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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Annette González Dávila

2015 TSPR 42

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Annette González Dávila

TS-14172

Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por no responder requerimientos del Tribunal

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2015 TSPR 42

192 DPR ____

Annette González Dávila

Número del Caso: TS-14,172

Fecha: 26 de marzo de 2015

Programa de Educación Jurídica Continua:

Lcda. Geisa Marrero

Directora Ejecutiva

Materia: La suspensión será efectiva el 9 de abril de 2015, fecha en

que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Annette González Dávila

TS-14,172

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2015.

Una vez más nos corresponde ejercer nuestro

rol inherente de regular la profesión al vernos

obligados a suspender inmediata e indefinidamente

del ejercicio de la abogacía a una profesional

del

Derecho.

responder

En

esencia,

la

oportunamente

inobservancia

las

órdenes

en

y

requerimientos emitidos por este Tribunal origina

el dictamen que hoy emitimos.

A

continuación,

pasamos

a

exponer

los

antecedentes fácticos y procesales que suscitan

la aludida acción disciplinaria.

TS-14,172

2

I

La Lcda. Annette González Dávila (licenciada González

Dávila) fue admitida al ejercicio de la abogacía el 6 de

agosto de 2002 y a la práctica de la notaría el 30 de

junio de 2003. El asunto ante nuestra consideración se

remonta al 12 de febrero de 2014, cuando la Directora

Ejecutiva (Directora) del Programa de Educación Jurídica

Continua

(PEJC)

compareció

ante

este

Tribunal

mediante

Informe sobre incumplimiento con requisito de educación

jurídica continua. En el referido informe se indicó que la

licenciada González Dávila incumplió con los requisitos

del PEJC durante el periodo que comprende del 1 abril de

2007 al 31 de marzo de 2009. En consecuencia, se le envió

un Aviso de Incumplimiento en el cual se le otorgaron 60

días adicionales para tomar los cursos. La togada tampoco

pagó la cuota por cumplimiento tardío establecida en la

Regla 30 del Reglamento del PEJC del 2005, 4 LPRA Ap.

XVII-E, R. 30.

En vista de que la letrada no cumplió con el término

concedido, el 21 de enero de 2011, el PEJC le envió una

citación para una vista informal a celebrarse el 24 de

febrero de 2011. En la correspondiente citación se le

advirtió

que

de

no

asistir

a

la

vista

informal

ni

comparecer por escrito, se remitiría el asunto ante este

Tribunal.

Empero,

la

licenciada

González

Dávila

no

compareció a la vista informal ni presentó escrito alguno.

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3

Así

las

cosas,

el

Oficial

Examinador

del

PEJC

recomendó remitir el asunto a este Tribunal, conforme lo

dispone la Regla 32(c) del Reglamento del PEJC del 2005, 4

LPRA Ap. XVII-E, R. 32(c). Ante la realidad de que la

licenciada González Dávila incumplió con los requisitos

reglamentarios de educación jurídica continua, y habida

cuenta de que se le otorgó la oportunidad de ser oída, la

Directora del PEJC acogió la recomendación del Oficial

Examinador

de

presentar

un

informe

ante

este

Tribunal

pormenorizando el incumplimiento de la letrada y su falta

de comparecencia.1

Cabe

destacar

que

en

su

Informe

la

Directora

manifestó su preocupación por la actitud pasiva demostrada

por la

togada

en lo concerniente

a los

requisitos de

educación jurídica continua. De esta forma, señaló que el

proceder

de

la

licenciada

González

Dávila

generado

costos

adicionales

para

PEJC

el

no

sólo

ha

relativos

al

proceso de incumplimiento, sino que también ha incidido en

su compromiso de mantener un alto grado de excelencia y

competencia, según establecido en el Canon 2 del Código de

Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 2.

1

En su Informe, la Directora Ejecutiva del Programa de

Educación Jurídica Continua (PEJC) expresó que la Lcda.

Annette González Dávila tampoco ha cumplido con las horas

crédito requeridas para el periodo del 1 de abril de 2009

al 31 de marzo de 2011 y para el periodo del 1 de abril de

2011 al 31 de marzo de 2013. No obstante, se informó que

en cuanto a estos periodos la togada aún no ha sido citada

a una vista informal, según lo establece la Regla 32(c)

del Reglamento del PEJC, 4 LPRA Ap. XVII-E, R. 32(c).

TS-14,172

4

Examinado el Informe presentado por la Directora del

PEJC, el 28 de febrero de 2014, emitimos una Resolución

mediante la cual le concedimos un término de 20 días a la

licenciada

González

Dávila

para

que

compareciera

y

mostrara causa por la cual no debía ser suspendida del

ejercicio de la abogacía. Esto, por incumplir con los

requisitos

de

educación

jurídica

continua

y

por

no

comparecer ante el PEJC cuando le fue requerido. El 12 de

mayo de 2014, la mencionada Resolución le fue notificada

personalmente a la togada por conducto de la Oficina del

Alguacil

de

este

Tribunal.

Ello

comunicaciones

que

se

constaban

la

licenciada

de

enviaron

a

se

debió

las

que

las

direcciones

que

González

a

Dávila

fueron

devueltas por el correo.

Transcurrido

más

de

un

mes

desde

la

notificación

personal de la reseñada Resolución, el 18 de junio de

2014, la licenciada González Dávila compareció mediante

Moción en cumplimiento de Resolución. En ésta, detalló que

el 3 de junio de 2014 acudió a la oficina del PEJC para

que le informaran el estatus de sus créditos de educación

jurídica continua y conocer el procedimiento a seguir.

Expresó que está consciente que se encuentra atrasada con

los

aludidos

ponerse

al

créditos

día.

y

que

Asimismo,

tiene

manifestó

la

disposición

que

debido

a

de

su

precaria situación económica se le ha dificultado tomar

los cursos por motivo del alto costo de éstos. Indicó que

se

encuentra

desempleada

y

que

ocasionalmente

otorga

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5

documentos notariales. Finalmente, la letrada le solicitó

a

este

Tribunal

una

oportunidad

para

cumplir

con

los

requerimientos del PEJC.

Ponderada la comparecencia de la licenciada González

Dávila, el 26 de junio de 2014, emitimos una Resolución en

la cual le concedimos un término de 90 días para que

cumpliera con todos los cursos que le faltaba por tomar y,

a su vez, presentara la correspondiente certificación de

cumplimiento emitida por el PEJC. Esta Resolución le fue

notificada a la togada el 27 de junio de 2014, por medio

de la dirección electrónica con la que ésta suscribió su

Moción en cumplimiento de Resolución. Además, el 8 de

julio de 2014, se le notificó la Resolución a través de la

última dirección postal que consta en el Registro Único de

Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA). A la fecha en

que se emite este pronunciamiento, la licenciada González

Dávila no ha comparecido ni mucho menos ha cumplido con

nuestra orden.

II

Como es ampliamente conocido, este Tribunal tiene la

encomienda de procurar que los miembros admitidos a la

práctica de la abogacía ejerzan sus funciones responsable,

competente y diligentemente. In re Vera Vélez, res. el 14

de enero de 2015, 2015 TSPR 7, 192 DPR ___ (2015); In re

Del Castillo Del Valle, res. el 1 de octubre de 2014, 2014

TSPR 126, 191 DPR ___ (2014); In re Rodríguez Amaro, 189

DPR 307 (2013); In re López Morales, 184 DPR 334, 347

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6

(2012). En lo pertinente al asunto ante nos, en infinidad

de ocasiones hemos enfatizado que los abogados tienen el

deber y la obligación de responder diligentemente a las

órdenes emitidas por este Tribunal. In re Vera Vélez,

supra; In re Pérez Román, res. el 20 de junio de 2014,

2014 TSPR 98, 191 DPR ___ (2014); In re Sosa Suárez, res.

el 10 de julio de 2014, 2014 TSPR 90, 191 DPR ___ (2014);

In re Medina Perea, 190 DPR 241 (2014). Un letrado que

ignora las órdenes dictadas por este Tribunal infringe el

precepto ético que dispone que “[e]l abogado debe observar

para con los tribunales una conducta que se caracterice

por el mayor respeto”. 4 LPRA Ap. IX, C. 9. Véanse, In re

Pérez Román, supra; In re Sosa Suárez, supra; In re Medina

Perea, supra; In re Da Silva Arocho, 189 DPR 888 (2013).

Ante ello, procede la suspensión inmediata de aquellos

miembros de la profesión que hagan caso omiso a nuestros

requerimientos.

Román,

supra;

In

re

In re

Vera

Sosa

Vélez,

supra;

In

re

Pérez

Suárez,

supra;

In

re

Medina

Perea, supra; In re Da Silva Arocho, supra. Sin duda, la

actitud de indiferencia y menosprecio a la autoridad del

Tribunal no puede ser tomada livianamente, pues constituye

un curso de acción inaceptable que acarrea la suspensión

inmediata de la práctica jurídica. In re Medina Perea,

supra; In re Da Silva Arocho, supra; In re López González,

189 DPR 581 (2013); In re Piñeiro Vega, 188 DPR 77 (2013).

Examinada la normativa aplicable, pasamos a resolver

el asunto que nos ocupa.

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III

Conforme indicamos, la licenciada González Dávila ha

hecho caso omiso a las órdenes emitidas por este Tribunal

mediante la Resolución del 26 de junio de 2014. No cabe

duda de que

con

su proceder

la

togada

contraviene la

ineludible obligación de todo miembro de la profesión de

responder,

diligente

y

oportunamente,

a

las

órdenes

dictadas por este Tribunal. Más bien, su actitud denota

indiferencia

y

displicencia

al

incumplir

con

nuestros

dictámenes.

Ante el cuadro descrito, procede que este Tribunal

ejerza su facultad inherente de regular la profesión y,

por consiguiente, suspenda inmediatamente del ejercicio de

la abogacía a la licenciada González Dávila.

IV

En virtud de la normativa que antecede, suspendemos

inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía a

la Lcda. Annette González Dávila.

A tono con ello, se le impone a la señora González

Dávila el deber de notificar a todos sus clientes sobre su

inhabilidad para continuar representándolos, y devolverles

cualesquiera

honorarios

recibidos

realizados.

De

igual

forma,

oportunamente

de

su

suspensión

por

tendrá

a

trabajos

que

cualquier

no

informar

sala

del

Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el

que

tenga

certificar

algún

ante

caso

este

pendiente.

Tribunal

el

Deberá

acreditar

cumplimiento

con

y

lo

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8

anterior, dentro del término de 30 días contados a partir

de la notificación de la presente Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Por

su

parte,

Tribunal

incautar

notarial

de

la

se

ordena

al

Alguacil

inmediatamente

la

obra

señora

le

González

Dávila

y

y

de

el

este

sello

entregar

los

mismos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías

para la correspondiente investigación e informe.

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y

Sentencia a la Sra. Annette González Dávila por la Oficina

del Alguacil de este Tribunal.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Annette González Dávila

TS-14,172

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2015.

Por las razones expuestas en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte de la presente Sentencia, se suspende

inmediata e indefinidamente del ejercicio de la

abogacía a la Lcda. Annette González Dávila.

A tono con ello, se le impone a la señora

González Dávila el deber de notificar a todos

sus clientes sobre su inhabilidad para continuar

representándolos,

y

devolverles

cualesquiera

honorarios recibidos por trabajos no realizados.

De

igual

forma,

tendrá

que

informar

oportunamente de su suspensión a cualquier sala

del

Tribunal

General

de

Justicia

o

foro

administrativo en el que tenga algún caso

pendiente. Deberá acreditar y certificar ante

este Tribunal el cumplimiento con lo anterior,

dentro del término de 30 días contados a partir

de la notificación de la presente Opinión Per

Curiam y Sentencia.

Por su parte, se le ordena al Alguacil de

este Tribunal incautar inmediatamente la obra y

el sello notarial de la señora González Dávila y

entregar los mismos al Director de la Oficina de

Inspección de Notarías para la correspondiente

investigación e informe.

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2

Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y

Sentencia a la Sra. Annette González Dávila por la

Oficina del Alguacil de este Tribunal.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo