LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. William J. Rodriguez

2015 TSPR 139

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pueblo v. William J. Rodriguez

CC-2014-137

Procedimiento Criminal – Moción de Nuevo Juicio: Solicitud bajo la Regla 188(a) – Naturaleza impugnatoria de la prueba descubierta; necesidad de evaluar la totalidad de la prueba al considerar la moción de nuevo juicio

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

Certiorari

v.

2015 TSPR 139

William J. Rodríguez

193 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: CC-2014-137

Fecha: 19 de octubre de 2015

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray

Procuradora General

Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez

Subprocuradora General

Lcda. Daphne M. Cordero Guilloty

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Eduardo Otero Ortiz

Lcdo. Juan Albino González

Materia: Procedimiento Criminal – Moción de Nuevo Juicio: Solicitud

bajo la Regla 188(a) – Naturaleza impugnatoria de la prueba

descubierta; necesidad de evaluar la totalidad de la prueba al

considerar la moción de nuevo juicio.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

CC-2014-137

Peticionario

Certiorari

v.

William J. Rodríguez

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Presidenta SEÑORA FIOL MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2015.

La

controversia

que

presenta

este

caso

nos

permite analizar la Regla 188(a) de Procedimiento

Criminal, sobre solicitudes de nuevo juicio basadas

en el descubrimiento de prueba nueva y presentadas

antes

de

que

expresarnos,

se

dicte

la

específicamente,

relacionado

a

prueba

Abordaremos

también

solicitudes

de

de

cómo

nuevo

sentencia,

sobre

el

para

requisito

naturaleza

impugnatoria.

se

evaluar

juicio,

deben

estas

particularmente

la

necesidad de tomar en cuenta, no solo la prueba

alegadamente nueva, sino la totalidad de la prueba

presentada durante el juicio.

CC-2014-137

2

I

El 10 de marzo de 2012, la señora L.G. estudiante

universitaria

en

Estados

Unidos,

llegó

a

Puerto

Rico

para colaborar en un proyecto de investigación junto a

otros estudiantes de su universidad. El grupo habría de

residir

por

varias

semanas

en

el

Condominio

Ashford

Imperial en el Condado, donde la señora L.G. ocupaba un

apartamento en el piso 18 con una compañera de estudios.

Por hechos ocurridos en la madrugada del 14 de abril

de 2012, el Ministerio Público presentó una denuncia por

el delito de agresión sexual contra el señor William J.

Rodríguez,

un

guardia

de

seguridad

del

Condominio

Ashford Imperial.1 Según la denuncia, durante su turno de

trabajo,

el

señor

Rodríguez

violó

a

la

señora

L.G.

cuando ésta regresaba a su apartamento. Además, se alegó

como

circunstancia

cometidos

agravante

empleando

fuerza

que

los

física,

hechos

fueron

violencia

e

intimidación.

El juicio contra el acusado comenzó el 1 de octubre

de 2012. Testificaron la señora L.G., el doctor que la

examinó luego de la agresión sexual y los agentes de la

Policía de Puerto Rico que investigaron el crimen. El

tribunal

recibió

como

evidencia

las

pruebas

médicas

realizadas a la víctima y el informe médico, así como el

informe

1

del

Instituto

de

Ciencias

Forenses,

Art. 142(c) del Código Penal, 33 LPRA sec. 4470.

el

CC-2014-137

3

certificado de análisis forense de ADN y los expedientes

médicos de la perjudicada. Además, recibió el informe

preparado por la agente de delitos sexuales que llevó a

cabo la investigación, las fotografías de la escena, un

video del vestíbulo del Condominio Ashford Imperial —que

proyectaba

el

área

donde

la

víctima

y

el

acusado

se

encontraron la noche de los hechos— y un video de la

escalera para acceder a la azotea del condominio, donde

eventualmente ocurrieron los hechos.

Durante su turno para contrainterrogar a la víctima,

la defensa del imputado impugnó la credibilidad de su

testimonio.

Le

preguntó

si

ella

o

su

familia

habían

contratado a un bufete de abogados para presentar una

demanda por los daños sufridos como consecuencia de la

agresión

sexual

cometida

en

su

contra.2

La

fiscalía

objetó esta línea de preguntas, pero luego de discutirlo

con los representantes de cada parte el juez permitió que

la defensa continuara. La testigo negó tener la intención

de presentar una demanda civil por daños.

En

volvió

su

a

turno

para

preguntar

si

recontrainterrogar,

la

víctima

había

la

defensa

contratado

un

abogado o abogada para instar una reclamación civil por

los

2

hechos

delictivos

y

si

fue

acompañada

por

un

Específicamente, el abogado de defensa preguntó:

―[o]iga, testigo, mire a ver si lo cierto es que usted,

su familia, incluso vienen aquí, contrató los servicios

de los abogados del bufete de Salvador Casellas para

radicar

una

demanda‖.

Apéndice

del

recurso

de

certiorari, pág. 272.

CC-2014-137

4

representante legal a la vista preliminar. La víctima

contestó todas estas preguntas en la negativa.

Antes que comenzara el juicio, la defensa del señor

Rodríguez ya había indagado sobre el interés económico de

la

señora

L.G.

defensa

había

judicial

de

en

dos

ocasiones.

solicitado

unas

que

anotaciones

Particularmente,

la

se

tomara

conocimiento

que

realizó

el

juez

que

presidió la vista preliminar. Según alegó la defensa, el

juez indicó en las notas que la señora L.G. compareció a

la vista acompañada por el licenciado Casellas, quien

había sido su compañero de trabajo. Se desprende de las

notas que el juez informó a los presentes que conocía al

licenciado Casellas, quien comparecía como amigo de la

familia de la víctima. Mediante resolución dictada el 24

de

octubre

de

2012,

el

tribunal

se

negó

a

tomar

conocimiento judicial de estas anotaciones. La defensa

entonces solicitó que el tribunal ordenara que el juez

que

presidió

testigo

de

la

la

vista

preliminar

defensa,

solicitud

compareciera

como

que

fue

también

denegada, el 3 de diciembre de 2012.

Concluido el desfile de la prueba, el jurado emitió

un

veredicto

unánime

el

11

de

diciembre

de

2012

y

encontró que el señor Rodríguez era culpable del delito

de agresión sexual.

Así las cosas, el 16 de abril de 2013, antes del

acto de lectura de sentencia, el señor Rodríguez solicitó

CC-2014-137

5

que el Tribunal de Primera Instancia le concediera un

nuevo juicio, pues entendía que contaba con prueba nueva

para impugnar a la testigo principal del caso, la señora

L.G. Esta nueva evidencia consiste en que el 18 de marzo

de 2013 la víctima y sus padres habían presentado una

demanda sobre daños y perjuicios en el Tribunal federal

de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en

contra

del

Condominio

Ashford

Imperial,

lugar

donde

ocurrieron los hechos, y su aseguradora. Reclamaron $4.7

millones como compensación. El señor Rodríguez sostuvo

que esta prueba nueva confirmaba la teoría de la defensa

de que la víctima tenía un motivo pecuniario para mentir

e imputarle falsamente la comisión del delito al señor

Rodríguez.

durante

Específicamente,

el

recordó

contrainterrogatorio

al

tribunal

que

la

víctima

fue

cuestionada sobre su intención de instar una acción civil

por

los

daños

y

perjuicios

sufridos

a

raíz

de

la

violación, a lo cual contestó en la negativa en más de

una ocasión. Según el señor Rodríguez, esta nueva prueba

hubiera creado en la mente del jurado duda razonable,

resultando en un veredicto a su favor.

El Ministerio Público se opuso a la solicitud. Adujo

que ninguno de los fundamentos expresados por el señor

Rodríguez cumplía los criterios establecidos en la Regla

188 de Procedimiento Criminal para la concesión de un

CC-2014-137

6

juicio.3

nuevo

Explicó

que

esta

controversia

sobre

el

testimonio de la señora L.G. ya había sido ventilada en

el juicio, donde fue adjudicada y creída por el jurado,

por lo que el valor exculpatorio de la supuesta prueba

nueva era altamente especulativo.

Tras examinar ambas posiciones y celebrar una vista

argumentativa, el Tribunal de Primera Instancia declaró

con lugar la solicitud de nuevo juicio. Concluyó que si

el jurado hubiera conocido que la víctima tenía intención

de demandar se hubiera podido afectar adversamente su

credibilidad

como

testigo

principal

del

caso,

pues

tendría una motivación o interés especial en el resultado

del

caso

llevar

al

criminal.

Por

eso,

esta

jurado

a

emitir

un

prueba

nueva

veredicto

podría

distinto.

Específicamente, el tribunal expresó lo siguiente:

No hay duda de que el resultado del proceso

criminal era fundamental para que la acción

civil instada por la testigo y sus padres

tuviera posibilidad de prosperar. La prueba de

la agresión sexual dependía del testimonio de

la víctima más que de la evidencia física o

científica. Por tanto, existen razones para

pensar que el testimonio de la víctima se pudo

haber afectado por los intereses económicos que

tenía en la demanda civil. Este planteamiento

cobra mayor vigencia al observar que, en la

demanda civil no se demanda al convicto, quien

presumiblemente

no

cuenta

con

capacidad

económica

alguna

para

responder

por

la

millonaria suma reclamada, sino contra aquellas

partes que tenían algún tipo de relación con el

convicto y que cuentan con capacidad económica

para pagar.

A la luz de los hechos del presente caso, nos

parece que de haberse contado con esa nueva

3

34 LPRA Ap. II, R. 188.

CC-2014-137

7

evidencia, ello pudiera haber dado el espacio

que exige el debido proceso de ley para que la

defensa tratara de establecer una motivación

particular de la víctima en el resultado de un

caso criminal. Dicha parte debe poder tratar de

establecer

ese

hecho

principal

ante

el

juzgador. El no haberlo podido hacer macula el

proceso

y

socava

su

confiabilidad

y

su

resultado. Más aun, que de los hechos también

surge

que

la

testigo

principal

[L.G.],

estudiante universitaria, omitió revelar el

hecho de su interés pecuniario en el caso, lo

cual puede representar una motivación especial

y parcialidad.4

El

Ministerio

Público

acudió

al

Tribunal

de

Apelaciones mediante un recurso de certiorari. Ese foro

denegó

expedir

el

recurso

tras

concluir

que

el

foro

primario no había abusado de su discreción.5 Fundamentó

su análisis con el siguiente razonamiento:

el aspecto neurálgico que presenta este caso y

que pesa en nuestro ánimo para avalar la

determinación recurrida, es que la testigo

principal de cargo, la perjudicada, omitió

declarar durante el juicio criminal que tenía

un interés económico en el caso, así como, que

estuvo acompañada por un abogado de la práctica

civil durante alguna etapa del proceso. Esto,

aun cuando ello le fue específicamente y

directamente cuestionado. La realidad ha sido

que contrario a lo declarado bajo juramento

ante el tribunal y el jurado en el juicio

4

5

Apéndice del recurso de certiorari, pág. 263.

El Juez Roberto Rodríguez Casillas emitió un voto

disidente en el que hizo constar que expediría y

revocaría la Resolución de instancia. El 24 de enero de

2014, el foro intermedio denegó una solicitud de

reconsideración.

CC-2014-137

8

contra el señor Rodríguez, la perjudicada, en

efecto, presentó una acción civil por daños y

perjuicios ante el Tribunal Federal, Corte de

Distrito de Puerto Rico, por los hechos que

dieron lugar a la acusación y convicción del

señor

Rodríguez.

Además,

está

siendo

representada por el mismo Lcdo. Casellas que la

acompañó durante la vista preliminar.

El TPI al considerar la solicitud de nuevo

juicio concluyó que esta nueva información debe

ser considerada por el jurado y ser objeto de

confrontación

por

la

defensa

del

señor

Rodríguez. En vista de que la perjudicada al

parecer

mintió,

ante

una

línea

de

interrogatorio

respecto

a

ello,

el

foro

recurrido, correctamente a nuestro juicio,

resolvió que el resultado del juicio se ve

socavado, así como el debido proceso de ley.6

El 24 de febrero de 2014, la Procuradora General

solicitó

nuestra

certiorari.

General

intervención

Pendiente

también

su

mediante

consideración,

solicitó

que

se

petición

la

de

Procuradora

paralizaran

los

procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia y, en

particular, la celebración de una vista pautada para el

siguiente

día.

Examinada

su

moción

y

la

petición

de

certiorari, paralizamos los procedimientos y expedimos el

recurso.

II

Nuestra

acusada

de

Constitución

delito

el

le

garantiza

derecho

a

un

a

toda

juicio

persona

justo

e

imparcial en el que se le brinden todas las salvaguardas

de un debido proceso de ley.7 Cuando se lesionan esos

6

Apéndice del recurso de certiorari, pág. 414.

7

Art. II, secs. 7 y 11, Const. ELA, LPRA Tomo 1.

CC-2014-137

derechos

9

fundamentales

durante

el

proceso

criminal

se

quebrantan valores esenciales de nuestra sociedad y se

atenta directamente contra la libertad individual. Por

eso, hemos reiterado que hay derecho a un nuevo juicio

cuando en el trámite de una causa penal se ha lacerado el

debido proceso de ley al ocultarse o no proveerse prueba

que incide sobre la inocencia o culpabilidad del acusado.

De igual forma, procede ordenar un nuevo juicio cuando

surge

prueba

resuelto

y

nueva

no

pudo

que

menoscaba

presentarse

la

en

confianza

el

en

juicio.8

lo

Este

derecho a nuevo juicio le da primacía a la verdad sobre

aquellas bondades que puedan resultar del principio de

finalidad del procedimiento criminal.9

Nuestro ordenamiento permite que un tribunal conceda

un

nuevo

juicio

consentimiento

ya

del

sea,

a

acusado

instancia

o

a

propia,

petición

de

con

el

éste.10

8

Pueblo v. Velázquez Colón, 174 DPR 304, 326 (2008);

Pueblo v. Hernández Santana, 138 DPR 577 (1995); Pueblo

v. Morales Rivera, 115 DPR 107 (1984).

9

Pueblo

v.

Díaz

Morales,

170

DPR

749,

763

(2007)(Sentencia) (Opinión de conformidad de la Jueza

Asociada señora Fiol Matta, a la cual se une el Juez

Asociado señor Fuster Berlingeri).

10

34 LPRA Ap. II, R. 187.

CC-2014-137

10

Específicamente, las Reglas 188 y 192 de Procedimiento

Criminal disponen que el tribunal puede conceder un nuevo

juicio

tras

el

descubrimiento

de

prueba

nueva.11

Esta

norma es producto del desarrollo jurisprudencial conocido

como el ―Berry Rule‖.12

Antes de que entraran en vigor nuestras Reglas de

Procedimiento Criminal, el artículo 301 del Código de

Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico establecía que el

nuevo juicio consistía ―en volver a oír la causa en el

mismo

tribunal

pronunciado

el

pero

ante

otro

veredicto‖.13

jurado,

Aquella

después

de

disposición

no

reconocía el derecho a un nuevo juicio cuando el primero

se había ventilado ante un tribunal de derecho y tampoco

reconocía

la

posibilidad

de

que

el

tribunal,

con

el

consentimiento del acusado, ordenara el juicio nuevo a

instancia propia. El artículo 303 reconocía el derecho a

un

nuevo

juicio

cuando

se

hubiera

descubierto

―nueva

prueba que no pudo el acusado descubrir y presentar en el

11

34 LPRA Ap. II. Pueblo v. Marcano Parrilla, 168 DPR

721, 729 (2006)(en reconsideración) (en adelante Pueblo

v. Marcano Parrilla (II)).

12

Actualmente, en la jurisdicción federal las solicitudes

de nuevo juicio están codificadas en la Regla 33, de las

Reglas de Procedimiento Criminal, 18 U.S.C.A. 6 LaFave,

Israel, King and Kerr, Criminal Procedure, West 3rd Ed.,

sec. 24.11(d) (2007).

13

Reglas 187 a 192, Departamento de Justicia, Seminario

sobre las propuestas Reglas de Procedimiento Criminal,

San Juan, s. Ed. 1960, págs. 241-246.

CC-2014-137

juicio,

a

11

pesar

de

su

actividad

razonable

para

lograrlo…‖.14

Las Reglas de Procedimiento Criminal bifurcaron la

concesión de un nuevo juicio en dos reglas distintas, la

Regla 188 y la 192. La primera, en unión a la Regla 189,

regula la concesión de ese remedio antes de que se dicte

sentencia y la segunda después de dictarse la misma. La

Regla 188 de Procedimiento Criminal, además de modificar

el texto del artículo 303 del Código de Enjuiciamiento

Criminal, añadió varios fundamentos para la concesión de

un nuevo juicio. El más importante fue el reconocimiento

expreso de la discreción del tribunal para conceder un

nuevo juicio por cualquier causa no incluida expresamente

en el texto de la regla, siempre que esa causa no fuera

atribuible al acusado y que el derecho de éste a un

juicio justo e imparcial se viera afectado.15 No hay duda

que

con

la

adopción

de

las

Reglas

de

Procedimiento

14

Íd., pág. 242. Desde aquel entonces, habíamos requerido

que se cumpliera con varios requisitos desarrollados y

adoptados por la jurisprudencia. Entre ellos, que la

nueva prueba no fuera meramente acumulativa, y no

impugnara la prueba presentada en el juicio. A estos

requisitos se añadió que ―(1) la nueva evidencia debe ser

creíble… y (2) probablemente produciría un resultado

diferente‖. Pueblo v. Morales, 66 DPR 10, 20-21 (1946)

(citas internas suprimidas).

15

34 LPRA Ap. II, R. 188(f). Este reconocimiento fue

necesario ya que en Pueblo v. Vega, 69 DPR 406 (1948) y

en Pueblo v. Fraticelli, 70 DPR 308 (1949) se había

determinado que el texto del Artículo 303 contenía un

listado taxativo de fundamentos para un nuevo juicio.´

CC-2014-137

12

Criminal se plasmó la tendencia de liberalizar y expandir

el derecho a un nuevo juicio. Los nuevos fundamentos para

la concesión de un nuevo juicio introducidos en la Regla

188 ampliaron ―sensiblemente el marco de acción y aún de

discreción

del

tribunal

para

mejor

salvaguardar

los

intereses de todo acusado‖.16

Esa intención quedó evidenciada al incorporarse la

Regla 192, para la concesión de un nuevo juicio en etapas

posteriores

a

Comité

Procedimiento

de

la

sentencia.

Al

redactar

Criminal

de

esa

la

regla

el

Conferencia

Judicial recurrió al texto del Artículo 954 (4) de la Ley

de Enjuiciamiento Criminal española, pero lo hizo con la

intención

recurso

de

hacer

paralelo

angloamericano.17

viable

al

Por

en

coram

eso

es

nuestro

ordenamiento

nobis

del

que

tenemos

un

ordenamiento

en

nuestro

ordenamiento dos reglas sobre la concesión de un nuevo

juicio,

y

a

ello

responde

la

diferencia

en

sus

lenguajes.18

16

Reglas 187 a 192, Departamento de Justicia, Seminario

sobre las propuestas Reglas de Procedimiento Criminal,

supra, pág. 243.

17

18

Pueblo v. Marcano Parrilla (II), supra, págs. 730-731.

La Regla 192 dispone que el tribunal podrá ―a solicitud

del acusado, conceder un nuevo juicio cuando después de

dictada la sentencia sobreviniere el conocimiento de

nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba de tal

naturaleza que evidencien la inocencia del condenado”. 34

LPRA Ap. II.

CC-2014-137

13

En la actualidad, la Regla 188 dispone lo siguiente:

[e]l tribunal concederá un nuevo juicio

por cualquiera de los siguientes fundamentos:

(a)

Que se ha descubierto nueva prueba,

la cual, de haber sido presentada en

el

juicio,

probablemente

habría

cambiado el veredicto o fallo del

tribunal, y la que no pudo el acusado

con razonable diligencia descubrir y

presentar en el juicio. Al solicitar

nuevo juicio por este fundamento, el

acusado deberá acompañar a su moción

la

nueva

prueba

en

forma

de

declaraciones juradas de los testigos

que la aducirán.

.

(f)

.

.

.

.

.

.

.

El tribunal, además, concederá un

nuevo

juicio

cuando,

debido

a

cualquier otra causa de la cual no

fuere responsable el acusado, éste no

hubiere tenido un juicio justo e

imparcial.19

La Regla 188(a), puede separarse en tres elementos

principales.

Primero,

la

prueba

descubierta,

por

su

naturaleza, debe ser suficiente como para demostrar que

su admisión probablemente cambiaría el fallo o veredicto.

Segundo, debe tratarse de prueba que no se pudo obtener

antes, a pesar de la diligencia razonable de la defensa.

Ello requiere, por último, que se acredite al tribunal

cuál es la prueba descubierta y la diligencia desplegada

para obtenerla.

El primero de estos elementos exige que la prueba

nueva lleve al juzgador a creer que si esta se hubiese

presentado durante el juicio el resultado probablemente

19

34 LPRA Ap. II, R. 188.

CC-2014-137

hubiese

14

sido

distinto,

recordando

que,

―no

cualquier

prueba conduce a la celebración de un nuevo juicio, sino

aquella que sea lo suficientemente sólida‖.20 Es decir, el

tribunal debe determinar si la prueba nueva, considerada

junto

a

la

suficiente

prueba

para

presentada

hacer

durante

probable

la

el

duda

juicio,

es

razonable

que

impide un fallo o veredicto de culpabilidad. En Pueblo v.

Marcano Parrilla (II) hicimos hincapié en la obligación

de no evaluar la prueba nueva de manera aislada y en que

se debe tomar en consideración la solidez de la evidencia

ya presentada en el juicio ―porque dicha evidencia ya

condujo a un veredicto o fallo condenatorio‖.21

En

Pueblo

v.

Martínez

Valentín

denegamos

solicitud de nuevo juicio por considerar,

una

entre otros

factores, que no era probable que la prueba cambiara el

fallo o veredicto.22 Allí citamos lo resuelto en el caso

federal Giglio v. United States: ―[s]in embargo, no se

requiere un nuevo juicio cada vez que un repaso de los

archivos

20

de

fiscalía

después

del

juicio

descubre

Pueblo v. Marcano Parrilla (II), supra, pág. 736.

21

Íd., págs. 736-737 citando Wright and Miller, Federal

Practice and Procedure: Civil, 3d sec. 557 (2004). Los

tribunales federales también reconocen que al evaluar la

probabilidad de un resultado distinto se debe evaluar la

prueba nueva a la luz de la totalidad del récord y no de

manera aislada. Específicamente ―[t]he strength of the

evidence presented at the trial is an important

consideration‖. Wright and Welling, Federal Practice and

Procedure, supra, pág. 463.

22

Pueblo

(1974).

v.

Martínez

Valentín,

102

DPR

492,

498-499

CC-2014-137

15

evidencia que si bien pudo ser de utilidad a la defensa

con toda probabilidad no hubiera cambiado el veredicto‖.23

En Pueblo v. Vázquez Izquierdo, analizamos la interacción

entre

el

requisito

parámetros

de

apelativos

hacia

de

la

probabilidad

deferencia

las

de

debida

cambio

por

determinaciones

los

del

y

los

foros

foro

de

instancia.24 En ese contexto, reiteramos que la concesión

del

nuevo

juicio

descansa

en

la

sana

discreción

del

tribunal sentenciador y los foros apelativos no deben

intervenir

salvo

un

claro

e

inequívoco

abuso

de

discreción.25

Los elementos segundo y tercero, necesarios según el

texto

de

la

Regla

188(a),

atienden

el

aspecto

de

diligencia en el trámite de la defensa y la necesidad de

demostrarle

al

tribunal

que

la

evidencia

merece

ser

considerada como prueba nueva. En términos generales, ni

el

acusado

ni

su

representante

legal

pueden

haber

conocido la supuesta prueba nueva previamente. En este

sentido, la prueba es nueva en la medida en que no se

pudo descubrir antes mediante un esfuerzo de diligencia

23

405 U.S. 150, 154 (1972).

24

96 DPR 154 (1968).

25

Íd. pág. 157. Pueblo v. Marcano Parrilla (II), supra,

pág. 737; Pueblo v. Morales Rivera, supra, pág. 110;

Pueblo v. Pardo Toro, 90 DPR 635 (1964); Pueblo v.

Aponte, 77 DPR 917, 921 (1954).

CC-2014-137

16

razonable.26 Para demostrar que eso es así, se tiene que

especificar en qué consiste la prueba nueva.27 También

hemos exigido se demuestre la diligencia desplegada por

la defensa.28

Además de los elementos recogidos en el texto de la

Regla 188(a), una solicitud de nuevo juicio basada en el

descubrimiento

de

prueba

nueva

debe

cumplir

con

requisitos desarrollados jurisprudencialmente. Estos son:

que la prueba sea creíble y pertinente y que no sea

meramente acumulativa ni prueba de impugnación.29

Estas exigencias de la jurisprudencia también deben

cumplirse cuando se solicita un nuevo juicio al amparo de

la

Regla

solicitud

192.

de

Sin

nuevo

embargo,

juicio

hemos

bajo

la

explicado

que

la

Regla

es

de

192

naturaleza excepcional ya que puede afectar la finalidad

y firmeza de una sentencia que se presume correcta.30 Por

26

Pueblo v. Arroyo Núñez, 99 DPR 842, 850 (1971); Pueblo

v. Pardo Toro, supra.

27

Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454 (1988).

28

Pueblo v. Maysonet, 103 DPR 102 (1974); Pueblo v.

Villalongo Torres, 102 DPR 574 (1974); Pueblo v. Tribunal

Superior, 100 DPR 700 (1972).

29

Pueblo v. Velázquez Colón, supra; Pueblo v. Marcano

Parrilla (II), supra, pág. 738; Pueblo v. Chévere

Heredia, 139 DPR 1 (1995); Pueblo v. Martínez Ortiz, 135

DPR 100 (1994); Pueblo v. Torres Rivera, 129 DPR 331

(1991); Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, supra, pág.

476; Pueblo v. Morales Rivera, supra, pág. 110; Pueblo v.

Beltrán, 73 DPR 509 (1952); Pueblo v. Ortiz, 68 DPR 681,

683 (1948); Pueblo v. Morales, supra.

30

Pueblo v. Marcano Parrilla (II), supra; Pueblo v.

Velázquez Colón, supra, pág. 327. En Pueblo v. Díaz

CC-2014-137

17

eso hemos resuelto que si bien el fin último de esa Regla

es liberalizar o ampliar el derecho a un nuevo juicio,

―la nueva prueba debe demostrar que es más probable que

el convicto sea inocente a que sea culpable.‖31

Los

próximos

dos

requisitos,

que

la

prueba

sea

creíble y que no sea meramente acumulativa, van dirigidos

a evaluar la probabilidad de que con ella se obtenga un

resultado

distinto.

Es

decir,

si

la

meramente

acumulativa,

probablemente

resultado

del

juicio,

pues

ya

evidencia

de

naturaleza

y

valor

se

prueba

no

nueva

es

cambiará

el

habría

presentado

probatorio

similar.32

Morales, supra, se aclaró, mediante sentencia, que la

solicitud de nuevo juicio bajo la Regla 192 no tiene que

esperar a que la sentencia advenga final y firme.

31

Pueblo v. Marcano Parrilla (II), supra, pág. 740

(énfasis suplido). Este Tribunal ha expresado que la

Regla 192 requiere un grado de prueba mayor al que se

exige para conceder un nuevo juicio bajo la 188(a). Íd.,

pág. 739. Sin embargo, ambas requieren un análisis de

probabilidad. Pueblo v. Velázquez Colón, supra, pág. 327.

Véase,

E.

L.

Chiesa

Aponte

y

A.

Febres

Jorge,

Procedimiento Criminal, 77 Rev. Jur. U.P.R. 657, 671-673

(2008). E. L. Chiesa Aponte y E. León Pérez, Derecho

Procesal Penal, 76 Rev. Jur. U.P.R. 617, 634 (2007).

32

Pueblo v. González de Demora, 92 DPR 75, 77 (1965);

Pueblo v. Beltrán, supra, pág. 519; Pueblo v. Morales,

supra. El Artículo 378 del Código de Enjuiciamiento

Civil, ya derogado, definía la evidencia acumulativa como

aquella que ―es la adicional del mismo carácter tendiente

al mismo fin‖. Véase E. L. Chiesa Aponte, Derecho

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Ed.

Forum, V. III, 1995, pág. 447 n. 23.

CC-2014-137

18

Tampoco se debe conceder un nuevo juicio cuando la prueba

supuestamente nueva es increíble.33 Ahora bien, debido a

su naturaleza y propósito, al considerar estos factores

el tribunal debe evaluarlos cuidadosamente a la luz de la

prueba ya presentada.

La exigencia de que la petición no se fundamente en

prueba

de

impugnación

merece

un

análisis

sosegado

y

algunas aclaraciones. En primer lugar, el solo hecho de

que

la

prueba

pueda

catalogarse

como

prueba

de

impugnación no conlleva que la solicitud de nuevo juicio

sea rechazada automáticamente. La prueba de impugnación

puede ser de carácter exculpatorio, protegida celosamente

por el debido proceso de ley.34 No podemos olvidar que

nuestra Constitución garantiza a toda persona el derecho

a que el Estado le revele evidencia exculpatoria como

parte de su derecho a un juicio justo.35 Además, como el

Estado tiene el peso de demostrar su caso más allá de

33

En Pueblo v. Morales Acosta, 66 DPR 10 (1946), se

rechazó una solicitud de nuevo juicio porque la

declaración que se pretendía traer como prueba nueva no

era creíble. Sin embargo, ese no fue el único requisito

que se analizó para denegar la solicitud. También se

determinó que la alegada prueba nueva no era suficiente

porque probablemente no produciría un resultado distinto

en el caso. Íd., págs. 21-22.

34

Giglio v. United States, 406 U.S. 150 (1972); Pueblo v.

Velázquez Colón, supra.

35

Pueblo v. Vélez Bonilla, 189 DPR 705 (2013); Pueblo v.

Arzuaga, 160 DPR 520, 539 (2003); Pueblo v. Rodríguez

Sánchez, 109 DPR 243 (1979); Pueblo v. Hernández García,

102 DPR 506 (1974). Véase, Brady v. Maryland, 373 U.S. 83

(1963).

CC-2014-137

19

duda razonable, la prueba para impugnar la presentación

del caso del Ministerio Público es sumamente importante.

Por eso, hemos expresado en reiteradas ocasiones que la

prueba

para

impugnar

la

credibilidad

de

un

testigo

principal de cargo se ajusta a los estándares formulados

por

nuestra

jurisprudencia

y

la

federal

para

ser

considerada como prueba exculpatoria necesaria bajo el

debido proceso de ley.36

Algunos

estudiosos

del

procedimiento

criminal

puertorriqueño han señalado la necesidad de aclarar el

requisito

jurisprudencial

naturaleza

impugnatoria.

comparte

esta

relacionado

El

preocupación.37

profesor

Explica

a

la

prueba

Chiesa

que

de

Aponte

impugnar

la

prueba del Ministerio Público conlleva ―desacreditar la

evidencia mediante la cual se probó la culpabilidad del

acusado

más

allá

de

duda

razonable.

Tal

impugnación

36

Véase Pueblo v. Hernández García, supra; Pueblo v.

Delgado López, 106 DPR 441 (1977); Giglio v. United

States, supra; United States v. Bagley, 473 U.S. 667

(1985); Napue v. Illinois, 360 U.S. 264, 269 (1959);

Brady v. Maryland, supra.

37

El profesor Chiesa Aponte concluye que ―[e]n cualquier

caso no debe repetirse, sin ulterior análisis, que no

procede la concesión de un nuevo juicio cuando la alegada

nueva prueba sólo impugna la prueba aducida durante el

juicio. Esto requiere ulterior análisis‖. E. Chiesa

Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados

Unidos, Ed. Forum, V. III, 1995, pág. 448.

CC-2014-137

20

probablemente produciría la duda razonable que obligaría

al juzgador a absolver al acusado‖.38

En la esfera federal se reconoce que el criterio de

prueba

impugnatoria

inflexible.39

En

no

puede

ocasiones,

aplicarse

los

de

tribunales

manera

federales

abandonan los rigores de este requisito cuando la prueba

de

impugnación

circunstancias

es

lo

suficientemente

especiales

como

para

importante

y

de

incidir

en

el

resultado del juicio en contra del acusado.40 Más aún,

esos

tribunales

han

reconocido

situaciones

que

quedan

fuera del límite de los requisitos de la regla general.

Por ejemplo, han reconocido que el acusado tiene derecho

a un nuevo juicio cuando el Ministerio Público utiliza

prueba falsa relacionada a la credibilidad de un testigo,

aunque no vaya dirigida a asuntos sustantivos.41

Tomando

en

cuenta

todas

estas

consideraciones,

concluimos que el mero hecho de que se quiera someter

prueba nueva para impugnar el caso del Ministerio Público

no es fundamento suficiente para denegar una solicitud de

38

Íd.

39

―Ordinarily newly discovered evidence that merely goes

to impeach the credibility of a prosecution witness is

not sufficient to justify a new trial. This is the usual

but not invariable rule.‖ (Citas internas suprimidas). 3

Wright and Welling, Federal Practice and Procedure, West,

pág. 469 (2011).

40

Íd., págs. 470-471.

41

Íd., págs. 472-487.

CC-2014-137

21

nuevo juicio. La razón, según hemos explicado, es que la

prueba impugnatoria puede ser suficiente, por sí sola,

para

crear

duda

razonable

en

la

mente

y

ánimo

del

juzgador.42 A esos fines hemos declarado que ―el debido

proceso

de

ley

constitucional

exij[e]

que

el

acusado

tenga la oportunidad de examinar, con tiempo suficiente,

no solo la prueba que obra en su contra —en vías de

impugnarla—,

sino

aquella

que

obra

a

su

favor,

sea

sustantiva o para impugnación.‖43

Hasta este punto hemos considerado los requisitos

que

nuestras

normativa

Reglas

de

jurisprudencial

Procedimiento

han

Criminal

dispuesto

para

y

la

las

solicitudes de nuevo juicio ―ordinarias‖.44 No obstante,

al igual que en la esfera federal, en Puerto Rico hemos

42

Incluso, en cuanto al derecho al careo y su relación

con el debido proceso de ley hemos dejado claro que ―el

Art. II, Sec. 11, de nuestra Constitución garantiza el

derecho del acusado a ‗carearse con los testigos de

cargo‘. Para que tal confrontación o careo tenga

concreción y sentido, el debido proceso exige que se

pongan al alcance del acusado los medios de prueba para

impugnar los testigos, atacar su credibilidad y todo

recurso análogo encaminado a erradicar la falsedad del

juicio y evitar el desvío de la justicia. Un careo sin

estos instrumentos, cuando sean legítimamente asequibles,

frustra el propósito del precepto constitucional‖. Pueblo

v. Rodríguez Sánchez, supra, pág. 249.

43

Pueblo v. Vélez Bonilla, supra, pág. 708; United States

v. Bagley, supra; Giglio v. United States, supra.

44

Pueblo v. Velázquez Colón, supra, págs. 327-328. E. L.

Chiesa Aponte, Derecho Penal, 78 Rev. Jur. U.P.R. 291,

324 (2008).

CC-2014-137

reconocido

22

el

derecho

a

un

nuevo

juicio

bajo

circunstancias extraordinarias.45 Esto sucede cuando el

Estado

suprime

violando

las

o

de

garantías

Recientemente,

reconocimos

deja

en

―que

prueba

exculpatoria

del

debido

proceso

de

v.

Vélez

Bonilla,

supra,46

Pueblo

cuando

revelar

el

Estado

falla

en

ley.

descubrir

evidencia que resulta material y exculpatoria, el debido

proceso de ley exige inimpugnablemente la celebración de

un nuevo juicio‖.47 En estos casos, la solicitud de nuevo

juicio

no

estatutarios

se

evalúa

a

la

luz

ni

jurisprudenciales

de

los

criterios

porque

su

necesidad

emana del debido proceso de ley, del derecho a obtener

evidencia favorable y del derecho a enfrentar la prueba.48

A esos efectos reiteramos que ―los derechos lacerados con

la

omisión

del

Estado

están

protegidos

por

45

―Es decir, cuando el Estado oculta prueba exculpatoria,

la moción de nuevo juicio que procede no puede ser

evaluada a la luz de los requisitos estatutarios y

jurisprudenciales aplicables a las mociones ‗ordinarias‘

de nuevo juicio.‖ Pueblo v. Velázquez Colón, supra, pág.

329. Véase E. Chiesa Aponte, Derecho Penal, 78 Rev. Jur.

U.P.R. 291, 324 (2008). ―La moción extraordinaria de

nuevo juicio es la fundada en que no se le reveló

oportunamente a la defensa evidencia exculpatoria, en

violación a la obligación del Ministerio Fiscal de

revelar a la defensa prueba exculpatoria, por imperativo

del debido proceso de ley.‖ Íd.

46

189 DPR 705 (2013).

47

Íd. pág. 708.

48

Pueblo v. Velázquez Colón, supra, pág. 329. Pueblo v.

Arzuaga, supra.

CC-2014-137

23

consideraciones mucho más abarcadoras que las Reglas de

Procedimiento Criminal‖.49

Esta categoría particular de solicitudes de nuevo

juicio se apoya en el derecho a preparar una defensa

adecuada para enfrentar los rigores de un procedimiento

criminal, derecho que se nutre, a su vez, del debido

proceso de ley.50 Igual fuente garantiza el derecho a

confrontar

a

los

testigos

de

cargo.51

De

ahí

que

el

derecho a obtener evidencia favorable sea esencial para

la

defensa

y

que

el

Ministerio

Público

tenga

la

obligación de revelar toda evidencia exculpatoria que le

garantice

al

acusado

un

procedimiento

justo.52

Esta

obligación trasciende las normas estatutarias sobre el

49

Íd. (citas internas suprimidas).

50

Pueblo v. Santa-Cruz, 149 DPR 223, 231 (1999).

51

Const. E.L.A., Art. II, Secs. 7 y 11, 1 LPRA. Pueblo v.

Olmeda Zayas, 176 DPR 7, 14 (2009); Pueblo v. Velázquez

Colón, supra, págs. 326-348.

52

Pueblo v. Guzmán, 161 D.P.R. 137, 147 (2004); Pueblo v.

Arzuaga, supra; Pueblo v. Arocho Soto, 137 DPR 762, 766

(1994). Hemos aclarado que aunque no se trata de un

derecho absoluto, ―nuestro sistema de justicia criminal

le ha reconocido el derecho al acusado de obtener

evidencia que pueda favorecerle.‖ Soc. Asist. Leg. v.

Ciencias

Forenses,

179

DPR

849,

857

(2010).

Específicamente,

hemos

determinado

que

―evidencia

exculpatoria no es necesariamente aquella que de por sí

sola es capaz de producir la absolución del acusado. No

se requiere tal potencial. Es más bien toda evidencia que

llanamente

pudiera

favorecer

al

acusado,

sin

consideraciones

en

torno

a

su

materialidad

o

confiabilidad. Su confiabilidad —cuán creíble es— y su

materialidad —cuánto aporta en favor del acusado— son un

asunto que corresponde evaluar al foro de instancia‖.

Pueblo v. Vélez Bonilla, supra, pág. 719.

CC-2014-137

24

descubrimiento

de

prueba

y

es

tan

amplia

que,

si

la

situación lo amerita, no toma en consideración la etapa

en

que

se

encuentran

los

procedimientos

ni

requiere

de

evaluar

solicitud previa del acusado.53

Hemos

tenido

ocasión

anteriormente

solicitudes extraordinarias de nuevo juicio basadas en

que

el

Ministerio

Público

ha

suprimido

prueba

de

impugnación. En Pueblo v. Torres Rivera, supra,54 a la vez

que recalcamos la importancia de la prueba de impugnación

y

el

deber

del

Ministerio

Público

de

revelarla

a

la

defensa del acusado, rechazamos la solicitud de nuevo

juicio,

mediante

impugnación

que

sentencia,

el

Estado

porque

falló

en

la

prueba

revelar

no

de

era

suficiente para afectar el resultado del juicio. A esos

fines,

explicamos

que

el

descubrimiento

de

prueba

53

En Pueblo v. Arzuaga, supra, luego de estudiar la

jurisprudencia federal correspondiente, concluimos que

―el Ministerio Fiscal tiene el deber de revelar cualquier

indicio de falso testimonio y de descubrir evidencia

exculpatoria cuando tal falsedad o carácter exculpatorio

es,

o

debió

ser,

conocida

por

éste

[…].

Ello,

naturalmente, sin necesidad de una previa solicitud por

parte de la defensa y sin importar si las Reglas de

Procedimiento

Criminal

proveen

o

no

para

tal

descubrimiento

en

la

etapa

específica

de

los

procedimientos en que se encuentren.‖ (Citas internas

suprimidas). Íd., págs. 534-535.

54

En aquella ocasión se tomó en consideración la

diferencia entre el testigo principal de cargo (coautor

de los hechos a quien se le ofreció un acuerdo para que

testificará contra el coacusado) y otros testigos que no

juegan un papel tan importante en el caso.

CC-2014-137

25

impugnatoria

suprimida

u

omitida

por

el

Estado

no

requiere que se autorice automáticamente la celebración

de un nuevo juicio.55

Posteriormente, en Pueblo v. Velázquez Colón, supra,

recalcamos que la prueba de impugnación está inserta en

el derecho a un juicio justo bajo las salvaguardas del

debido proceso de ley. Particularmente, determinamos que

[p]ara examinar un reclamo de nueva prueba de

carácter impugnatorio de la prueba producida en

el juicio … debemos aplicar los criterios

esbozados en Giglio v. United States, supra, y

en United States v. Bagley, supra. Ello, ya

que, aun cuando la alegada nueva prueba va

dirigida a impugnar la prueba de cargo aducida

en el juicio, implica el derecho del acusado a

un juicio justo en donde se le garantice el

debido proceso de ley frente a la conducta del

representante del Estado.56

En

estos

casos

se

atendieron

reclamos

de

nuevo

juicio bajo el fundamento de que el Estado no reveló

oportunamente

debido

evidencia

proceso

obligación

de

exculpatoria,

ley,

constitucional

en

incumpliendo

de

revelar

violación

al

con

su

prueba

ello

pertinente

55

Pueblo v. Chévere Heredia, supra, pág. 24. En Pueblo v.

Torres Rivera, supra, el Ministerio Público falló en

revelar oportunamente la prueba relativa al acuerdo entre

un testigo principal de cargo y el Estado. Explicamos que

―no toda evidencia para impugnar la credibilidad de un

testigo principal de cargo —no revelada al acusado

durante

el

juicio

y

descubierta

por

éste

con

posterioridad a él— requiere automáticamente la concesión

de un nuevo juicio. Se requiere determinar que tal

evidencia es relevante, esto es, que su supresión socava

la confianza en el resultado del juicio.‖ (Énfasis en el

original). Pueblo v. Torres Rivera, supra, pág. 351.

56

Pueblo v. Velázquez Colón, supra, pág. 328, citando a

Pueblo v. Torres Rivera, supra, pág. 354.

CC-2014-137

26

sobre la inocencia o culpabilidad del acusado. Para esas

situaciones

adoptamos

un

estándar

diferente

y

más

relajado que el que se utiliza para evaluar mociones de

nuevo juicio en situaciones ordinarias de descubrimiento

de prueba nueva.57 En la jurisdicción federal también ha

quedado claro que los requisitos jurisprudenciales de la

llamada ―Berry Rule‖ no aplican a solicitudes de nuevo

juicio

basadas

en

evidencia

exculpatoria

que

no

fue

revelada por el Estado según la norma establecida en el

caso Brady v. Maryland, supra, y el desarrollo doctrinal

posterior.58

III

El señor Rodríguez fundamentó su solicitud de nuevo

57

―[S]i en ausencia de la prueba pertinente en cuanto a

inocencia

o

culpabilidad

que

fue

suprimida,

el

peticionario gozó de un juicio justo, es decir, de un

juicio cuyo resultado es digno de confianza, o si en

cambio, de haber sido presentada, la prueba omitida

hubiese arrojado una luz diferente en el juicio al punto

de socavar la confianza en el resultado. Este es el

estándar

aplicable

para

determinar

si

hay

una

probabilidad razonable de un veredicto diferente que

amerite un nuevo juicio cuando las actuaciones del Estado

ocasionan que el acusado no haya tenido acceso a la

evidencia durante la etapa del juicio original.‖ Pueblo

v. Velázquez Colón, supra, pág. 351.

58

―Another situation where it is clear that the Berry

rule does not apply is where the government failed to

disclosed evidence favorable to the defense.‖ Wright and

Welling, supra, pág. 487. El escrutinio del caso Brady,

supra, se ha resumido de la siguiente manera: ―(1) the

evidence at issue is material and favorable to the

defendant; (2) the evidence was suppressed by the

government, intentionally or not; and (3) the defendant

was prejudiced to the point that there is a reasonable

probability that the evidence suppressed, had it been

disclosed, would have led to a different result for the

defendant.‖ Íd. pág. 488.

CC-2014-137

27

juicio en el descubrimiento de prueba nueva: la demanda

en daños que la señora L.G., víctima y testigo principal

del caso, presentó ante el Tribunal de Distrito federal.

Se

trata

de

prueba

que,

fatalmente

la

credibilidad

según

de

esta

argumenta,

impugna

testigo

había

que

declarado que ni ella ni su familia tenían interés en

presentar una demanda civil basada en los hechos alegados

en contra del señor Rodríguez en el juicio criminal.

La solicitud aduce, en primer lugar, que esta prueba

no estaba disponible durante el juicio y no era posible

obtenerla aun con el mayor grado de diligencia. También,

que no es prueba acumulativa ya que no se pudo presentar

prueba

de

interés

económico

o

de

motivo

durante

el

juicio. En tercer lugar, expone que se trata de prueba de

impugnación

socavaría

en

la

extremo

confianza

relevante

en

el

pues

su

resultado

supresión

del

juicio.

Finalmente, el señor Rodríguez alega que la prueba es

creíble y que de haberse presentado durante el juicio se

hubiera

obtenido,

exculpatorio.

con

Todo

toda

esto

probabilidad,

llevó

al

un

Tribunal

veredicto

de

Primera

Instancia a concluir que el debido proceso de ley exigía

concederle un nuevo juicio al señor Rodríguez, para que

la

defensa

pudiera

desarrollar

la

teoría

de

que

la

víctima y testigo principal del caso tenía un interés

económico en acusarlo falsamente.

CC-2014-137

28

Nuestro análisis debe comenzar por reconocer que el

presente

caso

no

debe

evaluarse

extraordinarios

aplicables

juicio

en

basadas

exculpatoria

acusado

que

la

el

a

las

omisión

los

criterios

solicitudes

o

supresión

debió

haber

según

su

Estado

oportunamente,

bajo

de

de

nuevo

prueba

revelado

al

obligación

constitucional. Por lo tanto, procedemos a evaluar la

solicitud del señor Rodríguez bajo la normativa de las

Reglas

de

Procedimiento

antes

discutida.

En

Criminal

primer

inferiores

actuaron

solicitud

automáticamente

puesto

que

Rodríguez,

impugnaría

la

la

lugar,

correctamente

impugnación

y

los

al

no

tribunales

rechazar

la

de

prueba

de

alega

el

por

tratarse

esta,

según

credibilidad

jurisprudencia

de

la

señor

testigo

principal y víctima en el procedimiento criminal en su

contra. Sin embargo, los foros de primera instancia y

apelativo erraron al no evaluar esa prueba impugnatoria a

la luz de la prueba que fue presentada durante el juicio.

Sólo

así

admisión

podrían

de

la

determinar

prueba

nueva

si

era

hubiera

probable

que

la

resultado

en

un

veredicto distinto.

En su orden, el foro primario razonó que

de haberse conocido durante el juicio [que

se presentó la demanda en daños], pudiera haber

afectado adversamente la credibilidad de la

testigo principal del caso, por contar con una

motivación e interés especial en el resultado

del caso criminal. Ello pudiera haber alterado

CC-2014-137

29

la determinación del jurado en su veredicto.59

El

foro

evidencia

primario

nueva

para

omitió

evaluar

determinar

si

el

esta

peso

de

la

probablemente

produciría un resultado distinto. El análisis contemplado

por las Reglas procesales y la jurisprudencia requiere

que el tribunal confronte el peso y valor de la nueva

prueba

propuesta

contra

durante

el

juicio.

Eso

tribunal

se

limitó

a

toda

no

la

evidencia

ocurrió

concluir

que

desfilada

en

este

caso.

la

evidencia

El

nueva

―pudiera haber alterado la determinación del jurado‖ y no

sopesó la prueba presentada durante el juicio. En estas

circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia abusó de

su discreción al concederle al señor Rodríguez un nuevo

juicio. Del mismo modo, el Tribunal de Apelaciones se

equivocó al no corregir al Tribunal de Primera Instancia.

Según

se

procedimientos,

desprende

la

de

defensa

la

transcripción

tuvo

amplia

de

los

oportunidad

durante el juicio de contrainterrogar a la señora L.G. e

impugnar su alegado interés económico en el resultado del

pleito criminal contra el señor Rodríguez:

P.

59

Lo cierto es, que tanto usted como

también sus padres, contrataron los

servicios

del

bufete

de

Salvador

Casellas, hijo. Incluso, aquí viene

uno de los abogados y los acompaña a

ustedes para hacer una reclamación

civil en este caso a las partes

envueltas. La universidad, la compañía

Apéndice del recurso de certiorari, pág. 263 (énfasis

suplido).

CC-2014-137

30

de

seguros,

el

mismo

Willy

(el

convicto).

Compañía

de

seguros,

William (el convicto), la universidad,

el condominio.

R.

No.

P.

¿Ni que se va a radicar?

R. No.60

Concluido el turno de la defensa, en su turno de

redirecto el Ministerio Público le preguntó lo siguiente

a la señora L.G.:

P.

El abogado del acusado le preguntó a

usted si usted o sus padres habían

contratado

a

abogados

para

hacer

alguna reclamación civil al acusado,

al condominio, a la universidad. Usted

contestó que no. Mi pregunta es, por

qué razón o qué la movió usted a

denunciar estos hechos.

R.

Para hacer valer mis derechos de… o

sea, fui violada. No quiero tener que

vivir por esto toda mi vida, por eso

es que estoy aquí.61

Un repaso de la evidencia desfilada demuestra lo

difícil que sería concluir que la prueba supuestamente

nueva presentada en apoyo a la solicitud de nuevo juicio

probablemente

arrojaría

un

resultado

diferente

a

la

determinación de culpabilidad a la que llegó el jurado.

Como reseñamos anteriormente, la prueba desfilada no se

limitó al testimonio de la señora L.G., sino que incluyó

60

61

Apéndice del recurso de certiorari, pág. 277.

Apéndice del recurso de certiorari, pág. 278 (énfasis

suplido).

CC-2014-137

31

el testimonio del doctor que la examinó luego de los

hechos y el de los agentes a cargo de la investigación,

los

informes

preparados

por

la

agente

de

delitos

sexuales, el médico y el Instituto de Ciencias Forenses,

el análisis forense de ADN, las fotografías de la escena

y los videos del vestíbulo y del área de acceso a la

azotea del condominio. Incluso, durante el juicio, la

defensa

contrainterrogó

a

la

testigo,

en

más

de

una

ocasión, sobre si tenía intención de presentar una acción

civil

en

daños

por

los

mismos

hechos

criminales

del

juicio contra el señor Rodríguez. La señora L.G. contestó

en la negativa. Tras evaluar toda la evidencia y escuchar

el testimonio y subsiguiente impugnación de la señora

L.G.,

el

jurado

halló,

unánimemente,

que

el

señor

Rodríguez era culpable.

La

solicitud

del

señor

Rodríguez

incumple

un

requisito esencial para la concesión de un nuevo juicio

en

circunstancias

ordinarias.

Y

es

que

no

podemos

concluir, a la luz de toda la evidencia desfilada durante

el juicio, que la presentación de la demanda en daños y

perjuicios probablemente cambiaría el veredicto unánime

del jurado. La señora L.G. presentó su demanda tres meses

después de ese veredicto. El que se haya presentado la

demanda

en

daños

y

perjuicios

tres

meses

después

del

juicio no es suficiente para concluir, como hicieron los

foros

inferiores,

que

ella

estaba

mintiendo

cuando

CC-2014-137

32

testificó sobre los hechos imputados al acusado.62 Resulta

preocupante que ambos foros llegaran a esa conclusión sin

considerar el resto de la prueba en la cual el jurado

basó su decisión, la cual, como explicamos, incluyó la

teoría de la defensa sobre la mendacidad y parcialidad de

la testigo por razones económicas. El evento posterior

sometido como prueba de impugnación en este caso no es

suficiente para catalogar como falsa la aseveración de la

señora L.G. en cuanto a su intención, en aquel momento,

de no presentar una acción en daños y perjuicios.

Hemos explicado que ―la concesión de un nuevo juicio

salvaguarda los intereses de la verdad y la justicia, y

dependerá

de

los

hechos

y

de

las

circunstancias

particulares de cada caso, en virtud de su naturaleza

excepcional‖.63 En nuestra función adjudicativa no podemos

abstraernos de la realidad ni ignorar la totalidad de los

hechos que dieron paso a la controversia que se atiende.

Por eso, debemos considerar la naturaleza particular de

la

prueba

nueva

ante

nuestra

consideración:

luego

de

concluido el juicio, la víctima de la violación presentó

una demanda en daños y perjuicios basada en los mismos

hechos por los cuales se juzgó al señor Rodríguez. Esa

situación es muy diferente a aquellas en las que hemos

concedido un nuevo juicio porque se ocultó información

62

Apéndice del recurso de certiorari, pág. 415.

63

Pueblo v. Marcano Parrilla (II), supra, pág. 737.

CC-2014-137

33

que serviría para impugnar a la testigo principal del

caso.

En

esos

otros

casos,

el

Ministerio

Público

participó del acto de ocultar u omitir tales hechos al no

revelar que le había concedido al testigo principal del

caso algún tipo de inmunidad o beneficio a cambio de su

testimonio. Esa omisión del Estado laceró la confianza en

el resultado del caso y maculó la certeza del proceso

penal. Sin embargo, en el caso ante nuestra consideración

el Estado es un tercero ajeno a la decisión que tomó la

señora L.G. de presentar la demanda civil.

Más importante aún, no podemos equiparar el interés

en el resultado del caso de un testigo que recibió un

beneficio

o

inmunidad

a

cambio

de

su

testimonio

al

interés de la víctima en el resultado de la acción penal.

Si

bien

en

la

representación

acción

de

la

penal

el

sociedad

Pueblo

—

pues

comparece

la

en

conducta

delictiva lacera los entendidos básicos de la comunidad —

no podemos llegar al extremo de hacer invisible el daño

particular que sufre la víctima. La señora L.G. tiene

derecho a reclamar el resarcimiento por los daños que en

su momento pueda demostrar a satisfacción del tribunal.

No por ello puede reducirse su interés en el caso penal a

un mero interés económico, como concluyó el Tribunal de

Primera Instancia y confirmó el Tribunal de Apelaciones.

El resarcimiento económico, si alguno, que eventualmente

pueda obtener la señora L.G. y sus allegados es un tipo

CC-2014-137

34

de reparación por los daños que han sufrido y no prueba

que

su

testimonio

fuera

un

negocio

para

obtener

ganancias. La conclusión contraria impondría un obstáculo

al ejercicio de derechos que el ordenamiento concede a

las

personas

que

sean

víctimas

de

alguna

conducta

delictiva. Confirmar a los foros inferiores llevaría al

absurdo de reconocer el derecho automático a un nuevo

juicio cada vez que una víctima decida ejercer su derecho

a

ser

indemnizada

luego

de

un

fallo

o

veredicto

de

culpabilidad o de que se dicte una sentencia.

Llamamos nuevamente la atención a la necesidad de

evitar entrar en clasificaciones que tiendan a reconocer

menos

credibilidad

sexuales.64

Al

a

las

víctimas

su

demanda,

presentar

de

la

agresiones

señora

L.G.

ejerció su derecho a reclamar por los daños que alega

haber

sufrido.65

desfilada

resulta

en

el

Evaluada

la

juicio

creída

inconcebible

y

penalizar

totalidad

la

por

de

el

la

prueba

jurado,

credibilidad

de

nos

la

víctima por ejercer ese derecho. Concluimos que los foros

inferiores

erraron

presentación

de

la

al

evaluar

demanda

en

la

daños

prueba

y

de

la

perjuicios

sin

64

Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 732

(1980).

65

Hemos reconocido que las víctimas de agresión sexual

sufren daños particulares, que incluso atentan contra su

dignidad como personas, que no pueden ser equiparados con

las angustias provocadas por otro tipo de casos de daños

y perjuicios. De demostrarse ante un tribunal, estos

daños merecen ser compensados. Elba A.B.M. v. U.P.R., 121

DPR 294, 321 (1990).

CC-2014-137

35

tomar en cuenta la totalidad de la prueba presentada en

el juicio.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la

Resolución

jurado

y

recurrida,

se

ordena

se

al

reinstala

Tribunal

de

el

veredicto

Primera

del

Instancia

dictar la Sentencia correspondiente.

Liana Fiol Matta

Jueza Presidenta

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

CC-2014-137

Certiorari

v.

William J. Rodríguez

Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2015.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte íntegra

de la presente Sentencia, se revoca la Resolución

recurrida, se reinstala el veredicto del jurado y

se ordena al Tribunal de Primera Instancia dictar

la Sentencia correspondiente.

Lo

acordó

el

Tribunal

Secretaria del Tribunal.

y

certifica

la

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo