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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Lifescan Products, LLC v. Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y otros

2015 TSPR 114

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Lifescan Products, LLC v. Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y otros

CC-2014-321

Contribuciones – Impugnación de deuda notificada: Cantidad a pagar en el proceso de impugnación según el Art. 3.48 de la Ley de Contribuciones de Ingresos Municipales sobre la Propiedad (Ley Núm. 83-1991)

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lifescan Products, LLC

Peticionaria

v.

Certiorari

Centro de Recaudación de

Ingresos Municipales; y

Gloria Santos Rosado, en su

carácter oficial como

Directora Ejecutiva del

Centro de Recaudación de

Ingresos Municipales

2015 TSPR 114

193 DPR ____

Recurridos

Número del Caso:

CC-2014-321

Fecha: 19 de agosto de 2015

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Aguadilla

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Manuel Moreda Toledo

Lcdo. Rubén Muñiz

Lcda. Britt Arrieta Rivera

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcda. Solymar Castillo Vargas

Lcdo. Ángel X. Viera Vargas

Materia: Contribuciones – Impugnación de deuda notificación de

deuda notificada: Cantidad a pagar en el proceso de impugnación

según el Art. 3.48 de la Ley de Contribuciones de ingresos

Municipales sobre la Propiedad (Ley Núm. 83-1991).

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lifescan Products, LLC

Certiorari

Peticionaria

v.

CC-2014-0321

Centro de Recaudación de

Ingresos Municipales; y

Gloria Santos Rosado, en su

carácter oficial como

Directora Ejecutiva del

Centro de Recaudación de

Ingresos Municipales

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

Rivera García

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de agosto de 2015.

El

Centro

de

Recaudación

de

Ingresos

Municipales

(CRIM) notificó una deuda de una contribución sobre una

propiedad inmueble. El contribuyente, conforme únicamente

con una parte de la deuda notificada por discrepancias con

el método utilizado por el CRIM para valorar la propiedad

en

controversia,

presentó

una

solicitud

de

revisión

administrativa. Para ello, pagó el 100% de la cantidad

notificada que estimó correcta y el 40% del restante con

el

cual

corresponde

estaba

inconforme.

determinar

lo

En

siguiente:

ese

contexto,

¿está

obligado

nos

un

contribuyente a pagar el 100% de la deuda que exige el

Art.

3.48

de

la

Ley

de

Contribuciones

de

Ingresos

Municipales sobre la Propiedad, Ley Núm. 83-1991 (Ley Núm.

CC-2014-0321

2

83) dependiendo del fundamento que utilice para impugnar?1

Hoy contestamos negativamente esa interrogante.

En el contexto particular de este caso y para efectos

de la intención legislativa bajo el referido Art. 3.48 de

la Ley Núm. 83, supra, la impugnación del método utilizado

por el CRIM para valorar la propiedad no constituye una

impugnación

de

la

totalidad

de

la

deuda

contributiva

notificada. El cuestionamiento del método utilizado por el

CRIM corresponde más bien al fundamento por el cual el

contribuyente

estima

que

solo

una

parte

de

la

deuda

notificada es correcta. Pagado el 100% de esa parte que

estima correcta y el 40% del restante, no hay duda de que

el contribuyente cumplió con el requisito de pago previo

establecido

en

el

Art.

3.48,

conforme

a

nuestros

pronunciamientos previos en Lilly del Caribe v. CRIM, 185

DPR 239 (2012). Como consecuencia, el Tribunal de Primera

Instancia tiene jurisdicción sobre la materia para atender

la

demanda

de

impugnación

de

contribución

sobre

la

propiedad.

Cónsono con ello, revocamos parcialmente la Sentencia

emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos el

caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación

de los procedimientos. A continuación exponemos los hechos

esenciales a la controversia que atendemos, así como el

derecho aplicable a esta.

1

21 LPRA sec. 5098a.

CC-2014-0321

3

I

Antes de hacer una relación de hechos, debemos aclarar

que durante los años contributivos 2008-2009, 2009-2010, y

2010-2011 el CRIM emitió notificaciones de contribuciones

sobre la propiedad las cuales fueron impugnadas por la

compañía Lifescan Products, LLC (Lifescan). No obstante,

la

controversia

circunscribe

que

este

Tribunal

exclusivamente

a

debe

atender

se

la

notificación

correspondiente al año contributivo 2010-2011. Veamos.

Lifescan

es

una

compañía

subsidiaria

de

Johnson

&

Johnson dedicada a la manufactura y es dueña de ciertos

inmuebles, incluyendo maquinaria y equipo en el Municipio

de Aguadilla. El 1 de julio de 2010 el CRIM le cursó una

notificación de contribución sobre propiedad inmueble para

el año fiscal 2010-2011 por la cantidad de $343,551.42.

Conforme únicamente con una parte de la contribución

impuesta, Lifescan presentó ante el CRIM una petición de

revisión administrativa. Con su solicitud acompañó un pago

por

$187,443.01

desglosado

de

la

forma

siguiente:

$83,370.79 por la cantidad que Lifescan estimó correcta y

con la cual estuvo conforme más $104,072.22 equivalente al

40%

de

la

contribución

restante

y

con

la

cual

estaba

inconforme, según lo dispuesto en el Art. 3.48 de la Ley

Núm. 83.

El CRIM

no

contestó

el

petitorio

de revisión

administrativa dentro del término de 60 días establecido

en el referido Art. 3.48 (a).

CC-2014-0321

4

Ante la inacción administrativa, el 28 de octubre de

2010 Lifescan presentó una demanda de impugnación ante el

Tribunal

de

Primera

Instancia.2

Argumentó,

entre

otras

cosas, que el método de tasación utilizado por el CRIM

para

valorar

la

propiedad

es

contrario

al

principio

constitucional de uniformidad en la imposición tributaria.3

Esto

debido

a

que

incorpora

un

factor

de

modificación

estático de 0.65 que no se ajusta a la realidad económica

actual y al paso del tiempo y que además contraviene el

Art. 3.08 de la Ley Núm. 83, supra.4

En respuesta a ello, el 21 de enero de 2011 el CRIM

presentó una moción de desestimación. Sostuvo, entre otras

cosas, que al cuestionar la fórmula de valoración de la

propiedad

se

está

impugnando

la

totalidad

de

la

contribución impuesta. Por tal razón, afirmó que al pagar

solo

una

parte

de

la

contribución

impuesta,

Lifescan

incumplió con el requisito jurisdiccional dispuesto en la

ley

para

poder

solicitar

revisión

administrativa

e

impugnación judicial. Por su parte, Lifescan se opuso a la

desestimación

2

y

planteó

que

dado

a

que

solo

estaba

En la demanda se presentaron dos reclamaciones, una concerniente al

año contributivo 2009-2010 y otra relacionada al año 2010-2011. La

reclamación del año contributivo 2009-2010 fue adjudicada por el

Tribunal de Apelaciones y no forma parte de la revisión solicitada

ante nos.

3

Véase Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 33-42.

4

El Art. 3.08 de la Ley Núm. 83, supra, dispone que la clasificación y

la tasación de la propiedad inmueble descrita en dicho artículo se

efectuarán conforme a las normas de exactitud y detalles científicos

de valoración adoptados por el Secretario de Hacienda. Además, que el

CRIM procederá a hacer un plan que permita la revisión constante de la

propiedad inmueble, a fin de mantenerla al día.

CC-2014-0321

5

inconforme con una parte de la contribución impuesta no

tenía que pagar la totalidad notificada.

El 26 de abril de 2011 el foro primario le ordenó al

CRIM

contestar

ciertas

interrogantes

que

ayudarían

a

resolver la moción presentada. El CRIM incumplió con la

orden judicial por lo que el tribunal mediante resolución

de 5 de octubre de 2011 declaró “no ha lugar” la moción de

desestimación presentada por este.

Luego

de

varios

trámites

procesales,

el

25

de

septiembre de 2012 el Tribunal de Primera Instancia, en

reconsideración,

declaró

con

lugar

la

petición

de

desestimación.5 Insatisfecho con ese dictamen, el 26 de

noviembre

de

2012

Lifescan

acudió

al

Tribunal

de

Apelaciones. Así las cosas, el 10 de diciembre de 2013 el

foro apelativo determinó que Lifescan no cumplió con el

requerimiento

de

pagar

la

totalidad

de

la

contribución

impugnada.

Oportunamente,

Lifescan

presentó

una

solicitud

de

reconsideración parcial ante el Tribunal de Apelaciones la

cual fue denegada. No conteste con el dictamen del foro

apelativo,

el

22

de

abril

de

2014,

acudió

ante

nos

mediante un recurso de certiorari y señaló la comisión de

los errores siguientes:

Primer Error: Erró el Tribunal de Apelaciones al

concluir que Lifescan impugna la totalidad de la

contribución impuesta por el CRIM con relación

al año fiscal 2010-11 y que por ello, conforme a

Lilly del Caribe v. CRIM, supra, venía obligada

5

Véase Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 319-345.

CC-2014-0321

6

a pagar la totalidad de la contribución impuesta

como

requisito

jurisdiccional

para

poder

impugnarla. Lifescan no impugna la totalidad de

la contribución impuesta y notificada, sino que

no está conforme con una parte de la misma.

Segundo Error: Erró el Tribunal de Apelaciones

al no revocar totalmente la Sentencia del

Tribunal de Primera Instancia que ordena la

desestimación. Conforme a las doctrinas de cosa

juzgada e impedimento colateral por sentencia,

las decisiones finales y firmes del Tribunal de

Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones

en el Segundo y Tercer caso, denegando los

mismos fundamentos del CRIM para solicitar la

desestimación en el presente caso, le impiden

litigarlos nuevamente.

El 31 de octubre de 2014 ordenamos al CRIM y a su

Director Ejecutivo, en su carácter oficial, mostrar causa

por la cual no debiéramos expedir el auto solicitado. El

15 de diciembre de 2014 el CRIM compareció e invocó los

mismos fundamentos que había presentado ante el Tribunal

de

Apelaciones.

Tras

la

comparecencia

de

ambas

partes,

expedimos el recurso de certiorari y con el beneficio de

los alegatos de ambas partes, resolvemos.

II

A

Reiteradamente hemos reconocido que los tribunales, al

ejercer

su

considerar

función

el

de

propósito

interpretar

o

la

una

intención

de

ley,

debemos

la

Asamblea

Legislativa al aprobarla. Así, como intérpretes finales de

las leyes, tenemos la obligación de lograr un resultado

que se ajuste al propósito y a la política pública que

inspiró

a

la

promulgación,

Asamblea

de

manera

Legislativa

que

se

al

momento

viabilice

el

de

más

su

fiel

CC-2014-0321

7

cumplimiento de la finalidad de la medida. Const. José

Carro v. Mun. de Dorado, 186 DPR 113, 126-127 (2012).

Véanse, además, IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184

DPR 712, 738 (2012); Consejo de Titulares v. DACo, 181 DPR

945, 958 (2011).

En este renglón, y en el contexto particular de las

leyes de carácter contributivo, hemos enfatizado que deben

interpretarse

restrictivamente.

disposiciones

deben

acogerse

Es

“de

una

decir,

forma

sus

justa,

y

a

tenor con sus propios y expresos términos”. Lukoil Pan

Americas, LLC v. Mun. de Guayanilla, 2015 TSPR 39, pág. 9,

192 DPR ___ (2015); Pepsi-Cola v. Mun. de Cidra, 186 DPR

713, 738 (2012); Lilly del Caribe v. CRIM, supra, pág.

251; Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., 177 DPR 230, 250 (2009).6

Ahora bien, hemos advertido que tal ejercicio restrictivo

de

interpretación

no

puede

conllevar

como

resultado

la

evasión del pago del impuesto que la Asamblea Legislativa

ha establecido mediante ley. COSVI v. CRIM, 2015 TSPR 78,

pág.

6,

193

DPR

__

(2015);

Lilly

del

Caribe

v.

CRIM,

supra, pág. 252; West India Oil Co. (PR) v. Sancho Bonet,

Tes,

54

DPR

732,

744-745

(1939).

Lo

importante

es

armonizar hasta donde sea posible las disposiciones de ley

aplicables

al

caso

con

miras

a

lograr

un

resultado

sensato, lógico y razonable que preserve la intención del

legislador.

6

Ello,

enmarcado

en

un

reconocimiento

de

la

Véase, además: R. Elfren Bernier y otros, Aprobación e interpretación

de las leyes en Puerto Rico, San Juan, Pubs. J.T.S, 1987, pág. 464.

CC-2014-0321

8

utilidad de cada una de las disposiciones de ley. ASG v.

Mun. de San Juan, 168 DPR 337, 348 (2006); Talcott InterAmer. Corp. v. Registrador, 104 DPR 254 (1975). Con este

marco interpretativo como norte, veamos las disposiciones

de la Ley Núm. 83, supra, pertinentes a la controversia

que nos presenta el recurso de autos.

B

La Ley Núm. 83, supra, le confirió a los municipios el

poder

y

la

facultad

de

tasar,

imponer,

notificar,

determinar y cobrar las contribuciones sobre la propiedad.7

A esos fines, el legislador le transfirió al CRIM todos

los poderes, las facultades y las funciones relacionadas

con

las

contribuciones

sobre

la

propiedad

mueble

e

inmueble en Puerto Rico.8

Posteriormente, mediante la Ley Núm. 135 de 11 de

julio de 1998 (Ley Núm. 135), el legislador incluyó el

Art.

3.48

al

cuerpo

de

la

Ley

Núm.

83,

supra,

para

establecer el procedimiento de revisión administrativa e

impugnación judicial.9 Este, en lo pertinente, disponía lo

siguiente:10

(a)

Revisión

administrativa.

Si

el

contribuyente no estuviere conforme con la

notificación

de

la

imposición

contributiva

emitida por el Centro de conformidad con las

secs. 5076 y 5077 [Arts. 3.26 y 3.27] de este

título, podrá solicitar por escrito una revisión

administrativa donde se expresen las razones

7

Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 83, supra.

Véase Art. 1.02 de la Ley Núm. 83, supra. (21 LPRA sec. 5001 nota).

9

13 LPRA secs. 10101 et seq.

10

Este artículo fue enmendado posteriormente mediante la Ley Núm. 712010. Para una mayor discusión sobre las implicaciones de esta

enmienda, véase, COSVI v. CRIM, supra.

8

CC-2014-0321

9

para su objeción, la cantidad que estime

correcta e incluir, si lo entiende necesario, la

evidencia o documentos correspondientes, dentro

del término de treinta (30) días calendarios, a

partir de la fecha de depósito en el correo de

la notificación provista por las secs. 5076 y

5077 de este título, siempre y cuando el

contribuyente, dentro del citado término:

(1) Pague al Centro de Recaudación la parte

de la contribución con la cual estuviere

conforme y un cuarenta por ciento (40%) de la

parte de la contribución con la cual no

estuviere conforme, o;

(2) pague al Centro de Recaudación

totalidad de la contribución impuesta.

la

El contribuyente que solicite una revisión

administrativa,

según

se

dispone

en

esta

sección, no podrá acogerse al descuento por

pronto pago dispuesto en la sec. 5093 de este

título, excepto cuando pague la totalidad de la

contribución impuesta dentro de los términos

prescritos por ley para tener derecho al

descuento.

... Cuando la decisión sea favorable [al

contribuyente], el Centro vendrá obligado a

devolver al contribuyente la parte de la

contribución

cobrada

en

exceso,

con

los

intereses correspondientes desde la fecha de

pago de la contribución revisada.

El procedimiento de revisión administrativa

deberá completarse como requisito previo para

que un contribuyente que no estuviere conforme

con la decisión sobre imposición contributiva la

impugne, según lo dispone el inciso (b) de esta

sección.

(b)

Impugnación

judicial.

Si

el

contribuyente no estuviere conforme con la

notificación

de

la

imposición

contributiva

realizada por el Centro, de conformidad con las

secs. 5076 y 5077 [Arts. 3.26 y 3.27] de este

título y el inciso (a) de esta sección, podrá

impugnar la misma ante el Tribunal de Primera

Instancia dentro del término de treinta (30)

días calendarios, a partir de la fecha de

depósito en el correo de la notificación

provista por las secs. 5076 y 5077 [Arts. 3.26 y

3.27]

de este título, siempre y cuando dicho

contribuyente, dentro del citado término:

CC-2014-0321

10

(1) Pague al Centro de Recaudación la parte

de la contribución con la cual estuviere

conforme y cuarenta por ciento (40%) de la parte

de la contribución con la cual no estuviere

conforme, o;

(2) pague al Centro de Recaudación

totalidad de la contribución impuesta.

la

Tanto la presentación de la impugnación,

como el pago de la contribución impuesta, ya sea

en su totalidad o en la parte con la cual se

estuviere conforme, así como el pago del

cuarenta por ciento (40%) de la parte de la

contribución con la cual

no se estuviere

conforme, dentro del término dispuesto, se

considerarán de carácter jurisdiccional.

... Si la decisión del tribunal fuere

favorable al contribuyente y éste hubiere pagado

la contribución impugnada en o con posterioridad

a lo establecido en esta sección, dicha decisión

dispondrá que se devuelva a dicho contribuyente

la contribución o la parte de ella que estimare

el tribunal fue cobrada en exceso, con los

intereses correspondientes por ley, computados

desde la fecha de pago de la contribución

impugnada.

Ahora bien, el contribuyente que desee

impugnar la imposición contributiva, según se

dispone en esta sección, no podrá acogerse al

descuento por pronto pago dispuesto en la sec.

5093 [Art. 3.43] de este título, excepto que

pague la totalidad de la contribución impuesta e

impugnada dentro de los términos prescritos por

ley para tener derecho al descuento. (Énfasis

nuestro).11

11

Cónsono con lo anterior, el Reglamento 7221 de 19 de septiembre de

2006, en su Artículo IX, dispone lo siguiente:

Conforme lo dispuesto en el Artículo 3.48 de la Ley

Núm. 83-1991, supra, el Contribuyente que no estuviere

conforme con la notificación de la imposición de la

contribución o la notificación de cambio en la valoración

según los Artículos 3.26 y 3.27 de la Ley Núm. 83-1991,

supra, podrá solicitar por escrito al Centro Regional del

CRIM

correspondiente

al

municipio

donde

ubique

la

propiedad inmueble que contiene la solicitud de revisión

o, en los casos correspondientes, a la Oficina Central del

CRIM, conforme lo contemplan los Artículos V, XII, XV y

XVI de este Reglamento, una revisión administrativa dentro

del

término

jurisdiccional

de

treinta

(30)

días

calendarios, contados a partir de la fecha de depósito en

el correo de la referida notificación siempre y cuando el

CC-2014-0321

11

El propósito de esta enmienda fue proveer un proceso

dirigido

a

totalidad

“disuadir

del

desacuerdo

que

un

contribuyente

tributo,

aunque

una

parte”.12

con

únicamente

El

impugn[e]

la

estuviera

en

legislador

señaló

expresamente el efecto negativo que tiene en las arcas

públicas

el

que

los

contribuyentes

“intenten

dilatar

y

evadir el pago de las contribuciones inmuebles mediante

revisiones administrativas e impugnaciones judiciales”.13

Un examen del historial legislativo de la Ley Núm. 135

que

incorporó

el

Art.

3.48

así

lo

confirma.

Específicamente, el Informe sobre el P. de la C. 1543,

explica el propósito del requisito jurisdiccional de pago

previo de la contribución inmueble anual. Este expresa lo

siguiente:

Contribuyente, dentro del referido término de treinta (30)

días:

1.

pague al CRIM la parte de la contribución anual con

la cual estuviere conforme y un cuarenta por ciento (40%)

de la parte de la contribución anual con la cual no

estuviere conforme; o

2.

pague al CRIM la totalidad de la contribución anual

impuesta para el referido año fiscal, según dispone el

Artículo 3.48 de la Ley Núm. 83-1991, supra.

El pago de la contribución del modo aquí dispuesto

constituirá

un

requisito

jurisdiccional

para

la

presentación de una solicitud de revisión administrativa,

según dispuesto por la Ley Núm. 83-1991, supra y este

Reglamento.

Solicitudes presentadas fuera del término provisto

por la Ley Núm. 83-1991, supra y el presente Reglamento o

sin que se hubiese efectuado el pago de contribución

requerido por el Artículo 3.48 de la Ley

Núm. 83-1991,

supra y este Artículo, se entenderán denegadas de plano,

sin

que

para

ello

se

requiera

notificación

al

Contribuyente al respecto.

12

13

Lilly del Caribe v. CRIM, supra, pág. 251.(Énfasis suplido).

Íd.

CC-2014-0321

12

... Además se establece que durante ese

término, el contribuyente deberá pagar la parte

de la contribución con la cual estuviere

conforme y un cuarenta por ciento (40%) de la

parte de la contribución con la cual no

estuviere de acuerdo o, en su lugar, la

totalidad

de

la

contribución

impuesta

garantiz[á]ndosele el rembolso total de la

misma, en caso de prevalecer en su reclamación.

También se dispone que cuando se pague parte de

la contribución, el contribuyente no se podrá

acoger al descuento por pronto pago dispuesto en

el Artículo 3.43.

Estas

disposiciones

uniforman

el

procedimiento de cobro de las contribuciones a

los establecidos en el caso de impugnación ante

el Tribunal de Primera Instancia, para que el

CRIM pueda cumplir con su deber ministerial de

distribuir a los municipios la parte cobrada.

Esto es necesario, ya que en la práctica los

contribuyentes obvian el proceso de revisión

administrativo recurriendo directamente a los

Tribunales y dejando de pagar la contribución

impuesta hasta tanto el Tribunal emita su

decisión sobre el caso. Lo anterior afecta los

ingresos que reciben los municipios por este

concepto sobre todo, cuando conscientes del

proceso

de

revisión

administrativa

[el]

contribuyente acude al Tribunal como subterfugio

para dejar de pagar sus contribuciones. Por

tanto, se establece un remedio administrativo

que el contribuyente deberá agotar antes de

proceder a la impugnación de la imposición

contributiva ante un Tribunal.14

Nótese

Primero,

que

el

cuando

el

Art.

3.48

establece

contribuyente

dos

tiene

que

escenarios.

pagar

la

totalidad de la contribución notificada al no estar de

acuerdo con esta. Segundo, si el contribuyente está en

desacuerdo

parcialmente

con

la

deuda

notificada,

debe

pagar la cantidad que estima correcta más el 40% de la

cantidad restante. Si el ciudadano no paga la contribución

14

Véase Informe de la Comisión de Asuntos Municipales y de la Comisión

de Hacienda de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 1543,

13ra Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Ordinaria, 12 de junio de 1998,

pág. 2.

CC-2014-0321

13

en su totalidad no puede acogerse al diez (10%) porciento

de “pronto pago” que contempla el Art. 3.43 de la Ley Núm.

83, supra.15 Así lo aclaramos en Lilly del Caribe v. CRIM,

supra, pág. 253 y en Shell v. Srio de Hacienda, 187 DPR

109, 128 (2012).

Tal y como señaláramos en Lilly del Caribe v. CRIM,

supra,

la

Asamblea

Legislativa

creó

un

mecanismo

de

carácter jurisdiccional para que un contribuyente promueva

su acción impugnatoria solo cuando tiene bases sólidas.16

Además, concedió un proceso administrativo que cumple con

el debido proceso de ley al permitirle a este ejercer su

derecho a ser oído y presentar evidencia.17 Es decir, del

texto de la ley no se desprende que el contribuyente tenga

que

presentar

un

fundamento

concreto

para

ejercer

su

derecho de impugnar la notificación de la imposición de la

contribución.

Así

pues,

expuesto

el

derecho

aplicable

pasemos a resolver la controversia que nos ocupa.

III

En esencia, la posición de la peticionaria es que

cuestionar la metodología de valoración utilizada por el

CRIM,

no

significa

que

impugna

la

totalidad

de

la

contribución impuesta, sino que solicita una revaloración

15

Lilly del Caribe v. CRIM, supra, pág. 253.

Recientemente, en COSVI v. CRIM, supra, reiteramos que el

procedimiento

de

revisión

administrativa,

incluyendo

el

pago

correspondiente, constituye un requisito jurisdiccional, aun luego de

las enmiendas introducidas al Art. 3.48 mediante la Ley Núm. 71-2010.

17

Del Informe de la Comisión de Asuntos Municipales y de la Comisión

de Hacienda de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 1543

se desprende que el propósito de la Ley Núm. 135, supra, fue

salvaguardar los derechos de los contribuyentes.

16

CC-2014-0321

14

de la propiedad y que su valor sea reducido para fines

tributarios, ya que el método de valoración no sigue la

norma de uniformidad ni se sigue la revisión periódica de

los valores de las propiedades requerida por ley. Por su

parte, la posición del CRIM es que el cuestionamiento de

la fórmula para valorar la propiedad implica cuestionar la

totalidad de la contribución impuesta. Por lo tanto, aduce

que para poder impugnar la contribución impuesta Lifescan

estaba obligada a pagar la totalidad y no una parte.

Como observamos, Lifescan está conforme parcialmente

con

la

contribución

entiende

que

este

notificada

último

incorrecta y contraria a

por

utilizó

el

una

CRIM,

porque

metodología

la ley para calcular el valor de

su propiedad. A raíz de ello, presentó una solicitud de

revisión administrativa junto a la cual pagó el 100% de la

parte de la deuda con la cual estaba conforme y el 40% de

la cantidad restante que entendía era incorrecta. Ello,

conforme a los requisitos establecidos en el Art. 3.48 de

la Ley Núm. 83, supra. Transcurrido el término para que el

CRIM

atendiera

el

referido

petitorio

de

revisión

administrativa, Lifescan acudió al Tribunal de Apelaciones

mediante una demanda de impugnación de contribución.

Así las cosas, el CRIM sostiene que el foro primario

no tiene jurisdicción para atender la mencionada demanda

de impugnación, ya que Lifescan incumplió con el requisito

de pago previo establecido en el Art. 3.48 de la Ley Núm.

83,

supra.

De

acuerdo

a

la

entidad

administrativa,

el

CC-2014-0321

15

cuestionamiento de Lifescan sobre su método de valoración

de la propiedad equivale a una impugnación de la totalidad

de

la

deuda

contributiva

notificada,

por

lo

que

le

correspondía pagar el 100% de esta para entonces tener

derecho

a

solicitar

una

revisión

administrativa

y

eventualmente presentar una demanda de impugnación ante

los tribunales. Ciertamente, esta última interpretación no

es sostenible a la luz de las disposiciones de la Ley Núm.

83, supra, y nuestros pronunciamientos anteriores.

Según reseñáramos en la sección anterior, la Ley Núm.

83, supra, específicamente establece qué opciones tiene el

contribuyente

cuando

no

está

conforme

con

la

deuda

contributiva notificada por el CRIM e interesa solicitar

una

revisión

notar

que

administrativa.

las

Ahora

disposiciones

bien,

de

es

esta

importante

legislación

expresamente establecen que tal inconformidad por parte

del

contribuyente

puede

reflejarse

de

dos

maneras.

El

contribuyente bien podría estar inconforme con parte de la

deuda notificada, o bien podría estar inconforme con la

totalidad de la deuda. Bajo cualquiera de esos escenarios,

la ley establece un requisito de pago previo cuya cantidad

va a depender de si el contribuyente está inconforme con

una parte o con la totalidad de la deuda.

En ese sentido, reiteradamente hemos establecido que

si el contribuyente está inconforme con la totalidad de la

contribución notificada, deberá pagar el 100% de esta como

requisito

previo

para

la

aceptación

de

la

revisión

CC-2014-0321

16

administrativa.

No

únicamente

con

parte

previo

la

solicitud

a

obstante,

de

si

la

este

deuda

de

está

inconforme

notificada,

revisión

su

pago

administrativa

corresponderá al 100% de la parte de la deuda con que esté

conforme y el 40% del restante de la deuda con la cual

está inconforme.

Este

segundo

aconteció

en

Lifescan

una

el

escenario

presente

deuda

fue

lo

caso.

El

contributiva

que,

precisamente,

CRIM

le

notificó

sobre

su

a

propiedad

inmueble para el año fiscal 2010-2011 por la cantidad de

$343,551.42. Lifescan estuvo conforme parcialmente con esa

deuda

porque

método

entendía

incorrecto

que

para

el

CRIM

valorar

había

su

utilizado

propiedad.

En

un

ese

sentido, entendió que la contribución sobre su propiedad

inmueble

para

ese

año

fiscal

Siendo

así,

presentó

una

administrativa,

$187,443.01

la

que

cual

debía

ser

de

solicitud

acompañó

correspondían

a

de

con

los

$83,370.79.

un

revisión

pago

por

$83,370.79

que

Lifescan entendía que era la cantidad correcta a pagar más

$104,072.22 equivalentes al 40% de la cantidad restante

notificada por el CRIM y con la cual Lifescan no estaba

conforme (40% de $260,180.63). El único argumento que nos

presenta

el

CRIM

para

impugnar

Lifescan

es

que

este

es

correspondía

pagar

la

ese

pago

insuficiente,

totalidad,

es

emitido

por

ya

le

que

decir,

los

$343,551.42. Esto porque, según arguye, el cuestionamiento

CC-2014-0321

17

del método de valoración constituye una impugnación de la

totalidad de la deuda notificada.

En este punto es importante aclarar varios asuntos. En

primer lugar, y en abstracción del contenido de la Ley

Núm. 83, supra, toda impugnación de una deuda contributiva

notificada

por

conlleva

cuestionamiento

un

el

CRIM,

técnica

del

e

número

inevitablemente,

total

impuesto.

Esto porque ya sea que el contribuyente esté inconforme

con la cantidad total en sí o ya sea que el contribuyente

esté

inconforme

con

parte,

ambos

escenarios

reflejan

inconformidad con la totalidad. Es decir, el contribuyente

entiende que la cuantía que notificó el CRIM no es la

correcta.

Ahora bien, las disposiciones específicas de la Ley

Núm. 83,

supra,

no brindan espacio para esta simple y

llana explicación, toda vez que ello convertiría en letra

muerta una de las opciones incluidas por el legislador.

Después de todo, la Asamblea Legislativa fue clara en su

intención de brindarle al contribuyente dos opciones: una

opción si estaba impugnando la totalidad de la deuda y

otra opción si estaba impugnando únicamente parte de esta;

y acogerse al beneficio del descuento dependiendo de la

opción elegida.

En segundo lugar, contrario a lo ocurrido en el caso

de Lilly del Caribe v. CRIM, supra, y Shell v. Srio. de

Hacienda,

supra,

Lifescan

no

ha

expresado

que

está

inconforme con toda la deuda contributiva impuesta por el

CC-2014-0321

18

CRIM, sino todo lo contrario. La compañía reconoce que

parte de esa deuda es correcta y, de hecho, emitió un pago

correspondiente a esa cantidad. Empero, impugna el resto

de la deuda notificada porque entiende que el método de

valoración utilizado por el CRIM es incorrecto y contrario

a la ley. En ese sentido, debe quedar claro que el método

de

valoración

propiedades

que

no

utiliza

está

en

el

CRIM

para

controversia

tasar

ante

las

nuestra

consideración. Lo que debemos resolver en este caso es si

un

contribuyente

que

impugna

solo

una

parte

de

la

contribución está obligado a pagar la totalidad por el

hecho de que la razón por la cual está inconforme es por

el método que se utilizó para valorar la propiedad.

Al

examinar

las

disposiciones

legales

pertinentes,

podemos concluir que, en el contexto particular de la Ley

Núm. 83, un contribuyente que esté en desacuerdo con el

método de valoración no significa que esté inconforme con

la totalidad de la contribución impuesta. El Art. 3.48 de

la Ley Núm. 83, supra, le da dos opciones al contribuyente

que desee impugnar la contribución impuesta. Dentro del

contexto de esa disposición legal, cuando un contribuyente

está

inconforme

únicamente

con

una

parte

de

la

contribución, tiene la opción de pagar la parte con la

cual está conforme más el 40% para los efectos de iniciar

el

proceso

de

independientemente

revisión

del

administrativa.

fundamento

por

el

cual

inconforme con la porción contributiva que impugna.

Esto

esté

CC-2014-0321

19

Como es sabido, el cobro de contribuciones por el

Estado no es irrestricto. Carazo v. Srio de Hacienda, 118

DPR 306, 309 (1987). Es evidente que el Art. 3.48 de la

Ley Núm. 83, supra, no contempla la interpretación que

pretende establecer el CRIM en cuanto a que para impugnar

el método de valoración tenía que pagar la totalidad de la

contribución impuesta. Como hemos visto, Lifescan no está

cuestionando la imposición de la contribución por parte

del CRIM, su contención es que no está conforme con parte

de la deuda porque el método que utilizaron para valorar

su propiedad no es el correcto.

Luego

de

tributarias

armonizar

podemos

las

colegir

distintas

que

el

disposiciones

propósito

de

la

legislación que incorpora el Art. 3.48 a la Ley Núm. 83,

supra, responde al deseo de la Asamblea Legislativa de

establecer

un

contribuciones

procedimiento

sobre

la

de

propiedad

impugnación

inmueble

y

de

las

que

el

contribuyente tuviera un medio para solicitar una revisión

de la contribución impuesta.18

En este sentido razonamos que impugnar el método de

valoración

utilizado

contribuciones

sobre

por

la

el

propiedad

CRIM

para

inmueble

no

imponer

implica

estar en desacuerdo con la totalidad de la contribución

impuesta. Es decir, lo que se cuestiona es la fórmula de

la valoración y no la imposición de la contribución. Por

consiguiente,

18

resolvemos

que

Lifescan

no

evadió

Véase el Informe sobre el P. de la C. 1543 de 12 de junio de 1998.

su

CC-2014-0321

20

responsabilidad

de

pagar

la

contribución

que

entendió

correcta más el 40% de la contribución con la cual no

estaba

de

acuerdo

tal

y

como

lo

exige

la

legislación

vigente.

Finalmente, por entender que no es pertinente al caso,

no entraremos a dirimir la controversia sobre cosa juzgada

bajo la modalidad de impedimento colateral por sentencia.

IV

Por los fundamentos que anteceden, resolvemos que erró

el

Tribunal

apelada

en

de

lo

Apelaciones

que

respecta

al

confirmar

a

la

la

sentencia

reclamación

del

año

contributivo 2010-2011. En consecuencia, resolvemos que no

procedía

la

desestimación

Lifescan

cumplió

con

los

de

la

reclamación,

requisitos

ya

que

jurisdiccionales

dispuestos en el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, al

presentar su reclamación a tiempo y pagar la totalidad de

la contribución con la cual estaba conforme y el 40% de la

parte con la que no estaba de acuerdo, según lo establece

la Ley Núm. 83. Por consiguiente, se devuelve el caso al

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los

procedimientos de conformidad con lo aquí pautado.

Se dictará sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lifescan Products, LLC

Peticionaria

v.

Centro de Recaudación de

Ingresos Municipales y

Gloria Santos Rosado, en

su carácter oficial como

Directora Ejecutiva del

centro de recaudación de

Ingresos Municipales

CC-2014-0321

Certiorari

Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de agosto de 2015.

Por los fundamentos antes expuestos, se

revoca parcialmente la sentencia emitida por el

Tribunal de Apelaciones en lo que respecta a la

desestimación de la reclamación presentada por

Lifescan

Products,

LLC

en

cuanto

al

año

contributivo 2010-2011. Como consecuencia, se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia

para la continuación de los procedimientos de

conformidad con lo aquí pautado.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La

Jueza Presidenta señora Fiol Matta concurrió sin

opinión escrita. La Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez disintió sin opinión escrita.

Aida I. Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo