LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Accurate Solutions & Desing, Inc. v. Heritage Enviromental Services Puerto Rico

2015 TSPR 90

Poder Judicial de Puerto Rico

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Accurate Solutions & Desing, Inc. v. Heritage Enviromental Services Puerto Rico

CC-2014-449

Ley Núm. 83-2010/ Leyes sobre proyectos de energía renovable – personas autorizadas a promocionar los proyectos

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Accurate Solutions & Design, Inc.

Peticionaria

Certiorari

v.

2015 TSPR 90

Heritage Enviromental Services

Puerto Rico, L.L.C., et al.

193 DPR ____

Recurridos

Número del Caso:

CC-2014-449

Fecha: 30 de junio de 2015

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Timothy Landers Santiago

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Jorge A. Rullán Marín

Lcda. Carolina Velaz Rivero

Materia: Ley Núm. 83-2010 – Leyes sobre proyectos de energía

renovable – personas autorizadas a promocionar los proyectos.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

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del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un

servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Accurate

Solutions

Design, Inc.

&

Peticionaria

CC-2014-0449

Certiorari

v.

Heritage

Environmental

Services

Puerto

Rico,

L.L.C., et al.

Recurridos

Opinión emitida

MARTÍNEZ.

por

el

Juez

Asociado

SEÑOR

ESTRELLA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015.

Concierne que nos expresemos en torno al modo y las

formalidades

energía

requeridas

renovable

que

para

han

promover

sido

los

declarados

proyectos

de

parte

la

de

política pública de Puerto Rico. Particularmente, debemos

determinar si la promoción de estos proyectos solamente

puede

ser

ofrecida

afirmativo,

la

por

ingenieros

peticionaria

no

licenciados.

tendría

En

derecho

caso

a

la

concesión del remedio solicitado. Veamos.

I

Los hechos que originan la controversia ante nuestra

consideración se remontan al 30 de enero de 2012. En esta

fecha,

Accurate

peticionaria)

le

Solutions

presentó

&

Design,

a

Inc.

Heritage

(ASD

o

la

Environmental

CC-2014-0449

Services,

2

PR,

intitulada

LLC

(HESPR)

“Proposal

for

Renewable

Solar

preparada

por

Array

el

la

Commercial

System”

Ing.

Propuesta

Núm.

Q17-052

Grid-Tie

99.36KW

(propuesta),

Edgardo

Quiñones.

la

En

cual

fue

ella,

ASD

ofreció la implementación de un sistema fotovoltaico para

generar y suplirle electricidad a la instalación de HESPR

en Mayagüez, Puerto Rico. Para cumplir con este objetivo,

en

la

propuesta

se

incluyó

un

análisis

del

impacto

ambiental, económico y legal que tendría el sistema solar.

Ésta fue aceptada y firmada por el Ing. Roberto Acosta

Marín

(ingeniero

Acosta

Marín)

y

el

Sr.

Ronald

J.

Marinelli en la primera y última página.1

Así las cosas, el 4 de abril de 2012 ASD y HESPR

suscribieron un acuerdo intitulado Green Energy Fund-Tier

1 con la Administración de Asuntos Energéticos de Puerto

Rico (AAE). Según surge del acuerdo y lo determinado por

el

Tribunal

de

Primera

Instancia,

ASD

compareció

en

calidad de agente de HESPR. En el acuerdo se concertó que

la AAE otorgaría varios reembolsos de inversión para la

instalación

del

proyecto

de

acuerdo

a

los

parámetros

establecidos en la Ley Núm. 83-2010, conocida como la Ley

de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico, 13 LPRA

sec. 10421, et seq. Ello, siempre que se hiciera conforme

a los términos y condiciones del proyecto presentado ante

la agencia.

1

Nótese que en la propuesta solo aparece la fecha y

las firmas del ingeniero Acosta Marín y del Sr. Ronald J.

Marinelli. Es decir, no se especificó en qué calidad cada

individuo suscribió la propuesta.

CC-2014-0449

3

A pesar de esto, el 4 de septiembre de 2012 HESPR le

remitió una misiva a ASD en la que le informó que las

operaciones de sus instalaciones cambiaron y ya no estaba

interesado en continuar con el Proyecto. Indicó, además,

que

no

estaba

obligado

a

pagar

ninguna

penalidad

de

cancelación por entender que el acuerdo suscrito era nulo

ab initio. Ello, debido a que en la jurisdicción de Puerto

Rico la práctica de la ingeniería solo puede ser llevada a

cabo por ingenieros licenciados, no por corporaciones como

ASD.

Por

último,

le

informó

que

la

decisión

de

no

continuar con el proyecto iba a ser notificada a la AAE,

ya que el incentivo solicitado no iba a ser necesario.

A tenor con lo anterior, el 3 de enero de 2013 ASD

acudió ante el Tribunal de Primera Instancia y presentó

una demanda contra HESPR y su compañía matriz, Heritage

Environmental Services, LLC (HES), por incumplimiento de

contrato y daños y perjuicios. En ésta, alegó que antes de

contratar,

firma

e

realizó

un

intercambio

exhaustivo

de

proceso

documentos

de

para

búsqueda,

obtener

los

reembolsos de la AAE, además de que invirtió un sinnúmero

de horas de trabajo. Por tanto, al momento en que HESPR

decidió cancelar el acuerdo, ya el equipo y los materiales

que

ASD

iba

a

instalar

estaban

en

las

facilidades

de

HESPR. Por ello, alegó que no pudo utilizarlos en otros

proyectos, lo cual le generó grandes pérdidas económicas,

además

de

que

forma,

reclamó

éstos

daños

se

estaban

monetarios

deteriorando.

por

no

De

igual

recibir

las

CC-2014-0449

4

ganancias por el consumo mensual de energía que HESPR iba

a obtener debido a la inversión de ASD. Asimismo, solicitó

que se le restituyera la fianza que presentó ante la AAE

para

asegurar

el

cumplimiento

del

acuerdo.

En

total,

reclamó la cantidad de $887,101.94 por concepto de todos

los daños sufridos, más las costas, intereses y honorarios

de abogado.

Por

su

parte,

recurridos”)

HESPR

presentaron

y

una

HES

(en

Moción

de

conjunto

“los

Desestimación.

Argumentaron que la demanda era improcedente en derecho,

ya que lo reclamado no justificaba la concesión de un

remedio

a

favor

de

ASD.

En

esencia,

arguyeron

que

el

objeto del acuerdo es ineficaz en la medida que el diseño

y la instalación del proyecto por parte de ASD constituye

un ejercicio ilegal de la profesión de la ingeniería. Como

consecuencia, alegaron que ni la propuesta ni el acuerdo

presentado ante la AAE surtieron efecto jurídico, por lo

que

las

partidas

reclamadas

en

la

demanda

eran

improcedentes.

Ante estas alegaciones, ASD presentó una Moción en

Oposición

a

Desestimación,

en

la

cual

sostuvo

que

el

negocio pactado era para la venta de energía, lo cual no

constituye

un

ejercicio

de

la

ingeniería.

En

la

alternativa, adujo que es acreedora de una reclamación en

culpa in contrahendo, ya que los recurridos no profesaron

la buena fe exigida en nuestro ordenamiento durante las

negociaciones precontractuales.

CC-2014-0449

Por

5

otra

parte,

ASD

también

presentó

una

Moción

Solicitando Autorización para Enmendar Demanda y Acumular

Parte Indispensable como Co-demandante. En ésta, ASD adujo

que el contrato objeto de la controversia realmente fue

suscrito por HESPR, la AAE y el ingeniero Acosta Marín en

su carácter personal, ya que éste es el único accionista y

beneficiario de ASD. Por ello, le solicitó al tribunal que

le permitiera enmendar ese hecho de la demanda original y

que

el

ingeniero,

su

Gananciales

compuesta

demandantes.

HESPR

cónyuge

por

y

ambos,

presentó

una

la

Sociedad

Legal

fuesen

incluidos

Réplica

a

de

como

Oposición

a

Moción de Desestimación.

Así las cosas, luego de varios trámites procesales,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

emitió

una

Sentencia,

notificada el 4 de junio de 2013, en la cual declaró ha

lugar

la

demandados

Moción

y

de

Desestimación

desestimó

con

presentada

perjuicio

por

la

los

demanda

presentada. El Tribunal concluyó que el contrato suscrito

entre ASD y HESPR constituyó una práctica ilegal de la

ingeniería. Ello, debido a que en éste “se detallan todos

los componentes y equipos necesarios para el diseño y la

instalación del sistema de energía renovable”. Sentencia

del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del Recurso de

Certiorari,

determinó

pág.

que

el

71.

(Énfasis

contrato

omitido).

era

nulo

ab

Por

tal

initio

razón,

y,

en

consecuencia, ASD no tenía derecho a recibir ninguna de

las partidas reclamadas en sus alegaciones.

CC-2014-0449

6

Ante tal determinación, el 19 de junio de 2013 ASD

presentó una Moción de Reconsideración, en la cual arguyó

que el tribunal primario erró al concluir que el objeto

del

contrato

ingeniería,

era

en

el

vez

ofrecimiento

de

la

de

servicios

instalación

de

de

paneles

fotovoltaicos. Asimismo, que erró al desestimar la demanda

sin

autorizar

considerar

la

enmienda

remedios

solicitada

adicionales

aun

por

cuando

ASD

el

y

sin

contrato

entre las partes fuese declarado nulo. El 10 de julio de

2013 el Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden en

la cual denegó la reconsideración presentada.

A tenor con lo anterior, la peticionaria recurrió al

Tribunal de Apelaciones, el cual confirmó la determinación

del Tribunal de Primera Instancia. En esencia, razonó que

la

implantación

de

un

sistema

conocimiento

especializado

ingeniero

manera

de

fotovoltaico

que

requiere

el

posee

un

incidental.

En

solamente

consustancial,

no

consecuencia, concluyó que el contrato suscrito entre las

partes era nulo ab initio. Asimismo, determinó que del

acuerdo suscrito con la AAE se desprende que el ingeniero

Acosta Marín compareció en representación de HESPR, no en

su

carácter

resolvió

que

personal.

el

Siendo

defecto

de

así,

la

el

demanda

foro

apelativo

no

podía

ser

subsanado, ya que la actuación de ASD era improcedente en

derecho. En cuanto a la doctrina de culpa in contrahendo,

pronunció que ésta no está disponible cuando las partes

suscriben

un

acuerdo

ilegal.

Posteriormente,

el

foro

CC-2014-0449

7

apelativo sostuvo su razonamiento y denegó la Moción de

Reconsideración presentada por la peticionaria.

Inconforme con este dictamen, ASD recurrió ante nos y

solicitó que dejáramos sin efecto la Sentencia emitida por

el Tribunal de Apelaciones. Para ello, argumentó que éste

erró

al

interpretar

determinar

que

el

los

negocio

proyectos

entre

de

las

partes,

energía

al

renovable

solamente pueden ser ofrecidos por ingenieros licenciados

y

al

confirmar

celebración

de

la

desestimación

una

vista.

de

Arguyó

la

demanda

que

no

sin

hay

la

una

restricción para que solamente los ingenieros licenciados

ofrezcan los servicios de sistemas de energía renovable.

Razonó

que

si

las

corporaciones

autorizadas

para

recibir

incentivos

generales

para

este

están

tipo

de

proyecto, sería contrario a la política pública avalar la

determinación del foro apelativo en torno a que éstas no

pueden ofrecer dichos servicios. Asimismo, adujo que, al

menos, el tribunal debió haber celebrado una vista en sus

méritos

para

poder

analizar

el

negocio

reiteró

que

es

que

se

suscitó

entre las partes.

Además,

ASD

una

promotora

de

proyectos de energía renovable. En primer lugar, debido

a

que distribuye las piezas y los materiales de las placas

fotovoltaicas

fabricadas

en

Estados

Unidos

para

posteriormente

mercadearlas

como

una

alternativa

auto-

sustentable. En razón de estas funciones, la peticionara

alegó que debe ser reconocida como una promotora, pues

CC-2014-0449

“contrató

8

a

los

profesionales

especializados

en

este

campo, adquirió los materiales necesarios y gestionó todos

los

permisos

y

endosos

de

las

agencias

estatales

y

federales para ejecutar la obra”. Recurso de Certiorari,

pág.

13.

Por

su

parte,

los

recurridos

presentaron

una

Oposición a Expedición de Petición de Certiorari, en la

que nuevamente alegaron que el objeto del negocio entre

las partes era la práctica de la ingeniería, lo cual hacía

que el contrato suscrito entre las partes fuera nulo. Del

mismo modo, arguyeron que el recurso presentado no cumple

con

los

fundamentos

jurídicos

necesarios

para

que

este

Tribunal ejerza su función revisora.

Así las cosas, el 12 de diciembre de 2014 emitimos

una orden para que los recurridos mostraran causa por la

cual no debíamos expedir el recurso. El 16 de enero de

2015

esta

parte

presentó

un

escrito

intitulado

Moción

Mostrando Causa en Cumplimiento de Resolución, en el cual

reproduce

los

recurridos

y

argumentos

nos

presentados

solicita

que

ante

deneguemos

el

los

foros

Certiorari

presentado por ASD.

Examinados

procedemos

a

los

escritos

discutir

el

de

los

derecho

comparecientes,

aplicable

a

los

planteamientos señalados.

II

Como es sabido, la Regla 10.2 de las de Procedimiento

Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2,

permite

que

un

demandado

presente

una

moción

de

CC-2014-0449

9

desestimación

antes

de

que

conteste

su

demanda.

Particularmente, el inciso (5) de esta Regla, establece

que

en

la

alegación

responsiva

se

defensa

el

que

otra

dejó

la

parte

puede

incluir

como

exponer

una

de

reclamación que justifique la concesión de un remedio. En

torno a esto, reiteradamente este Tribunal ha expresado

que

“una

demanda

no

debe

ser

desestimada

por

insuficiencia, a menos que se desprenda con toda certeza

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo

cualquier

estado

de

hechos

que

puedan

ser

probados

en

apoyo de su reclamación.” Boulon v. Pérez, 70 DPR 988, 993

(1950).

Veánse,

Development,

187

además,

DPR

Ortiz

649,

654

Matías

et

al.

(2013);

Aut.

v.

Mora

Tierras

v.

Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 429 (2008); Reyes

v. Sucn. Sánchez Soto, 98 DPR 305, 309 (1970).

Por consiguiente, cuando el tribunal tiene ante su

consideración una moción de desestimación de este tipo,

debe tomar “como ciertos todos los hechos bien alegados en

la demanda, que hayan sido aseverados de manera clara y

concluyente, y que de su faz no den margen a dudas”. Colón

v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); véase, además, Aut.

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp.,

supra,

pág. 428.

Ello, debido a que lo que se ataca es un vicio intrínseco

de

la

demanda,

no

los

hechos

aseverados.

R.

Hernández

Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal

Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 2010, pág. 269. De

esta manera, cuando los hechos están bien alegados, el

CC-2014-0449

10

demandado tiene que demostrar “con toda certeza que el

demandante

no

tiene

derecho

a

remedio

alguno

bajo

cualquier estado de derecho que pueda ser probado en apoyo

de

su

forma

reclamación,

aun

más

posible

liberal

interpretando

a

su

la

demanda

favor.”

J.A.

de

la

Cuevas

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., JTS,

T.II, 2011, págs. 528-529.

Asimismo,

este

Tribunal

ha

sido

consecuente

en

expresar que la desestimación no procede si la demanda es

susceptible de ser enmendada. Aut. Tierras v. Moreno &

Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 429. A tales fines, la Regla

13.1 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009,

permite que cualquier parte enmiende sus alegaciones en

cualquier momento antes de haber recibido una alegación

responsiva o en cualquier momento dentro de los veinte

días de haber notificado su alegación si ésta no admite

alegación responsiva. 32 LPRA Ap. V, R. 13.1. Para esto,

el tribunal en su discreción deberá evaluar liberalmente

el momento en que se presentó la solicitud de enmienda,

las

razones

para

la

tardanza,

el

impacto

para

la

adjudicación y el perjuicio que le causaría a la otra

parte, además de los méritos de la enmienda presentada.

Consejo de Titulares Cond. Plaza del Mar v. Jetter Klare,

169 DPR 642 (2006). Véanse, además, Colón Rivera v. Wyeth

Pharm., 184 DPR 184 (2012); S.L.G. v. Mini-Warehouse, 179

DPR 322 (2010). En fin, como es harto conocido, en nuestro

ordenamiento se considera que, solo en casos extremos, se

CC-2014-0449

11

debe privar a un demandante de su día en corte. Cuevas

Segarra, op. cit., pág. 532.

III

Debemos recordar que en el caso que nos ocupa los

tribunales recurridos concluyeron que el contrato suscrito

entre

las

partes

constituía

una

práctica

ilegal

de

la

ingeniería. En atención a ello, reiteramos que a pesar de

que

todo

individuo

tiene

derecho

a

ejercer

cualquier

profesión o negocio, no existe un derecho absoluto a las

profesiones u oficios. Por esto, en razón del poder de

estado

y

público,

con

el

éstas

gubernamental.

405,

413

propósito

pueden

San

ser

Miguel

(1993).

de

proteger

el

bienestar

reglamentadas

por

Lorenzana

E.L.A.,

Véase,

v.

además,

el

Matos

aparato

134

v.

DPR

Junta

Examinadora, 165 DPR 741, 755 (2005).

De

esta

manera,

en

aras

de

proteger

la

vida,

la

salud, la propiedad y el bienestar público en general, la

Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988 (Ley Núm. 173-1988),

conocida

como

Ingenieros,

la

Ley

de

Arquitectos,

la

Junta

Examinadora

Agrimensores

y

de

Arquitectos

Paisajistas de Puerto Rico, 20 LPRA sec. 711

et seq.,

establece las disposiciones aplicables a la práctica de la

ingeniería

en

Puerto

Rico.

Además

de

describir

el

ejercicio de la ingeniería, 20 LPRA sec. 711b,

la ley

también

establece

de

la

práctica

de

siempre

que

la

que

el

ingeniería

ejercicio

estará

corporativo

permitido

todos sus accionistas estén debidamente certificados y la

CC-2014-0449

misma

esté

12

debidamente

profesional.

20

LPRA

organizada

sec.

como

711q-2.

una

Así,

corporación

pues,

aquella

persona natural o jurídica que practique la ingeniería sin

cumplir con las disposiciones contenidas en la referida

Ley

Núm.

173-1988,

podrá

estar

sujeto

a

sanciones

monetarias y/o pena de reclusión. 20 LPRA sec. 711y. Para

una

interpretación

de

estas

disposiciones,

véanse

Col.

Ing. Agrim. P.R. v. A.A.A., 131 DPR 735 (1992); Rasa Eng.

Corp. v. Daubón, 86 DPR 193 (1961).

IV

A.

Ahora

bien,

que

el

alegó

en

el

contrato

caso

de

autos,

la

peticionaria

suscrito

entre

las

partes

no

implicaba el ofrecimiento de los servicios de ingeniería,

sino la promoción de un sistema de energía renovable.

Al igual que en España, la figura del promotor no

está

definida

incorporada

en

en

nuestro

Código

nuestra

Civil,

sino

jurisdicción

que

fue

mediante

jurisprudencia.2 Este Tribunal aludió por primera vez a

esta figura en Acevedo Hernández v. C.R.U.V., 110 DPR 655

(1981). Aunque en aquella ocasión concluimos que no era

necesario

2

discutirla,

expresamos

que

tanto

en

la

Según surge de la Sentencia del 11 de octubre de 1974

del Tribunal Supremo de España, “el término de promotor,

no fue utilizado por el C. Civ. por ser desconocido en

aquella fecha el carácter de constructor, con la amplitud

y características del denominado actualmente promotor”. S.

de 11 de octubre de 1974, Núm.3798/1974, XLI (Vol. II)

Repertorio de Jurisprudencia 2903. En razón de ello, en

España esta figura fue adoptada y ha sido desarrollada

jurisprudencialmente.

CC-2014-0449

13

jurisdicción de España como Francia, “el promotor asume

junto a muchas otras funciones la iniciativa de construir

la totalidad de la obra”. Íd., pág. 663. Sin embargo, no

fue hasta que nos expresamos en Acevedo Hernández v. Viñas

Sorbá, 111 DPR 629 (1981), que finalmente se incorporó la

figura

del

promotor

en

nuestro

ordenamiento

jurídico.

Sobre el particular, hicimos las siguientes expresiones:

Cabanillas Sánchez ha intentado recoger en

unas notas recientes los requisitos que deben

satisfacerse

para

incluir

la

promoción

inmobiliaria en la responsabilidad decenal.

Cabanillas Sánchez considera que son tres los

rasgos distintivos del promotor: 1º)El promotor

es un profesional de la construcción; 2º)el

promotor concibe y organiza la construcción de

la obra, esto es, usualmente determina lo que

desea hacer, adquiere el terreno, contrata los

profesionales que han de encargarse del diseño y

ejecución de la obra, se ocupa de las gestiones

para financiar la obra y desempeña otras

funciones administrativas; y 3º) el promotor

organiza la construcción para que otros la

adquieran, arrienden o gocen de otro derecho

real sobre la misma. Íd., págs. 636-637. (Citas

omitidas).

Como se puede colegir, bajo el escenario particular

de

hechos

ante

la

consideración

de

este

Tribunal,

se

entendió relevante el hecho de que el promotor sea un

profesional

de

la

construcción,

conciba

y

organice

la

construcción de la obra, adquiera el terreno y contrate

los

profesionales

que

se

encargan

del

diseño

y

la

ejecución de la obra. Asimismo, que financie y realice

otras funciones administrativas con el fin de que otros la

adquieran, arrienden o gocen de un derecho real sobre la

obra. Véase P.J. Cabán Vales, La responsabilidad civil por

CC-2014-0449

14

vicios de la construcción en España y Puerto Rico, Madrid,

Ed. Dykinson, 2013, pág. 97. Posterior a esta ocasión,

este Tribunal no ha tenido la oportunidad de volver a

expresarse sobre la figura del promotor.

B.

En armonía con las funciones que generalmente le han

sido

atribuidas

a

un

promotor

de

proyectos

según

reconocidas por este Tribunal; la legislación aplicable al

desarrollo de los sistemas de energía renovable permite

que

una

persona

jurídica

solicite

las

certificaciones

necesarias para poder llevar a cabo la operación de estos

sistemas. Veamos.

Posterior a la promulgación de la reseñada Ley Núm.

173-1988 y su interpretación judicial, en Puerto Rico se

incorporaron una serie de leyes especiales para atender el

desarrollo

de

los

proyectos

el

19

Particularmente,

de

de

julio

energía

de

2010

renovable.

la

Asamblea

Legislativa de Puerto Rico adoptó la Ley Núm. 82-2010,

conocida

como

Diversificación

la

Ley

de

Política

Pública

Energética

por

Medio

la

de

de

Energía

Renovable Sostenible y Alterna, 12 LPRA sec. 8121 et seq.

En

atención

al

mandato

constitucional

de

conservación

eficaz de los recursos naturales,3 esta ley creó una Carta

de Energía Renovable con el propósito de lograr cierta

independencia

del

uso

de

combustibles

fósiles

para

el

consumo de energía. Con miras a alcanzar este objetivo, a

3

Véase, Art. VI, Sec. 19, Const. ELA, LPRA, Tomo 1,

ed. 2008, pág. 440.

CC-2014-0449

15

la AAE se le atribuyó el deber y la responsabilidad de

crear

y

ofrecer

alternativas

de

financiamiento

e

incentivos especiales para aumentar la cartera de energía

renovable,

así

como

desarrollar

fuentes

de

sustento

alternas. Véase 12 LPRA sec. 8126.

En

conformidad

con

la

legislación

descrita,

la

Asamblea Legislativa también aprobó la Ley Núm. 83-2010,

conocida como la Ley de Incentivos de Energía Verde de

Puerto Rico, 13 LPRA sec. 10421, et seq. El propósito de

esta última consistió en la creación del Fondo de Energía

Verde de Puerto Rico, el cual operaría separado de los

fondos gubernamentales en aras de fomentar la generación

de mercados de energía verde en la Isla. 13 LPRA secs.

10422-10423. Según se desprende de esta legislación, las

personas

jurídicas4

que

lleven

a

cabo

actividades

elegibles5 podrán beneficiarse de los incentivos que provee

la referida ley. Véase, por ejemplo, 13 LPRA sec. 10430.6

4

Nótese que la Ley Núm. 83-2010, define el término

persona como “cualquier individuo, sociedad, empresa,

asociación, corporación, corporación pública o entidad”.

13 LPRA sec. 10421(35).

5

Según definido en la Ley Núm. 83-2010, una actividad

elegible significa:

(a) Cualquier negocio que se dedique a la

producción de venta de energía verde a escala

comercial para consumo en Puerto Rico, sea como

dueño y operador directo de la unidad de

producción o como dueño de una unidad de

producción que esté siendo operada por otra

persona, en cuyo caso, tanto dueño como

operador se considerarán negocios dedicados a

una actividad elegible para los fines de este

capítulo;

CC-2014-0449

Además

desprende

16

de

que

ninguna

de

la

legislación

restricción

para

descrita

que

las

no

se

personas

jurídicas puedan solicitar los incentivos divulgados por

la ley, en el 2008 la AAE promulgó un Reglamento para la

certificación

de

sistemas

fotovoltaicos

e

instaladores.

Reglamento para la certificación de sistemas fotovoltaicos

e

instaladores,

Reglamento

Núm.

7599,

Departamento

de

Estado, 29 de octubre de 2008. Éste establece las normas

pertinentes a la certificación de equipos fotovoltaicos,

el proceso para que los instaladores puedan registrarse y

certificarse ante la AAE, entre otros asuntos. Según surge

de la sección de aplicabilidad, éste abarca tanto a las

personas

naturales

fotovoltaicos

como

que

instalen

a

las

o

diseñen

personas

los

jurídicas

sistemas

que

los

vendan, manufacturen o instalen. Íd., pág. 6. En razón de

ello, el solicitante está definido de la siguiente manera:

________________________

(b) productor de energía verde, según definido

en esta sección, para consumo en Puerto Rico,

siempre que éste sea su negocio principal;

(c) ensamblaje de equipo para generación de

energía verde, incluyendo la instalación de

dicho equipo en las facilidades del usuario de

energía verde a ser generada por dicho equipo.

13 LPRA sec. 10421(1).

6

La Sec. 5.32 del reglamento creado en virtud de la

Ley Núm. 83-2010, conocida como la Ley de Incentivos de

Energía Verde de Puerto Rico, 13 LPRA sec. 10421, et seq.,

diáfanamente establece que el solicitante “será la persona

o entidad responsable de completar y someter una solicitud

a cualquier programa del FEV y que servirá como el

contacto principal con la AAE a través del proceso de

solicitud y construcción. Toda comunicación relacionada a

un PEV será dirigida al Solicitante. Un Solicitante puede

ser también el cliente”. Reglamento del fondo de energía

verde enmendado y replanteado, Reglamento Núm. 8410,

Departamento de Estado, 3 de diciembre de 2013, pág. 15.

CC-2014-0449

17

Persona

natural

que

solicita

la

certificación

de

instalador

de

sistemas

fotovoltaicos. En el caso de certificación de

equipos

fotovoltaicos

significa

la

persona

natural o jurídica que solicita la certificación

del

mencionado

equipo.

En

el

caso

de

certificación de diseño de sistema fotovoltaico

significa la persona natural o jurídica que

solicita la certificación de diseño. Íd., pág. 9.

(Énfasis suplido).

Como consecuencia, por virtud de este reglamento se

estableció

que

no

se

podrá

instalar

ningún

equipo

fotovoltaico sin obtener la correspondiente certificación

de

la

instalar

AAE.

Además,

de

acuerdo

“[l]os

al

instaladores

diseño

hecho

por

tendrán

el

que

Ingeniero

licenciado que aparece en la certificación del Sistema y

la

certificación

emitida

deberá

ser

firmada

por

el

instalador a tales efectos”. Íd., pág. 12.7

Cónsono con estas disposiciones, también se promulgó

el Reglamento para la certificación de sistemas de energía

renovable, cuyo objetivo, entre otros, es certificar las

personas

7

naturales

o

jurídicas

que

llevan

a

cabo

la

Véase, además, el Art. 29 sobre Multa administrativa

por Instalación sin Certificado de Instalación, en el cual

diáfanamente se reconoce que una persona jurídica puede

ordenar la instalación de un sistema fotovoltaico.

Particularmente, dispone que “[t]oda persona jurídica que

ordene la instalación de un equipo fotovoltaico a un

instalador sin la certificación de instalador otorgada por

la AAE según requerida por este reglamento podrá ser

multada por la cantidad mínima de cien ($100) dólares y

hasta de mil ($1,000) dólares por instalación. Reglamento

para

la

certificación

de

sistemas

fotovoltaicos

e

instaladores,

Reglamento

Núm.

7599,

Departamento

de

Estado, 29 de octubre de 2008, pág. 18. Asimismo, permite

la imposición de multas administrativas a una persona

jurídica que instale un sistema que no concuerde con lo

instalado o que el diseño no concuerde con las condiciones

del lugar, entre otras penalidades aplicables. Íd., pág.

19.

CC-2014-0449

instalación

18

de

sistemas

fotovoltaicos

obtención de créditos contributivos.

y

facilitar

la

Reglamento para la

certificación de sistemas de energía renovable, Reglamento

Núm. 7796, Departamento de Estado, 19 de enero de 2010.8 A

tales

efectos,

el

reglamento

es

de

aplicación

a

las

“[p]ersonas naturales que diseñen y/o instalen sistemas de

energía renovable y personas jurídicas mediante las cuales

se

contraten

estos

servicios”.

Íd.,

pág.

2.

Según

dispuesto en el referido reglamento, el solicitante9 deberá

presentar

una

certificación

ante

la

AAE,

en

la

cual

incluya la descripción del sistema fotovoltaico, la firma

del instalador y del diseñador, además de la factura del

costo del sistema.

De esta manera, el reglamento permite que una persona

jurídica solicite la certificación de los instaladores del

sistema

de

instaladores,

energía

el

renovable.

solicitante

En

deberá

el

caso

demostrar

de

los

que

el

instalador cumple con los requisitos contenidos en el Art.

14

del

referido

reglamento.

Reglamento

para

la

8

Este reglamento fue enmendado mediante la Enmienda al

reglamento para la certificación de sistemas de energía

renovable, Reglamento Núm. 7796 de 19 de enero de 2010,

Reglamento Núm. 8080, Departamento de Estado, 30 de

septiembre de 2011.

9

De manera similar al Reglamento Núm. 7599, este

reglamento describe al solicitante como toda “[p]ersona

natural que solicita la certificación del Instalador. En

el caso de la solicitud de una certificación de equipo o

instalación, significa la persona natural o jurídica que

solicita

la

certificación”.

Reglamento

para

la

certificación de sistemas de energía renovable, Reglamento

Núm. 7796, Departamento de Estado, 19 de enero de 2010,

pág. 8.

CC-2014-0449

certificación

19

de

sistemas

de

energía

renovable,

supra,

págs. 8-11.10 Es decir, deberá ser un perito o ingeniero

electricista

que

cumpla

con

unas

credenciales

profesionales y educativas particulares. De no cumplirse

con las disposiciones descritas, los Arts. 32 y 34 del

referido

reglamento

permiten

la

imposición

de

multas

administrativas por instalar un sistema fotovoltaico sin

el certificado de un instalador,11 porque éste no concuerde

con el diseño o sea inadecuado o porque no se le entregó

copia del plano al cliente previo a la instalación del

sistema de energía renovable. Íd., págs. 21-22.

Según se desprende de lo anterior, la legislación y

reglamentación aplicable al negocio que se suscitó entre

las partes permite que una persona jurídica lleve a cabo

todas las gestiones necesarias para que se obtengan las

certificaciones

requeridas

para

el

desarrollo

de

un

10

El

Art.

15

sobre

el

Procedimiento

ante

la

Administración para la obtención de Certificación de

Instalador, establece que “[e]l solicitante llenará la

Solicitud de Certificación y le anejará toda la evidencia

requerida por el Artículo 14”. Reglamento para la

certificación de sistemas de energía renovable, supra,

pág. 11.

11

El Art. 32(2) establece que “[t]oda persona jurídica

o natural que ordene la instalación de un equipo

fotovoltaico o de un equipo eólico a un instalador sin la

Certificación

de

Instalador

otorgada

por

la

Administración, según requerida por este Reglamento, podrá

ser multada por la cantidad mínima de mil dólares ($1,000)

y hasta un máximo de cinco mil dólares ($5,000) por

instalación”. Reglamento para la certificación de sistemas

de energía renovable, supra, pág. 21.

CC-2014-0449

20

sistema de energía renovable.12 Claro está, el solicitante

de esas certificaciones y procesos deberá observar que en

las fases en las que se requiere un perito o ingeniero

electricista se

utilicen

los recursos profesionales que

cumplan con las credenciales exigidas por las normas aquí

discutidas.

V

A tenor con el marco jurídico que hemos enunciado,

procedemos a resolver la controversia de autos.

Según surge de los hechos, ASD le presentó a HESPR

una

propuesta

para

la

implantación

de

energía

renovable,

el

cual

“will

save

approximately

212,850

pounds

tons)

annual

CO2

emissions

(106

of

un

sistema

de

per

year”. Proposal for Commercial Grid-Tie 99.36KW Renewable

Solar Array System, Apéndice del Recurso de Certiorari,

pág. 157. Para esto, luego de exponer cómo el proyecto iba

a

contrarrestar

12

problemas

ambientales

de

preeminencia,

Es pertinente destacar que la Ley Núm. 19-2012,

conocida

como

la

Ley

de

Contratos

de

Rendimiento

Energético, 3 LPRA sec. 8961 et seq., fue promulgada con

el objetivo de emular a varias jurisdicciones de los

Estados Unidos y autorizar los Contratos de Rendimiento

Energético en el sector público. En aras de promover la

conservación energética, esta ley promueve contratos entre

las agencias gubernamentales y un Proveedor de Servicios

Energéticos Cualificado. Según establece la legislación,

estos últimos pueden ser “[u]na persona o entidad jurídica

con conocimiento especializado y experiencia en el diseño,

la implantación e instalación de medidas de conservación

energética. . . que cumpla con los requisitos de

cualificación establecidos por la Administración”. 3 LPRA

sec. 8961(12). De esta manera, se autoriza este tipo de

contratación por parte de personas jurídicas. En el caso

particular de los servicios de ingeniería, la legislación

establece que éstos serán utilizados para la ejecución

efectiva de los contratos, sin limitación adicional. 3

LPRA sec. 8968.

CC-2014-0449

21

tales como la polución del aire y el calentamiento global,

se incluyó un análisis económico del consumo de energía

que HESPR se ahorraría al instalar el sistema. De igual

forma,

ASD

incluyó

un

análisis

de

los

incentivos

que

podían ser solicitados bajo la mencionada Ley Núm.83-2010

para

que

el

desarrollo

fueran

rentables.

cuánto

sería

cantidad

la

anual

de

Además,

se

inversión

que

proyectos

HESPR

incorporó

final

se

como

en

un

el

propuesto

análisis

comparación

ahorraría

de

de

con

la

instalar

el

proyecto. En el desglose de inversión se incluyeron las

partidas de gastos por concepto de los módulos solares,

los paneles de soporte, el monitoreo del equipo y los

materiales, la instalación y los diseños y permisos.

último,

se

formularios

incluyó

una

lista

que

iban

a

se

de

las

gestionar

Por

certificaciones

y

ante

la

la

AAE

y

Autoridad de Energía Eléctrica para poder llevar a cabo el

proyecto.13

De otra parte, en el acuerdo presentado ante la AAE

para el financiamiento del proyecto, las partes expusieron

13

En esta sección, la cual estaba intitulada como

“Deliverables”, específicamente se dispuso que ante la AEE

se gestionarían las siguientes certificaciones: Installer

Certification,

Inverter

Certification,

PV

Module

Certification, Installation Certification. En el caso de

la Autoridad de Energía Eléctrica, la propuesta incluyó lo

siguiente:

“Interconnection

Request

Evaluation

Form,

System Drawings & Protection/Coordination Schematics, Any

diligence for Interconnection Permit Approval, System test

and any applicable test required by PREPA”. Por último, en

ésta se desglosó que se gestionarían los: “PV Modules and

Racks, Certified Electrical & Structural Designs, System

Installation, System Commissioning & Training”. Proposal

for Commercial Grid-Tie 99.36KW Renewable Solar Array

System, Apéndice del Recurso de Certiorari, pág. 160.

CC-2014-0449

22

que eran las responsables de la selección del diseñador,

manufacturero, contratista e instalador del Proyecto. Es

decir,

en este acuerdo se representó que ASD sería la

encargada de la construcción y operación del Proyecto como

agente de HESPR. Green Energy Fund Reservation Agreement,

Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 161-179.

A pesar de estas especificidades contractuales, los

tribunales

demanda

recurridos

presentada

por

desestimaron

con

ASD

concluyeron

porque

perjuicio

que

la

la

peticionaria estaba ofreciendo servicios de ingeniería en

contravención con la Ley Núm. 173-1988, lo que hacía el

contrato nulo ab initio. No actuaron conforme a derecho.

Veamos.

La disposición estatutaria en la que los tribunales

recurridos

posterior

basan

su

legislación

determinación

y

no

reglamentación

en

contempla

la

torno

la

a

difusión de los contratos de energía renovable como una

política

pública

de

gran

transcendencia

en

nuestro

ordenamiento. Según reseñado, las leyes y los reglamentos

aplicables

jurídica

a

estos

solicite

negocios

las

permiten

que

certificaciones

una

persona

administrativas

requeridas para instalar un sistema fotovoltaico.

En particular, la Ley Núm. 83-2010, permite que una

persona

jurídica

actúe

como

solicitante

de

cualquier

programa del Fondo de Energía Verde durante el proceso de

solicitud

y

construcción

de

un

sistema

de

energía

renovable. Según definido en la ley, el solicitante deberá

CC-2014-0449

23

ser aquel que lleve a cabo actividades elegibles, entre

las que se encuentra el ensamblaje del equipo para la

generación

de

para

certificación

la

energía.

instaladores,

supra,

Cónsono

de

con

esto,

sistemas

diáfanamente

el

Reglamento

fotovoltaicos

establece

que

e

las

personas jurídicas pueden solicitar las certificaciones de

diseño para la instalación de los sistemas fotovoltaicos.

De igual forma, el Reglamento para la certificación de

sistemas

de

energía

renovable,

supra,

autoriza

que

una

persona jurídica contrate los servicios para el diseño y

la instalación de estos sistemas. Tanto es así que ambos

reglamentos

personas

contemplan

jurídicas

reglamentarias

la

que

imposición

incumplen

aplicables.

con

Es

de

multas

las

disposiciones

decir,

a

autorizan

las

la

imposición de responsabilidad a aquella persona jurídica

que le ordene a un instalador que no ha sido certificado

por

la

AAE

la

instalación

de

un

sistema

fotovoltaico,

diseñe un sistema fotovoltaico que no concuerde con las

condiciones del lugar a ser instalado o incumpla cualquier

otra disposición reglamentaria.

Nótese que esta reglamentación contempla el que una

persona jurídica se encargue de la coordinación de todo el

proceso

de

diseño

e

instalación

fotovoltaico.

Ciertamente,

certificaciones

requeridas,

para

el

de

un

sistema

obtener

solicitante

las

deberá

acreditar que la persona contratada para instalar cumple

con

las

especificaciones

reglamentarias

aplicables,

tal

CC-2014-0449

24

como ser perito electricista o ingeniero electricista. En

el caso de los diseñadores se requiere que sean ingenieros

profesionales. Véanse Art. 14 y 26 del Reglamento para la

certificación de sistemas de energía renovable, supra.

Como vemos, el estatuto y los reglamentos aplicables

no

restringen

profesionales

la

solicitud

licenciados,

sino

de

estos

servicios

que

permiten

que

a

éstos

sean solicitados por una persona jurídica siempre y cuando

la persona natural designada como instalador o diseñador

cumpla con unos requisitos profesionales específicos. De

ninguna

manera

el

legislador

pretendió

imponer

un

oligopolio en el que los electricistas e ingenieros sean

los únicos promotores de este tipo de proyectos, sino que

exigió que toda persona natural o jurídica contrate los

servicios de estos profesionales para la instalación del

sistema

fotovoltaico,

a

fin

de

que

no

se

ejerza

ilegalmente el ejercicio de esas profesiones. Por tanto, a

la luz de estas disposiciones, en esta etapa no podemos

concluir que el contrato suscrito entre ASD y HESPR era

nulo ab initio.

Ello, porque según hemos expuesto, en armonía con las

legislaciones aplicables, una persona jurídica en calidad

de promotora puede realizar las funciones propias de los

servicios contenidos en la propuesta de ASD. En el caso de

autos, de la propuesta presentada por ASD y aquilatada por

los foros recurridos, surge que éstos iban a coordinar el

diseño

y

la

instalación

del

sistema

fotovoltaico.

La

CC-2014-0449

25

presentación

de

los

servicios

pactados

incluía

la

coordinación de diversas funciones, entras las cuales se

destaca

el

ensamblaje,

certificaciones

la

búsqueda

gubernamentales

e

y

obtención

incentivos

de

y

la

instalación del sistema. Algunas de estas fases conllevan

contratar

los

actividades

propias

de

la

industria

persuade

argumento

de

los

el

profesionales

para

que

realicen

energética.

tribunales

las

No

nos

recurridos

en

cuanto a que como en el presupuesto se incluyó un renglón

de “designs and permits”, esto implica que ASD ofreció

ejercer

un

servicio

de

ingeniería.

El

solo

hecho

de

presupuestarlo no puede llevarnos a esa conclusión. Por el

contrario,

esto

estaba

englobado

con

el

cálculo

de

actividades requeridas para la consecución última de la

propuesta: un sistema de energía fotovoltaica.

Por otra parte, y en consonancia con las funciones

pactadas,

en

la

propuesta

se

identificaron

como

“deliverables” las certificaciones requeridas por ley para

poder

llevar

comprometió

a

cabo

estos

a

ser

el

trabajos.

contacto

Asimismo,

con

las

ASD

se

agencias

gubernamentales que financiarían el proyecto. De hecho, ya

se

habían

realizado

obtención

del

REservation

Agreement

gestiones

incentivo.

Tier

ante

Véase

1,

la

AAE

Green

Apéndice

para

Energy

del

la

Fund

Recurso

de

Cetiorari, págs. 161-179. Ello, porque como bien señala la

propuesta y la legislación descrita, la rentabilidad de

estos proyectos depende del financiamiento otorgado por

CC-2014-0449

26

las agencias pertinentes. Ante este cuadro, no procedía

concluir que el contrato suscrito era nulo ab initio.

No obstante, huérfanos del análisis que antecede, los

tribunales recurridos apoyaron su conclusión en que como

ASD

no

era

una

corporación

profesional

y

alegadamente

ofreció realizar directamente servicios de ingeniería, el

contrato era nulo ab initio en virtud de la Ley Núm. 1731988.

No

aplicables.

nos

Aún

persuade

bajo

ante

el

las

normas

razonamiento

de

de

derecho

los

foros

recurridos, se obviaría el texto expreso del Art. 3.2 de

la Ley Núm. 83-2010, 13 LPRA sec. 10444, el cual establece

que en caso de conflictos entre esta legislación y una

posterior o anterior, prevalecerán las disposiciones de la

primera.14

14

De

esta

manera,

El referido Art.

establece como sigue:

3.2

en

de

la

la

medida

Ley

Núm.

que

los

83-2010,

Ninguna persona, incluyendo, pero sin limitarse a,

toda

agencia

o

corporación

gubernamental

local

o

municipal,

podrá

emitir

o

imponer,

sea

mediante

reglamento,

acuerdo,

contrato,

resolución

u

orden,

requisito

de

endoso,

permiso

o

gestión

similar,

zonificación, calificación, ordenanza o cualquier otro

mecanismo legal o discrecional, cualquier requerimiento,

impedimento o condición alguna que tenga o pueda tener el

efecto de frustrar los requisitos, objetivos y espíritu de

este

capítulo.

Tales

requerimientos,

impedimentos

o

condiciones se entenderán nulos de su faz a menos que

estén expresa y justificadamente dirigidos a proteger la

salud y seguridad humana y posean el aval del Comité

Evaluador,

o estén expresamente autorizados por este

capítulo o una legislación posterior a ésta.

En la eventualidad que surja algún conflicto entre

las disposiciones de este capítulo y las de cualquiera

otra

ley

o

reglamento,

sean

éstas

aprobadas

con

anterioridad

o

posterioridad

a

este

capítulo,

las

disposiciones de este capítulo prevalecerán con relación a

CC-2014-0449

27

requerimientos

de

la

Ley

Núm.

contravención

con

la

Ley

Núm.

173-1988

83-2010,

entren

esta

en

última

prevalece. No obstante, reiteramos que la discutida Ley

Núm. 83-2010 y los reglamentos aplicables, permiten que

una persona jurídica, sin incluir alguna especificidad en

cuanto a su incorporación, solicite las certificaciones de

diseño

e

instalación

requeridas

para

los

sistemas

de

energía renovable, lo cual no está prohibido por la Ley

Núm. 173-1988. Ello es así debido a que, ciertamente, esto

no atenta contra la salud o seguridad humana en la medida

que para poder llevarse a cabo estos proyectos, los mismos

deben ser certificados por los profesionales pertinentes.

Por lo tanto, reconocemos que en calidad de promotora una

persona

jurídica

encargarse

agencias

de

puede

hacer

las

administrativas

contratar

estos

gestiones

como

servicios

pertinentes

parte

de

las

ante

y

las

múltiples

funciones necesarias para llevar a cabo la operación de un

sistema de energía fotovoltaico.

A tenor con estas determinaciones, procede concluir

que

no

hay

una

restricción

para

que

solamente

los

ingenieros licenciados o los peritos electricistas puedan

actuar

en

calidad

de

promotores

de

energía

renovable.

En

razón

ello,

análisis

de

los

tribunales

de

recurridos

los

no

en

proyectos

de

procedía

el

cuanto

a

que

porque en la propuesta se “detallan todos los componentes

y equipos necesarios para el diseño y la instalación del

________________________

todos los asuntos tratados en las mismas. 13 LPRA sec.

10444.

CC-2014-0449

28

sistema de energía renovable”, Sentencia del Tribunal de

Apelaciones, Apéndice del Recurso de Certiorari, pág. 71,

el contrato era nulo ab initio. Procedía, sin embargo,

analizar los estatutos y reglamentos pertinentes, además

de la capacidad en la que ASD estaba ofreciendo estos

servicios. Es decir, atender su reclamo de ser promotora

del proyecto en cuestión.

Ante este análisis, nos es forzoso concluir que al

interpretar liberalmente los hechos bien alegados por la

peticionaria,

no

procedía

desestimar

la

demanda

con

perjuicio bajo el fundamento que de las alegaciones no se

justificaba la concesión de un remedio. Esto cobra mayor

relevancia cuando consideramos que la peticionaria alegó

que el ingeniero Acosta Marín compareció al acuerdo ante

la AAE como representante de los recurridos, y solicitó

enmendar la demanda a tales fines. Sin lugar a dudas, en

este caso, el recurrido no demostró que el demandante no

tenía derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de

derecho.

Procedía,

desestimación

por

lo

tanto,

denegar

y

continuar

presentada

la

moción

de

con

los

procedimientos.

VI

Por los fundamentos expuestos, expedimos el recurso

de Certiorari y revocamos la determinación del Tribunal de

Apelaciones.

En

consecuencia,

se

devuelve

el

caso

al

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los

procedimientos de acuerdo con lo aquí dispuesto.

CC-2014-0449

29

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria

del Tribunal Supremo.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Accurate

Solutions

Design, Inc.

&

Peticionaria

CC-2014-0449

Certiorari

v.

Heritage

Environmental

Services

Puerto

Rico,

L.L.C., et al.

Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de la presente

Sentencia, se expide el recurso de Certiorari y se revoca

la

determinación

del

Tribunal

de

Apelaciones.

En

consecuencia, se devuelve el caso al Tribunal de Primera

Instancia para la continuación de los procedimientos de

acuerdo con lo aquí dispuesto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez

concurren con el resultado sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo