Tribunal Supremo de Puerto Rico
Hons. María M. Charbonier Lureano y otros v. Hon. Alejandro García Padilla y otros
2015 TSPR 93
Poder Judicial de Puerto Rico
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Hons. María M. Charbonier Lureano y otros v. Hon. Alejandro García Padilla y otros
CT-2015-7
Resolución del Tribunal con Votos
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hons. María M. Charbonier Laureano;
Waldemar Quiles Rodríguez; Pedro J.
Santiago Guzmán; Luis G. León Rodríguez
Peticionarios
Certificación
v.
2015 TSPR 93
Hon. Alejandro García Padilla,
Gobernador de Puerto Rico
Hon. César A. Miranda Rodríguez,
Secretario de Justicia
Hon. Ana Ríus Armedáriz, Secretaria de
Salud
193 DPR ____
Recurridos
Número del Caso: CT-2015-7
Fecha: 16 de julio de 2015
Materia: Resolución con Voto
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hons. María M. Charbonier
Laureano; Waldemar Quiles
Rodríguez;
Pedro
J.
Santiago Guzmán; Luis G.
León Rodríguez
Peticionarios
v.
Hon.
Alejandro
García
Padilla,
Gobernador
de
Puerto Rico
Hon.
César
A.
Miranda
Rodríguez,
Secretario
de
Justicia
Hon. Ana Ríus Armedáriz,
Secretaria de Salud
CT-2015-0007
Certificación
Intrajurisdiccional
Recurridos
RESOLUCIÓN
San Juan, Puerto Rico, a 16 de julio de 2015
Examinada la “Moción en Auxilio de Jurisdicción” así
como el “Recurso de Certificación Intrajurisdiccional”
presentados por la parte peticionaria de epígrafe, se provee
no ha lugar a ambas.
Notifíquese por teléfono y facsímil.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal
Supremo.
La
Juez
Asociada
señora
Rodríguez
Rodríguez emitió un Voto Particular de Conformidad al que se
une la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez. La Jueza Asociada
señora Pabón Charneco certificaría el asunto de epígrafe e
hizo constar las siguientes expresiones:
“Al igual que en otras ocasiones, por ser un
caso de alto interés público y en el que solo
existen
controversias
de
derecho,
hubiera
certificado el caso de autos. Véase, Rivera
Schatz v. ELA, et als. 191 DPR 449 (2014); AMPR
et als. v. Sist. Retiro Maestros II, 190 D.P.R.
88 (2014). No obstante, es mi opinión que ante el
derecho aplicable, los peticionarios no tienen
probabilidad de prevalecer en los méritos de la
controversia, por lo que conviene atenderla
inmediatamente
para
no
dilatar
más
los
procedimientos en nuestros tribunales.
CT-2015-0007
2
En el esquema constitucional federal, Puerto
Rico es un territorio de Estados Unidos sujeto a
los poderes plenarios del Congreso por virtud de
la
Cláusula
Territorial
de
la
Constitución
federal. Harris v. Rosario, 446 US 651 (1980);
Franklin California Tax-Free v. Puerto Rico, 2015
WL 4079422 (1er Cir. 2015); Pueblo v. Sánchez
Valle, 2015 TSPR 25. Siendo ello así, el Tribunal
Supremo federal ha decidido que las garantías
constitucionales
que
se
denominen
como
fundamentales aplican a Puerto Rico por su propia
fuerza, ya sea por virtud de la Decimocuarta o de
la Quinta Enmienda de la Constitución federal.
Torres v. Com. of Puerto Rico, 442 US 465, 471
(1979).
El 26 de junio de 2015 el Tribunal Supremo
federal resolvió el caso Obergefell v. Hodges,
2015 WL 2473451. En este se determinó que al
amparo del interés libertario garantizado por la
cláusula
de
debido
proceso
de
ley
de
la
Decimocuarta Enmienda de la Constitución federal,
existe un derecho fundamental al matrimonio. Es
decir, la decisión de nuestro más alto foro
judicial fue diáfana al reconocer un derecho
fundamental que emana del debido proceso de ley,
el cual se garantiza tanto en la Decimocuarta
como en la Quinta Enmienda de la Constitución
federal. Por lo tanto, soy del criterio que lo
resuelto en Obergefell v. Hodges, supra, aplica
ex proprio vigore al territorio de Puerto Rico.
La Rama Judicial del territorio de Puerto
Rico, al igual que los tribunales de los estados
de la unión, no tiene poder para revisar o
cuestionar una decisión del Tribunal Supremo
federal.”
El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo expediría
para pautar.
El Juez Asociado señor Rivera García desea
hacer constar la siguiente expresión: Entiendo que el
recurso de certificación intrajurisdiccional peticionado se
trata de un asunto de alto interés público concerniente a
una controversia de estricto derecho para la cual los
peticionarios/demandantes aducen argumentos que bajo el
actual estado de derecho son improcedentes a la luz de la
opinión emitida por el Tribunal Supremo de los Estados
Unidos en Obergefell v. Hodges, 576 U.S. __, 2015 WL
24733451. En el referido caso, la Corte Suprema Federal
específicamente resolvió que la prohibición del matrimonio
entre parejas del mismo sexo es inconstitucional. Esto
fundamentado en las garantías propias de libertad y debido
proceso de ley cobijadas en la Decimocuarta Enmienda de la
CT-2015-0007
3
Constitución de los Estados Unidos. Es innegable que
dictámines como el anterior aplican al territorio de Puerto
Rico. Véase, e.g., Examining Bd. Of Engineers, Arquitects
and Surveryors v. Flores de Otero, 426 U.S. 572, 600 (1976).
Siendo así, cualquier disposición en nuestro ordenamiento
que no sea cónsona con ello, ha perdido cualquier validez
jurídica. Puerto Rico no puede negarse a reconocer los
matrimonios entre la personas del mismo sexo. Ese es el
derecho vigente y según el cual todos los tribunales,
incluyendo esta Curia, deben regirse. En atención a lo
anterior, expediría el recurso solicitado y finiquitaría la
controversia de forma expedita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hons. María M. Charbonier
Laureano; Waldemar Quiles
Rodríguez;
Pedro
J.
Santiago Guzmán; Luis G.
León Rodríguez
Peticionarios
v.
Hon.
Alejandro
García
Padilla,
Gobernador
de
Puerto Rico
Hon.
César
A.
Miranda
Rodríguez,
Secretario
de
Justicia
Hon. Ana Ríus Armedáriz,
Secretaria de Salud
CT-2015-0007
Certificación
Intrajurisdiccional
Recurridos
Voto Particular de Conformidad emitido por la Juez Asociada
señora Rodríguez Rodríguez al que se une la Jueza Asociada
Oronoz Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 16 de julio de 2015
Cuando
los
funcionarios
del
Estado
promueven
una
acción para negarles a sus ciudadanos las protecciones que
dispensa la Constitución e impedirles el ejercicio de un
derecho fundamental palmariamente reconocido al amparo de
ésta,
no
cabe
duda
de
que
nuestro
ordenamiento
constitucional está bajo asedio. Más aun, cuando para ello
esgrimen
argumentos
denotan
un
harto
artificiosos
desconocimiento
alarmante
que,
a
lo
de
las
sumo,
normas
cardinales que rigen nuestro ordenamiento constitucional.
Así, dado que el recurso de epígrafe pretende impedir la
efectiva
materialización
debidamente
cual
reconocido
indefectiblemente
bajo
de
la
vincula
un
derecho
fundamental
Constitución
federal,
la
los
públicos
del
poderes
CT-2015-0007
2
Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), me veo obligada
a suscribir este voto particular de conformidad. Ello, con
el fin de atender el asunto principal planteado en el caso
de
epígrafe,
a
saber,
jurisdicción,
de
lo
federal en
la
aplicabilidad,
resuelto
por
el
en
nuestra
Tribunal
Supremo
Obergefell et al. v. Hodges, No. 14-556, __
S.Ct. __, 2015 WL 24733451 (26 de junio de 2015).
I
El 26 de junio de 2015, el Tribunal Supremo de los
EEUU,
en
Obergefell,
resolvió
que
la
prohibición
de
matrimonios de parejas del mismo sexo es inconstitucional,
en virtud de la libertad protegida por la cláusula del
debido proceso de ley de la Decimocuarta Enmienda. Ello, en
la medida en que
tal prohibición incide en el legítimo
ejercicio del derecho fundamental a contraer nupcias, esto
es, al matrimonio. Asimismo, dicho foro aludió al principio
de
igualdad
contenido
en
esa
enmienda
como
fundamento
ulterior de lo allí resuelto. Véase Obergefell, No. 14-556,
slip
op.,
en
la
pág.
22
(“[T]he
right
to
marry
is
a
fundamental right inherent in the liberty of the person,
and under the Due Process and Equal Protection Clauses of
the Fourteenth Amendment couples of the same-sex may not be
deprived of that right and that liberty.”).
CT-2015-0007
Así
3
las
peticionarios1
varios
de
sus
cosas,
el
presentaron
9
de
una
demanda
funcionarios.
En
julio
ésta,
de
2015,
los
contra
el
ELA
y
que
lo
alegaron
resuelto por el Tribunal Supremo de los EEUU en Obergefell
no aplica en la jurisdicción del ELA, puesto que éste es un
territorio y no un estado sujeto a las limitaciones que
supone la Decimocuarta Enmienda de la Constitución federal.
Es decir, los peticionarios argumentaron que la presunta
condición
territorial
del
ELA
es
un
fundamento
legítimo
para distinguir la decisión del Tribunal Supremo federal,
puesto que ésta se fundamentó en la Decimocuarta Enmienda,
la cual es únicamente aplicable a los estados.
Además, solicitaron que se paralizaran los efectos de
la
Orden
Ejecutiva
OE-2015-021,
mediante
la
cual
el
Gobernador del ELA –Hon. Alejandro García Padilla- ordenó a
las agencias e instrumentalidades de la Rama Ejecutiva que
atemperaran sus procedimientos administrativos con tal de
acatar
lo
resuelto
por
el
Obergefell.
Adujeron,
pues,
máximo
que
la
foro
federal
en
orden
ejecutiva
en
cuestión es inconstitucional, toda vez que contraviene la
doctrina de separación de poderes.
El 10 de julio de 2015, por su parte, el Tribunal de
Primera Instancia emitió una orden, en la que denegó la
solicitud de paralización presentada por los peticionarios.
Asimismo, el foro primario determinó que la controversia
1
A saber, los legisladores María M. Charbonier Laureano,
Waldemar Quiles Rodríguez, Pedro J. Santiago Guzmán y Luis G.
León Rodríguez.
CT-2015-0007
planteada
4
por
los
peticionarios
era
una
de
estricto
Derecho. Por ende, concedió a los demandados un término de
cinco (5) días para que éstos expresaran su postura.
Inconformes, el 13 de julio de 2015, los peticionarios
recurrieron de esta orden ante este Tribunal, a través de
un recurso de certificación intrajurisdiccional, acompañado
de una moción en auxilio de jurisdicción. En éstos, se
limitan a reiterar los argumentos presentados ante el foro
primario y, en consecuencia, solicitan que este Tribunal
obvie
el
trámite
juridicial
ordinario
y
atienda
las
controversias planteadas en primera instancia.
El ELA, por su parte, se opuso y señaló, entre otros
particulares, que no se satisfacían los requisitos para la
expedición del recurso de certificación intrajurisdiccional
ni
de
la
moción
en
auxilio
de
jurisdicción.
Además,
cuestionó los méritos de los planteamientos esbozados por
los
peticionarios,
así
como
la
legitimación
activa
de
de
este
Tribunal
rechaza
la
éstos.
Hoy,
una
mayoría
invitación que le cursaran los peticionarios. En el mejor
de los casos, tal rechazo no es más que un reconocimiento
tácito
de
cuán
inmeritorios
–acaso
frívolos-
son
los
planteamientos que aducen los peticionarios. Así, con tal
de
disipar
cualquier
duda
respecto
a
éstos,
conviene
dilucidar someramente la controversia medular que presenta
el recurso de epígrafe: lo resuelto por el Tribunal Supremo
de los EEUU en Obergefell, ¿aplica al ELA?
CT-2015-0007
5
II
De
entrada,
conviene
destacar
que
el
ámbito
de
libertad protegido por la Decimocuarta Enmienda, en virtud
de la cláusula del debido proceso de ley, es virtualmente
idéntico a aquél protegido por la Quinta Enmienda. Véase,
por ejemplo, Wallace v. Jaffree, 472 U.S. 38, 48-49 (1985);
Erwin
Chemerinsky,
Constitutional
Law.
Principles
and
Policies 506-07 (3ra ed. 2006).2 Por tanto, es indudable que
la
vertiente
sustantiva
del
debido
proceso
de
ley
que
tutela la Decimocuarta Enmienda limita las prerrogativas de
los estados en la misma extensión que la cláusula análoga
de la Quinta Enmienda, la cual hace lo propio respecto al
gobierno
federal.
Chemerinsky,
supra,
pág.
507
(“From
a
practical perspective, except for the requirements of a 12person jury and a unanimous verdict, the Bill of Rights
provisions that have been incorporated apply to the states
exactly as they apply to the federal government.”).
En lo que atañe al ELA, y en atención a su particular
situación
dentro
del
andamiaje
constitucional
norteamericano,3 el Tribunal Supremo de los EEUU ha dicho
expresamente que las protecciones que consagra la cláusula
2
En otros contextos, además, se ha reiterado que incluso los
derechos fundamentales incorporados a través de la cláusula
del debido proceso de ley de la Decimocuarta Enmienda tienen
la misma extensión que sus formulaciones originales en las
primeras diez enmiendas de la Constitución federal (llamadas,
en conjunto, Bill of Rights). Véase, por ejemplo, McDonald v.
City of Chicago, 561 U.S. 742, 766 (2010); Malloy v. Hogan,
378 U.S. 1, 10-11 (1964).
3
Véase, por ejemplo, Examining Bd. of Engineers v. Flores de
Otero, 426 U.S. 572, 596 (1976) (“We readily concede that
Puerto Rico occupies a relationship to the United States that
has no parallel in our history . . . .”).
CT-2015-0007
6
del debido proceso de ley -dimane ésta de la Decimocuarta o
de la Quinta Enmienda- limitan los poderes públicos que
éste ejerce dentro de sus límites territoriales.
The Court's decisions respecting the rights of the
inhabitants of Puerto Rico have been neither
unambiguous nor exactly uniform. The nature of this
country's
relationship
to
Puerto
Rico
was
vigorously debated within the Court as well as
within the Congress. Coude, The Evolution of the
Doctrine
of
Territorial
Incorporation,
26
Col.L.Rev. 823 (1926). It is clear now, however,
that the protections accorded by either the Due
Process Clause of the Fifth Amendment or the Due
Process and Equal Protection Clauses of the
Fourteenth Amendment apply to residents of Puerto
Rico. The Court recognized the applicability of
these guarantees as long ago as its decisions
in Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, 283-284, 21
S.Ct. 770, 785, 45 L.Ed. 1088 (1901), and Balzac v.
Porto Rico, 258 U.S. 298, 312-313, 42 S.Ct. 343,
348, 66 L.Ed. 627 (1922). The principle was
reaffirmed and strengthened in Reid v. Covert, 354
U.S. 1, 77 S.Ct. 1222, 1 L.Ed.2d 1148 (1957), and
then again in Calero-Toledo, 6 U.S. 663, 94 S.Ct.
2080, 40 L.Ed.2d 452 (1974), where we held that
inhabitants of Puerto Rico are protected, under
either the Fifth Amendment or the Fourteenth, from
the official taking of property without due process
of law.
Examining Bd. of Engineers v. Flores de Otero, 426
U.S. 572, 599-601 (1976). Véase, también, Torres v.
Com. Of Puerto Rico, 442 U.S. 465, 471 (1979);
Caledo-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., 416
U.S. 663, 668 n. 5 (1974).
En consecuencia, no existe controversia en torno a la
aplicación de la cláusula del debido proceso de ley en el
ELA, al margen de si ésta proviene de una enmienda u otra.
La indeterminación respecto a la enmienda en virtud de la
cual la cláusula en cuestión aplica al ELA es, en cualquier
caso, inocua. Esto, ya que, según se dijo, dicha cláusula,
en ambas enmiendas, tiene el mismo alcance.
CT-2015-0007
Por
7
otro
lado,
el
Tribunal
Supremo
federal
ha
reconocido que el matrimonio es un derecho fundamental al
amparo de la libertad protegida por la cláusula del debido
proceso
de
ley,
en
su
vertiente
sustantiva.
Véase
Obergefell, No.14-556, slip op., en las págs. 22-23; U.S.
v.
Windsor,
133
S.Ct.
2675,
2695
(2013);
Zablocki
v.
Redhail, 434 U.S. 374, 384 (1978); Loving v. Virginia, 388
U.S. 1, 12 (1967). Véase, además, Chemerinsky, supra, págs.
798-801.
Así,
es
contraer
nupcias
imperativo
es
uno
concluir
de
que
carácter
el
derecho
fundamental
a
con
independencia de la enmienda de la Constitución federal que
se
invoque
para
su
vindicación.
Por
ende,
dado
que
el
ámbito de protección de tales enmiendas es virtualmente el
mismo, es inmeritorio cualquier planteamiento que pretenda
distinguir entre una enmienda y otra, so pena de atentar
contra
el
carácter
fundamental
del
derecho
en
cuestión.
Valga enfatizar que lo verdaderamente fundamental en ese
derecho
es
el
reconocimiento
que
supone
de
la
libertad
individual que la vertiente sustantiva del debido proceso
de ley protege.
III
En consideración de lo anterior, es innegable que lo
resuelto por el Tribunal Supremo federal en Obergefell es
aplicable en el ELA, sea bajo la Quinta o la Decimocuarta
Enmienda. Más aun, dado el carácter fundamental del derecho
concernido, éste aplicaría al ELA incluso bajo la lógica de
los Casos insulares. Según ésta, la Constitución federal no
CT-2015-0007
8
aplica ex proprio vigore a los territorios no incorporados,
salvo
lo
atinente
a
derechos
fundamentales.
Véase,
por
ejemplo, Flores de Otero, 426 U.S. en la pág. 599 n. 30;
Efrén Rivera Ramos, The Legal Construction of Identity. The
Judicial
Puerto
and
Social
Legacy
of
American
Rico
91
(2001);
Efrén
Construction
of
American
Colonialism:
(1901-1922),
65
Rev.
consecuencia,
Jur.
establecido
Rivera
U.P.R.
el
Colonialism
Ramos,
The
225,
carácter
in
The
Legal
Insular
Cases
261
(1996).
fundamental
En
del
derecho que nos ocupa, la tutela de éste sería insoslayable
en nuestra jurisdicción. El planteamiento sustantivo de los
peticionarios, por tanto, es patentemente inmeritorio. Lo
resuelto por el Tribunal Supremo de los EEUU en Obergefell,
en tanto reafirma el carácter fundamental del derecho al
matrimonio y en cuanto delimita la extensión de éste, es
incuestionablemente aplicable en el ELA.
IV
Por los fundamentos previamente expuestos, y puesto
que los argumentos sustantivos de los peticionarios carecen
de mérito alguno, estoy conforme con la determinación de
proveer
no
ha
lugar
intrajurisdiccional
tanto
como
a
al
recurso
de
la
moción
en
certificación
auxilio
jurisdicción.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
de