Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pueblo v. William J. Rodriguez
2015 TSPR 139
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pueblo v. William J. Rodriguez
CC-2014-137
Procedimiento Criminal – Moción de Nuevo Juicio: Solicitud bajo la Regla 188(a) – Naturaleza impugnatoria de la prueba descubierta; necesidad de evaluar la totalidad de la prueba al considerar la moción de nuevo juicio
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
Certiorari
v.
2015 TSPR 139
William J. Rodríguez
193 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2014-137
Fecha: 19 de octubre de 2015
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray
Procuradora General
Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez
Subprocuradora General
Lcda. Daphne M. Cordero Guilloty
Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Eduardo Otero Ortiz
Lcdo. Juan Albino González
Materia: Procedimiento Criminal – Moción de Nuevo Juicio: Solicitud
bajo la Regla 188(a) – Naturaleza impugnatoria de la prueba
descubierta; necesidad de evaluar la totalidad de la prueba al
considerar la moción de nuevo juicio.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
CC-2014-137
Peticionario
Certiorari
v.
William J. Rodríguez
Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Presidenta SEÑORA FIOL MATTA
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2015.
La
controversia
que
presenta
este
caso
nos
permite analizar la Regla 188(a) de Procedimiento
Criminal, sobre solicitudes de nuevo juicio basadas
en el descubrimiento de prueba nueva y presentadas
antes
de
que
expresarnos,
se
dicte
la
específicamente,
relacionado
a
prueba
Abordaremos
también
solicitudes
de
de
cómo
nuevo
sentencia,
sobre
el
para
requisito
naturaleza
impugnatoria.
se
evaluar
juicio,
deben
estas
particularmente
la
necesidad de tomar en cuenta, no solo la prueba
alegadamente nueva, sino la totalidad de la prueba
presentada durante el juicio.
CC-2014-137
2
I
El 10 de marzo de 2012, la señora L.G. estudiante
universitaria
en
Estados
Unidos,
llegó
a
Puerto
Rico
para colaborar en un proyecto de investigación junto a
otros estudiantes de su universidad. El grupo habría de
residir
por
varias
semanas
en
el
Condominio
Ashford
Imperial en el Condado, donde la señora L.G. ocupaba un
apartamento en el piso 18 con una compañera de estudios.
Por hechos ocurridos en la madrugada del 14 de abril
de 2012, el Ministerio Público presentó una denuncia por
el delito de agresión sexual contra el señor William J.
Rodríguez,
un
guardia
de
seguridad
del
Condominio
Ashford Imperial.1 Según la denuncia, durante su turno de
trabajo,
el
señor
Rodríguez
violó
a
la
señora
L.G.
cuando ésta regresaba a su apartamento. Además, se alegó
como
circunstancia
cometidos
agravante
empleando
fuerza
que
los
física,
hechos
fueron
violencia
e
intimidación.
El juicio contra el acusado comenzó el 1 de octubre
de 2012. Testificaron la señora L.G., el doctor que la
examinó luego de la agresión sexual y los agentes de la
Policía de Puerto Rico que investigaron el crimen. El
tribunal
recibió
como
evidencia
las
pruebas
médicas
realizadas a la víctima y el informe médico, así como el
informe
1
del
Instituto
de
Ciencias
Forenses,
Art. 142(c) del Código Penal, 33 LPRA sec. 4470.
el
CC-2014-137
3
certificado de análisis forense de ADN y los expedientes
médicos de la perjudicada. Además, recibió el informe
preparado por la agente de delitos sexuales que llevó a
cabo la investigación, las fotografías de la escena, un
video del vestíbulo del Condominio Ashford Imperial —que
proyectaba
el
área
donde
la
víctima
y
el
acusado
se
encontraron la noche de los hechos— y un video de la
escalera para acceder a la azotea del condominio, donde
eventualmente ocurrieron los hechos.
Durante su turno para contrainterrogar a la víctima,
la defensa del imputado impugnó la credibilidad de su
testimonio.
Le
preguntó
si
ella
o
su
familia
habían
contratado a un bufete de abogados para presentar una
demanda por los daños sufridos como consecuencia de la
agresión
sexual
cometida
en
su
contra.2
La
fiscalía
objetó esta línea de preguntas, pero luego de discutirlo
con los representantes de cada parte el juez permitió que
la defensa continuara. La testigo negó tener la intención
de presentar una demanda civil por daños.
En
volvió
su
a
turno
para
preguntar
si
recontrainterrogar,
la
víctima
había
la
defensa
contratado
un
abogado o abogada para instar una reclamación civil por
los
2
hechos
delictivos
y
si
fue
acompañada
por
un
Específicamente, el abogado de defensa preguntó:
―[o]iga, testigo, mire a ver si lo cierto es que usted,
su familia, incluso vienen aquí, contrató los servicios
de los abogados del bufete de Salvador Casellas para
radicar
una
demanda‖.
Apéndice
del
recurso
de
certiorari, pág. 272.
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4
representante legal a la vista preliminar. La víctima
contestó todas estas preguntas en la negativa.
Antes que comenzara el juicio, la defensa del señor
Rodríguez ya había indagado sobre el interés económico de
la
señora
L.G.
defensa
había
judicial
de
en
dos
ocasiones.
solicitado
unas
que
anotaciones
Particularmente,
la
se
tomara
conocimiento
que
realizó
el
juez
que
presidió la vista preliminar. Según alegó la defensa, el
juez indicó en las notas que la señora L.G. compareció a
la vista acompañada por el licenciado Casellas, quien
había sido su compañero de trabajo. Se desprende de las
notas que el juez informó a los presentes que conocía al
licenciado Casellas, quien comparecía como amigo de la
familia de la víctima. Mediante resolución dictada el 24
de
octubre
de
2012,
el
tribunal
se
negó
a
tomar
conocimiento judicial de estas anotaciones. La defensa
entonces solicitó que el tribunal ordenara que el juez
que
presidió
testigo
de
la
la
vista
preliminar
defensa,
solicitud
compareciera
como
que
fue
también
denegada, el 3 de diciembre de 2012.
Concluido el desfile de la prueba, el jurado emitió
un
veredicto
unánime
el
11
de
diciembre
de
2012
y
encontró que el señor Rodríguez era culpable del delito
de agresión sexual.
Así las cosas, el 16 de abril de 2013, antes del
acto de lectura de sentencia, el señor Rodríguez solicitó
CC-2014-137
5
que el Tribunal de Primera Instancia le concediera un
nuevo juicio, pues entendía que contaba con prueba nueva
para impugnar a la testigo principal del caso, la señora
L.G. Esta nueva evidencia consiste en que el 18 de marzo
de 2013 la víctima y sus padres habían presentado una
demanda sobre daños y perjuicios en el Tribunal federal
de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en
contra
del
Condominio
Ashford
Imperial,
lugar
donde
ocurrieron los hechos, y su aseguradora. Reclamaron $4.7
millones como compensación. El señor Rodríguez sostuvo
que esta prueba nueva confirmaba la teoría de la defensa
de que la víctima tenía un motivo pecuniario para mentir
e imputarle falsamente la comisión del delito al señor
Rodríguez.
durante
Específicamente,
el
recordó
contrainterrogatorio
al
tribunal
que
la
víctima
fue
cuestionada sobre su intención de instar una acción civil
por
los
daños
y
perjuicios
sufridos
a
raíz
de
la
violación, a lo cual contestó en la negativa en más de
una ocasión. Según el señor Rodríguez, esta nueva prueba
hubiera creado en la mente del jurado duda razonable,
resultando en un veredicto a su favor.
El Ministerio Público se opuso a la solicitud. Adujo
que ninguno de los fundamentos expresados por el señor
Rodríguez cumplía los criterios establecidos en la Regla
188 de Procedimiento Criminal para la concesión de un
CC-2014-137
6
juicio.3
nuevo
Explicó
que
esta
controversia
sobre
el
testimonio de la señora L.G. ya había sido ventilada en
el juicio, donde fue adjudicada y creída por el jurado,
por lo que el valor exculpatorio de la supuesta prueba
nueva era altamente especulativo.
Tras examinar ambas posiciones y celebrar una vista
argumentativa, el Tribunal de Primera Instancia declaró
con lugar la solicitud de nuevo juicio. Concluyó que si
el jurado hubiera conocido que la víctima tenía intención
de demandar se hubiera podido afectar adversamente su
credibilidad
como
testigo
principal
del
caso,
pues
tendría una motivación o interés especial en el resultado
del
caso
llevar
al
criminal.
Por
eso,
esta
jurado
a
emitir
un
prueba
nueva
veredicto
podría
distinto.
Específicamente, el tribunal expresó lo siguiente:
No hay duda de que el resultado del proceso
criminal era fundamental para que la acción
civil instada por la testigo y sus padres
tuviera posibilidad de prosperar. La prueba de
la agresión sexual dependía del testimonio de
la víctima más que de la evidencia física o
científica. Por tanto, existen razones para
pensar que el testimonio de la víctima se pudo
haber afectado por los intereses económicos que
tenía en la demanda civil. Este planteamiento
cobra mayor vigencia al observar que, en la
demanda civil no se demanda al convicto, quien
presumiblemente
no
cuenta
con
capacidad
económica
alguna
para
responder
por
la
millonaria suma reclamada, sino contra aquellas
partes que tenían algún tipo de relación con el
convicto y que cuentan con capacidad económica
para pagar.
A la luz de los hechos del presente caso, nos
parece que de haberse contado con esa nueva
3
34 LPRA Ap. II, R. 188.
CC-2014-137
7
evidencia, ello pudiera haber dado el espacio
que exige el debido proceso de ley para que la
defensa tratara de establecer una motivación
particular de la víctima en el resultado de un
caso criminal. Dicha parte debe poder tratar de
establecer
ese
hecho
principal
ante
el
juzgador. El no haberlo podido hacer macula el
proceso
y
socava
su
confiabilidad
y
su
resultado. Más aun, que de los hechos también
surge
que
la
testigo
principal
[L.G.],
estudiante universitaria, omitió revelar el
hecho de su interés pecuniario en el caso, lo
cual puede representar una motivación especial
y parcialidad.4
El
Ministerio
Público
acudió
al
Tribunal
de
Apelaciones mediante un recurso de certiorari. Ese foro
denegó
expedir
el
recurso
tras
concluir
que
el
foro
primario no había abusado de su discreción.5 Fundamentó
su análisis con el siguiente razonamiento:
el aspecto neurálgico que presenta este caso y
que pesa en nuestro ánimo para avalar la
determinación recurrida, es que la testigo
principal de cargo, la perjudicada, omitió
declarar durante el juicio criminal que tenía
un interés económico en el caso, así como, que
estuvo acompañada por un abogado de la práctica
civil durante alguna etapa del proceso. Esto,
aun cuando ello le fue específicamente y
directamente cuestionado. La realidad ha sido
que contrario a lo declarado bajo juramento
ante el tribunal y el jurado en el juicio
4
5
Apéndice del recurso de certiorari, pág. 263.
El Juez Roberto Rodríguez Casillas emitió un voto
disidente en el que hizo constar que expediría y
revocaría la Resolución de instancia. El 24 de enero de
2014, el foro intermedio denegó una solicitud de
reconsideración.
CC-2014-137
8
contra el señor Rodríguez, la perjudicada, en
efecto, presentó una acción civil por daños y
perjuicios ante el Tribunal Federal, Corte de
Distrito de Puerto Rico, por los hechos que
dieron lugar a la acusación y convicción del
señor
Rodríguez.
Además,
está
siendo
representada por el mismo Lcdo. Casellas que la
acompañó durante la vista preliminar.
El TPI al considerar la solicitud de nuevo
juicio concluyó que esta nueva información debe
ser considerada por el jurado y ser objeto de
confrontación
por
la
defensa
del
señor
Rodríguez. En vista de que la perjudicada al
parecer
mintió,
ante
una
línea
de
interrogatorio
respecto
a
ello,
el
foro
recurrido, correctamente a nuestro juicio,
resolvió que el resultado del juicio se ve
socavado, así como el debido proceso de ley.6
El 24 de febrero de 2014, la Procuradora General
solicitó
nuestra
certiorari.
General
intervención
Pendiente
también
su
mediante
consideración,
solicitó
que
se
petición
la
de
Procuradora
paralizaran
los
procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia y, en
particular, la celebración de una vista pautada para el
siguiente
día.
Examinada
su
moción
y
la
petición
de
certiorari, paralizamos los procedimientos y expedimos el
recurso.
II
Nuestra
acusada
de
Constitución
delito
el
le
garantiza
derecho
a
un
a
toda
juicio
persona
justo
e
imparcial en el que se le brinden todas las salvaguardas
de un debido proceso de ley.7 Cuando se lesionan esos
6
Apéndice del recurso de certiorari, pág. 414.
7
Art. II, secs. 7 y 11, Const. ELA, LPRA Tomo 1.
CC-2014-137
derechos
9
fundamentales
durante
el
proceso
criminal
se
quebrantan valores esenciales de nuestra sociedad y se
atenta directamente contra la libertad individual. Por
eso, hemos reiterado que hay derecho a un nuevo juicio
cuando en el trámite de una causa penal se ha lacerado el
debido proceso de ley al ocultarse o no proveerse prueba
que incide sobre la inocencia o culpabilidad del acusado.
De igual forma, procede ordenar un nuevo juicio cuando
surge
prueba
resuelto
y
nueva
no
pudo
que
menoscaba
presentarse
la
en
confianza
el
en
juicio.8
lo
Este
derecho a nuevo juicio le da primacía a la verdad sobre
aquellas bondades que puedan resultar del principio de
finalidad del procedimiento criminal.9
Nuestro ordenamiento permite que un tribunal conceda
un
nuevo
juicio
consentimiento
ya
del
sea,
a
acusado
instancia
o
a
propia,
petición
de
con
el
éste.10
8
Pueblo v. Velázquez Colón, 174 DPR 304, 326 (2008);
Pueblo v. Hernández Santana, 138 DPR 577 (1995); Pueblo
v. Morales Rivera, 115 DPR 107 (1984).
9
Pueblo
v.
Díaz
Morales,
170
DPR
749,
763
(2007)(Sentencia) (Opinión de conformidad de la Jueza
Asociada señora Fiol Matta, a la cual se une el Juez
Asociado señor Fuster Berlingeri).
10
34 LPRA Ap. II, R. 187.
CC-2014-137
10
Específicamente, las Reglas 188 y 192 de Procedimiento
Criminal disponen que el tribunal puede conceder un nuevo
juicio
tras
el
descubrimiento
de
prueba
nueva.11
Esta
norma es producto del desarrollo jurisprudencial conocido
como el ―Berry Rule‖.12
Antes de que entraran en vigor nuestras Reglas de
Procedimiento Criminal, el artículo 301 del Código de
Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico establecía que el
nuevo juicio consistía ―en volver a oír la causa en el
mismo
tribunal
pronunciado
el
pero
ante
otro
veredicto‖.13
jurado,
Aquella
después
de
disposición
no
reconocía el derecho a un nuevo juicio cuando el primero
se había ventilado ante un tribunal de derecho y tampoco
reconocía
la
posibilidad
de
que
el
tribunal,
con
el
consentimiento del acusado, ordenara el juicio nuevo a
instancia propia. El artículo 303 reconocía el derecho a
un
nuevo
juicio
cuando
se
hubiera
descubierto
―nueva
prueba que no pudo el acusado descubrir y presentar en el
11
34 LPRA Ap. II. Pueblo v. Marcano Parrilla, 168 DPR
721, 729 (2006)(en reconsideración) (en adelante Pueblo
v. Marcano Parrilla (II)).
12
Actualmente, en la jurisdicción federal las solicitudes
de nuevo juicio están codificadas en la Regla 33, de las
Reglas de Procedimiento Criminal, 18 U.S.C.A. 6 LaFave,
Israel, King and Kerr, Criminal Procedure, West 3rd Ed.,
sec. 24.11(d) (2007).
13
Reglas 187 a 192, Departamento de Justicia, Seminario
sobre las propuestas Reglas de Procedimiento Criminal,
San Juan, s. Ed. 1960, págs. 241-246.
CC-2014-137
juicio,
a
11
pesar
de
su
actividad
razonable
para
lograrlo…‖.14
Las Reglas de Procedimiento Criminal bifurcaron la
concesión de un nuevo juicio en dos reglas distintas, la
Regla 188 y la 192. La primera, en unión a la Regla 189,
regula la concesión de ese remedio antes de que se dicte
sentencia y la segunda después de dictarse la misma. La
Regla 188 de Procedimiento Criminal, además de modificar
el texto del artículo 303 del Código de Enjuiciamiento
Criminal, añadió varios fundamentos para la concesión de
un nuevo juicio. El más importante fue el reconocimiento
expreso de la discreción del tribunal para conceder un
nuevo juicio por cualquier causa no incluida expresamente
en el texto de la regla, siempre que esa causa no fuera
atribuible al acusado y que el derecho de éste a un
juicio justo e imparcial se viera afectado.15 No hay duda
que
con
la
adopción
de
las
Reglas
de
Procedimiento
14
Íd., pág. 242. Desde aquel entonces, habíamos requerido
que se cumpliera con varios requisitos desarrollados y
adoptados por la jurisprudencia. Entre ellos, que la
nueva prueba no fuera meramente acumulativa, y no
impugnara la prueba presentada en el juicio. A estos
requisitos se añadió que ―(1) la nueva evidencia debe ser
creíble… y (2) probablemente produciría un resultado
diferente‖. Pueblo v. Morales, 66 DPR 10, 20-21 (1946)
(citas internas suprimidas).
15
34 LPRA Ap. II, R. 188(f). Este reconocimiento fue
necesario ya que en Pueblo v. Vega, 69 DPR 406 (1948) y
en Pueblo v. Fraticelli, 70 DPR 308 (1949) se había
determinado que el texto del Artículo 303 contenía un
listado taxativo de fundamentos para un nuevo juicio.´
CC-2014-137
12
Criminal se plasmó la tendencia de liberalizar y expandir
el derecho a un nuevo juicio. Los nuevos fundamentos para
la concesión de un nuevo juicio introducidos en la Regla
188 ampliaron ―sensiblemente el marco de acción y aún de
discreción
del
tribunal
para
mejor
salvaguardar
los
intereses de todo acusado‖.16
Esa intención quedó evidenciada al incorporarse la
Regla 192, para la concesión de un nuevo juicio en etapas
posteriores
a
Comité
Procedimiento
de
la
sentencia.
Al
redactar
Criminal
de
esa
la
regla
el
Conferencia
Judicial recurrió al texto del Artículo 954 (4) de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal española, pero lo hizo con la
intención
recurso
de
hacer
paralelo
angloamericano.17
viable
al
Por
en
coram
eso
es
nuestro
ordenamiento
nobis
del
que
tenemos
un
ordenamiento
en
nuestro
ordenamiento dos reglas sobre la concesión de un nuevo
juicio,
y
a
ello
responde
la
diferencia
en
sus
lenguajes.18
16
Reglas 187 a 192, Departamento de Justicia, Seminario
sobre las propuestas Reglas de Procedimiento Criminal,
supra, pág. 243.
17
18
Pueblo v. Marcano Parrilla (II), supra, págs. 730-731.
La Regla 192 dispone que el tribunal podrá ―a solicitud
del acusado, conceder un nuevo juicio cuando después de
dictada la sentencia sobreviniere el conocimiento de
nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba de tal
naturaleza que evidencien la inocencia del condenado”. 34
LPRA Ap. II.
CC-2014-137
13
En la actualidad, la Regla 188 dispone lo siguiente:
[e]l tribunal concederá un nuevo juicio
por cualquiera de los siguientes fundamentos:
(a)
Que se ha descubierto nueva prueba,
la cual, de haber sido presentada en
el
juicio,
probablemente
habría
cambiado el veredicto o fallo del
tribunal, y la que no pudo el acusado
con razonable diligencia descubrir y
presentar en el juicio. Al solicitar
nuevo juicio por este fundamento, el
acusado deberá acompañar a su moción
la
nueva
prueba
en
forma
de
declaraciones juradas de los testigos
que la aducirán.
.
(f)
.
.
.
.
.
.
.
El tribunal, además, concederá un
nuevo
juicio
cuando,
debido
a
cualquier otra causa de la cual no
fuere responsable el acusado, éste no
hubiere tenido un juicio justo e
imparcial.19
La Regla 188(a), puede separarse en tres elementos
principales.
Primero,
la
prueba
descubierta,
por
su
naturaleza, debe ser suficiente como para demostrar que
su admisión probablemente cambiaría el fallo o veredicto.
Segundo, debe tratarse de prueba que no se pudo obtener
antes, a pesar de la diligencia razonable de la defensa.
Ello requiere, por último, que se acredite al tribunal
cuál es la prueba descubierta y la diligencia desplegada
para obtenerla.
El primero de estos elementos exige que la prueba
nueva lleve al juzgador a creer que si esta se hubiese
presentado durante el juicio el resultado probablemente
19
34 LPRA Ap. II, R. 188.
CC-2014-137
hubiese
14
sido
distinto,
recordando
que,
―no
cualquier
prueba conduce a la celebración de un nuevo juicio, sino
aquella que sea lo suficientemente sólida‖.20 Es decir, el
tribunal debe determinar si la prueba nueva, considerada
junto
a
la
suficiente
prueba
para
presentada
hacer
durante
probable
la
el
duda
juicio,
es
razonable
que
impide un fallo o veredicto de culpabilidad. En Pueblo v.
Marcano Parrilla (II) hicimos hincapié en la obligación
de no evaluar la prueba nueva de manera aislada y en que
se debe tomar en consideración la solidez de la evidencia
ya presentada en el juicio ―porque dicha evidencia ya
condujo a un veredicto o fallo condenatorio‖.21
En
Pueblo
v.
Martínez
Valentín
denegamos
solicitud de nuevo juicio por considerar,
una
entre otros
factores, que no era probable que la prueba cambiara el
fallo o veredicto.22 Allí citamos lo resuelto en el caso
federal Giglio v. United States: ―[s]in embargo, no se
requiere un nuevo juicio cada vez que un repaso de los
archivos
20
de
fiscalía
después
del
juicio
descubre
Pueblo v. Marcano Parrilla (II), supra, pág. 736.
21
Íd., págs. 736-737 citando Wright and Miller, Federal
Practice and Procedure: Civil, 3d sec. 557 (2004). Los
tribunales federales también reconocen que al evaluar la
probabilidad de un resultado distinto se debe evaluar la
prueba nueva a la luz de la totalidad del récord y no de
manera aislada. Específicamente ―[t]he strength of the
evidence presented at the trial is an important
consideration‖. Wright and Welling, Federal Practice and
Procedure, supra, pág. 463.
22
Pueblo
(1974).
v.
Martínez
Valentín,
102
DPR
492,
498-499
CC-2014-137
15
evidencia que si bien pudo ser de utilidad a la defensa
con toda probabilidad no hubiera cambiado el veredicto‖.23
En Pueblo v. Vázquez Izquierdo, analizamos la interacción
entre
el
requisito
parámetros
de
apelativos
hacia
de
la
probabilidad
deferencia
las
de
debida
cambio
por
determinaciones
los
del
y
los
foros
foro
de
instancia.24 En ese contexto, reiteramos que la concesión
del
nuevo
juicio
descansa
en
la
sana
discreción
del
tribunal sentenciador y los foros apelativos no deben
intervenir
salvo
un
claro
e
inequívoco
abuso
de
discreción.25
Los elementos segundo y tercero, necesarios según el
texto
de
la
Regla
188(a),
atienden
el
aspecto
de
diligencia en el trámite de la defensa y la necesidad de
demostrarle
al
tribunal
que
la
evidencia
merece
ser
considerada como prueba nueva. En términos generales, ni
el
acusado
ni
su
representante
legal
pueden
haber
conocido la supuesta prueba nueva previamente. En este
sentido, la prueba es nueva en la medida en que no se
pudo descubrir antes mediante un esfuerzo de diligencia
23
405 U.S. 150, 154 (1972).
24
96 DPR 154 (1968).
25
Íd. pág. 157. Pueblo v. Marcano Parrilla (II), supra,
pág. 737; Pueblo v. Morales Rivera, supra, pág. 110;
Pueblo v. Pardo Toro, 90 DPR 635 (1964); Pueblo v.
Aponte, 77 DPR 917, 921 (1954).
CC-2014-137
16
razonable.26 Para demostrar que eso es así, se tiene que
especificar en qué consiste la prueba nueva.27 También
hemos exigido se demuestre la diligencia desplegada por
la defensa.28
Además de los elementos recogidos en el texto de la
Regla 188(a), una solicitud de nuevo juicio basada en el
descubrimiento
de
prueba
nueva
debe
cumplir
con
requisitos desarrollados jurisprudencialmente. Estos son:
que la prueba sea creíble y pertinente y que no sea
meramente acumulativa ni prueba de impugnación.29
Estas exigencias de la jurisprudencia también deben
cumplirse cuando se solicita un nuevo juicio al amparo de
la
Regla
solicitud
192.
de
Sin
nuevo
embargo,
juicio
hemos
bajo
la
explicado
que
la
Regla
es
de
192
naturaleza excepcional ya que puede afectar la finalidad
y firmeza de una sentencia que se presume correcta.30 Por
26
Pueblo v. Arroyo Núñez, 99 DPR 842, 850 (1971); Pueblo
v. Pardo Toro, supra.
27
Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454 (1988).
28
Pueblo v. Maysonet, 103 DPR 102 (1974); Pueblo v.
Villalongo Torres, 102 DPR 574 (1974); Pueblo v. Tribunal
Superior, 100 DPR 700 (1972).
29
Pueblo v. Velázquez Colón, supra; Pueblo v. Marcano
Parrilla (II), supra, pág. 738; Pueblo v. Chévere
Heredia, 139 DPR 1 (1995); Pueblo v. Martínez Ortiz, 135
DPR 100 (1994); Pueblo v. Torres Rivera, 129 DPR 331
(1991); Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, supra, pág.
476; Pueblo v. Morales Rivera, supra, pág. 110; Pueblo v.
Beltrán, 73 DPR 509 (1952); Pueblo v. Ortiz, 68 DPR 681,
683 (1948); Pueblo v. Morales, supra.
30
Pueblo v. Marcano Parrilla (II), supra; Pueblo v.
Velázquez Colón, supra, pág. 327. En Pueblo v. Díaz
CC-2014-137
17
eso hemos resuelto que si bien el fin último de esa Regla
es liberalizar o ampliar el derecho a un nuevo juicio,
―la nueva prueba debe demostrar que es más probable que
el convicto sea inocente a que sea culpable.‖31
Los
próximos
dos
requisitos,
que
la
prueba
sea
creíble y que no sea meramente acumulativa, van dirigidos
a evaluar la probabilidad de que con ella se obtenga un
resultado
distinto.
Es
decir,
si
la
meramente
acumulativa,
probablemente
resultado
del
juicio,
pues
ya
evidencia
de
naturaleza
y
valor
se
prueba
no
nueva
es
cambiará
el
habría
presentado
probatorio
similar.32
Morales, supra, se aclaró, mediante sentencia, que la
solicitud de nuevo juicio bajo la Regla 192 no tiene que
esperar a que la sentencia advenga final y firme.
31
Pueblo v. Marcano Parrilla (II), supra, pág. 740
(énfasis suplido). Este Tribunal ha expresado que la
Regla 192 requiere un grado de prueba mayor al que se
exige para conceder un nuevo juicio bajo la 188(a). Íd.,
pág. 739. Sin embargo, ambas requieren un análisis de
probabilidad. Pueblo v. Velázquez Colón, supra, pág. 327.
Véase,
E.
L.
Chiesa
Aponte
y
A.
Febres
Jorge,
Procedimiento Criminal, 77 Rev. Jur. U.P.R. 657, 671-673
(2008). E. L. Chiesa Aponte y E. León Pérez, Derecho
Procesal Penal, 76 Rev. Jur. U.P.R. 617, 634 (2007).
32
Pueblo v. González de Demora, 92 DPR 75, 77 (1965);
Pueblo v. Beltrán, supra, pág. 519; Pueblo v. Morales,
supra. El Artículo 378 del Código de Enjuiciamiento
Civil, ya derogado, definía la evidencia acumulativa como
aquella que ―es la adicional del mismo carácter tendiente
al mismo fin‖. Véase E. L. Chiesa Aponte, Derecho
Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Ed.
Forum, V. III, 1995, pág. 447 n. 23.
CC-2014-137
18
Tampoco se debe conceder un nuevo juicio cuando la prueba
supuestamente nueva es increíble.33 Ahora bien, debido a
su naturaleza y propósito, al considerar estos factores
el tribunal debe evaluarlos cuidadosamente a la luz de la
prueba ya presentada.
La exigencia de que la petición no se fundamente en
prueba
de
impugnación
merece
un
análisis
sosegado
y
algunas aclaraciones. En primer lugar, el solo hecho de
que
la
prueba
pueda
catalogarse
como
prueba
de
impugnación no conlleva que la solicitud de nuevo juicio
sea rechazada automáticamente. La prueba de impugnación
puede ser de carácter exculpatorio, protegida celosamente
por el debido proceso de ley.34 No podemos olvidar que
nuestra Constitución garantiza a toda persona el derecho
a que el Estado le revele evidencia exculpatoria como
parte de su derecho a un juicio justo.35 Además, como el
Estado tiene el peso de demostrar su caso más allá de
33
En Pueblo v. Morales Acosta, 66 DPR 10 (1946), se
rechazó una solicitud de nuevo juicio porque la
declaración que se pretendía traer como prueba nueva no
era creíble. Sin embargo, ese no fue el único requisito
que se analizó para denegar la solicitud. También se
determinó que la alegada prueba nueva no era suficiente
porque probablemente no produciría un resultado distinto
en el caso. Íd., págs. 21-22.
34
Giglio v. United States, 406 U.S. 150 (1972); Pueblo v.
Velázquez Colón, supra.
35
Pueblo v. Vélez Bonilla, 189 DPR 705 (2013); Pueblo v.
Arzuaga, 160 DPR 520, 539 (2003); Pueblo v. Rodríguez
Sánchez, 109 DPR 243 (1979); Pueblo v. Hernández García,
102 DPR 506 (1974). Véase, Brady v. Maryland, 373 U.S. 83
(1963).
CC-2014-137
19
duda razonable, la prueba para impugnar la presentación
del caso del Ministerio Público es sumamente importante.
Por eso, hemos expresado en reiteradas ocasiones que la
prueba
para
impugnar
la
credibilidad
de
un
testigo
principal de cargo se ajusta a los estándares formulados
por
nuestra
jurisprudencia
y
la
federal
para
ser
considerada como prueba exculpatoria necesaria bajo el
debido proceso de ley.36
Algunos
estudiosos
del
procedimiento
criminal
puertorriqueño han señalado la necesidad de aclarar el
requisito
jurisprudencial
naturaleza
impugnatoria.
comparte
esta
relacionado
El
preocupación.37
profesor
Explica
a
la
prueba
Chiesa
que
de
Aponte
impugnar
la
prueba del Ministerio Público conlleva ―desacreditar la
evidencia mediante la cual se probó la culpabilidad del
acusado
más
allá
de
duda
razonable.
Tal
impugnación
36
Véase Pueblo v. Hernández García, supra; Pueblo v.
Delgado López, 106 DPR 441 (1977); Giglio v. United
States, supra; United States v. Bagley, 473 U.S. 667
(1985); Napue v. Illinois, 360 U.S. 264, 269 (1959);
Brady v. Maryland, supra.
37
El profesor Chiesa Aponte concluye que ―[e]n cualquier
caso no debe repetirse, sin ulterior análisis, que no
procede la concesión de un nuevo juicio cuando la alegada
nueva prueba sólo impugna la prueba aducida durante el
juicio. Esto requiere ulterior análisis‖. E. Chiesa
Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados
Unidos, Ed. Forum, V. III, 1995, pág. 448.
CC-2014-137
20
probablemente produciría la duda razonable que obligaría
al juzgador a absolver al acusado‖.38
En la esfera federal se reconoce que el criterio de
prueba
impugnatoria
inflexible.39
En
no
puede
ocasiones,
aplicarse
los
de
tribunales
manera
federales
abandonan los rigores de este requisito cuando la prueba
de
impugnación
circunstancias
es
lo
suficientemente
especiales
como
para
importante
y
de
incidir
en
el
resultado del juicio en contra del acusado.40 Más aún,
esos
tribunales
han
reconocido
situaciones
que
quedan
fuera del límite de los requisitos de la regla general.
Por ejemplo, han reconocido que el acusado tiene derecho
a un nuevo juicio cuando el Ministerio Público utiliza
prueba falsa relacionada a la credibilidad de un testigo,
aunque no vaya dirigida a asuntos sustantivos.41
Tomando
en
cuenta
todas
estas
consideraciones,
concluimos que el mero hecho de que se quiera someter
prueba nueva para impugnar el caso del Ministerio Público
no es fundamento suficiente para denegar una solicitud de
38
Íd.
39
―Ordinarily newly discovered evidence that merely goes
to impeach the credibility of a prosecution witness is
not sufficient to justify a new trial. This is the usual
but not invariable rule.‖ (Citas internas suprimidas). 3
Wright and Welling, Federal Practice and Procedure, West,
pág. 469 (2011).
40
Íd., págs. 470-471.
41
Íd., págs. 472-487.
CC-2014-137
21
nuevo juicio. La razón, según hemos explicado, es que la
prueba impugnatoria puede ser suficiente, por sí sola,
para
crear
duda
razonable
en
la
mente
y
ánimo
del
juzgador.42 A esos fines hemos declarado que ―el debido
proceso
de
ley
constitucional
exij[e]
que
el
acusado
tenga la oportunidad de examinar, con tiempo suficiente,
no solo la prueba que obra en su contra —en vías de
impugnarla—,
sino
aquella
que
obra
a
su
favor,
sea
sustantiva o para impugnación.‖43
Hasta este punto hemos considerado los requisitos
que
nuestras
normativa
Reglas
de
jurisprudencial
Procedimiento
han
Criminal
dispuesto
para
y
la
las
solicitudes de nuevo juicio ―ordinarias‖.44 No obstante,
al igual que en la esfera federal, en Puerto Rico hemos
42
Incluso, en cuanto al derecho al careo y su relación
con el debido proceso de ley hemos dejado claro que ―el
Art. II, Sec. 11, de nuestra Constitución garantiza el
derecho del acusado a ‗carearse con los testigos de
cargo‘. Para que tal confrontación o careo tenga
concreción y sentido, el debido proceso exige que se
pongan al alcance del acusado los medios de prueba para
impugnar los testigos, atacar su credibilidad y todo
recurso análogo encaminado a erradicar la falsedad del
juicio y evitar el desvío de la justicia. Un careo sin
estos instrumentos, cuando sean legítimamente asequibles,
frustra el propósito del precepto constitucional‖. Pueblo
v. Rodríguez Sánchez, supra, pág. 249.
43
Pueblo v. Vélez Bonilla, supra, pág. 708; United States
v. Bagley, supra; Giglio v. United States, supra.
44
Pueblo v. Velázquez Colón, supra, págs. 327-328. E. L.
Chiesa Aponte, Derecho Penal, 78 Rev. Jur. U.P.R. 291,
324 (2008).
CC-2014-137
reconocido
22
el
derecho
a
un
nuevo
juicio
bajo
circunstancias extraordinarias.45 Esto sucede cuando el
Estado
suprime
violando
las
o
de
garantías
Recientemente,
reconocimos
deja
en
―que
prueba
exculpatoria
del
debido
proceso
de
v.
Vélez
Bonilla,
supra,46
Pueblo
cuando
revelar
el
Estado
falla
en
ley.
descubrir
evidencia que resulta material y exculpatoria, el debido
proceso de ley exige inimpugnablemente la celebración de
un nuevo juicio‖.47 En estos casos, la solicitud de nuevo
juicio
no
estatutarios
se
evalúa
a
la
luz
ni
jurisprudenciales
de
los
criterios
porque
su
necesidad
emana del debido proceso de ley, del derecho a obtener
evidencia favorable y del derecho a enfrentar la prueba.48
A esos efectos reiteramos que ―los derechos lacerados con
la
omisión
del
Estado
están
protegidos
por
45
―Es decir, cuando el Estado oculta prueba exculpatoria,
la moción de nuevo juicio que procede no puede ser
evaluada a la luz de los requisitos estatutarios y
jurisprudenciales aplicables a las mociones ‗ordinarias‘
de nuevo juicio.‖ Pueblo v. Velázquez Colón, supra, pág.
329. Véase E. Chiesa Aponte, Derecho Penal, 78 Rev. Jur.
U.P.R. 291, 324 (2008). ―La moción extraordinaria de
nuevo juicio es la fundada en que no se le reveló
oportunamente a la defensa evidencia exculpatoria, en
violación a la obligación del Ministerio Fiscal de
revelar a la defensa prueba exculpatoria, por imperativo
del debido proceso de ley.‖ Íd.
46
189 DPR 705 (2013).
47
Íd. pág. 708.
48
Pueblo v. Velázquez Colón, supra, pág. 329. Pueblo v.
Arzuaga, supra.
CC-2014-137
23
consideraciones mucho más abarcadoras que las Reglas de
Procedimiento Criminal‖.49
Esta categoría particular de solicitudes de nuevo
juicio se apoya en el derecho a preparar una defensa
adecuada para enfrentar los rigores de un procedimiento
criminal, derecho que se nutre, a su vez, del debido
proceso de ley.50 Igual fuente garantiza el derecho a
confrontar
a
los
testigos
de
cargo.51
De
ahí
que
el
derecho a obtener evidencia favorable sea esencial para
la
defensa
y
que
el
Ministerio
Público
tenga
la
obligación de revelar toda evidencia exculpatoria que le
garantice
al
acusado
un
procedimiento
justo.52
Esta
obligación trasciende las normas estatutarias sobre el
49
Íd. (citas internas suprimidas).
50
Pueblo v. Santa-Cruz, 149 DPR 223, 231 (1999).
51
Const. E.L.A., Art. II, Secs. 7 y 11, 1 LPRA. Pueblo v.
Olmeda Zayas, 176 DPR 7, 14 (2009); Pueblo v. Velázquez
Colón, supra, págs. 326-348.
52
Pueblo v. Guzmán, 161 D.P.R. 137, 147 (2004); Pueblo v.
Arzuaga, supra; Pueblo v. Arocho Soto, 137 DPR 762, 766
(1994). Hemos aclarado que aunque no se trata de un
derecho absoluto, ―nuestro sistema de justicia criminal
le ha reconocido el derecho al acusado de obtener
evidencia que pueda favorecerle.‖ Soc. Asist. Leg. v.
Ciencias
Forenses,
179
DPR
849,
857
(2010).
Específicamente,
hemos
determinado
que
―evidencia
exculpatoria no es necesariamente aquella que de por sí
sola es capaz de producir la absolución del acusado. No
se requiere tal potencial. Es más bien toda evidencia que
llanamente
pudiera
favorecer
al
acusado,
sin
consideraciones
en
torno
a
su
materialidad
o
confiabilidad. Su confiabilidad —cuán creíble es— y su
materialidad —cuánto aporta en favor del acusado— son un
asunto que corresponde evaluar al foro de instancia‖.
Pueblo v. Vélez Bonilla, supra, pág. 719.
CC-2014-137
24
descubrimiento
de
prueba
y
es
tan
amplia
que,
si
la
situación lo amerita, no toma en consideración la etapa
en
que
se
encuentran
los
procedimientos
ni
requiere
de
evaluar
solicitud previa del acusado.53
Hemos
tenido
ocasión
anteriormente
solicitudes extraordinarias de nuevo juicio basadas en
que
el
Ministerio
Público
ha
suprimido
prueba
de
impugnación. En Pueblo v. Torres Rivera, supra,54 a la vez
que recalcamos la importancia de la prueba de impugnación
y
el
deber
del
Ministerio
Público
de
revelarla
a
la
defensa del acusado, rechazamos la solicitud de nuevo
juicio,
mediante
impugnación
que
sentencia,
el
Estado
porque
falló
en
la
prueba
revelar
no
de
era
suficiente para afectar el resultado del juicio. A esos
fines,
explicamos
que
el
descubrimiento
de
prueba
53
En Pueblo v. Arzuaga, supra, luego de estudiar la
jurisprudencia federal correspondiente, concluimos que
―el Ministerio Fiscal tiene el deber de revelar cualquier
indicio de falso testimonio y de descubrir evidencia
exculpatoria cuando tal falsedad o carácter exculpatorio
es,
o
debió
ser,
conocida
por
éste
[…].
Ello,
naturalmente, sin necesidad de una previa solicitud por
parte de la defensa y sin importar si las Reglas de
Procedimiento
Criminal
proveen
o
no
para
tal
descubrimiento
en
la
etapa
específica
de
los
procedimientos en que se encuentren.‖ (Citas internas
suprimidas). Íd., págs. 534-535.
54
En aquella ocasión se tomó en consideración la
diferencia entre el testigo principal de cargo (coautor
de los hechos a quien se le ofreció un acuerdo para que
testificará contra el coacusado) y otros testigos que no
juegan un papel tan importante en el caso.
CC-2014-137
25
impugnatoria
suprimida
u
omitida
por
el
Estado
no
requiere que se autorice automáticamente la celebración
de un nuevo juicio.55
Posteriormente, en Pueblo v. Velázquez Colón, supra,
recalcamos que la prueba de impugnación está inserta en
el derecho a un juicio justo bajo las salvaguardas del
debido proceso de ley. Particularmente, determinamos que
[p]ara examinar un reclamo de nueva prueba de
carácter impugnatorio de la prueba producida en
el juicio … debemos aplicar los criterios
esbozados en Giglio v. United States, supra, y
en United States v. Bagley, supra. Ello, ya
que, aun cuando la alegada nueva prueba va
dirigida a impugnar la prueba de cargo aducida
en el juicio, implica el derecho del acusado a
un juicio justo en donde se le garantice el
debido proceso de ley frente a la conducta del
representante del Estado.56
En
estos
casos
se
atendieron
reclamos
de
nuevo
juicio bajo el fundamento de que el Estado no reveló
oportunamente
debido
evidencia
proceso
obligación
de
exculpatoria,
ley,
constitucional
en
incumpliendo
de
revelar
violación
al
con
su
prueba
ello
pertinente
55
Pueblo v. Chévere Heredia, supra, pág. 24. En Pueblo v.
Torres Rivera, supra, el Ministerio Público falló en
revelar oportunamente la prueba relativa al acuerdo entre
un testigo principal de cargo y el Estado. Explicamos que
―no toda evidencia para impugnar la credibilidad de un
testigo principal de cargo —no revelada al acusado
durante
el
juicio
y
descubierta
por
éste
con
posterioridad a él— requiere automáticamente la concesión
de un nuevo juicio. Se requiere determinar que tal
evidencia es relevante, esto es, que su supresión socava
la confianza en el resultado del juicio.‖ (Énfasis en el
original). Pueblo v. Torres Rivera, supra, pág. 351.
56
Pueblo v. Velázquez Colón, supra, pág. 328, citando a
Pueblo v. Torres Rivera, supra, pág. 354.
CC-2014-137
26
sobre la inocencia o culpabilidad del acusado. Para esas
situaciones
adoptamos
un
estándar
diferente
y
más
relajado que el que se utiliza para evaluar mociones de
nuevo juicio en situaciones ordinarias de descubrimiento
de prueba nueva.57 En la jurisdicción federal también ha
quedado claro que los requisitos jurisprudenciales de la
llamada ―Berry Rule‖ no aplican a solicitudes de nuevo
juicio
basadas
en
evidencia
exculpatoria
que
no
fue
revelada por el Estado según la norma establecida en el
caso Brady v. Maryland, supra, y el desarrollo doctrinal
posterior.58
III
El señor Rodríguez fundamentó su solicitud de nuevo
57
―[S]i en ausencia de la prueba pertinente en cuanto a
inocencia
o
culpabilidad
que
fue
suprimida,
el
peticionario gozó de un juicio justo, es decir, de un
juicio cuyo resultado es digno de confianza, o si en
cambio, de haber sido presentada, la prueba omitida
hubiese arrojado una luz diferente en el juicio al punto
de socavar la confianza en el resultado. Este es el
estándar
aplicable
para
determinar
si
hay
una
probabilidad razonable de un veredicto diferente que
amerite un nuevo juicio cuando las actuaciones del Estado
ocasionan que el acusado no haya tenido acceso a la
evidencia durante la etapa del juicio original.‖ Pueblo
v. Velázquez Colón, supra, pág. 351.
58
―Another situation where it is clear that the Berry
rule does not apply is where the government failed to
disclosed evidence favorable to the defense.‖ Wright and
Welling, supra, pág. 487. El escrutinio del caso Brady,
supra, se ha resumido de la siguiente manera: ―(1) the
evidence at issue is material and favorable to the
defendant; (2) the evidence was suppressed by the
government, intentionally or not; and (3) the defendant
was prejudiced to the point that there is a reasonable
probability that the evidence suppressed, had it been
disclosed, would have led to a different result for the
defendant.‖ Íd. pág. 488.
CC-2014-137
27
juicio en el descubrimiento de prueba nueva: la demanda
en daños que la señora L.G., víctima y testigo principal
del caso, presentó ante el Tribunal de Distrito federal.
Se
trata
de
prueba
que,
fatalmente
la
credibilidad
según
de
esta
argumenta,
impugna
testigo
había
que
declarado que ni ella ni su familia tenían interés en
presentar una demanda civil basada en los hechos alegados
en contra del señor Rodríguez en el juicio criminal.
La solicitud aduce, en primer lugar, que esta prueba
no estaba disponible durante el juicio y no era posible
obtenerla aun con el mayor grado de diligencia. También,
que no es prueba acumulativa ya que no se pudo presentar
prueba
de
interés
económico
o
de
motivo
durante
el
juicio. En tercer lugar, expone que se trata de prueba de
impugnación
socavaría
en
la
extremo
confianza
relevante
en
el
pues
su
resultado
supresión
del
juicio.
Finalmente, el señor Rodríguez alega que la prueba es
creíble y que de haberse presentado durante el juicio se
hubiera
obtenido,
exculpatorio.
con
Todo
toda
esto
probabilidad,
llevó
al
un
Tribunal
veredicto
de
Primera
Instancia a concluir que el debido proceso de ley exigía
concederle un nuevo juicio al señor Rodríguez, para que
la
defensa
pudiera
desarrollar
la
teoría
de
que
la
víctima y testigo principal del caso tenía un interés
económico en acusarlo falsamente.
CC-2014-137
28
Nuestro análisis debe comenzar por reconocer que el
presente
caso
no
debe
evaluarse
extraordinarios
aplicables
juicio
en
basadas
exculpatoria
acusado
que
la
el
a
las
omisión
los
criterios
solicitudes
o
supresión
debió
haber
según
su
Estado
oportunamente,
bajo
de
de
nuevo
prueba
revelado
al
obligación
constitucional. Por lo tanto, procedemos a evaluar la
solicitud del señor Rodríguez bajo la normativa de las
Reglas
de
Procedimiento
antes
discutida.
En
Criminal
primer
inferiores
actuaron
solicitud
automáticamente
puesto
que
Rodríguez,
impugnaría
la
la
lugar,
correctamente
impugnación
y
los
al
no
tribunales
rechazar
la
de
prueba
de
alega
el
por
tratarse
esta,
según
credibilidad
jurisprudencia
de
la
señor
testigo
principal y víctima en el procedimiento criminal en su
contra. Sin embargo, los foros de primera instancia y
apelativo erraron al no evaluar esa prueba impugnatoria a
la luz de la prueba que fue presentada durante el juicio.
Sólo
así
admisión
podrían
de
la
determinar
prueba
nueva
si
era
hubiera
probable
que
la
resultado
en
un
veredicto distinto.
En su orden, el foro primario razonó que
de haberse conocido durante el juicio [que
se presentó la demanda en daños], pudiera haber
afectado adversamente la credibilidad de la
testigo principal del caso, por contar con una
motivación e interés especial en el resultado
del caso criminal. Ello pudiera haber alterado
CC-2014-137
29
la determinación del jurado en su veredicto.59
El
foro
evidencia
primario
nueva
para
omitió
evaluar
determinar
si
el
esta
peso
de
la
probablemente
produciría un resultado distinto. El análisis contemplado
por las Reglas procesales y la jurisprudencia requiere
que el tribunal confronte el peso y valor de la nueva
prueba
propuesta
contra
durante
el
juicio.
Eso
tribunal
se
limitó
a
toda
no
la
evidencia
ocurrió
concluir
que
desfilada
en
este
caso.
la
evidencia
El
nueva
―pudiera haber alterado la determinación del jurado‖ y no
sopesó la prueba presentada durante el juicio. En estas
circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia abusó de
su discreción al concederle al señor Rodríguez un nuevo
juicio. Del mismo modo, el Tribunal de Apelaciones se
equivocó al no corregir al Tribunal de Primera Instancia.
Según
se
procedimientos,
desprende
la
de
defensa
la
transcripción
tuvo
amplia
de
los
oportunidad
durante el juicio de contrainterrogar a la señora L.G. e
impugnar su alegado interés económico en el resultado del
pleito criminal contra el señor Rodríguez:
P.
59
Lo cierto es, que tanto usted como
también sus padres, contrataron los
servicios
del
bufete
de
Salvador
Casellas, hijo. Incluso, aquí viene
uno de los abogados y los acompaña a
ustedes para hacer una reclamación
civil en este caso a las partes
envueltas. La universidad, la compañía
Apéndice del recurso de certiorari, pág. 263 (énfasis
suplido).
CC-2014-137
30
de
seguros,
el
mismo
Willy
(el
convicto).
Compañía
de
seguros,
William (el convicto), la universidad,
el condominio.
R.
No.
P.
¿Ni que se va a radicar?
R. No.60
Concluido el turno de la defensa, en su turno de
redirecto el Ministerio Público le preguntó lo siguiente
a la señora L.G.:
P.
El abogado del acusado le preguntó a
usted si usted o sus padres habían
contratado
a
abogados
para
hacer
alguna reclamación civil al acusado,
al condominio, a la universidad. Usted
contestó que no. Mi pregunta es, por
qué razón o qué la movió usted a
denunciar estos hechos.
R.
Para hacer valer mis derechos de… o
sea, fui violada. No quiero tener que
vivir por esto toda mi vida, por eso
es que estoy aquí.61
Un repaso de la evidencia desfilada demuestra lo
difícil que sería concluir que la prueba supuestamente
nueva presentada en apoyo a la solicitud de nuevo juicio
probablemente
arrojaría
un
resultado
diferente
a
la
determinación de culpabilidad a la que llegó el jurado.
Como reseñamos anteriormente, la prueba desfilada no se
limitó al testimonio de la señora L.G., sino que incluyó
60
61
Apéndice del recurso de certiorari, pág. 277.
Apéndice del recurso de certiorari, pág. 278 (énfasis
suplido).
CC-2014-137
31
el testimonio del doctor que la examinó luego de los
hechos y el de los agentes a cargo de la investigación,
los
informes
preparados
por
la
agente
de
delitos
sexuales, el médico y el Instituto de Ciencias Forenses,
el análisis forense de ADN, las fotografías de la escena
y los videos del vestíbulo y del área de acceso a la
azotea del condominio. Incluso, durante el juicio, la
defensa
contrainterrogó
a
la
testigo,
en
más
de
una
ocasión, sobre si tenía intención de presentar una acción
civil
en
daños
por
los
mismos
hechos
criminales
del
juicio contra el señor Rodríguez. La señora L.G. contestó
en la negativa. Tras evaluar toda la evidencia y escuchar
el testimonio y subsiguiente impugnación de la señora
L.G.,
el
jurado
halló,
unánimemente,
que
el
señor
Rodríguez era culpable.
La
solicitud
del
señor
Rodríguez
incumple
un
requisito esencial para la concesión de un nuevo juicio
en
circunstancias
ordinarias.
Y
es
que
no
podemos
concluir, a la luz de toda la evidencia desfilada durante
el juicio, que la presentación de la demanda en daños y
perjuicios probablemente cambiaría el veredicto unánime
del jurado. La señora L.G. presentó su demanda tres meses
después de ese veredicto. El que se haya presentado la
demanda
en
daños
y
perjuicios
tres
meses
después
del
juicio no es suficiente para concluir, como hicieron los
foros
inferiores,
que
ella
estaba
mintiendo
cuando
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32
testificó sobre los hechos imputados al acusado.62 Resulta
preocupante que ambos foros llegaran a esa conclusión sin
considerar el resto de la prueba en la cual el jurado
basó su decisión, la cual, como explicamos, incluyó la
teoría de la defensa sobre la mendacidad y parcialidad de
la testigo por razones económicas. El evento posterior
sometido como prueba de impugnación en este caso no es
suficiente para catalogar como falsa la aseveración de la
señora L.G. en cuanto a su intención, en aquel momento,
de no presentar una acción en daños y perjuicios.
Hemos explicado que ―la concesión de un nuevo juicio
salvaguarda los intereses de la verdad y la justicia, y
dependerá
de
los
hechos
y
de
las
circunstancias
particulares de cada caso, en virtud de su naturaleza
excepcional‖.63 En nuestra función adjudicativa no podemos
abstraernos de la realidad ni ignorar la totalidad de los
hechos que dieron paso a la controversia que se atiende.
Por eso, debemos considerar la naturaleza particular de
la
prueba
nueva
ante
nuestra
consideración:
luego
de
concluido el juicio, la víctima de la violación presentó
una demanda en daños y perjuicios basada en los mismos
hechos por los cuales se juzgó al señor Rodríguez. Esa
situación es muy diferente a aquellas en las que hemos
concedido un nuevo juicio porque se ocultó información
62
Apéndice del recurso de certiorari, pág. 415.
63
Pueblo v. Marcano Parrilla (II), supra, pág. 737.
CC-2014-137
33
que serviría para impugnar a la testigo principal del
caso.
En
esos
otros
casos,
el
Ministerio
Público
participó del acto de ocultar u omitir tales hechos al no
revelar que le había concedido al testigo principal del
caso algún tipo de inmunidad o beneficio a cambio de su
testimonio. Esa omisión del Estado laceró la confianza en
el resultado del caso y maculó la certeza del proceso
penal. Sin embargo, en el caso ante nuestra consideración
el Estado es un tercero ajeno a la decisión que tomó la
señora L.G. de presentar la demanda civil.
Más importante aún, no podemos equiparar el interés
en el resultado del caso de un testigo que recibió un
beneficio
o
inmunidad
a
cambio
de
su
testimonio
al
interés de la víctima en el resultado de la acción penal.
Si
bien
en
la
representación
acción
de
la
penal
el
sociedad
Pueblo
—
pues
comparece
la
en
conducta
delictiva lacera los entendidos básicos de la comunidad —
no podemos llegar al extremo de hacer invisible el daño
particular que sufre la víctima. La señora L.G. tiene
derecho a reclamar el resarcimiento por los daños que en
su momento pueda demostrar a satisfacción del tribunal.
No por ello puede reducirse su interés en el caso penal a
un mero interés económico, como concluyó el Tribunal de
Primera Instancia y confirmó el Tribunal de Apelaciones.
El resarcimiento económico, si alguno, que eventualmente
pueda obtener la señora L.G. y sus allegados es un tipo
CC-2014-137
34
de reparación por los daños que han sufrido y no prueba
que
su
testimonio
fuera
un
negocio
para
obtener
ganancias. La conclusión contraria impondría un obstáculo
al ejercicio de derechos que el ordenamiento concede a
las
personas
que
sean
víctimas
de
alguna
conducta
delictiva. Confirmar a los foros inferiores llevaría al
absurdo de reconocer el derecho automático a un nuevo
juicio cada vez que una víctima decida ejercer su derecho
a
ser
indemnizada
luego
de
un
fallo
o
veredicto
de
culpabilidad o de que se dicte una sentencia.
Llamamos nuevamente la atención a la necesidad de
evitar entrar en clasificaciones que tiendan a reconocer
menos
credibilidad
sexuales.64
Al
a
las
víctimas
su
demanda,
presentar
de
la
agresiones
señora
L.G.
ejerció su derecho a reclamar por los daños que alega
haber
sufrido.65
desfilada
resulta
en
el
Evaluada
la
juicio
creída
inconcebible
y
penalizar
totalidad
la
por
de
el
la
prueba
jurado,
credibilidad
de
nos
la
víctima por ejercer ese derecho. Concluimos que los foros
inferiores
erraron
presentación
de
la
al
evaluar
demanda
en
la
daños
prueba
y
de
la
perjuicios
sin
64
Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 732
(1980).
65
Hemos reconocido que las víctimas de agresión sexual
sufren daños particulares, que incluso atentan contra su
dignidad como personas, que no pueden ser equiparados con
las angustias provocadas por otro tipo de casos de daños
y perjuicios. De demostrarse ante un tribunal, estos
daños merecen ser compensados. Elba A.B.M. v. U.P.R., 121
DPR 294, 321 (1990).
CC-2014-137
35
tomar en cuenta la totalidad de la prueba presentada en
el juicio.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la
Resolución
jurado
y
recurrida,
se
ordena
se
al
reinstala
Tribunal
de
el
veredicto
Primera
del
Instancia
dictar la Sentencia correspondiente.
Liana Fiol Matta
Jueza Presidenta
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
CC-2014-137
Certiorari
v.
William J. Rodríguez
Recurrido
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2015.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte íntegra
de la presente Sentencia, se revoca la Resolución
recurrida, se reinstala el veredicto del jurado y
se ordena al Tribunal de Primera Instancia dictar
la Sentencia correspondiente.
Lo
acordó
el
Tribunal
Secretaria del Tribunal.
y
certifica
la
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo