Tribunal Supremo de Puerto Rico
Accurate Solutions & Desing, Inc. v. Heritage Enviromental Services Puerto Rico
2015 TSPR 90
Poder Judicial de Puerto Rico
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Accurate Solutions & Desing, Inc. v. Heritage Enviromental Services Puerto Rico
CC-2014-449
Ley Núm. 83-2010/ Leyes sobre proyectos de energía renovable – personas autorizadas a promocionar los proyectos
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Accurate Solutions & Design, Inc.
Peticionaria
Certiorari
v.
2015 TSPR 90
Heritage Enviromental Services
Puerto Rico, L.L.C., et al.
193 DPR ____
Recurridos
Número del Caso:
CC-2014-449
Fecha: 30 de junio de 2015
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Timothy Landers Santiago
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Jorge A. Rullán Marín
Lcda. Carolina Velaz Rivero
Materia: Ley Núm. 83-2010 – Leyes sobre proyectos de energía
renovable – personas autorizadas a promocionar los proyectos.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
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del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Accurate
Solutions
Design, Inc.
&
Peticionaria
CC-2014-0449
Certiorari
v.
Heritage
Environmental
Services
Puerto
Rico,
L.L.C., et al.
Recurridos
Opinión emitida
MARTÍNEZ.
por
el
Juez
Asociado
SEÑOR
ESTRELLA
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015.
Concierne que nos expresemos en torno al modo y las
formalidades
energía
requeridas
renovable
que
para
han
promover
sido
los
declarados
proyectos
de
parte
la
de
política pública de Puerto Rico. Particularmente, debemos
determinar si la promoción de estos proyectos solamente
puede
ser
ofrecida
afirmativo,
la
por
ingenieros
peticionaria
no
licenciados.
tendría
En
derecho
caso
a
la
concesión del remedio solicitado. Veamos.
I
Los hechos que originan la controversia ante nuestra
consideración se remontan al 30 de enero de 2012. En esta
fecha,
Accurate
peticionaria)
le
Solutions
presentó
&
Design,
a
Inc.
Heritage
(ASD
o
la
Environmental
CC-2014-0449
Services,
2
PR,
intitulada
LLC
(HESPR)
“Proposal
for
Renewable
Solar
preparada
por
Array
el
la
Commercial
System”
Ing.
Propuesta
Núm.
Q17-052
Grid-Tie
99.36KW
(propuesta),
Edgardo
Quiñones.
la
En
cual
fue
ella,
ASD
ofreció la implementación de un sistema fotovoltaico para
generar y suplirle electricidad a la instalación de HESPR
en Mayagüez, Puerto Rico. Para cumplir con este objetivo,
en
la
propuesta
se
incluyó
un
análisis
del
impacto
ambiental, económico y legal que tendría el sistema solar.
Ésta fue aceptada y firmada por el Ing. Roberto Acosta
Marín
(ingeniero
Acosta
Marín)
y
el
Sr.
Ronald
J.
Marinelli en la primera y última página.1
Así las cosas, el 4 de abril de 2012 ASD y HESPR
suscribieron un acuerdo intitulado Green Energy Fund-Tier
1 con la Administración de Asuntos Energéticos de Puerto
Rico (AAE). Según surge del acuerdo y lo determinado por
el
Tribunal
de
Primera
Instancia,
ASD
compareció
en
calidad de agente de HESPR. En el acuerdo se concertó que
la AAE otorgaría varios reembolsos de inversión para la
instalación
del
proyecto
de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos en la Ley Núm. 83-2010, conocida como la Ley
de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico, 13 LPRA
sec. 10421, et seq. Ello, siempre que se hiciera conforme
a los términos y condiciones del proyecto presentado ante
la agencia.
1
Nótese que en la propuesta solo aparece la fecha y
las firmas del ingeniero Acosta Marín y del Sr. Ronald J.
Marinelli. Es decir, no se especificó en qué calidad cada
individuo suscribió la propuesta.
CC-2014-0449
3
A pesar de esto, el 4 de septiembre de 2012 HESPR le
remitió una misiva a ASD en la que le informó que las
operaciones de sus instalaciones cambiaron y ya no estaba
interesado en continuar con el Proyecto. Indicó, además,
que
no
estaba
obligado
a
pagar
ninguna
penalidad
de
cancelación por entender que el acuerdo suscrito era nulo
ab initio. Ello, debido a que en la jurisdicción de Puerto
Rico la práctica de la ingeniería solo puede ser llevada a
cabo por ingenieros licenciados, no por corporaciones como
ASD.
Por
último,
le
informó
que
la
decisión
de
no
continuar con el proyecto iba a ser notificada a la AAE,
ya que el incentivo solicitado no iba a ser necesario.
A tenor con lo anterior, el 3 de enero de 2013 ASD
acudió ante el Tribunal de Primera Instancia y presentó
una demanda contra HESPR y su compañía matriz, Heritage
Environmental Services, LLC (HES), por incumplimiento de
contrato y daños y perjuicios. En ésta, alegó que antes de
contratar,
firma
e
realizó
un
intercambio
exhaustivo
de
proceso
documentos
de
para
búsqueda,
obtener
los
reembolsos de la AAE, además de que invirtió un sinnúmero
de horas de trabajo. Por tanto, al momento en que HESPR
decidió cancelar el acuerdo, ya el equipo y los materiales
que
ASD
iba
a
instalar
estaban
en
las
facilidades
de
HESPR. Por ello, alegó que no pudo utilizarlos en otros
proyectos, lo cual le generó grandes pérdidas económicas,
además
de
que
forma,
reclamó
éstos
daños
se
estaban
monetarios
deteriorando.
por
no
De
igual
recibir
las
CC-2014-0449
4
ganancias por el consumo mensual de energía que HESPR iba
a obtener debido a la inversión de ASD. Asimismo, solicitó
que se le restituyera la fianza que presentó ante la AAE
para
asegurar
el
cumplimiento
del
acuerdo.
En
total,
reclamó la cantidad de $887,101.94 por concepto de todos
los daños sufridos, más las costas, intereses y honorarios
de abogado.
Por
su
parte,
recurridos”)
HESPR
presentaron
y
una
HES
(en
Moción
de
conjunto
“los
Desestimación.
Argumentaron que la demanda era improcedente en derecho,
ya que lo reclamado no justificaba la concesión de un
remedio
a
favor
de
ASD.
En
esencia,
arguyeron
que
el
objeto del acuerdo es ineficaz en la medida que el diseño
y la instalación del proyecto por parte de ASD constituye
un ejercicio ilegal de la profesión de la ingeniería. Como
consecuencia, alegaron que ni la propuesta ni el acuerdo
presentado ante la AAE surtieron efecto jurídico, por lo
que
las
partidas
reclamadas
en
la
demanda
eran
improcedentes.
Ante estas alegaciones, ASD presentó una Moción en
Oposición
a
Desestimación,
en
la
cual
sostuvo
que
el
negocio pactado era para la venta de energía, lo cual no
constituye
un
ejercicio
de
la
ingeniería.
En
la
alternativa, adujo que es acreedora de una reclamación en
culpa in contrahendo, ya que los recurridos no profesaron
la buena fe exigida en nuestro ordenamiento durante las
negociaciones precontractuales.
CC-2014-0449
Por
5
otra
parte,
ASD
también
presentó
una
Moción
Solicitando Autorización para Enmendar Demanda y Acumular
Parte Indispensable como Co-demandante. En ésta, ASD adujo
que el contrato objeto de la controversia realmente fue
suscrito por HESPR, la AAE y el ingeniero Acosta Marín en
su carácter personal, ya que éste es el único accionista y
beneficiario de ASD. Por ello, le solicitó al tribunal que
le permitiera enmendar ese hecho de la demanda original y
que
el
ingeniero,
su
Gananciales
compuesta
demandantes.
HESPR
cónyuge
por
y
ambos,
presentó
una
la
Sociedad
Legal
fuesen
incluidos
Réplica
a
de
como
Oposición
a
Moción de Desestimación.
Así las cosas, luego de varios trámites procesales,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
emitió
una
Sentencia,
notificada el 4 de junio de 2013, en la cual declaró ha
lugar
la
demandados
Moción
y
de
Desestimación
desestimó
con
presentada
perjuicio
por
la
los
demanda
presentada. El Tribunal concluyó que el contrato suscrito
entre ASD y HESPR constituyó una práctica ilegal de la
ingeniería. Ello, debido a que en éste “se detallan todos
los componentes y equipos necesarios para el diseño y la
instalación del sistema de energía renovable”. Sentencia
del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del Recurso de
Certiorari,
determinó
pág.
que
el
71.
(Énfasis
contrato
omitido).
era
nulo
ab
Por
tal
initio
razón,
y,
en
consecuencia, ASD no tenía derecho a recibir ninguna de
las partidas reclamadas en sus alegaciones.
CC-2014-0449
6
Ante tal determinación, el 19 de junio de 2013 ASD
presentó una Moción de Reconsideración, en la cual arguyó
que el tribunal primario erró al concluir que el objeto
del
contrato
ingeniería,
era
en
el
vez
ofrecimiento
de
la
de
servicios
instalación
de
de
paneles
fotovoltaicos. Asimismo, que erró al desestimar la demanda
sin
autorizar
considerar
la
enmienda
remedios
solicitada
adicionales
aun
por
cuando
ASD
el
y
sin
contrato
entre las partes fuese declarado nulo. El 10 de julio de
2013 el Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden en
la cual denegó la reconsideración presentada.
A tenor con lo anterior, la peticionaria recurrió al
Tribunal de Apelaciones, el cual confirmó la determinación
del Tribunal de Primera Instancia. En esencia, razonó que
la
implantación
de
un
sistema
conocimiento
especializado
ingeniero
manera
de
fotovoltaico
que
requiere
el
posee
un
incidental.
En
solamente
consustancial,
no
consecuencia, concluyó que el contrato suscrito entre las
partes era nulo ab initio. Asimismo, determinó que del
acuerdo suscrito con la AAE se desprende que el ingeniero
Acosta Marín compareció en representación de HESPR, no en
su
carácter
resolvió
que
personal.
el
Siendo
defecto
de
así,
la
el
demanda
foro
apelativo
no
podía
ser
subsanado, ya que la actuación de ASD era improcedente en
derecho. En cuanto a la doctrina de culpa in contrahendo,
pronunció que ésta no está disponible cuando las partes
suscriben
un
acuerdo
ilegal.
Posteriormente,
el
foro
CC-2014-0449
7
apelativo sostuvo su razonamiento y denegó la Moción de
Reconsideración presentada por la peticionaria.
Inconforme con este dictamen, ASD recurrió ante nos y
solicitó que dejáramos sin efecto la Sentencia emitida por
el Tribunal de Apelaciones. Para ello, argumentó que éste
erró
al
interpretar
determinar
que
el
los
negocio
proyectos
entre
de
las
partes,
energía
al
renovable
solamente pueden ser ofrecidos por ingenieros licenciados
y
al
confirmar
celebración
de
la
desestimación
una
vista.
de
Arguyó
la
demanda
que
no
sin
hay
la
una
restricción para que solamente los ingenieros licenciados
ofrezcan los servicios de sistemas de energía renovable.
Razonó
que
si
las
corporaciones
autorizadas
para
recibir
incentivos
generales
para
este
están
tipo
de
proyecto, sería contrario a la política pública avalar la
determinación del foro apelativo en torno a que éstas no
pueden ofrecer dichos servicios. Asimismo, adujo que, al
menos, el tribunal debió haber celebrado una vista en sus
méritos
para
poder
analizar
el
negocio
reiteró
que
es
que
se
suscitó
entre las partes.
Además,
ASD
una
promotora
de
proyectos de energía renovable. En primer lugar, debido
a
que distribuye las piezas y los materiales de las placas
fotovoltaicas
fabricadas
en
Estados
Unidos
para
posteriormente
mercadearlas
como
una
alternativa
auto-
sustentable. En razón de estas funciones, la peticionara
alegó que debe ser reconocida como una promotora, pues
CC-2014-0449
“contrató
8
a
los
profesionales
especializados
en
este
campo, adquirió los materiales necesarios y gestionó todos
los
permisos
y
endosos
de
las
agencias
estatales
y
federales para ejecutar la obra”. Recurso de Certiorari,
pág.
13.
Por
su
parte,
los
recurridos
presentaron
una
Oposición a Expedición de Petición de Certiorari, en la
que nuevamente alegaron que el objeto del negocio entre
las partes era la práctica de la ingeniería, lo cual hacía
que el contrato suscrito entre las partes fuera nulo. Del
mismo modo, arguyeron que el recurso presentado no cumple
con
los
fundamentos
jurídicos
necesarios
para
que
este
Tribunal ejerza su función revisora.
Así las cosas, el 12 de diciembre de 2014 emitimos
una orden para que los recurridos mostraran causa por la
cual no debíamos expedir el recurso. El 16 de enero de
2015
esta
parte
presentó
un
escrito
intitulado
Moción
Mostrando Causa en Cumplimiento de Resolución, en el cual
reproduce
los
recurridos
y
argumentos
nos
presentados
solicita
que
ante
deneguemos
el
los
foros
Certiorari
presentado por ASD.
Examinados
procedemos
a
los
escritos
discutir
el
de
los
derecho
comparecientes,
aplicable
a
los
planteamientos señalados.
II
Como es sabido, la Regla 10.2 de las de Procedimiento
Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2,
permite
que
un
demandado
presente
una
moción
de
CC-2014-0449
9
desestimación
antes
de
que
conteste
su
demanda.
Particularmente, el inciso (5) de esta Regla, establece
que
en
la
alegación
responsiva
se
defensa
el
que
otra
dejó
la
parte
puede
incluir
como
exponer
una
de
reclamación que justifique la concesión de un remedio. En
torno a esto, reiteradamente este Tribunal ha expresado
que
“una
demanda
no
debe
ser
desestimada
por
insuficiencia, a menos que se desprenda con toda certeza
que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo
cualquier
estado
de
hechos
que
puedan
ser
probados
en
apoyo de su reclamación.” Boulon v. Pérez, 70 DPR 988, 993
(1950).
Veánse,
Development,
187
además,
DPR
Ortiz
649,
654
Matías
et
al.
(2013);
Aut.
v.
Mora
Tierras
v.
Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 429 (2008); Reyes
v. Sucn. Sánchez Soto, 98 DPR 305, 309 (1970).
Por consiguiente, cuando el tribunal tiene ante su
consideración una moción de desestimación de este tipo,
debe tomar “como ciertos todos los hechos bien alegados en
la demanda, que hayan sido aseverados de manera clara y
concluyente, y que de su faz no den margen a dudas”. Colón
v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); véase, además, Aut.
Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp.,
supra,
pág. 428.
Ello, debido a que lo que se ataca es un vicio intrínseco
de
la
demanda,
no
los
hechos
aseverados.
R.
Hernández
Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal
Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 2010, pág. 269. De
esta manera, cuando los hechos están bien alegados, el
CC-2014-0449
10
demandado tiene que demostrar “con toda certeza que el
demandante
no
tiene
derecho
a
remedio
alguno
bajo
cualquier estado de derecho que pueda ser probado en apoyo
de
su
forma
reclamación,
aun
más
posible
liberal
interpretando
a
su
la
demanda
favor.”
J.A.
de
la
Cuevas
Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., JTS,
T.II, 2011, págs. 528-529.
Asimismo,
este
Tribunal
ha
sido
consecuente
en
expresar que la desestimación no procede si la demanda es
susceptible de ser enmendada. Aut. Tierras v. Moreno &
Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 429. A tales fines, la Regla
13.1 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009,
permite que cualquier parte enmiende sus alegaciones en
cualquier momento antes de haber recibido una alegación
responsiva o en cualquier momento dentro de los veinte
días de haber notificado su alegación si ésta no admite
alegación responsiva. 32 LPRA Ap. V, R. 13.1. Para esto,
el tribunal en su discreción deberá evaluar liberalmente
el momento en que se presentó la solicitud de enmienda,
las
razones
para
la
tardanza,
el
impacto
para
la
adjudicación y el perjuicio que le causaría a la otra
parte, además de los méritos de la enmienda presentada.
Consejo de Titulares Cond. Plaza del Mar v. Jetter Klare,
169 DPR 642 (2006). Véanse, además, Colón Rivera v. Wyeth
Pharm., 184 DPR 184 (2012); S.L.G. v. Mini-Warehouse, 179
DPR 322 (2010). En fin, como es harto conocido, en nuestro
ordenamiento se considera que, solo en casos extremos, se
CC-2014-0449
11
debe privar a un demandante de su día en corte. Cuevas
Segarra, op. cit., pág. 532.
III
Debemos recordar que en el caso que nos ocupa los
tribunales recurridos concluyeron que el contrato suscrito
entre
las
partes
constituía
una
práctica
ilegal
de
la
ingeniería. En atención a ello, reiteramos que a pesar de
que
todo
individuo
tiene
derecho
a
ejercer
cualquier
profesión o negocio, no existe un derecho absoluto a las
profesiones u oficios. Por esto, en razón del poder de
estado
y
público,
con
el
éstas
gubernamental.
405,
413
propósito
pueden
San
ser
Miguel
(1993).
de
proteger
el
bienestar
reglamentadas
por
Lorenzana
E.L.A.,
Véase,
v.
además,
el
Matos
aparato
134
v.
DPR
Junta
Examinadora, 165 DPR 741, 755 (2005).
De
esta
manera,
en
aras
de
proteger
la
vida,
la
salud, la propiedad y el bienestar público en general, la
Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988 (Ley Núm. 173-1988),
conocida
como
Ingenieros,
la
Ley
de
Arquitectos,
la
Junta
Examinadora
Agrimensores
y
de
Arquitectos
Paisajistas de Puerto Rico, 20 LPRA sec. 711
et seq.,
establece las disposiciones aplicables a la práctica de la
ingeniería
en
Puerto
Rico.
Además
de
describir
el
ejercicio de la ingeniería, 20 LPRA sec. 711b,
la ley
también
establece
de
la
práctica
de
siempre
que
la
que
el
ingeniería
ejercicio
estará
corporativo
permitido
todos sus accionistas estén debidamente certificados y la
CC-2014-0449
misma
esté
12
debidamente
profesional.
20
LPRA
organizada
sec.
como
711q-2.
una
Así,
corporación
pues,
aquella
persona natural o jurídica que practique la ingeniería sin
cumplir con las disposiciones contenidas en la referida
Ley
Núm.
173-1988,
podrá
estar
sujeto
a
sanciones
monetarias y/o pena de reclusión. 20 LPRA sec. 711y. Para
una
interpretación
de
estas
disposiciones,
véanse
Col.
Ing. Agrim. P.R. v. A.A.A., 131 DPR 735 (1992); Rasa Eng.
Corp. v. Daubón, 86 DPR 193 (1961).
IV
A.
Ahora
bien,
que
el
alegó
en
el
contrato
caso
de
autos,
la
peticionaria
suscrito
entre
las
partes
no
implicaba el ofrecimiento de los servicios de ingeniería,
sino la promoción de un sistema de energía renovable.
Al igual que en España, la figura del promotor no
está
definida
incorporada
en
en
nuestro
Código
nuestra
Civil,
sino
jurisdicción
que
fue
mediante
jurisprudencia.2 Este Tribunal aludió por primera vez a
esta figura en Acevedo Hernández v. C.R.U.V., 110 DPR 655
(1981). Aunque en aquella ocasión concluimos que no era
necesario
2
discutirla,
expresamos
que
tanto
en
la
Según surge de la Sentencia del 11 de octubre de 1974
del Tribunal Supremo de España, “el término de promotor,
no fue utilizado por el C. Civ. por ser desconocido en
aquella fecha el carácter de constructor, con la amplitud
y características del denominado actualmente promotor”. S.
de 11 de octubre de 1974, Núm.3798/1974, XLI (Vol. II)
Repertorio de Jurisprudencia 2903. En razón de ello, en
España esta figura fue adoptada y ha sido desarrollada
jurisprudencialmente.
CC-2014-0449
13
jurisdicción de España como Francia, “el promotor asume
junto a muchas otras funciones la iniciativa de construir
la totalidad de la obra”. Íd., pág. 663. Sin embargo, no
fue hasta que nos expresamos en Acevedo Hernández v. Viñas
Sorbá, 111 DPR 629 (1981), que finalmente se incorporó la
figura
del
promotor
en
nuestro
ordenamiento
jurídico.
Sobre el particular, hicimos las siguientes expresiones:
Cabanillas Sánchez ha intentado recoger en
unas notas recientes los requisitos que deben
satisfacerse
para
incluir
la
promoción
inmobiliaria en la responsabilidad decenal.
Cabanillas Sánchez considera que son tres los
rasgos distintivos del promotor: 1º)El promotor
es un profesional de la construcción; 2º)el
promotor concibe y organiza la construcción de
la obra, esto es, usualmente determina lo que
desea hacer, adquiere el terreno, contrata los
profesionales que han de encargarse del diseño y
ejecución de la obra, se ocupa de las gestiones
para financiar la obra y desempeña otras
funciones administrativas; y 3º) el promotor
organiza la construcción para que otros la
adquieran, arrienden o gocen de otro derecho
real sobre la misma. Íd., págs. 636-637. (Citas
omitidas).
Como se puede colegir, bajo el escenario particular
de
hechos
ante
la
consideración
de
este
Tribunal,
se
entendió relevante el hecho de que el promotor sea un
profesional
de
la
construcción,
conciba
y
organice
la
construcción de la obra, adquiera el terreno y contrate
los
profesionales
que
se
encargan
del
diseño
y
la
ejecución de la obra. Asimismo, que financie y realice
otras funciones administrativas con el fin de que otros la
adquieran, arrienden o gocen de un derecho real sobre la
obra. Véase P.J. Cabán Vales, La responsabilidad civil por
CC-2014-0449
14
vicios de la construcción en España y Puerto Rico, Madrid,
Ed. Dykinson, 2013, pág. 97. Posterior a esta ocasión,
este Tribunal no ha tenido la oportunidad de volver a
expresarse sobre la figura del promotor.
B.
En armonía con las funciones que generalmente le han
sido
atribuidas
a
un
promotor
de
proyectos
según
reconocidas por este Tribunal; la legislación aplicable al
desarrollo de los sistemas de energía renovable permite
que
una
persona
jurídica
solicite
las
certificaciones
necesarias para poder llevar a cabo la operación de estos
sistemas. Veamos.
Posterior a la promulgación de la reseñada Ley Núm.
173-1988 y su interpretación judicial, en Puerto Rico se
incorporaron una serie de leyes especiales para atender el
desarrollo
de
los
proyectos
el
19
Particularmente,
de
de
julio
energía
de
2010
renovable.
la
Asamblea
Legislativa de Puerto Rico adoptó la Ley Núm. 82-2010,
conocida
como
Diversificación
la
Ley
de
Política
Pública
Energética
por
Medio
la
de
de
Energía
Renovable Sostenible y Alterna, 12 LPRA sec. 8121 et seq.
En
atención
al
mandato
constitucional
de
conservación
eficaz de los recursos naturales,3 esta ley creó una Carta
de Energía Renovable con el propósito de lograr cierta
independencia
del
uso
de
combustibles
fósiles
para
el
consumo de energía. Con miras a alcanzar este objetivo, a
3
Véase, Art. VI, Sec. 19, Const. ELA, LPRA, Tomo 1,
ed. 2008, pág. 440.
CC-2014-0449
15
la AAE se le atribuyó el deber y la responsabilidad de
crear
y
ofrecer
alternativas
de
financiamiento
e
incentivos especiales para aumentar la cartera de energía
renovable,
así
como
desarrollar
fuentes
de
sustento
alternas. Véase 12 LPRA sec. 8126.
En
conformidad
con
la
legislación
descrita,
la
Asamblea Legislativa también aprobó la Ley Núm. 83-2010,
conocida como la Ley de Incentivos de Energía Verde de
Puerto Rico, 13 LPRA sec. 10421, et seq. El propósito de
esta última consistió en la creación del Fondo de Energía
Verde de Puerto Rico, el cual operaría separado de los
fondos gubernamentales en aras de fomentar la generación
de mercados de energía verde en la Isla. 13 LPRA secs.
10422-10423. Según se desprende de esta legislación, las
personas
jurídicas4
que
lleven
a
cabo
actividades
elegibles5 podrán beneficiarse de los incentivos que provee
la referida ley. Véase, por ejemplo, 13 LPRA sec. 10430.6
4
Nótese que la Ley Núm. 83-2010, define el término
persona como “cualquier individuo, sociedad, empresa,
asociación, corporación, corporación pública o entidad”.
13 LPRA sec. 10421(35).
5
Según definido en la Ley Núm. 83-2010, una actividad
elegible significa:
(a) Cualquier negocio que se dedique a la
producción de venta de energía verde a escala
comercial para consumo en Puerto Rico, sea como
dueño y operador directo de la unidad de
producción o como dueño de una unidad de
producción que esté siendo operada por otra
persona, en cuyo caso, tanto dueño como
operador se considerarán negocios dedicados a
una actividad elegible para los fines de este
capítulo;
CC-2014-0449
Además
desprende
16
de
que
ninguna
de
la
legislación
restricción
para
descrita
que
las
no
se
personas
jurídicas puedan solicitar los incentivos divulgados por
la ley, en el 2008 la AAE promulgó un Reglamento para la
certificación
de
sistemas
fotovoltaicos
e
instaladores.
Reglamento para la certificación de sistemas fotovoltaicos
e
instaladores,
Reglamento
Núm.
7599,
Departamento
de
Estado, 29 de octubre de 2008. Éste establece las normas
pertinentes a la certificación de equipos fotovoltaicos,
el proceso para que los instaladores puedan registrarse y
certificarse ante la AAE, entre otros asuntos. Según surge
de la sección de aplicabilidad, éste abarca tanto a las
personas
naturales
fotovoltaicos
como
que
instalen
a
las
o
diseñen
personas
los
jurídicas
sistemas
que
los
vendan, manufacturen o instalen. Íd., pág. 6. En razón de
ello, el solicitante está definido de la siguiente manera:
________________________
(b) productor de energía verde, según definido
en esta sección, para consumo en Puerto Rico,
siempre que éste sea su negocio principal;
(c) ensamblaje de equipo para generación de
energía verde, incluyendo la instalación de
dicho equipo en las facilidades del usuario de
energía verde a ser generada por dicho equipo.
13 LPRA sec. 10421(1).
6
La Sec. 5.32 del reglamento creado en virtud de la
Ley Núm. 83-2010, conocida como la Ley de Incentivos de
Energía Verde de Puerto Rico, 13 LPRA sec. 10421, et seq.,
diáfanamente establece que el solicitante “será la persona
o entidad responsable de completar y someter una solicitud
a cualquier programa del FEV y que servirá como el
contacto principal con la AAE a través del proceso de
solicitud y construcción. Toda comunicación relacionada a
un PEV será dirigida al Solicitante. Un Solicitante puede
ser también el cliente”. Reglamento del fondo de energía
verde enmendado y replanteado, Reglamento Núm. 8410,
Departamento de Estado, 3 de diciembre de 2013, pág. 15.
CC-2014-0449
17
Persona
natural
que
solicita
la
certificación
de
instalador
de
sistemas
fotovoltaicos. En el caso de certificación de
equipos
fotovoltaicos
significa
la
persona
natural o jurídica que solicita la certificación
del
mencionado
equipo.
En
el
caso
de
certificación de diseño de sistema fotovoltaico
significa la persona natural o jurídica que
solicita la certificación de diseño. Íd., pág. 9.
(Énfasis suplido).
Como consecuencia, por virtud de este reglamento se
estableció
que
no
se
podrá
instalar
ningún
equipo
fotovoltaico sin obtener la correspondiente certificación
de
la
instalar
AAE.
Además,
de
acuerdo
“[l]os
al
instaladores
diseño
hecho
por
tendrán
el
que
Ingeniero
licenciado que aparece en la certificación del Sistema y
la
certificación
emitida
deberá
ser
firmada
por
el
instalador a tales efectos”. Íd., pág. 12.7
Cónsono con estas disposiciones, también se promulgó
el Reglamento para la certificación de sistemas de energía
renovable, cuyo objetivo, entre otros, es certificar las
personas
7
naturales
o
jurídicas
que
llevan
a
cabo
la
Véase, además, el Art. 29 sobre Multa administrativa
por Instalación sin Certificado de Instalación, en el cual
diáfanamente se reconoce que una persona jurídica puede
ordenar la instalación de un sistema fotovoltaico.
Particularmente, dispone que “[t]oda persona jurídica que
ordene la instalación de un equipo fotovoltaico a un
instalador sin la certificación de instalador otorgada por
la AAE según requerida por este reglamento podrá ser
multada por la cantidad mínima de cien ($100) dólares y
hasta de mil ($1,000) dólares por instalación. Reglamento
para
la
certificación
de
sistemas
fotovoltaicos
e
instaladores,
Reglamento
Núm.
7599,
Departamento
de
Estado, 29 de octubre de 2008, pág. 18. Asimismo, permite
la imposición de multas administrativas a una persona
jurídica que instale un sistema que no concuerde con lo
instalado o que el diseño no concuerde con las condiciones
del lugar, entre otras penalidades aplicables. Íd., pág.
19.
CC-2014-0449
instalación
18
de
sistemas
fotovoltaicos
obtención de créditos contributivos.
y
facilitar
la
Reglamento para la
certificación de sistemas de energía renovable, Reglamento
Núm. 7796, Departamento de Estado, 19 de enero de 2010.8 A
tales
efectos,
el
reglamento
es
de
aplicación
a
las
“[p]ersonas naturales que diseñen y/o instalen sistemas de
energía renovable y personas jurídicas mediante las cuales
se
contraten
estos
servicios”.
Íd.,
pág.
2.
Según
dispuesto en el referido reglamento, el solicitante9 deberá
presentar
una
certificación
ante
la
AAE,
en
la
cual
incluya la descripción del sistema fotovoltaico, la firma
del instalador y del diseñador, además de la factura del
costo del sistema.
De esta manera, el reglamento permite que una persona
jurídica solicite la certificación de los instaladores del
sistema
de
instaladores,
energía
el
renovable.
solicitante
En
deberá
el
caso
demostrar
de
los
que
el
instalador cumple con los requisitos contenidos en el Art.
14
del
referido
reglamento.
Reglamento
para
la
8
Este reglamento fue enmendado mediante la Enmienda al
reglamento para la certificación de sistemas de energía
renovable, Reglamento Núm. 7796 de 19 de enero de 2010,
Reglamento Núm. 8080, Departamento de Estado, 30 de
septiembre de 2011.
9
De manera similar al Reglamento Núm. 7599, este
reglamento describe al solicitante como toda “[p]ersona
natural que solicita la certificación del Instalador. En
el caso de la solicitud de una certificación de equipo o
instalación, significa la persona natural o jurídica que
solicita
la
certificación”.
Reglamento
para
la
certificación de sistemas de energía renovable, Reglamento
Núm. 7796, Departamento de Estado, 19 de enero de 2010,
pág. 8.
CC-2014-0449
certificación
19
de
sistemas
de
energía
renovable,
supra,
págs. 8-11.10 Es decir, deberá ser un perito o ingeniero
electricista
que
cumpla
con
unas
credenciales
profesionales y educativas particulares. De no cumplirse
con las disposiciones descritas, los Arts. 32 y 34 del
referido
reglamento
permiten
la
imposición
de
multas
administrativas por instalar un sistema fotovoltaico sin
el certificado de un instalador,11 porque éste no concuerde
con el diseño o sea inadecuado o porque no se le entregó
copia del plano al cliente previo a la instalación del
sistema de energía renovable. Íd., págs. 21-22.
Según se desprende de lo anterior, la legislación y
reglamentación aplicable al negocio que se suscitó entre
las partes permite que una persona jurídica lleve a cabo
todas las gestiones necesarias para que se obtengan las
certificaciones
requeridas
para
el
desarrollo
de
un
10
El
Art.
15
sobre
el
Procedimiento
ante
la
Administración para la obtención de Certificación de
Instalador, establece que “[e]l solicitante llenará la
Solicitud de Certificación y le anejará toda la evidencia
requerida por el Artículo 14”. Reglamento para la
certificación de sistemas de energía renovable, supra,
pág. 11.
11
El Art. 32(2) establece que “[t]oda persona jurídica
o natural que ordene la instalación de un equipo
fotovoltaico o de un equipo eólico a un instalador sin la
Certificación
de
Instalador
otorgada
por
la
Administración, según requerida por este Reglamento, podrá
ser multada por la cantidad mínima de mil dólares ($1,000)
y hasta un máximo de cinco mil dólares ($5,000) por
instalación”. Reglamento para la certificación de sistemas
de energía renovable, supra, pág. 21.
CC-2014-0449
20
sistema de energía renovable.12 Claro está, el solicitante
de esas certificaciones y procesos deberá observar que en
las fases en las que se requiere un perito o ingeniero
electricista se
utilicen
los recursos profesionales que
cumplan con las credenciales exigidas por las normas aquí
discutidas.
V
A tenor con el marco jurídico que hemos enunciado,
procedemos a resolver la controversia de autos.
Según surge de los hechos, ASD le presentó a HESPR
una
propuesta
para
la
implantación
de
energía
renovable,
el
cual
“will
save
approximately
212,850
pounds
tons)
annual
CO2
emissions
(106
of
un
sistema
de
per
year”. Proposal for Commercial Grid-Tie 99.36KW Renewable
Solar Array System, Apéndice del Recurso de Certiorari,
pág. 157. Para esto, luego de exponer cómo el proyecto iba
a
contrarrestar
12
problemas
ambientales
de
preeminencia,
Es pertinente destacar que la Ley Núm. 19-2012,
conocida
como
la
Ley
de
Contratos
de
Rendimiento
Energético, 3 LPRA sec. 8961 et seq., fue promulgada con
el objetivo de emular a varias jurisdicciones de los
Estados Unidos y autorizar los Contratos de Rendimiento
Energético en el sector público. En aras de promover la
conservación energética, esta ley promueve contratos entre
las agencias gubernamentales y un Proveedor de Servicios
Energéticos Cualificado. Según establece la legislación,
estos últimos pueden ser “[u]na persona o entidad jurídica
con conocimiento especializado y experiencia en el diseño,
la implantación e instalación de medidas de conservación
energética. . . que cumpla con los requisitos de
cualificación establecidos por la Administración”. 3 LPRA
sec. 8961(12). De esta manera, se autoriza este tipo de
contratación por parte de personas jurídicas. En el caso
particular de los servicios de ingeniería, la legislación
establece que éstos serán utilizados para la ejecución
efectiva de los contratos, sin limitación adicional. 3
LPRA sec. 8968.
CC-2014-0449
21
tales como la polución del aire y el calentamiento global,
se incluyó un análisis económico del consumo de energía
que HESPR se ahorraría al instalar el sistema. De igual
forma,
ASD
incluyó
un
análisis
de
los
incentivos
que
podían ser solicitados bajo la mencionada Ley Núm.83-2010
para
que
el
desarrollo
fueran
rentables.
cuánto
sería
cantidad
la
anual
de
Además,
se
inversión
que
proyectos
HESPR
incorporó
final
se
como
en
un
el
propuesto
análisis
comparación
ahorraría
de
de
con
la
instalar
el
proyecto. En el desglose de inversión se incluyeron las
partidas de gastos por concepto de los módulos solares,
los paneles de soporte, el monitoreo del equipo y los
materiales, la instalación y los diseños y permisos.
último,
se
formularios
incluyó
una
lista
que
iban
a
se
de
las
gestionar
Por
certificaciones
y
ante
la
la
AAE
y
Autoridad de Energía Eléctrica para poder llevar a cabo el
proyecto.13
De otra parte, en el acuerdo presentado ante la AAE
para el financiamiento del proyecto, las partes expusieron
13
En esta sección, la cual estaba intitulada como
“Deliverables”, específicamente se dispuso que ante la AEE
se gestionarían las siguientes certificaciones: Installer
Certification,
Inverter
Certification,
PV
Module
Certification, Installation Certification. En el caso de
la Autoridad de Energía Eléctrica, la propuesta incluyó lo
siguiente:
“Interconnection
Request
Evaluation
Form,
System Drawings & Protection/Coordination Schematics, Any
diligence for Interconnection Permit Approval, System test
and any applicable test required by PREPA”. Por último, en
ésta se desglosó que se gestionarían los: “PV Modules and
Racks, Certified Electrical & Structural Designs, System
Installation, System Commissioning & Training”. Proposal
for Commercial Grid-Tie 99.36KW Renewable Solar Array
System, Apéndice del Recurso de Certiorari, pág. 160.
CC-2014-0449
22
que eran las responsables de la selección del diseñador,
manufacturero, contratista e instalador del Proyecto. Es
decir,
en este acuerdo se representó que ASD sería la
encargada de la construcción y operación del Proyecto como
agente de HESPR. Green Energy Fund Reservation Agreement,
Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 161-179.
A pesar de estas especificidades contractuales, los
tribunales
demanda
recurridos
presentada
por
desestimaron
con
ASD
concluyeron
porque
perjuicio
que
la
la
peticionaria estaba ofreciendo servicios de ingeniería en
contravención con la Ley Núm. 173-1988, lo que hacía el
contrato nulo ab initio. No actuaron conforme a derecho.
Veamos.
La disposición estatutaria en la que los tribunales
recurridos
posterior
basan
su
legislación
determinación
y
no
reglamentación
en
contempla
la
torno
la
a
difusión de los contratos de energía renovable como una
política
pública
de
gran
transcendencia
en
nuestro
ordenamiento. Según reseñado, las leyes y los reglamentos
aplicables
jurídica
a
estos
solicite
negocios
las
permiten
que
certificaciones
una
persona
administrativas
requeridas para instalar un sistema fotovoltaico.
En particular, la Ley Núm. 83-2010, permite que una
persona
jurídica
actúe
como
solicitante
de
cualquier
programa del Fondo de Energía Verde durante el proceso de
solicitud
y
construcción
de
un
sistema
de
energía
renovable. Según definido en la ley, el solicitante deberá
CC-2014-0449
23
ser aquel que lleve a cabo actividades elegibles, entre
las que se encuentra el ensamblaje del equipo para la
generación
de
para
certificación
la
energía.
instaladores,
supra,
Cónsono
de
con
esto,
sistemas
diáfanamente
el
Reglamento
fotovoltaicos
establece
que
e
las
personas jurídicas pueden solicitar las certificaciones de
diseño para la instalación de los sistemas fotovoltaicos.
De igual forma, el Reglamento para la certificación de
sistemas
de
energía
renovable,
supra,
autoriza
que
una
persona jurídica contrate los servicios para el diseño y
la instalación de estos sistemas. Tanto es así que ambos
reglamentos
personas
contemplan
jurídicas
reglamentarias
la
que
imposición
incumplen
aplicables.
con
Es
de
multas
las
disposiciones
decir,
a
autorizan
las
la
imposición de responsabilidad a aquella persona jurídica
que le ordene a un instalador que no ha sido certificado
por
la
AAE
la
instalación
de
un
sistema
fotovoltaico,
diseñe un sistema fotovoltaico que no concuerde con las
condiciones del lugar a ser instalado o incumpla cualquier
otra disposición reglamentaria.
Nótese que esta reglamentación contempla el que una
persona jurídica se encargue de la coordinación de todo el
proceso
de
diseño
e
instalación
fotovoltaico.
Ciertamente,
certificaciones
requeridas,
para
el
de
un
sistema
obtener
solicitante
las
deberá
acreditar que la persona contratada para instalar cumple
con
las
especificaciones
reglamentarias
aplicables,
tal
CC-2014-0449
24
como ser perito electricista o ingeniero electricista. En
el caso de los diseñadores se requiere que sean ingenieros
profesionales. Véanse Art. 14 y 26 del Reglamento para la
certificación de sistemas de energía renovable, supra.
Como vemos, el estatuto y los reglamentos aplicables
no
restringen
profesionales
la
solicitud
licenciados,
sino
de
estos
servicios
que
permiten
que
a
éstos
sean solicitados por una persona jurídica siempre y cuando
la persona natural designada como instalador o diseñador
cumpla con unos requisitos profesionales específicos. De
ninguna
manera
el
legislador
pretendió
imponer
un
oligopolio en el que los electricistas e ingenieros sean
los únicos promotores de este tipo de proyectos, sino que
exigió que toda persona natural o jurídica contrate los
servicios de estos profesionales para la instalación del
sistema
fotovoltaico,
a
fin
de
que
no
se
ejerza
ilegalmente el ejercicio de esas profesiones. Por tanto, a
la luz de estas disposiciones, en esta etapa no podemos
concluir que el contrato suscrito entre ASD y HESPR era
nulo ab initio.
Ello, porque según hemos expuesto, en armonía con las
legislaciones aplicables, una persona jurídica en calidad
de promotora puede realizar las funciones propias de los
servicios contenidos en la propuesta de ASD. En el caso de
autos, de la propuesta presentada por ASD y aquilatada por
los foros recurridos, surge que éstos iban a coordinar el
diseño
y
la
instalación
del
sistema
fotovoltaico.
La
CC-2014-0449
25
presentación
de
los
servicios
pactados
incluía
la
coordinación de diversas funciones, entras las cuales se
destaca
el
ensamblaje,
certificaciones
la
búsqueda
gubernamentales
e
y
obtención
incentivos
de
y
la
instalación del sistema. Algunas de estas fases conllevan
contratar
los
actividades
propias
de
la
industria
persuade
argumento
de
los
el
profesionales
para
que
realicen
energética.
tribunales
las
No
nos
recurridos
en
cuanto a que como en el presupuesto se incluyó un renglón
de “designs and permits”, esto implica que ASD ofreció
ejercer
un
servicio
de
ingeniería.
El
solo
hecho
de
presupuestarlo no puede llevarnos a esa conclusión. Por el
contrario,
esto
estaba
englobado
con
el
cálculo
de
actividades requeridas para la consecución última de la
propuesta: un sistema de energía fotovoltaica.
Por otra parte, y en consonancia con las funciones
pactadas,
en
la
propuesta
se
identificaron
como
“deliverables” las certificaciones requeridas por ley para
poder
llevar
comprometió
a
cabo
estos
a
ser
el
trabajos.
contacto
Asimismo,
con
las
ASD
se
agencias
gubernamentales que financiarían el proyecto. De hecho, ya
se
habían
realizado
obtención
del
REservation
Agreement
gestiones
incentivo.
Tier
ante
Véase
1,
la
AAE
Green
Apéndice
para
Energy
del
la
Fund
Recurso
de
Cetiorari, págs. 161-179. Ello, porque como bien señala la
propuesta y la legislación descrita, la rentabilidad de
estos proyectos depende del financiamiento otorgado por
CC-2014-0449
26
las agencias pertinentes. Ante este cuadro, no procedía
concluir que el contrato suscrito era nulo ab initio.
No obstante, huérfanos del análisis que antecede, los
tribunales recurridos apoyaron su conclusión en que como
ASD
no
era
una
corporación
profesional
y
alegadamente
ofreció realizar directamente servicios de ingeniería, el
contrato era nulo ab initio en virtud de la Ley Núm. 1731988.
No
aplicables.
nos
Aún
persuade
bajo
ante
el
las
normas
razonamiento
de
de
derecho
los
foros
recurridos, se obviaría el texto expreso del Art. 3.2 de
la Ley Núm. 83-2010, 13 LPRA sec. 10444, el cual establece
que en caso de conflictos entre esta legislación y una
posterior o anterior, prevalecerán las disposiciones de la
primera.14
14
De
esta
manera,
El referido Art.
establece como sigue:
3.2
en
de
la
la
medida
Ley
Núm.
que
los
83-2010,
Ninguna persona, incluyendo, pero sin limitarse a,
toda
agencia
o
corporación
gubernamental
local
o
municipal,
podrá
emitir
o
imponer,
sea
mediante
reglamento,
acuerdo,
contrato,
resolución
u
orden,
requisito
de
endoso,
permiso
o
gestión
similar,
zonificación, calificación, ordenanza o cualquier otro
mecanismo legal o discrecional, cualquier requerimiento,
impedimento o condición alguna que tenga o pueda tener el
efecto de frustrar los requisitos, objetivos y espíritu de
este
capítulo.
Tales
requerimientos,
impedimentos
o
condiciones se entenderán nulos de su faz a menos que
estén expresa y justificadamente dirigidos a proteger la
salud y seguridad humana y posean el aval del Comité
Evaluador,
o estén expresamente autorizados por este
capítulo o una legislación posterior a ésta.
En la eventualidad que surja algún conflicto entre
las disposiciones de este capítulo y las de cualquiera
otra
ley
o
reglamento,
sean
éstas
aprobadas
con
anterioridad
o
posterioridad
a
este
capítulo,
las
disposiciones de este capítulo prevalecerán con relación a
CC-2014-0449
27
requerimientos
de
la
Ley
Núm.
contravención
con
la
Ley
Núm.
173-1988
83-2010,
entren
esta
en
última
prevalece. No obstante, reiteramos que la discutida Ley
Núm. 83-2010 y los reglamentos aplicables, permiten que
una persona jurídica, sin incluir alguna especificidad en
cuanto a su incorporación, solicite las certificaciones de
diseño
e
instalación
requeridas
para
los
sistemas
de
energía renovable, lo cual no está prohibido por la Ley
Núm. 173-1988. Ello es así debido a que, ciertamente, esto
no atenta contra la salud o seguridad humana en la medida
que para poder llevarse a cabo estos proyectos, los mismos
deben ser certificados por los profesionales pertinentes.
Por lo tanto, reconocemos que en calidad de promotora una
persona
jurídica
encargarse
agencias
de
puede
hacer
las
administrativas
contratar
estos
gestiones
como
servicios
pertinentes
parte
de
las
ante
y
las
múltiples
funciones necesarias para llevar a cabo la operación de un
sistema de energía fotovoltaico.
A tenor con estas determinaciones, procede concluir
que
no
hay
una
restricción
para
que
solamente
los
ingenieros licenciados o los peritos electricistas puedan
actuar
en
calidad
de
promotores
de
energía
renovable.
En
razón
ello,
análisis
de
los
tribunales
de
recurridos
los
no
en
proyectos
de
procedía
el
cuanto
a
que
porque en la propuesta se “detallan todos los componentes
y equipos necesarios para el diseño y la instalación del
________________________
todos los asuntos tratados en las mismas. 13 LPRA sec.
10444.
CC-2014-0449
28
sistema de energía renovable”, Sentencia del Tribunal de
Apelaciones, Apéndice del Recurso de Certiorari, pág. 71,
el contrato era nulo ab initio. Procedía, sin embargo,
analizar los estatutos y reglamentos pertinentes, además
de la capacidad en la que ASD estaba ofreciendo estos
servicios. Es decir, atender su reclamo de ser promotora
del proyecto en cuestión.
Ante este análisis, nos es forzoso concluir que al
interpretar liberalmente los hechos bien alegados por la
peticionaria,
no
procedía
desestimar
la
demanda
con
perjuicio bajo el fundamento que de las alegaciones no se
justificaba la concesión de un remedio. Esto cobra mayor
relevancia cuando consideramos que la peticionaria alegó
que el ingeniero Acosta Marín compareció al acuerdo ante
la AAE como representante de los recurridos, y solicitó
enmendar la demanda a tales fines. Sin lugar a dudas, en
este caso, el recurrido no demostró que el demandante no
tenía derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de
derecho.
Procedía,
desestimación
por
lo
tanto,
denegar
y
continuar
presentada
la
moción
de
con
los
procedimientos.
VI
Por los fundamentos expuestos, expedimos el recurso
de Certiorari y revocamos la determinación del Tribunal de
Apelaciones.
En
consecuencia,
se
devuelve
el
caso
al
Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los
procedimientos de acuerdo con lo aquí dispuesto.
CC-2014-0449
29
Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria
del Tribunal Supremo.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Accurate
Solutions
Design, Inc.
&
Peticionaria
CC-2014-0449
Certiorari
v.
Heritage
Environmental
Services
Puerto
Rico,
L.L.C., et al.
Recurridos
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte de la presente
Sentencia, se expide el recurso de Certiorari y se revoca
la
determinación
del
Tribunal
de
Apelaciones.
En
consecuencia, se devuelve el caso al Tribunal de Primera
Instancia para la continuación de los procedimientos de
acuerdo con lo aquí dispuesto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez
concurren con el resultado sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo