LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Sara Cortés v. Wesleyan Academy, et al.

2015 TSPR 40

Poder Judicial de Puerto Rico

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Sara Cortés v. Wesleyan Academy, et al.

CC-2014-77

Resolución del Tribunal con Votos

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Sara Cortés, et al.

Certiorari

Peticionarios

v.

2015 TSPR 40

Wesleyan Academy, et al.

192 DPR ____

Recurridos

Número del Caso:

CC-2014-77

Fecha: 14 de abril de 2015

Materia: Resolución con Votos

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

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del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un

servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Sara Cortés, et al.

Peticionarios

CC-2014-0077

v.

Wesleyan Academy, et al.

Recurridos

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 14 de abril de 2015

Examinada la Petición de Certiorari, presentada por la

parte peticionaria en el caso de epígrafe, se provee no ha

lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo.

La Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez emitió un Voto Particular Disidente al que se une

la Jueza Presidenta señora Fiol Matta y la Jueza Asociada

Oronoz Rodríguez. El Juez Asociado señor Martínez Torres

hace constar la siguiente expresión a la que se une la

Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado

señor Feliberti Cintrón:

“Como la revisión es contra el resultado y no

contra los fundamentos del dictamen del Tribunal

de Apelaciones, voto conforme con proveer no ha

lugar al recurso. La demanda presentada carece

de una causa válida, pues las alegaciones no

configuran una violación de contrato ni una

privación de derechos del menor involucrado,

sino el ejercicio válido de disciplina de las

autoridades

de

un

colegio

privado.

Estas

prefirieron imponer una sanción disciplinaria al

estudiante, a pesar de que pudieron haberlo

expulsado

después

de

adjudicar

que

este

desparramó una botella de orín en el armario

(“locker”) de una compañera de estudios. Como

las escuelas –religiosas o no- tienen discreción

para

adoptar

e

implementar

normas

para

disciplinar

a

los

estudiantes

que

ellas

determinen que abusaron de otros (“bullies”),

las alegaciones no presentan una causa de acción

contra

este

colegio.

Regla

10.2(5)

de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.”

CC-2014-0077

2

El Juez Asociado señor Rivera García emitió un Voto

Particular de Conformidad al que se une el Juez Asociado

señor Kolthoff Caraballo. El Juez Asociado señor Estrella

Martínez está inhibido.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Sara Cortés, et al.

Peticionaria

v.

CC 2014-0077

Wesleyan Academy, et al.

Recurridos

Voto Particular de Conformidad emitido por el

Asociado señor Rivera García al cual se une el

Asociado señor Kolthoff Caraballo

Juez

Juez

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de abril de 2015.

Ante situaciones que amenacen los intereses,

el bienestar o

la seguridad de

los menores de

edad, no hay duda de que los tribunales tienen el

deber insoslayable de actuar de manera diligente

dentro

del

independientemente

marco

de

si

en

legal

aplicable,

el

particular

caso

está involucrada alguna institución religiosa. En

ese contexto, este Tribunal, como máxima autoridad

del

Poder

Judicial,

debe

asegurarse

de

que

nuestros tribunales y funcionarios no incurran en

actuaciones contrarias a esa responsabilidad de

proteger a nuestras niñas y niños. Precisamente

CC-2014-0077

2

por ello, presto particular atención y cuidado a aquellos

casos cuyo eje central es un menor de edad y siempre he

mostrado

disposición

a

avalar

normativas

promuevan sus mejores intereses.1

jurídicas

que

Es dentro de ese marco

de referencia que hoy expreso mi conformidad y anuencia

con la Resolución que antecede, porque entiendo que es

correcto

el

resultado

desestimatorio

alcanzado

por

el

Tribunal de Apelaciones, indistintamente de si coincido o

no

con

sus

fundamentos

sobre

la

presunta

falta

de

nuestra

evaluación

jurisdicción sobre la materia.2

En

ese

contexto,

para

fines

de

sobre si expedimos un recurso, no entra en consideración

el hecho de que una de las partes sea una institución

religiosa, porque al final del día eso no determina si

nuestros tribunales, o este Tribunal en última instancia,

pueden

evaluar

determinado

recurso

judicial.

Ante

la

presentación de cualquier caso en nuestros tribunales, lo

1

Véase, e.g., Rivera Serrano v. Mun. Autónomo de Guaynabo, 2014 TSPR

118, 191 DPR __ (2014), caso en que favorecimos la continuación de una

demanda de daños y perjuicios instada en representación de un menor y

en el que reiteramos que cualquier conflicto que un tribunal perciba

entre intereses ajenos y los de un menor de edad, se debe resolver a

favor de este, aun cuando ello conlleve interponer tales intereses por

encima de los intereses del Estado.

2

En innumerables ocasiones, este Tribunal ha expresado que nuestra

revisión como último Foro Judicial debe ser sobre la sentencia o el

resultado y no sobre los fundamentos.

Asociación de Pescadores de

Punta de Figueroa, Inc. v. Marina del Puerto del Rey, Inc., 155 DPR

906, 920 (2001); Pueblo v. González Vega, 147 DPR 692, 702 (1999);

Sánchez v. Eastern Air Lines, Inc., 114 DPR 691, 695 (1983); Collado

v. E.L.A., 98 DPR 111, 114 (1969); Rodríguez v. Serra, 90 DPR 776, 777

(1964); Corrada v. Asamblea Municipal de Morovis, 79 DPR 36, 370

(1956); Sucesión Nieves v. Sucesión Sánchez, 17 DPR 872, 875 (1911).

En otros términos, si nos encontramos ante una petición de certiorari

y entendemos que el resultado alcanzado por el Tribunal de Apelaciones

es correcto, independientemente de si los fundamentos que utilizó para

alcanzarlo son incorrectos, nuestra discreción debe movernos a denegar

el recurso peticionado.

CC-2014-0077

que

3

procede

es

evaluar

sus

hechos

particulares

y

determinar si hay una causa de acción válida que permita

la

concesión

de

un

remedio,

y

como

consecuencia,

la

continuación del pleito. Por lo tanto, si los tribunales

no se encuentran ante ese escenario lo que procede es la

desestimación del caso.

El caso de epígrafe se originó en el 2007 cuando el

entonces

menor

de

edad

E.D.C.

fue

disciplinado

por

la

Academia Wesleyan porque presuntamente incurrió en actos

de acoso escolar o “bullying” al recolectar y fermentar

orín

y

esparcirlo

sobre

las

pertenencias

de

otra

estudiante menor que él. A raíz de esos hechos, los padres

del menor presentaron una demanda en daños y perjuicios

por presunto incumplimiento de contrato y violación de los

derechos de E.D.C. Luego de varios trámites, el Tribunal

de Apelaciones revocó al Tribunal de Primera Instancia y

ordenó la desestimación del caso. Así las cosas, la parte

demandante acudió ante esta Curia mediante una petición de

certiorari.

Ante ese petitorio, y conforme al esquema explicado

anteriormente

concerniente

aplicable

nivel

a

dictamines

dirigida

resultado

a

a

la

adjudicación

judicial

apelativo

en

la

de

revisión

recurridos,

mi

evaluación

inicial

determinar

si

estaba

acuerdo

alcanzado

independientemente

de

por

los

el

de

los

estaba

con

el

Tribunal

de

Apelaciones,

fundamentos

que

el

tribunal

esbozó en su sentencia. Así que, luego de evaluar con sumo

CC-2014-0077

4

detenimiento el recurso presentado y todos los documentos

incluidos (sentencias, demanda, demanda enmendada, etc.),

concluí que sí procedía la desestimación del mismo. Esto

porque

la

parte

demandante

no

logró

demostrar

ni

tan

siquiera inicial y preliminarmente que, en efecto, contaba

con

una

causa

de

acción

válida

que

ameritara

la

continuación del pleito. Por lo tanto, en ejercicio de mi

criterio judicial, no hallé razón para expedir el recurso

peticionado.

Ante

ese

miembros

de

ejercicio

esta

distinguida

Curia,

compañera

Rodríguez

gaste

fundamento

utilizado

tan

resulta

Juez

papel

y

por

básico

común

para

los

que

la

“sorpresivo”

Asociada

tinta

el

y

señora

exponiendo

Tribunal

de

Rodríguez

por

qué

el

Apelaciones

es

incorrecto. En ese sentido, sus expresiones no tan solo

resultan inaplicables, sino totalmente forzadas

quisiera

expresar

su

incomodidad

con

otras

como si

situaciones

recientes que nada tienen que ver con los méritos del

presente caso. Después de todo, ¿qué relación guarda la

denegatoria

que

hoy

“proyectar

siempre,

certificamos

con

nuestras

con

nuestro

acciones

y

deber

de

nuestras

expresiones públicas, imparcialidad, ecuanimidad y total

ausencia

de

comprometamos

abanderamientos”,

“con

los

de

contenidos

manera

que

no

nos

de

una

creencia

religiosa”?3 Ciertamente, la compañera Juez Asociada falla

en brindarnos una explicación lógica, clara y coherente

3

Véase, Voto Particular Disidente de la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez, pág. 5.

CC-2014-0077

sobre

el

5

particular.

La

disposición

de

este

caso

para

efectos de este Tribunal, no tiene relación alguna con el

hecho de que haya una institución religiosa involucrada.

En ese sentido, nadie debe tener duda de que las puertas

de los tribunales están abiertas para todo ciudadano o

entidad

que

entienda

que

sus

derechos

han

sido

violentados, independientemente esté envuelta una entidad

religiosa.

Por último, debo reseñar brevemente parte del trámite

interno

del

presente

procesamiento

atípico

caso

que

ha

a

fin

de

llevado

a

ilustrar

las

partes

el

a

esperar más de diez meses para conocer de la expedición o

denegatoria del mismo. El 23 de mayo de 2014, celebramos

una

reunión

de

Sala

de

Despacho

compuesta

por

cuatro

miembros de este Tribunal.4 En aquella ocasión, según surge

de la Minuta, la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez,

quien fungía como Presidenta y tenía este caso asignado,

informó

sobre

el

mismo

y

recomendó

su

expedición.

No

obstante, tanto el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo

como este Juez Asociado señor Rivera García votamos para

denegar

el

recurso.

Mientras,

el

Juez

Asociado

señor

Estrella Martínez informó que estaba inhibido. Siendo así,

el recurso fue denegado en votación 2-1 y le correspondía

a

4

la

compañera

Juez

Asociada

emitir

y

certificar

la

En el caso de autos, debido al retiro del Juez Presidente señor

Hernández Denton y durante el tiempo en que estuvo la vacante, se

alteró la composición de las salas de despacho constituyéndose dos

salas de cuatro jueces y juezas cada una. Véase In re: Integración

Salas De Despacho, 190 DPR 978 (2014).

CC-2014-0077

6

correspondiente Resolución.5 Empero, no es hasta el 1 de

diciembre de 2014, seis meses después de la votación, que

la

Juez

voto

Asociada

particular

señora

Rodríguez

disidente

junto

Rodríguez

circula

con

Resolución

la

un

denegatoria de la Sala.

No

conforme

con

ello,

la

compañera

Juez

Asociada

ignora el procedimiento establecido en el Reglamento de

este

Tribunal

y

circula

su

voto

particular

para

la

consideración de todos los miembros de esta Curia, aun

cuando

una

Sala

de

Despacho

no

había

recomendado

su

expedición. Así las cosas, el Pleno optó por intervenir en

la evaluación sobre si expedíamos o no el presente caso y

determinó

por

mayoría

de

votos

que

no

procedía

su

expedición. Luego de esa negativa, la Juez Asociada señora

Rodríguez

Rodríguez

adicionales

para

esperó

circular

alrededor

un

nuevo

de

voto

dos

meses

particular

disidente.

5

Como es sabido, el Reglamento del Tribunal Supremo dispone la forma

en que este Tribunal acogerá los asuntos que llegan ante nuestra

consideración. Específicamente, la Regla 4 dispone cómo ha de regir el

funcionamiento de las Salas de Despacho. In re: Salas De Despacho 184

DPR 510 (2012). Así, el referido Reglamento establece que para

recomendar la expedición de un auto se requerirán los votos de por lo

menos la mitad de los Jueces o las Juezas que intervengan. Íd. Es

decir, en una sala compuesta por tres jueces, se puede recomendar la

expedición de un recurso siempre que haya al menos dos votos. De lo

contrario, se declarará no ha lugar, en cuyo caso el Juez o la Jueza a

quien le fue asignado el caso emitirá una Resolución que haga constar

la decisión tomada. Ahora bien, cuando la mayoría de los miembros que

componen la Sala de Despacho proveen no ha lugar al recurso, en una

posterior solicitud de reconsideración podrá ser atendido por una Sala

de Despacho distinta para que el mismo sea evaluado por otros jueces.

De esta manera, todo el Pleno tendrá la oportunidad de examinar y

ponderar los argumentos de las partes para así disponer del recurso.

CC-2014-0077

7

Como se recordará, en In re: Solicitud Aumentar Núm.

Jueces TS, 180 DPR 54 (2010), solicitamos a la Asamblea

Legislativa que promulgara una ley para aumentar a nueve

el número de jueces miembros de este Tribunal Supremo. El

propósito

de

tal

solicitud

se

debió

a

la

auténtica

preocupación que tenía este Tribunal por la demora que

enfrentaban los casos en calendario. En consecuencia, la

Asamblea

Legislativa

accedió

a

nuestra

petición

y

tras

entrar en vigor el Reglamento enmendado se organizaron las

salas de despacho con el fin último de atender con mayor

agilidad y eficiencia los recursos presentados ante nos.

Ciertamente, la acción tomada por la Juez Asociada

señora

Rodríguez

Resolución

para

Rodríguez

de

retener

el

disponer

de

él

tanto

por

recurso

y

la

tiempo

no

coincide con el propósito de la creación de las Salas de

Despacho. Por el contrario, incide con el adecuado y buen

funcionamiento de las Salas y el objetivo primordial de

atender los asuntos que llegan ante nos con la premura que

merecen. Es inaceptable que algunos miembros de esta Curia

continúen con la vieja práctica de mantener aguantando los

recursos

alguna,

ante

nuestra

exponiendo

a

consideración

las

partes

a

sin

razón

dilaciones

y

válida

gastos

innecesarios.

Indudablemente,

compañera

Juez

no

Asociada

cuestiono

para

la

facultad

expresar

en

de

un

la

voto

particular disidente sus razones para expedir el recurso

solicitado. Sin embargo, ese proceder no debe conllevar un

CC-2014-0077

atraso

en

8

la

disposición

de

los

recursos

ante

nuestra

consideración, contrario a los claros objetivos de nuestro

funcionamiento

en

salas

de

despacho.

Máxime,

cuando

al

final se circulan expresiones disidentes cuyo contenido no

tan solo se distancia de las normas básicas de revisión,

sino

que

tienen

el

único

objetivo

de

funcionar

cuan

comunicado de prensa en ánimo de expresar su incomodidad

con

acontecimientos

recientes

no

relacionados

con

méritos del caso de epígrafe.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

los

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Sara Cortés, et al.

Peticionarios

v.

CC-2014-0077

Wesleyan Academy, et al.

Recurridos

Voto Particular Disidente emitido por la Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez al que se une la Jueza

Presidenta señora Fiol Matta y la Jueza Asociada Oronoz

Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 14 de abril de 2015.

La mayoría de este Tribunal se niega a revisar una

controversia de índole religiosa en la cual los foros de

instancia, mediante una lectura errónea de la libertad de

culto de una institución religiosa, la anteponen sobre un

reclamo en protección de menores.

entidad

educativa

amparo

de

las

religiosa

cláusulas

de

En esta ocasión, una

cuestionó,

con

libertad

de

éxito,

culto

y

al

de

separación de iglesia y estado, la jurisdicción sobre la

materia de los tribunales para adjudicar una demanda de

daños

y

perjuicios

e

incumplimiento

contractual.

En

específico, en la demanda se solicitó un remedio por los

daños y perjuicios ocasionados por la entidad religiosa

por el castigo que le impuso a un estudiante menor de

edad –hijo de los demandantes– y por la publicidad de los

CC-2014-0077

2

hechos a la comunidad escolar en alegada violación al

derecho a la privacidad del menor, según pactado mediante

un acuerdo de confidencialidad contractual.

En Puerto Rico, de ordinario, y por razón de un

sistema

judicial

unificado,

jurisdicción

o

autoridad

controversias

que

surjan

territoriales.

Por

los

para

dentro

tanto,

tribunales

atender

de

cuando

todas

nuestros

se

tienen

las

linderos

cuestiona

la

intervención de un tribunal por razón de una violación a

las cláusulas de separación de iglesia y Estado, no cabe

discutir la falta de jurisdicción sobre la materia de los

tribunales.

Es decir, cuando un tribunal tiene ante sí

una controversia que versa sobre asuntos religiosos, no

se trata de la falta de autoridad del foro judicial para

atender la controversia, pues de ordinario la tiene. En

todo

caso,

como

bien

resolvió

el

Tribunal

Supremo

de

Estados Unidos sobre un asunto similar en Hosanna-Tabor

Evangelical Lutheran Church and School v. EEOC., 132 S.

Ct. 694 (2012), lo que procede es evaluar si los límites

constitucionales impiden que se justifique la concesión

del remedio solicitado, pues su concesión violaría las

cláusulas de separación de iglesia y Estado.

En este caso, sin duda, las cláusulas de separación

de

iglesia

tribunal

y

pueda

Estado

no

conceder

impiden

el

que,

remedio

en

su

día,

un

solicitado

por

la

parte demandante si a la luz de los hechos y del Derecho

aplicable tal remedio procede. Esto es, las cláusulas de

CC-2014-0077

3

separación de iglesia y Estado no impiden que un tribunal

pueda conceder un remedio (1) si una entidad educativa

religiosa ocasionó daños y perjuicios en la imposición de

medidas

disciplinarias

a

un

estudiante,

y

(2)

si

la

entidad educativa religiosa incumplió con un contrato.

Estimo

que

certiorari

procede,

ante

entonces,

nuestra

expedir

el

consideración,

recurso

de

revocar

la

determinación del foro apelativo intermedio y ordenar la

continuación de los procedimientos ante el foro primario.6

Nuestra

función

como

intérpretes

de

nuestra

Constitución es hacer valer el contenido de cada una de

las

cláusulas

que

la

componen.

Si

bien

las

tres

cláusulas constitucionales que contemplan la libertad de

culto, la separación de iglesia y Estado y la prohibición

al establecimiento de una religión tradicionalmente han

sido denominadas “cláusulas religiosas”, entendemos que

esa terminología no atiende la verdadera naturaleza de

estas disposiciones constitucionales. Así, hemos decidido

referirnos a estas tres cláusulas en conjunto como las

cláusulas de separación de iglesia y Estado, partiendo de

la premisa que el principio detrás de estas normas es

precisamente, y tal como dispone nuestra Constitución, la

completa separación de iglesia y Estado.

Por tanto, ha

de ser este principio, ponderado en función de las demás

6

Adviértase que en esta etapa de los procedimientos lo

único que nos corresponde determinar es si en nuestro

ordenamiento los ciudadanos pueden acudir ante un

tribunal de derecho para ventilar controversias de daños

y perjuicios e incumplimiento contractual en contra de

una entidad religiosa sobre asuntos seculares.

CC-2014-0077

4

pautas axiológicas que contiene nuestra Constitución, y

respetando

los

mínimos

irreductibles

que

supone

el

Derecho Constitucional federal, el que guíe la aplicación

de las cláusulas de libertad de culto y de prohibición al

establecimiento de una religión.

Ello, sin embargo, no

ha de ser óbice para que este Tribunal, en el descargo de

sus prerrogativas judiciales, se dé a la tarea de darle

contenido normativo puntual al principio de separación de

iglesia

y

Estado.

presenta

una

Justamente,

oportunidad

el

caso

idónea,

que

y

nos

ocupa

posiblemente

desperdiciada, para ello.7

Nuestra responsabilidad constitucional nos obliga a

respetar

toda

incentivación

creencia

de

religiosa

alguna

en

y

nos

particular.

veda

En

la

otras

palabras, el respeto a las provisiones constitucionales

se traduce en que garanticemos la libertad de cada cual

para escoger las creencias religiosas que desea profesar,

si alguna.

aquellas

Lo que no podemos hacer es garantizar solo

creencias

precisamente

para

imprescindible

el

que

puedan

ser

alcanzar

ese

reconocimiento

las

nuestras.

ideal,

de

una

que

Es

es

estricta

separación entre la iglesia y el Estado.

7

Para una elocuente y breve exposición conceptual en

torno a las diferencias cualitativas entre principios y

normas, en el ámbito del Derecho, véase Robert Alexy,

Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica,

5 DOXA 139 (1988)(Manuel Atienza, trad.)(disponible en

http://www.biblioteca.org.ar /libros/141737.pdf) (última

visita, 12 de abril de 2015).

CC-2014-0077

5

La completa separación entre la iglesia y el Estado

es lo que permite garantizar el debido respeto a todas

las religiones y a todos sus creyentes; solo así podemos

cerciorarnos

de

que

ninguna

religión

sea

superior

que

otra, en perjuicio de aquéllas que no gozan del sitial

privilegiado;

solo

de

esta

manera

garantizamos

que

el

trato que reciben del Estado será de carácter imparcial e

igualitario;

solo

de

esta

manera

diferencias

marcadas

entre

unas

se

concilian

creencias

y

las

otras

propiciando así, la paz social; solo de esta manera se

respeta y valora la pluralidad, la individualidad y la

libertad

de

esencia

de

Abrazar

una

conciencia

toda

de

sociedad

creencia

cada

que

se

religiosa

cual,

valores

precie

en

de

la

democrática.

particular,

supone

irremisiblemente la lesión de los derechos de libertad

culto y de conciencia de los ciudadanos que no participan

del credo que el poder público se dedica a incentivar.

En esa tarea debemos proyectar siempre, con nuestras

acciones y nuestras expresiones públicas, imparcialidad,

ecuanimidad y total ausencia de abanderamientos.

Como

indiqué, al poder público le está vedado comprometerse

con los contenidos de una creencia religiosa.

cuentas,

al

asumir

Constitución

del

contra

enemigo

todo

el

Estado

cargo,

Libre

interior

juramos

Asociado

o

de

exterior;

A fin de

defender

la

Puerto

Rico

no

juramos

defender o adelantar los postulados que se recogen en el

Corán, o en la Biblia, o en la Torá o el Talmud, el Rig

CC-2014-0077

Veda

o

el

creencias

6

Baghabad

religiosas

Ghita

o

merecen

el

Tipitaka.

igual

trato

Todas

y

las

respeto,

igualmente merecen respeto e igual trato aquéllos que no

profesan ninguna.

Hacer lo contrario, es decir, colocar

en superior jerarquía alguna creencia en particular, pone

en tela de juicio nuestra imparcialidad institucional y

lacera irremediablemente la función adjudicadora de este

Tribunal.

Porque en esto creo, disiento.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada