Tribunal Supremo de Puerto Rico
Sara Cortés v. Wesleyan Academy, et al.
2015 TSPR 40
Poder Judicial de Puerto Rico
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Sara Cortés v. Wesleyan Academy, et al.
CC-2014-77
Resolución del Tribunal con Votos
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sara Cortés, et al.
Certiorari
Peticionarios
v.
2015 TSPR 40
Wesleyan Academy, et al.
192 DPR ____
Recurridos
Número del Caso:
CC-2014-77
Fecha: 14 de abril de 2015
Materia: Resolución con Votos
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sara Cortés, et al.
Peticionarios
CC-2014-0077
v.
Wesleyan Academy, et al.
Recurridos
RESOLUCIÓN
San Juan, Puerto Rico, a 14 de abril de 2015
Examinada la Petición de Certiorari, presentada por la
parte peticionaria en el caso de epígrafe, se provee no ha
lugar.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal Supremo.
La Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez emitió un Voto Particular Disidente al que se une
la Jueza Presidenta señora Fiol Matta y la Jueza Asociada
Oronoz Rodríguez. El Juez Asociado señor Martínez Torres
hace constar la siguiente expresión a la que se une la
Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado
señor Feliberti Cintrón:
“Como la revisión es contra el resultado y no
contra los fundamentos del dictamen del Tribunal
de Apelaciones, voto conforme con proveer no ha
lugar al recurso. La demanda presentada carece
de una causa válida, pues las alegaciones no
configuran una violación de contrato ni una
privación de derechos del menor involucrado,
sino el ejercicio válido de disciplina de las
autoridades
de
un
colegio
privado.
Estas
prefirieron imponer una sanción disciplinaria al
estudiante, a pesar de que pudieron haberlo
expulsado
después
de
adjudicar
que
este
desparramó una botella de orín en el armario
(“locker”) de una compañera de estudios. Como
las escuelas –religiosas o no- tienen discreción
para
adoptar
e
implementar
normas
para
disciplinar
a
los
estudiantes
que
ellas
determinen que abusaron de otros (“bullies”),
las alegaciones no presentan una causa de acción
contra
este
colegio.
Regla
10.2(5)
de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.”
CC-2014-0077
2
El Juez Asociado señor Rivera García emitió un Voto
Particular de Conformidad al que se une el Juez Asociado
señor Kolthoff Caraballo. El Juez Asociado señor Estrella
Martínez está inhibido.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sara Cortés, et al.
Peticionaria
v.
CC 2014-0077
Wesleyan Academy, et al.
Recurridos
Voto Particular de Conformidad emitido por el
Asociado señor Rivera García al cual se une el
Asociado señor Kolthoff Caraballo
Juez
Juez
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de abril de 2015.
Ante situaciones que amenacen los intereses,
el bienestar o
la seguridad de
los menores de
edad, no hay duda de que los tribunales tienen el
deber insoslayable de actuar de manera diligente
dentro
del
independientemente
marco
de
si
en
legal
aplicable,
el
particular
caso
está involucrada alguna institución religiosa. En
ese contexto, este Tribunal, como máxima autoridad
del
Poder
Judicial,
debe
asegurarse
de
que
nuestros tribunales y funcionarios no incurran en
actuaciones contrarias a esa responsabilidad de
proteger a nuestras niñas y niños. Precisamente
CC-2014-0077
2
por ello, presto particular atención y cuidado a aquellos
casos cuyo eje central es un menor de edad y siempre he
mostrado
disposición
a
avalar
normativas
promuevan sus mejores intereses.1
jurídicas
que
Es dentro de ese marco
de referencia que hoy expreso mi conformidad y anuencia
con la Resolución que antecede, porque entiendo que es
correcto
el
resultado
desestimatorio
alcanzado
por
el
Tribunal de Apelaciones, indistintamente de si coincido o
no
con
sus
fundamentos
sobre
la
presunta
falta
de
nuestra
evaluación
jurisdicción sobre la materia.2
En
ese
contexto,
para
fines
de
sobre si expedimos un recurso, no entra en consideración
el hecho de que una de las partes sea una institución
religiosa, porque al final del día eso no determina si
nuestros tribunales, o este Tribunal en última instancia,
pueden
evaluar
determinado
recurso
judicial.
Ante
la
presentación de cualquier caso en nuestros tribunales, lo
1
Véase, e.g., Rivera Serrano v. Mun. Autónomo de Guaynabo, 2014 TSPR
118, 191 DPR __ (2014), caso en que favorecimos la continuación de una
demanda de daños y perjuicios instada en representación de un menor y
en el que reiteramos que cualquier conflicto que un tribunal perciba
entre intereses ajenos y los de un menor de edad, se debe resolver a
favor de este, aun cuando ello conlleve interponer tales intereses por
encima de los intereses del Estado.
2
En innumerables ocasiones, este Tribunal ha expresado que nuestra
revisión como último Foro Judicial debe ser sobre la sentencia o el
resultado y no sobre los fundamentos.
Asociación de Pescadores de
Punta de Figueroa, Inc. v. Marina del Puerto del Rey, Inc., 155 DPR
906, 920 (2001); Pueblo v. González Vega, 147 DPR 692, 702 (1999);
Sánchez v. Eastern Air Lines, Inc., 114 DPR 691, 695 (1983); Collado
v. E.L.A., 98 DPR 111, 114 (1969); Rodríguez v. Serra, 90 DPR 776, 777
(1964); Corrada v. Asamblea Municipal de Morovis, 79 DPR 36, 370
(1956); Sucesión Nieves v. Sucesión Sánchez, 17 DPR 872, 875 (1911).
En otros términos, si nos encontramos ante una petición de certiorari
y entendemos que el resultado alcanzado por el Tribunal de Apelaciones
es correcto, independientemente de si los fundamentos que utilizó para
alcanzarlo son incorrectos, nuestra discreción debe movernos a denegar
el recurso peticionado.
CC-2014-0077
que
3
procede
es
evaluar
sus
hechos
particulares
y
determinar si hay una causa de acción válida que permita
la
concesión
de
un
remedio,
y
como
consecuencia,
la
continuación del pleito. Por lo tanto, si los tribunales
no se encuentran ante ese escenario lo que procede es la
desestimación del caso.
El caso de epígrafe se originó en el 2007 cuando el
entonces
menor
de
edad
E.D.C.
fue
disciplinado
por
la
Academia Wesleyan porque presuntamente incurrió en actos
de acoso escolar o “bullying” al recolectar y fermentar
orín
y
esparcirlo
sobre
las
pertenencias
de
otra
estudiante menor que él. A raíz de esos hechos, los padres
del menor presentaron una demanda en daños y perjuicios
por presunto incumplimiento de contrato y violación de los
derechos de E.D.C. Luego de varios trámites, el Tribunal
de Apelaciones revocó al Tribunal de Primera Instancia y
ordenó la desestimación del caso. Así las cosas, la parte
demandante acudió ante esta Curia mediante una petición de
certiorari.
Ante ese petitorio, y conforme al esquema explicado
anteriormente
concerniente
aplicable
nivel
a
dictamines
dirigida
resultado
a
a
la
adjudicación
judicial
apelativo
en
la
de
revisión
recurridos,
mi
evaluación
inicial
determinar
si
estaba
acuerdo
alcanzado
independientemente
de
por
los
el
de
los
estaba
con
el
Tribunal
de
Apelaciones,
fundamentos
que
el
tribunal
esbozó en su sentencia. Así que, luego de evaluar con sumo
CC-2014-0077
4
detenimiento el recurso presentado y todos los documentos
incluidos (sentencias, demanda, demanda enmendada, etc.),
concluí que sí procedía la desestimación del mismo. Esto
porque
la
parte
demandante
no
logró
demostrar
ni
tan
siquiera inicial y preliminarmente que, en efecto, contaba
con
una
causa
de
acción
válida
que
ameritara
la
continuación del pleito. Por lo tanto, en ejercicio de mi
criterio judicial, no hallé razón para expedir el recurso
peticionado.
Ante
ese
miembros
de
ejercicio
esta
distinguida
Curia,
compañera
Rodríguez
gaste
fundamento
utilizado
tan
resulta
Juez
papel
y
por
básico
común
para
los
que
la
“sorpresivo”
Asociada
tinta
el
y
señora
exponiendo
Tribunal
de
Rodríguez
por
qué
el
Apelaciones
es
incorrecto. En ese sentido, sus expresiones no tan solo
resultan inaplicables, sino totalmente forzadas
quisiera
expresar
su
incomodidad
con
otras
como si
situaciones
recientes que nada tienen que ver con los méritos del
presente caso. Después de todo, ¿qué relación guarda la
denegatoria
que
hoy
“proyectar
siempre,
certificamos
con
nuestras
con
nuestro
acciones
y
deber
de
nuestras
expresiones públicas, imparcialidad, ecuanimidad y total
ausencia
de
comprometamos
abanderamientos”,
“con
los
de
contenidos
manera
que
no
nos
de
una
creencia
religiosa”?3 Ciertamente, la compañera Juez Asociada falla
en brindarnos una explicación lógica, clara y coherente
3
Véase, Voto Particular Disidente de la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez, pág. 5.
CC-2014-0077
sobre
el
5
particular.
La
disposición
de
este
caso
para
efectos de este Tribunal, no tiene relación alguna con el
hecho de que haya una institución religiosa involucrada.
En ese sentido, nadie debe tener duda de que las puertas
de los tribunales están abiertas para todo ciudadano o
entidad
que
entienda
que
sus
derechos
han
sido
violentados, independientemente esté envuelta una entidad
religiosa.
Por último, debo reseñar brevemente parte del trámite
interno
del
presente
procesamiento
atípico
caso
que
ha
a
fin
de
llevado
a
ilustrar
las
partes
el
a
esperar más de diez meses para conocer de la expedición o
denegatoria del mismo. El 23 de mayo de 2014, celebramos
una
reunión
de
Sala
de
Despacho
compuesta
por
cuatro
miembros de este Tribunal.4 En aquella ocasión, según surge
de la Minuta, la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez,
quien fungía como Presidenta y tenía este caso asignado,
informó
sobre
el
mismo
y
recomendó
su
expedición.
No
obstante, tanto el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
como este Juez Asociado señor Rivera García votamos para
denegar
el
recurso.
Mientras,
el
Juez
Asociado
señor
Estrella Martínez informó que estaba inhibido. Siendo así,
el recurso fue denegado en votación 2-1 y le correspondía
a
4
la
compañera
Juez
Asociada
emitir
y
certificar
la
En el caso de autos, debido al retiro del Juez Presidente señor
Hernández Denton y durante el tiempo en que estuvo la vacante, se
alteró la composición de las salas de despacho constituyéndose dos
salas de cuatro jueces y juezas cada una. Véase In re: Integración
Salas De Despacho, 190 DPR 978 (2014).
CC-2014-0077
6
correspondiente Resolución.5 Empero, no es hasta el 1 de
diciembre de 2014, seis meses después de la votación, que
la
Juez
voto
Asociada
particular
señora
Rodríguez
disidente
junto
Rodríguez
circula
con
Resolución
la
un
denegatoria de la Sala.
No
conforme
con
ello,
la
compañera
Juez
Asociada
ignora el procedimiento establecido en el Reglamento de
este
Tribunal
y
circula
su
voto
particular
para
la
consideración de todos los miembros de esta Curia, aun
cuando
una
Sala
de
Despacho
no
había
recomendado
su
expedición. Así las cosas, el Pleno optó por intervenir en
la evaluación sobre si expedíamos o no el presente caso y
determinó
por
mayoría
de
votos
que
no
procedía
su
expedición. Luego de esa negativa, la Juez Asociada señora
Rodríguez
Rodríguez
adicionales
para
esperó
circular
alrededor
un
nuevo
de
voto
dos
meses
particular
disidente.
5
Como es sabido, el Reglamento del Tribunal Supremo dispone la forma
en que este Tribunal acogerá los asuntos que llegan ante nuestra
consideración. Específicamente, la Regla 4 dispone cómo ha de regir el
funcionamiento de las Salas de Despacho. In re: Salas De Despacho 184
DPR 510 (2012). Así, el referido Reglamento establece que para
recomendar la expedición de un auto se requerirán los votos de por lo
menos la mitad de los Jueces o las Juezas que intervengan. Íd. Es
decir, en una sala compuesta por tres jueces, se puede recomendar la
expedición de un recurso siempre que haya al menos dos votos. De lo
contrario, se declarará no ha lugar, en cuyo caso el Juez o la Jueza a
quien le fue asignado el caso emitirá una Resolución que haga constar
la decisión tomada. Ahora bien, cuando la mayoría de los miembros que
componen la Sala de Despacho proveen no ha lugar al recurso, en una
posterior solicitud de reconsideración podrá ser atendido por una Sala
de Despacho distinta para que el mismo sea evaluado por otros jueces.
De esta manera, todo el Pleno tendrá la oportunidad de examinar y
ponderar los argumentos de las partes para así disponer del recurso.
CC-2014-0077
7
Como se recordará, en In re: Solicitud Aumentar Núm.
Jueces TS, 180 DPR 54 (2010), solicitamos a la Asamblea
Legislativa que promulgara una ley para aumentar a nueve
el número de jueces miembros de este Tribunal Supremo. El
propósito
de
tal
solicitud
se
debió
a
la
auténtica
preocupación que tenía este Tribunal por la demora que
enfrentaban los casos en calendario. En consecuencia, la
Asamblea
Legislativa
accedió
a
nuestra
petición
y
tras
entrar en vigor el Reglamento enmendado se organizaron las
salas de despacho con el fin último de atender con mayor
agilidad y eficiencia los recursos presentados ante nos.
Ciertamente, la acción tomada por la Juez Asociada
señora
Rodríguez
Resolución
para
Rodríguez
de
retener
el
disponer
de
él
tanto
por
recurso
y
la
tiempo
no
coincide con el propósito de la creación de las Salas de
Despacho. Por el contrario, incide con el adecuado y buen
funcionamiento de las Salas y el objetivo primordial de
atender los asuntos que llegan ante nos con la premura que
merecen. Es inaceptable que algunos miembros de esta Curia
continúen con la vieja práctica de mantener aguantando los
recursos
alguna,
ante
nuestra
exponiendo
a
consideración
las
partes
a
sin
razón
dilaciones
y
válida
gastos
innecesarios.
Indudablemente,
compañera
Juez
no
Asociada
cuestiono
para
la
facultad
expresar
en
de
un
la
voto
particular disidente sus razones para expedir el recurso
solicitado. Sin embargo, ese proceder no debe conllevar un
CC-2014-0077
atraso
en
8
la
disposición
de
los
recursos
ante
nuestra
consideración, contrario a los claros objetivos de nuestro
funcionamiento
en
salas
de
despacho.
Máxime,
cuando
al
final se circulan expresiones disidentes cuyo contenido no
tan solo se distancia de las normas básicas de revisión,
sino
que
tienen
el
único
objetivo
de
funcionar
cuan
comunicado de prensa en ánimo de expresar su incomodidad
con
acontecimientos
recientes
no
relacionados
con
méritos del caso de epígrafe.
Edgardo Rivera García
Juez Asociado
los
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sara Cortés, et al.
Peticionarios
v.
CC-2014-0077
Wesleyan Academy, et al.
Recurridos
Voto Particular Disidente emitido por la Juez Asociada
señora Rodríguez Rodríguez al que se une la Jueza
Presidenta señora Fiol Matta y la Jueza Asociada Oronoz
Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 14 de abril de 2015.
La mayoría de este Tribunal se niega a revisar una
controversia de índole religiosa en la cual los foros de
instancia, mediante una lectura errónea de la libertad de
culto de una institución religiosa, la anteponen sobre un
reclamo en protección de menores.
entidad
educativa
amparo
de
las
religiosa
cláusulas
de
En esta ocasión, una
cuestionó,
con
libertad
de
éxito,
culto
y
al
de
separación de iglesia y estado, la jurisdicción sobre la
materia de los tribunales para adjudicar una demanda de
daños
y
perjuicios
e
incumplimiento
contractual.
En
específico, en la demanda se solicitó un remedio por los
daños y perjuicios ocasionados por la entidad religiosa
por el castigo que le impuso a un estudiante menor de
edad –hijo de los demandantes– y por la publicidad de los
CC-2014-0077
2
hechos a la comunidad escolar en alegada violación al
derecho a la privacidad del menor, según pactado mediante
un acuerdo de confidencialidad contractual.
En Puerto Rico, de ordinario, y por razón de un
sistema
judicial
unificado,
jurisdicción
o
autoridad
controversias
que
surjan
territoriales.
Por
los
para
dentro
tanto,
tribunales
atender
de
cuando
todas
nuestros
se
tienen
las
linderos
cuestiona
la
intervención de un tribunal por razón de una violación a
las cláusulas de separación de iglesia y Estado, no cabe
discutir la falta de jurisdicción sobre la materia de los
tribunales.
Es decir, cuando un tribunal tiene ante sí
una controversia que versa sobre asuntos religiosos, no
se trata de la falta de autoridad del foro judicial para
atender la controversia, pues de ordinario la tiene. En
todo
caso,
como
bien
resolvió
el
Tribunal
Supremo
de
Estados Unidos sobre un asunto similar en Hosanna-Tabor
Evangelical Lutheran Church and School v. EEOC., 132 S.
Ct. 694 (2012), lo que procede es evaluar si los límites
constitucionales impiden que se justifique la concesión
del remedio solicitado, pues su concesión violaría las
cláusulas de separación de iglesia y Estado.
En este caso, sin duda, las cláusulas de separación
de
iglesia
tribunal
y
pueda
Estado
no
conceder
impiden
el
que,
remedio
en
su
día,
un
solicitado
por
la
parte demandante si a la luz de los hechos y del Derecho
aplicable tal remedio procede. Esto es, las cláusulas de
CC-2014-0077
3
separación de iglesia y Estado no impiden que un tribunal
pueda conceder un remedio (1) si una entidad educativa
religiosa ocasionó daños y perjuicios en la imposición de
medidas
disciplinarias
a
un
estudiante,
y
(2)
si
la
entidad educativa religiosa incumplió con un contrato.
Estimo
que
certiorari
procede,
ante
entonces,
nuestra
expedir
el
consideración,
recurso
de
revocar
la
determinación del foro apelativo intermedio y ordenar la
continuación de los procedimientos ante el foro primario.6
Nuestra
función
como
intérpretes
de
nuestra
Constitución es hacer valer el contenido de cada una de
las
cláusulas
que
la
componen.
Si
bien
las
tres
cláusulas constitucionales que contemplan la libertad de
culto, la separación de iglesia y Estado y la prohibición
al establecimiento de una religión tradicionalmente han
sido denominadas “cláusulas religiosas”, entendemos que
esa terminología no atiende la verdadera naturaleza de
estas disposiciones constitucionales. Así, hemos decidido
referirnos a estas tres cláusulas en conjunto como las
cláusulas de separación de iglesia y Estado, partiendo de
la premisa que el principio detrás de estas normas es
precisamente, y tal como dispone nuestra Constitución, la
completa separación de iglesia y Estado.
Por tanto, ha
de ser este principio, ponderado en función de las demás
6
Adviértase que en esta etapa de los procedimientos lo
único que nos corresponde determinar es si en nuestro
ordenamiento los ciudadanos pueden acudir ante un
tribunal de derecho para ventilar controversias de daños
y perjuicios e incumplimiento contractual en contra de
una entidad religiosa sobre asuntos seculares.
CC-2014-0077
4
pautas axiológicas que contiene nuestra Constitución, y
respetando
los
mínimos
irreductibles
que
supone
el
Derecho Constitucional federal, el que guíe la aplicación
de las cláusulas de libertad de culto y de prohibición al
establecimiento de una religión.
Ello, sin embargo, no
ha de ser óbice para que este Tribunal, en el descargo de
sus prerrogativas judiciales, se dé a la tarea de darle
contenido normativo puntual al principio de separación de
iglesia
y
Estado.
presenta
una
Justamente,
oportunidad
el
caso
idónea,
que
y
nos
ocupa
posiblemente
desperdiciada, para ello.7
Nuestra responsabilidad constitucional nos obliga a
respetar
toda
incentivación
creencia
de
religiosa
alguna
en
y
nos
particular.
veda
En
la
otras
palabras, el respeto a las provisiones constitucionales
se traduce en que garanticemos la libertad de cada cual
para escoger las creencias religiosas que desea profesar,
si alguna.
aquellas
Lo que no podemos hacer es garantizar solo
creencias
precisamente
para
imprescindible
el
que
puedan
ser
alcanzar
ese
reconocimiento
las
nuestras.
ideal,
de
una
que
Es
es
estricta
separación entre la iglesia y el Estado.
7
Para una elocuente y breve exposición conceptual en
torno a las diferencias cualitativas entre principios y
normas, en el ámbito del Derecho, véase Robert Alexy,
Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica,
5 DOXA 139 (1988)(Manuel Atienza, trad.)(disponible en
http://www.biblioteca.org.ar /libros/141737.pdf) (última
visita, 12 de abril de 2015).
CC-2014-0077
5
La completa separación entre la iglesia y el Estado
es lo que permite garantizar el debido respeto a todas
las religiones y a todos sus creyentes; solo así podemos
cerciorarnos
de
que
ninguna
religión
sea
superior
que
otra, en perjuicio de aquéllas que no gozan del sitial
privilegiado;
solo
de
esta
manera
garantizamos
que
el
trato que reciben del Estado será de carácter imparcial e
igualitario;
solo
de
esta
manera
diferencias
marcadas
entre
unas
se
concilian
creencias
y
las
otras
propiciando así, la paz social; solo de esta manera se
respeta y valora la pluralidad, la individualidad y la
libertad
de
esencia
de
Abrazar
una
conciencia
toda
de
sociedad
creencia
cada
que
se
religiosa
cual,
valores
precie
en
de
la
democrática.
particular,
supone
irremisiblemente la lesión de los derechos de libertad
culto y de conciencia de los ciudadanos que no participan
del credo que el poder público se dedica a incentivar.
En esa tarea debemos proyectar siempre, con nuestras
acciones y nuestras expresiones públicas, imparcialidad,
ecuanimidad y total ausencia de abanderamientos.
Como
indiqué, al poder público le está vedado comprometerse
con los contenidos de una creencia religiosa.
cuentas,
al
asumir
Constitución
del
contra
enemigo
todo
el
Estado
cargo,
Libre
interior
juramos
Asociado
o
de
exterior;
A fin de
defender
la
Puerto
Rico
no
juramos
defender o adelantar los postulados que se recogen en el
Corán, o en la Biblia, o en la Torá o el Talmud, el Rig
CC-2014-0077
Veda
o
el
creencias
6
Baghabad
religiosas
Ghita
o
merecen
el
Tipitaka.
igual
trato
Todas
y
las
respeto,
igualmente merecen respeto e igual trato aquéllos que no
profesan ninguna.
Hacer lo contrario, es decir, colocar
en superior jerarquía alguna creencia en particular, pone
en tela de juicio nuestra imparcialidad institucional y
lacera irremediablemente la función adjudicadora de este
Tribunal.
Porque en esto creo, disiento.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada