Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Guillermo González Borgos
2015 TSPR 54
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Guillermo González Borgos
TS-7857
Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y la notaría por incumplir requerimientos del Programa de Educación jurídica Continua y con la Regla 9 (j) del Reglamento del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2015 TSPR 54
192 DPR ____
Guillermo González Borgos
Número del Caso: TS-7857
Fecha: 10 de abril de 2015
Programa de Educación Jurídica Continua:
Lcda. Geisa Marrero Martínez
Directora Ejecutiva
Materia: La suspensión será efectiva el 5 de mayo de 2015, fecha en
que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
Guillermo González Borgos
TS-7,857
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2015.
Una vez más, ejercemos nuestra facultad disciplinaria
contra
un
miembro
de
la
profesión
legal
a
su
requerimientos
del
incumplimiento
con
los
requisitos
y
Programa
Educación
Jurídica
Continua
de
debido
(PEJC),
su
desatención en cuanto a las órdenes de este Tribunal, así
como su falta de diligencia al no mantener actualizada su
información de contacto en el Registro Único de Abogados y
Abogadas (RUA). Ante la conducta demostrada en el trámite
que exponemos a continuación, no tenemos más remedio que
decretar
la
suspensión
indefinida
del
Lcdo.
Guillermo
González Borgos del ejercicio de la abogacía y la notaría.
I.
El
licenciado
González
Borgos
fue
admitido
al
ejercicio de la abogacía el 24 de abril de 1984. Asimismo,
el 3 de julio de 1984 prestó juramento para ejercer el
notariado. De su expediente personal se desprende que no
cumplió con los requisitos del PEJC durante el periodo de
1
de
abril
de 2007
al
31
de marzo
de
2009.
A
tales
efectos, no tomó ni acreditó haber tomado algún curso de
educación jurídica para dicho periodo. Por razón de su
inobservancia, el 4 de mayo de 2009 el PEJC le cursó un
Aviso de Incumplimiento mediante el cual le informó de la
situación y le concedió -entre otras alternativas- 60 días
adicionales
para
que
tomara
los
cursos
de
educación
jurídica y cumpliera con el periodo de referencia. Cabe
mencionar que el licenciado González Borgos, además de
desaprovechar la alternativa concedida, no satisfizo la
cuota relacionada al cumplimiento tardío.
Tras casi dos años y sin conocer circunstancia alguna
del licenciado González Borgos, mediante misiva de 21 de
enero de 2011 el PEJC lo citó para una vista informal que
se celebraría el 23 de febrero de 2011. También le otorgó
como
otra
escrito.
opción
Además,
10
se
días
le
para
que
compareciera
advirtió
que
de
no
por
comparecer
personalmente o por escrito se remitiría el asunto a la
atención de este Tribunal. El licenciado González Borgos
no compareció a la vista informal ni presentó un escrito.
En consecuencia, el Oficial Examinador recomendó remitir
la conducta del licenciado González Borgos para nuestra
evaluación.
Posteriormente, el 12 de febrero de 2014 la Directora
del
PEJC,
en
representación
de
la
Junta
de
Educación
Jurídica Continua, presentó ante este Tribunal un Informe
2
sobre Incumplimiento con Requisito de Educación Jurídica
Continua. Mediante dicho Informe puntualizó los trámites
que anteceden en cuanto al licenciado González Borgos y
manifestó su preocupación por la actitud pasiva que éste
había demostrado para cumplir con los requisitos del PEJC
y atender sus comunicaciones. Aun así, la Directora del
PEJC
nos
solicitó
que
le
otorgáramos
al
licenciado
González Borgos un término final para cumplir con los
requisitos del PEJC.
Considerada la solicitud de la Directora del PEJC,
mediante Resolución de 28 de febrero de 2014, notificada
el
5
de
marzo
de
2014,
le
concedimos
al
licenciado
González Borgos un término de 20 días para que mostrara
causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de
la abogacía por incumplir con los requisitos del PEJC y
por no comparecer ante éste cuando le fue requerido. El
licenciado González Borgos no respondió a nuestra orden.
Así las cosas, el 30 de enero de 2015 el PEJC presentó
ante nosotros una Moción Informativa. En ésta relató que
el
28
de
visitó
la
enero
de
2015
el
licenciado
oficina
del
PEJC.
Durante
González
la
Borgos
visita,
el
licenciado González Borgos sostuvo que había comenzado a
tomar
los
cursos
de
educación
jurídica
y
solicitó
la
entrega del Informe sobre Incumplimiento con Requisito de
Educación Jurídica Continua que el PEJC presentó ante este
Tribunal.
El
personal
de
la
oficina
le
proveyó
el
documento solicitado y le indicó que copia del mismo le
3
había sido remitida a la dirección que constaba en el RUA.
Se le informó que de haber ocurrido algún cambio en su
información
de
contacto
debía
actualizarla
en
dicho
registro. Asimismo, el personal de la oficina del PEJC le
explicó al licenciado González Borgos que debido a que su
incumplimiento se encontraba ante nuestra consideración
debía dirigir cualquier planteamiento a este foro.1
Conviene destacar que todas las comunicaciones y los
escritos que el PEJC presentó ante este Tribunal fueron
notificados
a
la
dirección
postal
de
oficina
del
licenciado González Borgos que surge del RUA y ninguna fue
devuelta. La Resolución que emitimos el 28 de febrero de
2014
también
fue
notificada
con
éxito
a
la
referida
dirección. Al no tener respuesta del licenciado González
Borgos, la Secretaría de este Tribunal notificó nuevamente
dicha Resolución a la dirección postal personal que surge
del RUA. La referida dirección corresponde al estado de la
Florida
y
en
este
último
intento
la
comunicación
fue
devuelta por el servicio de correo.2 Veamos la normativa
aplicable a esta relación de hechos.
1
Además de detallar lo anterior, mediante la Moción Informativa el PEJC
trajo a nuestra atención que el licenciado González Borgos tampoco ha
cumplido con los requisitos de educación jurídica para los periodos de
1 de abril de 2009 al 31 de marzo de 2011 y 1 de abril de 2011 al 31 de
marzo de 2013. El PEJC anejó certificaciones sobre el historial de
cursos de educación jurídica las cuales reflejan que el licenciado
González Borgos no ha tomado ni ha acreditado haber tomado algún curso
de educación jurídica.
2
También surge del expediente personal del licenciado González Borgos
que la Secretaría de este Tribunal intentó comunicarse con éste
mediante llamadas telefónicas. Estas gestiones fueron infructuosas.
4
II.
En nuestra jurisdicción los abogados y las abogadas
están
obligados
a
“realizar
esfuerzos
para
lograr
y
mantener un alto grado de excelencia y competencia en su
profesión
a
través
del
estudio
y
la
programas
educativos
de
mejoramiento
participación
profesional
en
[…]”.3
Por razón de nuestro poder inherente para reglamentar la
profesión de la abogacía y en sintonía con el deber antes
expuesto, este Tribunal adoptó el Reglamento de Educación
Continua4
Jurídica
y,
ulteriormente,
el
Reglamento
del
Programa de Educación Jurídica Continua (Reglamento del
PEJC).5
El
motivo
primordial
para
cuerpos
reglamentarios
fue
educación
jurídica
continua
la
adopción
establecer
que
un
de
dichos
programa
contribuyera
de
al
mejoramiento profesional de los abogados y las abogadas,
así
como
a
la
actualización
de
sus
conocimientos
y
destrezas jurídicas.6 Ello, a los fines de fomentar el
ejercicio de la abogacía dentro de los más altos niveles
de calidad y competencia.7
El Reglamento del PEJC les exige a los profesionales
del
derecho
admitidos
a
la
práctica
que,
de
no
estar
exentos, aprueben como mínimo 24 horas crédito en cursos
sobre educación jurídica. Estos cursos son acreditables
3
Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX C. 2.
Véase, In re Regl. Educ. Jur. Cont., 146 DPR 494 (1998).
5
Véase, In re Aprobación Prog. Educ. Jur., 164 DPR 555 (2005).
6
Íd.
7
Íd.
4
5
cada dos años.8 Además, establece que todo profesional del
Derecho debe presentar ante la Junta de Educación Jurídica
Continua un informe que acredite el cumplimiento de las 24
horas
crédito,
dentro
de
los
30
días
siguientes
a
la
terminación de cada periodo de cumplimiento.9
Cuando algún miembro de la profesión no cumple con los
requisitos
del
Educación
Jurídica
Incumplimiento.10
Reglamento
del
PEJC,
como
primer
Continua
le
Como
PEJC
la
Junta
de
un
Aviso
de
de
cumplimiento,
el
los
abogados
envía
alternativa
permite
paso,
que
puedan
cumplir tardíamente con las obligaciones que les impone
dicho
programa.
Para
ello,
es
necesario
presentar
un
escrito en el cual se expliquen las razones de la tardanza
y pagar la cuota correspondiente dentro de los 30 días
siguientes
a
la
notificación
del
Aviso
de
Incumplimiento.11
En cambio, si el profesional del derecho no cumple con
sus obligaciones, la Junta de Educación Jurídica Continua
lo cita a una vista informal en la que podrá presentar
prueba y exponer las razones que justifican su proceder.12
Si el abogado no comparece, el asunto es remitido a la
consideración de este Tribunal.13 Con anterioridad, hemos
suspendido del ejercicio de la profesión a abogados y
8
Regla 5(9) del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua
de 2005 (Reglamento del PEJC), 4 LPRA Ap. XVII-E R. 5. Véase además,
Regla 6 del Reglamento de Educación Jurídica Continua de 1998, 4 LPRA
Ap. XVII-D R.6.
9
Regla 28 del Reglamento del PEJC, 4 LPRA Ap. XVII-E R. 28.
10
Regla 29 del Reglamento del PEJC, 4 LPRA Ap. XVII-E R. 29.
11
Regla 30 del Reglamento del PEJC, 4 LPRA Ap. XVII-E R. 30.
12
Reglas 31 y 32 del Reglamento del PEJC, 4 LPRA Ap. XVII-E R. 31 y 32.
13
Regla 32 del Reglamento del PEJC, 4 LPRA Ap. XVII-E R. 32.
6
abogadas que no cumplen con los requisitos del PEJC ni
atienden sus requerimientos, así como las órdenes de este
Tribunal. Véase, In re Luis Paisán, 190 DPR 1 (2014); In
re Del Campo Alomar, 188 DPR 587 (2013); In re Piñeiro
Vega, 188 DPR 77 (2013); In re Grau Collazo, 185 DPR 938
(2012).
Por su parte, el Canon 9 de Ética Profesional requiere
que la conducta de los abogados hacia los tribunales se
caracterice por el mayor respeto.14 De este precepto surge
la obligación de los miembros de la profesión legal de
responder
oportunamente
a
los
requerimientos
de
este
Tribunal. In re García Ortiz, 187 DPR 507, 524 (2013); In
re
Grau
Collazo,
supra,
en
las
págs.
943–944;
In
re
a
los
Ramírez Ferrer, 183 DPR 382, 384 (2011).
De
manera
repetitiva
les
hemos
recordado
abogados y las abogadas que no atender las órdenes de este
Tribunal
tiene
ejercicio
de
la
como
consecuencia
profesión,
pues
la
suspensión
demuestra
dejadez
del
e
indiferencia a nuestros apercibimientos. In re Massanet
Rodríguez, 188 DPR 116, 125 (2013); In re Fidalgo Córdova,
183 DPR 217, 222 (2011); In re Fiel Martínez, 180 DPR 426,
430 (2010). La actitud de no cumplir con las órdenes del
Tribunal denota menosprecio hacia nuestra autoridad, razón
por la cual dicha conducta constituye una violación al
Canon 9 de Ética Profesional. In re Guzmán Rodríguez, 187
14
Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX C. 9.
7
DPR 826, 829 (2013); In re Fiel Martínez, supra, en las
págs. 430-431.
Aunque hemos enfatizado en infinidad de ocasiones la
norma antes expuesta, con suma frecuencia nos vemos en la
obligación
de
suspender
abogados
y
abogadas
por
no
contestar nuestros requerimientos. Este Tribunal ha sido
consistente
en
la
aplicación
de
dicha
medida
disciplinaria. In re Mendoza Ramírez, 188 DPR 244, 249
(2013); In re Colón Olivo, 187 DPR 659, 663 (2013); In re
Rodríguez Salas, 181 DPR 579, 581 (2011); In re Rodríguez
Rodríguez, 180 DPR 841, 845-844 (2011).
Por
último,
la
Regla
9(j)
del
Reglamento
de
este
Tribunal exige que los profesionales del derecho mantengan
actualizada en el RUA su información de contacto, que
incluye la dirección física y postal -tanto de su oficina
como de su residencia- y el correo electrónico, entre
otros.15 Constituye una obligación notificar a este foro
cualquier cambio en su dirección postal o física. In re
Betancourt
Medina,
183
DPR
821,
825
(2011).16
Como
se
sabe, el incumplimiento con el deber de mantener al día la
información de contacto en el RUA constituye un obstáculo
para el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria.
In re Camacho Hernández, 188 DPR 739, 743 (2013); In re
Betancourt Medina, 183 DPR 821, 825 (2011); In re Toro
15
4 LPRA Ap. XXI-B, R. 9(j).
Además, véase, In re Rs. Proc. Civil y R.T. Supremo, 179 DPR 174
(2010).
16
8
Soto,
181
DPR
654,
661
(2011).
Apliquemos
este
marco
legal.
III.
Como señalamos y según el trámite procesal expuesto,
el licenciado González Borgos incumplió con los requisitos
del PEJC, a pesar de que se le dio la oportunidad de ser
oído y tiempo en exceso razonable para cumplir con su
obligación. En síntesis, el 4 de mayo de 2009 el PEJC le
cursó un Aviso de Incumplimiento y le concedió 60 días
adicionales
para
que
tomara
los
cursos
requeridos.
El
licenciado González Borgos hizo caso omiso. Casi dos años
más tarde, el 21 de enero de 2011 el PEJC lo citó para una
vista informal a celebrarse el 23 de septiembre de 2011 y
le
dio
la
alternativa
de
comparecer
por
escrito.
El
licenciado González Borgos no aprovechó esta oportunidad.
Atada de brazos
ante la falta
de comunicación del
licenciado González Borgos, la Directora del PEJC solicitó
nuestro auxilio para que éste atendiera los requerimientos
y cumpliera con su obligación como miembro de la profesión
de la abogacía. Este Tribunal emitió una Resolución el 28
de febrero de 2014, notificada el 5 de marzo de 2014,
mediante
la
cual
le
concedimos
al
licenciado
González
Borgos 20 días para que mostrara causa por la cual no
debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía. No
respondió a nuestra orden.
Transcurrido casi un año desde nuestra Resolución, el
28 de enero de 2015 el licenciado González Borgos acudió a
9
la oficina del PEJC. Allí, solicitó copia del informe que
se
presentó
ante
este
Tribunal
e
indicó
que
había
comenzado a tomar los cursos de educación jurídica. Dicha
visita corrobora que el letrado estaba enterado de su
incumplimiento y que no actuó al respecto. Al presente el
licenciado González Borgos no ha acreditado ningún curso
ni
ha
comparecido
ante
nosotros
para
justificar
su
proceder. Con estas actuaciones, el licenciado González
Borgos ha demostrado dejadez y menosprecio hacia nuestra
autoridad. Esta conducta es incompatible con el ejercicio
de la abogacía.
De otra parte, todas las comunicaciones cursadas al
licenciado González Borgos fueron remitidas a la dirección
postal
de
oficina
que
surge
del
RUA
y
ninguna
fue
devuelta. Como trámite adicional, la Secretaría de este
Tribunal le notificó nuestra Resolución de 28 de febrero
de 2014 a la dirección postal personal que consta en el
RUA. Sin embargo, en esta ocasión la misiva fue devuelta.
Es forzoso concluir que el licenciado González Borgos no
cumplió con mantener su información de contacto en el RUA
actualizada. Tampoco ha informado a este Tribunal algún
cambio de dirección.
Todo lo anterior, nos lleva a la conclusión de que el
licenciado González Borgos se condujo con indiferencia y
despreocupación ante sus obligaciones y más aún ante los
requerimientos de este Tribunal. La falta de comunicación
del
licenciado
González
Borgos
10
no
nos
deja
otra
alternativa
que
decretar
su
suspensión
inmediata
e
indefinida del ejercicio de la abogacía. Así pues, se le
impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre su
inhabilidad para continuar representándolos y devolverles
cualesquiera
honorarios
recibidos
por
trabajos
no
realizados e informar oportunamente de su suspensión a los
foros
judiciales
y
administrativos.
Asimismo,
deberá
acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior
dentro del término de 30 días a partir de la notificación
de esta opinión per curiam y sentencia.
El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y
el
sello
notarial
del
licenciado
González
Borgos
y
entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de
Notarías para el correspondiente examen e informe a este
foro.
Se dictará sentencia de conformidad.
11
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
TS-7857
Guillermo González Borgos
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2015.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam
que antecede, la cual se hace formar parte de la presente
Sentencia, decretamos la suspensión inmediata e indefinida
del ejercicio de la abogacía y la notaría del Lcdo. Guillermo
González Borgos por incumplir con los requisitos del Programa
de Educación Jurídica Continua (PEJC), hacer caso omiso a los
requerimientos del PEJC y de este Tribunal, así como su falta
de diligencia al no mantener actualizada su información de
contacto en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA).
Le imponemos el deber de notificar a todos sus clientes
de su inhabilidad de seguir representándolos e informar
oportunamente de su suspensión indefinida a los foros
judiciales y administrativos de Puerto Rico.
Además, tiene
la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el
cumplimiento con lo anterior, dentro del término de treinta
(30) días a partir de la notificación de esta Sentencia.
El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y
el sello notarial del Lcdo. Guillermo González Borgos y
entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de
Notarías para el correspondiente examen e informe a este
Tribunal.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
El Juez Asociado señor
Rivera García no intervino.
Aida I. Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo