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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Guillermo González Borgos

2015 TSPR 54

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Guillermo González Borgos

TS-7857

Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y la notaría por incumplir requerimientos del Programa de Educación jurídica Continua y con la Regla 9 (j) del Reglamento del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2015 TSPR 54

192 DPR ____

Guillermo González Borgos

Número del Caso: TS-7857

Fecha: 10 de abril de 2015

Programa de Educación Jurídica Continua:

Lcda. Geisa Marrero Martínez

Directora Ejecutiva

Materia: La suspensión será efectiva el 5 de mayo de 2015, fecha en

que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

Guillermo González Borgos

TS-7,857

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2015.

Una vez más, ejercemos nuestra facultad disciplinaria

contra

un

miembro

de

la

profesión

legal

a

su

requerimientos

del

incumplimiento

con

los

requisitos

y

Programa

Educación

Jurídica

Continua

de

debido

(PEJC),

su

desatención en cuanto a las órdenes de este Tribunal, así

como su falta de diligencia al no mantener actualizada su

información de contacto en el Registro Único de Abogados y

Abogadas (RUA). Ante la conducta demostrada en el trámite

que exponemos a continuación, no tenemos más remedio que

decretar

la

suspensión

indefinida

del

Lcdo.

Guillermo

González Borgos del ejercicio de la abogacía y la notaría.

I.

El

licenciado

González

Borgos

fue

admitido

al

ejercicio de la abogacía el 24 de abril de 1984. Asimismo,

el 3 de julio de 1984 prestó juramento para ejercer el

notariado. De su expediente personal se desprende que no

cumplió con los requisitos del PEJC durante el periodo de

1

de

abril

de 2007

al

31

de marzo

de

2009.

A

tales

efectos, no tomó ni acreditó haber tomado algún curso de

educación jurídica para dicho periodo. Por razón de su

inobservancia, el 4 de mayo de 2009 el PEJC le cursó un

Aviso de Incumplimiento mediante el cual le informó de la

situación y le concedió -entre otras alternativas- 60 días

adicionales

para

que

tomara

los

cursos

de

educación

jurídica y cumpliera con el periodo de referencia. Cabe

mencionar que el licenciado González Borgos, además de

desaprovechar la alternativa concedida, no satisfizo la

cuota relacionada al cumplimiento tardío.

Tras casi dos años y sin conocer circunstancia alguna

del licenciado González Borgos, mediante misiva de 21 de

enero de 2011 el PEJC lo citó para una vista informal que

se celebraría el 23 de febrero de 2011. También le otorgó

como

otra

escrito.

opción

Además,

10

se

días

le

para

que

compareciera

advirtió

que

de

no

por

comparecer

personalmente o por escrito se remitiría el asunto a la

atención de este Tribunal. El licenciado González Borgos

no compareció a la vista informal ni presentó un escrito.

En consecuencia, el Oficial Examinador recomendó remitir

la conducta del licenciado González Borgos para nuestra

evaluación.

Posteriormente, el 12 de febrero de 2014 la Directora

del

PEJC,

en

representación

de

la

Junta

de

Educación

Jurídica Continua, presentó ante este Tribunal un Informe

2

sobre Incumplimiento con Requisito de Educación Jurídica

Continua. Mediante dicho Informe puntualizó los trámites

que anteceden en cuanto al licenciado González Borgos y

manifestó su preocupación por la actitud pasiva que éste

había demostrado para cumplir con los requisitos del PEJC

y atender sus comunicaciones. Aun así, la Directora del

PEJC

nos

solicitó

que

le

otorgáramos

al

licenciado

González Borgos un término final para cumplir con los

requisitos del PEJC.

Considerada la solicitud de la Directora del PEJC,

mediante Resolución de 28 de febrero de 2014, notificada

el

5

de

marzo

de

2014,

le

concedimos

al

licenciado

González Borgos un término de 20 días para que mostrara

causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de

la abogacía por incumplir con los requisitos del PEJC y

por no comparecer ante éste cuando le fue requerido. El

licenciado González Borgos no respondió a nuestra orden.

Así las cosas, el 30 de enero de 2015 el PEJC presentó

ante nosotros una Moción Informativa. En ésta relató que

el

28

de

visitó

la

enero

de

2015

el

licenciado

oficina

del

PEJC.

Durante

González

la

Borgos

visita,

el

licenciado González Borgos sostuvo que había comenzado a

tomar

los

cursos

de

educación

jurídica

y

solicitó

la

entrega del Informe sobre Incumplimiento con Requisito de

Educación Jurídica Continua que el PEJC presentó ante este

Tribunal.

El

personal

de

la

oficina

le

proveyó

el

documento solicitado y le indicó que copia del mismo le

3

había sido remitida a la dirección que constaba en el RUA.

Se le informó que de haber ocurrido algún cambio en su

información

de

contacto

debía

actualizarla

en

dicho

registro. Asimismo, el personal de la oficina del PEJC le

explicó al licenciado González Borgos que debido a que su

incumplimiento se encontraba ante nuestra consideración

debía dirigir cualquier planteamiento a este foro.1

Conviene destacar que todas las comunicaciones y los

escritos que el PEJC presentó ante este Tribunal fueron

notificados

a

la

dirección

postal

de

oficina

del

licenciado González Borgos que surge del RUA y ninguna fue

devuelta. La Resolución que emitimos el 28 de febrero de

2014

también

fue

notificada

con

éxito

a

la

referida

dirección. Al no tener respuesta del licenciado González

Borgos, la Secretaría de este Tribunal notificó nuevamente

dicha Resolución a la dirección postal personal que surge

del RUA. La referida dirección corresponde al estado de la

Florida

y

en

este

último

intento

la

comunicación

fue

devuelta por el servicio de correo.2 Veamos la normativa

aplicable a esta relación de hechos.

1

Además de detallar lo anterior, mediante la Moción Informativa el PEJC

trajo a nuestra atención que el licenciado González Borgos tampoco ha

cumplido con los requisitos de educación jurídica para los periodos de

1 de abril de 2009 al 31 de marzo de 2011 y 1 de abril de 2011 al 31 de

marzo de 2013. El PEJC anejó certificaciones sobre el historial de

cursos de educación jurídica las cuales reflejan que el licenciado

González Borgos no ha tomado ni ha acreditado haber tomado algún curso

de educación jurídica.

2

También surge del expediente personal del licenciado González Borgos

que la Secretaría de este Tribunal intentó comunicarse con éste

mediante llamadas telefónicas. Estas gestiones fueron infructuosas.

4

II.

En nuestra jurisdicción los abogados y las abogadas

están

obligados

a

“realizar

esfuerzos

para

lograr

y

mantener un alto grado de excelencia y competencia en su

profesión

a

través

del

estudio

y

la

programas

educativos

de

mejoramiento

participación

profesional

en

[…]”.3

Por razón de nuestro poder inherente para reglamentar la

profesión de la abogacía y en sintonía con el deber antes

expuesto, este Tribunal adoptó el Reglamento de Educación

Continua4

Jurídica

y,

ulteriormente,

el

Reglamento

del

Programa de Educación Jurídica Continua (Reglamento del

PEJC).5

El

motivo

primordial

para

cuerpos

reglamentarios

fue

educación

jurídica

continua

la

adopción

establecer

que

un

de

dichos

programa

contribuyera

de

al

mejoramiento profesional de los abogados y las abogadas,

así

como

a

la

actualización

de

sus

conocimientos

y

destrezas jurídicas.6 Ello, a los fines de fomentar el

ejercicio de la abogacía dentro de los más altos niveles

de calidad y competencia.7

El Reglamento del PEJC les exige a los profesionales

del

derecho

admitidos

a

la

práctica

que,

de

no

estar

exentos, aprueben como mínimo 24 horas crédito en cursos

sobre educación jurídica. Estos cursos son acreditables

3

Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX C. 2.

Véase, In re Regl. Educ. Jur. Cont., 146 DPR 494 (1998).

5

Véase, In re Aprobación Prog. Educ. Jur., 164 DPR 555 (2005).

6

Íd.

7

Íd.

4

5

cada dos años.8 Además, establece que todo profesional del

Derecho debe presentar ante la Junta de Educación Jurídica

Continua un informe que acredite el cumplimiento de las 24

horas

crédito,

dentro

de

los

30

días

siguientes

a

la

terminación de cada periodo de cumplimiento.9

Cuando algún miembro de la profesión no cumple con los

requisitos

del

Educación

Jurídica

Incumplimiento.10

Reglamento

del

PEJC,

como

primer

Continua

le

Como

PEJC

la

Junta

de

un

Aviso

de

de

cumplimiento,

el

los

abogados

envía

alternativa

permite

paso,

que

puedan

cumplir tardíamente con las obligaciones que les impone

dicho

programa.

Para

ello,

es

necesario

presentar

un

escrito en el cual se expliquen las razones de la tardanza

y pagar la cuota correspondiente dentro de los 30 días

siguientes

a

la

notificación

del

Aviso

de

Incumplimiento.11

En cambio, si el profesional del derecho no cumple con

sus obligaciones, la Junta de Educación Jurídica Continua

lo cita a una vista informal en la que podrá presentar

prueba y exponer las razones que justifican su proceder.12

Si el abogado no comparece, el asunto es remitido a la

consideración de este Tribunal.13 Con anterioridad, hemos

suspendido del ejercicio de la profesión a abogados y

8

Regla 5(9) del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua

de 2005 (Reglamento del PEJC), 4 LPRA Ap. XVII-E R. 5. Véase además,

Regla 6 del Reglamento de Educación Jurídica Continua de 1998, 4 LPRA

Ap. XVII-D R.6.

9

Regla 28 del Reglamento del PEJC, 4 LPRA Ap. XVII-E R. 28.

10

Regla 29 del Reglamento del PEJC, 4 LPRA Ap. XVII-E R. 29.

11

Regla 30 del Reglamento del PEJC, 4 LPRA Ap. XVII-E R. 30.

12

Reglas 31 y 32 del Reglamento del PEJC, 4 LPRA Ap. XVII-E R. 31 y 32.

13

Regla 32 del Reglamento del PEJC, 4 LPRA Ap. XVII-E R. 32.

6

abogadas que no cumplen con los requisitos del PEJC ni

atienden sus requerimientos, así como las órdenes de este

Tribunal. Véase, In re Luis Paisán, 190 DPR 1 (2014); In

re Del Campo Alomar, 188 DPR 587 (2013); In re Piñeiro

Vega, 188 DPR 77 (2013); In re Grau Collazo, 185 DPR 938

(2012).

Por su parte, el Canon 9 de Ética Profesional requiere

que la conducta de los abogados hacia los tribunales se

caracterice por el mayor respeto.14 De este precepto surge

la obligación de los miembros de la profesión legal de

responder

oportunamente

a

los

requerimientos

de

este

Tribunal. In re García Ortiz, 187 DPR 507, 524 (2013); In

re

Grau

Collazo,

supra,

en

las

págs.

943–944;

In

re

a

los

Ramírez Ferrer, 183 DPR 382, 384 (2011).

De

manera

repetitiva

les

hemos

recordado

abogados y las abogadas que no atender las órdenes de este

Tribunal

tiene

ejercicio

de

la

como

consecuencia

profesión,

pues

la

suspensión

demuestra

dejadez

del

e

indiferencia a nuestros apercibimientos. In re Massanet

Rodríguez, 188 DPR 116, 125 (2013); In re Fidalgo Córdova,

183 DPR 217, 222 (2011); In re Fiel Martínez, 180 DPR 426,

430 (2010). La actitud de no cumplir con las órdenes del

Tribunal denota menosprecio hacia nuestra autoridad, razón

por la cual dicha conducta constituye una violación al

Canon 9 de Ética Profesional. In re Guzmán Rodríguez, 187

14

Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX C. 9.

7

DPR 826, 829 (2013); In re Fiel Martínez, supra, en las

págs. 430-431.

Aunque hemos enfatizado en infinidad de ocasiones la

norma antes expuesta, con suma frecuencia nos vemos en la

obligación

de

suspender

abogados

y

abogadas

por

no

contestar nuestros requerimientos. Este Tribunal ha sido

consistente

en

la

aplicación

de

dicha

medida

disciplinaria. In re Mendoza Ramírez, 188 DPR 244, 249

(2013); In re Colón Olivo, 187 DPR 659, 663 (2013); In re

Rodríguez Salas, 181 DPR 579, 581 (2011); In re Rodríguez

Rodríguez, 180 DPR 841, 845-844 (2011).

Por

último,

la

Regla

9(j)

del

Reglamento

de

este

Tribunal exige que los profesionales del derecho mantengan

actualizada en el RUA su información de contacto, que

incluye la dirección física y postal -tanto de su oficina

como de su residencia- y el correo electrónico, entre

otros.15 Constituye una obligación notificar a este foro

cualquier cambio en su dirección postal o física. In re

Betancourt

Medina,

183

DPR

821,

825

(2011).16

Como

se

sabe, el incumplimiento con el deber de mantener al día la

información de contacto en el RUA constituye un obstáculo

para el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria.

In re Camacho Hernández, 188 DPR 739, 743 (2013); In re

Betancourt Medina, 183 DPR 821, 825 (2011); In re Toro

15

4 LPRA Ap. XXI-B, R. 9(j).

Además, véase, In re Rs. Proc. Civil y R.T. Supremo, 179 DPR 174

(2010).

16

8

Soto,

181

DPR

654,

661

(2011).

Apliquemos

este

marco

legal.

III.

Como señalamos y según el trámite procesal expuesto,

el licenciado González Borgos incumplió con los requisitos

del PEJC, a pesar de que se le dio la oportunidad de ser

oído y tiempo en exceso razonable para cumplir con su

obligación. En síntesis, el 4 de mayo de 2009 el PEJC le

cursó un Aviso de Incumplimiento y le concedió 60 días

adicionales

para

que

tomara

los

cursos

requeridos.

El

licenciado González Borgos hizo caso omiso. Casi dos años

más tarde, el 21 de enero de 2011 el PEJC lo citó para una

vista informal a celebrarse el 23 de septiembre de 2011 y

le

dio

la

alternativa

de

comparecer

por

escrito.

El

licenciado González Borgos no aprovechó esta oportunidad.

Atada de brazos

ante la falta

de comunicación del

licenciado González Borgos, la Directora del PEJC solicitó

nuestro auxilio para que éste atendiera los requerimientos

y cumpliera con su obligación como miembro de la profesión

de la abogacía. Este Tribunal emitió una Resolución el 28

de febrero de 2014, notificada el 5 de marzo de 2014,

mediante

la

cual

le

concedimos

al

licenciado

González

Borgos 20 días para que mostrara causa por la cual no

debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía. No

respondió a nuestra orden.

Transcurrido casi un año desde nuestra Resolución, el

28 de enero de 2015 el licenciado González Borgos acudió a

9

la oficina del PEJC. Allí, solicitó copia del informe que

se

presentó

ante

este

Tribunal

e

indicó

que

había

comenzado a tomar los cursos de educación jurídica. Dicha

visita corrobora que el letrado estaba enterado de su

incumplimiento y que no actuó al respecto. Al presente el

licenciado González Borgos no ha acreditado ningún curso

ni

ha

comparecido

ante

nosotros

para

justificar

su

proceder. Con estas actuaciones, el licenciado González

Borgos ha demostrado dejadez y menosprecio hacia nuestra

autoridad. Esta conducta es incompatible con el ejercicio

de la abogacía.

De otra parte, todas las comunicaciones cursadas al

licenciado González Borgos fueron remitidas a la dirección

postal

de

oficina

que

surge

del

RUA

y

ninguna

fue

devuelta. Como trámite adicional, la Secretaría de este

Tribunal le notificó nuestra Resolución de 28 de febrero

de 2014 a la dirección postal personal que consta en el

RUA. Sin embargo, en esta ocasión la misiva fue devuelta.

Es forzoso concluir que el licenciado González Borgos no

cumplió con mantener su información de contacto en el RUA

actualizada. Tampoco ha informado a este Tribunal algún

cambio de dirección.

Todo lo anterior, nos lleva a la conclusión de que el

licenciado González Borgos se condujo con indiferencia y

despreocupación ante sus obligaciones y más aún ante los

requerimientos de este Tribunal. La falta de comunicación

del

licenciado

González

Borgos

10

no

nos

deja

otra

alternativa

que

decretar

su

suspensión

inmediata

e

indefinida del ejercicio de la abogacía. Así pues, se le

impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre su

inhabilidad para continuar representándolos y devolverles

cualesquiera

honorarios

recibidos

por

trabajos

no

realizados e informar oportunamente de su suspensión a los

foros

judiciales

y

administrativos.

Asimismo,

deberá

acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior

dentro del término de 30 días a partir de la notificación

de esta opinión per curiam y sentencia.

El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y

el

sello

notarial

del

licenciado

González

Borgos

y

entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de

Notarías para el correspondiente examen e informe a este

foro.

Se dictará sentencia de conformidad.

11

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

TS-7857

Guillermo González Borgos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2015.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam

que antecede, la cual se hace formar parte de la presente

Sentencia, decretamos la suspensión inmediata e indefinida

del ejercicio de la abogacía y la notaría del Lcdo. Guillermo

González Borgos por incumplir con los requisitos del Programa

de Educación Jurídica Continua (PEJC), hacer caso omiso a los

requerimientos del PEJC y de este Tribunal, así como su falta

de diligencia al no mantener actualizada su información de

contacto en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA).

Le imponemos el deber de notificar a todos sus clientes

de su inhabilidad de seguir representándolos e informar

oportunamente de su suspensión indefinida a los foros

judiciales y administrativos de Puerto Rico.

Además, tiene

la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el

cumplimiento con lo anterior, dentro del término de treinta

(30) días a partir de la notificación de esta Sentencia.

El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y

el sello notarial del Lcdo. Guillermo González Borgos y

entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de

Notarías para el correspondiente examen e informe a este

Tribunal.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor

Rivera García no intervino.

Aida I. Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo