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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Hons. María M. Charbonier Lureano y otros v. Hon. Alejandro García Padilla y otros

2015 TSPR 93

Poder Judicial de Puerto Rico

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Hons. María M. Charbonier Lureano y otros v. Hon. Alejandro García Padilla y otros

CT-2015-7

Resolución del Tribunal con Votos

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hons. María M. Charbonier Laureano;

Waldemar Quiles Rodríguez; Pedro J.

Santiago Guzmán; Luis G. León Rodríguez

Peticionarios

Certificación

v.

2015 TSPR 93

Hon. Alejandro García Padilla,

Gobernador de Puerto Rico

Hon. César A. Miranda Rodríguez,

Secretario de Justicia

Hon. Ana Ríus Armedáriz, Secretaria de

Salud

193 DPR ____

Recurridos

Número del Caso: CT-2015-7

Fecha: 16 de julio de 2015

Materia: Resolución con Voto

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hons. María M. Charbonier

Laureano; Waldemar Quiles

Rodríguez;

Pedro

J.

Santiago Guzmán; Luis G.

León Rodríguez

Peticionarios

v.

Hon.

Alejandro

García

Padilla,

Gobernador

de

Puerto Rico

Hon.

César

A.

Miranda

Rodríguez,

Secretario

de

Justicia

Hon. Ana Ríus Armedáriz,

Secretaria de Salud

CT-2015-0007

Certificación

Intrajurisdiccional

Recurridos

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 16 de julio de 2015

Examinada la “Moción en Auxilio de Jurisdicción” así

como el “Recurso de Certificación Intrajurisdiccional”

presentados por la parte peticionaria de epígrafe, se provee

no ha lugar a ambas.

Notifíquese por teléfono y facsímil.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal

Supremo.

La

Juez

Asociada

señora

Rodríguez

Rodríguez emitió un Voto Particular de Conformidad al que se

une la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez. La Jueza Asociada

señora Pabón Charneco certificaría el asunto de epígrafe e

hizo constar las siguientes expresiones:

“Al igual que en otras ocasiones, por ser un

caso de alto interés público y en el que solo

existen

controversias

de

derecho,

hubiera

certificado el caso de autos. Véase, Rivera

Schatz v. ELA, et als. 191 DPR 449 (2014); AMPR

et als. v. Sist. Retiro Maestros II, 190 D.P.R.

88 (2014). No obstante, es mi opinión que ante el

derecho aplicable, los peticionarios no tienen

probabilidad de prevalecer en los méritos de la

controversia, por lo que conviene atenderla

inmediatamente

para

no

dilatar

más

los

procedimientos en nuestros tribunales.

CT-2015-0007

2

En el esquema constitucional federal, Puerto

Rico es un territorio de Estados Unidos sujeto a

los poderes plenarios del Congreso por virtud de

la

Cláusula

Territorial

de

la

Constitución

federal. Harris v. Rosario, 446 US 651 (1980);

Franklin California Tax-Free v. Puerto Rico, 2015

WL 4079422 (1er Cir. 2015); Pueblo v. Sánchez

Valle, 2015 TSPR 25. Siendo ello así, el Tribunal

Supremo federal ha decidido que las garantías

constitucionales

que

se

denominen

como

fundamentales aplican a Puerto Rico por su propia

fuerza, ya sea por virtud de la Decimocuarta o de

la Quinta Enmienda de la Constitución federal.

Torres v. Com. of Puerto Rico, 442 US 465, 471

(1979).

El 26 de junio de 2015 el Tribunal Supremo

federal resolvió el caso Obergefell v. Hodges,

2015 WL 2473451. En este se determinó que al

amparo del interés libertario garantizado por la

cláusula

de

debido

proceso

de

ley

de

la

Decimocuarta Enmienda de la Constitución federal,

existe un derecho fundamental al matrimonio. Es

decir, la decisión de nuestro más alto foro

judicial fue diáfana al reconocer un derecho

fundamental que emana del debido proceso de ley,

el cual se garantiza tanto en la Decimocuarta

como en la Quinta Enmienda de la Constitución

federal. Por lo tanto, soy del criterio que lo

resuelto en Obergefell v. Hodges, supra, aplica

ex proprio vigore al territorio de Puerto Rico.

La Rama Judicial del territorio de Puerto

Rico, al igual que los tribunales de los estados

de la unión, no tiene poder para revisar o

cuestionar una decisión del Tribunal Supremo

federal.”

El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo expediría

para pautar.

El Juez Asociado señor Rivera García desea

hacer constar la siguiente expresión: Entiendo que el

recurso de certificación intrajurisdiccional peticionado se

trata de un asunto de alto interés público concerniente a

una controversia de estricto derecho para la cual los

peticionarios/demandantes aducen argumentos que bajo el

actual estado de derecho son improcedentes a la luz de la

opinión emitida por el Tribunal Supremo de los Estados

Unidos en Obergefell v. Hodges, 576 U.S. __, 2015 WL

24733451. En el referido caso, la Corte Suprema Federal

específicamente resolvió que la prohibición del matrimonio

entre parejas del mismo sexo es inconstitucional. Esto

fundamentado en las garantías propias de libertad y debido

proceso de ley cobijadas en la Decimocuarta Enmienda de la

CT-2015-0007

3

Constitución de los Estados Unidos. Es innegable que

dictámines como el anterior aplican al territorio de Puerto

Rico. Véase, e.g., Examining Bd. Of Engineers, Arquitects

and Surveryors v. Flores de Otero, 426 U.S. 572, 600 (1976).

Siendo así, cualquier disposición en nuestro ordenamiento

que no sea cónsona con ello, ha perdido cualquier validez

jurídica. Puerto Rico no puede negarse a reconocer los

matrimonios entre la personas del mismo sexo. Ese es el

derecho vigente y según el cual todos los tribunales,

incluyendo esta Curia, deben regirse. En atención a lo

anterior, expediría el recurso solicitado y finiquitaría la

controversia de forma expedita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hons. María M. Charbonier

Laureano; Waldemar Quiles

Rodríguez;

Pedro

J.

Santiago Guzmán; Luis G.

León Rodríguez

Peticionarios

v.

Hon.

Alejandro

García

Padilla,

Gobernador

de

Puerto Rico

Hon.

César

A.

Miranda

Rodríguez,

Secretario

de

Justicia

Hon. Ana Ríus Armedáriz,

Secretaria de Salud

CT-2015-0007

Certificación

Intrajurisdiccional

Recurridos

Voto Particular de Conformidad emitido por la Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez al que se une la Jueza Asociada

Oronoz Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 16 de julio de 2015

Cuando

los

funcionarios

del

Estado

promueven

una

acción para negarles a sus ciudadanos las protecciones que

dispensa la Constitución e impedirles el ejercicio de un

derecho fundamental palmariamente reconocido al amparo de

ésta,

no

cabe

duda

de

que

nuestro

ordenamiento

constitucional está bajo asedio. Más aun, cuando para ello

esgrimen

argumentos

denotan

un

harto

artificiosos

desconocimiento

alarmante

que,

a

lo

de

las

sumo,

normas

cardinales que rigen nuestro ordenamiento constitucional.

Así, dado que el recurso de epígrafe pretende impedir la

efectiva

materialización

debidamente

cual

reconocido

indefectiblemente

bajo

de

la

vincula

un

derecho

fundamental

Constitución

federal,

la

los

públicos

del

poderes

CT-2015-0007

2

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), me veo obligada

a suscribir este voto particular de conformidad. Ello, con

el fin de atender el asunto principal planteado en el caso

de

epígrafe,

a

saber,

jurisdicción,

de

lo

federal en

la

aplicabilidad,

resuelto

por

el

en

nuestra

Tribunal

Supremo

Obergefell et al. v. Hodges, No. 14-556, __

S.Ct. __, 2015 WL 24733451 (26 de junio de 2015).

I

El 26 de junio de 2015, el Tribunal Supremo de los

EEUU,

en

Obergefell,

resolvió

que

la

prohibición

de

matrimonios de parejas del mismo sexo es inconstitucional,

en virtud de la libertad protegida por la cláusula del

debido proceso de ley de la Decimocuarta Enmienda. Ello, en

la medida en que

tal prohibición incide en el legítimo

ejercicio del derecho fundamental a contraer nupcias, esto

es, al matrimonio. Asimismo, dicho foro aludió al principio

de

igualdad

contenido

en

esa

enmienda

como

fundamento

ulterior de lo allí resuelto. Véase Obergefell, No. 14-556,

slip

op.,

en

la

pág.

22

(“[T]he

right

to

marry

is

a

fundamental right inherent in the liberty of the person,

and under the Due Process and Equal Protection Clauses of

the Fourteenth Amendment couples of the same-sex may not be

deprived of that right and that liberty.”).

CT-2015-0007

Así

3

las

peticionarios1

varios

de

sus

cosas,

el

presentaron

9

de

una

demanda

funcionarios.

En

julio

ésta,

de

2015,

los

contra

el

ELA

y

que

lo

alegaron

resuelto por el Tribunal Supremo de los EEUU en Obergefell

no aplica en la jurisdicción del ELA, puesto que éste es un

territorio y no un estado sujeto a las limitaciones que

supone la Decimocuarta Enmienda de la Constitución federal.

Es decir, los peticionarios argumentaron que la presunta

condición

territorial

del

ELA

es

un

fundamento

legítimo

para distinguir la decisión del Tribunal Supremo federal,

puesto que ésta se fundamentó en la Decimocuarta Enmienda,

la cual es únicamente aplicable a los estados.

Además, solicitaron que se paralizaran los efectos de

la

Orden

Ejecutiva

OE-2015-021,

mediante

la

cual

el

Gobernador del ELA –Hon. Alejandro García Padilla- ordenó a

las agencias e instrumentalidades de la Rama Ejecutiva que

atemperaran sus procedimientos administrativos con tal de

acatar

lo

resuelto

por

el

Obergefell.

Adujeron,

pues,

máximo

que

la

foro

federal

en

orden

ejecutiva

en

cuestión es inconstitucional, toda vez que contraviene la

doctrina de separación de poderes.

El 10 de julio de 2015, por su parte, el Tribunal de

Primera Instancia emitió una orden, en la que denegó la

solicitud de paralización presentada por los peticionarios.

Asimismo, el foro primario determinó que la controversia

1

A saber, los legisladores María M. Charbonier Laureano,

Waldemar Quiles Rodríguez, Pedro J. Santiago Guzmán y Luis G.

León Rodríguez.

CT-2015-0007

planteada

4

por

los

peticionarios

era

una

de

estricto

Derecho. Por ende, concedió a los demandados un término de

cinco (5) días para que éstos expresaran su postura.

Inconformes, el 13 de julio de 2015, los peticionarios

recurrieron de esta orden ante este Tribunal, a través de

un recurso de certificación intrajurisdiccional, acompañado

de una moción en auxilio de jurisdicción. En éstos, se

limitan a reiterar los argumentos presentados ante el foro

primario y, en consecuencia, solicitan que este Tribunal

obvie

el

trámite

juridicial

ordinario

y

atienda

las

controversias planteadas en primera instancia.

El ELA, por su parte, se opuso y señaló, entre otros

particulares, que no se satisfacían los requisitos para la

expedición del recurso de certificación intrajurisdiccional

ni

de

la

moción

en

auxilio

de

jurisdicción.

Además,

cuestionó los méritos de los planteamientos esbozados por

los

peticionarios,

así

como

la

legitimación

activa

de

de

este

Tribunal

rechaza

la

éstos.

Hoy,

una

mayoría

invitación que le cursaran los peticionarios. En el mejor

de los casos, tal rechazo no es más que un reconocimiento

tácito

de

cuán

inmeritorios

–acaso

frívolos-

son

los

planteamientos que aducen los peticionarios. Así, con tal

de

disipar

cualquier

duda

respecto

a

éstos,

conviene

dilucidar someramente la controversia medular que presenta

el recurso de epígrafe: lo resuelto por el Tribunal Supremo

de los EEUU en Obergefell, ¿aplica al ELA?

CT-2015-0007

5

II

De

entrada,

conviene

destacar

que

el

ámbito

de

libertad protegido por la Decimocuarta Enmienda, en virtud

de la cláusula del debido proceso de ley, es virtualmente

idéntico a aquél protegido por la Quinta Enmienda. Véase,

por ejemplo, Wallace v. Jaffree, 472 U.S. 38, 48-49 (1985);

Erwin

Chemerinsky,

Constitutional

Law.

Principles

and

Policies 506-07 (3ra ed. 2006).2 Por tanto, es indudable que

la

vertiente

sustantiva

del

debido

proceso

de

ley

que

tutela la Decimocuarta Enmienda limita las prerrogativas de

los estados en la misma extensión que la cláusula análoga

de la Quinta Enmienda, la cual hace lo propio respecto al

gobierno

federal.

Chemerinsky,

supra,

pág.

507

(“From

a

practical perspective, except for the requirements of a 12person jury and a unanimous verdict, the Bill of Rights

provisions that have been incorporated apply to the states

exactly as they apply to the federal government.”).

En lo que atañe al ELA, y en atención a su particular

situación

dentro

del

andamiaje

constitucional

norteamericano,3 el Tribunal Supremo de los EEUU ha dicho

expresamente que las protecciones que consagra la cláusula

2

En otros contextos, además, se ha reiterado que incluso los

derechos fundamentales incorporados a través de la cláusula

del debido proceso de ley de la Decimocuarta Enmienda tienen

la misma extensión que sus formulaciones originales en las

primeras diez enmiendas de la Constitución federal (llamadas,

en conjunto, Bill of Rights). Véase, por ejemplo, McDonald v.

City of Chicago, 561 U.S. 742, 766 (2010); Malloy v. Hogan,

378 U.S. 1, 10-11 (1964).

3

Véase, por ejemplo, Examining Bd. of Engineers v. Flores de

Otero, 426 U.S. 572, 596 (1976) (“We readily concede that

Puerto Rico occupies a relationship to the United States that

has no parallel in our history . . . .”).

CT-2015-0007

6

del debido proceso de ley -dimane ésta de la Decimocuarta o

de la Quinta Enmienda- limitan los poderes públicos que

éste ejerce dentro de sus límites territoriales.

The Court's decisions respecting the rights of the

inhabitants of Puerto Rico have been neither

unambiguous nor exactly uniform. The nature of this

country's

relationship

to

Puerto

Rico

was

vigorously debated within the Court as well as

within the Congress. Coude, The Evolution of the

Doctrine

of

Territorial

Incorporation,

26

Col.L.Rev. 823 (1926). It is clear now, however,

that the protections accorded by either the Due

Process Clause of the Fifth Amendment or the Due

Process and Equal Protection Clauses of the

Fourteenth Amendment apply to residents of Puerto

Rico. The Court recognized the applicability of

these guarantees as long ago as its decisions

in Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, 283-284, 21

S.Ct. 770, 785, 45 L.Ed. 1088 (1901), and Balzac v.

Porto Rico, 258 U.S. 298, 312-313, 42 S.Ct. 343,

348, 66 L.Ed. 627 (1922). The principle was

reaffirmed and strengthened in Reid v. Covert, 354

U.S. 1, 77 S.Ct. 1222, 1 L.Ed.2d 1148 (1957), and

then again in Calero-Toledo, 6 U.S. 663, 94 S.Ct.

2080, 40 L.Ed.2d 452 (1974), where we held that

inhabitants of Puerto Rico are protected, under

either the Fifth Amendment or the Fourteenth, from

the official taking of property without due process

of law.

Examining Bd. of Engineers v. Flores de Otero, 426

U.S. 572, 599-601 (1976). Véase, también, Torres v.

Com. Of Puerto Rico, 442 U.S. 465, 471 (1979);

Caledo-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., 416

U.S. 663, 668 n. 5 (1974).

En consecuencia, no existe controversia en torno a la

aplicación de la cláusula del debido proceso de ley en el

ELA, al margen de si ésta proviene de una enmienda u otra.

La indeterminación respecto a la enmienda en virtud de la

cual la cláusula en cuestión aplica al ELA es, en cualquier

caso, inocua. Esto, ya que, según se dijo, dicha cláusula,

en ambas enmiendas, tiene el mismo alcance.

CT-2015-0007

Por

7

otro

lado,

el

Tribunal

Supremo

federal

ha

reconocido que el matrimonio es un derecho fundamental al

amparo de la libertad protegida por la cláusula del debido

proceso

de

ley,

en

su

vertiente

sustantiva.

Véase

Obergefell, No.14-556, slip op., en las págs. 22-23; U.S.

v.

Windsor,

133

S.Ct.

2675,

2695

(2013);

Zablocki

v.

Redhail, 434 U.S. 374, 384 (1978); Loving v. Virginia, 388

U.S. 1, 12 (1967). Véase, además, Chemerinsky, supra, págs.

798-801.

Así,

es

contraer

nupcias

imperativo

es

uno

concluir

de

que

carácter

el

derecho

fundamental

a

con

independencia de la enmienda de la Constitución federal que

se

invoque

para

su

vindicación.

Por

ende,

dado

que

el

ámbito de protección de tales enmiendas es virtualmente el

mismo, es inmeritorio cualquier planteamiento que pretenda

distinguir entre una enmienda y otra, so pena de atentar

contra

el

carácter

fundamental

del

derecho

en

cuestión.

Valga enfatizar que lo verdaderamente fundamental en ese

derecho

es

el

reconocimiento

que

supone

de

la

libertad

individual que la vertiente sustantiva del debido proceso

de ley protege.

III

En consideración de lo anterior, es innegable que lo

resuelto por el Tribunal Supremo federal en Obergefell es

aplicable en el ELA, sea bajo la Quinta o la Decimocuarta

Enmienda. Más aun, dado el carácter fundamental del derecho

concernido, éste aplicaría al ELA incluso bajo la lógica de

los Casos insulares. Según ésta, la Constitución federal no

CT-2015-0007

8

aplica ex proprio vigore a los territorios no incorporados,

salvo

lo

atinente

a

derechos

fundamentales.

Véase,

por

ejemplo, Flores de Otero, 426 U.S. en la pág. 599 n. 30;

Efrén Rivera Ramos, The Legal Construction of Identity. The

Judicial

Puerto

and

Social

Legacy

of

American

Rico

91

(2001);

Efrén

Construction

of

American

Colonialism:

(1901-1922),

65

Rev.

consecuencia,

Jur.

establecido

Rivera

U.P.R.

el

Colonialism

Ramos,

The

225,

carácter

in

The

Legal

Insular

Cases

261

(1996).

fundamental

En

del

derecho que nos ocupa, la tutela de éste sería insoslayable

en nuestra jurisdicción. El planteamiento sustantivo de los

peticionarios, por tanto, es patentemente inmeritorio. Lo

resuelto por el Tribunal Supremo de los EEUU en Obergefell,

en tanto reafirma el carácter fundamental del derecho al

matrimonio y en cuanto delimita la extensión de éste, es

incuestionablemente aplicable en el ELA.

IV

Por los fundamentos previamente expuestos, y puesto

que los argumentos sustantivos de los peticionarios carecen

de mérito alguno, estoy conforme con la determinación de

proveer

no

ha

lugar

intrajurisdiccional

tanto

como

a

al

recurso

de

la

moción

en

certificación

auxilio

jurisdicción.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

de