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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Centro de Recaudación de Ingresos Municipales v. Hon. Lourdes M. Bobé Santiago

2015 TSPR 137

Poder Judicial de Puerto Rico

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Centro de Recaudación de Ingresos Municipales v. Hon. Lourdes M. Bobé Santiago

RG-2015-1

Derecho Registral – Término para calificar escritura en espera de documentos complementarios requeridos

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Centro de Recaudaciones de

Ingresos Municipales

Peticionario

2015 TSPR 137

v.

193 DPR ____

Hon. Lourdes M. Bobé Santiago,

Registradora de la Propiedad de

la Sección de Humacao

Recurrida

Número del Caso: RG-2015-1

Fecha: 14 de octubre de 2015

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Guayama

Abogado del Peticionario:

Lcdo. Ángel X. Viera Vargas

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray

Procuradora General

Lcda. María A. Hernández Martín

Procuradora General Auxiliar

Materia: Derecho Registral – Término para calificar

espera de documentos complementarios requeridos.

escritura

en

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Centro

de

Recaudación

Ingresos Municipales

de

Peticionario

RG-2015-0001

v.

Hon.

Lourdes

M.

Bobé

Santiago, Registradora de la

Propiedad de la Sección de

Humacao

Recurrida

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ

TORRES.

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de octubre de 2015.

El

Centro

de

Recaudación

de

Ingresos

Municipales (“CRIM”) nos solicita que ordenemos a la

Hon.

Lourdes

M.

Bobé

Santiago,

Registradora

(“Registradora”), la calificación de una escritura

pública. Debido a que no nos encontramos ante una

calificación final, ni ante una verdadera negativa a

calificar, procede desestimar el recurso por falta

de jurisdicción.

I.

El

CRIM

argüye

que

Intel

Puerto

Rico

Inc.,

otorgó la Escritura número 6 de 11 de mayo de 1995

RG-2015-0001

2

sobre Cancelación de Condiciones Restrictivas, Segregación,

Permuta y Agrupación (“Escritura núm.6”) ante el notario

Esteban R. Bengoa Becerra, mediante la cual, entre otras

cosas, agrupó las fincas 9,316, 9,318, 9,322, 9,323, 9,324,

9,325

y

9,625.

Según

alegado,

la

Escritura

núm.

6

fue

presentada en el Registro de la Propiedad el 1 de agosto de

2000.

Aunque

esta

Escritura

controversia

ante

nos,

no

es

fue

el

eje

anejada

central

como

de

la

parte

del

Recurso Gubernativo.

Posteriormente, y como parte de una transacción con una

de

sus

entidades

transfirió

el

afiliadas,

dominio

de

Intel

las

Puerto

fincas

Rico,

agrupadas

a

Inc.,

Intel

Puerto Rico, Ltd. Luego de esta transferencia de dominio,

Intel Puerto Rico, Ltd. vendió las fincas a IATG Puerto

Rico,

LLC

(“IATG”)

mediante

la

Escritura

de

compraventa

número 28 de 10 de octubre de 2003 ante la notaria Doira

Díaz

Rivera.1

Recurso

Gubernativo,

pág.

4.

Para

poder

inscribir en el Registro de la Propiedad el título que se

alega que IATG ostenta, el principio de tracto exige la

inscripción previa de la Escritura núm. 6 presentada por

Intel Puerto Rico, Inc.

El 22 de diciembre de 2011, el CRIM presentó ante el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao,

una acción en cobro de contribuciones sobre la propiedad

inmueble

1

en

contra

de

IATG,

en

relación

a

las

fincas

Contrario a lo expuesto por el CRIM, de ese instrumento

público no surge de forma diáfana que se haya transferido

el título de la finca 9,327 a IATG. Apéndice, págs. 24-27.

RG-2015-0001

registrales

3

9,316,

9,318,

9,322,

9,323,

9,324,

9,325,

9,327, 9,625, 9,987-A, 10-210 y 11-409. Posteriormente, las

partes

suscribieron

una

Solicitud

de

Sentencia

por

Estipulación en la que IATG consintió a la venta en pública

subasta de las fincas para satisfacer el pago de la deuda

por

concepto

de

impuestos

sobre

la

propiedad

inmueble.

Apéndice, págs. 57-60. El tribunal acogió la solicitud de

estipulación

presentada

por

las

partes,

e

impartió

una

sentencia que es final y firme. Apéndice, págs. 61-62.

El CRIM plantea que se reunió con la Registradora, a

través de uno de sus representantes legales, para inquirir

sobre el estatus de la calificación de la Escritura núm. 6.

El CRIM le dio seguimiento a esa reunión a través de una

carta con fecha de 2 de octubre de 2014. Apéndice, págs.

70-71. En dicha carta, el CRIM esbozó que “[n]uestro asesor

legal

externo

nos

informa

haber

tenido

una

productiva

reunión con usted el pasado 26 de agosto [de 2014], donde

le expresó que calificaría la escritura de epígrafe a la

brevedad posible”.

Apéndice, pág. 71. Posteriormente, el

CRIM

segunda

envió

una

misiva

en

la

que

expuso

esencialmente lo mismo. Apéndice, pág. 72. En respuesta a

esa

segunda

misiva,

la

Registradora

se

comunicó

telefónicamente con el Director Ejecutivo del CRIM. Según

alegado, en ese intercambio la Registradora informó sobre

su “negativa a calificar” la Escritura núm. 6. Apéndice,

págs. 73-74. No obstante, y sin especificar el momento, el

CRIM alega igualmente que la Registradora le informó a su

RG-2015-0001

Subdirector

4

Ejecutivo

que

la

Escritura

núm.

6

podría

adolecer de “defectos subsanables”, tales como la falta de

documentos

complementarios.

(Énfasis

suplido)

Recurso

Gubernativo, pág. 5 n.15.

En vista de los obstáculos para inscribir la Escritura

núm. 6, la Registradora le recomendó al Director Ejecutivo

del CRIM ejecutar la hipoteca legal tácita que grava las

fincas.

Finalmente,

el

6

de

febrero

de

2015,

el

CRIM

presentó un Recurso Gubernativo ante este Tribunal.

II.

A.

El Art. 76 de la Ley Hipotecaria dispone que “[t]odo

interesado

Puerto

Rico

podrá

recurrir

contra

la

ante

el

Tribunal

calificación

final

Supremo

del

de

documento

hecha por el Registrador denegando el asiento solicitado”.

(Énfasis suplido) 30 LPRA sec. 2279. En su escrutinio, este

Tribunal

examinará

“la

existencia

o

no

de

las

faltas

aducidas”. (cita omitida) Acosta v. Registrador, 159 DPR

626, 631 (2003).

El ámbito de calificación del Registrador se encuentra

delimitado por el Art. 64 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA

sec.

2267.

Ese

artículo

dispone

que

comprenderá

“las

formas

extrínsecas

de

la

los

calificación

documentos

presentados, la capacidad de los otorgantes y la validez de

los actos y contratos contenidos en tales documentos. Los

registradores fundamentarán su calificación de los actos y

contratos a registrarse en los documentos que se presenten,

los asientos registrales vigentes y las leyes”. Íd.; véase

RG-2015-0001

5

además Rigores v. Registrador, 165 DPR 710, 720 (2005). En

el

desempeño

dispone

de

dispuesto

de

un

su

función

plazo

para

originalmente

calificadora,

el

Registrador

calificar

se

encontraba

en

el

que

Art.

52

de

la

Ley

Hipotecaria, 30 LPRA sec. 2255.

El término impuesto por la Ley Hipotecaria constaba de

sesenta

días

contados

a

partir

de

la

presentación

del

instrumento público ante el Registro de la Propiedad. Íd.

El Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria y del

Registro de la Propiedad Núm. 2674 (“Reglamento Hipotecario

Núm. 2674”), Departamento de Justicia, 9 de julio de 1980,

según enmendado, disponía que en el caso de incumplimiento

con

dicho

plazo

para

calificar,

se

podía

presentar

una

queja contra el Registrador y, en caso de ser necesario,

ante

el

Director

Administrativo

del

Registro

de

la

Propiedad (“Director Administrativo”). Véase L. R. Rivera

Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 3ra

ed., San Juan, Ed. Jurídica Editores, 2012, págs. 276-277.

Ese

procedimiento

permitía

al

Director

Administrativo

investigar y tomar la acción pertinente en torno a una

tardanza por el registrador que se estime injustificada,

como por ejemplo, ordenarle al Registrador tomar la acción

correspondiente.

Véase

Reglamento

Hipotecario

Núm.

2674,

supra, Art. 66.3, pág. 29. Por analogía, en cuanto al plazo

para

recalificar,

hemos

señalado

el

mismo

remedio

reglamentario. SLG Pérez Rivera v. Registradora, 189 DPR

RG-2015-0001

6

729, 740-741 (2013); véase además Algarín v. Registrador,

110 DPR 603, 609 n.2 (1981).

Ahora bien, el 27 de diciembre de 2010 se aprobó la Ley

Núm. 216-2010, 30 LPRA sec. 1821 et seq., con el fin de

alivianar el atraso en la inscripción de títulos en el

Registro de la Propiedad. Se desprende de su Exposición de

Motivos

que

se

tomó

la

determinación

extraordinaria

de

inscribir por fíat legislativo ciertos títulos que pendían

en el Registro de la Propiedad con el fin de brindarle

certeza

al

tráfico

jurídico.

Exposición

de

Motivos,

Ley

Núm. 216-2010, supra. Cónsono con el ánimo de agilizar el

procedimiento

de

inscripción

en

el

Registro

de

la

Propiedad, la Ley Núm. 216-2010 estableció en su Art. 5, 30

LPRA

sec.

contados

1824,

a

un

partir

“plazo

de

su

improrrogable”

vigencia

para

de

dos

años

calificar

los

documentos que no quedaron inscritos mediante su operación,

tales

como

agrupaciones.

aquellos

Art.

2,

que

Ley

contenían

Núm.

segregaciones

216-2010,

supra.

y

Además,

dispuso de un “plazo improrrogable” de noventa días para

calificar los documentos presentados a partir del 1ero de

mayo

de

2010.

Como

remedio

ante

el

incumplimiento

Registrador con los

términos

anteriormente expuestos,

del

el

legislador solo dispuso un remedio reglamentario.2

2

Un examen del historial legislativo de la Ley Núm. 2162010, supra, revela que la versión original presentada en

la Asamblea Legislativa del P. de la C. 2683 no contenía el

término “improrrogable” al referirse al plazo no mayor de

dos años que tendrían los Registradores para calificar los

documentos que no quedaron inscritos automáticamente. Según

consta en el informe de la Comisión de Asuntos de lo

RG-2015-0001

El

7

Reglamento

del

Departamento

de

Justicia

para

la

ejecución de la Ley Núm. 216 de 27 de diciembre de 2010

Núm. 7988 de 4 de febrero de 2011, dispone de un mecanismo

de fiscalización que emula sustancialmente al dispuesto por

el antiguo Reglamento Hipotecario Núm. 2674. Así, ante el

incumplimiento

del

calificar

dispuesto

remedio

la

para

Registrador

en

parte

la

Ley

con

Núm.

interesada

en

el

término

216-2010,

la

el

para

único

inscripción

es

requerirle por escrito al Registrador que cumpla con el

plazo para calificar. Véase Reglamento Núm. 7988, supra,

Art. 10, págs. 6-7. El Registrador tendrá treinta días, a

partir del recibo del requerimiento, para cumplir con el

término aplicable. Si el Registrador no ha cumplido luego

de haber sido requerido por escrito, el Reglamento Núm.

7988 provee también para que el Director Administrativo o

la

parte

interesada

en

la

inscripción,

presente

una

querella ante un funcionario designado para ello. Íd., pág.

7.

Nada

se

incumplimiento

dispuso

y

las

en

cuanto

posibles

los

efectos

sanciones

que

ese

disciplinarias

tendrían sobre el documento presentado para calificación.

Véase

L.

R.

Rivera

Rivera,

op.

cit.,

pág.

277.

Del

Jurídico y de Ética de la Cámara de Representantes, ese

término fue añadido como parte del proceso legislativo a

sugerencia de la Asociación de Notarios. Informe de la

Comisión de Asuntos de lo Jurídico y de Ética de la Cámara

de Representantes, pág. 7. Ante esa sugerencia, el

Departamento de Justicia no tuvo objeción, pero sugirió que

se incluyera en el mismo Art. 5 que los registradores solo

podrían ser sancionados cuando incumplieran con los

referidos términos por razones únicamente atribuibles a

ellos. Esas dos sugerencias fueron acogidas por la Asamblea

Legislativa.

RG-2015-0001

8

historial legislativo tampoco surge que la intención del

legislador fuera que la tardanza en calificar tuviera algún

efecto

sobre

el

documento

presentado.

Al

contrario,

el

historial refleja que el legislador presumió que el plazo

concedido por el Art. 5 de la Ley Núm. 216-2010, supra, era

suficiente para poner al día el Registro de la Propiedad.

Informe de la Comisión de Asuntos de lo Jurídico y de Ética

de

la

Cámara

de

Representantes,

pág.

19.

Por

eso,

no

podemos, por fíat judicial, decretar que el documento quedó

inscrito automáticamente por el mero transcurso del término

improrrogable que estableció el legislador. Es decir, ante

el incumplimiento con el plazo para calificar, corresponde

al Director Administrativo tomar la acción correspondiente.

B.

De hecho, siempre hemos expuesto que el mero paso del

tiempo

tampoco

faculta

a

una

parte

interesada

en

la

inscripción a presentar un recurso gubernativo. Véase, SLG

Pérez

Rivera

v.

Registradora,

supra;

Algarín

v.

Registrador, 110 DPR 603 (1981).

Sin embargo, en instancias donde el Registrador se ha

negado a calificar expresamente, hemos utilizado el recurso

gubernativo,

Indicamos

para

entonces

ordenarle

que

que

negativa

“[l]a

cumpla

del

con

su

deber.

Registrador

a

calificar es materia típica de la jurisdicción gubernativa,

porque esa negativa, bien o mal fundada, en efecto cierra

el Registro a la parte interesada en la inscripción, el

mismo desenlace de la denegatoria y la suspensión”. Hous.

Inv. Corp. v. Registrador, 110 DPR 490, 500 (1980).

RG-2015-0001

9

En esas instancias notamos la actuación peculiar del

Registrador

de,

expresamente

a

hasta

la

por

ejemplo,

calificar

subsanación

y

de

enviar

de

suspender

un

defecto

independiente.

Véanse:

Hous.

supra,

498-499

(mediante

págs.

suspendió

la

calificación

judicial

hasta

tanto

Inv.

de

se

una

una

la

en

Corp.

una

nota

calificación

un

v.

nota

un

documento

Registrador,

emitida,

escritura

subsanara

negándose

de

defecto

se

venta

en

la

anotación preventiva de demanda que culminó en la venta

judicial

descrita

en

la

escritura);

Castro

Lund

v.

Registrador, 102 DPR 295, 301-303 (1974) (discute los casos

en

los

que

el

Registrador

emitió

notas

negándose

como

cuestión de hecho a inscribir); Rivera v. Registrador, 74

DPR

127,

132

(1952)

(se

devolvieron

los

documentos

presentados junto a una nota negándose a realizar operación

alguna en el Registro); Autoridad de Fuentes Fluviales v.

Registrador, supra, pág. 849 (se devolvieron los documentos

presentados junto a una nota negándose a realizar operación

alguna en el Registro). El denominador común en los casos

citados es la abdicación manifiesta del Registrador de su

razón de ser, la calificación de documentos. Esto contrasta

con los casos en los que rechazamos intervenir porque no

existía una verdadera negación a practicar una operación

registral, sino, un incumplimiento con el plazo para llevar

a cabo la función en cuestión. Véanse, SLG Pérez Rivera v.

Registradora,

supra;

Senior

Las

Marías

Corp.

v.

RG-2015-0001

Registrador,

10

113

DPR

675,

683

n.5

(1982);

Algarín

v.

registradores

a

Registrador, supra.

Los

dictámenes

calificar

instrumentos

ordenando

a

públicos,

los

tienen

como

fin

el

que

estos cumplan con su deber de calificar los documentos que

se presentan ante el Registro de la Propiedad. Art. 64, Ley

Hipotecaria,

30

LPRA

sec.

2267.

No

obstante,

debemos

resaltar que este Tribunal no supervisa el funcionamiento

interno del Registro de la Propiedad; esa competencia recae

sobre el Secretario de Justicia. Art. 2, Ley Hipotecaria,

30 LPRA sec. 2001; véase además E. Vázquez Bote, Derecho

Inmobiliario Registral II, New Hampshire, Ed. Butterworth

Legal

Publishers,

Consecuentemente,

ante

1992,

Vol.

XV,

un

en

donde

caso

se

pág.

344.

alegue

una

negativa a calificar deberá dirimirse si, en efecto, el

Registrador se ha negado a calificar o si en realidad se

trata de una demora en el proceso de calificación, pues no

podemos

inmiscuirnos

indebidamente

en

el

funcionamiento

interno del Registro de la Propiedad.

III.

En este caso, del propio alegato del CRIM se desprende

que no existe una calificación final, expresa o implícita,

que

podamos

revisar.

Aunque

el

CRIM

nos

describió

una

alegada negativa a calificar por parte de la Registradora,

también nos señaló que la Registradora le informó que la

Escritura

núm.

6

podría

adolecer

de

documentos

complementarios, falta que impide su inscripción. Art. 68,

RG-2015-0001

Ley

11

Hipotecaria,

30

LPRA

sec.

2271.

A

dicha

alegación

debemos añadirle que la Registradora se mostró dispuesta a

reunirse con la representación legal del CRIM para discutir

la calificación de la escritura en cuestión.

En

otras

palabras,

no

estamos

ante

una

negativa

a

calificar con carácter de calificación final y que para

todos los efectos prácticos cierre el Registro a la parte

interesada. Regla 27(a) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap.

XXI-B R.27(a). Más bien, el cuadro fáctico nos lleva a

concluir que en realidad estamos ante una tardanza en el

proceso de calificación. Dicho de otra forma, el proceso de

calificación

del

instrumento

público

en

cuestión,

la

Escritura núm. 6, luego de 15 años aún no ha concluido. En

contraste con la jurisprudencia pertinente, en este caso no

surge del expediente que la Registradora haya devuelto el

instrumento público que debe calificar ni tampoco que haya

emitido

una

nota

de

naturaleza

alguna

que

sugiera

la

negación del asiento solicitado en la Escritura núm. 6.

Todo lo contrario. Se desprende de las propias alegaciones

de

la

peticionaria

comunicó

en

que

varias

la

Registradora

instancias

con

el

se

CRIM

reunió

y

se

durante

el

proceso de calificación. Además, debemos recordar que las

cartas enviadas por el CRIM hacen alusión expresa a que la

Registradora informó durante la reunión que sostuvo con la

representación

escritura

de

págs. 71,72.

legal

epígrafe

del

CRIM,

a

brevedad

la

que

“calificaría

posible”.

la

Apéndice,

Por lo tanto, no podemos concluir que nos

RG-2015-0001

12

encontramos

ante

una

calificación

final,

expresa

o

implícita, que habilite nuestra jurisdicción gubernativa.

No podemos inferir de forma alguna que el mero paso del

tiempo creó un derecho a recurrir ante este Tribunal. De

hecho, presumir que el mero paso del tiempo, o la violación

del plazo improrrogable para calificar de la Ley Núm. 2162010, supra, configuran una denegación tácita de un asiento

registral

plantea

Primeramente,

supervisores

nos

de

un

más

problemas

subrogaríamos

componente

que

en

de

la

la

soluciones.

posición

Rama

de

Ejecutiva,

facultad que no tenemos. Véase E. Vázquez Bote, op. cit.,

Vol. XV, pág. 344.

Además, tendríamos la tarea de definir

cuánto tiempo es suficiente para calificar un instrumento

público en el Registro de la Propiedad. Es precisamente

para atender eso, que nuestra jurisprudencia ha requerido

un acto manifiesto para suponer una denegatoria implícita

de un asiento registral.

Somos conscientes de las implicaciones que tiene en el

tráfico jurídico y comercial el que un instrumento público

permanezca

años

en

el

Registro

de

la

Propiedad

sin

calificar. No obstante, nada en nuestro ordenamiento nos

permite interferir con la labor de la Registradora cuando

no ha habido actuación alguna que nos permita concluir que

esta ha abdicado a su deber personalísimo: la calificación

de instrumentos públicos. Como vimos, existe un mecanismo

para evitar que un instrumento público permanezca inmóvil

en el Registro de la Propiedad. Ahora bien, corresponde a

RG-2015-0001

las

13

otras

dos

efectividad

de

ramas

ese

constitucionales

remedio

en

base

a

determinar

la

experiencia

y

la

modificarlo de entenderlo necesario.

Según

discutido

en

la

jurídico

únicamente

le

permite

escrito

a

la

sección

Registradora

que

al

anterior,

CRIM

cumpla

el

marco

requerirle

con

el

por

término

estatutario para calificar la Escritura núm. 6. En caso de

inacción

por

parte

de

la

Registradora

luego

del

requerimiento escrito, el CRIM tendrá a su disposición la

posibilidad de presentar una querella ante el funcionario

designado a esos efectos por el Secretario de Justicia. Esa

fue la voluntad legislativa al diseñar el Registro de la

Propiedad, la cual hasta el día de hoy, no ha cambiado. La

propia Ley Hipotecaria en su Art. 65, 30 LPRA sec. 2268,

establece que, salvo los casos en donde proceda el recurso

gubernativo

contra

podemos

distinta

en

una

calificación,

forma

los

obligar

o

tribunales

impedir

a

no

los

registradores a practicar operación registral alguna. Así,

por

ejemplo,

procede

un

registrador

Cividanes

v.

hace

más

recurso

a

de

de

un

siglo

mandamus

establecimos

para

inscribir

un

documento

Registrador

de

la

obligar

en

Propiedad,

que

no

a

un

el

registro.

11

DPR

271

(1906). Por consiguiente, y en vista de lo anteriormente

discutido, la intervención de este Tribunal, de acuerdo a

los hechos de este caso, estaría a destiempo.

RG-2015-0001

14

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el

presente Recurso Gubernativo por falta de jurisdicción.

Rafael L. Martínez Torres

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Centro

de

Recaudación

Ingresos Municipales

de

Peticionario

RG-2015-0001

v.

Hon.

Lourdes

M.

Bobé

Santiago, Registradora de la

Propiedad de la Sección de

Humacao

Recurrida

Sentencia

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de octubre de 2015.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integrante de

la presente Sentencia, se desestima el presente

Recurso Gubernativo por falta de jurisdicción.

Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza

Asociada Oronoz Rodríguez disiente con opinión

escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Centro

de

Recaudación

Ingresos Municipales

de

Peticionario

RG-2015-1

v.

Hon.

Lourdes

M.

Bobé

Santiago, Registradora de la

Propiedad de la Sección de

Humacao

Recurrido

Opinión Disidente

Rodríguez

emitida

por

la

Jueza

Asociada

Oronoz

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de octubre de 2015.

Cuando transcurren 15 años y la Registradora

de la Propiedad no califica un documento, no se

trata de una mera demora, sino –de facto- de una

denegatoria a calificar. En tales circunstancias,

este Tribunal tiene jurisdicción para intervenir y

ordenarle

a

la

documento.

Como

Registradora

que

califique

una

de

este

mayoría

el

Tribunal

resuelve de otra forma, disiento.

I

Mediante este Recurso Gubernativo el Centro de

Recaudación

solicita

de

que

Ingresos

le

Municipales

ordenemos

a

la

(CRIM)

nos

Registradora

RG-2015-0001

2

de la Propiedad de la Sección de Humacao, la Hon. Lourdes

M.

Bobé

núm.

6

Santiago

de

11

(Registradora),

de

mayo

de

calificar

1995

sobre

la

Escritura

Cancelación

de

Condiciones Restrictivas, Segregación, Permuta y Agrupación

(Escritura

núm.

6).

Ésta

fue

otorgada

por

Intel

Puerto

Rico, Inc. ante el notario Esteban R. Bengoa Becerra y se

presentó al Asiento 127 del Diario de Operaciones 736 del

Registro de la Propiedad (Registro), Sección de Humacao, el

1 de agosto de 2000.

Una

mayoría

de

este

Tribunal

desestima

el

recurso

gubernativo por falta de jurisdicción al concluir que “no

estamos

ante

una

negativa

a

calificar

con

carácter

de

calificación final y que para todos los efectos prácticos

cierre el Registro a la parte interesada”.3 Aun reconociendo

que

después

de

15

años

todavía

la

Registradora

no

ha

calificado la Escritura núm. 6, la mayoría remite al CRIM a

un

procedimiento

administrativo

para

que

ventile

ahí

su

reclamo.

Según

conlleva

el

que

Registradora

Reglamento

Núm.

el

CRIM

le

que

cumpla

con

7988,4

requiera

el

dicho

por

término

procedimiento

escrito

aplicable

a

la

para

calificar en un plazo no mayor de 30 días.5 Reglamento Núm.

7988, supra, págs. 6-7. En caso de que ésta no actúe, el

3

Opinión mayoritaria, pág. 10.

Reglamento para la ejecución de la Ley Núm. 216 de 27 de diciembre de

2010, conocida como Ley para Agilizar el Registro de la Propiedad,

Reglamento Núm. 7988, Departamento de Justicia, 4 de febrero de 2011,

págs. 6-7.

5

En este caso, el CRIM le envió dos cartas a la Registradora -el 2 de

octubre de 2014 y el 10 de noviembre de 2014- para indagar sobre el

estatus de la calificación de la Escritura núm. 6 y señalar la

importancia de dicha gestión.

4

3

RG-2015-1

CRIM

podrá

presentar

una

querella

ante

un

funcionario

designado por el Secretario de Justicia. Íd., pág. 7. Según

la

Ley

Núm.

216-2010,

denominada

Ley

para

Agilizar

el

Registro de la Propiedad (Ley Núm. 216), el Registrador

será

sancionado

disciplinariamente

sólo

cuando

el

incumplimiento con los plazos se deba a razones atribuibles

únicamente a su conducta. 30 LPRA sec. 1824.6 Es evidente

que dicho procedimiento es uno disciplinario que no tiene

ningún

efecto

calificación.

sobre

el

documento

R.

Rivera

Rivera,

L.

presentado

Derecho

para

Registral

Inmobiliario Puertorriqueño, 3ra ed., San Juan, Jurídica

Editores, 2012, pág. 277.

La

Opinión

mayoritaria

cita

varios

casos

para

demostrar que este Tribunal se ha negado a intervenir con

el

Registrador

cuando

éste

meramente

se

demora

en

el

proceso de calificación. En cuanto a dichos casos, entiendo

pertinente

señalar

que

el

tiempo

que

transcurrió

en

el

proceso de calificación no se compara con el que tenemos

ante nuestra consideración. A saber, en SLG Pérez Rivera v.

Registradora, 189 DPR 729 (2013) la Registradora se demoró

más de 5 meses en atender el escrito de recalificación; en

Senior Las Marías Corp. v. Registrador, 113 DPR 675 (1982),

6

Por otro lado, el Art. 66.3 del Reglamento general para la ejecución

de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad disponía que si el

Registrador incumplía con los términos para calificar, el interesado

podía presentar una queja contra éste y de ser necesario ante el

Director

Administrativo.

El

Director

Administrativo

haría

una

investigación y ordenaría al Registrador a tomar la acción que

correspondiera, de no existir causa justificada para la tardanza. Si el

Registrador no realizaba lo ordenado, el Director Administrativo se lo

informaría al Secretario de Justicia, el cual impondría las medidas

correctivas pertinentes mediante el procedimiento de jurisdicción

disciplinaria establecido. Reglamento General para la Ejecución de la

Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad Núm. 2674, Departamento

de Justicia, 9 de julio de 1980, según enmendado.

4

RG-2015-1

el Registrador se tardó 88 días en atender dicho escrito; y

en

Algarín

v.

Registrador,

110

DPR

603

(1981),

el

Registrador notificó un defecto, la parte lo objetó el 3 de

julio de 1980 y, al no tener respuesta del Registrador,

interpuso un Recurso Gubernativo el 4 de octubre de 1980,

es decir cuando habían transcurrido 3 meses. Ninguno se

compara al término transcurrido en este caso.

A

diferencia

mayoritaria,

denegatoria

de

lo

expuesto

considero

que

nos

de

la

Registradora

a

por

la

Opinión

encontramos

ante

calificar

documento

el

una

presentado. Me parece improcedente catalogar un término de

15 años como una tardanza o demora en calificar. Máxime

cuando la Ley Núm. 216 estableció un plazo improrrogable de

2

años

para

inscritos

calificar

los

automáticamente

en

documentos

que

virtud

dicha

de

no

quedaran

Ley.

Ese

término se estableció, entre otras cosas, para evitar que

se

notifiquen

presentación

faltas

del

10

o

documento,

15

años

las

cuales

después

no

de

se

la

puedan

resolver sin que el notario o la parte interesada incurran

en gastos adicionales por el tiempo que ha transcurrido.

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 216-2010.

El recurso gubernativo presentado por el CRIM es el

mecanismo

correcto

expresado

que

para

procede

defender

un

recurso

su

interés.

gubernativo

Hemos

cuando

el

Registrador se niega a calificar el documento presentado,

ya que ésta “es la más radical y absoluta forma de denegar

o suspender la inscripción [...] [y] esa negativa, bien o

mal

fundada,

en

efecto

cierra

el

Registro

a

la

parte

5

RG-2015-1

interesada en la inscripción [...]”. Housing Inv. Corp. v.

Registrador, 110 DPR 490, 500 (1980). Véase Autoridad de

Fuentes Fluviales de P.R. v. Registrador, 71 DPR 847, 850

(1950); Sucesión Franceschi v. Registrador, 39 DPR 736, 743

(1950). Asimismo, resolvimos que procede el recurso ante

una

nota

del

Registrador

que

como

cuestión

de

hecho

deniegue la inscripción, aunque no surja expresamente de la

misma.

Housing Inv. Corp. v. Registrador, supra, pág. 500.

Ante dichas expresiones se puede concluir que no hace falta

necesariamente

una

expresión

manifiesta

por

parte

del

Registrador denegando la calificación del documento para

que

este

Tribunal

intervenga.

Tal

y

como

reconoce

el

profesor Luis Rafael Rivera Rivera, lo anterior conlleva

ciertas dificultades ya que cuando no se esté ante un caso

en el cual el Registrador expresamente se haya negado a

calificar pudiera ser difícil precisar si éste se ha negado

o si estamos ante una demora. L. R. Rivera Rivera, Derecho

Registral Inmobiliario Puertorriqueño, op. cit., pág. 277.

Sin embargo, el hecho de que haya alguna dificultad no

puede ser impedimento para actuar y ofrecerle un remedio a

la parte que espera por que se califique su documento.

Debemos, pues, verlo caso a caso.

Reconozco que en este caso no hay un documento del

cual

surja

expresamente

que

el

Registrador

se

negó

a

ejercer su deber.7 No obstante, entiendo que cuando han

7

Sin embargo, el CRIM expone en su Recurso Gubernativo que, luego de

enviar la segunda carta, la Registradora llamó al Director Ejecutivo

del CRIM y le informó de su negativa a calificar la Escritura núm. 6.

Asimismo, le invitó a ejecutar la hipoteca legal tácita que grava las

fincas. Recurso Gubernativo, pág. 7. A pesar de entender que en este

caso el Registrador se negó a calificar al no realizar acto alguno en

6

RG-2015-1

transcurrido 15 años desde la presentación de un documento

para

su

inscripción

sin

que

el

Registrador

lo

haya

calificado, ello constituye una abdicación manifiesta de su

deber

y

dicha

actuación

implica

una

denegatoria

a

calificar.8 Siendo, pues, una denegatoria, se permite la

presentación de un recurso gubernativo y la intervención de

este Tribunal.

La

negativa

incertidumbre

e

del

Registrador

inestabilidad

en

el

a

calificar

tráfico

crea

jurídico

de

bienes inmuebles, lesiona derechos de ciudadanos, afecta

las transacciones comerciales y tiene un impacto real en el

desarrollo económico del País. En el caso particular ante

nos,

la

denegatoria

de

la

Registradora

a

calificar

la

Escritura núm. 6 le impide al CRIM subastar las fincas para

cobrar

su

consecuencia

acreencia.9

de

la

Además,

y

según

se

negativa

a

calificar

alega,

-y

ante

como

la

imposibilidad de venderlas en pública subasta- las fincas

se han ido deteriorando debido al abandono en el que se

encuentran, para detrimento de la agencia y del Municipio

15 años, la llamada de la Registradora demuestra de forma aún más

tajante la situación de incertidumbre en la cual se encuentra el CRIM.

Además, el CRIM indica que la solución que provee la Registradora no es

viable en derecho porque la hipoteca legal tácita que se constituye en

virtud de la Ley Hipotecaria es por el importe de las contribuciones

correspondientes sólo a los últimos 5 años y el corriente, lo cual no

alcanza la totalidad de la deuda que reclama el CRIM. Íd., págs. 7-8.

30 LPRA sec. 2651. Por otro lado, dicha solución tampoco atendería el

problema de titularidad registral de las fincas en cuestión. Recurso

Gubernativo, pág. 8.

8

Cabe mencionar que para el mes de agosto de este año el Registro de la

Propiedad, Sección de Humacao, tenía pendientes de calificar 31,910

documentos. Véase Informes Estadísticos del Registro de la Propiedad,

Agosto

2015,

http://www.justicia.pr.gov/home/informesestadisticos/(última visita 1 de octubre de 2015).

9

Recurso Gubernativo, pág. 6. Aunque el CRIM señala que está

imposibilitado de subastar las fincas, en realidad no se trata de una

imposibilidad en el sentido de que no puede venderlas, sino que pocos

compradores van a arriesgar su dinero sobre unas fincas con posibles

defectos sobre sus títulos.

7

RG-2015-1

de Las Piedras.10 Asimismo, debido a que estamos ante un

mandato del legislador que requiere que se califiquen los

documentos en 2 años, el incumplimiento con dicho término

contraviene la política pública que se quiso adelantar.

Puesto que “la calificación registral constituye la

piedra angular del principio de legalidad”,11 así como un

acto

necesario

que

los

Registradores

están

obligados

a

realizar,12

procedería a ordenarle a la Registradora que

cumpla

su

con

deber

y

califique

la

Escritura

núm.

6.13

Bechara Fagundo v. Registradora, 183 DPR 610, 619 (2011); R

& G Premier Bank P.R. v. Registradora, 158 DPR 241, 246

(2002); L. R. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario

Puertorriqueño, op. cit., pág. 277. No debemos realizar una

interpretación inflexible de la situación ante

nosotros,

con

parte

el

efecto

de

negarle

un

remedio

a

una

que

claramente tiene derecho al mismo.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Asociada

10

Íd., pág. 8.

“El principio de legalidad es uno de los principios axiales del

derecho hipotecario. Exige que los títulos que pretenden acceder al

Registro de la Propiedad sean sometidos a un examen previo,

verificación o calificación, de suerte que sólo puedan tener acceso a

los libros hipotecarios los títulos válidos y perfectos.” BL Investment

v. Registrador, 173 DPR 833, 839 (2008).

12

Huelga mencionar que la calificación de documentos es la función

principalísima de un Registrador.

13

En este caso, la denegatoria de la Registradora a calificar, en

efecto, le cierra el Registro al CRIM por lo que constituye una

denegatoria y procede que este Tribunal le ordene, no a inscribirlo,

sino a calificar el documento.

11