Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Annette González Dávila
2015 TSPR 42
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Annette González Dávila
TS-14172
Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por no responder requerimientos del Tribunal
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2015 TSPR 42
192 DPR ____
Annette González Dávila
Número del Caso: TS-14,172
Fecha: 26 de marzo de 2015
Programa de Educación Jurídica Continua:
Lcda. Geisa Marrero
Directora Ejecutiva
Materia: La suspensión será efectiva el 9 de abril de 2015, fecha en
que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Annette González Dávila
TS-14,172
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2015.
Una vez más nos corresponde ejercer nuestro
rol inherente de regular la profesión al vernos
obligados a suspender inmediata e indefinidamente
del ejercicio de la abogacía a una profesional
del
Derecho.
responder
En
esencia,
la
oportunamente
inobservancia
las
órdenes
en
y
requerimientos emitidos por este Tribunal origina
el dictamen que hoy emitimos.
A
continuación,
pasamos
a
exponer
los
antecedentes fácticos y procesales que suscitan
la aludida acción disciplinaria.
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I
La Lcda. Annette González Dávila (licenciada González
Dávila) fue admitida al ejercicio de la abogacía el 6 de
agosto de 2002 y a la práctica de la notaría el 30 de
junio de 2003. El asunto ante nuestra consideración se
remonta al 12 de febrero de 2014, cuando la Directora
Ejecutiva (Directora) del Programa de Educación Jurídica
Continua
(PEJC)
compareció
ante
este
Tribunal
mediante
Informe sobre incumplimiento con requisito de educación
jurídica continua. En el referido informe se indicó que la
licenciada González Dávila incumplió con los requisitos
del PEJC durante el periodo que comprende del 1 abril de
2007 al 31 de marzo de 2009. En consecuencia, se le envió
un Aviso de Incumplimiento en el cual se le otorgaron 60
días adicionales para tomar los cursos. La togada tampoco
pagó la cuota por cumplimiento tardío establecida en la
Regla 30 del Reglamento del PEJC del 2005, 4 LPRA Ap.
XVII-E, R. 30.
En vista de que la letrada no cumplió con el término
concedido, el 21 de enero de 2011, el PEJC le envió una
citación para una vista informal a celebrarse el 24 de
febrero de 2011. En la correspondiente citación se le
advirtió
que
de
no
asistir
a
la
vista
informal
ni
comparecer por escrito, se remitiría el asunto ante este
Tribunal.
Empero,
la
licenciada
González
Dávila
no
compareció a la vista informal ni presentó escrito alguno.
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Así
las
cosas,
el
Oficial
Examinador
del
PEJC
recomendó remitir el asunto a este Tribunal, conforme lo
dispone la Regla 32(c) del Reglamento del PEJC del 2005, 4
LPRA Ap. XVII-E, R. 32(c). Ante la realidad de que la
licenciada González Dávila incumplió con los requisitos
reglamentarios de educación jurídica continua, y habida
cuenta de que se le otorgó la oportunidad de ser oída, la
Directora del PEJC acogió la recomendación del Oficial
Examinador
de
presentar
un
informe
ante
este
Tribunal
pormenorizando el incumplimiento de la letrada y su falta
de comparecencia.1
Cabe
destacar
que
en
su
Informe
la
Directora
manifestó su preocupación por la actitud pasiva demostrada
por la
togada
en lo concerniente
a los
requisitos de
educación jurídica continua. De esta forma, señaló que el
proceder
de
la
licenciada
González
Dávila
generado
costos
adicionales
para
PEJC
el
no
sólo
ha
relativos
al
proceso de incumplimiento, sino que también ha incidido en
su compromiso de mantener un alto grado de excelencia y
competencia, según establecido en el Canon 2 del Código de
Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 2.
1
En su Informe, la Directora Ejecutiva del Programa de
Educación Jurídica Continua (PEJC) expresó que la Lcda.
Annette González Dávila tampoco ha cumplido con las horas
crédito requeridas para el periodo del 1 de abril de 2009
al 31 de marzo de 2011 y para el periodo del 1 de abril de
2011 al 31 de marzo de 2013. No obstante, se informó que
en cuanto a estos periodos la togada aún no ha sido citada
a una vista informal, según lo establece la Regla 32(c)
del Reglamento del PEJC, 4 LPRA Ap. XVII-E, R. 32(c).
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4
Examinado el Informe presentado por la Directora del
PEJC, el 28 de febrero de 2014, emitimos una Resolución
mediante la cual le concedimos un término de 20 días a la
licenciada
González
Dávila
para
que
compareciera
y
mostrara causa por la cual no debía ser suspendida del
ejercicio de la abogacía. Esto, por incumplir con los
requisitos
de
educación
jurídica
continua
y
por
no
comparecer ante el PEJC cuando le fue requerido. El 12 de
mayo de 2014, la mencionada Resolución le fue notificada
personalmente a la togada por conducto de la Oficina del
Alguacil
de
este
Tribunal.
Ello
comunicaciones
que
se
constaban
la
licenciada
de
enviaron
a
se
debió
las
que
las
direcciones
que
González
a
Dávila
fueron
devueltas por el correo.
Transcurrido
más
de
un
mes
desde
la
notificación
personal de la reseñada Resolución, el 18 de junio de
2014, la licenciada González Dávila compareció mediante
Moción en cumplimiento de Resolución. En ésta, detalló que
el 3 de junio de 2014 acudió a la oficina del PEJC para
que le informaran el estatus de sus créditos de educación
jurídica continua y conocer el procedimiento a seguir.
Expresó que está consciente que se encuentra atrasada con
los
aludidos
ponerse
al
créditos
día.
y
que
Asimismo,
tiene
manifestó
la
disposición
que
debido
a
de
su
precaria situación económica se le ha dificultado tomar
los cursos por motivo del alto costo de éstos. Indicó que
se
encuentra
desempleada
y
que
ocasionalmente
otorga
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documentos notariales. Finalmente, la letrada le solicitó
a
este
Tribunal
una
oportunidad
para
cumplir
con
los
requerimientos del PEJC.
Ponderada la comparecencia de la licenciada González
Dávila, el 26 de junio de 2014, emitimos una Resolución en
la cual le concedimos un término de 90 días para que
cumpliera con todos los cursos que le faltaba por tomar y,
a su vez, presentara la correspondiente certificación de
cumplimiento emitida por el PEJC. Esta Resolución le fue
notificada a la togada el 27 de junio de 2014, por medio
de la dirección electrónica con la que ésta suscribió su
Moción en cumplimiento de Resolución. Además, el 8 de
julio de 2014, se le notificó la Resolución a través de la
última dirección postal que consta en el Registro Único de
Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA). A la fecha en
que se emite este pronunciamiento, la licenciada González
Dávila no ha comparecido ni mucho menos ha cumplido con
nuestra orden.
II
Como es ampliamente conocido, este Tribunal tiene la
encomienda de procurar que los miembros admitidos a la
práctica de la abogacía ejerzan sus funciones responsable,
competente y diligentemente. In re Vera Vélez, res. el 14
de enero de 2015, 2015 TSPR 7, 192 DPR ___ (2015); In re
Del Castillo Del Valle, res. el 1 de octubre de 2014, 2014
TSPR 126, 191 DPR ___ (2014); In re Rodríguez Amaro, 189
DPR 307 (2013); In re López Morales, 184 DPR 334, 347
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(2012). En lo pertinente al asunto ante nos, en infinidad
de ocasiones hemos enfatizado que los abogados tienen el
deber y la obligación de responder diligentemente a las
órdenes emitidas por este Tribunal. In re Vera Vélez,
supra; In re Pérez Román, res. el 20 de junio de 2014,
2014 TSPR 98, 191 DPR ___ (2014); In re Sosa Suárez, res.
el 10 de julio de 2014, 2014 TSPR 90, 191 DPR ___ (2014);
In re Medina Perea, 190 DPR 241 (2014). Un letrado que
ignora las órdenes dictadas por este Tribunal infringe el
precepto ético que dispone que “[e]l abogado debe observar
para con los tribunales una conducta que se caracterice
por el mayor respeto”. 4 LPRA Ap. IX, C. 9. Véanse, In re
Pérez Román, supra; In re Sosa Suárez, supra; In re Medina
Perea, supra; In re Da Silva Arocho, 189 DPR 888 (2013).
Ante ello, procede la suspensión inmediata de aquellos
miembros de la profesión que hagan caso omiso a nuestros
requerimientos.
Román,
supra;
In
re
In re
Vera
Sosa
Vélez,
supra;
In
re
Pérez
Suárez,
supra;
In
re
Medina
Perea, supra; In re Da Silva Arocho, supra. Sin duda, la
actitud de indiferencia y menosprecio a la autoridad del
Tribunal no puede ser tomada livianamente, pues constituye
un curso de acción inaceptable que acarrea la suspensión
inmediata de la práctica jurídica. In re Medina Perea,
supra; In re Da Silva Arocho, supra; In re López González,
189 DPR 581 (2013); In re Piñeiro Vega, 188 DPR 77 (2013).
Examinada la normativa aplicable, pasamos a resolver
el asunto que nos ocupa.
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III
Conforme indicamos, la licenciada González Dávila ha
hecho caso omiso a las órdenes emitidas por este Tribunal
mediante la Resolución del 26 de junio de 2014. No cabe
duda de que
con
su proceder
la
togada
contraviene la
ineludible obligación de todo miembro de la profesión de
responder,
diligente
y
oportunamente,
a
las
órdenes
dictadas por este Tribunal. Más bien, su actitud denota
indiferencia
y
displicencia
al
incumplir
con
nuestros
dictámenes.
Ante el cuadro descrito, procede que este Tribunal
ejerza su facultad inherente de regular la profesión y,
por consiguiente, suspenda inmediatamente del ejercicio de
la abogacía a la licenciada González Dávila.
IV
En virtud de la normativa que antecede, suspendemos
inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía a
la Lcda. Annette González Dávila.
A tono con ello, se le impone a la señora González
Dávila el deber de notificar a todos sus clientes sobre su
inhabilidad para continuar representándolos, y devolverles
cualesquiera
honorarios
recibidos
realizados.
De
igual
forma,
oportunamente
de
su
suspensión
por
tendrá
a
trabajos
que
cualquier
no
informar
sala
del
Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el
que
tenga
certificar
algún
ante
caso
este
pendiente.
Tribunal
el
Deberá
acreditar
cumplimiento
con
y
lo
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anterior, dentro del término de 30 días contados a partir
de la notificación de la presente Opinión Per Curiam y
Sentencia.
Por
su
parte,
Tribunal
incautar
notarial
de
la
se
ordena
al
Alguacil
inmediatamente
la
obra
señora
le
González
Dávila
y
y
de
el
este
sello
entregar
los
mismos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías
para la correspondiente investigación e informe.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia a la Sra. Annette González Dávila por la Oficina
del Alguacil de este Tribunal.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Annette González Dávila
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SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2015.
Por las razones expuestas en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte de la presente Sentencia, se suspende
inmediata e indefinidamente del ejercicio de la
abogacía a la Lcda. Annette González Dávila.
A tono con ello, se le impone a la señora
González Dávila el deber de notificar a todos
sus clientes sobre su inhabilidad para continuar
representándolos,
y
devolverles
cualesquiera
honorarios recibidos por trabajos no realizados.
De
igual
forma,
tendrá
que
informar
oportunamente de su suspensión a cualquier sala
del
Tribunal
General
de
Justicia
o
foro
administrativo en el que tenga algún caso
pendiente. Deberá acreditar y certificar ante
este Tribunal el cumplimiento con lo anterior,
dentro del término de 30 días contados a partir
de la notificación de la presente Opinión Per
Curiam y Sentencia.
Por su parte, se le ordena al Alguacil de
este Tribunal incautar inmediatamente la obra y
el sello notarial de la señora González Dávila y
entregar los mismos al Director de la Oficina de
Inspección de Notarías para la correspondiente
investigación e informe.
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2
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia a la Sra. Annette González Dávila por la
Oficina del Alguacil de este Tribunal.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo