Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Américo Martínez Romero
2015 TSPR 49
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Américo Martínez Romero
AB-2011-80
Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía por incumplir requerimientos del Tribunal (Canon 9 de Ética Profesional)
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2015 TSPR 49
192 DPR ____
Américo Martínez Romero
Número del Caso: AB-2011-80
Fecha: 21 de abril de 2015
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Tatiana Grajales Torruellas
Subprocuradora General
Lcda. Marangeli Colón Requejo
Procuradora General Auxiliar
Materia: La suspensión será efectiva el 28 de abril de 2015,
fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión
inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Américo Martínez Romero
AB-2011-80
Queja
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2015.
Una vez más nos vemos obligados a suspender a
un
abogado
por
incumplimiento
con
las
órdenes
emitidas por este Tribunal.
I
En
el
2011,
el
Sr.
Manuel
O’Farrill
García
(quejoso) presentó la Queja Núm. AB-2011-0080 (Queja)
en contra del Lcdo. Américo Martínez Romero.
En la
misma, alegó que la comunidad hereditaria a la cual
pertenece contrató al abogado para que llevara a cabo
unas gestiones que éste aún no había culminado.
El
21 de diciembre de 2012, la Oficina del Procurador
General presentó ante este Foro un Informe en el que
AB-2011-80
recomendó
2
el
archivo
de
la
Queja
y
sugirió
que
procediéramos a ordenar al licenciado Martínez Romero la
devolución
del
dinero
realizados.
El
7
de
que
percibió
febrero
de
por
2013,
trabajos
no
quejoso
nos
el
informó que el licenciado Martínez Romero le entregó los
expedientes
que
pertenecían
a
la
comunidad
pero no hizo entrega del dinero adeudado.
hereditaria,
El 26 de abril
de 2013, luego de examinar la totalidad del expediente que
obra
ante
nuestra
consideración,
decidimos
ordenar
el
archivo de la Queja y apercibimos al licenciado Martínez
Romero que nuestra determinación estaba condicionada a que
devolviera el dinero a la parte quejosa.
Por
hechos
examinamos,
el
no
relacionados
10
de
mayo
de
a
la
2013,
Queja
que
ahora
suspendimos
al
licenciado Martínez Romero del ejercicio de la abogacía y
la notaría, y le advertimos que debía devolver a todos sus
clientes, dentro del término de 30 días, los honorarios
percibidos por trabajos no realizados.
El 25 de septiembre
de 2013, el licenciado solicitó reinstalación al ejercicio
de
la
abogacía
y
la
notaría.
Dos
semanas
después,
ordenamos su reinstalación exclusivamente a la práctica de
la
abogacía
y
le
advertimos
que
se
reactivarían
inmediatamente todas las quejas y querellas que estaban
pendientes de resolución.
El 24 de octubre de 2013, el quejoso informó que el
licenciado Martínez Romero aún no se había comunicado con
AB-2011-80
3
relación al dinero que adeudaba a la comunidad hereditaria.
Por esta razón, el 24 de enero de 2014, concedimos al
licenciado
Martínez
Romero
un
“término
final
e
improrrogable de veinte (20) días” para cumplir “con lo
dispuesto en nuestra Resolución de 26 de abril de 2013”.
(Énfasis
en
el
original).
Vencido
el
término,
el
31 de marzo de 2014, el quejoso reiteró el incumplimiento
del letrado.
Aunque indicamos que el término concedido era
final e improrrogable, el 6 de febrero de 2015, otorgamos
al licenciado Martínez Romero otra oportunidad para que
devolviese el dinero a la parte quejosa, esta vez dentro
del
término
de
incumplimiento
10
con
días,
lo
y
le
ordenado
apercibimos
podría
que
su
conllevar
la
suspensión inmediata del ejercicio de la profesión legal.
A
pesar
de
haberle
notificado
personalmente
nuestra
resolución, al día de hoy, el licenciado no ha contestado.
II
El Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene el poder
inherente de regular la profesión legal y, como tal, nos
corresponde
asegurar
que
los
miembros
admitidos
a
la
práctica de la abogacía y la notaría ejerzan sus funciones
responsable,
competente
y
diligentemente.1
Con
el
propósito de mantener la excelencia de la clase togada,
repetidamente hemos enfatizado la obligación que tienen los
abogados de cumplir fiel y cabalmente con todos los cánones
1
In re Vera Vélez, res. el 14 de enero de 2015, 2015 TSPR 7, 192 DPR
__ (2015).
AB-2011-80
de
4
ética
que
rigen
profesión.2
nuestra
Entre
las
disposiciones de mayor envergadura en nuestro ordenamiento
jurídico
se
encuentra
el
Canon
9
del
Código
de
Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX, que le impone al abogado el
deber de “observar para con los tribunales una conducta que
se caracterice por el mayor respeto”.
La desatención de
las órdenes y los requerimientos judiciales constituye un
serio agravio a la autoridad de los tribunales, lo que
representa una infracción al Canon 9.3
hemos
decidido
que
procederá
la
Por tal motivo,
suspensión
inmediata
e
indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría de
aquellos miembros que no atiendan con diligencia nuestros
requerimientos, así como los emitidos por la Oficina de
Inspección de Notarías (ODIN) y la Oficina del Procurador
General.4
III
Desde
el
2013,
en
cuatro
ocasiones
ordenamos
al
licenciado Martínez Romero la devolución de los honorarios
que percibió por trabajos no realizados.
múltiples
oportunidades
constancia
de
que
le
concedimos,
no
tenemos
que el abogado haya cumplido con nuestro
requerimiento.
Según
consta
licenciado,
última
comunicación
la
A pesar de las
en
el
que
expediente
del
recibimos
del
2
In re Sosa Suárez, res. el 10 de julio de 2014, 2014 TSPR 90, 191 DPR
__ (2014).
3
In re Bryan Picó, res. el 30 de enero de 2015, 2015 TSPR 10, 192 DPR
__ (2015); In re Pérez Román, res. el 20 de junio de 2014, 2014 TSPR
98, 191 DPR __ (2014); In re Martínez Romero, 188 DPR 511 (2013).
4
In re Martínez Romero, supra, pág. 515.
AB-2011-80
quejoso,
5
con
fecha
de
31
de
marzo
de
2014,
tuvo
el
propósito de informar que el letrado aún no había entregado
la suma adeudada a la comunidad hereditaria.
Al día de
hoy, el licenciado Martínez Romero no ha comparecido para
informar
lo
contrario.
Por
tales
razones,
nos
vemos
obligados a decretar su suspensión del ejercicio de la
abogacía de forma inmediata e indefinida.
IV
Por
los
suspensión
Martínez
fundamentos
inmediata
Romero
de
antes
e
la
expuestos,
se
ordena
indefinida
del
Lcdo.
práctica
la
abogacía.
de
la
Américo
El
licenciado Martínez Romero deberá notificar a sus clientes
que,
por
motivo
proveyéndoles
de
su
consultoría
suspensión,
ni
no
podrá
representación
continuar
legal,
y
devolverá a éstos los expedientes de cualquier caso ya
atendido o pendiente de resolución y los honorarios que
haya
percibido
por
trabajos
no
realizados.
De
igual
manera, tendrá la responsabilidad de informar su suspensión
a cualquier foro judicial o administrativo en el que tenga
algún caso pendiente y mantenernos informados de cualquier
cambio
en
su
dirección,
Deberá
acreditar
y
teléfono
certificar
y
correo
ante
este
electrónico.
Tribunal
el
cumplimiento con todo lo anterior dentro del término de
30 días, contado a partir de la notificación de la presente
Opinión Per Curiam y Sentencia.
Se dictará sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Américo Martínez Romero
AB-2011-80
Queja
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2015.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte íntegra de la presente Sentencia, se suspende
inmediata
e
indefinidamente
al
Lcdo.
Américo
Martínez Romero del ejercicio de la abogacía.
El licenciado Martínez Romero deberá notificar
a sus clientes que, por motivo de su suspensión, no
podrá
continuar
proveyéndoles
consultoría
ni
representación legal, y devolverá a éstos los
expedientes de cualquier caso ya atendido o
pendiente de resolución y los honorarios que haya
percibido por trabajos no realizados. De igual
manera, tendrá la responsabilidad de informar su
suspensión
a
cualquier
foro
judicial
o
administrativo en el que tenga algún caso pendiente
y mantenernos informados de cualquier cambio en su
dirección, teléfono y correo electrónico.
Deberá
acreditar y certificar ante este Tribunal el
cumplimiento con todo lo anterior dentro del
término de 30 días, contado a partir de la
notificación de la presente Opinión Per Curiam y
Sentencia.
AB-2011-80
2
Notifíquese personalmente.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Américo Martínez Romero
TS-8545
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de junio de 2015.
Examinada la “Moción en cumplimiento de orden
y solicitud de reinstalación” presentada por el Sr.
Américo Martínez Romero y la carta del Sr. Manuel
O’Farrill García de 14 de mayo de 2015, damos por
cumplida
nuestra
orden
instruyendo
al
señor
Martínez Romero a devolverle el dinero adeudado al
señor O’Farrill García. En cuanto a la solicitud de
reinstalación, se declara no ha lugar. No obstante,
modificamos la suspensión indefinida del señor
Martínez Romero a una suspensión por un término de
seis meses, a computarse desde el 28 de abril de
2015, fecha en que fue suspendido originalmente.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza
Presidenta señora Fiol Matta y el Juez Asociado
señor Estrella Martínez disienten y reinstalarían
al señor Martínez Romero al ejercicio de la
abogacía.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo