LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Elba N. Villalba Ojeda

2015 TSPR 143

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Elba N. Villalba Ojeda

CP-2014-1

Conducta Profesional – Suspensión de la abogacía y la notaría por el término de tres meses, por violación a los Cánones 9, 12, 18, 20 y 38 de Ética Profesional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2015 TSPR 143

193 DPR ____

Elba N. Villalba Ojada

Número del Caso: CP-2014-01

Fecha: 15 de octubre de 2015

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez

Subprocuradora General

Lcda. Karla Pacheco Álvarez

Subprocuradora General

Lcda. Minnie H. Rodríguez López

Procuradora General Auxiliar

Abogados del Querellado:

Lcda. Carmen I. Navas

Lcdo. Gregorio Lima Quiñones

Comisionada Especial:

Hon. Crisanta González Seda

Materia: Conducta Profesional La suspensión de la notaría será

efectiva el 6 de octubre de 2015, fecha en que se le notificó al

abogado de su suspensión inmediata de la notaría.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Elba N. Villalba Ojeda

CP-2014-01

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de octubre de 2015.

Una vez más nos vemos obligados a suspender a

una

abogada

del

ejercicio

de

la

abogacía

por

incumplir con sus deberes hacia una clienta y por

desatender reiteradamente nuestras órdenes.

I.

La Lcda. Elba N. Villalba Ojeda fue admitida al

ejercicio de la abogacía el 3 de enero de 1990 y a

la práctica de la notaría el 1 de febrero de 1991.

En

el

2004,

contrató

los

la

Sra.

servicios

Marta

Feliciano

Rodríguez

de

licenciada

Villalba

la

Ojeda para que la representara en un caso de cobro

de dinero en contra de la Sra. Irma Nieves, a quien

CP-2014-001

le

había

2

hecho

un

préstamo

garantizado

por

un

pagaré

personal. Luego de la entrevista inicial, la letrada le

informó a la señora Feliciano Rodríguez que iba a retener

el pagaré y que debía pagarle doscientos cincuenta dólares

para

los

gastos

iniciales

2004,

la

licenciada

del

Villalba

pleito.

Ojeda

En

diciembre

presentó

la

de

demanda

sobre cobro de dinero en el Tribunal de Primera Instancia,

Sala

Superior

de

posteriormente

Rodríguez.

gastos

Toa

mediante

También

le

incurridos

debidamente

Alta,

carta

hizo

acción

a

llegar

que

notificó

la

señora

Feliciano

una

factura

hasta

el

momento,

pagada.

En

febrero

de

el

fue

letrada

primario

en

la

moción

ante

solicitó

que

se

le

anotara

la

rebeldía

demandada

debido

a

que

le

había

no

había

y

cual

la

una

emplazamiento

los

2005,

presentó

se

foro

la

por

contestado

a

la

que

parte

diligenciado

el

la

En

demanda.

respuesta a esa moción, el Tribunal de Primera Instancia

emitió

una

orden

en

la

que

solicitó

una

declaración

jurada, prueba documental y un proyecto de sentencia. Así,

en marzo de 2005 la licenciada Villalba Ojeda le envió una

segunda carta a la señora Feliciano Rodríguez en la que le

indicó que debían reunirse porque el tribunal le había

solicitado el pagaré original y una declaración jurada en

la

que

se

hiciera

constar

el

monto

de

la

cantidad

reclamada. En ese momento, según recoge el informe de la

Comisionada Especial, la letrada le informó a su clienta

su preocupación por unas notas al dorso del pagaré que se

CP-2014-001

referían

a

3

un

pago

hecho

por

la

deudora,

pues

eso

levantaba un cuestionamiento sobre el verdadero monto de

la reclamación.

A pesar de esto, la licenciada Villalba Ojeda no tomó

acción alguna, ni cumplió con la orden del Tribunal de

Primera Instancia, por lo que en julio de 2005, ese foro

emitió

una

segunda

orden

instruyendo

a

la

letrada

a

informarle el estado del caso en un término de diez días.

La

licenciada

Villalba

Ojeda

tampoco

cumplió

con

esa

orden, por lo que a finales de agosto de 2005, el foro

primario emitió una sentencia en la que ordenó el archivo

y desestimación sin perjuicio del caso. Según determinó la

Comisionada Especial, la comunicación entre la quejosa y

la letrada fue a través de la secretaria de esta. En las

pocas ocasiones en las que pudo hablar directamente con la

abogada, esta le indicaba que el caso se estaba moviendo.

Incluso,

cuando

pormenores

del

acordaban

caso,

reunirse

las

citas

para

se

discutir

los

cancelaban

por

diferentes razones atribuibles a la abogada.

En febrero de 2011, la señora Feliciano Rodríguez le

notificó a la letrada que interesaba que le devolviera el

expediente

de

su

caso

debido

a

que

no

se

le

había

informado en qué etapa se encontraba la reclamación. A

pesar

de

que

hizo

devolviera

el

expediente,

personas

para

que

varios

la

y

esfuerzos

para

además,

encomendó

representaran

en

la

que

se

a

le

otras

gestión,

licenciada Villalba Ojeda no le entregó el expediente.

la

CP-2014-001

4

En mayo de 2011, aunque la señora Feliciano Rodríguez

le había solicitado la devolución del expediente del caso,

y sin consultarle a esta, la licenciada Villalba Ojeda

presentó una segunda demanda sobre el mismo asunto para el

cual fue contratada en el 2004, pero esta vez ante el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón.

También presentó un proyecto de orden, una expedición de

emplazamiento y solicitó el señalamiento de una vista. En

el ínterin, el 26 de mayo de 2011, la señora Feliciano

Rodríguez presentó una queja en contra de la licenciada

Villalba Ojeda ante este Tribunal. El 14 de junio de 2011,

el foro primario rechazó el proyecto de orden e instruyó a

la letrada a que emplazara a la demandada en este segundo

caso presentado.

Mientras

tanto,

el

20

de junio

de

2011,

la Lcda.

Larissa Ortiz Modestti, en ese entonces Subsecretaria del

Tribunal Supremo, le ordenó a la letrada que se expresara

respecto

a

la

referida

queja.

Debido

a

que

esta

no

contestó, el 21 de octubre de 2011, se le concedió un

término adicional de diez días para que se expresara. Ante

la incomparecencia, una vez más, de la letrada, el 15 de

noviembre de 2011 emitimos una Resolución en la que le

ordenamos que compareciera y contestara la queja dentro de

un

término

final

de

diez

días.

La

licenciada

Villalba

Ojeda finalmente contestó la queja el 30 de noviembre de

2011, fuera del término que le fue concedido. El 19 de

enero de 2012, la Procuradora General presentó su informe

CP-2014-001

5

en el que, luego de la investigación de rigor, recomendó

que se iniciara un procedimiento disciplinario formal en

contra de la licenciada Villalba Ojeda. Así, el 27 de

abril de 2012, le brindamos a las partes un término de

veinte días para que se expresaran respecto al informe de

la Procuradora General.

Entretanto, en el caso ante el Tribunal de Primera

Instancia, en mayo de 2012, luego de transcurrido casi un

año de la primera orden de ese foro, y debido a que la

licenciada Villalba Ojeda no realizó gestión alguna, se

emitió una orden para que se mostrara causa por la cual no

debía desestimarse la reclamación por falta de actividad

durante más de seis meses. Finalmente, ante la inacción

total de la letrada, el foro primario emitió una sentencia

en la que desestimó el caso al amparo de la Regla 39.2 de

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA

AP. V, R.39.2.

Posteriormente continuó el procedimiento disciplinario

ante este Tribunal y, luego de evaluar la contestación de

la señora Feliciano Rodríguez, el 30 de noviembre de 2012,

autorizamos

a

la

Procuradora

General

a

presentar

la

correspondiente querella, gestión que llevó a cabo el 22

de enero de 2014. A la licenciada Villalba Ojeda se le

imputó

violar

los

Cánones

12,

18,

20

y

38

de

Ética

Profesional, 4 LPRA Ap. IX.1 La letrada nunca se expresó

1

Aunque al leer los hechos que originan este procedimiento

disciplinario pudieran surgir dudas sobre si la letrada

cumplió cabalmente con los postulados del Canon 19 de

(continúa...)

CP-2014-001

6

respecto a la querella, a pesar de que le concedimos tres

mociones

de

prórrogas

y

le

apercibimos

que

su

incumplimiento podría conllevar su suspensión indefinida

de la profesión.

El 13 de agosto de 2014, nombramos a la Hon. Crisanta

González Seda como Comisionada Especial para que recibiera

prueba y nos rindiera un informe con las determinaciones

de hecho y recomendaciones que estimara pertinente. Ese

mismo día, emitimos una Resolución en la que le ordenamos

a la licenciada Villalba Ojeda entregar el expediente del

caso a la señora Feliciano Rodríguez en un término de

cinco

días

También

orden

le

y

acreditar

el

cumplimiento

apercibimos

que

el

podría

profesión.

acarrear

Esa

orden

de

esa

incumplimiento

su

suspensión

no

fue

con

indefinida

cumplida

en

el

orden.

esta

de

la

término

provisto.

Luego de varios incidentes procesales, la Procuradora

General presentó el informe preliminar de conferencia con

antelación a la vista en el que incluyó un nuevo cargo por

violación del Canon 9, supra, en contra de la licenciada

Villalba Ojeda. Justificó su proceder en que esa violación

surgía de los mismos hechos imputados desde el comienzo

del procedimiento disciplinario. Además, expresó que la

letrada

Tribunal

había

incumplido

durante

la

con

múltiples

tramitación

del

órdenes

de

procedimiento,

este

en

Ética Profesional, no pasamos juicio sobre ello pues no se

le imputó transgredir ese canon.

CP-2014-001

particular

7

con

nuestras

órdenes

para

que

entregara

el

expediente a la quejosa y para que contestara la querella.

La licenciada Villalba Ojeda se opuso oportunamente a que

se añadiera la violación del Canon 9, supra, a los cargos

ya

imputados

sin

que

mediara

Tribunal.

El

10

de

octubre

celebrara

la

vista

con

autorización

de

2014,

antelación

de

este

luego

de

que

se

a

vista,

la

la

licenciada Villalba Ojeda nos informó que finalmente había

enviado el expediente a la señora Feliciano Rodríguez, a

través del Lcdo. Erio Quiñones Villahermosa. Tras otros

trámites, el 18 de diciembre de 2014, se llevó a cabo la

vista

final.

Posteriormente

las

partes

sometieron

por

escrito sus respectivos argumentos finales en torno a los

cargos imputados.

El

31

informe

de

final

marzo de

en

el

2015,

que

la Comisionada

expresó

que

rindió

existía

su

evidencia

clara, robusta y convincente de que la licenciada Villalba

Ojeda

cometió

violación

al

las

Canon

violaciones

imputadas,

inclusive

la

9,

La

presentó

sus

supra.

letrada

comentarios al informe de la Comisionada Especial el 28 de

abril de 2015. Finalmente, el 9 de julio de 2015, el caso

quedó sometido en los méritos para nuestra adjudicación.

A.

El

normas

Código

de

profesión

de

Ética

conducta

legal

en

que

II.

Profesional,

rigen

Puerto

Rico

a

supra,

recoge

las

los

miembros

de

la

para

beneficio

de

la

ciudadanía, la profesión y las instituciones de justicia.

CP-2014-001

8

In re Rivera Navarro, 2015 TSPR 100, pág. 7, 193 DPR ___

(2015).

El Canon 9 de Ética Profesional, supra, dispone que

los abogados deben ―observar para con los tribunales una

conducta que se caracterice por el mayor respeto‖. Como

corolario de ese deber, se exige que los abogados cumplan

pronta

y

diligentemente

las

órdenes

de

todos

los

tribunales. In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 34 (2011).

Por

esa

razón,

indiferencia

―asumir

ante

una

nuestras

actitud

de

menosprecio

órdenes,

denota

falta

e

de

respeto hacia nuestra autoridad, por lo que viola dicho

Canon‖. In re Dávila Toro, 2015 TSPR 79, pág. 6, 193 DPR

___ (2015). Esa violación es completamente independiente

de los méritos que pueda tener la

queja presentada en

contra del abogado. In re Pestaña Segovia, 2015 TSPR 53,

pág. 9, 192 DPR ___ (2015).

Por

otro

lado,

el

Canon

12

de

Ética

Profesional,

supra, establece que los abogados tienen el deber de ser

puntuales en su asistencia y concisos y exactos en el

trámite y presentación de las causas de sus clientes. Esa

obligación

exige

desplegar

todas

las

diligencias

necesarias para que no se causen dilaciones indebidas en

la tramitación y solución de los casos. Hemos indicado que

este

canon

rigurosamente

Ramos,

178

también

comprende

con

órdenes

DPR

las

651

(2010).

el

deber

judiciales.

Esta

norma

de

In

exige

cumplir

re

Rivera

que

los

abogados respondan con premura todos los requerimientos

CP-2014-001

relacionados

9

a

quejas

por

conducta

profesional.

In

re

Hernández Vázquez, 180 DPR 527, 540 (2011).

El Canon 18 de Ética Profesional, supra, exige que

los

abogados

defiendan

los

intereses

de

sus

clientes

―diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo

saber y habilidad […]‖. Además, este canon dispone que es

impropio que un abogado asuma la representación legal de

un cliente cuando es consciente que no puede rendir una

labor idónea competente y que no puede prepararse sin que

ello conlleve gastos o demoras irrazonables a su cliente o

a la administración de la justicia. En ese sentido, ―un

abogado falta a su deber de diligencia cuando no realiza

las gestiones que le fueron encomendadas en el momento

oportuno, de forma adecuada y sin retrasos‖. In re Pietri

Torres, 191 DPR 482, 488 (2014). Por eso, la desidia,

despreocupación y la displicencia en el trámite de un caso

son totalmente incompatibles con el deber de diligencia

establecido en el Canon 18, supra. In re Reyes Coreano,

190 DPR 739, 751 (2014). Hemos establecido que ―cualquier

tipo de actuación negligente que pueda conllevar, o en

efecto, resulte en la desestimación o el archivo […] [de

un] caso‖ claramente contraviene los principios del Canon

18, supra. In re Plaud González, 181 DPR 874, 887 (2011).

Por

supra,

su

parte,

establece

abogados

al

el

el

Canon

20

procedimiento

renunciar

a

la

de

que

Ética

Profesional,

deben

representación

seguir

legal

de

los

un

cliente. Específicamente, este canon dispone que una vez

CP-2014-001

los

10

abogados

han

comparecido

ante

un

tribunal

en

representación de un cliente, deben obtener permiso del

tribunal para renunciar a la representación. Esa renuncia

solo

deberá

justificada

o

solicitarse

cuando

imprevista.

Además,

exista

el

Canon

una

razón

20,

supra,

requiere que antes de renunciar a la representación legal

de

los

clientes,

los

abogados

tomen

todas

las

medidas

razonables necesarias para evitar perjuicio a los derechos

de estos. Asimismo, tan pronto la renuncia se materializa,

los abogados están obligados a entregarle a su cliente el

expediente y todo documento relacionado con el caso. In re

Suárez Jiménez, 2014 TSPR 143, pág. 5, 192 DPR ___ (2014).

Finalmente, el Canon 38 de Ética Profesional, supra,

requiere, entre otras cosas, que los abogados se esfuercen

al máximo de su capacidad en la exaltación del honor y

dignidad de la profesión, aunque al así hacerlo conlleve

sacrificios

personales.

Además,

como

funcionarios

del

tribunal, deben interesarse en hacer su propia y cabal

aportación

hacia

la

consecución

de

una

mejor

administración de la justicia.

En el pasado dejamos claro que ―no se puede concluir

que un abogado violó el Canon 38 por el simple hecho de

violar otros cánones de ética profesional sino por aquella

conducta que es contraria a los valores principales de la

profesión: la dignidad y el honor‖. In re Reyes Coreano,

supra, pág. 758.

CP-2014-001

Por

11

eso,

transgredió

al

el

momento

Canon

de

38,

determinar

supra,

si

debemos

un

abogado

evaluar

si

su

conducta demuestra que realmente no exaltó, al máximo de

su capacidad, el honor y la dignidad de la profesión legal

o si transgredió de otra forma los deberes contenidos en

ese

canon.

Ahora

bien,

en

múltiples

ocasiones

hemos

disciplinado a abogados por contravenir lo dispuesto en el

Canon

38,

supra,

incluso

cuando

violaciones

a

por

sancionado

por

encontramos

conducta

que

de

también

los

hemos

otros

cánones,

pues

sí,

transgredía

las

obligaciones del mencionado canon. Véanse In re Pestaña

Segovia, 2015 TSPR 53, 192 DPR ___ (2015); In re Vera

Vélez,

2015

TSPR

7,

192

DPR

___

(2015);

In

re

Suárez

Jiménez, supra; In re Sierra Arce, 2014 TSPR 142, 192 DPR

___

(2015).

Por

eso,

aprovechamos

reafirmar

que

los

abogados

infringir

el

deber

de

capacidad,

en

exaltar

pueden

ser

esforzarse,

el

honor

profesión, según dispuesto en

la

y

al

la

ocasión

para

sancionados

por

máximo

de

su

dignidad

de

la

el Canon 38, supra, aun

cuando son disciplinados por violar otros cánones.

B. En nuestro ordenamiento, los abogados tienen un derecho

propietario sobre su licencia una vez son admitidos a la

práctica de la profesión. In re Ríos Ríos, 175 DPR 57

(2008). Por esa razón, tenemos que garantizarles el debido

proceso

de

ley,

procedimientos

en

su

vertiente

disciplinarios

en

procesal,

donde

durante

pueda

estar

los

en

juego su licencia. In re Martínez Almodóvar, 180 DPR 805,

CP-2014-001

12

821 (2011). Entre las exigencias mínimas que el debido

proceso

de

ley

garantiza

se

encuentran

el

―ser

notificado[s] adecuadamente de los cargos […] [imputados],

la

oportunidad

contrainterrogar

de

y

ser

a

oído[s]

examinar

y

la

el

prueba

derecho

a

documental

y

material presentada por la parte contraria‖. Íd.

Con esos principios en mente, expresamos anteriormente

que ―añadir cargos que no se incluyeron en la querella

original

a

base

de

la

prueba

que

se

presenta

el

procedimiento viola el debido proceso de ley del abogado

querellado‖. In re Muñoz Fernós, 184 DPR 679, 688 (2012).

En esos casos, como norma general, procede que instruyamos

al ―Procurador General investigar la nueva conducta para

que

determine

si

debe

presentarse

una

nueva

queja

que

inicie un nuevo procedimiento disciplinario, separado y

distinto al procedimiento en donde la conducta adicional

impropia

fue

identificada‖.

In

re

Martínez

Almodóvar,

supra, pág. 825. Sin embargo, esa norma no es absoluta,

puesto que a modo de excepción

cuando del expediente bajo estudio surja que —en

cuanto a la conducta impropia identificada luego

de iniciado el procedimiento disciplinario— al

abogado querellado se le ha: (1) notificado

adecuadamente de la conducta impropia adicional;

(2) brindado la oportunidad de presentar prueba

a su favor; (3) permitido examinar la prueba

presentada en su contra, y (4) contrainterrogar

los testigos presentados por la parte contraria,

el Tribunal podrá, si lo estima apropiado,

evaluar y atender esas alegaciones adicionales.

S[o]lo

así

protegeremos

efectivamente

las

garantías

constitucionales

del

abogadoquerellado y no se menoscabará su oportunidad de

preparar adecuadamente su defensa ni se le

impedirá velar por su sustento. Íd.

CP-2014-001

13

III.

Como cuestión de umbral, debemos determinar si procede

que consideremos la violación del Canon 9, supra, a pesar

de

que

en

Procuradora

la

querella

General

no

original

se

le

presentada

imputó

a

la

por

la

letrada

transgredir ese canon. Surge del expediente que la Oficina

de la Procuradora General le imputó por primera vez esa

violación a la licenciada Villalba Ojeda el 14 de octubre

de 2014 en el informe preliminar de la conferencia con

antelación a la vista. En ese informe, que fue debidamente

notificado a la letrada, se explicó que las violaciones al

Canon 9, supra, surgían de los mismos hechos incluidos en

la queja, en el informe sobre la queja y en la propia

querella. Además, se identificó el incumplimiento de la

letrada

con

nuestra

orden

para

que

le

entregara

el

expediente del caso a su clienta y con nuestras órdenes

para

que

contestara

la

querella

como

conductas

que

transgredían el Canon 9, supra. El 20 de octubre de 2014,

la licenciada Villalba Ojeda presentó su parte del informe

con antelación a la vista y objetó que se añadiera ese

cargo a los ya imputados. Posteriormente, se llevó a cabo

la

conferencia

con

antelación

a

la

vista

ante

la

Comisionada Especial. Allí la letrada reiteró su objeción

a que se incluyera la violación a un nuevo canon entre los

cargos imputados. A parte de esa objeción, la licenciada

Villalba

Ojeda

prepararse

para

no

solicitó

refutar

la

tiempo

nueva

adicional

imputación.

Por

para

el

CP-2014-001

14

contrario, la letrada solicitó revisar los expedientes de

los casos ante el Tribunal de Primera Instancia, de los

cuales precisamente surgen violaciones a órdenes de ese

foro. Esos expedientes fueron estipulados por las partes,

al igual que el expediente de la queja que inicia este

procedimiento

disciplinario.

Entre

ese

momento

y

la

celebración de la vista final ante la Comisionada Especial

transcurrieron casi dos meses, periodo durante el cual la

licenciada

Villalba

Ojeda

no

hizo

planteamientos

adicionales sobre el asunto. El día de la vista la letrada

contrainterrogó a la única testigo de la Oficina de la

Procuradora

General,

la

señora

Feliciano

Rodríguez.

A

pesar de que tuvo oportunidad, no presentó testigos y se

limitó a presentar prueba documental, la cual fue evaluada

y tomada en consideración por la Comisionada Especial.

Coincidimos con la Procuradora General en cuanto a que

parte de la conducta de la letrada que viola el Canon 9,

supra, surge de la queja, del informe en reacción a la

misma, de la propia querella y

Tribunal

de

Primera

adicional

que

Instancia

transgrede

ese

de los expedientes del

estipulados.

canon

–la

La

conducta

desatención

a

múltiples órdenes de este Tribunal para que contestara la

querella y para que entregara el expediente a la señora

Feliciano

Rodríguez-

surgió

luego

de

presentada

la

querella. Por eso no podía imputarse en esta. No obstante,

en el informe con antelación a la vista preparado por la

Procuradora

General

sí se

especificaron las violaciones

CP-2014-001

del

15

referido

canon.

Sin

lugar

a

dudas,

la

licenciada

Villalba Ojeda fue notificada adecuada y oportunamente del

cargo adicional y de la conducta que daba origen a la

transgresión; tuvo acceso a toda la prueba presentada en

su contra; se le brindó la oportunidad de contrainterrogar

a

la

única

testigo

de

la

Oficina

de

la

Procuradora

General, y también presentó prueba para defenderse de los

señalamientos.

En vista de lo anterior, concluimos que no se le violó

el debido proceso de ley al imputársele, posterior a la

presentación de la querella, que violó el Canon 9 de Ética

Profesional,

supra.

Superado

este

asunto,

pasamos

a

evaluar todas las violaciones imputadas.

Surge del informe de la Comisionada Especial que el

primer

caso

Instancia,

presentado

Sala

Superior

en

el

Tribunal

de

de

Toa

Alta,

desestimado

fue

Primera

debido a que la licenciada Villalba Ojeda no cumplió con

una orden de ese tribunal a los fines de que se presentara

una

declaración

jurada,

cierta

prueba

documental

y

un

proyecto de sentencia, ni con una segunda orden para que

se le informara al tribunal el estado del caso. El segundo

caso

presentado

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia,

Sala Superior de Bayamón, también fue desestimado debido a

que la licenciada Villalba Ojeda desatendió una orden de

ese tribunal para que se emplazara a la parte demandada y

una segunda orden para que se mostrara causa por la cual

no se debía desestimar el caso por falta de actividad por

CP-2014-001

más

de

16

seis

meses.

La

conducta

desplegada

por

la

licenciada Villalba Ojeda en la tramitación de esos dos

casos

es

claramente

contraria

a

los

preceptos

de

los

Cánones 9, 12, 18 y 38 supra.

La desatención de la letrada a las órdenes de los

foros primarios demuestra una clara falta de respeto a los

tribunales, en violación del Canon 9, supra. Además, la

conducta

de

la

licenciada

Villalba

Ojeda

demuestra

que

esta no actuó con la diligencia que requiere el Canon 12,

supra,

para

evitar

dilaciones

innecesarias

en

la

tramitación y solución de los procedimientos judiciales.

Igualmente, la letrada incurrió en una violación del Canon

18, supra, pues no desplegó la diligencia necesaria para

defender

los

derechos

e

intereses

de

su

clienta.

La

licenciada Villalba Ojeda fue contratada para llevar un

pleito de cobro de dinero, gestión que evidentemente no

llevó a cabo de forma oportuna, adecuada y sin retrasos

como

lo

requiere

el

mencionado

canon.

La

desidia,

despreocupación y displicencia de la letrada fue lo que

causó que ambos casos fueran desestimados. Del mismo modo,

la licenciada Villalba Ojeda incurrió en conducta impropia

al

transgredir

el

mandato

del

Canon

38,

supra,

que

requiere que todos los abogados se esfuercen al máximo

para

exaltar

el

honor

y

dignidad

de

la

profesión,

y,

además, como funcionarios del tribunal, se interesen en

hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de

una mejor administración de la justicia. Desatender varias

CP-2014-001

17

órdenes de los tribunales, con el efecto directo de que se

desestimaran dos casos, es contrario a esos deberes.

No nos persuaden los planteamientos de la licenciada

Villalba Ojeda a los efectos de que su incumplimiento con

las órdenes del Tribunal de Primera Instancia en el primer

caso se debió a que surgieron diferencias con su clienta

sobre el verdadero monto de la deuda reclamada, en vista

de unas anotaciones al dorso del pagaré, que le impedían

presentar ante el foro primario los documentos solicitados

en las órdenes. En ese escenario, lo que tenía que hacer

la

letrada

tribunal

las

era

simple

y

diferencias

sencillamente

que

tenía

con

solicitar autorización para renunciar

informarle

al

su

y

cliente

formalmente, y de

acuerdo al Canon 20, supra, a la representación legal de

la señora Feliciano Rodríguez. No es aceptable que ante

esas diferencias (y preocupaciones legítimas), esta, por

su cuenta, diera el caso ―por terminado‖, sin más.

Tampoco nos convence su excusa de que las órdenes del

Tribunal de Primera Instancia en el segundo caso fueron

desatendidas

porque

en

ese

momento

la

señora

Feliciano

Rodríguez ya había presentado la queja que origina este

procedimiento disciplinario. Una vez más, de acuerdo al

Canon 20, supra, el deber de la licenciada Villalba Ojeda

en ese momento era informarle al tribunal de la queja

presentada por su clienta y solicitar autorización para

renunciar formalmente a la representación legal de esta.

Utilizar la queja como excusa para cruzarse de brazos,

CP-2014-001

18

desatender órdenes del foro primario y permitir que el

caso

fuera

desestimado

por

falta

de

actividad

es

totalmente incompatible con nuestros cánones de ética.

Por otro lado, la licenciada Villalba Ojeda violó el

Canon

20,

supra,

al

no

entregarle

el

expediente

a

su

clienta tan pronto le fue requerido. El que la señora

Feliciano Rodríguez hiciera la solicitud verbalmente o que

la

letrada

mudara

su

oficina

a

otra

instalación,

no

justifica el retraso de más de tres años en la entrega del

expediente.

La

quejosa

le

requirió

a

la

licenciada

Villalba Ojeda el expediente de su caso el 4 de febrero de

2011 y no fue hasta octubre de 2014, luego de nuestra

intervención,

que

finalmente

la

quejosa

recibió

el

expediente en cuestión. Vale la pena destacar que en ese

expediente se encontraba el pagaré original, por lo que

durante

ese

período

la

quejosa

estuvo

impedida

de

contratar a otro abogado para que la representara en su

acción de cobro. Igualmente, el hecho de que la licenciada

Villalba Ojeda renunciara tácitamente a la representación

de

su

clienta

en

los

dos

casos

presentados

ante

el

Tribunal de Primera Instancia, sin seguir el procedimiento

establecido

por

el

Canon

20,

supra,

constituye

una

violación adicional de ese canon.

Finalmente,

al

evaluar

el

comportamiento

de

la

licenciada Villalba Ojeda durante el transcurso de este

procedimiento

disciplinario,

notamos

que

su

conducta

infringió el Canon 9, supra. La letrada desatendió nuestra

CP-2014-001

19

orden para que contestara la querella presentada en su

contra

por

la

Procuradora

concedimos

las

tres

apercibimos

que

General,

prórrogas

su

a

que

pesar

de

que

le

solicitó

y

que

le

incumplimiento

podría

conllevar

sanciones disciplinarias.2 Además, la licenciada Villalba

Ojeda no cumplió con nuestra orden para que le entregara

el expediente a su clienta y acreditara el cumplimiento en

el término provisto. Esa conducta es contraria al Canon 9,

supra.

Por otro lado, al determinar la sanción que habremos

de

imponerle

a

los

abogados

que

han

transgredido

los

Cánones de Ética Profesional, supra, tradicionalmente no

solo

hemos

tomado

en

consideración

la

gravedad

de

la

violación, sino también otros factores tales como:

(1) la buena reputación del abogado en la

comunidad; (2) su historial previo; (3) si

constituye su primera falta y si ninguna parte

ha sido perjudicada; (4) la aceptación de la

falta y su sincero arrepentimiento; (5) si se

trata de una conducta aislada; (6) el ánimo de

lucro que medió en su actuación; (7) el

resarcimiento al cliente, y (8) cualquier otra

consideración, ya sea atenuante o agravante, que

sea pertinente en conformidad con los hechos. In

re Planas Merced, 180 DPR 179, 192 (2010).

Además,

las

sanciones

que

hemos

impuesto

a

otros

abogados en casos similares nos deben servir como guía.

2

Adviértase que la licenciada Villalba Ojeda tampoco

cumplió

con

los

requerimientos

que

le

hizo

la

Subsecretaria de este Tribunal para que contestara la

queja presentada en su contra en cierto término provisto.

No fue hasta que este Tribunal intervino, y luego de dos

requerimientos de la Subsecretaria, que finalmente la

letrada compareció y reaccionó a la queja. Esa desatención

a los requerimientos de los funcionarios de este Tribunal

es inaceptable.

CP-2014-001

―Casos

20

similares

ameritan

sanciones

similares‖.

In

re

Gonzalez Acevedo, 165 DPR 81, 104 (2005). De esa forma

evitamos la arbitrariedad y logramos una reglamentación

ética coherente y uniforme. In re Rivera Nazario, 2015

TSPR 109, pág. 17, 193 DPR ___ (2015). Por supuesto, ―no

podemos ignorar la realidad de que cada caso es único, por

lo

que,

en

última

instancia

las

circunstancias

particulares de cada uno son determinantes al momento de

imponer la sanción‖. In re De León Rodríguez, 190 DPR 378,

396-397 (2014). Lo importante es que cuando nos apartemos

de los precedentes similares, brindemos una explicación

satisfactoria que justifique nuestro proceder.

La licenciada Villalba Ojeda tiene a su favor que:

(1) en aproximadamente 25 años de carrera como abogada no

ha sido sancionada por violaciones a los Cánones de Ética

Profesional, supra; (2) aceptó que no actuó conforme a sus

deberes éticos (salvo en lo referente al Canon 9, supra,

cuya imputación objetó), y (3) no cobró honorarios, pues

el contrato que pactó con la quejosa establecía honorarios

contingentes (la quejosa solo pagó gastos iniciales por

concepto de aranceles y fotocopias).

En cambio, pesa contra la letrada que sus actuaciones

en los dos casos ante el Tribunal de Primera Instancia y

en múltiples ocasiones ante este Tribunal demuestran un

claro patrón de desidia y desatención a las órdenes de los

tribunales. Esa conducta no va a ser tolerada por este

Tribunal.

CP-2014-001

21

En cuanto a casos similares recientes, observamos que

hemos censurado enérgicamente a abogados que desatienden

órdenes de los foros primarios, con la consecuencia de que

se archiven los casos. Véanse In re Santos Cruz, 2015 TSPR

75, 193 DPR __ (2015) y In re Hernández González, 188 DPR

721

(2013).

numerosa

Sin

prueba

embargo,

sobre

esos

su

abogados

buena

presentaron

reputación

y

no

incumplieron con las órdenes de este Tribunal durante el

procedimiento disciplinario. En el contexto de una agencia

administrativa, ante hechos similares, también aplicamos

la misma sanción. In re Rivera Nazario, supra.

En

In

re

Cuevas

Borrero,

185

DPR

189

(2012),

suspendimos a un letrado por dos meses por incumplir las

órdenes del Tribunal de Apelaciones y no perfeccionar un

recurso de apelación ante ese foro, lo que provocó que el

recurso fuera desestimado. Al igual que en el caso que hoy

atendemos, ese abogado también incumplió con las órdenes

de este Tribunal durante el procedimiento disciplinario en

su contra. En In re Zapata Torres, 176 DPR 545 (2009),

también suspendimos a un abogado por un término de dos

meses por su falta de diligencia en la tramitación de un

caso,

lo

que

incluso

causó

que

se

desestimara

sin

perjuicio.

A diferencia de esos casos, en el que hoy nos ocupa la

licenciada

Villalba

Ojeda

transgredió

en

múltiples

instancias los Cánones de Ética Profesional. Primero, su

falta de respeto, diligencia y de atención a las órdenes

CP-2014-001

22

del Tribunal de Primera Instancia en los dos casos ante

ese foro causaron que ambos se desestimaran, aunque sin

perjuicio. Segundo, la letrada no siguió el procedimiento

establecido para renunciar formalmente a la representación

legal de su clienta y tampoco le entregó el expediente a

esta a pesar de que se le requirió en múltiples ocasiones.

Tercero, la licenciada Villalba Ojeda incumplió con los

requerimientos de la Subsecretaria de este Tribunal para

que

contestara

la

queja

y

con

tres

órdenes

de

este

Tribunal para que contestara la querella (que, dicho sea

de

paso,

haberla

nunca

contestó,

suspendido

por

inmediata

lo

e

que

muy

bien

indefinidamente

pudimos

en

ese

momento). Cuarto, también cumplió tardíamente con nuestra

orden para que le entregara a la quejosa su expediente.

Por lo tanto, nos vemos obligados a aplicarle a la letrada

una sanción más severa que a la que le aplicamos a los

abogados en los casos recientes similares.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, concluimos que la

licenciada Villalba Ojeda violó los Cánones 9, 12, 18, 20

y

38

de

reiteradas

Ética

Profesional,

violaciones

de

supra.

los

En

vista

Cánones

de

de

las

Ética

Profesional, supra, y por la totalidad de los factores

presentes, la suspendemos del ejercicio de la abogacía y

la notaría por un término de tres meses. Le imponemos el

deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad

para seguir representándolos y de informar oportunamente

CP-2014-001

23

de su suspensión a los foros judiciales y administrativos

de Puerto Rico. Además, tiene la obligación de acreditar y

certificar ante este Tribunal el cumplimiento con todo lo

anterior, dentro del término de treinta días a partir de

la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

El Alguacil de este Tribunal procederá de inmediato a

incautarse de la obra notarial y sello notarial de

señora Villalba Ojeda,

y

la entregará

la

a la Oficina de

Inspección de Notarías para el correspondiente examen e

informe a este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Elba N. Villalba Ojeda

CP-2014-01

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de octubre de 2015.

Por los fundamentos expuestos, en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte

integrante

de

la

presente

Sentencia,

concluimos que la licenciada Villalba Ojeda violó

los Cánones 9, 12, 18, 20 y 38 de Ética

Profesional, supra. En vista de las reiteradas

violaciones de los Cánones de Ética Profesional,

supra, y por la totalidad de los factores

presentes, la suspendemos del ejercicio de la

abogacía y la notaría por un término de tres meses.

Le imponemos el deber de notificar a todos sus

clientes

de

su

inhabilidad

para

seguir

representándolos y de informar oportunamente de su

suspensión a los foros judiciales y administrativos

de Puerto Rico. Además, tiene la obligación de

acreditar y certificar ante este Tribunal el

cumplimiento con todo lo anterior, dentro del

término de treinta días a partir de la notificación

de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

El Alguacil de este Tribunal procederá de

inmediato a incautarse de la obra notarial y sello

notarial de la señora Villalba Ojeda, y la

entregará a la Oficina de Inspección de Notarías

para el correspondiente examen e informe a este

Tribunal.Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La

Jueza Asociada señora Pabón Charneco concurre con

el resultado sin opinión escrita.

Aida I. Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo