Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Elba N. Villalba Ojeda
2015 TSPR 143
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Elba N. Villalba Ojeda
CP-2014-1
Conducta Profesional – Suspensión de la abogacía y la notaría por el término de tres meses, por violación a los Cánones 9, 12, 18, 20 y 38 de Ética Profesional
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2015 TSPR 143
193 DPR ____
Elba N. Villalba Ojada
Número del Caso: CP-2014-01
Fecha: 15 de octubre de 2015
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez
Subprocuradora General
Lcda. Karla Pacheco Álvarez
Subprocuradora General
Lcda. Minnie H. Rodríguez López
Procuradora General Auxiliar
Abogados del Querellado:
Lcda. Carmen I. Navas
Lcdo. Gregorio Lima Quiñones
Comisionada Especial:
Hon. Crisanta González Seda
Materia: Conducta Profesional La suspensión de la notaría será
efectiva el 6 de octubre de 2015, fecha en que se le notificó al
abogado de su suspensión inmediata de la notaría.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Elba N. Villalba Ojeda
CP-2014-01
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de octubre de 2015.
Una vez más nos vemos obligados a suspender a
una
abogada
del
ejercicio
de
la
abogacía
por
incumplir con sus deberes hacia una clienta y por
desatender reiteradamente nuestras órdenes.
I.
La Lcda. Elba N. Villalba Ojeda fue admitida al
ejercicio de la abogacía el 3 de enero de 1990 y a
la práctica de la notaría el 1 de febrero de 1991.
En
el
2004,
contrató
los
la
Sra.
servicios
Marta
Feliciano
Rodríguez
de
licenciada
Villalba
la
Ojeda para que la representara en un caso de cobro
de dinero en contra de la Sra. Irma Nieves, a quien
CP-2014-001
le
había
2
hecho
un
préstamo
garantizado
por
un
pagaré
personal. Luego de la entrevista inicial, la letrada le
informó a la señora Feliciano Rodríguez que iba a retener
el pagaré y que debía pagarle doscientos cincuenta dólares
para
los
gastos
iniciales
2004,
la
licenciada
del
Villalba
pleito.
Ojeda
En
diciembre
presentó
la
de
demanda
sobre cobro de dinero en el Tribunal de Primera Instancia,
Sala
Superior
de
posteriormente
Rodríguez.
gastos
Toa
mediante
También
le
incurridos
debidamente
Alta,
carta
hizo
acción
a
llegar
que
notificó
la
señora
Feliciano
una
factura
hasta
el
momento,
pagada.
En
febrero
de
el
fue
letrada
primario
en
la
moción
ante
solicitó
que
se
le
anotara
la
rebeldía
demandada
debido
a
que
le
había
no
había
y
cual
la
una
emplazamiento
los
2005,
presentó
se
foro
la
por
contestado
a
la
que
parte
diligenciado
el
la
En
demanda.
respuesta a esa moción, el Tribunal de Primera Instancia
emitió
una
orden
en
la
que
solicitó
una
declaración
jurada, prueba documental y un proyecto de sentencia. Así,
en marzo de 2005 la licenciada Villalba Ojeda le envió una
segunda carta a la señora Feliciano Rodríguez en la que le
indicó que debían reunirse porque el tribunal le había
solicitado el pagaré original y una declaración jurada en
la
que
se
hiciera
constar
el
monto
de
la
cantidad
reclamada. En ese momento, según recoge el informe de la
Comisionada Especial, la letrada le informó a su clienta
su preocupación por unas notas al dorso del pagaré que se
CP-2014-001
referían
a
3
un
pago
hecho
por
la
deudora,
pues
eso
levantaba un cuestionamiento sobre el verdadero monto de
la reclamación.
A pesar de esto, la licenciada Villalba Ojeda no tomó
acción alguna, ni cumplió con la orden del Tribunal de
Primera Instancia, por lo que en julio de 2005, ese foro
emitió
una
segunda
orden
instruyendo
a
la
letrada
a
informarle el estado del caso en un término de diez días.
La
licenciada
Villalba
Ojeda
tampoco
cumplió
con
esa
orden, por lo que a finales de agosto de 2005, el foro
primario emitió una sentencia en la que ordenó el archivo
y desestimación sin perjuicio del caso. Según determinó la
Comisionada Especial, la comunicación entre la quejosa y
la letrada fue a través de la secretaria de esta. En las
pocas ocasiones en las que pudo hablar directamente con la
abogada, esta le indicaba que el caso se estaba moviendo.
Incluso,
cuando
pormenores
del
acordaban
caso,
reunirse
las
citas
para
se
discutir
los
cancelaban
por
diferentes razones atribuibles a la abogada.
En febrero de 2011, la señora Feliciano Rodríguez le
notificó a la letrada que interesaba que le devolviera el
expediente
de
su
caso
debido
a
que
no
se
le
había
informado en qué etapa se encontraba la reclamación. A
pesar
de
que
hizo
devolviera
el
expediente,
personas
para
que
varios
la
y
esfuerzos
para
además,
encomendó
representaran
en
la
que
se
a
le
otras
gestión,
licenciada Villalba Ojeda no le entregó el expediente.
la
CP-2014-001
4
En mayo de 2011, aunque la señora Feliciano Rodríguez
le había solicitado la devolución del expediente del caso,
y sin consultarle a esta, la licenciada Villalba Ojeda
presentó una segunda demanda sobre el mismo asunto para el
cual fue contratada en el 2004, pero esta vez ante el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón.
También presentó un proyecto de orden, una expedición de
emplazamiento y solicitó el señalamiento de una vista. En
el ínterin, el 26 de mayo de 2011, la señora Feliciano
Rodríguez presentó una queja en contra de la licenciada
Villalba Ojeda ante este Tribunal. El 14 de junio de 2011,
el foro primario rechazó el proyecto de orden e instruyó a
la letrada a que emplazara a la demandada en este segundo
caso presentado.
Mientras
tanto,
el
20
de junio
de
2011,
la Lcda.
Larissa Ortiz Modestti, en ese entonces Subsecretaria del
Tribunal Supremo, le ordenó a la letrada que se expresara
respecto
a
la
referida
queja.
Debido
a
que
esta
no
contestó, el 21 de octubre de 2011, se le concedió un
término adicional de diez días para que se expresara. Ante
la incomparecencia, una vez más, de la letrada, el 15 de
noviembre de 2011 emitimos una Resolución en la que le
ordenamos que compareciera y contestara la queja dentro de
un
término
final
de
diez
días.
La
licenciada
Villalba
Ojeda finalmente contestó la queja el 30 de noviembre de
2011, fuera del término que le fue concedido. El 19 de
enero de 2012, la Procuradora General presentó su informe
CP-2014-001
5
en el que, luego de la investigación de rigor, recomendó
que se iniciara un procedimiento disciplinario formal en
contra de la licenciada Villalba Ojeda. Así, el 27 de
abril de 2012, le brindamos a las partes un término de
veinte días para que se expresaran respecto al informe de
la Procuradora General.
Entretanto, en el caso ante el Tribunal de Primera
Instancia, en mayo de 2012, luego de transcurrido casi un
año de la primera orden de ese foro, y debido a que la
licenciada Villalba Ojeda no realizó gestión alguna, se
emitió una orden para que se mostrara causa por la cual no
debía desestimarse la reclamación por falta de actividad
durante más de seis meses. Finalmente, ante la inacción
total de la letrada, el foro primario emitió una sentencia
en la que desestimó el caso al amparo de la Regla 39.2 de
Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA
AP. V, R.39.2.
Posteriormente continuó el procedimiento disciplinario
ante este Tribunal y, luego de evaluar la contestación de
la señora Feliciano Rodríguez, el 30 de noviembre de 2012,
autorizamos
a
la
Procuradora
General
a
presentar
la
correspondiente querella, gestión que llevó a cabo el 22
de enero de 2014. A la licenciada Villalba Ojeda se le
imputó
violar
los
Cánones
12,
18,
20
y
38
de
Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX.1 La letrada nunca se expresó
1
Aunque al leer los hechos que originan este procedimiento
disciplinario pudieran surgir dudas sobre si la letrada
cumplió cabalmente con los postulados del Canon 19 de
(continúa...)
CP-2014-001
6
respecto a la querella, a pesar de que le concedimos tres
mociones
de
prórrogas
y
le
apercibimos
que
su
incumplimiento podría conllevar su suspensión indefinida
de la profesión.
El 13 de agosto de 2014, nombramos a la Hon. Crisanta
González Seda como Comisionada Especial para que recibiera
prueba y nos rindiera un informe con las determinaciones
de hecho y recomendaciones que estimara pertinente. Ese
mismo día, emitimos una Resolución en la que le ordenamos
a la licenciada Villalba Ojeda entregar el expediente del
caso a la señora Feliciano Rodríguez en un término de
cinco
días
También
orden
le
y
acreditar
el
cumplimiento
apercibimos
que
el
podría
profesión.
acarrear
Esa
orden
de
esa
incumplimiento
su
suspensión
no
fue
con
indefinida
cumplida
en
el
orden.
esta
de
la
término
provisto.
Luego de varios incidentes procesales, la Procuradora
General presentó el informe preliminar de conferencia con
antelación a la vista en el que incluyó un nuevo cargo por
violación del Canon 9, supra, en contra de la licenciada
Villalba Ojeda. Justificó su proceder en que esa violación
surgía de los mismos hechos imputados desde el comienzo
del procedimiento disciplinario. Además, expresó que la
letrada
Tribunal
había
incumplido
durante
la
con
múltiples
tramitación
del
órdenes
de
procedimiento,
este
en
Ética Profesional, no pasamos juicio sobre ello pues no se
le imputó transgredir ese canon.
CP-2014-001
particular
7
con
nuestras
órdenes
para
que
entregara
el
expediente a la quejosa y para que contestara la querella.
La licenciada Villalba Ojeda se opuso oportunamente a que
se añadiera la violación del Canon 9, supra, a los cargos
ya
imputados
sin
que
mediara
Tribunal.
El
10
de
octubre
celebrara
la
vista
con
autorización
de
2014,
antelación
de
este
luego
de
que
se
a
vista,
la
la
licenciada Villalba Ojeda nos informó que finalmente había
enviado el expediente a la señora Feliciano Rodríguez, a
través del Lcdo. Erio Quiñones Villahermosa. Tras otros
trámites, el 18 de diciembre de 2014, se llevó a cabo la
vista
final.
Posteriormente
las
partes
sometieron
por
escrito sus respectivos argumentos finales en torno a los
cargos imputados.
El
31
informe
de
final
marzo de
en
el
2015,
que
la Comisionada
expresó
que
rindió
existía
su
evidencia
clara, robusta y convincente de que la licenciada Villalba
Ojeda
cometió
violación
al
las
Canon
violaciones
imputadas,
inclusive
la
9,
La
presentó
sus
supra.
letrada
comentarios al informe de la Comisionada Especial el 28 de
abril de 2015. Finalmente, el 9 de julio de 2015, el caso
quedó sometido en los méritos para nuestra adjudicación.
A.
El
normas
Código
de
profesión
de
Ética
conducta
legal
en
que
II.
Profesional,
rigen
Puerto
Rico
a
supra,
recoge
las
los
miembros
de
la
para
beneficio
de
la
ciudadanía, la profesión y las instituciones de justicia.
CP-2014-001
8
In re Rivera Navarro, 2015 TSPR 100, pág. 7, 193 DPR ___
(2015).
El Canon 9 de Ética Profesional, supra, dispone que
los abogados deben ―observar para con los tribunales una
conducta que se caracterice por el mayor respeto‖. Como
corolario de ese deber, se exige que los abogados cumplan
pronta
y
diligentemente
las
órdenes
de
todos
los
tribunales. In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 34 (2011).
Por
esa
razón,
indiferencia
―asumir
ante
una
nuestras
actitud
de
menosprecio
órdenes,
denota
falta
e
de
respeto hacia nuestra autoridad, por lo que viola dicho
Canon‖. In re Dávila Toro, 2015 TSPR 79, pág. 6, 193 DPR
___ (2015). Esa violación es completamente independiente
de los méritos que pueda tener la
queja presentada en
contra del abogado. In re Pestaña Segovia, 2015 TSPR 53,
pág. 9, 192 DPR ___ (2015).
Por
otro
lado,
el
Canon
12
de
Ética
Profesional,
supra, establece que los abogados tienen el deber de ser
puntuales en su asistencia y concisos y exactos en el
trámite y presentación de las causas de sus clientes. Esa
obligación
exige
desplegar
todas
las
diligencias
necesarias para que no se causen dilaciones indebidas en
la tramitación y solución de los casos. Hemos indicado que
este
canon
rigurosamente
Ramos,
178
también
comprende
con
órdenes
DPR
las
651
(2010).
el
deber
judiciales.
Esta
norma
de
In
exige
cumplir
re
Rivera
que
los
abogados respondan con premura todos los requerimientos
CP-2014-001
relacionados
9
a
quejas
por
conducta
profesional.
In
re
Hernández Vázquez, 180 DPR 527, 540 (2011).
El Canon 18 de Ética Profesional, supra, exige que
los
abogados
defiendan
los
intereses
de
sus
clientes
―diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo
saber y habilidad […]‖. Además, este canon dispone que es
impropio que un abogado asuma la representación legal de
un cliente cuando es consciente que no puede rendir una
labor idónea competente y que no puede prepararse sin que
ello conlleve gastos o demoras irrazonables a su cliente o
a la administración de la justicia. En ese sentido, ―un
abogado falta a su deber de diligencia cuando no realiza
las gestiones que le fueron encomendadas en el momento
oportuno, de forma adecuada y sin retrasos‖. In re Pietri
Torres, 191 DPR 482, 488 (2014). Por eso, la desidia,
despreocupación y la displicencia en el trámite de un caso
son totalmente incompatibles con el deber de diligencia
establecido en el Canon 18, supra. In re Reyes Coreano,
190 DPR 739, 751 (2014). Hemos establecido que ―cualquier
tipo de actuación negligente que pueda conllevar, o en
efecto, resulte en la desestimación o el archivo […] [de
un] caso‖ claramente contraviene los principios del Canon
18, supra. In re Plaud González, 181 DPR 874, 887 (2011).
Por
supra,
su
parte,
establece
abogados
al
el
el
Canon
20
procedimiento
renunciar
a
la
de
que
Ética
Profesional,
deben
representación
seguir
legal
de
los
un
cliente. Específicamente, este canon dispone que una vez
CP-2014-001
los
10
abogados
han
comparecido
ante
un
tribunal
en
representación de un cliente, deben obtener permiso del
tribunal para renunciar a la representación. Esa renuncia
solo
deberá
justificada
o
solicitarse
cuando
imprevista.
Además,
exista
el
Canon
una
razón
20,
supra,
requiere que antes de renunciar a la representación legal
de
los
clientes,
los
abogados
tomen
todas
las
medidas
razonables necesarias para evitar perjuicio a los derechos
de estos. Asimismo, tan pronto la renuncia se materializa,
los abogados están obligados a entregarle a su cliente el
expediente y todo documento relacionado con el caso. In re
Suárez Jiménez, 2014 TSPR 143, pág. 5, 192 DPR ___ (2014).
Finalmente, el Canon 38 de Ética Profesional, supra,
requiere, entre otras cosas, que los abogados se esfuercen
al máximo de su capacidad en la exaltación del honor y
dignidad de la profesión, aunque al así hacerlo conlleve
sacrificios
personales.
Además,
como
funcionarios
del
tribunal, deben interesarse en hacer su propia y cabal
aportación
hacia
la
consecución
de
una
mejor
administración de la justicia.
En el pasado dejamos claro que ―no se puede concluir
que un abogado violó el Canon 38 por el simple hecho de
violar otros cánones de ética profesional sino por aquella
conducta que es contraria a los valores principales de la
profesión: la dignidad y el honor‖. In re Reyes Coreano,
supra, pág. 758.
CP-2014-001
Por
11
eso,
transgredió
al
el
momento
Canon
de
38,
determinar
supra,
si
debemos
un
abogado
evaluar
si
su
conducta demuestra que realmente no exaltó, al máximo de
su capacidad, el honor y la dignidad de la profesión legal
o si transgredió de otra forma los deberes contenidos en
ese
canon.
Ahora
bien,
en
múltiples
ocasiones
hemos
disciplinado a abogados por contravenir lo dispuesto en el
Canon
38,
supra,
incluso
cuando
violaciones
a
por
sancionado
por
encontramos
conducta
que
de
también
los
hemos
otros
cánones,
pues
sí,
transgredía
las
obligaciones del mencionado canon. Véanse In re Pestaña
Segovia, 2015 TSPR 53, 192 DPR ___ (2015); In re Vera
Vélez,
2015
TSPR
7,
192
DPR
___
(2015);
In
re
Suárez
Jiménez, supra; In re Sierra Arce, 2014 TSPR 142, 192 DPR
___
(2015).
Por
eso,
aprovechamos
reafirmar
que
los
abogados
infringir
el
deber
de
capacidad,
en
exaltar
pueden
ser
esforzarse,
el
honor
profesión, según dispuesto en
la
y
al
la
ocasión
para
sancionados
por
máximo
de
su
dignidad
de
la
el Canon 38, supra, aun
cuando son disciplinados por violar otros cánones.
B. En nuestro ordenamiento, los abogados tienen un derecho
propietario sobre su licencia una vez son admitidos a la
práctica de la profesión. In re Ríos Ríos, 175 DPR 57
(2008). Por esa razón, tenemos que garantizarles el debido
proceso
de
ley,
procedimientos
en
su
vertiente
disciplinarios
en
procesal,
donde
durante
pueda
estar
los
en
juego su licencia. In re Martínez Almodóvar, 180 DPR 805,
CP-2014-001
12
821 (2011). Entre las exigencias mínimas que el debido
proceso
de
ley
garantiza
se
encuentran
el
―ser
notificado[s] adecuadamente de los cargos […] [imputados],
la
oportunidad
contrainterrogar
de
y
ser
a
oído[s]
examinar
y
la
el
prueba
derecho
a
documental
y
material presentada por la parte contraria‖. Íd.
Con esos principios en mente, expresamos anteriormente
que ―añadir cargos que no se incluyeron en la querella
original
a
base
de
la
prueba
que
se
presenta
el
procedimiento viola el debido proceso de ley del abogado
querellado‖. In re Muñoz Fernós, 184 DPR 679, 688 (2012).
En esos casos, como norma general, procede que instruyamos
al ―Procurador General investigar la nueva conducta para
que
determine
si
debe
presentarse
una
nueva
queja
que
inicie un nuevo procedimiento disciplinario, separado y
distinto al procedimiento en donde la conducta adicional
impropia
fue
identificada‖.
In
re
Martínez
Almodóvar,
supra, pág. 825. Sin embargo, esa norma no es absoluta,
puesto que a modo de excepción
cuando del expediente bajo estudio surja que —en
cuanto a la conducta impropia identificada luego
de iniciado el procedimiento disciplinario— al
abogado querellado se le ha: (1) notificado
adecuadamente de la conducta impropia adicional;
(2) brindado la oportunidad de presentar prueba
a su favor; (3) permitido examinar la prueba
presentada en su contra, y (4) contrainterrogar
los testigos presentados por la parte contraria,
el Tribunal podrá, si lo estima apropiado,
evaluar y atender esas alegaciones adicionales.
S[o]lo
así
protegeremos
efectivamente
las
garantías
constitucionales
del
abogadoquerellado y no se menoscabará su oportunidad de
preparar adecuadamente su defensa ni se le
impedirá velar por su sustento. Íd.
CP-2014-001
13
III.
Como cuestión de umbral, debemos determinar si procede
que consideremos la violación del Canon 9, supra, a pesar
de
que
en
Procuradora
la
querella
General
no
original
se
le
presentada
imputó
a
la
por
la
letrada
transgredir ese canon. Surge del expediente que la Oficina
de la Procuradora General le imputó por primera vez esa
violación a la licenciada Villalba Ojeda el 14 de octubre
de 2014 en el informe preliminar de la conferencia con
antelación a la vista. En ese informe, que fue debidamente
notificado a la letrada, se explicó que las violaciones al
Canon 9, supra, surgían de los mismos hechos incluidos en
la queja, en el informe sobre la queja y en la propia
querella. Además, se identificó el incumplimiento de la
letrada
con
nuestra
orden
para
que
le
entregara
el
expediente del caso a su clienta y con nuestras órdenes
para
que
contestara
la
querella
como
conductas
que
transgredían el Canon 9, supra. El 20 de octubre de 2014,
la licenciada Villalba Ojeda presentó su parte del informe
con antelación a la vista y objetó que se añadiera ese
cargo a los ya imputados. Posteriormente, se llevó a cabo
la
conferencia
con
antelación
a
la
vista
ante
la
Comisionada Especial. Allí la letrada reiteró su objeción
a que se incluyera la violación a un nuevo canon entre los
cargos imputados. A parte de esa objeción, la licenciada
Villalba
Ojeda
prepararse
para
no
solicitó
refutar
la
tiempo
nueva
adicional
imputación.
Por
para
el
CP-2014-001
14
contrario, la letrada solicitó revisar los expedientes de
los casos ante el Tribunal de Primera Instancia, de los
cuales precisamente surgen violaciones a órdenes de ese
foro. Esos expedientes fueron estipulados por las partes,
al igual que el expediente de la queja que inicia este
procedimiento
disciplinario.
Entre
ese
momento
y
la
celebración de la vista final ante la Comisionada Especial
transcurrieron casi dos meses, periodo durante el cual la
licenciada
Villalba
Ojeda
no
hizo
planteamientos
adicionales sobre el asunto. El día de la vista la letrada
contrainterrogó a la única testigo de la Oficina de la
Procuradora
General,
la
señora
Feliciano
Rodríguez.
A
pesar de que tuvo oportunidad, no presentó testigos y se
limitó a presentar prueba documental, la cual fue evaluada
y tomada en consideración por la Comisionada Especial.
Coincidimos con la Procuradora General en cuanto a que
parte de la conducta de la letrada que viola el Canon 9,
supra, surge de la queja, del informe en reacción a la
misma, de la propia querella y
Tribunal
de
Primera
adicional
que
Instancia
transgrede
ese
de los expedientes del
estipulados.
canon
–la
La
conducta
desatención
a
múltiples órdenes de este Tribunal para que contestara la
querella y para que entregara el expediente a la señora
Feliciano
Rodríguez-
surgió
luego
de
presentada
la
querella. Por eso no podía imputarse en esta. No obstante,
en el informe con antelación a la vista preparado por la
Procuradora
General
sí se
especificaron las violaciones
CP-2014-001
del
15
referido
canon.
Sin
lugar
a
dudas,
la
licenciada
Villalba Ojeda fue notificada adecuada y oportunamente del
cargo adicional y de la conducta que daba origen a la
transgresión; tuvo acceso a toda la prueba presentada en
su contra; se le brindó la oportunidad de contrainterrogar
a
la
única
testigo
de
la
Oficina
de
la
Procuradora
General, y también presentó prueba para defenderse de los
señalamientos.
En vista de lo anterior, concluimos que no se le violó
el debido proceso de ley al imputársele, posterior a la
presentación de la querella, que violó el Canon 9 de Ética
Profesional,
supra.
Superado
este
asunto,
pasamos
a
evaluar todas las violaciones imputadas.
Surge del informe de la Comisionada Especial que el
primer
caso
Instancia,
presentado
Sala
Superior
en
el
Tribunal
de
de
Toa
Alta,
desestimado
fue
Primera
debido a que la licenciada Villalba Ojeda no cumplió con
una orden de ese tribunal a los fines de que se presentara
una
declaración
jurada,
cierta
prueba
documental
y
un
proyecto de sentencia, ni con una segunda orden para que
se le informara al tribunal el estado del caso. El segundo
caso
presentado
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia,
Sala Superior de Bayamón, también fue desestimado debido a
que la licenciada Villalba Ojeda desatendió una orden de
ese tribunal para que se emplazara a la parte demandada y
una segunda orden para que se mostrara causa por la cual
no se debía desestimar el caso por falta de actividad por
CP-2014-001
más
de
16
seis
meses.
La
conducta
desplegada
por
la
licenciada Villalba Ojeda en la tramitación de esos dos
casos
es
claramente
contraria
a
los
preceptos
de
los
Cánones 9, 12, 18 y 38 supra.
La desatención de la letrada a las órdenes de los
foros primarios demuestra una clara falta de respeto a los
tribunales, en violación del Canon 9, supra. Además, la
conducta
de
la
licenciada
Villalba
Ojeda
demuestra
que
esta no actuó con la diligencia que requiere el Canon 12,
supra,
para
evitar
dilaciones
innecesarias
en
la
tramitación y solución de los procedimientos judiciales.
Igualmente, la letrada incurrió en una violación del Canon
18, supra, pues no desplegó la diligencia necesaria para
defender
los
derechos
e
intereses
de
su
clienta.
La
licenciada Villalba Ojeda fue contratada para llevar un
pleito de cobro de dinero, gestión que evidentemente no
llevó a cabo de forma oportuna, adecuada y sin retrasos
como
lo
requiere
el
mencionado
canon.
La
desidia,
despreocupación y displicencia de la letrada fue lo que
causó que ambos casos fueran desestimados. Del mismo modo,
la licenciada Villalba Ojeda incurrió en conducta impropia
al
transgredir
el
mandato
del
Canon
38,
supra,
que
requiere que todos los abogados se esfuercen al máximo
para
exaltar
el
honor
y
dignidad
de
la
profesión,
y,
además, como funcionarios del tribunal, se interesen en
hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de
una mejor administración de la justicia. Desatender varias
CP-2014-001
17
órdenes de los tribunales, con el efecto directo de que se
desestimaran dos casos, es contrario a esos deberes.
No nos persuaden los planteamientos de la licenciada
Villalba Ojeda a los efectos de que su incumplimiento con
las órdenes del Tribunal de Primera Instancia en el primer
caso se debió a que surgieron diferencias con su clienta
sobre el verdadero monto de la deuda reclamada, en vista
de unas anotaciones al dorso del pagaré, que le impedían
presentar ante el foro primario los documentos solicitados
en las órdenes. En ese escenario, lo que tenía que hacer
la
letrada
tribunal
las
era
simple
y
diferencias
sencillamente
que
tenía
con
solicitar autorización para renunciar
informarle
al
su
y
cliente
formalmente, y de
acuerdo al Canon 20, supra, a la representación legal de
la señora Feliciano Rodríguez. No es aceptable que ante
esas diferencias (y preocupaciones legítimas), esta, por
su cuenta, diera el caso ―por terminado‖, sin más.
Tampoco nos convence su excusa de que las órdenes del
Tribunal de Primera Instancia en el segundo caso fueron
desatendidas
porque
en
ese
momento
la
señora
Feliciano
Rodríguez ya había presentado la queja que origina este
procedimiento disciplinario. Una vez más, de acuerdo al
Canon 20, supra, el deber de la licenciada Villalba Ojeda
en ese momento era informarle al tribunal de la queja
presentada por su clienta y solicitar autorización para
renunciar formalmente a la representación legal de esta.
Utilizar la queja como excusa para cruzarse de brazos,
CP-2014-001
18
desatender órdenes del foro primario y permitir que el
caso
fuera
desestimado
por
falta
de
actividad
es
totalmente incompatible con nuestros cánones de ética.
Por otro lado, la licenciada Villalba Ojeda violó el
Canon
20,
supra,
al
no
entregarle
el
expediente
a
su
clienta tan pronto le fue requerido. El que la señora
Feliciano Rodríguez hiciera la solicitud verbalmente o que
la
letrada
mudara
su
oficina
a
otra
instalación,
no
justifica el retraso de más de tres años en la entrega del
expediente.
La
quejosa
le
requirió
a
la
licenciada
Villalba Ojeda el expediente de su caso el 4 de febrero de
2011 y no fue hasta octubre de 2014, luego de nuestra
intervención,
que
finalmente
la
quejosa
recibió
el
expediente en cuestión. Vale la pena destacar que en ese
expediente se encontraba el pagaré original, por lo que
durante
ese
período
la
quejosa
estuvo
impedida
de
contratar a otro abogado para que la representara en su
acción de cobro. Igualmente, el hecho de que la licenciada
Villalba Ojeda renunciara tácitamente a la representación
de
su
clienta
en
los
dos
casos
presentados
ante
el
Tribunal de Primera Instancia, sin seguir el procedimiento
establecido
por
el
Canon
20,
supra,
constituye
una
violación adicional de ese canon.
Finalmente,
al
evaluar
el
comportamiento
de
la
licenciada Villalba Ojeda durante el transcurso de este
procedimiento
disciplinario,
notamos
que
su
conducta
infringió el Canon 9, supra. La letrada desatendió nuestra
CP-2014-001
19
orden para que contestara la querella presentada en su
contra
por
la
Procuradora
concedimos
las
tres
apercibimos
que
General,
prórrogas
su
a
que
pesar
de
que
le
solicitó
y
que
le
incumplimiento
podría
conllevar
sanciones disciplinarias.2 Además, la licenciada Villalba
Ojeda no cumplió con nuestra orden para que le entregara
el expediente a su clienta y acreditara el cumplimiento en
el término provisto. Esa conducta es contraria al Canon 9,
supra.
Por otro lado, al determinar la sanción que habremos
de
imponerle
a
los
abogados
que
han
transgredido
los
Cánones de Ética Profesional, supra, tradicionalmente no
solo
hemos
tomado
en
consideración
la
gravedad
de
la
violación, sino también otros factores tales como:
(1) la buena reputación del abogado en la
comunidad; (2) su historial previo; (3) si
constituye su primera falta y si ninguna parte
ha sido perjudicada; (4) la aceptación de la
falta y su sincero arrepentimiento; (5) si se
trata de una conducta aislada; (6) el ánimo de
lucro que medió en su actuación; (7) el
resarcimiento al cliente, y (8) cualquier otra
consideración, ya sea atenuante o agravante, que
sea pertinente en conformidad con los hechos. In
re Planas Merced, 180 DPR 179, 192 (2010).
Además,
las
sanciones
que
hemos
impuesto
a
otros
abogados en casos similares nos deben servir como guía.
2
Adviértase que la licenciada Villalba Ojeda tampoco
cumplió
con
los
requerimientos
que
le
hizo
la
Subsecretaria de este Tribunal para que contestara la
queja presentada en su contra en cierto término provisto.
No fue hasta que este Tribunal intervino, y luego de dos
requerimientos de la Subsecretaria, que finalmente la
letrada compareció y reaccionó a la queja. Esa desatención
a los requerimientos de los funcionarios de este Tribunal
es inaceptable.
CP-2014-001
―Casos
20
similares
ameritan
sanciones
similares‖.
In
re
Gonzalez Acevedo, 165 DPR 81, 104 (2005). De esa forma
evitamos la arbitrariedad y logramos una reglamentación
ética coherente y uniforme. In re Rivera Nazario, 2015
TSPR 109, pág. 17, 193 DPR ___ (2015). Por supuesto, ―no
podemos ignorar la realidad de que cada caso es único, por
lo
que,
en
última
instancia
las
circunstancias
particulares de cada uno son determinantes al momento de
imponer la sanción‖. In re De León Rodríguez, 190 DPR 378,
396-397 (2014). Lo importante es que cuando nos apartemos
de los precedentes similares, brindemos una explicación
satisfactoria que justifique nuestro proceder.
La licenciada Villalba Ojeda tiene a su favor que:
(1) en aproximadamente 25 años de carrera como abogada no
ha sido sancionada por violaciones a los Cánones de Ética
Profesional, supra; (2) aceptó que no actuó conforme a sus
deberes éticos (salvo en lo referente al Canon 9, supra,
cuya imputación objetó), y (3) no cobró honorarios, pues
el contrato que pactó con la quejosa establecía honorarios
contingentes (la quejosa solo pagó gastos iniciales por
concepto de aranceles y fotocopias).
En cambio, pesa contra la letrada que sus actuaciones
en los dos casos ante el Tribunal de Primera Instancia y
en múltiples ocasiones ante este Tribunal demuestran un
claro patrón de desidia y desatención a las órdenes de los
tribunales. Esa conducta no va a ser tolerada por este
Tribunal.
CP-2014-001
21
En cuanto a casos similares recientes, observamos que
hemos censurado enérgicamente a abogados que desatienden
órdenes de los foros primarios, con la consecuencia de que
se archiven los casos. Véanse In re Santos Cruz, 2015 TSPR
75, 193 DPR __ (2015) y In re Hernández González, 188 DPR
721
(2013).
numerosa
Sin
prueba
embargo,
sobre
esos
su
abogados
buena
presentaron
reputación
y
no
incumplieron con las órdenes de este Tribunal durante el
procedimiento disciplinario. En el contexto de una agencia
administrativa, ante hechos similares, también aplicamos
la misma sanción. In re Rivera Nazario, supra.
En
In
re
Cuevas
Borrero,
185
DPR
189
(2012),
suspendimos a un letrado por dos meses por incumplir las
órdenes del Tribunal de Apelaciones y no perfeccionar un
recurso de apelación ante ese foro, lo que provocó que el
recurso fuera desestimado. Al igual que en el caso que hoy
atendemos, ese abogado también incumplió con las órdenes
de este Tribunal durante el procedimiento disciplinario en
su contra. En In re Zapata Torres, 176 DPR 545 (2009),
también suspendimos a un abogado por un término de dos
meses por su falta de diligencia en la tramitación de un
caso,
lo
que
incluso
causó
que
se
desestimara
sin
perjuicio.
A diferencia de esos casos, en el que hoy nos ocupa la
licenciada
Villalba
Ojeda
transgredió
en
múltiples
instancias los Cánones de Ética Profesional. Primero, su
falta de respeto, diligencia y de atención a las órdenes
CP-2014-001
22
del Tribunal de Primera Instancia en los dos casos ante
ese foro causaron que ambos se desestimaran, aunque sin
perjuicio. Segundo, la letrada no siguió el procedimiento
establecido para renunciar formalmente a la representación
legal de su clienta y tampoco le entregó el expediente a
esta a pesar de que se le requirió en múltiples ocasiones.
Tercero, la licenciada Villalba Ojeda incumplió con los
requerimientos de la Subsecretaria de este Tribunal para
que
contestara
la
queja
y
con
tres
órdenes
de
este
Tribunal para que contestara la querella (que, dicho sea
de
paso,
haberla
nunca
contestó,
suspendido
por
inmediata
lo
e
que
muy
bien
indefinidamente
pudimos
en
ese
momento). Cuarto, también cumplió tardíamente con nuestra
orden para que le entregara a la quejosa su expediente.
Por lo tanto, nos vemos obligados a aplicarle a la letrada
una sanción más severa que a la que le aplicamos a los
abogados en los casos recientes similares.
IV.
Por los fundamentos antes expuestos, concluimos que la
licenciada Villalba Ojeda violó los Cánones 9, 12, 18, 20
y
38
de
reiteradas
Ética
Profesional,
violaciones
de
supra.
los
En
vista
Cánones
de
de
las
Ética
Profesional, supra, y por la totalidad de los factores
presentes, la suspendemos del ejercicio de la abogacía y
la notaría por un término de tres meses. Le imponemos el
deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad
para seguir representándolos y de informar oportunamente
CP-2014-001
23
de su suspensión a los foros judiciales y administrativos
de Puerto Rico. Además, tiene la obligación de acreditar y
certificar ante este Tribunal el cumplimiento con todo lo
anterior, dentro del término de treinta días a partir de
la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
El Alguacil de este Tribunal procederá de inmediato a
incautarse de la obra notarial y sello notarial de
señora Villalba Ojeda,
y
la entregará
la
a la Oficina de
Inspección de Notarías para el correspondiente examen e
informe a este Tribunal.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Elba N. Villalba Ojeda
CP-2014-01
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de octubre de 2015.
Por los fundamentos expuestos, en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte
integrante
de
la
presente
Sentencia,
concluimos que la licenciada Villalba Ojeda violó
los Cánones 9, 12, 18, 20 y 38 de Ética
Profesional, supra. En vista de las reiteradas
violaciones de los Cánones de Ética Profesional,
supra, y por la totalidad de los factores
presentes, la suspendemos del ejercicio de la
abogacía y la notaría por un término de tres meses.
Le imponemos el deber de notificar a todos sus
clientes
de
su
inhabilidad
para
seguir
representándolos y de informar oportunamente de su
suspensión a los foros judiciales y administrativos
de Puerto Rico. Además, tiene la obligación de
acreditar y certificar ante este Tribunal el
cumplimiento con todo lo anterior, dentro del
término de treinta días a partir de la notificación
de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
El Alguacil de este Tribunal procederá de
inmediato a incautarse de la obra notarial y sello
notarial de la señora Villalba Ojeda, y la
entregará a la Oficina de Inspección de Notarías
para el correspondiente examen e informe a este
Tribunal.Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La
Jueza Asociada señora Pabón Charneco concurre con
el resultado sin opinión escrita.
Aida I. Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo