LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. Torres Cruz

2015 TSPR 147

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pueblo v. Torres Cruz

CC-2015-836

Derecho Penal – Principio de favorabilidad en cuanto a la pena; aplicación en sentencias dictadas tras una alegación pre-acordada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

Certiorari

v.

2015 TSPR 147

Javier Torres Cruz

194 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: CC-2015-836

Fecha: 4 de noviembre de 2015

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Guayama

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray

Procuradora General

Lcda. Yazmet Y. Ramírez Díaz

Procuradora General Auxiliar

Abogada de la Parte Recurrida:

Por derecho propio

Materia: Derecho Penal – Principio de favorabilidad en cuanto a la

pena; aplicación en Sentencias dictadas tras una alegación preacordada.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Certiorari

Peticionario

v.

CC-2015-0836

Javier Torres Cruz

Recurrido

Opinión

GARCÍA.

del

Tribunal

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

RIVERA

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de noviembre de 2015.

Este

caso

nos

brinda

la

oportunidad

de

expresarnos sobre la aplicación del principio de

favorabilidad que regula el Art. 4 del Código

Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5004, en cuanto a las

enmiendas introducidas por la Ley Núm. 246-2014 a

ese

cuerpo

reglamentario.

Como

es

ampliamente

conocido, la Ley Núm. 246, íd., enmendó varios

delitos del Código Penal de 2012 con el propósito

de reducir sus

respectivas penas.

riguroso

historial

del

Un análisis

legislativo

de

esa

legislación revela que la Asamblea Legislativa no

limitó

la

aplicación

del

principio

de

favorabilidad a casos como el de autos en que la

sentencia

condenatoria

es

producto

de

CC-2015-0836

2

una alegación preacordada al amparo de la Regla 72 de

Procedimiento

Criminal,

34

LPRA

Ap.

II.

Asimismo,

es

necesario discutir el alcance de la teoría contractual que

esgrime la Procuradora General como impedimento para la

aplicación del principio de favorabilidad en casos en que

existe una alegación preacordada. Por los fundamentos que

se explican a continuación, se confirma la Sentencia del

Tribunal de Apelaciones que concluyó que procedía aplicar

el principio de favorabilidad en este caso.

I

Contra el Sr. Javier Torres Cruz pesa una sentencia

condenatoria emitida el 4 de febrero de 2013, en la que se

impuso

un

término

de

reclusión

de

cuatro

años

por

el

delito de escalamiento, Art. 194 del Código Penal de 2012,

33 LPRA sec. 5265, y seis meses por el delito de daños,

Art. 198 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5268, a

cumplirse concurrentemente.

Con posterioridad a la aprobación de la Ley Núm. 246,

supra, el señor Torres Cruz presentó por derecho propio un

escrito

ante

procedía

el

Foro

corregir

la

Primario

en

sentencia

que

argumentó

condenatoria.

que

Para

justificar esa conclusión, expresó que la Ley Núm. 246,

íd., había reducido la pena para el delito de escalamiento

a seis meses. Véase Art. 194 del Código Penal de 2012,

supra, según enmendado por el Art. 115 de la Ley Núm. 2462014.

El

Tribunal

de

Primera

Instancia

emitió

una

CC-2015-0836

3

Sentencia el 27 de mayo de 2015 mediante la cual denegó la

solicitud del señor Torres Cruz.

Inconforme, el señor Torres Cruz compareció ante el

Tribunal de Apelaciones. El 28 de septiembre de 2015, ese

Foro emitió una Sentencia en la cual concluyó que procedía

la aplicación del principio de favorabilidad que regula el

Art. 4 del Código Penal de 2012, supra, en lo que respecta

a las enmiendas introducidas por la Ley Núm. 246-2014 a

ese cuerpo reglamentario. En particular, concluyó el Foro

Apelativo Intermedio que procedía modificar la Sentencia

condenatoria que pesaba contra el recurrido ya que la Ley

Núm. 246, íd., redujo la pena de reclusión del delito de

escalamiento, Art. 194 del Código Penal, supra, de cuatro

años a seis meses. Cónsono con lo anterior, se ordenó al

Pueblo de Puerto Rico que certificara al Foro Primario en

cinco

días

el

tiempo

de

reclusión

cumplido

por

el

recurrido al 28 de septiembre de 2015. De esa forma, si

excedía

de

seis

meses,

procedía

la

excarcelación

del

recurrido.

En desacuerdo, el 5 de octubre de 2015, la Procuradora

General

acudió

ante

este

Tribunal

mediante

Petición

de

Certiorari y Moción en Auxilio de Jurisdicción en la que

adujo que procedía revocar la determinación del Tribunal

de Apelaciones ya que, a su modo de ver las cosas, no

aplica a este caso el principio de favorabilidad. El 6 de

octubre de 2015, este Foro emitió una Resolución en que

concedió un término simultáneo de 15 días a las partes

CC-2015-0836

4

para que se expresaran sobre los méritos de la Petición de

Certiorari. Además, en la aludida Resolución, declaramos

sin lugar la moción en auxilio de jurisdicción y ordenamos

a la Oficina de la Procuradora General que presentara una

certificación

del

tiempo

en

reclusión

cumplido

por

el

señor Torres Cruz.

El 9 de octubre de 2015, la Procuradora General nos

certificó que el recurrido ha cumplido dos años, siete

meses y veintidós días de reclusión. Entrada la tarde del

mismo 9 de octubre de 2015, este Tribunal expidió el auto

de certiorari y ordenó incondicionalmente la excarcelación

del recurrido.1

Ante

la

prescindimos

importancia

de

los

que

términos

reviste

este

reglamentarios

caso,

habituales

conforme lo permite la Regla 50 de nuestro Reglamento, 4

LPRA Ap. XXI-B.

II

Nuestro Ordenamiento Jurídico provee herramientas a

una persona que hizo una alegación de culpabilidad para

que

impugne

su

convicción

colateralmente,

por

medio

de

procedimientos posteriores a la sentencia, tales como la

moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34

LPRA Ap. II, o el recurso de hábeas corpus. Pueblo v.

Román Mártir, 169 DPR 809, 822 (2007). Es decir, la Regla

192.1

de

Procedimiento

Criminal,

supra,

permite

que

La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no intervino y el Juez

Asociado

suscribiente

hubiese

declarado

sin

lugar

la

excarcelación incondicional del recurrido.

1

CC-2015-0836

5

cualquier persona que se halle detenida luego de recaída

una

sentencia

condenatoria,

a

presentar

en

cualquier

momento una moción en la sede del TPI que dictó el fallo

condenatorio, con el objetivo de que su convicción sea

anulada, dejada sin efecto o corregida, en circunstancias

en que se alegue el derecho a ser puesto en libertad por

cualquiera de los siguientes fundamentos:

La

sentencia

fue

impuesta

en

violación

de

la

Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico o la Constitución y las leyes de Estados

Unidos; o

el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha

sentencia; o,

la sentencia impuesta excede de la pena prescrita por

la ley; o

la sentencia está sujeta a ataque

cualquier motivo [...]. 34 LPRA Ap. II.

colateral

por

En este caso, el recurrido aduce que procede enmendar

la Sentencia por virtud de la aplicación del principio de

favorabilidad que se encuentra regulado por el Art. 4 del

Código Penal de 2012,

supra.

Por esa razón, pasamos a

discutir con rigor dicho principio.

En armonía con la doctrina continental europea, al

derogar el Código Penal que regía desde el 1902, adoptamos

en Puerto Rico el "principio de favorabilidad", que quedó

consagrado en el Artículo 4 del Código Penal de 1974, 33

L.P.R.A ant. sec. 3004. Pueblo v. González, 165 DPR 675,

684 (2005). Posteriormente, el Art. 9 del Código Penal de

2004, 33 LPRA ant. sec. 4637, introdujo una disposición de

más

amplio

alcance

en

cuanto

al

principio

de

CC-2015-0836

6

favorabilidad.

Dicho

principio

se

encuentra

regulado

actualmente por el Art. 4 del Código Penal de 2012, supra,

el cual dispone, en lo pertinente, que:

La ley penal aplicable es la vigente al momento de la

comisión de los hechos.

La ley penal tiene efecto retroactivo en lo que

favorezca a la persona imputada de delito. En

consecuencia, se aplican las siguientes normas:

(a) Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito

es distinta de la que exista al procesar al imputado o

al imponerle la sentencia, se aplicará siempre la ley

más benigna.

(b) Si durante el término en que la persona está

cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley más

benigna en cuanto a la pena o al modo de ejecutarla, se

aplicará retroactivamente.

(c) Si durante el término en que la persona está

cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley que

suprime el delito, o el Tribunal Supremo emite una

decisión que despenalice el hecho, la pena quedará

extinguida y la persona liberada, de estar recluida o

en restricción de libertad.

En estos casos los efectos de la nueva ley o de la

decisión judicial operarán de pleno derecho. (Énfasis

suplido.)

Conforme

al

principio

de

favorabilidad,

procede

la

aplicación retroactiva de una ley penal cuando favorece a

la persona imputada de delito. Pueblo v. Hernández García,

186 DPR 656, 673 (2012).

Comenta el Prof. L.E. Chiesa

Aponte que ese principio tiene como propósito evitar la

aplicación arbitraria e irracional de la ley penal ya que

"el

principio

republicano

de

gobierno

exige

la

racionalidad de la acción del estado y esta es afectada

cuando, por la mera circunstancia de que un individuo haya

cometido el mismo hecho con anterioridad a otro, se l[e]

CC-2015-0836

trate

más

7

rigurosamente".

Chiesa

Aponte,

Derecho

Penal

Sustantivo, 2da ed., Estados Unidos, Publicaciones JTS,

2013, pág. 59 , citando a E. R. Zaffaroni, Derecho Penal,

Parte General, 2da ed., Ediar, 2002, pág. 122.

No

obstante,

a

diferencia

de

la

prohibición

constitucional de leyes ex post facto que contiene el Art.

II, Sec. 12 de la Constitución de Puerto Rico, LPRA Tomo

I, el principio de favorabilidad corresponde a un acto de

gracia legislativa cuyo origen es puramente estatutario.

Pueblo

v.

González,

corresponde

delimitar

a

el

la

supra,

pág.

Asamblea

rango

de

686.

De

Legislativa

aplicación

del

esa

manera,

establecer

y

principio

de

favorabilidad. Íd.

Por otra parte, la Prof. Dora Nevarez Muñiz comenta

que el principio de favorabilidad incluido en el Art. 4

del

Código

Penal

de

2012,

supra,

"aplicará

a

conducta

delictiva realizada a partir del 1 de septiembre de 2012

cuando se apruebe una ley que sea más favorable que el

Código Penal según vigente al momento de aprobación de la

ley posterior con respecto a la situación de la persona".

D.

Nevares-Muñiz,

Derecho Penal Puertorriqueño, 7ma ed.

rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho,

Inc., 2015, pág. 102.

Conforme al texto del Art. 4 del Código Penal vigente,

supra,

la

ley

favorable

puede

surgir

procesando

al

imputado,

al

momento

mientras

de

se

imponerle

está

la

sentencia o durante el término en que se cumple. Art. 4

CC-2015-0836

8

del Código Penal, supra; L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal

Sustantivo, op cit., pág. 66. Asimismo, los cambios que se

aplicarán

retroactivamente

tipificación

del

delito,

pueden

sus

ser

en

cuanto

atenuantes,

las

a

la

causas

de

exclusión de responsabilidad, los requisitos de prueba,

las penas, así como disposiciones procesales. D. NevaresMuñiz, Código Penal de Puerto Rico, Código Penal de Puerto

Rico, 3ra ed. rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo

del Derecho, Inc., 2015, pág. 10.

La

fórmula

favorable

para

consiste

determinar

en

comparar

cuál

las

es

dos

la

ley

más

leyes,

la

ley

vigente al momento de cometer el delito con la ley nueva,

y aplicar aquella que en el caso objeto de consideración

arroje

un

resultado

más

favorable

para

la

persona.

D.

Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, op cit., pág.

94.

Ahora bien, mediante la incorporación de las cláusulas

de

reserva

en

los

códigos

penales

intención

del

legislador

principio

de

favorabilidad.

págs.

698-699;

Puertorriqueño,

reserva

D.

op

fueron

de

se

imponer

advertido

la

limitaciones

al

v.

González,

supra,

Nevares-Muñiz,

Derecho

Penal

cit.,

Pueblo

ha

pág.

empleadas

102.

en

el

Las

cláusulas

derecho

de

penal

norteamericano, desde el Siglo XIX, con el propósito de

neutralizar la conocida doctrina de supresión y de esa

forma

garantizar

la

continuidad

en

el

procesamiento

CC-2015-0836

9

criminal.2 Pueblo v. González, supra, pág. 687; A. Bascuñán

Rodríguez, La Aplicación de la Ley Penal Más Favorable, 69

Rev Jur. U.P.R. 29, 55 (2000).

De

esa

forma,

―por

medio

de

cláusulas

de

reserva

generales aplicables a todas las leyes penales derogadas,

enmendadas o reinstaladas, se estableció que al aprobar

una

nueva

suprimir

ley

los

penal

la

intención

procedimientos

legislativa

iniciados

—y

que

no

es

aun

no

hubiesen advenido finales— sino la no supresión de éstos a

menos que la Legislatura lo dispusiera así expresamente‖.

Pueblo

v.

González,

supra,

pág.

686.

Véase,

también,

Comentario, Today's Law and Yesterday's Crime: Retroactive

Application of Ameliorative Criminal Legislation, 121 U.

Pa. L.Rev. 120, 127 (1972).

Cabe mencionar que la legislación que nos ocupa, la

Ley Núm. 246-2014, no contiene una cláusula de reserva que

prohíba su aplicación retroactiva. Nevares-Muñiz, Derecho

Penal

Puertorriqueño,

op.

cit.,

pág.

102.

Surge

de

su

historial que la Asamblea Legislativa tuvo la intención de

"disponer penas rehabilitadoras en delitos menos graves y

en

delitos

graves

de

severidad

intermedia;

además

de

2

En Pueblo v. González, supra, págs. 686-687, explicamos la

doctrina de supresión de la siguiente manera:

Según la doctrina de la supresión del common law, seguida

originalmente

por

los

tribunales

norteamericanos,

la

derogación de una ley penal resultaba en la supresión de

todos los procedimientos que aun no fuesen finales. Conforme

a la mencionada doctrina, se interpretaba que cuando el

legislador aprobaba un estatuto que derogaba o modificaba un

estatuto penal anterior, tenía la intención de impedir la

aplicación judicial del estatuto derogado o modificado.

CC-2015-0836

10

disponer

para

el

mediante

criterios

continuación

ejercicio

que

de

la

discreción

orienten

al

ejercerla".

en

detalle

analizamos

el

judicial

Íd.

A

historial

legislativo de la Ley Núm. 246-2014.

El P. del S. 1210 de 7 de octubre de 2014, fue el

proyecto original del Senado de Puerto Rico que recogió

las enmiendas al Código Penal de 2014. El Art. 189 del P.

del S. 1210 titulado ―Vigencia‖ disponía:

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su

aprobación. La conducta realizada con anterioridad a la

vigencia de esta Ley, se juzgará conforme a las

disposiciones del Código Penal existente previo a la

entrada en vigor de esta Ley, salvo que las penas más

benignas introducidas mediante esta Ley se aplicarán

retroactivamente a hechos ocurridos a partir de la

entrada en vigor de este Código. (Énfasis suplido).

Eventualmente,

este

artículo

fue

reconfigurado

durante su trámite y pasó a ser el Art. 185 de la Ley Núm.

246-2014, y se aprobó con el siguiente lenguaje: ―Esta Ley

comenzará a regir noventa días después de su aprobación‖.

Obsérvese

que

la

primera

contiene

una

cláusula

de

redacción

del

reserva

y

texto

una

propuesto

manifestación

expresa sobre la aplicación del principio de favorabilidad

en lo pertinente a las penas. Sin embargo, el lenguaje

finalmente aprobado no contiene una cláusula de reserva,

por lo que el principio de favorabilidad opera de pleno

derecho.

Esa

es

la

interpretación

tiene

cuenta

el

tracto

en

y

la

más

razonable

intención

de

la

si

se

pieza

legislativa.

De la propia Exposición de Motivos de la Ley Núm.

246-2014

surge

de

forma

manifiesta

que

esa

legislación

CC-2015-0836

11

tiene como propósito, entre otros, la implementación de

―un sistema de penas proporcionales a la gravedad de los

delitos, que a su vez propiciarán la rehabilitación de la

persona sentenciada‖. Véase el Informe Positivo sobre el

P. del S. 1210, suscrito por la Comisión Conjunta para la

Revisión del Código Penal y para la Reforma de las Leyes

Penales

de

12

de

noviembre

de

2014.

(Informe

de

la

de

las

Comisión Conjunta).

De

personas

igual

manera,

que

presentaron

Legislativa

intención

sobre

un

análisis

su

exhaustivo

ponencia

el

P.

del

S.

legislativa

en

todo

momento

ante

1210

la

Asamblea

refleja

fue

que

la

reducir

las

penas de los delitos. El Prof. Luis Ernesto Chiesa Aponte,

asesor de la Comisión Conjunta, expresó que el esquema de

penas de Puerto Rico es injustificado por lo que apoyó la

reducción en las penas. Informe de la Comisión Conjunta,

pág. 6. Por su parte, la Prof. Dora Nevares Muñiz explicó

en su ponencia que los cambios que se realizaron en los

términos

de

reclusión

están

orientados

a

mantener

la

proporcionalidad de las penas conforme la gravedad de los

delitos a lo largo de una dimensión de reprochabilidad.

Ponencia de la Dra. Dora Nevares Muñiz de 27 de octubre de

2014.

Por otra parte, el Prof. Ernesto Luis Chiesa Aponte

recomendó en su ponencia que debía regularse expresamente

bajo el propuesto Artículo 303 del Código Penal el efecto

retroactivo

de

las

enmiendas

bajo

consideración

en

la

CC-2015-0836

medida

que

12

favorezcan

al

imputado.

Ponencia

del

Prof.

Ernesto L. Chiesa Aponte de 29 de octubre de 2014.

Por su parte, el Secretario de Justicia, Hon. César

Miranda Torres, expresó que el paquete de enmiendas al

Código

Penal

de

2012

penas

para

que

tenía

redunde

como

―en

rehabilitación

del

convicto‖.

Miranda

de

30

Torres

obstante,

el

de

Secretario

un

reducir

incentivo

Ponencia

octubre

de

propósito

de

Justicia

para

las

la

del

Lcdo.

César

2014,

pág.

3.

No

se

opuso

a

las

reducciones sustanciales de las penas en los delitos de

agresión sexual (Artículo 130, 33 LPRA sec. 5191), incesto

(Artículo 131, 33 LPRA sec. 5192), secuestro de menores

(Artículo 120 33 LPRA sec. 5179), el Artículo 190 en la

modalidad de robo domiciliario, 33 LPRA sec. 5260 y el

Artículo 121 sobre privación ilegal de custodia, 33 LPRA

sec. 5180, ya que tienen un impacto social muy serio.

Ahora bien, no surge de la ponencia que el Secretario de

Justicia se opusiera a la disminución de la pena en cuanto

al

delito

de

escalamiento,

Art.

194

del

Código

Penal,

supra, objeto de controversia en este caso.

En

fin,

se

desprende

claramente

del

historial

legislativo que la intención de la Asamblea Legislativa al

aprobar la Ley Núm. 246-2014 fue reducir las penas de

varios delitos regulados por el Código Penal de 2012 y que

dicha reducción aplicara a casos de personas ya convictas.

Por

esa

razón,

la

Ley

Núm.

246-2014

no

contiene

una

cláusula de reserva que impida la aplicación del principio

CC-2015-0836

13

de favorabilidad que establece el Art. 4 del Código Penal,

supra.3

III

La

Procuradora

General

en

su

Alegato

se

limita

a

expresar que en este caso no procede aplicar el principio

de

favorabilidad

producto

de

Procuradora

porque

una

la

alegación

General

sentencia

condenatoria

preacordada.

sostiene

que

Es

las

decir,

personas

es

la

que

resultaron convictas luego de que se celebrara un juicio

criminal pueden invocar el principio de favorabilidad en

lo que respecta a la Ley Núm. 246-2014, mientras que las

personas convictas mediante una alegación preacordada no

pueden invocar el referido principio ya que ―se obligaron

contractualmente‖ a cumplir una pena en particular. Por

los fundamentos que se elaboran a continuación, es forzoso

concluir que a la Procuradora General no le asiste la

razón. Tanto las personas que resultaron convictas luego

de

la

celebración

realizaron

una

de

un

alegación

juicio

de

plenario

como

culpabilidad

las

que

preacordada

pueden invocar el principio de favorabilidad.

3

Precisa aclarar que la cláusula de reserva que contiene el

Art. 303 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5412, no tiene

el alcance de impedir que aplique en este caso el principio de

favorabilidad. Dicha cláusula de reserva lo que prohíbe es que

se utilicen las disposiciones del Código Penal de 2012 para

juzgar la conducta cometida mientras estuvo vigente el Código

Penal de 2004. Véase, en general, Pueblo v. Negrón Rivera, 183

DPR 271 (2011), Voto de Conformidad emitido por el Juez Asociado

señor Martínez Torres y Voto Particular de Conformidad emitido

por el Juez Asociado señor Rivera García al que se unió la Jueza

Asociada señora Pabón Charneco.

CC-2015-0836

14

En Puerto Rico, el procedimiento para reglamentar el

sistema

de

alegaciones

preacordadas

fue

originalmente

adoptado por esta Curia en Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR

569

(1984).

Pueblo

v.

Pérez

Adorno,

178

DPR

946,

956

(2010). Con posterioridad, la Legislatura aprobó la Regla

72 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, en la cual

incorporó el sistema de alegaciones preacordadas adoptado

en

Pueblo

v.

Mojica

Agricourt,

147

DPR

Cruz,

179,

supra.

192

Pueblo

(1998).

v.

La

Santiago

Regla

72

de

Procedimiento Criminal, supra, codifica los requisitos que

se

tienen

que

preacordada,

de

sentencia

cumplir

manera

condenatoria.

que

al

realizar

ésta

Pueblo

pueda

v.

la

dar

Pérez

alegación

base

Adorno,

a

una

supra,

pág. 957.

En particular, la referida regla concede al Tribunal

de

Primera

Instancia

la

discreción

para

aprobar

la

alegación preacordada a la que haya llegado el Ministerio

Público y la representación legal del imputado de delito.

Pueblo v. Acosta Pérez, 190 DPR 823, 830 (2014). Dicha

determinación se debe realizar mediante una evaluación de

si: (1) la alegación fue hecha con pleno conocimiento,

conformidad

y

voluntariedad

del

imputado;

(2)

ésta

es

conveniente a una sana administración de la justicia, y

(3) se logró conforme a derecho y a la ética. Pueblo v.

Pérez Adorno, supra, pág. 957. Si el acuerdo no satisface

dichos

requisitos,

entonces

el

Tribunal

tiene

que

rechazarlo. Asimismo, el Tribunal debe asegurarse de que

CC-2015-0836

15

existe una base suficiente en los hechos para sostener que

el acusado resultaría culpable más allá de duda razonable

en caso de llevarse a cabo un juicio. Pueblo v. Suárez,

163 DPR 460, 471 (2004).

Al hacer una alegación de culpabilidad, el acusado no

sólo

afirma

haber

realizado

los

actos

descritos

en

la

denuncia o acusación, sino que además acepta y admite que

es

el

culpable

del

delito

objeto

de

su

alegación.

La

aceptación de la alegación constituye una convicción con

carácter concluyente que no le deja al tribunal más que

hacer que no sea emitir el fallo y la sentencia. Véanse,

Pueblo v. Acosta Pérez, supra, págs. 833–834; Pueblo v.

Pérez Adorno, supra, pág. 960.

En esencia, las alegaciones preacordadas son de gran

valor para nuestro sistema de justicia criminal, ya que

permiten conceder ciertos beneficios al acusado si éste se

declara culpable, descongestionan los calendarios de los

tribunales y propician que se enjuicien a los acusados

dentro de los términos de rápido enjuiciamiento. Pueblo v.

Acosta

Pérez,

supra,

pág.

834;

Pueblo

v.

Santiago

en

nuestro

Agricourt, supra, pág. 194.

Ahora

bien,

Ordenamiento

sentencia

precisa

puntualizar

que

Jurídico

no

existe

tal

cosa

“acordada”.

Es

decir,

aunque

el

como

una

Ministerio

Público y el abogado de defensa lleguen a un acuerdo para

realizar

cierta

alegación

de

culpabilidad,

el

Tribunal

tiene discreción para no aceptar el acuerdo. Pueblo v.

CC-2015-0836

16

Acosta Pérez, supra, pág. 830. Incluso, como el Tribunal

está impedido de participar en las negociaciones entre el

Ministerio Público y el abogado de defensa, la sentencia

final

que

imponga

el

Juez

está

desvinculada

de

la

negociación entre las partes. Es por ello que no podemos

aceptar la analogía que intenta establecer la Procuradora

General con el derecho contractual. Después de todo, las

alegaciones

preacordadas

no

son

―ni

un

contrato

tradicional entre el acusado y el Estado, como tampoco un

precontrato

de

oferta

u

opción

de

alegación

entre

las

partes donde alguna de ellas pueda exigir el cumplimiento

específico en caso de incumplimiento‖. Pueblo v. Santiago

Agricourt, supra, pág. 198.

Así pues, no es posible aquí hablar de que el señor

Torres

Cruz

esté

―incumpliendo‖

el

acuerdo

con

el

Ministerio Público al solicitar rebaja de sentencia, pues

la sentencia no puede formar parte del acuerdo, al recaer

ésta exclusivamente sobre el Tribunal. En efecto, aplicar

aquí los principios del derecho contractual, a los fines

de sustraer del ámbito judicial la imposición o corrección

de

una

penal‖.

sentencia,

Véase,

violaría

E.L.

Chiesa

―la

naturaleza

Aponte,

Tratado

del

proceso

de

Derecho

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 1992, Vol.

III, Sec. 27.5, págs. 292–293; Pueblo v. Figueroa García,

129 DPR 798, 806–07 (1992).

Como

se

mencionó

anteriormente,

un

condenado

puede

atacar colateralmente una sentencia, aunque sea producto

CC-2015-0836

de

un

17

pre-acuerdo,

Procedimiento

Agricourt,

al

amparo

Criminal,

supra,

págs.

de

la

Regla

192.1

de

supra.

Pueblo

v.

Santiago

210–211.

Esta

Regla

permite

solicitar que se ―corrija la sentencia‖, incluso en casos

en que la sentencia impuesta ―excede de la pena prescrita

por la ley‖. Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra.

A pesar de que la Procuradora General argumenta que un

acusado, al hacer alegación de culpabilidad como parte de

un

preacuerdo,

renuncia

a

invocar

posteriormente

el

principio de favorabilidad para solicitar una rebaja en la

sentencia impuesta, no se cita autoridad alguna que apoye

esta

contención,

más

allá

de

mencionar

la

teoría

contractual antes descartada y citar cierta jurisprudencia

federal

inaplicable

que

trata

sobre

la

renuncia

de

derechos constitucionales que realiza toda persona acusada

que

acepta

una

alegación

preacordada.

United

States

v.

Ruiz, 536 U.S. 622 (2002); U.S. v. Broce, 488 U.S. 563

(1989); McMann v. Richardson, 397 U.S. 759 (1970); y Brady

v.

United

States,

397

U.S.

742

(1970).

Sobre

la

improcedencia de lo resuelto en esos casos, basta decir

que

el

recurrido

señor

Torres

Cruz

no

fundamentó

su

solicitud de enmienda en un planteamiento constitucional,

sino en la aplicación de un principio de Derecho Penal

Sustantivo que se encuentra regulado en el Art. 4 del

Código Penal de 2012: el principio de favorabilidad.

En fin, la Procuradora General no nos ha señalado, ni

hemos

identificado

a

través

de

nuestra

propia

CC-2015-0836

18

investigación, autoridad alguna que sostenga la conclusión

de

que,

por

tratarse

de

un

preacuerdo,

el

sentenciado

señor Torres Cruz queda impedido de invocar el principio

de favorabilidad en este caso donde la pena por el delito

de escalamiento fue reducida de cuatro años a seis meses

por virtud de la Ley Núm. 246-2014. De esa forma, actuó

correctamente

el

Tribunal

de

Apelaciones

al

revocar

el

dictamen del Tribunal de Primera Instancia y atemperar la

sentencia condenatoria que pesa en contra del señor Torres

Cruz a lo dispuesto por la Ley Núm. 246-2014.

IV

El resultado al que arribamos en el día de hoy era

perfectamente previsible para la Asamblea Legislativa y

para

el

propio

Departamento

de

Justicia

que

tuvo

la

oportunidad de deponer sobre la sabiduría del P. del S.

1210, eventual Ley Núm. 246-2014. Es decir, el momento que

el

Departamento

de

Justicia

tuvo

para

oponerse

a

la

aplicación del principio de favorabilidad en casos como

este fue durante el trámite legislativo del P. del S.

1210, eventual Ley Núm. 246-2014. Era en ese momento que

había que alertar a la Legislatura de las consecuencias

que tendrían las enmiendas propuestas. Como señalamos, no

surge

del

historial

legislativo

que

el

Secretario

de

Justicia se opusiera a la reducción de la pena del delito

de escalamiento o que abogara por la inclusión de una

cláusula

de

reserva

que

detuviera

la

aplicación

del

principio de favorabilidad. Al enmendarse el Código Penal

CC-2015-0836

mediante

19

esta

Ley,

no

se

dispuso

que

dichas

enmiendas

fueran inaplicables a los sentenciados con anterioridad.

Sencillamente, aplica aquí el principio de favorabilidad

por virtud del cual la Asamblea Legislativa siempre tendrá

la

potestad

de,

no

solo

rebajar

la

permitir

al

sentenciado

beneficiarse

incluso

de

suprimir

delito

el

en

pena

de

aplicable

la

y

misma,

sino

Eso

un

cuestión.

es

ejercicio de política pública en el cual no nos podemos

inmiscuir. AMPR v. Sist. Retiro Maestros IV, 190 DPR 854,

877 (2014);

AAR, Ex parte, 187 DPR 835 (2013);

Lozada

Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 925–926 (2012). No se

trata, como argumenta la Procuradora General, que el señor

Torres Cruz esté incumpliendo con la sentencia que pesa en

su contra. Se trata de que el Poder Judicial no tiene otra

opción que acatar el mandato legislativo establecido por

virtud

de

la

Ley

Núm.

246-2014,

anteriormente,

la

imposición

de

pues,

la

como

explicamos

sentencia

es

un

ejercicio judicial, y la sentencia siempre tiene que estar

conforme con lo establecido en la legislación penal, en

nuestro caso el Código Penal de 2012, según enmendado.

Salvo que la Asamblea Legislativa disponga otra cosa

mediante una cláusula de reserva, es imposible impedir, a

priori, que una persona renuncie a invocar posteriormente

los beneficios de una legislación que le es aplicable y le

puede

beneficiar.

En

otras

palabras,

impedir

que

la

Asamblea

Legislativa,

decida

que,

por

virtud

principio

del

no

hay

forma

de

retroactivamente,

de

favorabilidad,

CC-2015-0836

20

procede reducir la pena de una persona convicta. Si se

quería

evitar

ese

resultado,

lo

correcto

hubiese

sido

oponerse al P. del S. 1210 y no esperar a que el mismo se

aprobara, y se convirtiera en la Ley Núm. 246-2014, para

luego oponerse a su aplicación.

V

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. En este

caso, por virtud del principio de favorabilidad, procede

enmendar la sentencia condenatoria que pesa en contra del

Sr. Javier Torres Cruz para atemperarla a la pena de seis

meses que estableció la Ley Núm. 246-2014 para el delito

de escalamiento.

Se dictará sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

Javier Torres Cruz

CC-2015-0836

Certiorari

Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de noviembre de 2015.

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

se

confirma la sentencia dictada por el Tribunal de

Apelaciones. En este caso, por virtud del principio

de favorabilidad, procede enmendar la sentencia

condenatoria que pesa en contra del Sr. Javier

Torres Cruz para atemperarla a la pena de seis meses

que estableció la Ley Núm. 246-2014 para el delito

de escalamiento.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El

Juez Asociado Martínez Torres emitió una Opinión de

Conformidad a la que se unió el Juez Asociado señor

Feliberti Cintrón. La Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez emitió una Opinión Concurrente a la que se

unió la Jueza Presidenta señora Fiol Matta, el Juez

Asociado señor Estrella Martínez y la Jueza Asociada

Oronoz Rodríguez. La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez

emitió una Opinión Concurrente.

Aida I. Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-2015-0836

Javier Torres Cruz

Recurrido

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ

TORRES a la cual se unió el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN.

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de noviembre de 2015.

Hoy se concretan los efectos nefastos de las

enmiendas realizadas al Código Penal de 2012, 33

LPRA sec. 5001 et seq., mediante la aprobación de

la

Ley

Núm.

246

de

2014.

Esa

acción,

puramente

legislativa, nos obliga a reducir la sentencia de

una persona condenada a cumplir cuatro años por el

delito

de

escalamiento,

a

una

pena

de

solamente

seis meses.

El 4 de febrero de 2013, el Sr. Javier Torres

Cruz

hizo

una

alegación

cual

se

declaró

preacordada

culpable

por

el

mediante

la

delito

de

escalamiento. Por esa declaración de culpabilidad,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

lo

condenó

a

CC-2015-0836

2

cumplir cuatro años de prisión. También se le condenó a

seis meses de reclusión por violación del Art. 198 del

Código Penal de 2012 (daños), 33 LPRA sec. 5268, de forma

concurrente. Posteriormente, mientras el señor Torres Cruz

cumplía su condena, el legislador enmendó el Código Penal

de

2012

para

disponer

que

delitos,

como

el

de

escalamiento, conllevarían una pena minúscula de solo seis

meses.

Esas

enmiendas

se

cláusula

de

reserva

que

realizaron

limitara

sin

la

incluir

una

aplicación

del

principio de favorabilidad. Por esa razón, el señor Torres

Cruz solicitó que se redujera su sentencia a seis meses.

Según expuse en mi Opinión de conformidad en Pueblo v.

Acevedo Maldonado, 2015 TSPR 81, 193 DPR ___ (2015), los

efectos

de

penas

constitucional

innegable

de

lenientes

de

bajo

el

del

ideal

tienen

el

efecto

víctimas

de

delito.

rehabilitación

menospreciar

a

las

escudo

También anticipé que con la aprobación de la Ley Núm. 2462014, se retornaba a la visión, subyacente en el Código

Penal de 2004, de que la rehabilitación solo se logra con

menos tiempo de reclusión. Sin embargo, esta visión lejos

de

―rehabilitar‖

al

delincuente,

lo

premia.

Según

el

legislador, con la Ley Núm. 246-2014, se aprobó ―una pieza

legislativa de enorme trascendencia para la seguridad, la

rehabilitación de los delincuentes y la lucha contra el

crimen en nuestro país‖. Informe Comisión Conjunta para la

Revisión Continua del Código Penal y la Reforma de las

Leyes Penales, pág. 2. Si el legislador consideraba que

esos objetivos se alcanzaban vaciando las cárceles, lo ha

logrado.

El

vecindarios.

resultado

lo

veremos

pronto

en

nuestros

CC-2015-0836

3

La Asamblea Legislativa tuvo la oportunidad de evitar

el resultado al que hoy llegamos con una simple limitación

al principio de favorabilidad contenido en el Art. 4 del

Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5004. Sin embargo, el

legislador

escogió

no

esgrimir

restricción

alguna

para

permitir la aplicación de las nuevas penas más lenientes a

toda

persona

serlo.

En

que

ese

haya

sido

sentido,

la

condenada

o

Ley

246-2014

Núm.

en

proceso

no

de

hizo

distinción entre las sentencias elegibles para la gracia

legislativa

Esta

que

omisión,

encarna

el

principio

producto

de

la

de

voluntad

favorabilidad.

de

la

Asamblea

Legislativa, nos lleva al resultado al que hoy llegamos.

Hoy, como es nuestro deber, acatamos la ley.

Rafael L. Martínez Torres

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-2015-0836

Javier Torres Cruz

Recurrido

Opinión Concurrente emitida por la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez a la que se unen la Jueza Presidenta

señora Fiol Matta, el Juez Asociado señor Estrella Martínez

y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 4 de noviembre de 2015

Por entender que el derecho de un ciudadano convicto

a invocar el principio de favorabilidad no depende de las

particularidades procesales que resultaron en el dictamen

condenatorio que solicita enmendar, concurro con la Opinión

que hoy suscribe una mayoría de este tribunal. Sin embargo,

estimo

que,

en

atención

a

los

argumentos

categóricos

esbozados por el Estado, conviene profundizar en ciertos

aspectos

sustantivos

pertinentes

a

la

controversia

ante

nuestra consideración.

Al

examinar

la

aplicabilidad

del

principio

de

favorabilidad en el contexto de una alegación pre-acordada,

resulta preciso dirimir si la avenencia de ambas figuras es

incompatible en nuestro ordenamiento jurídico penal.

CC-2015-0836

2

I

Contra

acusaciones

el

Sr.

por

Javier

Torres

infracciones

a

Cruz

se

presentaron

los

artículos

195

(escalamiento agravado) y 198 (daños) del Código Penal de

2012. Iniciado el procedimiento penal en su contra, el 4 de

febrero de 2013, el señor Torres Cruz renunció a su derecho

a juicio por jurado e hizo una alegación de culpabilidad,

mediante la cual se reclasificó el delito de escalamiento

agravado a aquel tipificado en el artículo 194 del Código

Penal

(escalamiento).

condicionada,

además,

La

alegación

a

que

se

pre-acordada

eliminara

del

estuvo

pliego

acusatorio la alegación de reincidencia habitual. Con la

anuencia del Ministerio Público, el Tribunal de Primera

Instancia enmendó el pliego acusatorio a esos efectos.

Efectuados los trámites de rigor concernientes a las

alegaciones pre-acordadas, el Tribunal de Primera Instancia

aceptó el acuerdo y, el 4 de febrero de 2013, condenó al

señor Torres Cruz a un término de reclusión de cuatro (4)

años por el delito de escalamiento y seis (6) meses por el

delito de daños. El foro sentenciador dispuso que las penas

se cumplirían concurrentemente, para un total de cuatro (4)

años de reclusión.

El 21 de mayo de 2015, el señor Torres Cruz, por

derecho

propio,

presentó

una

solicitud

de

enmienda

de

sentencia ante el Tribunal de Primera Instancia. En ésta,

argumentó que, conforme con las disposiciones de la Ley

Núm. 246 de 2014, procedía corregir la pena de cuatro (4)

años que le había sido impuesta por la comisión del delito

de

escalamiento.

Esto,

puesto

que

la

nueva

ley

había

CC-2015-0836

3

reducido la pena de reclusión de este delito a seis (6)

meses

y,

conforme

con

el

principio

de

favorabilidad,

correspondía enmendar la sentencia.

El

27

de

mayo

de

2015,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia emitió una resolución mediante la cual declaró no

ha lugar la solicitud de enmienda presentada por el señor

Torres Cruz. Al así proceder, determinó que la sentencia

impuesta

a

éste

se

dio

en

virtud

de

un

acuerdo

de

culpabilidad que constituía un contrato entre las partes,

por

lo

que

no

procedía

enmendarlo.

Este

dictamen,

sin

embargo, fue revocado por el Tribunal de Apelaciones. El

foro apelativo intermedio razonó que el hecho de que la

sentencia condenatoria hubiese sido dictada en virtud de

una alegación de culpabilidad no exceptuaba la aplicación

del principio de favorabilidad.

El Tribunal de Apelaciones señaló, además, que del

acuerdo suscrito entre las partes, no surgía que el señor

Torres Cruz hubiese renunciado a su derecho a invocar el

referido principio. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones

enmendó la sentencia, según lo solicitado, y decretó que,

de acreditarse que el señor Torres Cruz había cumplido más

de seis meses de reclusión, se procediera con la expedición

de un auto de excarcelación.

El 5 de octubre de 2015, compareció ante este Tribunal

el Estado Libre Asociado, por conducto de la Procuradora

General, mediante Petición de certiorari y Urgente moción

en auxilio de jurisdicción. Luego de proveer ha lugar la

moción

en

auxilio

de

jurisdicción,

Procuradora

General

acreditar

el

ordenamos

tiempo

de

a

la

reclusión

cumplido por el señor Torres Cruz directamente a este Foro.

CC-2015-0836

4

Por último, le concedimos a las partes un término de quince

(15) días para exponer sus planteamientos en cuanto a la

aplicación del principio de favorabilidad en el contexto de

las alegaciones pre-acordadas.

El

9

de

octubre

de

2015,

la

Procuradora

General

compareció y acreditó a este Foro que el señor Torres Cruz

había permanecido encarcelado por un periodo de dos (2)

años, siete (7) meses y veintidós (22) días desde el 18 de

febrero de 2013 al 28 de septiembre de 2015. En atención a

ello, ese mismo día, emitimos una resolución mediante la

cual expedimos el recurso de certiorari presentado por la

Procuradora y ordenamos al Tribunal de Primera Instancia

expedir

el

auto

de

excarcelación

correspondiente.4

Posteriormente, declaramos ha lugar una moción solicitando

la resolución expedita del caso y que se diera por sometido

éste

mediante

el

recurso

de

certiorari

presentado

inicialmente.

Mediante su comparecencia, el Estado arguye que las

alegaciones pre-acordadas vinculan a las partes y conllevan

una

renuncia

a

ciertos

derechos

de

naturaleza

constitucional y estatutaria, incluyendo la invocación del

principio

de

favorabilidad.

Esta

contención

está

principalmente fundamentada por jurisprudencia federal y

local que, según aduce el Estado, apunta a que, luego de la

concreción

de

una

alegación

pre-acordada,

lo

único

que

puede cuestionar una persona sentenciada es lo relativo a

que ésta haya sido hecha de manera libre, consciente y

4

Según consta en la Resolución emitida por este Foro, la

Jueza Asociada señora Pabón Charneco no intervino y el

Juez Asociado señor Rivera García hubiese provisto no ha

lugar.

CC-2015-0836

5

voluntaria. Al tratarse de un acuerdo de voluntades sui

generis, el Estado implora evaluar el mismo a la luz de la

normativa que rige la contratación privada.

II

Nuestro

ordenamiento

procesal

penal

contempla

las

alegaciones pre-acordadas como un vehículo útil para la

pronta resolución de casos penales. En Pueblo v. Mojica

Cruz, 115 D.P.R. 569 (1984), reconocimos la procedencia de

este

tipo

de

establecer

alegaciones

las

normas

y

tuvimos

la

que

regirían

oportunidad

su

de

tramitación.

Posteriormente, mediante la Ley Núm. 37 de 28 de junio de

1985,

la

Legislatura

incorporó

lo

pautado

por

vía

jurisprudencial a las Reglas de Procedimiento Criminal.

En

virtud

Procedimiento

instituyó

de

esta

Criminal,

el

enmienda,

34

L.P.R.A.

procedimiento

que

la

Regla

72

de

Ap.

II,

R.

72,

gobernar

las

debe

negociaciones entre el Ministerio Público y el imputado,

así como el rol de los tribunales al momento de evaluar los

acuerdos que resulten de éstas, incluyendo la discreción

que

ostentan

los

jueces

para

rechazar

el

acuerdo.5

Asimismo, la Regla 72 contempla que el fiscal y el imputado

podrán

acordar

culpabilidad

por

que,

el

a

cambio

delito

de

una

alegado

en

―alegación

la

acusación

de

o

denuncia o por uno de grado inferior o relacionado‖, 34

L.P.R.A. Ap. II, R. 72 (énfasis nuestro), se podrá, entre

5

En cuanto al alcance de esta discreción, hemos

establecido que aún si el foro de instancia acepta la

alegación pre-acordada, ―no está obligado a seguir las

recomendaciones que le hagan las partes sobre una

sentencia específica a imponerse al imputado del delito.

Esto es, el tribunal tiene discreción para imponer la

sentencia que entienda procedente en derecho‖. Pueblo v.

Dávila Delgado, 143 D.P.R. 157 (1997).

CC-2015-0836

otras

6

cosas,

eliminar

una

alegación

se

derivan

de

reincidencia

habitual. Véase id.

Los

procesal

beneficios

en

reconocidos,

que

el

ámbito

tanto

en

penal

nuestra

de

han

esta

sido

práctica

ampliamente

jurisdicción

como

en

la

esfera federal. Éstos, no sólo comprenden la resolución

expedita de controversias, lo que naturalmente redunda en

el enjuiciamiento de personas acusadas de cometer delitos

dentro de los términos prescritos en la Constitución y en

las Reglas de Procedimiento Criminal, sino también en una

descarga

significativa

en

los

calendarios

de

los

tribunales. Véase Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 D.P.R.

179

(1998).

Consiguientemente,

las

alegaciones

pre-

acordadas representan un beneficio administrativo para el

Estado,

pues

permite

recursos

económicos

y

evitar

el

fiscales

gasto

en

la

innecesario

de

dispensa

la

de

justicia criminal. Véase Julio E. Fontanet Maldonado, Plea

Bargaining o alegación preacordada en los Estados Unidos:

ventajas y desventajas 118-19 (2008).

Como contrapartida, y desde el punto de vista del

acusado, al aceptar un acuerdo mediante el cual formula una

alegación

de

culpabilidad,

éste

renuncia

los

rigores

a

un

juicio

derecho

a

que

sustantivos

y

procesales

consustanciales

plenario

lo

penal;

saber,

en

a

―el

a

se

establezca su culpabilidad más allá de duda razonable; el

derecho a un juicio justo, imparcial y público; el derecho

a

ser

juzgado

presentar

ante

evidencia

un

a

juez

su

o

favor

jurado,

y

a

y

el

rebatir

derecho

la

a

prueba

presentada en su contra‖. Pueblo v. Santiago Agricourt, 147

D.P.R. 179, 192 (1998). No obstante, mediante una alegación

CC-2015-0836

7

pre-acordada,

el

acusado

adquiere

el

beneficio

de

destrabarse de la incertidumbre que caracteriza el proceso

penal. Véase Fontanet Maldonado, supra, en la pág. 123.

Los beneficios concomitantes a este tipo de acuerdo,

tanto para el Estado como para los acusados, justifican el

sitial que las alegaciones pre-acordadas ocupan en nuestro

ordenamiento procesal penal. Incluso, el hecho de que la

propia Regla 72 de las Reglas de Procedimiento Criminal, en

su

inciso

(6),

establezca

la

inadmisibilidad

de

la

existencia de una alegación pre-acordada, sus términos o

condiciones, y los detalles y conversaciones conducentes a

la

misma

en

cualquier

procedimiento

criminal,

civil

o

administrativo, claramente apunta a la prominencia de este

tipo de acuerdos en nuestro sistema judicial.

Véase 34

L.P.R.A. Ap. II, R. 72(6).

Con

relación

alegaciones

repetidas

a

la

naturaleza

pre-acordadas,

ocasiones,

jurídica

de

las

que,

en

mismas

no

conviene

puntualizar

resuelto

que

hemos

las

constituyen ―ni un contrato tradicional entre el acusado y

el Estado, como tampoco un precontrato de oferta u opción

de alegación entre las partes donde alguna de ellas pueda

exigir

el

cumplimiento

específico

en

caso

de

incumplimiento‖. Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 D.P.R.

179, 198 (1998). Véase, además El Pueblo de Puerto Rico v.

Figueroa García, 129 D.P.R. 798 (1992). Sin embargo, tanto

este Tribunal como los foros federales han afirmado que es

posible

acudir

contractuales

al

a

las

normas

momento

de

que

rigen

las

relaciones

interpretar

las

alegaciones

pre-acordadas. Esto, siempre y cuando, al hacerlo, no se

desvirtúe la naturaleza del proceso penal, o se vulneren

CC-2015-0836

los

8

derechos

constitucionales

de

los

acusados,

los

estatutos y la política pública protegida por el derecho

procesal penal. Véanse El Pueblo de Puerto Rico v. Figueroa

García, 129 D.P.R. 798, 806 (1992); U.S. v. Papaleo, 853

F.2d 16 (1er Cir. 1988).

Una peculiaridad de la concertación de una alegación

pre-acordada es que la consumación del acuerdo depende,

forzosamente, de la aprobación final del tribunal. A esto,

entre

otros

elementos,

se

debe

la

atribución

del

calificativo sui generis a este tipo de acuerdo. Una vez un

acusado acepta una alegación pre-acordada, la eficacia del

acuerdo está sujeta a la aprobación del tribunal, ente que

sirve como garante de que el acusado haya obrado de manera

libre, consciente y voluntaria en sus negociaciones con el

Estado.

El tribunal, por su parte, tiene la discreción de

rechazar el acuerdo, al margen de las voluntades de las

partes consignadas en éste. Véase 34 L.P.R.A. Ap. II, R.72;

Olga E. Resumil de Sanfilippo, Práctica jurídica de Puerto

Rico: Derecho Procesal Penal 127 Tomo 2 (1993)(―El tribunal

no queda vinculado por el mero acuerdo ya que la aceptación

de

la

alegación

la

estará

relación

a

pena

contempla

un

imputado

recomienden

acuerdo

a

sujeta

a

su

discreción‖.)

Con

imponerse,

la

propia

72,

cual

el

mediante

una

el

sentencia

en

Regla

fiscal

y

el

particular

o

el

Ministerio Público acceda a no oponerse a la solicitud de

sentencia

específica

que

haga

la

defensa,

estableciendo

claramente que ―ni lo uno ni lo otro serán obligatorios

para el tribunal‖. 34 L.P.R.A. Ap. II, R.72. Es decir, en

todos

los

casos

en

los

que

medie

una

alegación

pre-

CC-2015-0836

9

acordada, la sentencia dictada será el resultado de la

discreción del tribunal y no de la voluntad de las partes.

Por tal razón, en los casos en que un tribunal acepta

una alegación pre-acordada, ―el acusado siempre puede hacer

cualquier alegación posterior en cuanto a la sentencia que

se le impuso, ya que dicha alegación no depende de que el

caso se haya visto en su fondo, sino de la sentencia que le

impuso el juez como parte de su alegación de culpabilidad‖.

Fontanet Maldonado, supra en la pág. 81. Esto, puesto que,

como mencionáramos, mediante la alegación pre-acordada, el

acusado

renuncia

ordinariamente

fondo,

mas

a

le

no

los

derechos

cobijarían

en

necesariamente

a

un

y

garantías

juicio

remedios

penal

que

en

su

procesales

y

sustantivos que podrían ampararlo posteriormente.6

Evaluados

jurídica

de

los

las

contornos

normativos

alegaciones

y

la

pre-acordadas,

naturaleza

corresponde

examinar, si bien brevemente, el principio de favorabilidad

y su adecuación a la controversia que nos ocupa.

III

Como

norma

general,

la

ley

penal

aplicable

a

un

imputado de un delito es aquélla vigente al momento de la

comisión de los hechos. Véase Cód. Pen. P.R., 33 L.P.R.A.

sec. 5004. A modo de excepción, sin embargo, el Artículo 4

del Código Penal consagra el principio de favorabilidad, el

cual permite la aplicación retroactiva de una ley penal

siempre y cuando ésta le sea más beneficiosa a un acusado.

En

6

cuanto

al

alcance

de

este

principio,

el

Artículo

4

Para una discusión de los remedios que pueden subsistir

luego de una alegación de culpabilidad, siempre y cuando

éstos no se renuncien, véase Fontanet Maldonado, supra, en

las págs. 78-81.

CC-2015-0836

10

dispone, en lo que atañe al recurso que nos ocupa, lo

siguiente:

La ley penal tiene efecto retroactivo en lo

que favorezca a la persona imputada de delito. En

consecuencia, se aplican las siguientes normas:

. . .

(b) Si durante el término en que la persona está

cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley

más benigna en cuanto a la pena o al modo de

ejecutarla, se aplicará retroactivamente.

Cód. Pen. P.R., 33 L.P.R.A. sec. 5004.

De

esta

manera,

nuestro

Código

Penal

contempla

expresamente la aplicación retroactiva de una ley penal que

favorezca a un imputado de delito durante el cumplimiento

de su condena.7

Por tanto, el principio de favorabilidad

opera cuando se verifica una disposición modificativa de la

pena que favorece al acusado, permitiendo la adecuación de

la sentencia dictada a la nueva valoración expresada por la

Legislatura en el estatuto posterior.8 ―Por tal razón, al

analizar la aplicación retroactiva de una ley,

7

hay que

Cabe aclarar que la inclusión de una cláusula de reserva

en la ley posterior, tal y como ocurrió con los Códigos

Penales de 2004 y 2012, podría representar un escollo para

la aplicación del principio de favorabilidad. La Ley Núm.

246 de 2014, al enmendar algunos artículos del Código

Penal de 2012, prescindió de tal cláusula. Véase Ley Núm.

246 de 2014. Por tal razón, no es necesario abundar en la

naturaleza y propósito de una cláusula de reserva. Ello,

puesto que, ante la ausencia de ésta en la Ley Núm. 246,

lo lógico es que nos remitamos al texto claro e inequívoco

del Artículo 4 del Código Penal que consagra el principio

de favorabilidad. La propia Opinión mayoritaria reconoce

que ―el lenguaje finalmente aprobado no contiene una

cláusula de reserva, por lo que el principio de

favorabilidad opera en pleno derecho‖. Opinión, en la pág.

10.

8

En cuanto a esto, nos comenta el profesor Bascuñán

Rodríguez que ―[d]esde el punto de vista del principio de

la proporcionalidad, también el cumplimiento de una

condena resulta un exceso, cuando hay una declaración

legislativa de la falta de merecimiento o necesidad de la

pena que se está cumpliendo‖. Antonio Bascuñán Rodríguez,

La aplicación de la ley penal más favorable, 69 Rev. Jur.

U.P.R. 29, 43 (2000).

CC-2015-0836

11

atender a la intención legislativa al aprobarla‖. Pueblo v.

González, 165 D.P.R. 675, 704 (2005).

Como anticipamos, al enmendar el Código Penal de 2012

mediante la Ley Núm. 246 de 2014, la Asamblea Legislativa

expresó que las enmiendas estaban dirigidas a ―establecer

un sistema de penas proporcionales a la severidad de los

delitos‖,

así

estructural

como

entre

atender

las

―la

penas

ausencia

de

proporción

correspondientes

a

los

distintos delitos‖. Exposición de motivos, Ley Núm. 246 de

2014.

Con

ello

en

mente,

redujo

las

penas

de

varios

delitos, según éstas se preceptuaban en el Código Penal de

2012.9

En cuanto al delito de escalamiento, tipificado en el

Artículo 194 de ese Código, mediante la Ley Núm. 246 de

2014, se modificó su clasificación a delito menos grave,

tal y como lo había sido tradicionalmente en los códigos

anteriores.

Tal

reclasificación,

supuso,

a

su

vez,

una

reducción significativa de la pena, la cual pasó a ser de

9

De esta manera, la Exposición de motivos de la Ley Núm.

246

de

2014

evidencia,

sin

ambages,

la

intención

legislativa de reducir las penas. En atención a ello,

resulta innecesario, para la resolución de la controversia

ante

nuestra

consideración,

realizar

un

―análisis

exhaustivo de las personas que presentaron su ponencia

ante la Asamblea Legislativa‖. Opinión, en la pág. 11.

Además, nos parece incorrecto, en este caso, subsumir la

postura del Poder Ejecutivo en el trámite legislativo que

precedió la aprobación de la Ley Núm. 246 de 2014. Ello,

ante la obvia diferencia entre el rol del Secretario de

Justicia al momento de opinar en torno a asuntos de

política pública ante la Asamblea Legislativa y los

argumentos legales que la Procuradora General pueda

esgrimir ante determinadas controversias judiciales. Esta

distinción cristaliza la realidad de que el hecho de que

el Secretario de Justicia se haya opuesto o no a la

reducción de algunas de las penas durante el trámite

legislativo

no

incide

en

la

consideración

de

la

controversia que nos atañe; a saber, la disponibilidad de

un remedio que, unánimemente, este Tribunal está dispuesto

a reconocer.

CC-2015-0836

seis

(6)

12

meses,

en

lugar

de

los

cuatro

(4)

años

que

disponía el precepto original previo a las enmiendas. Es

decir,

esta

revaloración

del

delito

de

escalamiento,

a

pesar de dejar intactos los elementos de tipo estatuidos en

la ley anterior, resultó en una atemperación reflexiva de

la pena que éste debía acarrear.

IV

Indisputablemente, la existencia de una alegación preacordada no puede incidir sobre el derecho estatutario aquí

en

controversia,

el

cual

sí

estaría

disponible

para

aquéllos que se sometieron al rigor de un juicio en su

fondo. Los derechos sobre los que sí incide la alegación

pre-acordada

atañen,

como

explicamos,

a

derechos

y

salvaguardas pertenecientes a la etapa de la celebración

del juicio al que el acusado renunció mediante ésta. Es

justamente a estos derechos y salvaguardas a los que alude

la jurisprudencia federal en la que descansa el Estado para

sostener

sus

planteamientos

en

este

caso.

Esta

jurisprudencia, a su vez, se enfoca mayormente en el estado

mental del acusado al momento de hacer una alegación de

culpabilidad

y

a

las

circunstancias

específicas

que

resultaron en ésta. Debido a que la contención principal

del Estado es que, al aceptar una alegación pre-acordada,

el acusado renuncia a invocar derechos que normalmente le

cobijarían,

resulta

jurisprudencia

que

imprescindible

se

utiliza

profundizar

para

en

sustentar

la

tal

proposición. Veamos.

En Brady v. United States, 397 U.S. 742 (1970), la

Corte Suprema de los Estados Unidos tuvo ante sí un caso en

el que el acusado realizó una alegación de culpabilidad por

CC-2015-0836

13

el delito de secuestro interestatal. Luego de hacer tal

alegación, el acusado solicitó el remedio de habeas corpus,

alegando

que

su

alegación

coacción

por

parte

del

había

Estado,

sido

presión

el

resultado

indebida

de

de

su

abogado y representaciones falsas por parte de fiscalía con

relación a la reducción de la pena y la posibilidad de

obtener clemencia por el delito. Entre otras cosas, adujo

que el texto del delito, al imponer la pena de muerte como

castigo,

tuvo

el

efecto

de

compelerlo

indebidamente

a

declararse culpable con tal de evadir la posibilidad de que

se le impusiera esa pena. Tanto los foros inferiores como

la Corte Suprema de los Estados Unidos, determinaron en ese

caso que el acusado estaba imposibilitado de ampararse en

el remedio post-sentencia de habeas corpus para cuestionar

su alegación de culpabilidad.

Al así concluir, se enfocaron en la voluntariedad de

la alegación en sí y cómo el juez se cercioró de ésta antes

de emitir su dictamen condenatorio. Fue en ese contexto en

que la Corte Suprema razonó que el miedo a una condena

mayor no constituye el tipo de coacción que invalide una

alegación de culpabilidad por falta de voluntariedad. Véase

Brady, 397 U.S. en la pág. 755 (―[A] plea of guilty is not

invalid merely because entered to avoid the possibility of

a death penalty.‖). Cabe destacar que, en Brady, la Corte

Suprema

intimó

que

los

efectos

de

la

culminación

del

procedimiento penal en contra de un acusado por vía de una

alegación de culpabilidad eran los mismos que aquéllos a

los que se expone un acusado que se somete al juicio en su

fondo. Así, afirmó que ―the pleas are no more improperly

compelled than is the decision by a defendant at the close

CC-2015-0836

14

of the State's evidence at trial that he must take the

stand or face certain conviction.‖ Id. en la pág. 750.

En McMann v. Richardson, 397 U.S. 759 (1970), la Corte

Suprema se enfrentó a una controversia similar a la de

Brady. En ese caso, sin embargo, el acusado alegó que había

sido objeto de coacción durante la confesión que, en última

instancia lo llevó a emitir una alegación de culpabilidad.

Esto, pues sabía que tal confesión sería utilizada en su

contra como una admisión durante la celebración del juicio.

En esencia, y acorde con lo resuelto en Brady, la Corte

Suprema falló en contra del acusado, razonando que, si el

acusado

se

hubiese

sometido

a

los

rigores

del

juicio,

habría tenido la oportunidad de solicitar la exclusión de

su

admisión.

Sin

embargo,

al

declararse

culpable

y

renunciar al juicio, el acusado renunció a ese derecho, por

lo que no podía ampararse en el remedio de habeas corpus

para atacar la validez de la alegación de culpabilidad. Una

vez más, la Corte Suprema hizo hincapié en la voluntariedad

de la alegación, esta vez al margen de la confesión previa

que dio lugar a la misma.

De otra parte, en United States v. Ruiz, 536 U.S. 622

(2002), la Corte Suprema se expresó en torno a la renuncia

a presentar prueba exculpatoria que conlleva una alegación

pre-acordada. En este caso, el Estado comenzó negociaciones

tendentes a lograr una alegación pre-acordada mediante la

cual la acusada renunciaba a su derecho a recibir prueba

exculpatoria que pudiese surgir de los testimonios de otros

testigos o informantes (―material impeachment

evidence),

así como a prueba relacionada con defensas afirmativas que

ésta podría levantar. A pesar de que el acuerdo no se

CC-2015-0836

concretó,

la

15

acusada

sí

realizó

una

declaración

de

culpabilidad. Posteriormente, ésta solicitó una revisión de

la

sentencia

dictada

en

su

contra,

alegando

que

su

alegación de culpabilidad había sido involuntaria puesto

que

el

Ministerio

Público

se

había

negado

a

revelar

evidencia potencialmente exculpatoria. Los foros inferiores

le

dieron

la

razón,

determinando

que

una

alegación

de

culpabilidad no podía considerarse voluntaria si la acusada

no

había

tenido

derecho,

durante

las

negociaciones,

a

recibir la evidencia exculpatoria a la que hubiese tenido

derecho durante la celebración del juicio.

Al

revocar,

obligación

acusado

comenzaba

del

Estado

evidencia

el

la

Corte

de

Suprema

poner

a

exculpatoria

juicio,

y

no

determinó

la

se

disposición

activaba

durante

las

que

la

de

un

una

vez

negociaciones

conducentes a lograr un acuerdo entre el Ministerio Público

y el acusado. Por tal razón, la renuncia a tal evidencia en

una

alegación

pre-acordada

no

anulaba

la

alegación

de

culpabilidad, pues la presentación de prueba exculpatoria

era un derecho consustancial al juicio en su fondo que se

preteriría mediante el acuerdo.

Finalmente, en U.S. v. Broce, 488 U.S. 563 (1989), la

Corte

Suprema

también

analizó

la

disponibilidad

de

un

derecho que ordinariamente ampararía a un acusado durante

la

celebración

acusados

de

un

solicitaron

juicio

el

plenario.

relevo

de

Esta

sus

vez,

los

respectivas

sentencias alegando que éstas constituían una violación a

la

prohibición

constitucional

de

doble

exposición.

En

esencia, los acusados se habían declarado culpables por dos

cargos de conspiración. Posteriormente, alegaron que había

CC-2015-0836

existido

16

una

sola

conspiración

y

no

dos,

por

lo

que

procedía, en virtud de la cláusula de doble exposición,

dejar a un lado el dictamen emitido. La Corte Suprema, al

rechazar

su

culpables

planteamiento,

por

dos

determinó

delitos

que,

al

declararse

separados,

los

acusados

conscientemente admitieron responsabilidad por dos ofensas

de

conspiración

distintas.

Además,

razonó

que,

al

declararse culpables, los acusados renunciaron a su derecho

a presentar evidencia con relación a su alegación de que se

trataba de una sola conspiración y no dos. Por esta razón,

estaban

impedidos

de

atacar

colateralmente

la

sentencia

dictada al amparo de la cláusula de doble exposición.

De

los

casos

previamente

reseñados,

no

se

puede

deducir, mediante el uso de la analogía, que es a lo que

nos conmina el Estado, que un acusado está impedido de

invocar

el

llegado

a

principio

un

convenio

de

favorabilidad

con

el

luego

Ministerio

de

haber

Público.

Como

anticipamos, todos los casos discutidos se enfocan en dos

aspectos

de

las

alegaciones

de

culpabilidad:

(1)

los

requisitos relacionados con el estado mental del acusado al

momento

de

realizarlas,

tradicionalmente

celebración

de

cobijan

un

y

(2)

a

un

juicio,

pero

los

derechos

que

durante

la

renunciados

en

acusado

que

son

virtud de la alegación.

V

Según se desprende de los hechos relatados, en el

presente

caso,

el

señor

Torres

Cruz

acordó

con

el

Ministerio Público hacer una alegación de culpabilidad a

cambio de que se reclasificara la infracción al Artículo

195

(escalamiento

agravado)

y

se

eliminara

del

pliego

CC-2015-0836

acusatorio

aceptar

17

la

tal

alegación

acuerdo,

de

el

reincidencia

tribunal

habitual.

Al

condenar

al

determinó

señor Torres Cruz a cuatro (4) años de reclusión. Esto,

luego de determinar que esa era la pena estatuida en ese

momento para ese delito y que ésta habría de cumplirse

concurrentemente con la pena

de seis (6) meses estatuida

para el delito de daños.

La Ley Núm. 246 de 2014, al reclasificar el delito de

escalamiento

como

uno

menos

grave

y,

consiguientemente,

reducir la pena correspondiente a éste, activó el principio

de

favorabilidad.

El

Estado,

al

permitir

que

el

señor

Torres Cruz se declarara culpable de un delito menor al

originalmente

imputado,

accedió

a

que,

al

momento

de

evaluar la alegación pre-acordada y dictar sentencia, el

tribunal basara su determinación en la pena dispuesta en el

Código Penal de 2012 para ese delito.10

Los

casos

federales

anteriormente

discutidos

no

abordan los derechos constitucionales o estatutarios que

subsisten luego de la alegación en sí. Los argumentos y

planteamientos presentados por los acusados en estos casos

están

inherentemente

relacionados

con

acontecimientos

dentro del juicio. La presentación de prueba exculpatoria,

10

En atención a esto, no es razonable que el Estado arguya

que, al momento de evaluar si procede enmendar la

sentencia dictada, este Tribunal tome en consideración la

pena a la que el señor Torres Cruz pudo haber estado

expuesto en ausencia de una alegación pre-acordada. El

desacierto del Estado estriba en el hecho de que ese

ejercicio valorativo le correspondía al propio Ministerio

Público

al

momento

de

efectuar

las

negociaciones

conducentes al acuerdo y aceptarlo. Asimismo, el tribunal

sentenciador, al aceptar la alegación pre-acordada, estuvo

en posición de ponderar en torno a la sentencia que

hubiese podido recaer en contra del señor Torres Cruz tras

la celebración de un juicio en su fondo, procedimiento al

que ambas partes renunciaron mediante el acuerdo.

CC-2015-0836

18

la invocación de la protección contra la doble exposición

en

un

mismo

procedimiento

penal

y

la

legalidad

de

una

confesión son derechos y salvaguardas comprendidos en un

juicio a los que efectivamente se renuncia mediante una

alegación de culpabilidad.

pasar

por

alto

El Estado, sin embargo, parece

jurisprudencia

federal

que

apunta

a

la

subsistencia de remedios procesales y derechos sustantivos

externos a la celebración de un juicio que no radican en la

validez de la alegación pre-acordada, sino más bien en los

efectos posteriores que resultan del dictamen que hace un

tribunal en virtud de ésta.11

Por último, atendiendo el argumento del Estado con

relación a la naturaleza de las alegaciones pre-acordadas y

cómo, al interpretar su contenido, se puede acudir por

analogía a los principios que rigen el derecho contractual,

es menester destacar que los intereses que tutelan ambas

áreas

del

Mientras

Derecho

que

en

el

son

inexorablemente

ámbito

del

distinguibles.

Derecho

Privado,

la

regulación de los contratos propende a la protección del

tráfico jurídico, en el ámbito del Derecho Procesal Penal,

las

alegaciones

pre-acordadas

protegen

el

interés

del

Estado y de la ciudadanía de una administración justa y

eficiente de la justicia que salvaguarde los derechos de

todas las partes implicadas en el proceso. Véase El Pueblo

de Puerto Rico v. Figueroa García, 129 D.P.R. 798 (1992).

En el presente caso, la aplicación del principio de

favorabilidad aspira a proteger los derechos de aquellos

11

Véase Haynes v. United States, 390 U.S. 85 (1968)

(inconstitucionalidad del delito); Tollet v. Henderson,

411 U.S. 258 (1973) (validez del pliego acusatorio); Jaben

v. United States, 381 U.S. 214 (1965) (prescripción del

delito tras alegación de nolo contendere).

CC-2015-0836

19

acusados que optan por darle fin al procedimiento penal

instado en su contra por vía de un mecanismo que el propio

ordenamiento

jurídico

fomenta.

Resulta

insostenible

e

injusto condicionar el reconocimiento de ese derecho a la

naturaleza del procedimiento mediante el cual se determina

la culpabilidad de un acusado. Hacer esa distinción no

tendría

otro

efecto

que

el

de

disuadir

a

acusados

de

delitos de entrar en convenios con el Ministerio Público,

lo

que

nuestro

ordenamiento

penal

justamente

intenta

propiciar.

Por los fundamentos que anteceden, procede confirmar

la

sentencia

sostener

la

dictada

orden

de

por

el

Tribunal

excarcelación

de

Apelaciones

expedida

por

y

este

Tribunal.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Certiorari

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

CC-2015-836

v.

Javier Torres Cruz

Recurrido

Opinión concurrente emitida por la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de noviembre de 2015.

Hablar del Derecho penal es hablar,

de un modo u otro, de violencia.

Violentos son generalmente los casos

de los que se ocupa el Derecho penal

(robo,

asesinato,

terrorismo,

rebelión). Violenta es también la

forma

en

que

el

Derecho

penal

soluciona

estos

casos

(cárcel,

internamientos

psiquiátricos,

suspensiones e inhabilitaciones de

derecho).12

Estoy

de

acuerdo

con

la

decisión

de

este

Tribunal. La alegación pre-acordada por la cual el

Tribunal de Primera Instancia sentenció al Sr. Javier

Torres

12

Cruz

no

impide

la

aplicación

del

F. Muñoz Conde & M. García Arán, Derecho penal: Parte general, 7ma

ed., Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 2007, pág. 29.

CC-2015-836

2

principio de favorabilidad. Luego de que el señor Torres

Cruz fuera sentenciado a una pena de reclusión de cuatro

años

por

el

delito

de

escalamiento,

la

Asamblea

Legislativa enmendó el Código Penal y redujo la pena de

ese delito a seis meses de reclusión. Por tanto, en virtud

del

principio

Torres

Cruz

valoración

estado

de

de

favorabilidad,

debe

enmendarse

nuestro

encarcelado

en

la

sentencia

del

señor

para

reflejar

la

nueva

ordenamiento

exceso

de

jurídico.

seis

meses,

Habiendo

el

señor

Torres Cruz debe ser excarcelado.

Sin embargo, preciso abundar en la razón de ser del

cambio

en

política

pública

que

redundó

en

una

revalorización de las penas impuestas en el Código Penal

de 2012. Esto, con tal de elucidar la procedencia de tal

cambio como lo que es: una acción de la rama gubernamental

encargada de formular, mediante legislación, la política

pública

que, como miembros de este Foro, estamos llamados

a respetar. El cambio significativo de política pública en

el ámbito penal que representó la aprobación de la Ley

Núm. 246 de 26 de diciembre de 2014 (Ley Núm. 246-2014),

exige profundizar en el contenido de las ponencias y la

otra

documentación

Legislativa.

presentada

Indisputablemente,

ante

esta

la

Asamblea

apunta

a

la

importancia de establecer un esquema de penas cimentado en

la

proporcionalidad

y

severidad y la violencia.

la

rehabilitación

y

no

en

la

3

CC-2015-836

I

A sólo ocho años de su aprobación, el Código Penal de

2004 fue derogado por el Código Penal de 2012. Entre los

cambios que esto supuso estuvo el aumento considerable en

las penas, la eliminación de penas alternas a la reclusión

y una menor discreción judicial al sentenciar. Este nuevo

esquema de penas del Código Penal de 2012 fue criticado,

entre otras razones, por la ausencia total de fundamentos

empíricos

y

criminológicos

que

sustentaran

su

mayor

severidad.13

Así, el 7 de octubre de 2014 se presentó en el Senado

de Puerto Rico el P. del S. 1210, mediante el cual se

propuso enmendar varias disposiciones del Código Penal de

2012, entre éstas el esquema de penas.14 Las expresiones

contundentes

de

múltiples

deponentes

que

analizaron

el

proyecto establecieron la necesidad de enmendar el Código

Penal

de

2012

fundamentándose

en

que

las

mismas

eran

esenciales para lograr un sistema de penas proporcional a

la severidad de los delitos.

La Dra. Dora Nevares Muñiz, quien fungió como asesora

de la Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal

y para la Reforma de las Leyes Penales en la redacción del

P. del S. 1210, hizo referencia en su ponencia a diversas

investigaciones

criminológicas

que

demuestran

que

no

existe una relación entre el aumento en la severidad de

las penas y la reducción de la actividad delictiva. Por el

contrario, ―[l]o que los estudios empíricos demuestran es

13

Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal y para la

Reforma de las Leyes Penales, Informe positivo sobre el P. del S.

1210, págs. 81-82.

14

Concurrentemente se presentó en la Cámara de Representantes el P. de

la C. 2155, igual en contenido.

4

CC-2015-836

que,

invertir

recursos

en

aumentar

la

probabilidad

de

detección del crimen y la aprehensión de los criminales es

considerablemente más efectivo en reducir la criminalidad,

que

invertir

recursos

en

aumentar

el

tiempo

que

el

convicto pasará encarcelado‖.15

Estableció, además, que:

La aprobación [del] Código Penal de 2012 de

forma apresurada sin considerar su interacción

con

las

leyes

penales

especiales

generó

duplicidad de delitos y disparidad de penas

entre el propio Código y las leyes especiales:

además de la resultante ausencia de proporción

estructural entre las penas correspondientes a

los distintos delitos.16

Asimismo, añadió que el P. del S. 1210 era un paso de

avance

hacia

comprensible,

―[u]n

[que]

en

Código

su

Penal

aplicación

justo

facilita

y

claro,

tanto

la

prevención como el control del crimen una vez ocurre‖.17

Por

su

parte,

el

profesor

Luis

E.

Chiesa,

quien

también fungió como asesor en la redacción del P. del S.

1210, expandió sobre la incongruencia de las penas en el

Código Penal de 2012 al indicar que:

La razón principal por la cual es necesario

enmendar sustancialmente el CP 2012 es que éste

carece de un hilo conductor que justifique tanto

su esquema de penas como las doctrinas de la

parte general y las definiciones de los delitos

en particular que ahí se codifican. En cuanto al

esquema de penas, la premisa inarticulada que

dio lugar a la adopción del CP 2012 es que la

criminalidad se puede combatir eficientemente

mediante un aumento considerable en las penas.

Desafortunadamente

[...]

esta

premisa

es

demostrablemente falsa.18

15

Dora Nevares Muñiz, Ponencia sobre los P. del S. 1210 y P. de la C.

2155,

pág.

5,

disponible

en:

http://www.oslpr.org/20132016/ponencias/A35ZPNWJ.pdf (última visita, 29 de octubre de 2015).

16

Id., pág. 3.

17

Id., pág. 52.

18

Luis E. Chiesa, Comentarios al P. del S. 1210, P. de la C. 2155,

págs.

1-2,

disponible

en:

http://www.oslpr.org/20132016/ponencias/A35ZPJ7I.pdf (última visita, 29 de octubre de 2015).

5

CC-2015-836

El

profesor

Chiesa

presentó,

además,

un

análisis

comparativo en el que consideró la pena máxima del Código

Penal de 2012 para ciertos delitos y la contrastó con la

pena máxima que para esos mismos delitos establecían otras

jurisdicciones, como Nueva York, California o España.19 En

todos

los

casos

las

penas

del

Código

Penal

de

2012

resultaron significativamente más altas.

No

cabe

duda

que

el

objetivo

de

la

Asamblea

Legislativa fue corregir la desproporción de las penas y

otros defectos del Código Penal de 2012. Las enmiendas

realizadas

buscaban

―armonizar

la

búsqueda

de

la

paz

social con los derechos de las víctimas y de los acusados

dentro

de

un

sistema

constitucional

que

mandata

la

rehabilitación del confinado‖.20 Así, no cabe hablar del

―ideal constitucional de rehabilitación‖21 cuando existe un

mandato contundente e inequívoco a garantizar la misma.

Culminado el trámite de discusión y enmiendas, el P.

del S. 1210 fue aprobado y se convirtió en la Ley Núm.

246-2014. Según la Exposición de Motivos de dicha Ley,

ésta enmendó el esquema de penas del Código Penal de 2012

para erigir un sistema de penas

19

más proporcional

a

la

Id. Los delitos comparados fueron violación, incesto, robo simple,

robo agravado y apropiación ilegal agravada. En el caso de violación

la pena máxima en Puerto Rico era 62.5 años, en Nueva York 25 años, en

California 13 años, en España 12 años y en Alemania 10 años. Para el

delito de incesto la pena máxima en Puerto Rico era 62.5 años, en

Nueva York

25 años, en California 3 años, en España 0 años y en

Alemania 3 años. Para robo simple la pena máxima en Puerto Rico era 25

años, en Nueva York 7 años, en California 5 años, en España 3 años y

en Alemania 5 años. En el caso de robo agravado la pena máxima en

Puerto Rico era 37.5 años, mientras que en Nueva York era 25 años, en

California 9 años, en España 5 años y en Alemania 10 años. Para el

delito de apropiación ilegal agravada la pena máxima en Puerto Rico

era 18.5 años, en Nueva York 7 años, en California 3 años, en España 6

años y en Alemania 10 años. Se debe aclarar que por modificaciones que

se hicieron durante el trámite de aprobación legislativa, algunas de

esas penas, como la del delito de incesto, así como varias modalidades

del delito de violación, no fueron objeto de enmienda.

20

Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal y para la

Reforma de las Leyes Penales, supra, nota 1, pág. 3.

21

Véase la Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor

Martínez Torres (énfasis suplido).

6

CC-2015-836

gravedad

de

los

delitos,

sanciones

alternas

severidad

intermedia

discreción

al

juez

a

extender

la

reclusión

y

conceder

para

la

en

viabilidad

de

los

delitos

de

un

mayor

margen

de

determinar,

dentro

de

ciertos

límites, la pena adecuada para el convicto.22

El legislador no incluyó en la Ley una cláusula de

reserva que impidiera la aplicación de sus disposiciones

más favorables a los delitos cometidos con anterioridad a

su

aprobación.

Por

el

contrario,

en

un

ejercicio

de

discreción deliberado hizo lo que estuvo a su alcance para

establecer

una

política

proporcionalidad

de

retroactiva

personas

a

la

pública

que

favoreciera

pena,

incluyendo

que

cometieron

su

la

aplicación

delitos

con

posterioridad a la aprobación del Código Penal de 2012.23

Al no incorporar una cláusula de reserva la Asamblea

Legislativa viabilizó la aplicabilidad del principio de

favorabilidad

nuevo

y

esquema

permitió

de

extenderlo

penas.

Con

retroactivamente

ello,

promovió

al

la

rehabilitación social y moral de las personas convictas.

Surge de la Exposición de Motivos que la aprobación

de la Ley Núm. 246-2014 respondió a una determinación de

política pública por parte del legislador para reformar

nuestro sistema de justicia criminal, consciente de que el

22

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 246 de 26 de diciembre de 2014

(2014 Leyes de Puerto Rico 2385-2386).

23

Tal y como expresé recientemente, citando a la Dra. Nevares Muñiz,

la Ley Núm. 246-2014:

[N]o contiene una cláusula de reserva que prohíba su

aplicación retroactiva. [citas omitidas] Ello porque

mediante dicha ley la legislatura tuvo la intención de

‗disponer penas rehabilitadoras en delitos menos graves y

en delitos graves de severidad intermedia; además de

disponer para el ejercicio de la discreción judicial

mediante criterios que orienten al ejercerla.‘‖ Pueblo v.

Cordero Meléndez, 2015 TSPR 123, pág. 11 (Op. de

Conformidad, J. Oronoz Rodríguez)

7

CC-2015-836

esquema de penas establecido en el Código Penal de 2012

resultaba altamente punitivo sin que hubiera justificación

para ello. En cambio, durante el proceso de elaboración

del P. del S. 1210 se recibió el insumo de literatura,

estudios,

estadísticas

y

otra

evidencia

empírica

que

demostró el rechazo unánime de los expertos a la noción de

que

la

imposición

de

penas

más

severas

propicie

la

disminución en la actividad criminal.

Sobre este particular, debe quedar claro que a la luz

de los entendidos modernos en la Criminología, la Ley Núm.

246-2014 propuso que la relación entre la severidad del

castigo y la gravedad del delito fuera más proporcional.

Debía tener en cuenta a todas las partes involucradas y

adelantar

de una manera más objetiva los fines que el

propio Código Penal de 2012 reconoció para la pena: la

prevención del delito, la justicia para las víctimas, el

castigo

justo

y

proporcional

para

el

ofensor,

y

la

pena

de

rehabilitación del convicto.24

Asimismo,

el

reconocimiento

de

que

la

reclusión es la sanción que más relación guarda con una

eventual reincidencia influyó en la política pública que

persigue la Ley Núm. 246-2014.25 En particular, al adoptar

penas

alternas

terapéutica,

la

a

la

reclusión

Asamblea

como

Legislativa

la

restricción

reconoció

que

la

adicción es una enfermedad y que al adicto que delinque se

le debe fijar una sanción que promueva su recuperación.

Asimismo, la Asamblea Legislativa estimó crucial reconocer

y validar la discreción de los jueces y las juezas por lo

24

25

Art. 11 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec.5011.

Nevares Muñiz, supra, nota 3, págs. 4-5.

8

CC-2015-836

que

adoptó

sentencias

esta

política

puedan

pública

ajustarse

a

que

las

propicia

que

las

peculiaridades

del

caso.26

II

Estas medidas nos sitúan en una coyuntura similar a

la que se vive en los Estados Unidos. Allí, la política

pública

para

atender

cambiar

después

de

la

criminalidad

décadas

de

una

ha

comenzado

política

a

criminal

fallida de mano dura y sobrecriminalización que vio cómo a

pesar de la tipificación de mayores delitos, penas más

severas, cárceles llenas y miles de millones de dólares

invertidos para mantener el aparato de justicia criminal,

las tasas de actividad delictiva seguían a niveles muy

altos.27 Así, durante los últimos años la política pública

a nivel estatal y federal ha ido dirigida a fomentar la

reinserción de la persona convicta, reducir las tasas de

encarcelamiento y el costo de la prisión para el erario y

promover las penas alternas a la reclusión.28

26

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 246 de 26 de diciembre de 2014

(2014 Leyes de Puerto Rico 2385-2386).

27

Desde 1980 hasta el presente, el número de adultos encarcelados en

los Estados Unidos ha aumentado de medio millón a más de 2.3 millones,

lo que significa que uno entre cada cien adultos está preso. Este

incremento ha convertido a ese país en el de mayor número de presos

per cápita en el mundo. Véase, Institute for Criminal Policy Research,

World

Prison

Brief,

disponible

en:

http://prisonstudies.org/country/united-states-america (última visita,

31 de octubre de 2015); John Malcolm, Criminal Justice Reform, The

Heritage

Foundation,

(24

de

Julio

de

2015),

disponible

en:

http://www.heritage.org/research/testimony/2015/criminal-justicereform (última visita, 31 de octubre de 2015). Véase también, William

J. Stuntz, The Collapse of American Criminal Justice, Harvard Belknap,

2011, pág. 275.

28

Ram Subramanian, Rebecka Moreno & Sharyn Broomhead, Recalibrating

Justice: A Review of 2013 State Sentencing and Corrections Trends.

Vera

Institute

of

Justice,

2014,

disponible

en:

http://www.vera.org/sites/default/files/resources/downloads/statesentencing-and-corrections-trends-2013-v2.pdf (última visita, 29 de

octubre de 2015); U.S. Dept. of Justice, Smart on Crime, Reforming the

Criminal Justice System for the 21st Century, disponible en:

http://www.justice.gov/sites/default/files/ag/legacy/2013/08/12/smarton-crime.pdf (última visita, 31 de octubre de 2015).

9

CC-2015-836

La

necesidad

de

reformar

el

sistema

de

justicia

criminal en los Estados Unidos es tan apremiante que, en

un país donde generalmente el debate político está muy

polarizado,

ha

surgido

ideologías

y

partidos

organizaciones

un

consenso

que

trasciende

políticos.29

Por

ejemplo,

progresistas

-como

el

American

Civil

Liberties Union (ACLU) o el Center for American Progressy

conservadoras

Institute

-como

o

el

enérgicamente

por

el

Heritage

Federalist

un

cambio

Foundation,

Societydrástico

en

el

Cato

han

abogado

la

política

pública para controlar el uso excesivo del poder punitivo

del Estado, tema que han adoptado como parte integral de

sus respectivos programas.30 Una muestra de ello es el U.S.

Justice

Action

Network,

organización

compuesta,

entre

otros, por la ACLU y por grupos conservadores como el

Right

on

Crime,

el

Faith

&

Freedom

Coalition

o

FreedomWorks y que se dedica a promover legislación para

eliminar

la

sobrecriminalización,

reducir

la

población

penitenciaria y facilitar el proceso de reintegración de

la persona convicta.31

Como

ha

sido

constatado

reiteradamente

en

la

literatura especializada, la sobrecriminalización también

29

Zach Dillionns, Symposium on Overcriminalization: Foreword, 102 J.

Crim. L. & Criminology 525 (2012); Norman L. Reimer, Opening Remarks,

7 J.L. Econ. & Pol‘y 573, 573-574 (2011).

30

Criminal Justice is so Broken, Democrats and Republicans are working

together to fix it, PBS Newshour, (30 de abril de 2015), disponible

en:

http://www.pbs.org/newshour/bb/criminal-justice-broken-democratsrepublicans-working-together-fix/ (última visita, 31 de octubre de

2015); Adam Liptak, Right and Left Join Forces on Criminal Justice,

The

N.Y.

Times,

(23

de

noviembre

de

2009),

disponible

en:

http://www.nytimes.com/2009/11/24/us/24crime.html?_r=0 (última visita,

31 de octubre de 2015); John Malcolm, supra, nota 8.

31

Leading Advocates on the Left and the Right Join Forces for New

Justice Reform Organization in Ohio, American Civil Liberties Union

(ACLU)

of

Ohio,

(16

de

julio

de

2015),

disponible

en:

http://www.acluohio.org/archives/press-releases/new-justice-reformorganization-in-ohio (última visita, 31 de octubre de 2015).

10

CC-2015-836

tiene

sus

víctimas.32

Por

diversas

razones

de

índole

social, político, económico y cultural, los grupos y las

comunidades

afectadas

con

por

expansivas.33

menos

las

Un

recursos

económicos

son

políticas

criminales

punitivas

dato

puede

bastar,

el

37.7%

las

de

más

y

los

confinados en las cárceles federales de los Estados Unidos

son de raza negra y otro 34% son hispanos, lo que en

conjunto

representa

aproximadamente

el

71%

de

toda

la

población penitenciaria de ese sistema.34

Además de afectar al confinado que ve coartada su

rehabilitación,

las

consecuencias

de

la

encarcelación

masiva se extienden a la familia, quienes no sólo se ven

privados de la presencia de un padre, madre, hijo, hermano

o cónyuge, sino además del sustento económico que éste

aporta al hogar. En muchas ocasiones esto desata un ciclo

sin

salida

de

encarcelamiento.35

mayor

De

la

pobreza,

misma

manera,

marginación

y

la

se

comunidad

afecta al no poder contar con la capacidad productiva de

uno

de

sus

miembros,

quien,

además,

al

reinsertarse

después de cumplir la sentencia puede enfrentar una gran

dificultad

para

encontrar

empleo

debido

al

estigma

asociado a la condición de exconvicto.36

32

Michelle Alexander, The New Jim Crow, New York, The New Press, 2010,

pág. 7; David Cole, No Equal Justice: Race and Class in the American

Criminal Justice System, New York, The New Press, 1999, pág. 5; Erik

Luna, The Overcriminalization Phenomenon, 54 Am. U. L. Rev. 703, 726727 (2005).

33

David Cole, supra, nota 9, pág. 5.

34

Federal

Bureau

of

Prisons,

Statistics,

disponible

en:

http://www.bop.gov/about/statistics/statistics_inmate_race.jsp (última

visita, 31 de octubre de 2015).

35

Michelle Alexander, supra, nota 9, pág. 7; Donysha Smith, Building a

Prison-to-Purpose Pipeline for Women, OPEN SOCIETY FOUNDATIONS, (9 de

octubre

de

2015),

disponible

en:

https://www.opensocietyfoundations.org/voices/building-prison-purposepipeline-women? (última visita, 29 de octubre de 2015).

36

John Malcolm, supra, nota 8; Ari Melber, Obama bans the box, MSNBC,

(3

de

noviembre

de

2015),

disponible

en:

11

CC-2015-836

III

Al traer al centro de la política pública del Estado

el

requisito

de

proporcionalidad

entre

la

gravedad

del

delito y la severidad de la pena, el esquema de penas

adoptado

–que

en

el

presente

caso

ha

resultado

en

la

excarcelación del señor Torres Cruz- valora la dignidad

humana

de

la

persona

convicta

y

promueve

su

rehabilitación, tal y como lo exige la Constitución. No se

trata de ser fuerte o débil contra el crimen. Se trata de

reconocer la complejidad de la situación para adelantar

una política criminal informada que sea efectiva.

Así pues, la Ley Núm. 246-2014 representa un esfuerzo

necesario

encamine

para

a

que

nuestro

solucionar

los

ordenamiento

problemas

que

jurídico

se

plantea

la

conducta delictiva de una forma responsable, sensible y

menos violenta, centrado en el imperativo constitucional

de la rehabilitación.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Asociada

https://www.msnbc.com/msnbc/obama-bans-the-box

noviembre de 2015).

(última

visita,

4

de