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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Ángel L. Sitiriche Torres

2015 TSPR 66

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Ángel L. Sitiriche Torres

TS-7837

Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por incumplir requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua y con la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo (informar cambio de dirección)

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2015 TSPR 66

Ángel L. Sitiriche Torres

192 DPR ____

Número del Caso: TS-7837

Fecha: 26 de marzo de 2015

Programa de Educación Jurídica Continua:

Lcda. Geisa Marrero

Directora Ejecutiva

Materia: Conducta Profesional- La suspensión del abogado será

efectiva el 30 de marzo de 2015, fecha en que se depositó en el

correo la notificación de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Ángel L. Sitiriche Torres

TS-7837

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2015.

Una vez más nos vemos obligados a suspender a

un abogado por incumplimiento con los requisitos

del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC).

A su vez, aprovechamos para orientar a la clase

togada sobre los múltiples mecanismos que existen

para lograr el cumplimiento de las exigencias del

PEJC, de manera que sirva de guía para evitar que

este Tribunal los suspenda por incumplimiento con

los requisitos del Programa.

I

El

Lcdo.

Ángel

admitido al ejercicio

L.

de

la

Sitiriche

abogacía

Torres

fue

el

de

28

TS-7837

2

diciembre de 1983. En el año 2003, éste nos notificó que se

mudó al estado de Texas porque fue activado por el servicio

militar.

El 13 de marzo de 2009, el abogado informó su

nueva dirección en el mismo estado.

El

10

de

octubre

de

2014,

la

Directora

del

PEJC

presentó ante este Foro un Informe sobre Incumplimiento con

Requisito

de

Educación

Jurídica

Continua,

en

el

que

notificó que el licenciado Sitiriche Torres no cumplió con

los créditos de educación jurídica continua para el período

del 1 de agosto de 2007 al 31 de julio de 2009.1

Surge del

Informe que, el 3 de septiembre de 2009, el PEJC envió al

abogado un

Aviso de Incumplimiento

mediante

el cual le

concedió un término de 60 días para que tomara los créditos

que adeudaba.

Dos años más tarde, ante la ausencia de una

respuesta, el PEJC cursó al licenciado Sitiriche Torres una

citación para una vista informal.

A pesar de que la carta

se envió a la dirección del abogado que surgía del Registro

Único de Abogados de Puerto Rico (RUA), ésta fue devuelta

por el Servicio de Correo Postal.

Por esta razón, el PEJC

reenvió la citación, esta vez a la dirección de correo

electrónico del letrado que surgía del RUA.

Sin embargo,

el abogado no contestó ni compareció a la vista.

1

En su Informe, el Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) nos

indicó que el Lcdo. Ángel L. Sitiriche Torres también incumplió los

períodos del 1 de agosto de 2009 hasta el 31 de julio de 2011 y del

1 de agosto de 2011 hasta el 31 de julio de 2013, pero añadió que el

licenciado no fue citado a vista para dichos períodos.

TS-7837

3

En consideración a las recomendaciones formuladas en

el

Informe,

resolución

el

en

31

la

de

octubre

que

se

le

de

2014,

emitimos

una

20

al

concedieron

días

licenciado Sitiriche Torres para que mostrara causa por la

cual no debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía.

Al día de hoy, el abogado no ha contestado.

II

Con el propósito de asegurar que los abogados provean

una representación legal adecuada a sus clientes, el Canon

2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, les

impone a los profesionales del Derecho la obligación de

“realizar esfuerzos para lograr y mantener un alto grado de

excelencia

y

competencia

en

su

profesión

a

través

del

estudio

la

participación

en

programas

educativos

de

y

mejoramiento profesional”.

A tenor con lo anterior, todos

los que están admitidos al ejercicio de la abogacía tienen

el

deber

de

cumplir

con

los

requisitos

de

educación

jurídica continua, a menos que estén cobijados por alguna

de las excepciones provistas por ley o reglamento.2

El

Reglamento

del

Programa

de

Educación

Jurídica

Continua de 2005 (Reglamento), 4 LPRA Ap. XVII-E, exige que

los abogados presenten ante la Junta de Educación Jurídica

Continua (Junta) un Informe de Cumplimiento que evidencie

que completaron un mínimo de 24 horas crédito para cada

2

In re Grau Collazo, 185 DPR 938, 943 (2012).

TS-7837

4

período de 2 años de duración.3

El informe deberá ser

presentado

30

no

más

tarde

de

los

días

siguientes

al

vencimiento del período en cuestión y será completado en

todos los casos, aun en los que el abogado esté excluido o

exento de los requisitos del Programa.4

Nuestro ordenamiento jurídico provee varios mecanismos

alternos para lograr el cumplimiento de los requisitos del

PEJC con el propósito de prevenir que los abogados sean

sancionados disciplinariamente por incumplimiento con el

Programa.

abogado

En primer lugar, el Reglamento permite que el

solicite

ante

la

Junta

una

“exoneración

o

diferimiento de la educación jurídica continua, por razones

de

causa”.5

justa

Entre

las

razones

que

podrían

considerarse justa causa se encuentra “la situación de los

abogados

y

abogadas

Estados

Unidos

que

que

ejercen

tienen

en

jurisdicciones

establecida

junta

o

de

entidad

equivalente acreditadora de la educación jurídica continua

obligatoria y cumplen con su programa”, así como alguna

enfermedad

o

situación

especial.6

Ahora

bien,

hemos

resuelto que un abogado que informa al PEJC su condición de

salud,

pero

que

no

completa

una

Solicitud

de

Relevo

o

3

Regla 28 del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua

de 2005 (Reglamento), 4 LPRA Ap. XVII-E.

4

Íd.

5

Regla 4(C)(3)(d) del Reglamento, supra.

6

Anotación de la Regla 4 del Reglamento, supra; In re Aprobación Regl.

Prog. Educ. Jur., 164 DPR 555, 562 (2005); In re Grau Collazo, 185 DPR

938, 940 (2012).

TS-7837

5

Exoneración de Cumplimiento ante la Junta, no podrá ser

eximido por este Tribunal de cumplir con los requisitos de

educación jurídica continua.7

Es de vital importancia señalar que las solicitudes de

exoneración,

diferimiento

documentación

requerida,

y

acreditación,

deberán

junto

ser

a

la

presentadas

oportunamente ante la Junta, y no en este Foro.8

Todas las

peticiones serán evaluadas caso a caso en consideración a

las

circunstancias

especiales

que

las

motivaron

atención al tiempo trascurrido desde que se

circunstancia

hasta

el

momento

en

que

se

y

en

originó la

presentó

la

solicitud.9

La segunda opción consiste en el reconocimiento por

parte del PEJC de ciertas actividades realizadas por el

abogado.

De

modo

específico,

la

Junta

evaluará

una

solicitud de convalidación, relevo o exención cuando el

abogado acredite la existencia de alguna de las siguientes

instancias:

(1)

los

“profesionales

del

derecho

que

participen como recursos en la educación jurídica continua

recibirán acreditación por esta función”; (2) los abogados

que publiquen “libros de contenido jurídico y artículos en

revistas”

recibirán

convalidación

7

In re Grau Collazo, supra.

8

Regla 24 del Reglamento, supra.

9

de

créditos;

(3)

los

Véase Resolución Núm. 2007-3 del PEJC, intitulada Mecanismos Alternos

de cumplimiento, Reglas 33, 34 y 35 del Reglamento de 2005 y Regla 7

del Reglamento de 1998.

TS-7837

6

letrados

que

hayan

completado

estudios

de

maestría

y

doctorado en Derecho quedarán relevados por un período de 2

o 4 años, contados a partir de la fecha de obtención del

grado;

(4)

los

profesionales

designados

a

ciertas

comisiones, juntas y comités adscritos al Tribunal Supremo

estarán relevados mientras dure su designación, y (5) los

jueces del Tribunal General de Justicia de Puerto Rico, los

ex

jueces

del

Tribunal

Supremo

de

Puerto

Rico,

“[l]os

jueces y las juezas de la Corte Federal para el Distrito de

Puerto Rico, de la Corte de Quiebras, y los magistrados y

magistradas federales”, así como los profesores de Derecho,

quedarán excluidos de las disposiciones del Reglamento.10

La tercera opción dispuesta en el Reglamento permite

que el abogado solicite aprobación o acreditación de cursos

que no estaban previamente autorizados por la Junta.11

Este

remedio permite que el letrado pueda tomar cursos que se

ofrecen

en

otras

jurisdicciones.

En

ocasiones,

puede

beneficiarse de ayudas económicas que brindan a esos fines

diversas instituciones.

Ahora bien, el abogado no podrá

descansar exclusivamente en informar a la Junta que tomó

créditos

educativos,

sino

que

deberá

completar

el

procedimiento administrativo de aprobación o acreditación

establecido en la Regla 11(B) del Reglamento, supra.

Este

requiere, entre otras cosas, proveer la descripción del

10

Véanse Reglas 33, 34, 35, 36 y 4(C) del Reglamento, supra.

11

Regla 11 del Reglamento, supra.

TS-7837

7

curso y el número de horas tomadas.

Ante la falta de

cumplimiento con lo exigido, se entenderá que el letrado no

ha cumplido con los requisitos del PEJC.12

Recientemente, este Tribunal adoptó un procedimiento

uniforme para los letrados que interesan cambiar su estatus

a

“abogado

disponible

RUA.13

inactivo”

en

para

abogados

los

el

no

Este

proceso

practicantes,

los

está

que

practican en otra jurisdicción, los retirados y los que

están incapacitados por razón de enfermedad, y deberá ser

solicitado

Puerto

exclusivamente

Rico.14

La

ante

el

Tribunal

Supremo

de

Solicitud

de

Cambio

Estatus

de

a

Abogado(a) Inactivo(a) está disponible en la Secretaría del

Tribunal Supremo, y deberá ser completada y entregada en la

misma Corte.15

Dicho documento establece claramente los

requisitos y las consecuencias del cambio solicitado.

En particular, el formulario advierte que el abogado

inactivo no podrá ejercer la profesión de la abogacía y la

notaría en Puerto Rico hasta tanto esta Corte apruebe su

reactivación.

cumplir

con

De este modo, el abogado quedará relevado de

los

requisitos

del

PEJC

para

los

períodos

posteriores a la fecha en que el Tribunal Supremo autorizó

12

In re Luis Paisán,

Reglamento, supra.

13

190

DPR

1

(2014);

Véase

Regla

11(B)

del

Véase In re R. 4 Prog. Educ. Jur. Cont., 183 DPR 48 (2011).

14

Véase Formulario OAT 1639, Solicitud de Cambio a Estatus de

Abogado(a) Inactivo(a) en el Registro Único de Abogados y Abogadas

(Formulario de Cambio de Estatus).

15

Íd.

TS-7837

8

el cambio a inactivo.16

que

la

solicitud

peticionario

de

Ahora bien, es importante aclarar

cambio

acredite

requerimientos

del

que

de

estatus

atendió

PEJC.

Una

requiere

previamente

vez

el

que

el

todos

los

abogado

solicite

reactivación, éste tendrá que cumplir con los créditos de

educación

que

disponga

la

Junta,

asunto

que

dependerá

-entre otras cosas- del tiempo que duró la inactividad.17

Como observamos, existen múltiples mecanismos alternos

para

evitar

una

incumplimiento

continua.

suspensión

con

los

de

la

requisitos

práctica

de

legal

educación

por

jurídica

A tales fines, resaltamos la importancia de que

el abogado solicite oportunamente los remedios y cumpla con

todos los requisitos administrativos, pues sancionaremos el

incumplimiento con la suspensión inmediata del ejercicio de

la abogacía y la notaría.18

Por otra parte, la Regla 9 (j) del Reglamento del

Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, dispone que todos los

abogados tienen “la obligación de mantener actualizados sus

datos y realizar cualquier cambio en la información que

consta en el [RUA]”.

también

podrá

El mero incumplimiento de lo anterior

conllevar

la

imposición

16

Íd.; Regla 4 (C)(3)(b) del Reglamento, supra.

17

Formulario de Cambio de Estatus.

18

de

sanciones

In re Prado Rodríguez, 190 DPR 361, 367 (2014); Villamarzo García,

Ex parte, 190 DPR 443, 447 (2004).

TS-7837

9

disciplinarias.19

No

olvidemos

que

cuando

un

letrado

incumple con su deber de mantener al día su información de

contacto,

éste

obstaculiza

el

ejercicio

de

nuestra

jurisdicción disciplinaria.20

III

Hemos resuelto reiteradamente que los miembros de la

profesión legal tienen la obligación de tomar cursos de

educación

jurídica

ejercer

adecuadamente

orientamos

están

sobre

continua

los

disponibles

su

como

profesión.

múltiples

para

parte

de

En

esta

mecanismos

aquellos

su

abogados

deber

de

ocasión,

alternos

que

que

les

se

dificulte cumplir con los créditos requeridos, así como

otros

remedios

para

los

que

ejerciendo la profesión legal.

no

interesen

continuar

A tono con nuestra función

como foro regulador y fiscalizador de la profesión legal,

advertimos que no condonaremos la dejadez de los abogados

que pretenden ser eximidos de cumplir con los requisitos

del

PEJC

en

solicitud

de

los

casos

en

exención,

los

que

no

presentaron

una

exoneración,

diferimiento

o

acreditación siguiendo el cauce administrativo aplicable.

De la última dirección que el licenciado Sitiriche

Torres

nos

proveyó,

surge

que

el

19

abogado

reside

en

el

In re Bryan Picó, res. el 30 de enero de 2015, 2015 TSPR 10, 192 DPR

__(2015).

20

In re Toro Soto, 181 DPR 654, 661 (2011).

TS-7837

10

estado de Texas.

Sin embargo, observamos que éste no ha

solicitado un cambio de estatus ante el Tribunal Supremo,

así como tampoco cumplió con los requisitos de educación

jurídica continua para el período del 1 de agosto de 2007

al 31 de julio de 2009.

Esto, a pesar de los múltiples

mecanismos de cumplimiento que provee nuestro ordenamiento

jurídico.

A su vez, el licenciado Sitiriche Torres no

aprovechó el término de 60 días que la Junta le concedió

para

tomar

los

créditos

adeudados,

no

contestó

los

requerimientos de este Tribunal ni mantuvo actualizados sus

datos personales en el RUA.

Por tales razones, nos vemos

obligados a decretar su suspensión del ejercicio de la

abogacía de forma inmediata e indefinida.

IV

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

suspensión

inmediata

e

indefinida

del

Sitiriche

Torres

la

práctica

de

de

se

ordena

la

Lcdo.

Ángel

L.

abogacía.

El

la

licenciado Sitiriche Torres deberá notificar a sus clientes

que,

por

motivo

proveyéndoles

de

su

suspensión,

consultoría

ni

no

podrá

representación

continuar

legal,

y

devolverá a éstos los expedientes de cualquier caso ya

atendido o pendiente de resolución y los honorarios que

haya percibido por trabajos no realizados. De igual manera,

tendrá

la

responsabilidad

de

informar

su

suspensión

a

cualquier foro judicial o administrativo en el que tenga

algún caso pendiente y mantenernos informados de cualquier

TS-7837

11

cambio

en

su

dirección,

Deberá

acreditar

y

teléfono

certificar

y

correo

ante

este

electrónico.

Tribunal

el

cumplimiento con todo lo anterior dentro del término de 30

días, contados a partir de la notificación de la presente

Opinión Per Curiam y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Ángel L. Sitiriche Torres

TS-7837

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2015.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte íntegra de la presente Sentencia, se suspende

inmediata e indefinidamente al Lcdo. Ángel L.

Sitiriche Torres del ejercicio de la abogacía.

El

licenciado

Sitiriche

Torres

deberá

notificar a sus clientes que, por motivo de su

suspensión,

no

podrá

continuar

proveyéndoles

consultoría ni representación legal, y devolverá a

éstos los expedientes de cualquier caso ya atendido

o pendiente de resolución y los honorarios que haya

percibido por trabajos no realizados. De igual

manera, tendrá la responsabilidad de informar su

suspensión

a

cualquier

foro

judicial

o

administrativo en el que tenga algún caso pendiente

y mantenernos informados de cualquier cambio en su

dirección, teléfono y correo electrónico.

Deberá

acreditar y certificar ante este Tribunal el

cumplimiento con todo lo anterior, dentro del

término de treinta (30) días, contados a partir de

la notificación de la presente Opinión Per Curiam y

Sentencia.

TS-7837

2

Notifíquese personalmente.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

La Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo