LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. Méndez Pérez

2015 TSPR 125

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pueblo v. Méndez Pérez

CC-2015-448

Derecho Constitucional y Procedimiento Criminal – Aplicación de la Regla 182 de Procedimiento Criminal y el Artículo 68(a) del Código Penal en aquellos casos en los que un acusado sumariado fue declarado no procesable

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

2015 TSPR 125

Edwin Méndez Pérez

193 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC-2015-448

Fecha: 17 de septiembre de 2015

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Caguas

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Víctor A. Meléndez Lugo

Sociedad para Asistencia Legal

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez

Subprocuradora General

Lcda. Lisa M. Durán Ortiz

Procuradora General Auxiliar

Materia:

Derecho

Constitucional

y

Procedimiento

Criminal

–

Aplicación de la Regla 182 de Procedimiento Criminal y el Artículo

68(a) del Código Penal en aquellos casos en los que un acusado

sumariado fue declarado no procesable.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2015-448

Edwin Méndez Pérez

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada ORONOZ RODRÍGUEZ

(Regla 50)

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de septiembre de

2015.

En esta ocasión nos corresponde resolver si el

periodo de tiempo que una persona acusada estuvo no

procesable

-por

motivo

de

no

comprender

la

naturaleza de los procedimientos en su contra- debe

descontarse de la pena impuesta mediante sentencia

una vez la persona acusada advino procesable y se

reanudaron los procedimientos. Por las razones que

se

ofrecen

a

continuación

contestamos

afirmativamente dicha pregunta y resolvemos que un

acusado sumariado que es declarado no procesable

continúa estando privado de su libertad para efecto

de la Regla 182 de Procedimiento Criminal y del

2

CC-2015-448

Artículo

68(a)

del

Código

Penal,

disposiciones

que

reglamentan el tiempo a abonarse a la sentencia en un caso

como el de autos.

I

El 12 de mayo de 2014, al Sr. Edwin Méndez Pérez

(peticionario)

se

le

encontró

infracción

al

Artículo

conocida

como

Ley

Protección

de

Menores

58

para

causa

de

la

la

(Ley

para

Ley

arresto

Núm.

Seguridad,

Núm.

246),

por

246-2011,

Bienestar

el

cual

y

está

catalogado como un delito grave. 8 LPRA sec. 1174. En la

misma

fecha

el

peticionario

fue

puesto

en

detención

preventiva pues no pagó la fianza impuesta.

El

27

de

mayo

de

2014,

su

abogada

le

informó

al

Tribunal de Primera Instancia que el peticionario parecía

no entender los procedimientos en su contra “por razón de

defecto y/o condición mental”.1 A raíz de ello, en esa

misma fecha el juez suspendió los procedimientos y citó a

las

partes

a

vista

al

amparo

de

la

Regla

240

de

Procedimiento

Criminal,

34

LPRA

Ap.

II.

R.

240,

a

celebrarse

11

junio

de

en

la

que

se

el

una

de

2014

y

determinaría la capacidad del peticionario para encarar el

procedimiento penal.

No obstante, la vista no se llevó a cabo pues el

Departamento de Corrección y Rehabilitación no transportó

al

peticionario

evaluación

1

al

previa.

hospital

Por

las

de

psiquiatría

mismas

razones,

Resolución y orden, pág. 19 del Apéndice.

para

otra

una

vista

3

CC-2015-448

pautada

para

el

9

de

julio

de

2014

tampoco

pudo

efectuarse. Finalmente, el 13 de agosto de 2014 tuvo lugar

la vista, en la cual, luego del testimonio del perito

psiquiatra nombrado por el tribunal, se determinó que el

peticionario se encontraba no procesable. Allí, el juez de

instancia ordenó “el traslado del confinado a Psiquiatría

Forense

de

Río

Piedras

tan

pronto

haya

una

cama

disponible”.2

En los meses que siguieron, el Tribunal de Primera

Instancia

citó

seguimiento.

a

Algunas

las

partes

de

éstas

a

se

varias

vistas

de

pospusieron

porque

el

Departamento de Corrección y Rehabilitación no llevó al

peticionario

a

la

efectuaron

en

ellas

y

evaluación

se

previa;

concluyó

que

otras

el

sí

se

peticionario

continuaba no procesable.

En la vista de seguimiento que tuvo lugar el 17 de

febrero

de

2015,

evaluaciones,

encontraba

se

luego

de

determinó

que

mentalmente

las

el

capacitado

correspondientes

peticionario

para

ya

se

enfrentar

el

proceso. De manera que el 18 de marzo de 2015 se realizó

la vista preliminar y se encontró causa para acusar por

infracción al Artículo 58 de la Ley Núm. 246, supra. Las

partes fueron citadas para el 26 de marzo de 2015, fecha

en que tendría lugar la lectura de acusación y el juicio

en su fondo.

2

El expediente judicial a nuestra disposición no nos permite

determinar concluyentemente si el señor Méndez Pérez fue internado por

algún periodo de tiempo en la referida institución. Sin embargo, como

se verá, ello no nos impide resolver la controversia.

4

CC-2015-448

Sin embargo, el 26 de marzo de 2015 el Ministerio

Público le informó al tribunal que había llegado a un

acuerdo con el peticionario para que la denuncia fuera

reclasificada

a

los

efectos

de

imputar

violación

al

Artículo 136 del Código Penal del 2012, 33 LPRA sec. 5197,

–el cual es un delito menos grave, con pena máxima de seis

meses de cárcel- en lugar del Artículo 58 de la Ley Núm.

246,

supra.

alegación

de

Artículo

136

A

cambio

de

ello,

el

culpabilidad

por

violación

al

Penal,

supra.

Luego

del

Código

peticionario

haría

referido

de

los

trámites de rigor, el tribunal aceptó el acuerdo y ordenó

enmendar el pliego acusatorio.

Acto seguido, el juez declaró culpable al peticionario

por

el

Artículo

136

del

Código

Penal,

supra,

y

lo

sentenció a seis meses de cárcel. Utilizando el análisis

que pautó este Tribunal en Pueblo v. Pagán Medina, 178 DPR

228 (2010), caso que versaba sobre la manera de calcular

el término máximo de seis meses de detención preventiva

cuando el acusado está no procesable, el juez procedió a

descontar de la sentencia el término de un mes y veinte

días

por

motivo

del

tiempo

que

el

peticionario

estado “en preventiva”.3 Esto es, solamente contó

había

del 12

de mayo de 2014 -cuando fue detenido por no pagar fianzahasta el 25 de mayo de 2014 y del 17 de febrero de 2015 –

cuando se concluyó que ya se encontraba procesable- hasta

el 26 de marzo de 2015, fecha en que dictó sentencia. Así

3

Sentencia nunc pro tunc, pág. 34 del Apéndice.

5

CC-2015-448

pues, no consideró el periodo en el que el peticionario

había estado no procesable, desde el 27 de mayo de 2014

hasta el 17 de febrero de 2015.

Oportunamente,

peticionario

la

solicitó

representación

reconsideración

y

legal

alegó

que

del

éste

había cumplido en exceso de la pena impuesta, pues llevaba

en prisión desde el 12 de mayo de 2014 y por tanto -en

atención a la Regla 182 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA

Ap. II, R. 182, y al Artículo 68(a) del Código Penal del

2012, 33 LPRA sec. 5101- se le debía abonar a la sentencia

todo

ese

tiempo.

La

reconsideración

fue

declarada

sin

lugar.

El peticionario recurrió al Tribunal de Apelaciones y

reiteró

su

planteamiento.

representado

por

la

presentó

un

escrito

derecho

aplicable,

El

Oficina

de

en

cual,

el

concluyó:

la

Ministerio

Público,

Procuradora

General,

luego

“tomando

de

exponer

el

en

cuenta

las

circunstancias particulares de este caso, no nos oponemos

a la solicitud del peticionario”.4

El 27 de mayo de 2015, notificado el 28 de mayo, el

Tribunal

de

Apelaciones

dictó

sentencia

modificando

la

decisión del Tribunal de Primera Instancia a los únicos

efectos de descontar dos días adicionales de la sentencia.5

4

Escrito en cumplimiento de orden, pág. 46 del Apéndice.

El Tribunal de Apelaciones concluyó que el Tribunal de Primera

Instancia había calculado mal el tiempo de detención preventiva, pues

contó desde el 12 de mayo de 2014 hasta el 25 de mayo de 2014, cuando

realmente no fue hasta el 27 de mayo de 2014 que el juez suspendió los

procedimientos por entender que el peticionario se encontraba no

procesable.

5

6

CC-2015-448

En

todo

lo

demás,

el

foro

intermedio

confirmó

al

de

primera instancia.6

Inconforme con esta determinación, el 2 de junio de

2015

el

peticionario

presentó

ante

este

Tribunal

una

Petición de Certiorari y señaló como único error:

Erró el honorable Tribunal de Apelaciones al

confirmar

una

sentencia

del

tribunal

de

instancia que dispone que no se abone al

cumplimiento de la sentencia del peticionario la

totalidad del tiempo en que éste estuvo privado

de su libertad, contrario a lo dispuesto por el

estado de derecho vigente.7

En la misma fecha, el peticionario también presentó

una Moción en Solicitud de Orden Provisional en Auxilio de

Jurisdicción. En ésta nos solicitó que, en vista de que

había estado sumariado por un periodo de tiempo mayor al

de la pena impuesta, ordenáramos su excarcelación mientras

atendíamos el recurso de

certiorari. El 5 de junio de

2015, declaramos con lugar la Moción en Solicitud de Orden

Provisional

en

Auxilio

de

Jurisdicción

y

ordenamos

la

excarcelación sujeto a ciertas restricciones que estarían

en

vigor

hasta

que

dispusiéramos

finalmente

de

la

controversia.

6

Al igual que el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de

Apelaciones fundamentó su decisión en el análisis llevado a cabo por

este Tribunal en el caso de Pueblo v. Pagán Medina, 178 DPR 228

(2010).

7

Petición de Certiorari, pág. 7.

7

CC-2015-448

Al

amparo

de

la

Regla

50

del

Reglamento

de

este

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 50, procedemos a expedir el

recurso de certiorari y resolver la presente controversia.8

II

A.

La Sección 11 del Artículo II de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Const. PR, Art. II,

Sec.

11,

establece,

en

lo

pertinente:

“la

detención

preventiva antes del juicio no excederá de seis meses”.

Este Tribunal ha expresado anteriormente que el término

“detención preventiva” se refiere al periodo anterior al

juicio en el cual el acusado se encuentra sumariado debido

a que no prestó fianza. Ruiz v. Alcaide, 155 DPR 492, 503

(2001); Pueblo v. González Vega, 147 DPR 692, 701 (1999).

La referida disposición constitucional dispone, pues, que

el juicio contra el acusado detenido preventivamente debe

comenzar no más tarde de seis meses o, de lo contrario, el

acusado será puesto en libertad sin que ello implique la

desestimación

de

la

causa.

E.L.

Chiesa

Aponte,

Derecho

procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Ed. Forum,

Bogotá, 1995, Vol. II, págs. 333-334.

La detención preventiva que no excede de seis meses

forma

8

parte

de

las

garantías

sobre

juicio

rápido

que

Dado que el Ministerio Público se allanó a la solicitud del

peticionario ante el Tribunal de Apelaciones, en aras de agilizar el

trámite ante nos hemos prescindido de requerir su alegato según nos lo

permite la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B,

R. 50.

8

CC-2015-448

reconoce nuestro ordenamiento. Pueblo v. Torres Rodríguez,

186 DPR 183, 191 (2012). Ésta pretende desincentivar la

dilación

y

promover

que

el

Ministerio

Público

actúe

diligentemente, limitando su autoridad para mantener bajo

custodia indefinida a un acusado que no pagó fianza y que

se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario. Íd;

Pueblo v. Alcaide, supra, en la pág. 503; O.E. Resumil,

Derecho Procesal Penal,

New Hampshire, Ed. Butterworth,

1993, T. 2, Sec. 25.4(a), pág. 248.

En Pueblo v. Pagán Medina, supra, interpretamos la

relación entre esta garantía constitucional y la Regla 240

de Procedimiento Criminal, supra, la cual versa sobre el

procedimiento a seguir cuando se cuestiona si un acusado

se

encuentra

procedimiento

Medina,

mentalmente

capacitado

para

penal

contra.

Pueblo

en

su

En

encarar

v.

el

Pagán

supra, en la pág. 244, dijimos que el término

durante el cual el imputado se encuentra no procesable

debe excluirse de los seis meses que tiene el Estado para

dar comienzo al juicio. Establecimos que dicho término se

cuenta desde que el juez tiene base razonable9 para dudar

de la capacidad mental del acusado; ello a pesar de que

dicha determinación inicial se debe confirmar en una vista

posterior

con

la

ayuda

de

peritos,

así

como

de

otra

evidencia. Íd., en la pág. 246. El fundamento detrás de

esa conclusión es que el procedimiento contra el acusado

9

Con posterioridad a la decisión en el caso de Pueblo v. Pagán Medina,

178 DPR 228 (2010), la Regla 240 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA

Ap. II, R. 240, se enmendó a los efectos de modificar el estándar de

base razonable por el de preponderancia de la prueba.

9

CC-2015-448

se suspende desde que el juez hace la determinación de

base razonable y, por lo tanto, el Ministerio Público está

impedido de actuar. Íd., en la pág. 243. Un término de

juicio rápido no debe, pues, operar contra el Ministerio

Público cuando éste se halla incapacitado para actuar.10

B.

Nuestro ordenamiento también reconoce que una persona

convicta no debe permanecer privada de su libertad más

tiempo del que se disponga en la sentencia. Este principio

se articula principalmente a través de dos disposiciones

legales: la Regla 182 de Procedimiento Criminal, supra, y

el Artículo 68 del Código Penal de 2012, supra. La primera

de éstas establece:

El tiempo que hubiere permanecido privada de su

libertad cualquier persona acusada de haber

cometido cualquier delito público se descontará

totalmente del término que deba cumplir dicha

persona de ser sentenciada por los mismos hechos

por los cuales hubiere sufrido dicha privación

de libertad. 34 LPRA Ap. II, R. 182.

Asimismo, y en lo pertinente, el Artículo 68(a) del

Código Penal, supra, dispone:

A la persona convicta de delito se le abonarán

los términos de detención o reclusión que

hubiera cumplido, en la forma siguiente:

(a)

El

tiempo

de

reclusión

cumplido

por

cualquier convicto desde su detención y hasta

que la sentencia haya quedado firme, se abonará

10

“Mientras el imputado, en quien se ha encontrado „base razonable‟

para ordenar la evaluación de su condición mental, se encuentre en

espera de tal evaluación, el Ministerio Público se encuentra, a su

vez, legal y constitucionalmente vedado –„con las manos atadas‟- de

proseguir con el procedimiento criminal que tiene el deber de

ejecutar”. Pueblo v. Pagán Medina, 178 DPR 228, 243 (2010).

10

CC-2015-448

en su totalidad para el cumplimiento de la pena,

cualquiera que sea ésta.

Anteriormente

deben

hemos

interpretarse

en

dicho

que

conjunto.

ambas

disposiciones

Pueblo

v.

Contreras

Severino, 185 DPR 646, 657 (2012) (citando con aprobación

el

Informe

de

Reglas

Secretariado

de

la

Conferencia

Judicial

y

Tribunal

Supremo

de

Puerto

2008).

Así,

aplique

la

bonificación

Procedimiento

Criminal,

de

Procedimiento

Rico,

que

disponen

supra,

y

el

la

Penal

Notarial,

para

que

182

de

68(a)

del

Regla

Artículo

del

Código Penal, supra, “hace falta que [al imputado] se le

prive de su libertad, se le acuse y, posteriormente, se le

ingrese para cumplir una sentencia por los mismos hechos

por los que se le detuvo en primera instancia”. Pueblo v.

Contreras Severino, supra, en la pág. 657. Por su parte,

la

profesora

Dora

Nevares

Muñiz

ha

expresado

que

el

Artículo 68, supra, “provee para el abono de la pena de

los días en que la persona estuvo recluida previo a que su

sentencia fuera firme o bajo alguna medida de restricción

de libertad anulada o revocada”. D. Nevares Muñiz, Derecho

penal

puertorriqueño:

parte

general,

7ma

ed.

rev.,

San

Juan, Inst. para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015,

pág. 383.

Así pues, al considerar el propósito y el efecto de

disposiciones como la Regla 182 de Procedimiento Criminal,

supra, y el Artículo 68(a) del Código Penal, supra, surge

diáfanamente que ambas giran alrededor del hecho de la

11

CC-2015-448

privación

curso

de

del

Severino,

libertad

que

sufre

procedimiento

supra,

circunstancias

ordenamiento

y

en

la

penal.

pág.

basándose

jurídico

el

tiene

en

la

Pueblo

657.

el

acusado

durante

v.

el

Contreras

Reconociendo

estas

valor

que

en

nuestro

libertad

del

individuo,

ambas disposiciones ordenan que el tiempo que una persona

acusada permanezca privada de su libertad, pendiente la

conclusión del proceso en su contra, se abone a la pena

impuesta mediante sentencia por los mismos hechos.

Al aplicar la Regla 182 de Procedimiento Criminal,

supra, y el Artículo 68(a) del Código Penal, supra, en

circunstancias como la de autos, los tribunales no pueden

emplear el mismo análisis utilizado en Pueblo v. Pagán

Medina, supra, pues éste fue pensado para algo distinto;

esto es, para calcular el tiempo a excluirse del cómputo

del término máximo de seis meses de detención preventiva.

El razonamiento en dicho caso no reparó (no tenía por qué

hacerlo)

en

el

hecho

per

se

de

si

el

allí

imputado

continuó estando privado de su libertad luego de que se

encontró base razonable para dudar de su capacidad mental

para enfrentar el juicio. Por el contrario, lo decisivo en

Pueblo v. Pagán Medina, supra, fue precisar el momento en

que, por motivo de la determinación de base razonable, los

procedimientos quedaron suspendidos y por tanto el término

de seis meses de detención preventiva antes del juicio

dejó de transcurrir en contra del Ministerio Público. “Es

desde ese momento [de la determinación de base razonable]

12

CC-2015-448

que

el

ciudadano

no

está

sujeto

a

ser

procesado,

la

privación de su libertad responde a otras razones y, por

ende, no se encuentra bajo detención preventiva”. Pueblo

v. Pagán Medina, supra, en la pág. 244.

Por

su

parte,

en

el

caso

de

la

Regla

182

de

Procedimiento Criminal, supra, y del Artículo 68(a) del

Código Penal,

supra, lo decisivo es el tiempo que una

persona

estado

haya

privada

de

su

libertad

desde

el

momento en que inició el procedimiento penal y hasta que

se

dictó

la

sentencia

condenatoria.

Ello,

independientemente de si el procedimiento penal contra el

acusado sumariado estuvo suspendido en algún momento por

motivo

de

una

determinación

de

no

procesabilidad.

Para

propósitos de abonar a la sentencia el tiempo que estuvo

detenido, lo determinante no es si el Ministerio Público

se

hallaba

imposibilitado

de

actuar,

sino

la

efectiva

privación de libertad en la que se encontraba el acusado

no procesable.

III

Por no prestar fianza, el peticionario fue puesto en

detención preventiva el 12 de mayo de 2014. El 27 de mayo

de

2014

el

peticionario

juez

concluyó

de

manera

preliminar

se

encontraba

no

procesable,

por

que

lo

el

cual

suspendió los procedimientos y citó a las partes a una

vista según la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra.

Debido

a

Corrección

dilaciones

y

atribuibles

Rehabilitación,

dicha

al

Departamento

vista

no

se

de

celebró

13

CC-2015-448

hasta

el

13

de

determinación

agosto

de

preliminar

2014,

de

cuando

que

el

se

confirmó

la

peticionario

se

encontraba no procesable y se ordenó que fuera trasladado

a Psiquiatría Forense de Río Piedras. El 17 de febrero de

2015,

el

encontraba

tribunal

concluyó

mentalmente

que

el

capacitado

peticionario

para

someterse

se

al

procedimiento penal, por lo cual el 26 de marzo de 2015 lo

declaró culpable por infracción al Artículo 136 del Código

Penal, supra, y lo sentenció a seis meses de cárcel.

Tras aplicar el análisis de este Tribunal en Pueblo v.

Pagán Medina, supra, el juez de instancia descontó de la

sentencia el término de un mes y veinte días en concepto

de detención preventiva; esto es, desde el 12 de mayo de

2014 hasta el 25 de mayo de 2014 y desde el 17 de febrero

de 2015 hasta el 26 de marzo de 2015. El Tribunal de

Apelaciones

confirmó

por

el

mismo

fundamento,

pero

modificó la sentencia para descontar dos días adicionales

de la condena.

Como adelantáramos, erraron los tribunales recurridos

al abonar solamente el tiempo que el peticionario estuvo

en detención preventiva, obviando el hecho de que éste

siguió privado de su libertad luego de que se suspendieran

los procedimientos por razón de no ser procesable. Una

persona acusada no deja de estar bajo la custodia y la

jurisdicción del Estado por el hecho de no encontrarse

procesable.

Pueblo

v.

Pagán

Medina,

175

DPR

557,

573

(2009); Ruiz v. Alcaide, supra, en la pág. 501; Chiesa

14

CC-2015-448

Aponte,

op.

cit.,

Vol.

III,

págs.

362-363.

Los

cargos

criminales continúan pendientes y la razón del tratamiento

es que el acusado recupere la capacidad para que pueda ser

sometido al proceso y juzgado.11 Tampoco se trata en estos

casos de un privilegio o de una decisión voluntaria; el

juez,

bajo

obligado

a

fundamentos

de

suspender

los

debido

proceso

procedimientos

de

ley,

está

y

ordenar

el

traslado para tratamiento. Ruiz v. Alcaide, supra, en la

pág. 501; Chiesa Aponte, op. cit., Vol. III, pág. 349. Es

decir, a pesar del tratamiento clínico, el Estado continúa

privando

de

su

libertad

al

acusado

de

una

manera

coercitiva.

Por lo tanto, al momento de aplicar la Regla 182 de

Procedimiento

Criminal,

supra,

y

el

Artículo

68(a)

del

Código Penal, supra, para descontar de la sentencia el

tiempo que el peticionario estuvo privado de su libertad,

los foros recurridos debieron incluir el periodo en el

cual

el

comenzó

peticionario

el

27

de

estuvo

mayo

de

no

procesable;

2014

con

la

periodo

que

determinación

preliminar de no procesabilidad y que culminó el 17 de

febrero

de

testimonio

2015

del

cuando,

perito,

se

luego

pudo

de

la

concluir

evaluación

que

ya

y

podía

encarar el proceso en su contra. De haberlo hecho así,

11

Claro, si después de un tiempo razonable bajo tratamiento el acusado

continúa improcesable y no existe probabilidad sustancial de que ello

vaya a cambiar, “se [le] debe liberar de la institución adecuada del

Estado

donde

recibe

tratamiento,

salvo

que

estén

presentes

circunstancias

fácticas

que

señalen

que

debe

ser

internado

involuntariamente bajo dicho procedimiento de internación civil”.

Ruiz v. Alcaide, 155 DPR 492, 507 (2001) (énfasis en el original)

(citas omitidas).

15

CC-2015-448

resultaba

que

el

26

de

marzo

sentencia

de

seis

meses

de

había

cumplido

la

condena

de

2015,

cárcel,

pues

ya

llevaba

al

dictarse

el

peticionario

privado

de

la

su

libertad desde que fue puesto en detención preventiva el

12 de mayo de 2014; es decir, desde hacía más de diez

meses. Incidieron, pues, los foros recurridos al no dar

por cumplida la sentencia desde el momento mismo en que

ésta fue dictada.

IV

Por

los

fundamentos

expuestos,

revocamos

la

determinación del Tribunal de Apelaciones, así como la del

Tribunal de Primera Instancia. Se confirma la orden de

excarcelación dictada por este Tribunal el 5 de junio de

2015 y se ordena la eliminación de cualquier restricción

de libertad impuesta en virtud de dicha orden.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2015-448

Edwin Méndez Pérez

Peticionario

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de septiembre de

2015.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte de la

presente Sentencia, revocamos la determinación del

Tribunal de Apelaciones, así como la del Tribunal

de Primera Instancia. Se confirma la orden de

excarcelación dictada por este Tribunal el 5 de

junio de 2015 y se ordena la eliminación de

cualquier restricción de libertad impuesta en

virtud de dicha orden.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo

Interina.

El Juez Asociado señor Rivera García

concurre con Opinión escrita a la cual se unió la

Jueza Asociada señora Pabón Charneco.

La Juez

Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre sin

Opinión escrita. El Juez Asociado señor Estrella

Martínez emitió Opinión de Conformidad.

María I. Colón Falcón

Secretaria del Tribunal Supremo, Interina

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Certiorari

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

CC-2015-448

v.

Edwin Méndez Pérez

Peticionario

Opinión Concurrente emitida por el Juez Asociado Señor

Rivera García al que se une la Jueza Asociada Señora Pabón

Charneco

En San Juan, Puerto Rico, 17 de septiembre de 2015.

Concurro

con

el

resultado

alcanzado

Opinión que antecede en la medida que

en

la

desde el

momento que el Sr. Edwin Méndez Pérez acudió en

revisión ante este Tribunal, este ya había cumplido

en prisión un periodo de tiempo mayor a la pena de

seis

meses

Instancia

impuesta

en

su

por

el

sentencia

Tribunal

de

condenatoria.

Primera

Por

lo

tanto, no hay duda de que debemos confirmar la

orden de excarcelación dictada por esta Curia el 5

de

junio

de

2015

y

ordenar

la

eliminación

de

cualquier restricción a la libertad impuesta por

virtud de la referida orden.

CC-2015-448

Ahora

2

bien,

muy

respetuosamente

entiendo

que

este

resultado debió emitirse en una Sentencia, no mediante una

opinión

del

Tribunal,

la

cual

establece

un

precedente

normativo innecesario que carece de los hechos pertinentes

y oportunos para su adopción. Nótese que hoy una mayoría de

este

Tribunal

resuelve

que

el

periodo

que

un

acusado

sumariado pasa internado en una institución psiquiátrica

recibiendo tratamiento médico luego de una determinación de

no

procesabilidad

debe

descontarse

de

la

sentencia

que

finalmente imponga el Tribunal. Esto por virtud de la Regla

182 de Procedimiento Criminal. (34 LPRA Ap. II, R. 240).

De

esta

manera,

concluyen

que

estar

internado

en

Psiquiatría Forense, por ejemplo, equivale a una privación

de la libertad para efectos de la referida regla. Más allá

del

genuino

debate

que

una

afirmación

como

esa

puede

provocar – e independientemente del respetable criterio que

tenga cada uno de mis compañeros y compañeras sobre el

particular - el problema con esta interpretación extensiva

de lo que constituye “privación a la libertad” es que del

expediente no surge que el señor Méndez Pérez fuera, en

efecto,

trasladado

e

ingresado

a

hospital

psiquiátrico

alguno. Véase, escolio 2 de la Opinión, pág. 3.

En

ese

adoptando

contexto,

una

una

normativa

mayoría

del

concerniente

Tribunal

al

concepto

está

de

“privación a la libertad” y sus implicaciones frente a una

reclusión en un hospital psiquiátrico, a pesar de que de

los hechos del caso de epígrafe no surge que este fue

ingresado en alguna institución de esta naturaleza. Por el

contrario, lo que sí surge del expediente es que estuvo en

prisión

en

todo

momento

hasta

el

día

que

le

dictaron

CC-2015-448

3

sentencia. De hecho, así lo reconoció el señor Méndez Pérez

en sus respectivas comparecencias e, incluso, el propio

Ministerio

Público

al

allanarse

a

la

solicitud

de

excarcelación presentada por este.

Así las cosas, el cuadro fáctico del presente caso se

limita a una persona que fue ingresada en prisión por no

pagar fianza y permaneció en prisión hasta el momento que

se le dictó sentencia, independientemente de que hubo un

periodo en que estuvo declarado no procesable. Al estar en

prisión

en

todo

momento,

no

hay

duda

de

que

procede

abonarle ese periodo a la sentencia condenatoria dictada,

según

dispone

claramente

Criminal,

supra.

discutir

qué

En

ese

la

Regla

sentido,

implicaciones

tiene

182

de

Procedimiento

no

hay

espacio

para

para

el

abono

la

en

sentencia el que una persona sumariada esté internada en

una facilidad psiquiátrica recibiendo tratamiento médico.

Eso es una discusión que en su momento debemos sostener,

pero para la cual los hechos del presente caso no ofrecen

el cuadro idóneo. Es por ello que en esta ocasión concurro

con la Opinión que antecede.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2015-448

Certiorari

Edwin Méndez Pérez

Peticionario

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA

MARTÍNEZ

San Juan, Puerto Rico, a 17 de septiembre de 2015.

Estoy conforme con la Opinión Mayoritaria

que resuelve que el periodo en que un imputado

de

delito

se

encuentra

no

procesable

debe

descontarse de la condena impuesta. Entiendo que

tanto la Regla 182 de Procedimiento Criminal,

infra, como el Artículo 68(a) del Código Penal,

infra, requieren que el tiempo que una persona

hubiere permanecido privada de su libertad debe

descontarse

totalmente

del

término

que

debe

cumplir en su sentencia.

Empero, por la importancia que reviste la

norma que hoy adoptamos, procedo a abundar en

torno a las consideraciones constitucionales que

CC-2015-448

2

obligan al legislador y las razones adicionales por las que

estoy conforme con la Opinión que hoy emite este Tribunal.

I

En el caso ante nos, el 12 de mayo de 2014

se le

encontró causa para arresto por la infracción a un delito

grave al Sr. Edwin Méndez Pérez (Méndez Pérez). Desde esa

fecha, el señor Méndez Pérez fue restringido de su libertad

al no poder prestar la fianza impuesta. Posteriormente, el

27 de mayo de 2014 se advirtió de la posibilidad de que el

imputado no fuera procesable, por lo que se comenzó el

proceso dictado por la Regla 240 de Procedimiento Criminal,

34 LPRA Ap. II, R. 240. Sin embargo, luego de múltiples

señalamientos, no fue hasta el 13 de agosto de 2014 que el

Tribunal de Primera Instancia determinó que el señor Méndez

Pérez

no

era

procesable

y

ordenó

su

traslado

a

una

institución psiquiátrica.12 Finalmente, el 17 de febrero de

2015 se determinó que el señor Méndez Pérez era procesable.

Posterior a ello, el 26 de marzo de 2015 el Ministerio

Público llegó a un acuerdo con el señor Méndez Pérez de

imputar

una

violación

por

otro

delito

a

cambio

de

su

declaración de culpabilidad. Así las cosas, y en esa misma

fecha, el Tribunal de Primera Instancia declaró culpable al

peticionario

Asimismo,

el

y

lo

sentenció

a

seis

meses

foro

primario

descontó

de

de

la

cárcel.

referida

sentencia el término de un mes y veinte días, a saber: del

12

El retraso en la celebración de la vista de no

procesabilidad se debió a que el Departamento de Corrección

y Rehabilitación no realizó los trámites para la evaluación

psiquiátrica previa del imputado.

CC-2015-448

3

12 de mayo de 2014 al 25 de mayo de 2014 (13 días)13 y del

17 de febrero de 2015 hasta el 26 de marzo de 2015 (un mes

y 7 días).14

Inconforme, el señor Méndez Pérez planteó que procedía

descontar todo el tiempo que estuvo restringido de libertad

sin

considerar

si

procesabilidad.

Con

ello

tal

fue

reclamo,

por

razón

acudió

de

al

su

no

Tribunal

de

Apelaciones. Por su parte, el Ministerio Público presentó

un Escrito de Cumplimiento de Orden ante el Tribunal de

Apelaciones en el que se allanó a la petición del señor

Méndez

Pérez

al

sostener

que

“el

peticionario

estuvo

recluido en una institución penal al menos durante seis

meses

antes

de

que

se

le

sentenciara.

Es

decir,

el

peticionario estuvo privado de su libertad al menos seis

(6) meses”.15

El

foro

apelativo

intermedio

no

acogió

el

planteamiento del peticionario y optó por extender al abono

de la sentencia la norma pautada en Pueblo v. Pagán Medina,

178 DPR 228 (2010) en cuanto a que no se utiliza para el

cómputo de detención preventiva el tiempo que una persona

no estuvo procesable. Asimismo, el referido foro extendió

tal

determinación

razonable

para

al

creer

momento

que

el

desde

acusado

que

estaba

existe

base

mentalmente

13

Periodo desde que fue sumariado el señor Méndez Pérez

hasta unos días antes de que se trajera a colación la

posible no procesabilidad del imputado.

14

Periodo que corresponde desde que fue

procesable nuevamente hasta dictada la sentencia.

15

hallado

Véase, Escrito en Cumplimiento de Orden, Apéndice,

pág. 57.

CC-2015-448

4

incapacitado, para fines de la controversia ante nos. Por

tanto, sólo modificó la sentencia del Tribunal de Primera

Instancia a los efectos de abonar dos días adicionales, por

entender que se debía descontar desde el 12 de mayo de 2014

al 27 de mayo de 2014, fecha en la que se advirtió “base

razonable” sobre la posibilidad de no procesabilidad del

imputado.

En desacuerdo, el señor Méndez Pérez acudió ante este

Tribunal

mediante

provisional

de

el

presente

auxilio

de

recurso

y

una

solicitud

jurisdicción.

En

síntesis,

reiteró su reclamo de que procedía que se descontara todo

el tiempo que estuvo privado de su libertad, incluyendo

aquel en el que no era procesable.

Este Tribunal mediante Resolución emitida el 5 de junio

de

2015

auxilio

declaró

de

con

lugar

jurisdicción

y

la

solicitud

ordenó

la

provisional

de

excarcelación

del

peticionario, sujeto a ciertas condiciones.

II

De

proceso

entrada

debemos

reseñado

el

señalar

Ministerio

que

aunque

Público

se

durante

allanó

a

el

la

petición del señor Méndez Pérez, ello no tornó académica la

controversia ante nuestra consideración.

Como es norma conocida, dentro de las doctrinas que

autolimitan

la

intervención

judicial

está

la

de

academicidad. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180

DPR 920, 932 (2011). En este sentido, un caso es académico

cuando

no

existe

una

controversia

real,

o

cuando

al

dictarse una sentencia, por alguna razón ésta no tendría

CC-2015-448

efectos

5

prácticos

convirtiéndose

en

sobre

una

la

opinión

controversia

consultiva

existente,

sobre

asuntos

abstractos. Íd., págs. 932-933; San Gerónimo Caribe Project

v. ARPe, 174 DPR 640, 652 (2008).

No obstante, la norma jurídica ha reconocido una serie

de excepciones a la doctrina de la academicidad que nos

permiten la consideración de un caso que de otro modo,

resultaría

académico

en

cuanto

a

su

resultado

o

efecto

inmediato. PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 676 (1995).

Entre éstas se encuentra el hecho de que la controversia o

polémica sea recurrente o susceptible de volver a ocurrir.

Para

ello

debe

existir

una

probabilidad

de

recurrencia,

identidad entre las partes involucradas y la probabilidad

de que el asunto sea capaz de evadir la revisión judicial.

Véase, Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág.

934 y casos allí citados.

Precisamente, en el caso ante nuestra consideración nos

encontramos

ante

una

situación

capaz

de

repetirse

nuevamente y en la que no existe una norma establecida que

pueda

ser

aplicada

de

forma

uniforme

por

los

foros

inferiores, por lo que nos corresponde expresarnos sobre el

planteamiento sometido ante nuestra consideración, ya que

aún

cuando

el

Ministerio

Público

se

allanó

a

lo

peticionado, ello no fue avalado por los foros inferiores y

es

susceptible

de

volver

a

ocurrir.

Por

tanto

resulta

indispensable que este Tribunal se exprese a tales efectos

de tal forma que exista una norma clara sobre cuánto se

abona a la sentencia en casos de no procesabilidad. Véanse,

CC-2015-448

6

UPR v. Laborde Torres y Otros, 180 DPR 253, 281 (2010);

Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 933.

Procedemos a ello.

III

Uno de los derechos fundamentales del ser humano es el

derecho a su libertad. Tan es así, que la Constitución de

Puerto Rico contiene varios incisos en los que se adelanta

tal

propósito.

Entre

ellos,

el

que

se

reconozca

como

“derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a

la libertad y al disfrute de la propiedad” así como el que

“ninguna persona será privada de su libertad o propiedad

sin el debido proceso de ley”. Art. II Sec. 7 de la Const.

de Puerto Rico, LPRA, Tomo I, pág. 296 (2008). Igualmente,

se reconoce que en los procesos criminales el acusado goza

de la presunción de inocencia. Art. II Sec. 11 de la Const.

de

Puerto

Rico,

supra,

pág.

343.

Como

consecuencia,

se

garantiza que éste “tendrá derecho a quedar en libertad

bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio” y el que

“la detención preventiva antes del juicio no excederá de

seis meses”. Íd.

Igualmente,

jurídico

nuestro

promueve

la

ordenamiento

rehabilitación

constitucional

de

las

y

personas

convictas de delito. De esta forma, nuestra Constitución

consagra

como

principio

“el

tratamiento

adecuado

de

los

delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y

social”.

Art.

VI

Sec.

19

de

la

Const.

de

Puerto

Rico,

supra, pág. 440. Véase, además, Plan de Reorganización del

CC-2015-448

7

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, 3 LPRA

Ap. XVIII, et seq.

Ante tal realidad, se codifica un sistema de penas en

nuestro

ordenamiento

reconoce

la

jurídico

importancia

de

y,

que

en

una

igual

medida,

se

persona

convicta

de

delito no exceda la pena impuesta privada de su libertad.

Es de tal envergadura este derecho que se establece que el

tiempo que una persona ha estado privada de su libertad se

descuenta de su sentencia.

A

estos

efectos,

la

Regla

182

de

Procedimiento

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 182, dispone como sigue:

El tiempo que hubiere permanecido privada de su

libertad cualquier persona acusada de cometer

cualquier delito público se descontará totalmente

del término que deba cumplir dicha persona de ser

sentenciada por los mismos hechos por los cuales

hubiera

sufrido

la

privación

de

libertad.

(Énfasis suplido).

Por su parte, el Art. 68 del Código Penal de 2012, 33

LPRA sec. 5101 (Supl. 2014), dispone lo siguiente:

A la persona convicta de delito se le abonarán

los términos de detención o reclusión que hubiere

cumplido, en la forma siguiente:

(a)

El tiempo de reclusión cumplido por cualquier

convicto desde su detención y hasta que la

sentencia haya quedado firme, se abonará en su

totalidad para el cumplimiento de la pena,

cualquiera que sea ésta.

Ambas

disposiciones

se

interpretan

conjuntamente.

Pueblo v. Contreras Severino, 185 DPR 646, 657 (2012). Las

antes transcritas disposiciones, son diáfanas al establecer

que la privación de libertad de una persona por razón de

los hechos que se le imputan en la comisión de un delito se

abona desde su detención hasta que recae la sentencia en su

CC-2015-448

8

contra. Íd. Véase, además, Pueblo v. Torres Rodríguez, 186

DPR 183, 195 (2012). En otras palabras, la Regla 182 de

Procedimiento Criminal y el Art. 68(a) del Código Penal de

2012 disponen que se le abone al convicto el tiempo que

estuvo

restringido

de

su

libertad

en

espera

de

ser

sentenciado por los mismos hechos por los cuales se privó

de su libertad. Íd.

En el caso de autos, la interrogante que suscita los

hechos ante nuestra consideración es si la determinación de

no procesabilidad constituye una privación de libertad que

debe ser considerada al momento de determinar cuánto se

debe descontar de la sentencia a cumplir por el convicto.

Para ello debemos examinar nuestras expresiones sobre la no

procesabilidad y sus efectos. Veamos.

IV

El término procesabilidad se refiere a si una persona

tiene la capacidad mental para enfrentarse a la naturaleza

de un procedimiento criminal en su contra. Ruiz v. Alcaide,

155 DPR 492, 499 (2001). Así, la no procesabilidad de un

imputado de delito resulta de la incapacidad mental de éste

al momento de encarar el proceso judicial en su contra.

Pueblo v. Santiago Torres, 154 DPR 291, 300 (2001); Pueblo

v. Castillo Torres, 107 DPR 551, 555 (1978). La importancia

de que una persona entienda la naturaleza y propósito del

procedimiento criminal que enfrenta radica en que no haya

una violación al debido proceso de ley por su inhabilidad

de

defenderse

adecuadamente.

Véanse,

Pueblo

v.

Santiago

Torres, supra, págs. 301-302; E.L. Chiesa Aponte, Derecho

CC-2015-448

9

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia

Ed. Forum, 1995, Vol. III, pág. 252. Es por ello que la

Regla

240

de

Procedimiento

Criminal

dispone

que

en

ese

instante, se suspenden los procedimientos y se señala una

vista para determinar el estado mental del acusado. Véase

Regla 240 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.

240. En nuestro ordenamiento, “ninguna persona podrá ser

juzgada, convicta o sentenciada por un delito mientras esté

incapacitada”. Regla 239 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA

Ap. II, R. 239.

Luego de los procedimientos, si el tribunal determina

que el imputado no es procesable deberá ordenar su traslado

a una institución para su tratamiento. Pueblo v. Santiago

Torres,

supra,

pág.

301.

Empero,

durante

el

trámite

posterior para evaluar si el imputado es procesable, no

podemos olvidar que éste permanece bajo la custodia del

Estado. Pueblo v. Pagán Medina, 175 DPR 557, 573 (2009). De

hecho,

uno

de

los

efectos

de

la

determinación

de

improcesabilidad conforme a lo dispuesto en la Regla 240 de

Procedimiento

Criminal,

permanecerá

la

bajo

supra,

es

que

“el

jurisdicción

del

tribunal”.

acusado

Ruiz

v.

Alcaide, supra, pág. 501. Claro está, no se puede permitir

una

reclusión

permanezca

la

probabilidad

ad

infinitum,

incapacidad

sustancial

de

por

del

que

lo

que

imputado

advenga

en

y

casos

no

a

donde

exista

estar

la

capaz

mentalmente, “se debe liberar de la institución adecuada

del

Estado

donde

recibe

tratamiento,

salvo

que

estén

presentes circunstancias fácticas que señalen que debe ser

CC-2015-448

internado

10

involuntariamente

bajo

dicho

procedimiento

de

internación civil”. Íd., pág. 507.

Ahora bien, a la luz de lo expuesto este Tribunal ha

resuelto

cuál

es

procesabilidad

el

en

efecto

cuanto

de

la

determinación

al

término

de

de

no

detención

preventiva. En Pueblo v. Pagán Medina, supra, expresamos

que

el

término

derecho

de

detención

constitucional

preventiva

arraigado

en

responde

la

a

un

presunción

de

inocencia que constituye un garante del derecho a un juicio

rápido y a evitar un abuso de poder. Como consecuencia, una

persona no debe estar más de seis meses detenida sin que se

comience su juicio. No obstante, cuando el imputado de un

delito

no

es

procesable

en

virtud

de

la

Regla

240

de

Procedimiento Criminal, supra, no se puede aludir a que se

encuentra

detenido

preventivamente,

pues

durante

su

reclusión no estaba en contemplación de juicio ni en espera

de que se celebrara el proceso criminal en su contra. Ruiz

v. Alcaide, supra. Así las cosas, pautamos que “al computar

el término máximo de detención preventiva, debe excluirse,

solamente

el

tiempo

en

el

que

el

peticionario

está

efectivamente recluido en una institución adecuada para su

tratamiento,

Pueblo

v.

durante

ese

por

Pagán

orden

Medina,

periodo

el

del

tribunal”.

Énfasis

supra,

pág.

574.

Ello,

porque

imputado

no

está

sujeto

a

procesado, y por lo tanto “la

privación de

responde

no

a

otras

nuestro.

razones

y

está

su

bajo

ser

libertad

detención

preventiva”. Énfasis nuestro. Íd. Posteriormente, aclaramos

que

el

tiempo

a

excluirse

del

término

de

detención

CC-2015-448

preventiva

11

comenzará

a

contarse

a

partir

de

que

exista

“base razonable” para creer que el acusado se encuentra

mentalmente incapacitado. Pueblo v. Pagán Medina, 178 DPR

228, 233 (2010).

Tal análisis no puede extenderse automáticamente

circunstancias

ante

expone

Opinión

en

la

nuestra

consideración.

Mayoritaria,

ese

Como

a las

bien

se

raciocinio

no

responde al fundamento de la Regla 182 de Procedimiento

Criminal, supra, ni del Artículo 68(a) del Código Penal,

supra. Éstas encuentran su cimiento en abonar el tiempo

desde que una persona fue detenida y privada de su libertad

hasta

que

se

dicte

sentencia

por

los

mismos

hechos

imputados, es decir la “efectiva privación de libertad”.16

Por tanto, se debe abonar el “tiempo que el peticionario

estuvo privado de su libertad”.17 Como expusimos, mientras

la persona se encuentra no procesable está privada de su

libertad y sujeta a la continuación del proceso penal en su

contra.18

Por

persona

sentenciada

ello,

procede

el

descontar

tiempo

que

de

esté

la

pena

a

una

privada

de

su

libertad.

16

Véase, Opinión Mayoritaria, a la pág. 12.

17

Íd., a la pág. 14.

18

Para los efectos de qué sucede cuando la persona

imputada se determina que no es procesable permanentemente,

ésta debe ser liberada o proceder a su ingreso involuntario

para tratamiento, conforme lo establecido en Ruiz v.

Alcaide, 155 DPR 492 (2001).

CC-2015-448

12

V

Ante

tal

conclusión,

en

el

caso

de

autos

se

debe

considerar que el señor Méndez Pérez estaba restringido de

su libertad desde que se determinó causa para arresto el 12

de mayo de 2014 hasta que se dictó su sentencia el 26 de

marzo de 2015.19 Como consecuencia, no debe existir duda de

que a ese momento había sido privado de su libertad en

exceso de la sentencia de seis meses que le fuera impuesta.

A mi juicio, y a los fines de cuánto se debe abonar a

la sentencia impuesta, carece de importancia la fecha en la

que

existía

“base

razonable”

para

pensar

que

el

señor

Méndez Pérez no era procesable o desde cuándo estuvo en una

institución psiquiátrica por razón de su no procesabilidad

como

razonaron

los

foros

recurridos.

Como

expusimos,

lo

determinante bajo la Regla 182 de Procedimiento Criminal,

supra,

y

el

simplemente

Ello

Art.

desde

sucede

68(a)

cuando

incluso

del

Código

estuvo

en

Penal,

privado

una

de

supra,

su

determinación

es

libertad.

de

no

procesabilidad. En estos casos, el esquema discutido expone

claramente que una persona no procesable está restringida

de su libertad y sigue sujeta al proceso criminal. De esta

forma, resulta un hecho irrefutable que el señor Méndez

Pérez fue restringido de su libertad desde la determinación

de

causa

19

para

arresto.

Por

tanto,

es

incuestionable

el

Obviamente, continuó confinado hasta que emitimos la

Resolución ordenando su excarcelación el 5 de junio de

2015.

CC-2015-448

13

hecho de que éste había cumplido en exceso de la sentencia

impuesta y procedía su excarcelación.

VI

Por

lo

Mayoritaria.

expuesto,

Ello,

estoy

porque

el

conforme

tiempo

que

con

se

la

Opinión

abona

a

la

sentencia dictada contra un imputado de delito incluye el

que estuvo restringido de su libertad por razón de su no

procesabilidad. El hecho de si estuvo o no recluido en una

institución psiquiátrica en nada afecta el tiempo que debe

abonarse a su sentencia ante el tajante lenguaje de la

Regla 182 de Procedimiento Criminal, supra, y el Art. 68(a)

del Código Civil,

supra. Ambas disposiciones,

establecen

sin ambages que el tiempo que una persona estuviere privada

de su libertad o recluido desde su detención hasta dictada

la sentencia, se descontará totalmente del término que deba

cumplir dicha persona de ser sentenciada por los mismos

hechos. Como consecuencia, el hecho de desconocer si en

efecto

el

peticionario

estuvo

recluido

o

no

en

una

institución psiquiátrica, en nada afecta la norma que hoy

avala este Tribunal.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado