Tribunal Supremo de Puerto Rico
Lifescan Products, LLC v. Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y otros
2015 TSPR 114
Poder Judicial de Puerto Rico
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Lifescan Products, LLC v. Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y otros
CC-2014-321
Contribuciones – Impugnación de deuda notificada: Cantidad a pagar en el proceso de impugnación según el Art. 3.48 de la Ley de Contribuciones de Ingresos Municipales sobre la Propiedad (Ley Núm. 83-1991)
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Lifescan Products, LLC
Peticionaria
v.
Certiorari
Centro de Recaudación de
Ingresos Municipales; y
Gloria Santos Rosado, en su
carácter oficial como
Directora Ejecutiva del
Centro de Recaudación de
Ingresos Municipales
2015 TSPR 114
193 DPR ____
Recurridos
Número del Caso:
CC-2014-321
Fecha: 19 de agosto de 2015
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Aguadilla
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Manuel Moreda Toledo
Lcdo. Rubén Muñiz
Lcda. Britt Arrieta Rivera
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcda. Solymar Castillo Vargas
Lcdo. Ángel X. Viera Vargas
Materia: Contribuciones – Impugnación de deuda notificación de
deuda notificada: Cantidad a pagar en el proceso de impugnación
según el Art. 3.48 de la Ley de Contribuciones de ingresos
Municipales sobre la Propiedad (Ley Núm. 83-1991).
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Lifescan Products, LLC
Certiorari
Peticionaria
v.
CC-2014-0321
Centro de Recaudación de
Ingresos Municipales; y
Gloria Santos Rosado, en su
carácter oficial como
Directora Ejecutiva del
Centro de Recaudación de
Ingresos Municipales
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor
Rivera García
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de agosto de 2015.
El
Centro
de
Recaudación
de
Ingresos
Municipales
(CRIM) notificó una deuda de una contribución sobre una
propiedad inmueble. El contribuyente, conforme únicamente
con una parte de la deuda notificada por discrepancias con
el método utilizado por el CRIM para valorar la propiedad
en
controversia,
presentó
una
solicitud
de
revisión
administrativa. Para ello, pagó el 100% de la cantidad
notificada que estimó correcta y el 40% del restante con
el
cual
corresponde
estaba
inconforme.
determinar
lo
En
siguiente:
ese
contexto,
¿está
obligado
nos
un
contribuyente a pagar el 100% de la deuda que exige el
Art.
3.48
de
la
Ley
de
Contribuciones
de
Ingresos
Municipales sobre la Propiedad, Ley Núm. 83-1991 (Ley Núm.
CC-2014-0321
2
83) dependiendo del fundamento que utilice para impugnar?1
Hoy contestamos negativamente esa interrogante.
En el contexto particular de este caso y para efectos
de la intención legislativa bajo el referido Art. 3.48 de
la Ley Núm. 83, supra, la impugnación del método utilizado
por el CRIM para valorar la propiedad no constituye una
impugnación
de
la
totalidad
de
la
deuda
contributiva
notificada. El cuestionamiento del método utilizado por el
CRIM corresponde más bien al fundamento por el cual el
contribuyente
estima
que
solo
una
parte
de
la
deuda
notificada es correcta. Pagado el 100% de esa parte que
estima correcta y el 40% del restante, no hay duda de que
el contribuyente cumplió con el requisito de pago previo
establecido
en
el
Art.
3.48,
conforme
a
nuestros
pronunciamientos previos en Lilly del Caribe v. CRIM, 185
DPR 239 (2012). Como consecuencia, el Tribunal de Primera
Instancia tiene jurisdicción sobre la materia para atender
la
demanda
de
impugnación
de
contribución
sobre
la
propiedad.
Cónsono con ello, revocamos parcialmente la Sentencia
emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos el
caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación
de los procedimientos. A continuación exponemos los hechos
esenciales a la controversia que atendemos, así como el
derecho aplicable a esta.
1
21 LPRA sec. 5098a.
CC-2014-0321
3
I
Antes de hacer una relación de hechos, debemos aclarar
que durante los años contributivos 2008-2009, 2009-2010, y
2010-2011 el CRIM emitió notificaciones de contribuciones
sobre la propiedad las cuales fueron impugnadas por la
compañía Lifescan Products, LLC (Lifescan). No obstante,
la
controversia
circunscribe
que
este
Tribunal
exclusivamente
a
debe
atender
se
la
notificación
correspondiente al año contributivo 2010-2011. Veamos.
Lifescan
es
una
compañía
subsidiaria
de
Johnson
&
Johnson dedicada a la manufactura y es dueña de ciertos
inmuebles, incluyendo maquinaria y equipo en el Municipio
de Aguadilla. El 1 de julio de 2010 el CRIM le cursó una
notificación de contribución sobre propiedad inmueble para
el año fiscal 2010-2011 por la cantidad de $343,551.42.
Conforme únicamente con una parte de la contribución
impuesta, Lifescan presentó ante el CRIM una petición de
revisión administrativa. Con su solicitud acompañó un pago
por
$187,443.01
desglosado
de
la
forma
siguiente:
$83,370.79 por la cantidad que Lifescan estimó correcta y
con la cual estuvo conforme más $104,072.22 equivalente al
40%
de
la
contribución
restante
y
con
la
cual
estaba
inconforme, según lo dispuesto en el Art. 3.48 de la Ley
Núm. 83.
El CRIM
no
contestó
el
petitorio
de revisión
administrativa dentro del término de 60 días establecido
en el referido Art. 3.48 (a).
CC-2014-0321
4
Ante la inacción administrativa, el 28 de octubre de
2010 Lifescan presentó una demanda de impugnación ante el
Tribunal
de
Primera
Instancia.2
Argumentó,
entre
otras
cosas, que el método de tasación utilizado por el CRIM
para
valorar
la
propiedad
es
contrario
al
principio
constitucional de uniformidad en la imposición tributaria.3
Esto
debido
a
que
incorpora
un
factor
de
modificación
estático de 0.65 que no se ajusta a la realidad económica
actual y al paso del tiempo y que además contraviene el
Art. 3.08 de la Ley Núm. 83, supra.4
En respuesta a ello, el 21 de enero de 2011 el CRIM
presentó una moción de desestimación. Sostuvo, entre otras
cosas, que al cuestionar la fórmula de valoración de la
propiedad
se
está
impugnando
la
totalidad
de
la
contribución impuesta. Por tal razón, afirmó que al pagar
solo
una
parte
de
la
contribución
impuesta,
Lifescan
incumplió con el requisito jurisdiccional dispuesto en la
ley
para
poder
solicitar
revisión
administrativa
e
impugnación judicial. Por su parte, Lifescan se opuso a la
desestimación
2
y
planteó
que
dado
a
que
solo
estaba
En la demanda se presentaron dos reclamaciones, una concerniente al
año contributivo 2009-2010 y otra relacionada al año 2010-2011. La
reclamación del año contributivo 2009-2010 fue adjudicada por el
Tribunal de Apelaciones y no forma parte de la revisión solicitada
ante nos.
3
Véase Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 33-42.
4
El Art. 3.08 de la Ley Núm. 83, supra, dispone que la clasificación y
la tasación de la propiedad inmueble descrita en dicho artículo se
efectuarán conforme a las normas de exactitud y detalles científicos
de valoración adoptados por el Secretario de Hacienda. Además, que el
CRIM procederá a hacer un plan que permita la revisión constante de la
propiedad inmueble, a fin de mantenerla al día.
CC-2014-0321
5
inconforme con una parte de la contribución impuesta no
tenía que pagar la totalidad notificada.
El 26 de abril de 2011 el foro primario le ordenó al
CRIM
contestar
ciertas
interrogantes
que
ayudarían
a
resolver la moción presentada. El CRIM incumplió con la
orden judicial por lo que el tribunal mediante resolución
de 5 de octubre de 2011 declaró “no ha lugar” la moción de
desestimación presentada por este.
Luego
de
varios
trámites
procesales,
el
25
de
septiembre de 2012 el Tribunal de Primera Instancia, en
reconsideración,
declaró
con
lugar
la
petición
de
desestimación.5 Insatisfecho con ese dictamen, el 26 de
noviembre
de
2012
Lifescan
acudió
al
Tribunal
de
Apelaciones. Así las cosas, el 10 de diciembre de 2013 el
foro apelativo determinó que Lifescan no cumplió con el
requerimiento
de
pagar
la
totalidad
de
la
contribución
impugnada.
Oportunamente,
Lifescan
presentó
una
solicitud
de
reconsideración parcial ante el Tribunal de Apelaciones la
cual fue denegada. No conteste con el dictamen del foro
apelativo,
el
22
de
abril
de
2014,
acudió
ante
nos
mediante un recurso de certiorari y señaló la comisión de
los errores siguientes:
Primer Error: Erró el Tribunal de Apelaciones al
concluir que Lifescan impugna la totalidad de la
contribución impuesta por el CRIM con relación
al año fiscal 2010-11 y que por ello, conforme a
Lilly del Caribe v. CRIM, supra, venía obligada
5
Véase Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 319-345.
CC-2014-0321
6
a pagar la totalidad de la contribución impuesta
como
requisito
jurisdiccional
para
poder
impugnarla. Lifescan no impugna la totalidad de
la contribución impuesta y notificada, sino que
no está conforme con una parte de la misma.
Segundo Error: Erró el Tribunal de Apelaciones
al no revocar totalmente la Sentencia del
Tribunal de Primera Instancia que ordena la
desestimación. Conforme a las doctrinas de cosa
juzgada e impedimento colateral por sentencia,
las decisiones finales y firmes del Tribunal de
Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones
en el Segundo y Tercer caso, denegando los
mismos fundamentos del CRIM para solicitar la
desestimación en el presente caso, le impiden
litigarlos nuevamente.
El 31 de octubre de 2014 ordenamos al CRIM y a su
Director Ejecutivo, en su carácter oficial, mostrar causa
por la cual no debiéramos expedir el auto solicitado. El
15 de diciembre de 2014 el CRIM compareció e invocó los
mismos fundamentos que había presentado ante el Tribunal
de
Apelaciones.
Tras
la
comparecencia
de
ambas
partes,
expedimos el recurso de certiorari y con el beneficio de
los alegatos de ambas partes, resolvemos.
II
A
Reiteradamente hemos reconocido que los tribunales, al
ejercer
su
considerar
función
el
de
propósito
interpretar
o
la
una
intención
de
ley,
debemos
la
Asamblea
Legislativa al aprobarla. Así, como intérpretes finales de
las leyes, tenemos la obligación de lograr un resultado
que se ajuste al propósito y a la política pública que
inspiró
a
la
promulgación,
Asamblea
de
manera
Legislativa
que
se
al
momento
viabilice
el
de
más
su
fiel
CC-2014-0321
7
cumplimiento de la finalidad de la medida. Const. José
Carro v. Mun. de Dorado, 186 DPR 113, 126-127 (2012).
Véanse, además, IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184
DPR 712, 738 (2012); Consejo de Titulares v. DACo, 181 DPR
945, 958 (2011).
En este renglón, y en el contexto particular de las
leyes de carácter contributivo, hemos enfatizado que deben
interpretarse
restrictivamente.
disposiciones
deben
acogerse
Es
“de
una
decir,
forma
sus
justa,
y
a
tenor con sus propios y expresos términos”. Lukoil Pan
Americas, LLC v. Mun. de Guayanilla, 2015 TSPR 39, pág. 9,
192 DPR ___ (2015); Pepsi-Cola v. Mun. de Cidra, 186 DPR
713, 738 (2012); Lilly del Caribe v. CRIM, supra, pág.
251; Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., 177 DPR 230, 250 (2009).6
Ahora bien, hemos advertido que tal ejercicio restrictivo
de
interpretación
no
puede
conllevar
como
resultado
la
evasión del pago del impuesto que la Asamblea Legislativa
ha establecido mediante ley. COSVI v. CRIM, 2015 TSPR 78,
pág.
6,
193
DPR
__
(2015);
Lilly
del
Caribe
v.
CRIM,
supra, pág. 252; West India Oil Co. (PR) v. Sancho Bonet,
Tes,
54
DPR
732,
744-745
(1939).
Lo
importante
es
armonizar hasta donde sea posible las disposiciones de ley
aplicables
al
caso
con
miras
a
lograr
un
resultado
sensato, lógico y razonable que preserve la intención del
legislador.
6
Ello,
enmarcado
en
un
reconocimiento
de
la
Véase, además: R. Elfren Bernier y otros, Aprobación e interpretación
de las leyes en Puerto Rico, San Juan, Pubs. J.T.S, 1987, pág. 464.
CC-2014-0321
8
utilidad de cada una de las disposiciones de ley. ASG v.
Mun. de San Juan, 168 DPR 337, 348 (2006); Talcott InterAmer. Corp. v. Registrador, 104 DPR 254 (1975). Con este
marco interpretativo como norte, veamos las disposiciones
de la Ley Núm. 83, supra, pertinentes a la controversia
que nos presenta el recurso de autos.
B
La Ley Núm. 83, supra, le confirió a los municipios el
poder
y
la
facultad
de
tasar,
imponer,
notificar,
determinar y cobrar las contribuciones sobre la propiedad.7
A esos fines, el legislador le transfirió al CRIM todos
los poderes, las facultades y las funciones relacionadas
con
las
contribuciones
sobre
la
propiedad
mueble
e
inmueble en Puerto Rico.8
Posteriormente, mediante la Ley Núm. 135 de 11 de
julio de 1998 (Ley Núm. 135), el legislador incluyó el
Art.
3.48
al
cuerpo
de
la
Ley
Núm.
83,
supra,
para
establecer el procedimiento de revisión administrativa e
impugnación judicial.9 Este, en lo pertinente, disponía lo
siguiente:10
(a)
Revisión
administrativa.
Si
el
contribuyente no estuviere conforme con la
notificación
de
la
imposición
contributiva
emitida por el Centro de conformidad con las
secs. 5076 y 5077 [Arts. 3.26 y 3.27] de este
título, podrá solicitar por escrito una revisión
administrativa donde se expresen las razones
7
Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 83, supra.
Véase Art. 1.02 de la Ley Núm. 83, supra. (21 LPRA sec. 5001 nota).
9
13 LPRA secs. 10101 et seq.
10
Este artículo fue enmendado posteriormente mediante la Ley Núm. 712010. Para una mayor discusión sobre las implicaciones de esta
enmienda, véase, COSVI v. CRIM, supra.
8
CC-2014-0321
9
para su objeción, la cantidad que estime
correcta e incluir, si lo entiende necesario, la
evidencia o documentos correspondientes, dentro
del término de treinta (30) días calendarios, a
partir de la fecha de depósito en el correo de
la notificación provista por las secs. 5076 y
5077 de este título, siempre y cuando el
contribuyente, dentro del citado término:
(1) Pague al Centro de Recaudación la parte
de la contribución con la cual estuviere
conforme y un cuarenta por ciento (40%) de la
parte de la contribución con la cual no
estuviere conforme, o;
(2) pague al Centro de Recaudación
totalidad de la contribución impuesta.
la
El contribuyente que solicite una revisión
administrativa,
según
se
dispone
en
esta
sección, no podrá acogerse al descuento por
pronto pago dispuesto en la sec. 5093 de este
título, excepto cuando pague la totalidad de la
contribución impuesta dentro de los términos
prescritos por ley para tener derecho al
descuento.
... Cuando la decisión sea favorable [al
contribuyente], el Centro vendrá obligado a
devolver al contribuyente la parte de la
contribución
cobrada
en
exceso,
con
los
intereses correspondientes desde la fecha de
pago de la contribución revisada.
El procedimiento de revisión administrativa
deberá completarse como requisito previo para
que un contribuyente que no estuviere conforme
con la decisión sobre imposición contributiva la
impugne, según lo dispone el inciso (b) de esta
sección.
(b)
Impugnación
judicial.
Si
el
contribuyente no estuviere conforme con la
notificación
de
la
imposición
contributiva
realizada por el Centro, de conformidad con las
secs. 5076 y 5077 [Arts. 3.26 y 3.27] de este
título y el inciso (a) de esta sección, podrá
impugnar la misma ante el Tribunal de Primera
Instancia dentro del término de treinta (30)
días calendarios, a partir de la fecha de
depósito en el correo de la notificación
provista por las secs. 5076 y 5077 [Arts. 3.26 y
3.27]
de este título, siempre y cuando dicho
contribuyente, dentro del citado término:
CC-2014-0321
10
(1) Pague al Centro de Recaudación la parte
de la contribución con la cual estuviere
conforme y cuarenta por ciento (40%) de la parte
de la contribución con la cual no estuviere
conforme, o;
(2) pague al Centro de Recaudación
totalidad de la contribución impuesta.
la
Tanto la presentación de la impugnación,
como el pago de la contribución impuesta, ya sea
en su totalidad o en la parte con la cual se
estuviere conforme, así como el pago del
cuarenta por ciento (40%) de la parte de la
contribución con la cual
no se estuviere
conforme, dentro del término dispuesto, se
considerarán de carácter jurisdiccional.
... Si la decisión del tribunal fuere
favorable al contribuyente y éste hubiere pagado
la contribución impugnada en o con posterioridad
a lo establecido en esta sección, dicha decisión
dispondrá que se devuelva a dicho contribuyente
la contribución o la parte de ella que estimare
el tribunal fue cobrada en exceso, con los
intereses correspondientes por ley, computados
desde la fecha de pago de la contribución
impugnada.
Ahora bien, el contribuyente que desee
impugnar la imposición contributiva, según se
dispone en esta sección, no podrá acogerse al
descuento por pronto pago dispuesto en la sec.
5093 [Art. 3.43] de este título, excepto que
pague la totalidad de la contribución impuesta e
impugnada dentro de los términos prescritos por
ley para tener derecho al descuento. (Énfasis
nuestro).11
11
Cónsono con lo anterior, el Reglamento 7221 de 19 de septiembre de
2006, en su Artículo IX, dispone lo siguiente:
Conforme lo dispuesto en el Artículo 3.48 de la Ley
Núm. 83-1991, supra, el Contribuyente que no estuviere
conforme con la notificación de la imposición de la
contribución o la notificación de cambio en la valoración
según los Artículos 3.26 y 3.27 de la Ley Núm. 83-1991,
supra, podrá solicitar por escrito al Centro Regional del
CRIM
correspondiente
al
municipio
donde
ubique
la
propiedad inmueble que contiene la solicitud de revisión
o, en los casos correspondientes, a la Oficina Central del
CRIM, conforme lo contemplan los Artículos V, XII, XV y
XVI de este Reglamento, una revisión administrativa dentro
del
término
jurisdiccional
de
treinta
(30)
días
calendarios, contados a partir de la fecha de depósito en
el correo de la referida notificación siempre y cuando el
CC-2014-0321
11
El propósito de esta enmienda fue proveer un proceso
dirigido
a
totalidad
“disuadir
del
desacuerdo
que
un
contribuyente
tributo,
aunque
una
parte”.12
con
únicamente
El
impugn[e]
la
estuviera
en
legislador
señaló
expresamente el efecto negativo que tiene en las arcas
públicas
el
que
los
contribuyentes
“intenten
dilatar
y
evadir el pago de las contribuciones inmuebles mediante
revisiones administrativas e impugnaciones judiciales”.13
Un examen del historial legislativo de la Ley Núm. 135
que
incorporó
el
Art.
3.48
así
lo
confirma.
Específicamente, el Informe sobre el P. de la C. 1543,
explica el propósito del requisito jurisdiccional de pago
previo de la contribución inmueble anual. Este expresa lo
siguiente:
Contribuyente, dentro del referido término de treinta (30)
días:
1.
pague al CRIM la parte de la contribución anual con
la cual estuviere conforme y un cuarenta por ciento (40%)
de la parte de la contribución anual con la cual no
estuviere conforme; o
2.
pague al CRIM la totalidad de la contribución anual
impuesta para el referido año fiscal, según dispone el
Artículo 3.48 de la Ley Núm. 83-1991, supra.
El pago de la contribución del modo aquí dispuesto
constituirá
un
requisito
jurisdiccional
para
la
presentación de una solicitud de revisión administrativa,
según dispuesto por la Ley Núm. 83-1991, supra y este
Reglamento.
Solicitudes presentadas fuera del término provisto
por la Ley Núm. 83-1991, supra y el presente Reglamento o
sin que se hubiese efectuado el pago de contribución
requerido por el Artículo 3.48 de la Ley
Núm. 83-1991,
supra y este Artículo, se entenderán denegadas de plano,
sin
que
para
ello
se
requiera
notificación
al
Contribuyente al respecto.
12
13
Lilly del Caribe v. CRIM, supra, pág. 251.(Énfasis suplido).
Íd.
CC-2014-0321
12
... Además se establece que durante ese
término, el contribuyente deberá pagar la parte
de la contribución con la cual estuviere
conforme y un cuarenta por ciento (40%) de la
parte de la contribución con la cual no
estuviere de acuerdo o, en su lugar, la
totalidad
de
la
contribución
impuesta
garantiz[á]ndosele el rembolso total de la
misma, en caso de prevalecer en su reclamación.
También se dispone que cuando se pague parte de
la contribución, el contribuyente no se podrá
acoger al descuento por pronto pago dispuesto en
el Artículo 3.43.
Estas
disposiciones
uniforman
el
procedimiento de cobro de las contribuciones a
los establecidos en el caso de impugnación ante
el Tribunal de Primera Instancia, para que el
CRIM pueda cumplir con su deber ministerial de
distribuir a los municipios la parte cobrada.
Esto es necesario, ya que en la práctica los
contribuyentes obvian el proceso de revisión
administrativo recurriendo directamente a los
Tribunales y dejando de pagar la contribución
impuesta hasta tanto el Tribunal emita su
decisión sobre el caso. Lo anterior afecta los
ingresos que reciben los municipios por este
concepto sobre todo, cuando conscientes del
proceso
de
revisión
administrativa
[el]
contribuyente acude al Tribunal como subterfugio
para dejar de pagar sus contribuciones. Por
tanto, se establece un remedio administrativo
que el contribuyente deberá agotar antes de
proceder a la impugnación de la imposición
contributiva ante un Tribunal.14
Nótese
Primero,
que
el
cuando
el
Art.
3.48
establece
contribuyente
dos
tiene
que
escenarios.
pagar
la
totalidad de la contribución notificada al no estar de
acuerdo con esta. Segundo, si el contribuyente está en
desacuerdo
parcialmente
con
la
deuda
notificada,
debe
pagar la cantidad que estima correcta más el 40% de la
cantidad restante. Si el ciudadano no paga la contribución
14
Véase Informe de la Comisión de Asuntos Municipales y de la Comisión
de Hacienda de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 1543,
13ra Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Ordinaria, 12 de junio de 1998,
pág. 2.
CC-2014-0321
13
en su totalidad no puede acogerse al diez (10%) porciento
de “pronto pago” que contempla el Art. 3.43 de la Ley Núm.
83, supra.15 Así lo aclaramos en Lilly del Caribe v. CRIM,
supra, pág. 253 y en Shell v. Srio de Hacienda, 187 DPR
109, 128 (2012).
Tal y como señaláramos en Lilly del Caribe v. CRIM,
supra,
la
Asamblea
Legislativa
creó
un
mecanismo
de
carácter jurisdiccional para que un contribuyente promueva
su acción impugnatoria solo cuando tiene bases sólidas.16
Además, concedió un proceso administrativo que cumple con
el debido proceso de ley al permitirle a este ejercer su
derecho a ser oído y presentar evidencia.17 Es decir, del
texto de la ley no se desprende que el contribuyente tenga
que
presentar
un
fundamento
concreto
para
ejercer
su
derecho de impugnar la notificación de la imposición de la
contribución.
Así
pues,
expuesto
el
derecho
aplicable
pasemos a resolver la controversia que nos ocupa.
III
En esencia, la posición de la peticionaria es que
cuestionar la metodología de valoración utilizada por el
CRIM,
no
significa
que
impugna
la
totalidad
de
la
contribución impuesta, sino que solicita una revaloración
15
Lilly del Caribe v. CRIM, supra, pág. 253.
Recientemente, en COSVI v. CRIM, supra, reiteramos que el
procedimiento
de
revisión
administrativa,
incluyendo
el
pago
correspondiente, constituye un requisito jurisdiccional, aun luego de
las enmiendas introducidas al Art. 3.48 mediante la Ley Núm. 71-2010.
17
Del Informe de la Comisión de Asuntos Municipales y de la Comisión
de Hacienda de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 1543
se desprende que el propósito de la Ley Núm. 135, supra, fue
salvaguardar los derechos de los contribuyentes.
16
CC-2014-0321
14
de la propiedad y que su valor sea reducido para fines
tributarios, ya que el método de valoración no sigue la
norma de uniformidad ni se sigue la revisión periódica de
los valores de las propiedades requerida por ley. Por su
parte, la posición del CRIM es que el cuestionamiento de
la fórmula para valorar la propiedad implica cuestionar la
totalidad de la contribución impuesta. Por lo tanto, aduce
que para poder impugnar la contribución impuesta Lifescan
estaba obligada a pagar la totalidad y no una parte.
Como observamos, Lifescan está conforme parcialmente
con
la
contribución
entiende
que
este
notificada
último
incorrecta y contraria a
por
utilizó
el
una
CRIM,
porque
metodología
la ley para calcular el valor de
su propiedad. A raíz de ello, presentó una solicitud de
revisión administrativa junto a la cual pagó el 100% de la
parte de la deuda con la cual estaba conforme y el 40% de
la cantidad restante que entendía era incorrecta. Ello,
conforme a los requisitos establecidos en el Art. 3.48 de
la Ley Núm. 83, supra. Transcurrido el término para que el
CRIM
atendiera
el
referido
petitorio
de
revisión
administrativa, Lifescan acudió al Tribunal de Apelaciones
mediante una demanda de impugnación de contribución.
Así las cosas, el CRIM sostiene que el foro primario
no tiene jurisdicción para atender la mencionada demanda
de impugnación, ya que Lifescan incumplió con el requisito
de pago previo establecido en el Art. 3.48 de la Ley Núm.
83,
supra.
De
acuerdo
a
la
entidad
administrativa,
el
CC-2014-0321
15
cuestionamiento de Lifescan sobre su método de valoración
de la propiedad equivale a una impugnación de la totalidad
de
la
deuda
contributiva
notificada,
por
lo
que
le
correspondía pagar el 100% de esta para entonces tener
derecho
a
solicitar
una
revisión
administrativa
y
eventualmente presentar una demanda de impugnación ante
los tribunales. Ciertamente, esta última interpretación no
es sostenible a la luz de las disposiciones de la Ley Núm.
83, supra, y nuestros pronunciamientos anteriores.
Según reseñáramos en la sección anterior, la Ley Núm.
83, supra, específicamente establece qué opciones tiene el
contribuyente
cuando
no
está
conforme
con
la
deuda
contributiva notificada por el CRIM e interesa solicitar
una
revisión
notar
que
administrativa.
las
Ahora
disposiciones
bien,
de
es
esta
importante
legislación
expresamente establecen que tal inconformidad por parte
del
contribuyente
puede
reflejarse
de
dos
maneras.
El
contribuyente bien podría estar inconforme con parte de la
deuda notificada, o bien podría estar inconforme con la
totalidad de la deuda. Bajo cualquiera de esos escenarios,
la ley establece un requisito de pago previo cuya cantidad
va a depender de si el contribuyente está inconforme con
una parte o con la totalidad de la deuda.
En ese sentido, reiteradamente hemos establecido que
si el contribuyente está inconforme con la totalidad de la
contribución notificada, deberá pagar el 100% de esta como
requisito
previo
para
la
aceptación
de
la
revisión
CC-2014-0321
16
administrativa.
No
únicamente
con
parte
previo
la
solicitud
a
obstante,
de
si
la
este
deuda
de
está
inconforme
notificada,
revisión
su
pago
administrativa
corresponderá al 100% de la parte de la deuda con que esté
conforme y el 40% del restante de la deuda con la cual
está inconforme.
Este
segundo
aconteció
en
Lifescan
una
el
escenario
presente
deuda
fue
lo
caso.
El
contributiva
que,
precisamente,
CRIM
le
notificó
sobre
su
a
propiedad
inmueble para el año fiscal 2010-2011 por la cantidad de
$343,551.42. Lifescan estuvo conforme parcialmente con esa
deuda
porque
método
entendía
incorrecto
que
para
el
CRIM
valorar
había
su
utilizado
propiedad.
En
un
ese
sentido, entendió que la contribución sobre su propiedad
inmueble
para
ese
año
fiscal
Siendo
así,
presentó
una
administrativa,
$187,443.01
la
que
cual
debía
ser
de
solicitud
acompañó
correspondían
a
de
con
los
$83,370.79.
un
revisión
pago
por
$83,370.79
que
Lifescan entendía que era la cantidad correcta a pagar más
$104,072.22 equivalentes al 40% de la cantidad restante
notificada por el CRIM y con la cual Lifescan no estaba
conforme (40% de $260,180.63). El único argumento que nos
presenta
el
CRIM
para
impugnar
Lifescan
es
que
este
es
correspondía
pagar
la
ese
pago
insuficiente,
totalidad,
es
emitido
por
ya
le
que
decir,
los
$343,551.42. Esto porque, según arguye, el cuestionamiento
CC-2014-0321
17
del método de valoración constituye una impugnación de la
totalidad de la deuda notificada.
En este punto es importante aclarar varios asuntos. En
primer lugar, y en abstracción del contenido de la Ley
Núm. 83, supra, toda impugnación de una deuda contributiva
notificada
por
conlleva
cuestionamiento
un
el
CRIM,
técnica
del
e
número
inevitablemente,
total
impuesto.
Esto porque ya sea que el contribuyente esté inconforme
con la cantidad total en sí o ya sea que el contribuyente
esté
inconforme
con
parte,
ambos
escenarios
reflejan
inconformidad con la totalidad. Es decir, el contribuyente
entiende que la cuantía que notificó el CRIM no es la
correcta.
Ahora bien, las disposiciones específicas de la Ley
Núm. 83,
supra,
no brindan espacio para esta simple y
llana explicación, toda vez que ello convertiría en letra
muerta una de las opciones incluidas por el legislador.
Después de todo, la Asamblea Legislativa fue clara en su
intención de brindarle al contribuyente dos opciones: una
opción si estaba impugnando la totalidad de la deuda y
otra opción si estaba impugnando únicamente parte de esta;
y acogerse al beneficio del descuento dependiendo de la
opción elegida.
En segundo lugar, contrario a lo ocurrido en el caso
de Lilly del Caribe v. CRIM, supra, y Shell v. Srio. de
Hacienda,
supra,
Lifescan
no
ha
expresado
que
está
inconforme con toda la deuda contributiva impuesta por el
CC-2014-0321
18
CRIM, sino todo lo contrario. La compañía reconoce que
parte de esa deuda es correcta y, de hecho, emitió un pago
correspondiente a esa cantidad. Empero, impugna el resto
de la deuda notificada porque entiende que el método de
valoración utilizado por el CRIM es incorrecto y contrario
a la ley. En ese sentido, debe quedar claro que el método
de
valoración
propiedades
que
no
utiliza
está
en
el
CRIM
para
controversia
tasar
ante
las
nuestra
consideración. Lo que debemos resolver en este caso es si
un
contribuyente
que
impugna
solo
una
parte
de
la
contribución está obligado a pagar la totalidad por el
hecho de que la razón por la cual está inconforme es por
el método que se utilizó para valorar la propiedad.
Al
examinar
las
disposiciones
legales
pertinentes,
podemos concluir que, en el contexto particular de la Ley
Núm. 83, un contribuyente que esté en desacuerdo con el
método de valoración no significa que esté inconforme con
la totalidad de la contribución impuesta. El Art. 3.48 de
la Ley Núm. 83, supra, le da dos opciones al contribuyente
que desee impugnar la contribución impuesta. Dentro del
contexto de esa disposición legal, cuando un contribuyente
está
inconforme
únicamente
con
una
parte
de
la
contribución, tiene la opción de pagar la parte con la
cual está conforme más el 40% para los efectos de iniciar
el
proceso
de
independientemente
revisión
del
administrativa.
fundamento
por
el
cual
inconforme con la porción contributiva que impugna.
Esto
esté
CC-2014-0321
19
Como es sabido, el cobro de contribuciones por el
Estado no es irrestricto. Carazo v. Srio de Hacienda, 118
DPR 306, 309 (1987). Es evidente que el Art. 3.48 de la
Ley Núm. 83, supra, no contempla la interpretación que
pretende establecer el CRIM en cuanto a que para impugnar
el método de valoración tenía que pagar la totalidad de la
contribución impuesta. Como hemos visto, Lifescan no está
cuestionando la imposición de la contribución por parte
del CRIM, su contención es que no está conforme con parte
de la deuda porque el método que utilizaron para valorar
su propiedad no es el correcto.
Luego
de
tributarias
armonizar
podemos
las
colegir
distintas
que
el
disposiciones
propósito
de
la
legislación que incorpora el Art. 3.48 a la Ley Núm. 83,
supra, responde al deseo de la Asamblea Legislativa de
establecer
un
contribuciones
procedimiento
sobre
la
de
propiedad
impugnación
inmueble
y
de
las
que
el
contribuyente tuviera un medio para solicitar una revisión
de la contribución impuesta.18
En este sentido razonamos que impugnar el método de
valoración
utilizado
contribuciones
sobre
por
la
el
propiedad
CRIM
para
inmueble
no
imponer
implica
estar en desacuerdo con la totalidad de la contribución
impuesta. Es decir, lo que se cuestiona es la fórmula de
la valoración y no la imposición de la contribución. Por
consiguiente,
18
resolvemos
que
Lifescan
no
evadió
Véase el Informe sobre el P. de la C. 1543 de 12 de junio de 1998.
su
CC-2014-0321
20
responsabilidad
de
pagar
la
contribución
que
entendió
correcta más el 40% de la contribución con la cual no
estaba
de
acuerdo
tal
y
como
lo
exige
la
legislación
vigente.
Finalmente, por entender que no es pertinente al caso,
no entraremos a dirimir la controversia sobre cosa juzgada
bajo la modalidad de impedimento colateral por sentencia.
IV
Por los fundamentos que anteceden, resolvemos que erró
el
Tribunal
apelada
en
de
lo
Apelaciones
que
respecta
al
confirmar
a
la
la
sentencia
reclamación
del
año
contributivo 2010-2011. En consecuencia, resolvemos que no
procedía
la
desestimación
Lifescan
cumplió
con
los
de
la
reclamación,
requisitos
ya
que
jurisdiccionales
dispuestos en el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, al
presentar su reclamación a tiempo y pagar la totalidad de
la contribución con la cual estaba conforme y el 40% de la
parte con la que no estaba de acuerdo, según lo establece
la Ley Núm. 83. Por consiguiente, se devuelve el caso al
Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los
procedimientos de conformidad con lo aquí pautado.
Se dictará sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Lifescan Products, LLC
Peticionaria
v.
Centro de Recaudación de
Ingresos Municipales y
Gloria Santos Rosado, en
su carácter oficial como
Directora Ejecutiva del
centro de recaudación de
Ingresos Municipales
CC-2014-0321
Certiorari
Recurridos
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de agosto de 2015.
Por los fundamentos antes expuestos, se
revoca parcialmente la sentencia emitida por el
Tribunal de Apelaciones en lo que respecta a la
desestimación de la reclamación presentada por
Lifescan
Products,
LLC
en
cuanto
al
año
contributivo 2010-2011. Como consecuencia, se
devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia
para la continuación de los procedimientos de
conformidad con lo aquí pautado.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La
Jueza Presidenta señora Fiol Matta concurrió sin
opinión escrita. La Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez disintió sin opinión escrita.
Aida I. Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo