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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Américo Martínez Romero

2015 TSPR 49

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Américo Martínez Romero

AB-2011-80

Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía por incumplir requerimientos del Tribunal (Canon 9 de Ética Profesional)

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2015 TSPR 49

192 DPR ____

Américo Martínez Romero

Número del Caso: AB-2011-80

Fecha: 21 de abril de 2015

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Tatiana Grajales Torruellas

Subprocuradora General

Lcda. Marangeli Colón Requejo

Procuradora General Auxiliar

Materia: La suspensión será efectiva el 28 de abril de 2015,

fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión

inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Américo Martínez Romero

AB-2011-80

Queja

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2015.

Una vez más nos vemos obligados a suspender a

un

abogado

por

incumplimiento

con

las

órdenes

emitidas por este Tribunal.

I

En

el

2011,

el

Sr.

Manuel

O’Farrill

García

(quejoso) presentó la Queja Núm. AB-2011-0080 (Queja)

en contra del Lcdo. Américo Martínez Romero.

En la

misma, alegó que la comunidad hereditaria a la cual

pertenece contrató al abogado para que llevara a cabo

unas gestiones que éste aún no había culminado.

El

21 de diciembre de 2012, la Oficina del Procurador

General presentó ante este Foro un Informe en el que

AB-2011-80

recomendó

2

el

archivo

de

la

Queja

y

sugirió

que

procediéramos a ordenar al licenciado Martínez Romero la

devolución

del

dinero

realizados.

El

7

de

que

percibió

febrero

de

por

2013,

trabajos

no

quejoso

nos

el

informó que el licenciado Martínez Romero le entregó los

expedientes

que

pertenecían

a

la

comunidad

pero no hizo entrega del dinero adeudado.

hereditaria,

El 26 de abril

de 2013, luego de examinar la totalidad del expediente que

obra

ante

nuestra

consideración,

decidimos

ordenar

el

archivo de la Queja y apercibimos al licenciado Martínez

Romero que nuestra determinación estaba condicionada a que

devolviera el dinero a la parte quejosa.

Por

hechos

examinamos,

el

no

relacionados

10

de

mayo

de

a

la

2013,

Queja

que

ahora

suspendimos

al

licenciado Martínez Romero del ejercicio de la abogacía y

la notaría, y le advertimos que debía devolver a todos sus

clientes, dentro del término de 30 días, los honorarios

percibidos por trabajos no realizados.

El 25 de septiembre

de 2013, el licenciado solicitó reinstalación al ejercicio

de

la

abogacía

y

la

notaría.

Dos

semanas

después,

ordenamos su reinstalación exclusivamente a la práctica de

la

abogacía

y

le

advertimos

que

se

reactivarían

inmediatamente todas las quejas y querellas que estaban

pendientes de resolución.

El 24 de octubre de 2013, el quejoso informó que el

licenciado Martínez Romero aún no se había comunicado con

AB-2011-80

3

relación al dinero que adeudaba a la comunidad hereditaria.

Por esta razón, el 24 de enero de 2014, concedimos al

licenciado

Martínez

Romero

un

“término

final

e

improrrogable de veinte (20) días” para cumplir “con lo

dispuesto en nuestra Resolución de 26 de abril de 2013”.

(Énfasis

en

el

original).

Vencido

el

término,

el

31 de marzo de 2014, el quejoso reiteró el incumplimiento

del letrado.

Aunque indicamos que el término concedido era

final e improrrogable, el 6 de febrero de 2015, otorgamos

al licenciado Martínez Romero otra oportunidad para que

devolviese el dinero a la parte quejosa, esta vez dentro

del

término

de

incumplimiento

10

con

días,

lo

y

le

ordenado

apercibimos

podría

que

su

conllevar

la

suspensión inmediata del ejercicio de la profesión legal.

A

pesar

de

haberle

notificado

personalmente

nuestra

resolución, al día de hoy, el licenciado no ha contestado.

II

El Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene el poder

inherente de regular la profesión legal y, como tal, nos

corresponde

asegurar

que

los

miembros

admitidos

a

la

práctica de la abogacía y la notaría ejerzan sus funciones

responsable,

competente

y

diligentemente.1

Con

el

propósito de mantener la excelencia de la clase togada,

repetidamente hemos enfatizado la obligación que tienen los

abogados de cumplir fiel y cabalmente con todos los cánones

1

In re Vera Vélez, res. el 14 de enero de 2015, 2015 TSPR 7, 192 DPR

__ (2015).

AB-2011-80

de

4

ética

que

rigen

profesión.2

nuestra

Entre

las

disposiciones de mayor envergadura en nuestro ordenamiento

jurídico

se

encuentra

el

Canon

9

del

Código

de

Ética

Profesional, 4 LPRA Ap. IX, que le impone al abogado el

deber de “observar para con los tribunales una conducta que

se caracterice por el mayor respeto”.

La desatención de

las órdenes y los requerimientos judiciales constituye un

serio agravio a la autoridad de los tribunales, lo que

representa una infracción al Canon 9.3

hemos

decidido

que

procederá

la

Por tal motivo,

suspensión

inmediata

e

indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría de

aquellos miembros que no atiendan con diligencia nuestros

requerimientos, así como los emitidos por la Oficina de

Inspección de Notarías (ODIN) y la Oficina del Procurador

General.4

III

Desde

el

2013,

en

cuatro

ocasiones

ordenamos

al

licenciado Martínez Romero la devolución de los honorarios

que percibió por trabajos no realizados.

múltiples

oportunidades

constancia

de

que

le

concedimos,

no

tenemos

que el abogado haya cumplido con nuestro

requerimiento.

Según

consta

licenciado,

última

comunicación

la

A pesar de las

en

el

que

expediente

del

recibimos

del

2

In re Sosa Suárez, res. el 10 de julio de 2014, 2014 TSPR 90, 191 DPR

__ (2014).

3

In re Bryan Picó, res. el 30 de enero de 2015, 2015 TSPR 10, 192 DPR

__ (2015); In re Pérez Román, res. el 20 de junio de 2014, 2014 TSPR

98, 191 DPR __ (2014); In re Martínez Romero, 188 DPR 511 (2013).

4

In re Martínez Romero, supra, pág. 515.

AB-2011-80

quejoso,

5

con

fecha

de

31

de

marzo

de

2014,

tuvo

el

propósito de informar que el letrado aún no había entregado

la suma adeudada a la comunidad hereditaria.

Al día de

hoy, el licenciado Martínez Romero no ha comparecido para

informar

lo

contrario.

Por

tales

razones,

nos

vemos

obligados a decretar su suspensión del ejercicio de la

abogacía de forma inmediata e indefinida.

IV

Por

los

suspensión

Martínez

fundamentos

inmediata

Romero

de

antes

e

la

expuestos,

se

ordena

indefinida

del

Lcdo.

práctica

la

abogacía.

de

la

Américo

El

licenciado Martínez Romero deberá notificar a sus clientes

que,

por

motivo

proveyéndoles

de

su

consultoría

suspensión,

ni

no

podrá

representación

continuar

legal,

y

devolverá a éstos los expedientes de cualquier caso ya

atendido o pendiente de resolución y los honorarios que

haya

percibido

por

trabajos

no

realizados.

De

igual

manera, tendrá la responsabilidad de informar su suspensión

a cualquier foro judicial o administrativo en el que tenga

algún caso pendiente y mantenernos informados de cualquier

cambio

en

su

dirección,

Deberá

acreditar

y

teléfono

certificar

y

correo

ante

este

electrónico.

Tribunal

el

cumplimiento con todo lo anterior dentro del término de

30 días, contado a partir de la notificación de la presente

Opinión Per Curiam y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Américo Martínez Romero

AB-2011-80

Queja

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2015.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte íntegra de la presente Sentencia, se suspende

inmediata

e

indefinidamente

al

Lcdo.

Américo

Martínez Romero del ejercicio de la abogacía.

El licenciado Martínez Romero deberá notificar

a sus clientes que, por motivo de su suspensión, no

podrá

continuar

proveyéndoles

consultoría

ni

representación legal, y devolverá a éstos los

expedientes de cualquier caso ya atendido o

pendiente de resolución y los honorarios que haya

percibido por trabajos no realizados. De igual

manera, tendrá la responsabilidad de informar su

suspensión

a

cualquier

foro

judicial

o

administrativo en el que tenga algún caso pendiente

y mantenernos informados de cualquier cambio en su

dirección, teléfono y correo electrónico.

Deberá

acreditar y certificar ante este Tribunal el

cumplimiento con todo lo anterior dentro del

término de 30 días, contado a partir de la

notificación de la presente Opinión Per Curiam y

Sentencia.

AB-2011-80

2

Notifíquese personalmente.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Américo Martínez Romero

TS-8545

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de junio de 2015.

Examinada la “Moción en cumplimiento de orden

y solicitud de reinstalación” presentada por el Sr.

Américo Martínez Romero y la carta del Sr. Manuel

O’Farrill García de 14 de mayo de 2015, damos por

cumplida

nuestra

orden

instruyendo

al

señor

Martínez Romero a devolverle el dinero adeudado al

señor O’Farrill García. En cuanto a la solicitud de

reinstalación, se declara no ha lugar. No obstante,

modificamos la suspensión indefinida del señor

Martínez Romero a una suspensión por un término de

seis meses, a computarse desde el 28 de abril de

2015, fecha en que fue suspendido originalmente.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza

Presidenta señora Fiol Matta y el Juez Asociado

señor Estrella Martínez disienten y reinstalarían

al señor Martínez Romero al ejercicio de la

abogacía.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo