1954),

reiteramos

supone

que

el

que

el

individuo

Pueblo v. Blanco,

proceso

mental

criminal

ha

77 DPR 767

subjetivo

que

deliberado

o

CC-2014-0818

11

premeditado su acto de matar aunque fuera por poco tiempo.

A tales efectos dijimos:

En otras palabras, un asesinato es del primer

grado no importa lo rápidamente que el acto de

matar siga a la formación definitiva de la

intención si a esa intención se ha llegado con

deliberación y premeditación. Esta perspectiva de

la ley se manifiesta en el caso Sánchez a través

de la declaración de que la intención de matar

debe ser el resultado de la premeditación

deliberada; debe formarse sobre una reflexión

preexistente, y no sobre un arrebato de pasión

suficiente para excluir la idea de deliberación.

Ni la ley ni el tribunal intentan medir en

unidades de tiempo la duración del intervalo

durante el cual el pensamiento debe ser ponderado

antes de que madure en una intención que es

verdaderamente

deliberada

y

premeditada.

El

tiempo variaría de acuerdo con los individuos y

bajo diversas circunstancias. La verdadera prueba

no es tanto la duración del tiempo como el

alcance de la reflexión. Los pensamientos pueden

sucederse con mucha rapidez pudiendo llegarse a

un juicio frío y calculador rápidamente, pero el

requisito

expreso

de

una

concurrencia

de

deliberación

y

premeditación

excluye

del

asesinato en primer grado aquellos homicidios…,

que son el resultado de un simple impulso

momentáneo irreflexivo y precipitado. (Énfasis

suplido). Íd., págs. 779-780.

En años subsiguientes, nuestra jurisprudencia mantuvo

esta delicada relación entre la inexistencia de un tiempo

determinado para configurar el elemento de la premeditación

y la exigencia indispensable del proceso mental del acusado

para concluir que el acto de matar fue premeditado.3 En esa

3

Véase, por ejemplo, Pueblo v. Barreto Pérez, 85 DPR 752,

761 (1962)(―No es necesario que transcurra espacio alguno

de tiempo entre la muerte y el propósito o designio de

matar; solamente es necesario que el acto de matar sea

precedido por la ocurrencia de la voluntaria deliberación y

premeditación del agente del delito, sin tener en cuenta la

rapidez con que pudieran sucederse entre sí los actos del

pensamiento, ni la rapidez con que pueda suceder el acto de

matar. El término premeditación significa que el acto fue

preconcebido y realizado después de reflexionado‖.); Pueblo

CC-2014-0818

12

misma línea, en Pueblo v. Negrón Ayala, 171 DPR 406, 419

(2007),

resolvimos

que

cualquier

período

de

tiempo,

por

corto que sea, es suficiente para que pueda tener lugar la

deliberación.

A

esos

efectos,

reafirmamos

que

―la

premeditación [y la deliberación] puede[n] formarse en un

instante antes del acto, y puede[n] existir[…] no obstante

la rapidez con que el acto se haya realizado‖. Íd., pág.

420.

En la reciente opinión de Pueblo v. Rodríguez Pagán,

182 DPR 239 (2011) dijimos, citando a la profesora NevaresMuñiz, que ―[el] elemento de deliberación se refiere a la

decisión

formada

como

resultado

de

pensar

y

pesar

cuidadosamente las consideraciones en pro y en contra del

propuesto curso de acción‖. Íd., pág. 248. Además, aludimos

a

nuestros

cualquier

precedentes

periodo

de

para

tiempo,

enfatizar

por

nuevamente

corto

que

que

sea,

es

suficiente para que pueda tener lugar la deliberación. Íd.

No obstante, estas expresiones han creado cierta confusión

en la academia y la judicatura.

En su sentencia, el Tribunal de Apelaciones alertó que

el

énfasis

brindado

recientemente

por

este

foro

a

la

v. Merced Jiménez, 100 DPR 270, 281 (1971)(―La deliberación

es la resolución o decisión de matar, después de darle

alguna consideración; pero cualquier período de tiempo, por

corto que sea, es suficiente para que pueda tener lugar la

deliberación. Ese lapso, sostienen las autoridades, puede

ser tan rápido como el pensamiento‖.); Pueblo v. Torres

Montañez, 106 DPR 125, 129 (1977)(―Hemos afirmado que la

deliberación es la resolución[…] de matar, después de darle

alguna consideración; pero cualquier período de tiempo, por

corto que sea, es suficiente para que pueda tener lugar la

deliberación‖.).

CC-2014-0818

13

velocidad con la cual se puede formar la premeditación crea

cierta imprecisión. Igualmente, el profesor Luis E. Chiesa

Aponte plantea que parece contradictorio sugerir, por un

lado, que la deliberación requiere sopesar cuidadosamente

los argumentos a favor y en contra de matar y, por otro

lado, que la deliberación puede manifestarse en cualquier

período de tiempo, por más corto que sea. L. E. Chiesa

Aponte, Derecho Penal Sustantivo, 81 Rev. Jur. UPR 343, 367

(2012). El profesor Chiesa Aponte reconoce que la posible

contradicción

doctrinales

responde

sobre

jurisdicciones

a

cómo

la

coexistencia

concebir

estatales.4

Una

la

de

dos

premeditación

corriente

de

teorías

en

las

pensamiento

sostiene que el elemento de la premeditación se encuentra

presente

si

el

acusado

determinación

de

matar

ha

sopesado

en

su

mente

la

sin

necesidad

de

que

medie

un

intervalo determinado de tiempo entre la intención de matar

y el acto de matar. De otra parte, una doctrina alterna

supone que para alcanzar el elemento de premeditación se

requiere una cantidad de tiempo considerable a través del

cual

sopesen

las

consideraciones

del

Consecuentemente,

el

profesor

Aponte

4

se

Chiesa

acto

delictivo.

nos

urge

a

Según la profesora Kessler Ferzan, diez estados permiten

que la premeditación tenga lugar tan pronto como un

instante antes de que la acción delictiva se produzca, seis

estados permiten que exista premeditación instantáneamente

o simultáneamente con el acto de asesinato, mientras que

nueve jurisdicciones, ya sea por ley o jurisprudencia,

requieren ―un lapso considerable de tiempo". Así, a pesar

del uso del término ―premeditación‖, la mayoría de las

jurisdicciones no requieren ninguna cantidad específica de

tiempo para conformar ese elemento. K. Kessler Ferzan,

Plotting Pre-meditation's Demise, 75 Law & Contemp. Probs.

83, 88 (2012).

CC-2014-0818

14

reconocer la tensión irreconciliable que existe entre ambas

y a optar por definitivamente seguir una o la otra. Íd.

En el siglo pasado escogimos la primera corriente y el

desarrollo posterior de la figura de la premeditación en

nuestro ordenamiento se ha mantenido por este sendero. Esta

vertiente

ha

sido

objeto

de

crítica

estadounidense

por

tener

el

efecto

en

la

de

academia

equiparar

la

premeditación con la intención de matar, desvirtuando así

la distinción entre asesinatos en primer y segundo grado.5

Aun así, hemos sido enfáticos en que la ausencia de una

fórmula predeterminada de tiempo necesario no debe menguar

la vital exigencia del requerido estado mental del acusado

como ingrediente determinante para hallar la presencia del

elemento

de

la

premeditación.

Es

decir,

aunque

nos

reiteramos en que en nuestro ordenamiento no es necesario

que

medie

un

intervalo

de

tiempo

determinado

entre

la

intención de matar y el acto de matar, esto no quiere decir

que el delito de asesinato en primer grado pueda formarse

sin ser precedido por la deliberación y la premeditación

del

acto.

Pueblo

v.

Premeditar

implica

pensar

el

ejecutarlo.

Es

estado

mental

un

Blanco,

supra,

acto

a

la

delictivo

especial

con

pág.

antes

779.

de

contornos

definidos y equivale, como hemos visto, a un estado en que

5

De igual forma, la propia exigencia del elemento de la

premeditación para el delito de asesinato en primer grado

ha sido criticada y fue eliminada del Código Penal Modelo.

Véase J. Dressler, Rethinking Criminal Homicide Statutes:

Giving Juries More Discretion Eighth Annual Criminal Law

Symposium: Homicide: Luncheon Keynote, 47 Tex. Tech L. Rev.

89, 93 (2015) y M. A. Pauley, Murder by Premeditation, 36

Am. Crim. L. Rev. 145, 166 (1999).

CC-2014-0818

15

el actor considera distintos factores y razones en cuanto a

la

naturaleza

del

acto

y

sus

consecuencias.

Pueblo

v.

Méndez, supra, pág. 931. Ahora bien, según correctamente

expone

el

profesor

Chiesa

Aponte

―[l]a

deliberación

no

puede reducirse a que el sujeto haya tenido la intención

específica de matar. Una cosa es desear matar a la víctima

(o sea, tener intención específica de matar) y otra cosa es

sopesar los pros y los contra de matarla (o sea, matar con

deliberación). Se trata de elementos subjetivos distintos‖.

L. E. Chiesa Aponte, supra, pág. 366.

En consecuencia, reiteramos que un asesinato podrá ser

catalogado bajo esta modalidad de

primer grado

si a la

intención de matar se ha llegado después de darle alguna

consideración, sin importar lo rápido que el acto de matar

suceda a la formación definitiva de tal intención. En ese

sentido, no vemos contradicción con lo expuesto en Pueblo

v.

Rodríguez

Pagán,

supra.

En

fin,

el

elemento

de

la

premeditación no es una cuestión de tiempo sino del estado

mental subjetivo del acusado.

En

nuestra

decisión

pesa

el

historial

legislativo

brindado a esta figura. El concepto de la premeditación ha

estado

presente

en

la

tipificación

de

los

delitos

de

asesinato desde el Código Penal de 1902 hasta el vigente.6

6

La división en grados del delito de asesinato tiene su

origen en la Ley de Homicidios de 1794 del estado de

Pennsylvania. Esta se incorporó a nuestro Código Penal en

1902 procedente de la edición del Código Penal de

California de 1872. El Art. 83 del Código Penal de 1974

mantuvo una redacción similar a la de su antecesor de 1902.

Asimismo, el Código Penal de 2004, al igual que el de 2012,

CC-2014-0818

No

16

empece

lo

anterior,

es

importante

destacar

que

al

aprobarse el texto del Artículo 106 del Código Penal de

2004,

se

abandonó

subjetivos

la

—alevosía,

enumeración

deliberación

de

y

varios

elementos

premeditación—

que

contenía la redacción del delito de asesinato en primer

grado

en

el

Art.

83

del

Código

Penal

de

1974,

para

sustituirlos por el término premeditación que corresponde

al

concepto

necesidad

de

utilizado

una

tradicionalmente

deliberación

previa

para

a

expresar

la

la

decisión

criminal.7 Véase D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto

Rico de 2004, actualizado y comentado, 5ta Ed., San Juan,

Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2012, págs. 146147. Como resultado, el término premeditación se fusionó al

concepto

de

deliberar

y

fue

definido

como

―[l]a

deliberación previa a la resolución de llevar a cabo el

hecho luego de darle alguna consideración por un período de

optó por mantener la división de grados de asesinato. Véase

D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico de 2012,

Comentado, San Juan, Instituto para el Desarrollo del

Derecho, 2012, pág. 138.

7

Durante la aprobación del Código Penal de 2004, la

Asamblea Legislativa percibió que la distinción entre

premeditación y deliberación bajo el esquema del Código

Penal de 1902 y 1974 creaba serias dificultades al momento

de distinguir cuándo el acto premeditado se convertía en

uno deliberado, ya que ambos términos presuponen que el

acto fue pensado de antemano. Como resultado, se concibió

que el mejor curso a seguir era abandonar esta distinción y

unir ambos conceptos bajo el término de premeditación. Por

otro lado, se eliminó el elemento de la alevosía pues este

respondió a un error en la traducción del término ―willful‖

del inglés al español en el Código de 1902. En ese sentido,

se interpretó que su inclusión era innecesaria pues los

actos intencionales son, necesariamente, voluntarios. Véase

Informe sobre el P. del S. 2302 de la Comisión de lo

Jurídico del Senado de 22 de junio de 2003, 5ta Sesión

Ordinaria, 14ta Asamblea Legislativa, págs. 43-44.

CC-2014-0818

17

tiempo‖. Art. 14(dd) del Código Penal de 2004, 33 LPRA ant.

sec.

4642(bb).

Además,

constituye

un

elemento

de

una

modalidad del delito de asesinato en primer grado bajo el

derogado Art. 106 del Código Penal de 2004, 33 LPRA ant.

sec. 4734(a).8

Es

menester

señalar

que

formuladas

a

las

exigencia

de

consideraciones

necesario

para

las

jurisdicciones

que

exista

de

la

críticas

que

no

pragmáticas

presentan

tiempo

como

premeditación

una

requisito

han

estado

presentes mucho antes de la aprobación del Código Penal de

2004.

Aun

así,

cuando

exhaustivamente

nuestro

el

legislador

ordenamiento

procuró

penal

enmendar

sustantivo,

y

fusionó los términos de deliberación y premeditación, avaló

abiertamente

la

interpretación

que

este

Tribunal

ha

brindado a dicho precepto y procuró su incorporación en su

nueva

definición.

Jurídico

de

la

A

tales

efectos,

Cámara

de

la

Comisión

Representantes

de

lo

dispuso

expresamente, en su informe del Proyecto del Senado 2302,

que toda la jurisprudencia de asesinato en primer grado por

deliberación

bajo

los

Códigos

de

1902

y

1974

quedaría

incluida dentro de la definición de premeditación adoptada

para el Código Penal de 2004. Informe sobre el P. del S.

2302

de

la

Comisión

Representantes

8

de

28

de

de

lo

Jurídico

abril

de

de

la

2004,

Cámara

7ma

de

Sesión

Nótese que la definición de premeditación permaneció

inalterada en el Código Penal de 2012 y la premeditación

continúa como un elemento para la primera modalidad de

asesinato en primer grado. Véase 33 LPRA sec. 5014(ii) y 33

LPRA sec. 5142(a).

CC-2014-0818

18

Ordinaria,

14ta

Asamblea

Legislativa,

pág.

21.

Por

lo

tanto, nuestras expresiones con relación a la rapidez con

la

que

se

puede

premeditación

alcanzar

forman

parte

el

estado

integral

mental

de

la

de

la

definición

adoptada en aquel entonces.

Ahora

bien,

en

Pueblo

v.

Rodríguez

Pagán,

supra,

hicimos hincapié en que la existencia de la premeditación —

como

elemento

determinada

hechos.

mental

caso

Por

subjetivo—

a

caso

mediante

tanto,

la

presencia

únicamente

una

podrá

ser

inferencia

de

los

elemento

de

la

del

premeditación siempre requerirá evidencia de que el acusado

formó en su mente la determinación de matar, y entonces

algún tiempo después, ya sea inmediato o remoto, llevó a

cabo

su

determinación,

previamente

formada.

Entre

los

puntos que se tomarán en consideración para determinar si

se

ha

premeditado

se

encuentran

los

actos

y

las

circunstancias que rodean la muerte, la relación entre las

partes, la capacidad mental del autor, la motivación, las

manifestaciones y la conducta del acusado, así como los

hechos anteriores, concomitantes y posteriores al crimen.

Íd., pág. 250.

III.

No encontramos razón para desacatar la apreciación de

la prueba que hiciera el Tribunal de Primera Instancia a

los efectos de que en este caso los actos que rodean la

muerte del menor Eliezer evidencian la premeditación con la

que actuó el recurrido, Concepción Guerra. Tras examinar

CC-2014-0818

19

cuidadosamente

la

prueba

vertida

durante

el

juicio,

se

desprende que este le manifestó a Machuca Rosario que la

muerte del menor Eliezer no había sido un ―abuso‖ —como se

comentaba en la cárcel— pues él ―tenía una guerra en la

calle‖ con ―Bolo‖ y tenía que defenderse. En ese sentido,

sabía

que

lo

buscaban

y

estaba

preparado

para

repeler

cualquier ataque con fuerza letal. Es importante resaltar

que el testigo Machuca Rosario declaró que el recurrido,

Concepción Guerra, le expresó que su refrán era que si una

persona tenía una guerra con él en la calle y él se la

encontraba acompañada de su familia, si la persona no le

había hecho daño él la perdonaba, de lo contrario, ―pues,

se muere to[do] el mundo‖. Transcripción de la Prueba, 4ta

Transcripción, Piezas 1-2, pág. 124.

Si

analizamos

las

manifestaciones,

los

actos,

la

motivación y la conducta del recurrido, Concepción Guerra,

podemos concluir sin lugar a dudas que este concibió y

sopesó las alternativas disponibles para hacer frente a la

presencia

de

sus

―enemigos‖.

Mientras

el

recurrido,

Concepción Guerra, se encontraba ―endecando‖ droga escuchó

ciertos ruidos en la parte trasera de la casa y creyó que

se trataba de sus ―enemigos‖. Por consiguiente, tomó la

decisión de detener lo que hacía y dirigirse a esa parte de

la propiedad con un arma de fuego para fulminar la vida de

estos. De esta forma, al salir de la casa y escuchar las

palabras ―cógelo, cógelo‖, el recurrido, Concepción Guerra,

ejecutó el acto ilegal que había anticipado y disparó el

CC-2014-0818

20

arma de fuego. Entre un espectro de posibilidades —como lo

hubiera sido, por ejemplo, huir de la propiedad donde se

encontraba

o

esconderse

en

algún

lugar—

el

recurrido,

Concepción Guerra, ya había escogido la opción de asesinar

a los posibles integrantes del grupo criminal de ―Bolo‖.

Había decidido de antemano matar a quien se acercara a la

residencia. Iba a disparar sin preguntar, ni indagar quién

era. Así, con la idea preconcebida de actuar de determinada

forma, dejó de ―trabajar‖ con la droga que empacaba y se

dirigió hasta la parte trasera de la propiedad que ocupaba

con

un

arma

y

al

salir,

abrió

fuego

contra

el

menor

Eliezer.

En conclusión, el resultado delictivo suscitado en el

presente caso, como consecuencia de la guerra librada entre

traficantes

de

sustancias

Concepción

Guerra

había

controladas,

preconcebido

y

demuestra

que

seleccionado

el

asesinato como la opción para lidiar con sus ―enemigos‖ en

la guerra callejera. Estamos ante un asesinato premeditado,

no frente a uno cometido bajo el impulso del momento. Por

eso,

el

Tribunal

de

Apelaciones

erró

al

modificar

la

sentencia del Tribunal de Primera Instancia para reducir la

condena del recurrido, Concepción Guerra, a asesinato en

segundo grado.

IV.

Pasamos ahora a considerar si al amparo del Art. 7.03

de la Ley de Armas, supra, la pena que se puede duplicar,

de encontrarse probada alguna circunstancia agravante allí

CC-2014-0818

21

establecida, es la pena fija establecida para el delito o

la

pena

aumentada

o

reducida

luego

de

probarse

algún

agravante o atenuante contemplado en el mismo artículo.

La Ley Núm. 404-2000, mejor conocida como la Ley de

Armas,

25

LPRA

sec.

propósito

principal

problema

del

delincuentes

455

de

control

en

et

seq.,

lograr

una

de

Puerto

armas

Rico,

fue

aprobada

solución

de

el

fuego

cual

con

el

efectiva

al

en

manos

constituye

de

una

―vertiente directa de la actividad criminal‖. Exposición de

Motivos de la Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000.

Según dispuso expresamente el legislador, ―[e]stas armas

son utilizadas durante la comisión de todo tipo de actos

criminales, situación que hace necesario adoptar medidas

legislativas

cuya

naturaleza

sancionadora

constituya

un

eficaz disuasivo al delincuente‖. Íd. A tales efectos, ese

estatuto orienta a las personas autorizadas en Puerto Rico

a manejar armas de fuego para que lo hagan responsablemente

y,

a

su

vez,

apercibe

al

delincuente

de

las

serias

consecuencias de incurrir en actos criminales al utilizar

armas de fuego. Cancio, Ex Parte, 161 DPR 479, 484 (2004).

Enmarcado dentro del mencionado propósito legislativo,

el

Art.

dispone,

5.04

en

de

lo

la

aquí

Ley

de

Armas,

pertinente,

25

que

LPRA

toda

sec.

458c,

persona

que

transporte o porte cualquier arma de fuego sin tener la

correspondiente licencia o permiso de portación de armas

incurrirá en un delito grave y de resultar convicta será

sancionada con una pena de reclusión por un término fijo de

CC-2014-0818

22

diez años. Además, el artículo contempla la variación del

término de esta pena fija establecida entre un intervalo de

un mínimo de cinco años y un máximo de veinte años de

mediar circunstancias atenuantes o agravantes.

Por otra parte, el Art. 5.15 del mismo estatuto, 25

LPRA sec. 458n, regula la conducta proscrita con relación a

apuntar o disparar un arma. Este artículo establece que

incurrirá en un delito grave, con pena de reclusión de un

término

fijo

de

cinco

años,

toda

persona

que

voluntariamente dispare cualquier arma en un lugar público,

o en cualquier otro sitio donde haya alguna persona que

pueda

sufrir

daño,

o

que

intencionalmente,

aunque

sin

malicia, apunte hacia alguna persona con un arma, aunque no

le

cause

daño

a

la

persona.

Igualmente,

este

artículo

autoriza la posibilidad de aumentar hasta un máximo de diez

años o reducir hasta un mínimo de un año la pena fija

establecida

de

mediar

circunstancias

agravantes

o

atenuantes. De manera que se estatuyó que las penas fijas

establecidas

5.15,

para

supra,

las

—de

infracciones

diez

y

de

cinco

los

años

Arts.

de

5.04

y

reclusión,

respectivamente— podrían ser variadas con la existencia de

agravantes o atenuantes.

Posterior a la entrada en vigor de la Ley de Armas,

supra, surgió la necesidad de reevaluar su contenido para

atemperarlo

a

las

exigencias

de

nuestra

sociedad.

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 137 de 3 de junio de

2004. Con ese fin, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley

CC-2014-0818

23

Núm. 137-2004 para ―fortalecer las herramientas al alcance

del

sistema

judicial

y

corregir

lagunas

existentes

para

penalizar severamente al delincuente que hace mal uso de la

licencia de armas y sus permisos así como el uso de armas y

municiones ilegales‖. Íd., pág. 2. Fue al amparo de esta

legislación que se enmendó el Art. 7.03 de la Ley de Armas,

25 LPRA sec. 460b, para permitir, entre otras cosas, que la

pena dispuesta para el delito imputado pueda ser duplicada

si la persona acusada ha sido condenada anteriormente por

cualquier

violación

a

dicha

ley. De

conformidad

con

las

observaciones de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de

Representantes,

el

Art.

7.03,

supra,

se

enmendó

para

disponer que la pena se duplicara en casos de reincidentes

y cuando existan daños a terceros por el uso ilegal de un

arma. Informe sobre P. de la C. 4641 de la Comisión de lo

Jurídico de la Cámara de Representantes de 24 de mayo de

2004, 7ma Sesión Ordinaria, 14ta Asamblea Legislativa, pág.

10.

En lo que respecta al asunto específico ante nuestra

consideración, el recurrido, Concepción Guerra, fue acusado

y sentenciado por violaciones de los Arts. 5.04 y 5.15, con

sus correspondientes agravantes.

El foro primario impuso

sobre

Guerra,

el

recurrido,

Concepción

las

penas

fijas

establecidas de cinco y diez años por infracciones de los

Arts.

5.04

y

respectivamente.

5.15

de

Después

la

las

Ley

aumentó

de

Armas,

hasta

el

supra,

máximo

permitido de diez y veinte años al aceptar los agravantes

CC-2014-0818

24

presentados por el Ministerio Público. Además, al aplicar

el agravante adicional del Art. 7.03, supra, duplicó las

penas agravadas para un total de veinte y cuarenta años por

cada

violación.

La

suficiencia

de

la

prueba

para

tales

condenas fue validada por el Tribunal de Apelaciones y no

se recurrió de esa determinación ante este Tribunal.

No obstante, el foro apelativo intermedio concluyó que

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

erró

al

aumentar,

en

presencia de agravantes, las penas fijas establecidas para

los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, supra, y una vez

aumentadas,

7.03,

aplicar

supra,

previamente.

El

el

para

agravante

independiente

del

duplicar

las

aumentadas

Tribunal

de

penas

Apelaciones

razonó

que

Art.

este

artículo permite únicamente la duplicación de la pena fija

establecida

para

agravantes.

Por

los

delitos

consiguiente,

sin

mediar

modificó

la

aumento

por

sentencia

del

foro primario para que la pena de reclusión por infringir

el Art. 5.04, supra, correspondiera a la duplicación de la

pena fija establecida de diez años para un total de veinte

años. Mientras, fijó la pena de reclusión por violar el

Art. 5.15, supra, en diez años, correspondientes al doble

de la pena fija establecida de cinco años.

Sin

embargo,

no

encontramos

apoyo

legal

alguno

que

sustente la interpretación brindada por el foro apelativo

intermedio. Por el contrario, el tracto legislativo de la

referida ley avala la aplicación dada por el Tribunal de

Primera Instancia en el presente caso.

CC-2014-0818

25

La Ley de Armas, desde su redacción original, tipificó

los

delitos

de

los

Arts.

5.04

y

supra,9

5.15,

con

sus

correspondientes agravantes y atenuantes. A partir de ese

momento,

dicho

cuerpo

normativo

sufrió

enmiendas

con

la

intención legislativa expresa de ―penalizar severamente al

delincuente‖. En aras de articular esta política pública,

la Ley Núm. 137-2004 incorporó el Art. 7.03, supra, para

añadir de manera específica que en casos de reincidentes,

entre otros, las penas pueden duplicarse. Lo anterior nos

lleva

a

concluir

que

el

legislador

quiso

imponer

la

penalidad que se provee en el Art. 7.03, supra, sobre cada

delito individual, agravado o atenuado, pues estos estaban

contemplados

al

momento

de

incorporarse

el

mencionado

artículo mediante enmienda a la ley.

El razonamiento del foro apelativo intermedio a los

efectos

de

que

el

Art.

7.03,

supra,

permite

únicamente

duplicar las penas fijas establecidas para los distintos

delitos tipificados, no tendría cabida en instancias donde

la pena fija establecida fuese reducida por la presencia de

atenuantes.

En

esa

situación,

aunque

se

pruebe

algún

atenuante de los delitos imputados, el foro sentenciador

tendría que eliminar su efecto sobre la pena resultante,

pues solo podría duplicar las penas fijas establecidas. Se

anularían de facto los atenuantes, con la consecuencia de

privar al acusado de su derecho estatutario a la reducción

9

Bajo la Ley Núm. 404-2000

enumerados como 4.04 y 4.15.

esos

artículos

estaban

CC-2014-0818

de

la

26

pena

fija

establecida

por

la

existencia

de

atenuantes.

En vista de lo anterior, resolvemos que bajo el Art.

7.03 de la Ley de Armas, supra, la pena que dicho precepto

autoriza

duplicar

es

imputado

una

contemplados

vez

la

pena

dispuesta

los

para

posibles

el

delito

agravantes

y

atenuantes. Ahora bien, en ausencia de estos agravantes o

atenuantes

establecida.

la

duplicación

Este

dictamen

se

rige

por

es

cónsono

con

la

pena

la

fija

intención

legislativa que precede la aprobación y posterior enmienda

de

la

Ley

de

Armas.

En

vista

de

lo

anterior,

erró

el

Tribunal de Apelaciones en su análisis de las disposiciones

legales en juego en este caso.

V.

Por las razones expuestas, se revoca la sentencia del

Tribunal

de

Apelaciones

y

se

reestablece

el

fallo

de

culpabilidad emitido por el Tribunal de Primera Instancia

de asesinato en primer grado y por violaciones de la Ley de

Armas con sus correspondientes agravantes.

Se dictará Sentencia de conformidad.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

CC-2014-0818

v.

José A. Concepción Guerra

Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre de 2015.

Por los fundamentos antes expuestos, en la

Opinión que antecede, la cual se hace formar parte

integrante de la presente Sentencia, se revoca la

sentencia

del

Tribunal

de

Apelaciones

y

se

reestablece el fallo de culpabilidad emitido por el

Tribunal de Primera Instancia de asesinato en primer

grado y por violaciones de la Ley de Armas con sus

correspondientes agravantes.

Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo.

Aida I. Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo