Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pueblo v. Torres Cruz
2015 TSPR 147
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pueblo v. Torres Cruz
CC-2015-836
Derecho Penal – Principio de favorabilidad en cuanto a la pena; aplicación en sentencias dictadas tras una alegación pre-acordada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
Certiorari
v.
2015 TSPR 147
Javier Torres Cruz
194 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2015-836
Fecha: 4 de noviembre de 2015
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Guayama
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray
Procuradora General
Lcda. Yazmet Y. Ramírez Díaz
Procuradora General Auxiliar
Abogada de la Parte Recurrida:
Por derecho propio
Materia: Derecho Penal – Principio de favorabilidad en cuanto a la
pena; aplicación en Sentencias dictadas tras una alegación preacordada.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Certiorari
Peticionario
v.
CC-2015-0836
Javier Torres Cruz
Recurrido
Opinión
GARCÍA.
del
Tribunal
emitida
por
el
Juez
Asociado
señor
RIVERA
En San Juan, Puerto Rico, a 4 de noviembre de 2015.
Este
caso
nos
brinda
la
oportunidad
de
expresarnos sobre la aplicación del principio de
favorabilidad que regula el Art. 4 del Código
Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5004, en cuanto a las
enmiendas introducidas por la Ley Núm. 246-2014 a
ese
cuerpo
reglamentario.
Como
es
ampliamente
conocido, la Ley Núm. 246, íd., enmendó varios
delitos del Código Penal de 2012 con el propósito
de reducir sus
respectivas penas.
riguroso
historial
del
Un análisis
legislativo
de
esa
legislación revela que la Asamblea Legislativa no
limitó
la
aplicación
del
principio
de
favorabilidad a casos como el de autos en que la
sentencia
condenatoria
es
producto
de
CC-2015-0836
2
una alegación preacordada al amparo de la Regla 72 de
Procedimiento
Criminal,
34
LPRA
Ap.
II.
Asimismo,
es
necesario discutir el alcance de la teoría contractual que
esgrime la Procuradora General como impedimento para la
aplicación del principio de favorabilidad en casos en que
existe una alegación preacordada. Por los fundamentos que
se explican a continuación, se confirma la Sentencia del
Tribunal de Apelaciones que concluyó que procedía aplicar
el principio de favorabilidad en este caso.
I
Contra el Sr. Javier Torres Cruz pesa una sentencia
condenatoria emitida el 4 de febrero de 2013, en la que se
impuso
un
término
de
reclusión
de
cuatro
años
por
el
delito de escalamiento, Art. 194 del Código Penal de 2012,
33 LPRA sec. 5265, y seis meses por el delito de daños,
Art. 198 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5268, a
cumplirse concurrentemente.
Con posterioridad a la aprobación de la Ley Núm. 246,
supra, el señor Torres Cruz presentó por derecho propio un
escrito
ante
procedía
el
Foro
corregir
la
Primario
en
sentencia
que
argumentó
condenatoria.
que
Para
justificar esa conclusión, expresó que la Ley Núm. 246,
íd., había reducido la pena para el delito de escalamiento
a seis meses. Véase Art. 194 del Código Penal de 2012,
supra, según enmendado por el Art. 115 de la Ley Núm. 2462014.
El
Tribunal
de
Primera
Instancia
emitió
una
CC-2015-0836
3
Sentencia el 27 de mayo de 2015 mediante la cual denegó la
solicitud del señor Torres Cruz.
Inconforme, el señor Torres Cruz compareció ante el
Tribunal de Apelaciones. El 28 de septiembre de 2015, ese
Foro emitió una Sentencia en la cual concluyó que procedía
la aplicación del principio de favorabilidad que regula el
Art. 4 del Código Penal de 2012, supra, en lo que respecta
a las enmiendas introducidas por la Ley Núm. 246-2014 a
ese cuerpo reglamentario. En particular, concluyó el Foro
Apelativo Intermedio que procedía modificar la Sentencia
condenatoria que pesaba contra el recurrido ya que la Ley
Núm. 246, íd., redujo la pena de reclusión del delito de
escalamiento, Art. 194 del Código Penal, supra, de cuatro
años a seis meses. Cónsono con lo anterior, se ordenó al
Pueblo de Puerto Rico que certificara al Foro Primario en
cinco
días
el
tiempo
de
reclusión
cumplido
por
el
recurrido al 28 de septiembre de 2015. De esa forma, si
excedía
de
seis
meses,
procedía
la
excarcelación
del
recurrido.
En desacuerdo, el 5 de octubre de 2015, la Procuradora
General
acudió
ante
este
Tribunal
mediante
Petición
de
Certiorari y Moción en Auxilio de Jurisdicción en la que
adujo que procedía revocar la determinación del Tribunal
de Apelaciones ya que, a su modo de ver las cosas, no
aplica a este caso el principio de favorabilidad. El 6 de
octubre de 2015, este Foro emitió una Resolución en que
concedió un término simultáneo de 15 días a las partes
CC-2015-0836
4
para que se expresaran sobre los méritos de la Petición de
Certiorari. Además, en la aludida Resolución, declaramos
sin lugar la moción en auxilio de jurisdicción y ordenamos
a la Oficina de la Procuradora General que presentara una
certificación
del
tiempo
en
reclusión
cumplido
por
el
señor Torres Cruz.
El 9 de octubre de 2015, la Procuradora General nos
certificó que el recurrido ha cumplido dos años, siete
meses y veintidós días de reclusión. Entrada la tarde del
mismo 9 de octubre de 2015, este Tribunal expidió el auto
de certiorari y ordenó incondicionalmente la excarcelación
del recurrido.1
Ante
la
prescindimos
importancia
de
los
que
términos
reviste
este
reglamentarios
caso,
habituales
conforme lo permite la Regla 50 de nuestro Reglamento, 4
LPRA Ap. XXI-B.
II
Nuestro Ordenamiento Jurídico provee herramientas a
una persona que hizo una alegación de culpabilidad para
que
impugne
su
convicción
colateralmente,
por
medio
de
procedimientos posteriores a la sentencia, tales como la
moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34
LPRA Ap. II, o el recurso de hábeas corpus. Pueblo v.
Román Mártir, 169 DPR 809, 822 (2007). Es decir, la Regla
192.1
de
Procedimiento
Criminal,
supra,
permite
que
La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no intervino y el Juez
Asociado
suscribiente
hubiese
declarado
sin
lugar
la
excarcelación incondicional del recurrido.
1
CC-2015-0836
5
cualquier persona que se halle detenida luego de recaída
una
sentencia
condenatoria,
a
presentar
en
cualquier
momento una moción en la sede del TPI que dictó el fallo
condenatorio, con el objetivo de que su convicción sea
anulada, dejada sin efecto o corregida, en circunstancias
en que se alegue el derecho a ser puesto en libertad por
cualquiera de los siguientes fundamentos:
La
sentencia
fue
impuesta
en
violación
de
la
Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico o la Constitución y las leyes de Estados
Unidos; o
el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha
sentencia; o,
la sentencia impuesta excede de la pena prescrita por
la ley; o
la sentencia está sujeta a ataque
cualquier motivo [...]. 34 LPRA Ap. II.
colateral
por
En este caso, el recurrido aduce que procede enmendar
la Sentencia por virtud de la aplicación del principio de
favorabilidad que se encuentra regulado por el Art. 4 del
Código Penal de 2012,
supra.
Por esa razón, pasamos a
discutir con rigor dicho principio.
En armonía con la doctrina continental europea, al
derogar el Código Penal que regía desde el 1902, adoptamos
en Puerto Rico el "principio de favorabilidad", que quedó
consagrado en el Artículo 4 del Código Penal de 1974, 33
L.P.R.A ant. sec. 3004. Pueblo v. González, 165 DPR 675,
684 (2005). Posteriormente, el Art. 9 del Código Penal de
2004, 33 LPRA ant. sec. 4637, introdujo una disposición de
más
amplio
alcance
en
cuanto
al
principio
de
CC-2015-0836
6
favorabilidad.
Dicho
principio
se
encuentra
regulado
actualmente por el Art. 4 del Código Penal de 2012, supra,
el cual dispone, en lo pertinente, que:
La ley penal aplicable es la vigente al momento de la
comisión de los hechos.
La ley penal tiene efecto retroactivo en lo que
favorezca a la persona imputada de delito. En
consecuencia, se aplican las siguientes normas:
(a) Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito
es distinta de la que exista al procesar al imputado o
al imponerle la sentencia, se aplicará siempre la ley
más benigna.
(b) Si durante el término en que la persona está
cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley más
benigna en cuanto a la pena o al modo de ejecutarla, se
aplicará retroactivamente.
(c) Si durante el término en que la persona está
cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley que
suprime el delito, o el Tribunal Supremo emite una
decisión que despenalice el hecho, la pena quedará
extinguida y la persona liberada, de estar recluida o
en restricción de libertad.
En estos casos los efectos de la nueva ley o de la
decisión judicial operarán de pleno derecho. (Énfasis
suplido.)
Conforme
al
principio
de
favorabilidad,
procede
la
aplicación retroactiva de una ley penal cuando favorece a
la persona imputada de delito. Pueblo v. Hernández García,
186 DPR 656, 673 (2012).
Comenta el Prof. L.E. Chiesa
Aponte que ese principio tiene como propósito evitar la
aplicación arbitraria e irracional de la ley penal ya que
"el
principio
republicano
de
gobierno
exige
la
racionalidad de la acción del estado y esta es afectada
cuando, por la mera circunstancia de que un individuo haya
cometido el mismo hecho con anterioridad a otro, se l[e]
CC-2015-0836
trate
más
7
rigurosamente".
Chiesa
Aponte,
Derecho
Penal
Sustantivo, 2da ed., Estados Unidos, Publicaciones JTS,
2013, pág. 59 , citando a E. R. Zaffaroni, Derecho Penal,
Parte General, 2da ed., Ediar, 2002, pág. 122.
No
obstante,
a
diferencia
de
la
prohibición
constitucional de leyes ex post facto que contiene el Art.
II, Sec. 12 de la Constitución de Puerto Rico, LPRA Tomo
I, el principio de favorabilidad corresponde a un acto de
gracia legislativa cuyo origen es puramente estatutario.
Pueblo
v.
González,
corresponde
delimitar
a
el
la
supra,
pág.
Asamblea
rango
de
686.
De
Legislativa
aplicación
del
esa
manera,
establecer
y
principio
de
favorabilidad. Íd.
Por otra parte, la Prof. Dora Nevarez Muñiz comenta
que el principio de favorabilidad incluido en el Art. 4
del
Código
Penal
de
2012,
supra,
"aplicará
a
conducta
delictiva realizada a partir del 1 de septiembre de 2012
cuando se apruebe una ley que sea más favorable que el
Código Penal según vigente al momento de aprobación de la
ley posterior con respecto a la situación de la persona".
D.
Nevares-Muñiz,
Derecho Penal Puertorriqueño, 7ma ed.
rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho,
Inc., 2015, pág. 102.
Conforme al texto del Art. 4 del Código Penal vigente,
supra,
la
ley
favorable
puede
surgir
procesando
al
imputado,
al
momento
mientras
de
se
imponerle
está
la
sentencia o durante el término en que se cumple. Art. 4
CC-2015-0836
8
del Código Penal, supra; L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal
Sustantivo, op cit., pág. 66. Asimismo, los cambios que se
aplicarán
retroactivamente
tipificación
del
delito,
pueden
sus
ser
en
cuanto
atenuantes,
las
a
la
causas
de
exclusión de responsabilidad, los requisitos de prueba,
las penas, así como disposiciones procesales. D. NevaresMuñiz, Código Penal de Puerto Rico, Código Penal de Puerto
Rico, 3ra ed. rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo
del Derecho, Inc., 2015, pág. 10.
La
fórmula
favorable
para
consiste
determinar
en
comparar
cuál
las
es
dos
la
ley
más
leyes,
la
ley
vigente al momento de cometer el delito con la ley nueva,
y aplicar aquella que en el caso objeto de consideración
arroje
un
resultado
más
favorable
para
la
persona.
D.
Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, op cit., pág.
94.
Ahora bien, mediante la incorporación de las cláusulas
de
reserva
en
los
códigos
penales
intención
del
legislador
principio
de
favorabilidad.
págs.
698-699;
Puertorriqueño,
reserva
D.
op
fueron
de
se
imponer
advertido
la
limitaciones
al
v.
González,
supra,
Nevares-Muñiz,
Derecho
Penal
cit.,
Pueblo
ha
pág.
empleadas
102.
en
el
Las
cláusulas
derecho
de
penal
norteamericano, desde el Siglo XIX, con el propósito de
neutralizar la conocida doctrina de supresión y de esa
forma
garantizar
la
continuidad
en
el
procesamiento
CC-2015-0836
9
criminal.2 Pueblo v. González, supra, pág. 687; A. Bascuñán
Rodríguez, La Aplicación de la Ley Penal Más Favorable, 69
Rev Jur. U.P.R. 29, 55 (2000).
De
esa
forma,
―por
medio
de
cláusulas
de
reserva
generales aplicables a todas las leyes penales derogadas,
enmendadas o reinstaladas, se estableció que al aprobar
una
nueva
suprimir
ley
los
penal
la
intención
procedimientos
legislativa
iniciados
—y
que
no
es
aun
no
hubiesen advenido finales— sino la no supresión de éstos a
menos que la Legislatura lo dispusiera así expresamente‖.
Pueblo
v.
González,
supra,
pág.
686.
Véase,
también,
Comentario, Today's Law and Yesterday's Crime: Retroactive
Application of Ameliorative Criminal Legislation, 121 U.
Pa. L.Rev. 120, 127 (1972).
Cabe mencionar que la legislación que nos ocupa, la
Ley Núm. 246-2014, no contiene una cláusula de reserva que
prohíba su aplicación retroactiva. Nevares-Muñiz, Derecho
Penal
Puertorriqueño,
op.
cit.,
pág.
102.
Surge
de
su
historial que la Asamblea Legislativa tuvo la intención de
"disponer penas rehabilitadoras en delitos menos graves y
en
delitos
graves
de
severidad
intermedia;
además
de
2
En Pueblo v. González, supra, págs. 686-687, explicamos la
doctrina de supresión de la siguiente manera:
Según la doctrina de la supresión del common law, seguida
originalmente
por
los
tribunales
norteamericanos,
la
derogación de una ley penal resultaba en la supresión de
todos los procedimientos que aun no fuesen finales. Conforme
a la mencionada doctrina, se interpretaba que cuando el
legislador aprobaba un estatuto que derogaba o modificaba un
estatuto penal anterior, tenía la intención de impedir la
aplicación judicial del estatuto derogado o modificado.
CC-2015-0836
10
disponer
para
el
mediante
criterios
continuación
ejercicio
que
de
la
discreción
orienten
al
ejercerla".
en
detalle
analizamos
el
judicial
Íd.
A
historial
legislativo de la Ley Núm. 246-2014.
El P. del S. 1210 de 7 de octubre de 2014, fue el
proyecto original del Senado de Puerto Rico que recogió
las enmiendas al Código Penal de 2014. El Art. 189 del P.
del S. 1210 titulado ―Vigencia‖ disponía:
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación. La conducta realizada con anterioridad a la
vigencia de esta Ley, se juzgará conforme a las
disposiciones del Código Penal existente previo a la
entrada en vigor de esta Ley, salvo que las penas más
benignas introducidas mediante esta Ley se aplicarán
retroactivamente a hechos ocurridos a partir de la
entrada en vigor de este Código. (Énfasis suplido).
Eventualmente,
este
artículo
fue
reconfigurado
durante su trámite y pasó a ser el Art. 185 de la Ley Núm.
246-2014, y se aprobó con el siguiente lenguaje: ―Esta Ley
comenzará a regir noventa días después de su aprobación‖.
Obsérvese
que
la
primera
contiene
una
cláusula
de
redacción
del
reserva
y
texto
una
propuesto
manifestación
expresa sobre la aplicación del principio de favorabilidad
en lo pertinente a las penas. Sin embargo, el lenguaje
finalmente aprobado no contiene una cláusula de reserva,
por lo que el principio de favorabilidad opera de pleno
derecho.
Esa
es
la
interpretación
tiene
cuenta
el
tracto
en
y
la
más
razonable
intención
de
la
si
se
pieza
legislativa.
De la propia Exposición de Motivos de la Ley Núm.
246-2014
surge
de
forma
manifiesta
que
esa
legislación
CC-2015-0836
11
tiene como propósito, entre otros, la implementación de
―un sistema de penas proporcionales a la gravedad de los
delitos, que a su vez propiciarán la rehabilitación de la
persona sentenciada‖. Véase el Informe Positivo sobre el
P. del S. 1210, suscrito por la Comisión Conjunta para la
Revisión del Código Penal y para la Reforma de las Leyes
Penales
de
12
de
noviembre
de
2014.
(Informe
de
la
de
las
Comisión Conjunta).
De
personas
igual
manera,
que
presentaron
Legislativa
intención
sobre
un
análisis
su
exhaustivo
ponencia
el
P.
del
S.
legislativa
en
todo
momento
ante
1210
la
Asamblea
refleja
fue
que
la
reducir
las
penas de los delitos. El Prof. Luis Ernesto Chiesa Aponte,
asesor de la Comisión Conjunta, expresó que el esquema de
penas de Puerto Rico es injustificado por lo que apoyó la
reducción en las penas. Informe de la Comisión Conjunta,
pág. 6. Por su parte, la Prof. Dora Nevares Muñiz explicó
en su ponencia que los cambios que se realizaron en los
términos
de
reclusión
están
orientados
a
mantener
la
proporcionalidad de las penas conforme la gravedad de los
delitos a lo largo de una dimensión de reprochabilidad.
Ponencia de la Dra. Dora Nevares Muñiz de 27 de octubre de
2014.
Por otra parte, el Prof. Ernesto Luis Chiesa Aponte
recomendó en su ponencia que debía regularse expresamente
bajo el propuesto Artículo 303 del Código Penal el efecto
retroactivo
de
las
enmiendas
bajo
consideración
en
la
CC-2015-0836
medida
que
12
favorezcan
al
imputado.
Ponencia
del
Prof.
Ernesto L. Chiesa Aponte de 29 de octubre de 2014.
Por su parte, el Secretario de Justicia, Hon. César
Miranda Torres, expresó que el paquete de enmiendas al
Código
Penal
de
2012
penas
para
que
tenía
redunde
como
―en
rehabilitación
del
convicto‖.
Miranda
de
30
Torres
obstante,
el
de
Secretario
un
reducir
incentivo
Ponencia
octubre
de
propósito
de
Justicia
para
las
la
del
Lcdo.
César
2014,
pág.
3.
No
se
opuso
a
las
reducciones sustanciales de las penas en los delitos de
agresión sexual (Artículo 130, 33 LPRA sec. 5191), incesto
(Artículo 131, 33 LPRA sec. 5192), secuestro de menores
(Artículo 120 33 LPRA sec. 5179), el Artículo 190 en la
modalidad de robo domiciliario, 33 LPRA sec. 5260 y el
Artículo 121 sobre privación ilegal de custodia, 33 LPRA
sec. 5180, ya que tienen un impacto social muy serio.
Ahora bien, no surge de la ponencia que el Secretario de
Justicia se opusiera a la disminución de la pena en cuanto
al
delito
de
escalamiento,
Art.
194
del
Código
Penal,
supra, objeto de controversia en este caso.
En
fin,
se
desprende
claramente
del
historial
legislativo que la intención de la Asamblea Legislativa al
aprobar la Ley Núm. 246-2014 fue reducir las penas de
varios delitos regulados por el Código Penal de 2012 y que
dicha reducción aplicara a casos de personas ya convictas.
Por
esa
razón,
la
Ley
Núm.
246-2014
no
contiene
una
cláusula de reserva que impida la aplicación del principio
CC-2015-0836
13
de favorabilidad que establece el Art. 4 del Código Penal,
supra.3
III
La
Procuradora
General
en
su
Alegato
se
limita
a
expresar que en este caso no procede aplicar el principio
de
favorabilidad
producto
de
Procuradora
porque
una
la
alegación
General
sentencia
condenatoria
preacordada.
sostiene
que
Es
las
decir,
personas
es
la
que
resultaron convictas luego de que se celebrara un juicio
criminal pueden invocar el principio de favorabilidad en
lo que respecta a la Ley Núm. 246-2014, mientras que las
personas convictas mediante una alegación preacordada no
pueden invocar el referido principio ya que ―se obligaron
contractualmente‖ a cumplir una pena en particular. Por
los fundamentos que se elaboran a continuación, es forzoso
concluir que a la Procuradora General no le asiste la
razón. Tanto las personas que resultaron convictas luego
de
la
celebración
realizaron
una
de
un
alegación
juicio
de
plenario
como
culpabilidad
las
que
preacordada
pueden invocar el principio de favorabilidad.
3
Precisa aclarar que la cláusula de reserva que contiene el
Art. 303 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5412, no tiene
el alcance de impedir que aplique en este caso el principio de
favorabilidad. Dicha cláusula de reserva lo que prohíbe es que
se utilicen las disposiciones del Código Penal de 2012 para
juzgar la conducta cometida mientras estuvo vigente el Código
Penal de 2004. Véase, en general, Pueblo v. Negrón Rivera, 183
DPR 271 (2011), Voto de Conformidad emitido por el Juez Asociado
señor Martínez Torres y Voto Particular de Conformidad emitido
por el Juez Asociado señor Rivera García al que se unió la Jueza
Asociada señora Pabón Charneco.
CC-2015-0836
14
En Puerto Rico, el procedimiento para reglamentar el
sistema
de
alegaciones
preacordadas
fue
originalmente
adoptado por esta Curia en Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR
569
(1984).
Pueblo
v.
Pérez
Adorno,
178
DPR
946,
956
(2010). Con posterioridad, la Legislatura aprobó la Regla
72 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, en la cual
incorporó el sistema de alegaciones preacordadas adoptado
en
Pueblo
v.
Mojica
Agricourt,
147
DPR
Cruz,
179,
supra.
192
Pueblo
(1998).
v.
La
Santiago
Regla
72
de
Procedimiento Criminal, supra, codifica los requisitos que
se
tienen
que
preacordada,
de
sentencia
cumplir
manera
condenatoria.
que
al
realizar
ésta
Pueblo
pueda
v.
la
dar
Pérez
alegación
base
Adorno,
a
una
supra,
pág. 957.
En particular, la referida regla concede al Tribunal
de
Primera
Instancia
la
discreción
para
aprobar
la
alegación preacordada a la que haya llegado el Ministerio
Público y la representación legal del imputado de delito.
Pueblo v. Acosta Pérez, 190 DPR 823, 830 (2014). Dicha
determinación se debe realizar mediante una evaluación de
si: (1) la alegación fue hecha con pleno conocimiento,
conformidad
y
voluntariedad
del
imputado;
(2)
ésta
es
conveniente a una sana administración de la justicia, y
(3) se logró conforme a derecho y a la ética. Pueblo v.
Pérez Adorno, supra, pág. 957. Si el acuerdo no satisface
dichos
requisitos,
entonces
el
Tribunal
tiene
que
rechazarlo. Asimismo, el Tribunal debe asegurarse de que
CC-2015-0836
15
existe una base suficiente en los hechos para sostener que
el acusado resultaría culpable más allá de duda razonable
en caso de llevarse a cabo un juicio. Pueblo v. Suárez,
163 DPR 460, 471 (2004).
Al hacer una alegación de culpabilidad, el acusado no
sólo
afirma
haber
realizado
los
actos
descritos
en
la
denuncia o acusación, sino que además acepta y admite que
es
el
culpable
del
delito
objeto
de
su
alegación.
La
aceptación de la alegación constituye una convicción con
carácter concluyente que no le deja al tribunal más que
hacer que no sea emitir el fallo y la sentencia. Véanse,
Pueblo v. Acosta Pérez, supra, págs. 833–834; Pueblo v.
Pérez Adorno, supra, pág. 960.
En esencia, las alegaciones preacordadas son de gran
valor para nuestro sistema de justicia criminal, ya que
permiten conceder ciertos beneficios al acusado si éste se
declara culpable, descongestionan los calendarios de los
tribunales y propician que se enjuicien a los acusados
dentro de los términos de rápido enjuiciamiento. Pueblo v.
Acosta
Pérez,
supra,
pág.
834;
Pueblo
v.
Santiago
en
nuestro
Agricourt, supra, pág. 194.
Ahora
bien,
Ordenamiento
sentencia
precisa
puntualizar
que
Jurídico
no
existe
tal
cosa
“acordada”.
Es
decir,
aunque
el
como
una
Ministerio
Público y el abogado de defensa lleguen a un acuerdo para
realizar
cierta
alegación
de
culpabilidad,
el
Tribunal
tiene discreción para no aceptar el acuerdo. Pueblo v.
CC-2015-0836
16
Acosta Pérez, supra, pág. 830. Incluso, como el Tribunal
está impedido de participar en las negociaciones entre el
Ministerio Público y el abogado de defensa, la sentencia
final
que
imponga
el
Juez
está
desvinculada
de
la
negociación entre las partes. Es por ello que no podemos
aceptar la analogía que intenta establecer la Procuradora
General con el derecho contractual. Después de todo, las
alegaciones
preacordadas
no
son
―ni
un
contrato
tradicional entre el acusado y el Estado, como tampoco un
precontrato
de
oferta
u
opción
de
alegación
entre
las
partes donde alguna de ellas pueda exigir el cumplimiento
específico en caso de incumplimiento‖. Pueblo v. Santiago
Agricourt, supra, pág. 198.
Así pues, no es posible aquí hablar de que el señor
Torres
Cruz
esté
―incumpliendo‖
el
acuerdo
con
el
Ministerio Público al solicitar rebaja de sentencia, pues
la sentencia no puede formar parte del acuerdo, al recaer
ésta exclusivamente sobre el Tribunal. En efecto, aplicar
aquí los principios del derecho contractual, a los fines
de sustraer del ámbito judicial la imposición o corrección
de
una
penal‖.
sentencia,
Véase,
violaría
E.L.
Chiesa
―la
naturaleza
Aponte,
Tratado
del
proceso
de
Derecho
Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 1992, Vol.
III, Sec. 27.5, págs. 292–293; Pueblo v. Figueroa García,
129 DPR 798, 806–07 (1992).
Como
se
mencionó
anteriormente,
un
condenado
puede
atacar colateralmente una sentencia, aunque sea producto
CC-2015-0836
de
un
17
pre-acuerdo,
Procedimiento
Agricourt,
al
amparo
Criminal,
supra,
págs.
de
la
Regla
192.1
de
supra.
Pueblo
v.
Santiago
210–211.
Esta
Regla
permite
solicitar que se ―corrija la sentencia‖, incluso en casos
en que la sentencia impuesta ―excede de la pena prescrita
por la ley‖. Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra.
A pesar de que la Procuradora General argumenta que un
acusado, al hacer alegación de culpabilidad como parte de
un
preacuerdo,
renuncia
a
invocar
posteriormente
el
principio de favorabilidad para solicitar una rebaja en la
sentencia impuesta, no se cita autoridad alguna que apoye
esta
contención,
más
allá
de
mencionar
la
teoría
contractual antes descartada y citar cierta jurisprudencia
federal
inaplicable
que
trata
sobre
la
renuncia
de
derechos constitucionales que realiza toda persona acusada
que
acepta
una
alegación
preacordada.
United
States
v.
Ruiz, 536 U.S. 622 (2002); U.S. v. Broce, 488 U.S. 563
(1989); McMann v. Richardson, 397 U.S. 759 (1970); y Brady
v.
United
States,
397
U.S.
742
(1970).
Sobre
la
improcedencia de lo resuelto en esos casos, basta decir
que
el
recurrido
señor
Torres
Cruz
no
fundamentó
su
solicitud de enmienda en un planteamiento constitucional,
sino en la aplicación de un principio de Derecho Penal
Sustantivo que se encuentra regulado en el Art. 4 del
Código Penal de 2012: el principio de favorabilidad.
En fin, la Procuradora General no nos ha señalado, ni
hemos
identificado
a
través
de
nuestra
propia
CC-2015-0836
18
investigación, autoridad alguna que sostenga la conclusión
de
que,
por
tratarse
de
un
preacuerdo,
el
sentenciado
señor Torres Cruz queda impedido de invocar el principio
de favorabilidad en este caso donde la pena por el delito
de escalamiento fue reducida de cuatro años a seis meses
por virtud de la Ley Núm. 246-2014. De esa forma, actuó
correctamente
el
Tribunal
de
Apelaciones
al
revocar
el
dictamen del Tribunal de Primera Instancia y atemperar la
sentencia condenatoria que pesa en contra del señor Torres
Cruz a lo dispuesto por la Ley Núm. 246-2014.
IV
El resultado al que arribamos en el día de hoy era
perfectamente previsible para la Asamblea Legislativa y
para
el
propio
Departamento
de
Justicia
que
tuvo
la
oportunidad de deponer sobre la sabiduría del P. del S.
1210, eventual Ley Núm. 246-2014. Es decir, el momento que
el
Departamento
de
Justicia
tuvo
para
oponerse
a
la
aplicación del principio de favorabilidad en casos como
este fue durante el trámite legislativo del P. del S.
1210, eventual Ley Núm. 246-2014. Era en ese momento que
había que alertar a la Legislatura de las consecuencias
que tendrían las enmiendas propuestas. Como señalamos, no
surge
del
historial
legislativo
que
el
Secretario
de
Justicia se opusiera a la reducción de la pena del delito
de escalamiento o que abogara por la inclusión de una
cláusula
de
reserva
que
detuviera
la
aplicación
del
principio de favorabilidad. Al enmendarse el Código Penal
CC-2015-0836
mediante
19
esta
Ley,
no
se
dispuso
que
dichas
enmiendas
fueran inaplicables a los sentenciados con anterioridad.
Sencillamente, aplica aquí el principio de favorabilidad
por virtud del cual la Asamblea Legislativa siempre tendrá
la
potestad
de,
no
solo
rebajar
la
permitir
al
sentenciado
beneficiarse
incluso
de
suprimir
delito
el
en
pena
de
aplicable
la
y
misma,
sino
Eso
un
cuestión.
es
ejercicio de política pública en el cual no nos podemos
inmiscuir. AMPR v. Sist. Retiro Maestros IV, 190 DPR 854,
877 (2014);
AAR, Ex parte, 187 DPR 835 (2013);
Lozada
Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 925–926 (2012). No se
trata, como argumenta la Procuradora General, que el señor
Torres Cruz esté incumpliendo con la sentencia que pesa en
su contra. Se trata de que el Poder Judicial no tiene otra
opción que acatar el mandato legislativo establecido por
virtud
de
la
Ley
Núm.
246-2014,
anteriormente,
la
imposición
de
pues,
la
como
explicamos
sentencia
es
un
ejercicio judicial, y la sentencia siempre tiene que estar
conforme con lo establecido en la legislación penal, en
nuestro caso el Código Penal de 2012, según enmendado.
Salvo que la Asamblea Legislativa disponga otra cosa
mediante una cláusula de reserva, es imposible impedir, a
priori, que una persona renuncie a invocar posteriormente
los beneficios de una legislación que le es aplicable y le
puede
beneficiar.
En
otras
palabras,
impedir
que
la
Asamblea
Legislativa,
decida
que,
por
virtud
principio
del
no
hay
forma
de
retroactivamente,
de
favorabilidad,
CC-2015-0836
20
procede reducir la pena de una persona convicta. Si se
quería
evitar
ese
resultado,
lo
correcto
hubiese
sido
oponerse al P. del S. 1210 y no esperar a que el mismo se
aprobara, y se convirtiera en la Ley Núm. 246-2014, para
luego oponerse a su aplicación.
V
Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la
sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. En este
caso, por virtud del principio de favorabilidad, procede
enmendar la sentencia condenatoria que pesa en contra del
Sr. Javier Torres Cruz para atemperarla a la pena de seis
meses que estableció la Ley Núm. 246-2014 para el delito
de escalamiento.
Se dictará sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
Javier Torres Cruz
CC-2015-0836
Certiorari
Recurrido
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 4 de noviembre de 2015.
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
se
confirma la sentencia dictada por el Tribunal de
Apelaciones. En este caso, por virtud del principio
de favorabilidad, procede enmendar la sentencia
condenatoria que pesa en contra del Sr. Javier
Torres Cruz para atemperarla a la pena de seis meses
que estableció la Ley Núm. 246-2014 para el delito
de escalamiento.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El
Juez Asociado Martínez Torres emitió una Opinión de
Conformidad a la que se unió el Juez Asociado señor
Feliberti Cintrón. La Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez emitió una Opinión Concurrente a la que se
unió la Jueza Presidenta señora Fiol Matta, el Juez
Asociado señor Estrella Martínez y la Jueza Asociada
Oronoz Rodríguez. La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez
emitió una Opinión Concurrente.
Aida I. Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-2015-0836
Javier Torres Cruz
Recurrido
Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ
TORRES a la cual se unió el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN.
En San Juan, Puerto Rico, a 4 de noviembre de 2015.
Hoy se concretan los efectos nefastos de las
enmiendas realizadas al Código Penal de 2012, 33
LPRA sec. 5001 et seq., mediante la aprobación de
la
Ley
Núm.
246
de
2014.
Esa
acción,
puramente
legislativa, nos obliga a reducir la sentencia de
una persona condenada a cumplir cuatro años por el
delito
de
escalamiento,
a
una
pena
de
solamente
seis meses.
El 4 de febrero de 2013, el Sr. Javier Torres
Cruz
hizo
una
alegación
cual
se
declaró
preacordada
culpable
por
el
mediante
la
delito
de
escalamiento. Por esa declaración de culpabilidad,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
lo
condenó
a
CC-2015-0836
2
cumplir cuatro años de prisión. También se le condenó a
seis meses de reclusión por violación del Art. 198 del
Código Penal de 2012 (daños), 33 LPRA sec. 5268, de forma
concurrente. Posteriormente, mientras el señor Torres Cruz
cumplía su condena, el legislador enmendó el Código Penal
de
2012
para
disponer
que
delitos,
como
el
de
escalamiento, conllevarían una pena minúscula de solo seis
meses.
Esas
enmiendas
se
cláusula
de
reserva
que
realizaron
limitara
sin
la
incluir
una
aplicación
del
principio de favorabilidad. Por esa razón, el señor Torres
Cruz solicitó que se redujera su sentencia a seis meses.
Según expuse en mi Opinión de conformidad en Pueblo v.
Acevedo Maldonado, 2015 TSPR 81, 193 DPR ___ (2015), los
efectos
de
penas
constitucional
innegable
de
lenientes
de
bajo
el
del
ideal
tienen
el
efecto
víctimas
de
delito.
rehabilitación
menospreciar
a
las
escudo
También anticipé que con la aprobación de la Ley Núm. 2462014, se retornaba a la visión, subyacente en el Código
Penal de 2004, de que la rehabilitación solo se logra con
menos tiempo de reclusión. Sin embargo, esta visión lejos
de
―rehabilitar‖
al
delincuente,
lo
premia.
Según
el
legislador, con la Ley Núm. 246-2014, se aprobó ―una pieza
legislativa de enorme trascendencia para la seguridad, la
rehabilitación de los delincuentes y la lucha contra el
crimen en nuestro país‖. Informe Comisión Conjunta para la
Revisión Continua del Código Penal y la Reforma de las
Leyes Penales, pág. 2. Si el legislador consideraba que
esos objetivos se alcanzaban vaciando las cárceles, lo ha
logrado.
El
vecindarios.
resultado
lo
veremos
pronto
en
nuestros
CC-2015-0836
3
La Asamblea Legislativa tuvo la oportunidad de evitar
el resultado al que hoy llegamos con una simple limitación
al principio de favorabilidad contenido en el Art. 4 del
Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5004. Sin embargo, el
legislador
escogió
no
esgrimir
restricción
alguna
para
permitir la aplicación de las nuevas penas más lenientes a
toda
persona
serlo.
En
que
ese
haya
sido
sentido,
la
condenada
o
Ley
246-2014
Núm.
en
proceso
no
de
hizo
distinción entre las sentencias elegibles para la gracia
legislativa
Esta
que
omisión,
encarna
el
principio
producto
de
la
de
voluntad
favorabilidad.
de
la
Asamblea
Legislativa, nos lleva al resultado al que hoy llegamos.
Hoy, como es nuestro deber, acatamos la ley.
Rafael L. Martínez Torres
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-2015-0836
Javier Torres Cruz
Recurrido
Opinión Concurrente emitida por la Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez a la que se unen la Jueza Presidenta
señora Fiol Matta, el Juez Asociado señor Estrella Martínez
y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 4 de noviembre de 2015
Por entender que el derecho de un ciudadano convicto
a invocar el principio de favorabilidad no depende de las
particularidades procesales que resultaron en el dictamen
condenatorio que solicita enmendar, concurro con la Opinión
que hoy suscribe una mayoría de este tribunal. Sin embargo,
estimo
que,
en
atención
a
los
argumentos
categóricos
esbozados por el Estado, conviene profundizar en ciertos
aspectos
sustantivos
pertinentes
a
la
controversia
ante
nuestra consideración.
Al
examinar
la
aplicabilidad
del
principio
de
favorabilidad en el contexto de una alegación pre-acordada,
resulta preciso dirimir si la avenencia de ambas figuras es
incompatible en nuestro ordenamiento jurídico penal.
CC-2015-0836
2
I
Contra
acusaciones
el
Sr.
por
Javier
Torres
infracciones
a
Cruz
se
presentaron
los
artículos
195
(escalamiento agravado) y 198 (daños) del Código Penal de
2012. Iniciado el procedimiento penal en su contra, el 4 de
febrero de 2013, el señor Torres Cruz renunció a su derecho
a juicio por jurado e hizo una alegación de culpabilidad,
mediante la cual se reclasificó el delito de escalamiento
agravado a aquel tipificado en el artículo 194 del Código
Penal
(escalamiento).
condicionada,
además,
La
alegación
a
que
se
pre-acordada
eliminara
del
estuvo
pliego
acusatorio la alegación de reincidencia habitual. Con la
anuencia del Ministerio Público, el Tribunal de Primera
Instancia enmendó el pliego acusatorio a esos efectos.
Efectuados los trámites de rigor concernientes a las
alegaciones pre-acordadas, el Tribunal de Primera Instancia
aceptó el acuerdo y, el 4 de febrero de 2013, condenó al
señor Torres Cruz a un término de reclusión de cuatro (4)
años por el delito de escalamiento y seis (6) meses por el
delito de daños. El foro sentenciador dispuso que las penas
se cumplirían concurrentemente, para un total de cuatro (4)
años de reclusión.
El 21 de mayo de 2015, el señor Torres Cruz, por
derecho
propio,
presentó
una
solicitud
de
enmienda
de
sentencia ante el Tribunal de Primera Instancia. En ésta,
argumentó que, conforme con las disposiciones de la Ley
Núm. 246 de 2014, procedía corregir la pena de cuatro (4)
años que le había sido impuesta por la comisión del delito
de
escalamiento.
Esto,
puesto
que
la
nueva
ley
había
CC-2015-0836
3
reducido la pena de reclusión de este delito a seis (6)
meses
y,
conforme
con
el
principio
de
favorabilidad,
correspondía enmendar la sentencia.
El
27
de
mayo
de
2015,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia emitió una resolución mediante la cual declaró no
ha lugar la solicitud de enmienda presentada por el señor
Torres Cruz. Al así proceder, determinó que la sentencia
impuesta
a
éste
se
dio
en
virtud
de
un
acuerdo
de
culpabilidad que constituía un contrato entre las partes,
por
lo
que
no
procedía
enmendarlo.
Este
dictamen,
sin
embargo, fue revocado por el Tribunal de Apelaciones. El
foro apelativo intermedio razonó que el hecho de que la
sentencia condenatoria hubiese sido dictada en virtud de
una alegación de culpabilidad no exceptuaba la aplicación
del principio de favorabilidad.
El Tribunal de Apelaciones señaló, además, que del
acuerdo suscrito entre las partes, no surgía que el señor
Torres Cruz hubiese renunciado a su derecho a invocar el
referido principio. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones
enmendó la sentencia, según lo solicitado, y decretó que,
de acreditarse que el señor Torres Cruz había cumplido más
de seis meses de reclusión, se procediera con la expedición
de un auto de excarcelación.
El 5 de octubre de 2015, compareció ante este Tribunal
el Estado Libre Asociado, por conducto de la Procuradora
General, mediante Petición de certiorari y Urgente moción
en auxilio de jurisdicción. Luego de proveer ha lugar la
moción
en
auxilio
de
jurisdicción,
Procuradora
General
acreditar
el
ordenamos
tiempo
de
a
la
reclusión
cumplido por el señor Torres Cruz directamente a este Foro.
CC-2015-0836
4
Por último, le concedimos a las partes un término de quince
(15) días para exponer sus planteamientos en cuanto a la
aplicación del principio de favorabilidad en el contexto de
las alegaciones pre-acordadas.
El
9
de
octubre
de
2015,
la
Procuradora
General
compareció y acreditó a este Foro que el señor Torres Cruz
había permanecido encarcelado por un periodo de dos (2)
años, siete (7) meses y veintidós (22) días desde el 18 de
febrero de 2013 al 28 de septiembre de 2015. En atención a
ello, ese mismo día, emitimos una resolución mediante la
cual expedimos el recurso de certiorari presentado por la
Procuradora y ordenamos al Tribunal de Primera Instancia
expedir
el
auto
de
excarcelación
correspondiente.4
Posteriormente, declaramos ha lugar una moción solicitando
la resolución expedita del caso y que se diera por sometido
éste
mediante
el
recurso
de
certiorari
presentado
inicialmente.
Mediante su comparecencia, el Estado arguye que las
alegaciones pre-acordadas vinculan a las partes y conllevan
una
renuncia
a
ciertos
derechos
de
naturaleza
constitucional y estatutaria, incluyendo la invocación del
principio
de
favorabilidad.
Esta
contención
está
principalmente fundamentada por jurisprudencia federal y
local que, según aduce el Estado, apunta a que, luego de la
concreción
de
una
alegación
pre-acordada,
lo
único
que
puede cuestionar una persona sentenciada es lo relativo a
que ésta haya sido hecha de manera libre, consciente y
4
Según consta en la Resolución emitida por este Foro, la
Jueza Asociada señora Pabón Charneco no intervino y el
Juez Asociado señor Rivera García hubiese provisto no ha
lugar.
CC-2015-0836
5
voluntaria. Al tratarse de un acuerdo de voluntades sui
generis, el Estado implora evaluar el mismo a la luz de la
normativa que rige la contratación privada.
II
Nuestro
ordenamiento
procesal
penal
contempla
las
alegaciones pre-acordadas como un vehículo útil para la
pronta resolución de casos penales. En Pueblo v. Mojica
Cruz, 115 D.P.R. 569 (1984), reconocimos la procedencia de
este
tipo
de
establecer
alegaciones
las
normas
y
tuvimos
la
que
regirían
oportunidad
su
de
tramitación.
Posteriormente, mediante la Ley Núm. 37 de 28 de junio de
1985,
la
Legislatura
incorporó
lo
pautado
por
vía
jurisprudencial a las Reglas de Procedimiento Criminal.
En
virtud
Procedimiento
instituyó
de
esta
Criminal,
el
enmienda,
34
L.P.R.A.
procedimiento
que
la
Regla
72
de
Ap.
II,
R.
72,
gobernar
las
debe
negociaciones entre el Ministerio Público y el imputado,
así como el rol de los tribunales al momento de evaluar los
acuerdos que resulten de éstas, incluyendo la discreción
que
ostentan
los
jueces
para
rechazar
el
acuerdo.5
Asimismo, la Regla 72 contempla que el fiscal y el imputado
podrán
acordar
culpabilidad
por
que,
el
a
cambio
delito
de
una
alegado
en
―alegación
la
acusación
de
o
denuncia o por uno de grado inferior o relacionado‖, 34
L.P.R.A. Ap. II, R. 72 (énfasis nuestro), se podrá, entre
5
En cuanto al alcance de esta discreción, hemos
establecido que aún si el foro de instancia acepta la
alegación pre-acordada, ―no está obligado a seguir las
recomendaciones que le hagan las partes sobre una
sentencia específica a imponerse al imputado del delito.
Esto es, el tribunal tiene discreción para imponer la
sentencia que entienda procedente en derecho‖. Pueblo v.
Dávila Delgado, 143 D.P.R. 157 (1997).
CC-2015-0836
otras
6
cosas,
eliminar
una
alegación
se
derivan
de
reincidencia
habitual. Véase id.
Los
procesal
beneficios
en
reconocidos,
que
el
ámbito
tanto
en
penal
nuestra
de
han
esta
sido
práctica
ampliamente
jurisdicción
como
en
la
esfera federal. Éstos, no sólo comprenden la resolución
expedita de controversias, lo que naturalmente redunda en
el enjuiciamiento de personas acusadas de cometer delitos
dentro de los términos prescritos en la Constitución y en
las Reglas de Procedimiento Criminal, sino también en una
descarga
significativa
en
los
calendarios
de
los
tribunales. Véase Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 D.P.R.
179
(1998).
Consiguientemente,
las
alegaciones
pre-
acordadas representan un beneficio administrativo para el
Estado,
pues
permite
recursos
económicos
y
evitar
el
fiscales
gasto
en
la
innecesario
de
dispensa
la
de
justicia criminal. Véase Julio E. Fontanet Maldonado, Plea
Bargaining o alegación preacordada en los Estados Unidos:
ventajas y desventajas 118-19 (2008).
Como contrapartida, y desde el punto de vista del
acusado, al aceptar un acuerdo mediante el cual formula una
alegación
de
culpabilidad,
éste
renuncia
los
rigores
a
un
juicio
derecho
a
que
sustantivos
y
procesales
consustanciales
plenario
lo
penal;
saber,
en
a
―el
a
se
establezca su culpabilidad más allá de duda razonable; el
derecho a un juicio justo, imparcial y público; el derecho
a
ser
juzgado
presentar
ante
evidencia
un
a
juez
su
o
favor
jurado,
y
a
y
el
rebatir
derecho
la
a
prueba
presentada en su contra‖. Pueblo v. Santiago Agricourt, 147
D.P.R. 179, 192 (1998). No obstante, mediante una alegación
CC-2015-0836
7
pre-acordada,
el
acusado
adquiere
el
beneficio
de
destrabarse de la incertidumbre que caracteriza el proceso
penal. Véase Fontanet Maldonado, supra, en la pág. 123.
Los beneficios concomitantes a este tipo de acuerdo,
tanto para el Estado como para los acusados, justifican el
sitial que las alegaciones pre-acordadas ocupan en nuestro
ordenamiento procesal penal. Incluso, el hecho de que la
propia Regla 72 de las Reglas de Procedimiento Criminal, en
su
inciso
(6),
establezca
la
inadmisibilidad
de
la
existencia de una alegación pre-acordada, sus términos o
condiciones, y los detalles y conversaciones conducentes a
la
misma
en
cualquier
procedimiento
criminal,
civil
o
administrativo, claramente apunta a la prominencia de este
tipo de acuerdos en nuestro sistema judicial.
Véase 34
L.P.R.A. Ap. II, R. 72(6).
Con
relación
alegaciones
repetidas
a
la
naturaleza
pre-acordadas,
ocasiones,
jurídica
de
las
que,
en
mismas
no
conviene
puntualizar
resuelto
que
hemos
las
constituyen ―ni un contrato tradicional entre el acusado y
el Estado, como tampoco un precontrato de oferta u opción
de alegación entre las partes donde alguna de ellas pueda
exigir
el
cumplimiento
específico
en
caso
de
incumplimiento‖. Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 D.P.R.
179, 198 (1998). Véase, además El Pueblo de Puerto Rico v.
Figueroa García, 129 D.P.R. 798 (1992). Sin embargo, tanto
este Tribunal como los foros federales han afirmado que es
posible
acudir
contractuales
al
a
las
normas
momento
de
que
rigen
las
relaciones
interpretar
las
alegaciones
pre-acordadas. Esto, siempre y cuando, al hacerlo, no se
desvirtúe la naturaleza del proceso penal, o se vulneren
CC-2015-0836
los
8
derechos
constitucionales
de
los
acusados,
los
estatutos y la política pública protegida por el derecho
procesal penal. Véanse El Pueblo de Puerto Rico v. Figueroa
García, 129 D.P.R. 798, 806 (1992); U.S. v. Papaleo, 853
F.2d 16 (1er Cir. 1988).
Una peculiaridad de la concertación de una alegación
pre-acordada es que la consumación del acuerdo depende,
forzosamente, de la aprobación final del tribunal. A esto,
entre
otros
elementos,
se
debe
la
atribución
del
calificativo sui generis a este tipo de acuerdo. Una vez un
acusado acepta una alegación pre-acordada, la eficacia del
acuerdo está sujeta a la aprobación del tribunal, ente que
sirve como garante de que el acusado haya obrado de manera
libre, consciente y voluntaria en sus negociaciones con el
Estado.
El tribunal, por su parte, tiene la discreción de
rechazar el acuerdo, al margen de las voluntades de las
partes consignadas en éste. Véase 34 L.P.R.A. Ap. II, R.72;
Olga E. Resumil de Sanfilippo, Práctica jurídica de Puerto
Rico: Derecho Procesal Penal 127 Tomo 2 (1993)(―El tribunal
no queda vinculado por el mero acuerdo ya que la aceptación
de
la
alegación
la
estará
relación
a
pena
contempla
un
imputado
recomienden
acuerdo
a
sujeta
a
su
discreción‖.)
Con
imponerse,
la
propia
72,
cual
el
mediante
una
el
sentencia
en
Regla
fiscal
y
el
particular
o
el
Ministerio Público acceda a no oponerse a la solicitud de
sentencia
específica
que
haga
la
defensa,
estableciendo
claramente que ―ni lo uno ni lo otro serán obligatorios
para el tribunal‖. 34 L.P.R.A. Ap. II, R.72. Es decir, en
todos
los
casos
en
los
que
medie
una
alegación
pre-
CC-2015-0836
9
acordada, la sentencia dictada será el resultado de la
discreción del tribunal y no de la voluntad de las partes.
Por tal razón, en los casos en que un tribunal acepta
una alegación pre-acordada, ―el acusado siempre puede hacer
cualquier alegación posterior en cuanto a la sentencia que
se le impuso, ya que dicha alegación no depende de que el
caso se haya visto en su fondo, sino de la sentencia que le
impuso el juez como parte de su alegación de culpabilidad‖.
Fontanet Maldonado, supra en la pág. 81. Esto, puesto que,
como mencionáramos, mediante la alegación pre-acordada, el
acusado
renuncia
ordinariamente
fondo,
mas
a
le
no
los
derechos
cobijarían
en
necesariamente
a
un
y
garantías
juicio
remedios
penal
que
en
su
procesales
y
sustantivos que podrían ampararlo posteriormente.6
Evaluados
jurídica
de
los
las
contornos
normativos
alegaciones
y
la
pre-acordadas,
naturaleza
corresponde
examinar, si bien brevemente, el principio de favorabilidad
y su adecuación a la controversia que nos ocupa.
III
Como
norma
general,
la
ley
penal
aplicable
a
un
imputado de un delito es aquélla vigente al momento de la
comisión de los hechos. Véase Cód. Pen. P.R., 33 L.P.R.A.
sec. 5004. A modo de excepción, sin embargo, el Artículo 4
del Código Penal consagra el principio de favorabilidad, el
cual permite la aplicación retroactiva de una ley penal
siempre y cuando ésta le sea más beneficiosa a un acusado.
En
6
cuanto
al
alcance
de
este
principio,
el
Artículo
4
Para una discusión de los remedios que pueden subsistir
luego de una alegación de culpabilidad, siempre y cuando
éstos no se renuncien, véase Fontanet Maldonado, supra, en
las págs. 78-81.
CC-2015-0836
10
dispone, en lo que atañe al recurso que nos ocupa, lo
siguiente:
La ley penal tiene efecto retroactivo en lo
que favorezca a la persona imputada de delito. En
consecuencia, se aplican las siguientes normas:
. . .
(b) Si durante el término en que la persona está
cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley
más benigna en cuanto a la pena o al modo de
ejecutarla, se aplicará retroactivamente.
Cód. Pen. P.R., 33 L.P.R.A. sec. 5004.
De
esta
manera,
nuestro
Código
Penal
contempla
expresamente la aplicación retroactiva de una ley penal que
favorezca a un imputado de delito durante el cumplimiento
de su condena.7
Por tanto, el principio de favorabilidad
opera cuando se verifica una disposición modificativa de la
pena que favorece al acusado, permitiendo la adecuación de
la sentencia dictada a la nueva valoración expresada por la
Legislatura en el estatuto posterior.8 ―Por tal razón, al
analizar la aplicación retroactiva de una ley,
7
hay que
Cabe aclarar que la inclusión de una cláusula de reserva
en la ley posterior, tal y como ocurrió con los Códigos
Penales de 2004 y 2012, podría representar un escollo para
la aplicación del principio de favorabilidad. La Ley Núm.
246 de 2014, al enmendar algunos artículos del Código
Penal de 2012, prescindió de tal cláusula. Véase Ley Núm.
246 de 2014. Por tal razón, no es necesario abundar en la
naturaleza y propósito de una cláusula de reserva. Ello,
puesto que, ante la ausencia de ésta en la Ley Núm. 246,
lo lógico es que nos remitamos al texto claro e inequívoco
del Artículo 4 del Código Penal que consagra el principio
de favorabilidad. La propia Opinión mayoritaria reconoce
que ―el lenguaje finalmente aprobado no contiene una
cláusula de reserva, por lo que el principio de
favorabilidad opera en pleno derecho‖. Opinión, en la pág.
10.
8
En cuanto a esto, nos comenta el profesor Bascuñán
Rodríguez que ―[d]esde el punto de vista del principio de
la proporcionalidad, también el cumplimiento de una
condena resulta un exceso, cuando hay una declaración
legislativa de la falta de merecimiento o necesidad de la
pena que se está cumpliendo‖. Antonio Bascuñán Rodríguez,
La aplicación de la ley penal más favorable, 69 Rev. Jur.
U.P.R. 29, 43 (2000).
CC-2015-0836
11
atender a la intención legislativa al aprobarla‖. Pueblo v.
González, 165 D.P.R. 675, 704 (2005).
Como anticipamos, al enmendar el Código Penal de 2012
mediante la Ley Núm. 246 de 2014, la Asamblea Legislativa
expresó que las enmiendas estaban dirigidas a ―establecer
un sistema de penas proporcionales a la severidad de los
delitos‖,
así
estructural
como
entre
atender
las
―la
penas
ausencia
de
proporción
correspondientes
a
los
distintos delitos‖. Exposición de motivos, Ley Núm. 246 de
2014.
Con
ello
en
mente,
redujo
las
penas
de
varios
delitos, según éstas se preceptuaban en el Código Penal de
2012.9
En cuanto al delito de escalamiento, tipificado en el
Artículo 194 de ese Código, mediante la Ley Núm. 246 de
2014, se modificó su clasificación a delito menos grave,
tal y como lo había sido tradicionalmente en los códigos
anteriores.
Tal
reclasificación,
supuso,
a
su
vez,
una
reducción significativa de la pena, la cual pasó a ser de
9
De esta manera, la Exposición de motivos de la Ley Núm.
246
de
2014
evidencia,
sin
ambages,
la
intención
legislativa de reducir las penas. En atención a ello,
resulta innecesario, para la resolución de la controversia
ante
nuestra
consideración,
realizar
un
―análisis
exhaustivo de las personas que presentaron su ponencia
ante la Asamblea Legislativa‖. Opinión, en la pág. 11.
Además, nos parece incorrecto, en este caso, subsumir la
postura del Poder Ejecutivo en el trámite legislativo que
precedió la aprobación de la Ley Núm. 246 de 2014. Ello,
ante la obvia diferencia entre el rol del Secretario de
Justicia al momento de opinar en torno a asuntos de
política pública ante la Asamblea Legislativa y los
argumentos legales que la Procuradora General pueda
esgrimir ante determinadas controversias judiciales. Esta
distinción cristaliza la realidad de que el hecho de que
el Secretario de Justicia se haya opuesto o no a la
reducción de algunas de las penas durante el trámite
legislativo
no
incide
en
la
consideración
de
la
controversia que nos atañe; a saber, la disponibilidad de
un remedio que, unánimemente, este Tribunal está dispuesto
a reconocer.
CC-2015-0836
seis
(6)
12
meses,
en
lugar
de
los
cuatro
(4)
años
que
disponía el precepto original previo a las enmiendas. Es
decir,
esta
revaloración
del
delito
de
escalamiento,
a
pesar de dejar intactos los elementos de tipo estatuidos en
la ley anterior, resultó en una atemperación reflexiva de
la pena que éste debía acarrear.
IV
Indisputablemente, la existencia de una alegación preacordada no puede incidir sobre el derecho estatutario aquí
en
controversia,
el
cual
sí
estaría
disponible
para
aquéllos que se sometieron al rigor de un juicio en su
fondo. Los derechos sobre los que sí incide la alegación
pre-acordada
atañen,
como
explicamos,
a
derechos
y
salvaguardas pertenecientes a la etapa de la celebración
del juicio al que el acusado renunció mediante ésta. Es
justamente a estos derechos y salvaguardas a los que alude
la jurisprudencia federal en la que descansa el Estado para
sostener
sus
planteamientos
en
este
caso.
Esta
jurisprudencia, a su vez, se enfoca mayormente en el estado
mental del acusado al momento de hacer una alegación de
culpabilidad
y
a
las
circunstancias
específicas
que
resultaron en ésta. Debido a que la contención principal
del Estado es que, al aceptar una alegación pre-acordada,
el acusado renuncia a invocar derechos que normalmente le
cobijarían,
resulta
jurisprudencia
que
imprescindible
se
utiliza
profundizar
para
en
sustentar
la
tal
proposición. Veamos.
En Brady v. United States, 397 U.S. 742 (1970), la
Corte Suprema de los Estados Unidos tuvo ante sí un caso en
el que el acusado realizó una alegación de culpabilidad por
CC-2015-0836
13
el delito de secuestro interestatal. Luego de hacer tal
alegación, el acusado solicitó el remedio de habeas corpus,
alegando
que
su
alegación
coacción
por
parte
del
había
Estado,
sido
presión
el
resultado
indebida
de
de
su
abogado y representaciones falsas por parte de fiscalía con
relación a la reducción de la pena y la posibilidad de
obtener clemencia por el delito. Entre otras cosas, adujo
que el texto del delito, al imponer la pena de muerte como
castigo,
tuvo
el
efecto
de
compelerlo
indebidamente
a
declararse culpable con tal de evadir la posibilidad de que
se le impusiera esa pena. Tanto los foros inferiores como
la Corte Suprema de los Estados Unidos, determinaron en ese
caso que el acusado estaba imposibilitado de ampararse en
el remedio post-sentencia de habeas corpus para cuestionar
su alegación de culpabilidad.
Al así concluir, se enfocaron en la voluntariedad de
la alegación en sí y cómo el juez se cercioró de ésta antes
de emitir su dictamen condenatorio. Fue en ese contexto en
que la Corte Suprema razonó que el miedo a una condena
mayor no constituye el tipo de coacción que invalide una
alegación de culpabilidad por falta de voluntariedad. Véase
Brady, 397 U.S. en la pág. 755 (―[A] plea of guilty is not
invalid merely because entered to avoid the possibility of
a death penalty.‖). Cabe destacar que, en Brady, la Corte
Suprema
intimó
que
los
efectos
de
la
culminación
del
procedimiento penal en contra de un acusado por vía de una
alegación de culpabilidad eran los mismos que aquéllos a
los que se expone un acusado que se somete al juicio en su
fondo. Así, afirmó que ―the pleas are no more improperly
compelled than is the decision by a defendant at the close
CC-2015-0836
14
of the State's evidence at trial that he must take the
stand or face certain conviction.‖ Id. en la pág. 750.
En McMann v. Richardson, 397 U.S. 759 (1970), la Corte
Suprema se enfrentó a una controversia similar a la de
Brady. En ese caso, sin embargo, el acusado alegó que había
sido objeto de coacción durante la confesión que, en última
instancia lo llevó a emitir una alegación de culpabilidad.
Esto, pues sabía que tal confesión sería utilizada en su
contra como una admisión durante la celebración del juicio.
En esencia, y acorde con lo resuelto en Brady, la Corte
Suprema falló en contra del acusado, razonando que, si el
acusado
se
hubiese
sometido
a
los
rigores
del
juicio,
habría tenido la oportunidad de solicitar la exclusión de
su
admisión.
Sin
embargo,
al
declararse
culpable
y
renunciar al juicio, el acusado renunció a ese derecho, por
lo que no podía ampararse en el remedio de habeas corpus
para atacar la validez de la alegación de culpabilidad. Una
vez más, la Corte Suprema hizo hincapié en la voluntariedad
de la alegación, esta vez al margen de la confesión previa
que dio lugar a la misma.
De otra parte, en United States v. Ruiz, 536 U.S. 622
(2002), la Corte Suprema se expresó en torno a la renuncia
a presentar prueba exculpatoria que conlleva una alegación
pre-acordada. En este caso, el Estado comenzó negociaciones
tendentes a lograr una alegación pre-acordada mediante la
cual la acusada renunciaba a su derecho a recibir prueba
exculpatoria que pudiese surgir de los testimonios de otros
testigos o informantes (―material impeachment
evidence),
así como a prueba relacionada con defensas afirmativas que
ésta podría levantar. A pesar de que el acuerdo no se
CC-2015-0836
concretó,
la
15
acusada
sí
realizó
una
declaración
de
culpabilidad. Posteriormente, ésta solicitó una revisión de
la
sentencia
dictada
en
su
contra,
alegando
que
su
alegación de culpabilidad había sido involuntaria puesto
que
el
Ministerio
Público
se
había
negado
a
revelar
evidencia potencialmente exculpatoria. Los foros inferiores
le
dieron
la
razón,
determinando
que
una
alegación
de
culpabilidad no podía considerarse voluntaria si la acusada
no
había
tenido
derecho,
durante
las
negociaciones,
a
recibir la evidencia exculpatoria a la que hubiese tenido
derecho durante la celebración del juicio.
Al
revocar,
obligación
acusado
comenzaba
del
Estado
evidencia
el
la
Corte
de
Suprema
poner
a
exculpatoria
juicio,
y
no
determinó
la
se
disposición
activaba
durante
las
que
la
de
un
una
vez
negociaciones
conducentes a lograr un acuerdo entre el Ministerio Público
y el acusado. Por tal razón, la renuncia a tal evidencia en
una
alegación
pre-acordada
no
anulaba
la
alegación
de
culpabilidad, pues la presentación de prueba exculpatoria
era un derecho consustancial al juicio en su fondo que se
preteriría mediante el acuerdo.
Finalmente, en U.S. v. Broce, 488 U.S. 563 (1989), la
Corte
Suprema
también
analizó
la
disponibilidad
de
un
derecho que ordinariamente ampararía a un acusado durante
la
celebración
acusados
de
un
solicitaron
juicio
el
plenario.
relevo
de
Esta
sus
vez,
los
respectivas
sentencias alegando que éstas constituían una violación a
la
prohibición
constitucional
de
doble
exposición.
En
esencia, los acusados se habían declarado culpables por dos
cargos de conspiración. Posteriormente, alegaron que había
CC-2015-0836
existido
16
una
sola
conspiración
y
no
dos,
por
lo
que
procedía, en virtud de la cláusula de doble exposición,
dejar a un lado el dictamen emitido. La Corte Suprema, al
rechazar
su
culpables
planteamiento,
por
dos
determinó
delitos
que,
al
declararse
separados,
los
acusados
conscientemente admitieron responsabilidad por dos ofensas
de
conspiración
distintas.
Además,
razonó
que,
al
declararse culpables, los acusados renunciaron a su derecho
a presentar evidencia con relación a su alegación de que se
trataba de una sola conspiración y no dos. Por esta razón,
estaban
impedidos
de
atacar
colateralmente
la
sentencia
dictada al amparo de la cláusula de doble exposición.
De
los
casos
previamente
reseñados,
no
se
puede
deducir, mediante el uso de la analogía, que es a lo que
nos conmina el Estado, que un acusado está impedido de
invocar
el
llegado
a
principio
un
convenio
de
favorabilidad
con
el
luego
Ministerio
de
haber
Público.
Como
anticipamos, todos los casos discutidos se enfocan en dos
aspectos
de
las
alegaciones
de
culpabilidad:
(1)
los
requisitos relacionados con el estado mental del acusado al
momento
de
realizarlas,
tradicionalmente
celebración
de
cobijan
un
y
(2)
a
un
juicio,
pero
los
derechos
que
durante
la
renunciados
en
acusado
que
son
virtud de la alegación.
V
Según se desprende de los hechos relatados, en el
presente
caso,
el
señor
Torres
Cruz
acordó
con
el
Ministerio Público hacer una alegación de culpabilidad a
cambio de que se reclasificara la infracción al Artículo
195
(escalamiento
agravado)
y
se
eliminara
del
pliego
CC-2015-0836
acusatorio
aceptar
17
la
tal
alegación
acuerdo,
de
el
reincidencia
tribunal
habitual.
Al
condenar
al
determinó
señor Torres Cruz a cuatro (4) años de reclusión. Esto,
luego de determinar que esa era la pena estatuida en ese
momento para ese delito y que ésta habría de cumplirse
concurrentemente con la pena
de seis (6) meses estatuida
para el delito de daños.
La Ley Núm. 246 de 2014, al reclasificar el delito de
escalamiento
como
uno
menos
grave
y,
consiguientemente,
reducir la pena correspondiente a éste, activó el principio
de
favorabilidad.
El
Estado,
al
permitir
que
el
señor
Torres Cruz se declarara culpable de un delito menor al
originalmente
imputado,
accedió
a
que,
al
momento
de
evaluar la alegación pre-acordada y dictar sentencia, el
tribunal basara su determinación en la pena dispuesta en el
Código Penal de 2012 para ese delito.10
Los
casos
federales
anteriormente
discutidos
no
abordan los derechos constitucionales o estatutarios que
subsisten luego de la alegación en sí. Los argumentos y
planteamientos presentados por los acusados en estos casos
están
inherentemente
relacionados
con
acontecimientos
dentro del juicio. La presentación de prueba exculpatoria,
10
En atención a esto, no es razonable que el Estado arguya
que, al momento de evaluar si procede enmendar la
sentencia dictada, este Tribunal tome en consideración la
pena a la que el señor Torres Cruz pudo haber estado
expuesto en ausencia de una alegación pre-acordada. El
desacierto del Estado estriba en el hecho de que ese
ejercicio valorativo le correspondía al propio Ministerio
Público
al
momento
de
efectuar
las
negociaciones
conducentes al acuerdo y aceptarlo. Asimismo, el tribunal
sentenciador, al aceptar la alegación pre-acordada, estuvo
en posición de ponderar en torno a la sentencia que
hubiese podido recaer en contra del señor Torres Cruz tras
la celebración de un juicio en su fondo, procedimiento al
que ambas partes renunciaron mediante el acuerdo.
CC-2015-0836
18
la invocación de la protección contra la doble exposición
en
un
mismo
procedimiento
penal
y
la
legalidad
de
una
confesión son derechos y salvaguardas comprendidos en un
juicio a los que efectivamente se renuncia mediante una
alegación de culpabilidad.
pasar
por
alto
El Estado, sin embargo, parece
jurisprudencia
federal
que
apunta
a
la
subsistencia de remedios procesales y derechos sustantivos
externos a la celebración de un juicio que no radican en la
validez de la alegación pre-acordada, sino más bien en los
efectos posteriores que resultan del dictamen que hace un
tribunal en virtud de ésta.11
Por último, atendiendo el argumento del Estado con
relación a la naturaleza de las alegaciones pre-acordadas y
cómo, al interpretar su contenido, se puede acudir por
analogía a los principios que rigen el derecho contractual,
es menester destacar que los intereses que tutelan ambas
áreas
del
Mientras
Derecho
que
en
el
son
inexorablemente
ámbito
del
distinguibles.
Derecho
Privado,
la
regulación de los contratos propende a la protección del
tráfico jurídico, en el ámbito del Derecho Procesal Penal,
las
alegaciones
pre-acordadas
protegen
el
interés
del
Estado y de la ciudadanía de una administración justa y
eficiente de la justicia que salvaguarde los derechos de
todas las partes implicadas en el proceso. Véase El Pueblo
de Puerto Rico v. Figueroa García, 129 D.P.R. 798 (1992).
En el presente caso, la aplicación del principio de
favorabilidad aspira a proteger los derechos de aquellos
11
Véase Haynes v. United States, 390 U.S. 85 (1968)
(inconstitucionalidad del delito); Tollet v. Henderson,
411 U.S. 258 (1973) (validez del pliego acusatorio); Jaben
v. United States, 381 U.S. 214 (1965) (prescripción del
delito tras alegación de nolo contendere).
CC-2015-0836
19
acusados que optan por darle fin al procedimiento penal
instado en su contra por vía de un mecanismo que el propio
ordenamiento
jurídico
fomenta.
Resulta
insostenible
e
injusto condicionar el reconocimiento de ese derecho a la
naturaleza del procedimiento mediante el cual se determina
la culpabilidad de un acusado. Hacer esa distinción no
tendría
otro
efecto
que
el
de
disuadir
a
acusados
de
delitos de entrar en convenios con el Ministerio Público,
lo
que
nuestro
ordenamiento
penal
justamente
intenta
propiciar.
Por los fundamentos que anteceden, procede confirmar
la
sentencia
sostener
la
dictada
orden
de
por
el
Tribunal
excarcelación
de
Apelaciones
expedida
por
y
este
Tribunal.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Certiorari
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
CC-2015-836
v.
Javier Torres Cruz
Recurrido
Opinión concurrente emitida por la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez
En San Juan, Puerto Rico, a 4 de noviembre de 2015.
Hablar del Derecho penal es hablar,
de un modo u otro, de violencia.
Violentos son generalmente los casos
de los que se ocupa el Derecho penal
(robo,
asesinato,
terrorismo,
rebelión). Violenta es también la
forma
en
que
el
Derecho
penal
soluciona
estos
casos
(cárcel,
internamientos
psiquiátricos,
suspensiones e inhabilitaciones de
derecho).12
Estoy
de
acuerdo
con
la
decisión
de
este
Tribunal. La alegación pre-acordada por la cual el
Tribunal de Primera Instancia sentenció al Sr. Javier
Torres
12
Cruz
no
impide
la
aplicación
del
F. Muñoz Conde & M. García Arán, Derecho penal: Parte general, 7ma
ed., Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 2007, pág. 29.
CC-2015-836
2
principio de favorabilidad. Luego de que el señor Torres
Cruz fuera sentenciado a una pena de reclusión de cuatro
años
por
el
delito
de
escalamiento,
la
Asamblea
Legislativa enmendó el Código Penal y redujo la pena de
ese delito a seis meses de reclusión. Por tanto, en virtud
del
principio
Torres
Cruz
valoración
estado
de
de
favorabilidad,
debe
enmendarse
nuestro
encarcelado
en
la
sentencia
del
señor
para
reflejar
la
nueva
ordenamiento
exceso
de
jurídico.
seis
meses,
Habiendo
el
señor
Torres Cruz debe ser excarcelado.
Sin embargo, preciso abundar en la razón de ser del
cambio
en
política
pública
que
redundó
en
una
revalorización de las penas impuestas en el Código Penal
de 2012. Esto, con tal de elucidar la procedencia de tal
cambio como lo que es: una acción de la rama gubernamental
encargada de formular, mediante legislación, la política
pública
que, como miembros de este Foro, estamos llamados
a respetar. El cambio significativo de política pública en
el ámbito penal que representó la aprobación de la Ley
Núm. 246 de 26 de diciembre de 2014 (Ley Núm. 246-2014),
exige profundizar en el contenido de las ponencias y la
otra
documentación
Legislativa.
presentada
Indisputablemente,
ante
esta
la
Asamblea
apunta
a
la
importancia de establecer un esquema de penas cimentado en
la
proporcionalidad
y
severidad y la violencia.
la
rehabilitación
y
no
en
la
3
CC-2015-836
I
A sólo ocho años de su aprobación, el Código Penal de
2004 fue derogado por el Código Penal de 2012. Entre los
cambios que esto supuso estuvo el aumento considerable en
las penas, la eliminación de penas alternas a la reclusión
y una menor discreción judicial al sentenciar. Este nuevo
esquema de penas del Código Penal de 2012 fue criticado,
entre otras razones, por la ausencia total de fundamentos
empíricos
y
criminológicos
que
sustentaran
su
mayor
severidad.13
Así, el 7 de octubre de 2014 se presentó en el Senado
de Puerto Rico el P. del S. 1210, mediante el cual se
propuso enmendar varias disposiciones del Código Penal de
2012, entre éstas el esquema de penas.14 Las expresiones
contundentes
de
múltiples
deponentes
que
analizaron
el
proyecto establecieron la necesidad de enmendar el Código
Penal
de
2012
fundamentándose
en
que
las
mismas
eran
esenciales para lograr un sistema de penas proporcional a
la severidad de los delitos.
La Dra. Dora Nevares Muñiz, quien fungió como asesora
de la Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal
y para la Reforma de las Leyes Penales en la redacción del
P. del S. 1210, hizo referencia en su ponencia a diversas
investigaciones
criminológicas
que
demuestran
que
no
existe una relación entre el aumento en la severidad de
las penas y la reducción de la actividad delictiva. Por el
contrario, ―[l]o que los estudios empíricos demuestran es
13
Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal y para la
Reforma de las Leyes Penales, Informe positivo sobre el P. del S.
1210, págs. 81-82.
14
Concurrentemente se presentó en la Cámara de Representantes el P. de
la C. 2155, igual en contenido.
4
CC-2015-836
que,
invertir
recursos
en
aumentar
la
probabilidad
de
detección del crimen y la aprehensión de los criminales es
considerablemente más efectivo en reducir la criminalidad,
que
invertir
recursos
en
aumentar
el
tiempo
que
el
convicto pasará encarcelado‖.15
Estableció, además, que:
La aprobación [del] Código Penal de 2012 de
forma apresurada sin considerar su interacción
con
las
leyes
penales
especiales
generó
duplicidad de delitos y disparidad de penas
entre el propio Código y las leyes especiales:
además de la resultante ausencia de proporción
estructural entre las penas correspondientes a
los distintos delitos.16
Asimismo, añadió que el P. del S. 1210 era un paso de
avance
hacia
comprensible,
―[u]n
[que]
en
Código
su
Penal
aplicación
justo
facilita
y
claro,
tanto
la
prevención como el control del crimen una vez ocurre‖.17
Por
su
parte,
el
profesor
Luis
E.
Chiesa,
quien
también fungió como asesor en la redacción del P. del S.
1210, expandió sobre la incongruencia de las penas en el
Código Penal de 2012 al indicar que:
La razón principal por la cual es necesario
enmendar sustancialmente el CP 2012 es que éste
carece de un hilo conductor que justifique tanto
su esquema de penas como las doctrinas de la
parte general y las definiciones de los delitos
en particular que ahí se codifican. En cuanto al
esquema de penas, la premisa inarticulada que
dio lugar a la adopción del CP 2012 es que la
criminalidad se puede combatir eficientemente
mediante un aumento considerable en las penas.
Desafortunadamente
[...]
esta
premisa
es
demostrablemente falsa.18
15
Dora Nevares Muñiz, Ponencia sobre los P. del S. 1210 y P. de la C.
2155,
pág.
5,
disponible
en:
http://www.oslpr.org/20132016/ponencias/A35ZPNWJ.pdf (última visita, 29 de octubre de 2015).
16
Id., pág. 3.
17
Id., pág. 52.
18
Luis E. Chiesa, Comentarios al P. del S. 1210, P. de la C. 2155,
págs.
1-2,
disponible
en:
http://www.oslpr.org/20132016/ponencias/A35ZPJ7I.pdf (última visita, 29 de octubre de 2015).
5
CC-2015-836
El
profesor
Chiesa
presentó,
además,
un
análisis
comparativo en el que consideró la pena máxima del Código
Penal de 2012 para ciertos delitos y la contrastó con la
pena máxima que para esos mismos delitos establecían otras
jurisdicciones, como Nueva York, California o España.19 En
todos
los
casos
las
penas
del
Código
Penal
de
2012
resultaron significativamente más altas.
No
cabe
duda
que
el
objetivo
de
la
Asamblea
Legislativa fue corregir la desproporción de las penas y
otros defectos del Código Penal de 2012. Las enmiendas
realizadas
buscaban
―armonizar
la
búsqueda
de
la
paz
social con los derechos de las víctimas y de los acusados
dentro
de
un
sistema
constitucional
que
mandata
la
rehabilitación del confinado‖.20 Así, no cabe hablar del
―ideal constitucional de rehabilitación‖21 cuando existe un
mandato contundente e inequívoco a garantizar la misma.
Culminado el trámite de discusión y enmiendas, el P.
del S. 1210 fue aprobado y se convirtió en la Ley Núm.
246-2014. Según la Exposición de Motivos de dicha Ley,
ésta enmendó el esquema de penas del Código Penal de 2012
para erigir un sistema de penas
19
más proporcional
a
la
Id. Los delitos comparados fueron violación, incesto, robo simple,
robo agravado y apropiación ilegal agravada. En el caso de violación
la pena máxima en Puerto Rico era 62.5 años, en Nueva York 25 años, en
California 13 años, en España 12 años y en Alemania 10 años. Para el
delito de incesto la pena máxima en Puerto Rico era 62.5 años, en
Nueva York
25 años, en California 3 años, en España 0 años y en
Alemania 3 años. Para robo simple la pena máxima en Puerto Rico era 25
años, en Nueva York 7 años, en California 5 años, en España 3 años y
en Alemania 5 años. En el caso de robo agravado la pena máxima en
Puerto Rico era 37.5 años, mientras que en Nueva York era 25 años, en
California 9 años, en España 5 años y en Alemania 10 años. Para el
delito de apropiación ilegal agravada la pena máxima en Puerto Rico
era 18.5 años, en Nueva York 7 años, en California 3 años, en España 6
años y en Alemania 10 años. Se debe aclarar que por modificaciones que
se hicieron durante el trámite de aprobación legislativa, algunas de
esas penas, como la del delito de incesto, así como varias modalidades
del delito de violación, no fueron objeto de enmienda.
20
Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal y para la
Reforma de las Leyes Penales, supra, nota 1, pág. 3.
21
Véase la Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor
Martínez Torres (énfasis suplido).
6
CC-2015-836
gravedad
de
los
delitos,
sanciones
alternas
severidad
intermedia
discreción
al
juez
a
extender
la
reclusión
y
conceder
para
la
en
viabilidad
de
los
delitos
de
un
mayor
margen
de
determinar,
dentro
de
ciertos
límites, la pena adecuada para el convicto.22
El legislador no incluyó en la Ley una cláusula de
reserva que impidiera la aplicación de sus disposiciones
más favorables a los delitos cometidos con anterioridad a
su
aprobación.
Por
el
contrario,
en
un
ejercicio
de
discreción deliberado hizo lo que estuvo a su alcance para
establecer
una
política
proporcionalidad
de
retroactiva
personas
a
la
pública
que
favoreciera
pena,
incluyendo
que
cometieron
su
la
aplicación
delitos
con
posterioridad a la aprobación del Código Penal de 2012.23
Al no incorporar una cláusula de reserva la Asamblea
Legislativa viabilizó la aplicabilidad del principio de
favorabilidad
nuevo
y
esquema
permitió
de
extenderlo
penas.
Con
retroactivamente
ello,
promovió
al
la
rehabilitación social y moral de las personas convictas.
Surge de la Exposición de Motivos que la aprobación
de la Ley Núm. 246-2014 respondió a una determinación de
política pública por parte del legislador para reformar
nuestro sistema de justicia criminal, consciente de que el
22
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 246 de 26 de diciembre de 2014
(2014 Leyes de Puerto Rico 2385-2386).
23
Tal y como expresé recientemente, citando a la Dra. Nevares Muñiz,
la Ley Núm. 246-2014:
[N]o contiene una cláusula de reserva que prohíba su
aplicación retroactiva. [citas omitidas] Ello porque
mediante dicha ley la legislatura tuvo la intención de
‗disponer penas rehabilitadoras en delitos menos graves y
en delitos graves de severidad intermedia; además de
disponer para el ejercicio de la discreción judicial
mediante criterios que orienten al ejercerla.‘‖ Pueblo v.
Cordero Meléndez, 2015 TSPR 123, pág. 11 (Op. de
Conformidad, J. Oronoz Rodríguez)
7
CC-2015-836
esquema de penas establecido en el Código Penal de 2012
resultaba altamente punitivo sin que hubiera justificación
para ello. En cambio, durante el proceso de elaboración
del P. del S. 1210 se recibió el insumo de literatura,
estudios,
estadísticas
y
otra
evidencia
empírica
que
demostró el rechazo unánime de los expertos a la noción de
que
la
imposición
de
penas
más
severas
propicie
la
disminución en la actividad criminal.
Sobre este particular, debe quedar claro que a la luz
de los entendidos modernos en la Criminología, la Ley Núm.
246-2014 propuso que la relación entre la severidad del
castigo y la gravedad del delito fuera más proporcional.
Debía tener en cuenta a todas las partes involucradas y
adelantar
de una manera más objetiva los fines que el
propio Código Penal de 2012 reconoció para la pena: la
prevención del delito, la justicia para las víctimas, el
castigo
justo
y
proporcional
para
el
ofensor,
y
la
pena
de
rehabilitación del convicto.24
Asimismo,
el
reconocimiento
de
que
la
reclusión es la sanción que más relación guarda con una
eventual reincidencia influyó en la política pública que
persigue la Ley Núm. 246-2014.25 En particular, al adoptar
penas
alternas
terapéutica,
la
a
la
reclusión
Asamblea
como
Legislativa
la
restricción
reconoció
que
la
adicción es una enfermedad y que al adicto que delinque se
le debe fijar una sanción que promueva su recuperación.
Asimismo, la Asamblea Legislativa estimó crucial reconocer
y validar la discreción de los jueces y las juezas por lo
24
25
Art. 11 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec.5011.
Nevares Muñiz, supra, nota 3, págs. 4-5.
8
CC-2015-836
que
adoptó
sentencias
esta
política
puedan
pública
ajustarse
a
que
las
propicia
que
las
peculiaridades
del
caso.26
II
Estas medidas nos sitúan en una coyuntura similar a
la que se vive en los Estados Unidos. Allí, la política
pública
para
atender
cambiar
después
de
la
criminalidad
décadas
de
una
ha
comenzado
política
a
criminal
fallida de mano dura y sobrecriminalización que vio cómo a
pesar de la tipificación de mayores delitos, penas más
severas, cárceles llenas y miles de millones de dólares
invertidos para mantener el aparato de justicia criminal,
las tasas de actividad delictiva seguían a niveles muy
altos.27 Así, durante los últimos años la política pública
a nivel estatal y federal ha ido dirigida a fomentar la
reinserción de la persona convicta, reducir las tasas de
encarcelamiento y el costo de la prisión para el erario y
promover las penas alternas a la reclusión.28
26
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 246 de 26 de diciembre de 2014
(2014 Leyes de Puerto Rico 2385-2386).
27
Desde 1980 hasta el presente, el número de adultos encarcelados en
los Estados Unidos ha aumentado de medio millón a más de 2.3 millones,
lo que significa que uno entre cada cien adultos está preso. Este
incremento ha convertido a ese país en el de mayor número de presos
per cápita en el mundo. Véase, Institute for Criminal Policy Research,
World
Prison
Brief,
disponible
en:
http://prisonstudies.org/country/united-states-america (última visita,
31 de octubre de 2015); John Malcolm, Criminal Justice Reform, The
Heritage
Foundation,
(24
de
Julio
de
2015),
disponible
en:
http://www.heritage.org/research/testimony/2015/criminal-justicereform (última visita, 31 de octubre de 2015). Véase también, William
J. Stuntz, The Collapse of American Criminal Justice, Harvard Belknap,
2011, pág. 275.
28
Ram Subramanian, Rebecka Moreno & Sharyn Broomhead, Recalibrating
Justice: A Review of 2013 State Sentencing and Corrections Trends.
Vera
Institute
of
Justice,
2014,
disponible
en:
http://www.vera.org/sites/default/files/resources/downloads/statesentencing-and-corrections-trends-2013-v2.pdf (última visita, 29 de
octubre de 2015); U.S. Dept. of Justice, Smart on Crime, Reforming the
Criminal Justice System for the 21st Century, disponible en:
http://www.justice.gov/sites/default/files/ag/legacy/2013/08/12/smarton-crime.pdf (última visita, 31 de octubre de 2015).
9
CC-2015-836
La
necesidad
de
reformar
el
sistema
de
justicia
criminal en los Estados Unidos es tan apremiante que, en
un país donde generalmente el debate político está muy
polarizado,
ha
surgido
ideologías
y
partidos
organizaciones
un
consenso
que
trasciende
políticos.29
Por
ejemplo,
progresistas
-como
el
American
Civil
Liberties Union (ACLU) o el Center for American Progressy
conservadoras
Institute
-como
o
el
enérgicamente
por
el
Heritage
Federalist
un
cambio
Foundation,
Societydrástico
en
el
Cato
han
abogado
la
política
pública para controlar el uso excesivo del poder punitivo
del Estado, tema que han adoptado como parte integral de
sus respectivos programas.30 Una muestra de ello es el U.S.
Justice
Action
Network,
organización
compuesta,
entre
otros, por la ACLU y por grupos conservadores como el
Right
on
Crime,
el
Faith
&
Freedom
Coalition
o
FreedomWorks y que se dedica a promover legislación para
eliminar
la
sobrecriminalización,
reducir
la
población
penitenciaria y facilitar el proceso de reintegración de
la persona convicta.31
Como
ha
sido
constatado
reiteradamente
en
la
literatura especializada, la sobrecriminalización también
29
Zach Dillionns, Symposium on Overcriminalization: Foreword, 102 J.
Crim. L. & Criminology 525 (2012); Norman L. Reimer, Opening Remarks,
7 J.L. Econ. & Pol‘y 573, 573-574 (2011).
30
Criminal Justice is so Broken, Democrats and Republicans are working
together to fix it, PBS Newshour, (30 de abril de 2015), disponible
en:
http://www.pbs.org/newshour/bb/criminal-justice-broken-democratsrepublicans-working-together-fix/ (última visita, 31 de octubre de
2015); Adam Liptak, Right and Left Join Forces on Criminal Justice,
The
N.Y.
Times,
(23
de
noviembre
de
2009),
disponible
en:
http://www.nytimes.com/2009/11/24/us/24crime.html?_r=0 (última visita,
31 de octubre de 2015); John Malcolm, supra, nota 8.
31
Leading Advocates on the Left and the Right Join Forces for New
Justice Reform Organization in Ohio, American Civil Liberties Union
(ACLU)
of
Ohio,
(16
de
julio
de
2015),
disponible
en:
http://www.acluohio.org/archives/press-releases/new-justice-reformorganization-in-ohio (última visita, 31 de octubre de 2015).
10
CC-2015-836
tiene
sus
víctimas.32
Por
diversas
razones
de
índole
social, político, económico y cultural, los grupos y las
comunidades
afectadas
con
por
expansivas.33
menos
las
Un
recursos
económicos
son
políticas
criminales
punitivas
dato
puede
bastar,
el
37.7%
las
de
más
y
los
confinados en las cárceles federales de los Estados Unidos
son de raza negra y otro 34% son hispanos, lo que en
conjunto
representa
aproximadamente
el
71%
de
toda
la
población penitenciaria de ese sistema.34
Además de afectar al confinado que ve coartada su
rehabilitación,
las
consecuencias
de
la
encarcelación
masiva se extienden a la familia, quienes no sólo se ven
privados de la presencia de un padre, madre, hijo, hermano
o cónyuge, sino además del sustento económico que éste
aporta al hogar. En muchas ocasiones esto desata un ciclo
sin
salida
de
encarcelamiento.35
mayor
De
la
pobreza,
misma
manera,
marginación
y
la
se
comunidad
afecta al no poder contar con la capacidad productiva de
uno
de
sus
miembros,
quien,
además,
al
reinsertarse
después de cumplir la sentencia puede enfrentar una gran
dificultad
para
encontrar
empleo
debido
al
estigma
asociado a la condición de exconvicto.36
32
Michelle Alexander, The New Jim Crow, New York, The New Press, 2010,
pág. 7; David Cole, No Equal Justice: Race and Class in the American
Criminal Justice System, New York, The New Press, 1999, pág. 5; Erik
Luna, The Overcriminalization Phenomenon, 54 Am. U. L. Rev. 703, 726727 (2005).
33
David Cole, supra, nota 9, pág. 5.
34
Federal
Bureau
of
Prisons,
Statistics,
disponible
en:
http://www.bop.gov/about/statistics/statistics_inmate_race.jsp (última
visita, 31 de octubre de 2015).
35
Michelle Alexander, supra, nota 9, pág. 7; Donysha Smith, Building a
Prison-to-Purpose Pipeline for Women, OPEN SOCIETY FOUNDATIONS, (9 de
octubre
de
2015),
disponible
en:
https://www.opensocietyfoundations.org/voices/building-prison-purposepipeline-women? (última visita, 29 de octubre de 2015).
36
John Malcolm, supra, nota 8; Ari Melber, Obama bans the box, MSNBC,
(3
de
noviembre
de
2015),
disponible
en:
11
CC-2015-836
III
Al traer al centro de la política pública del Estado
el
requisito
de
proporcionalidad
entre
la
gravedad
del
delito y la severidad de la pena, el esquema de penas
adoptado
–que
en
el
presente
caso
ha
resultado
en
la
excarcelación del señor Torres Cruz- valora la dignidad
humana
de
la
persona
convicta
y
promueve
su
rehabilitación, tal y como lo exige la Constitución. No se
trata de ser fuerte o débil contra el crimen. Se trata de
reconocer la complejidad de la situación para adelantar
una política criminal informada que sea efectiva.
Así pues, la Ley Núm. 246-2014 representa un esfuerzo
necesario
encamine
para
a
que
nuestro
solucionar
los
ordenamiento
problemas
que
jurídico
se
plantea
la
conducta delictiva de una forma responsable, sensible y
menos violenta, centrado en el imperativo constitucional
de la rehabilitación.
Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Asociada
https://www.msnbc.com/msnbc/obama-bans-the-box
noviembre de 2015).
(última
visita,
4
de