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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Fernando M. Machado Echevarría

2015 TSPR 31

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Fernando M. Machado Echevarría

AB-2013-373

Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía por incumplir requerimientos del Tribunal

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2015 TSPR 31

192 DPR ____

Fernando M. Machado Echevarría

Número del Caso: AB-2013-373

Fecha: 10 de marzo de 2015

Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 19 de marzo

de 2015, fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión

inmediata.

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Fernando M. Machado Echevarría

AB-2013-0373

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2015.

En innumerables ocasiones este Tribunal se ha

visto

obligado

profesión

a

suspender

togada

por

a

miembros

incumplir

de

con

la

las

disposiciones de nuestro Reglamento referentes a

los

procedimientos

disciplinarios,

órdenes emitidas por este foro.

así

como

con

El presente caso

es una de esas situaciones. Por los fundamentos

que

se

exponen

suspensión

a

continuación,

inmediata

e

ordenamos

indefinida

del

la

Lcdo.

Fernando M. Machado Echevarría de la práctica de

la abogacía.

AB-2013-0373

2

I

El Lcdo. Fernando M. Machado Echevarría (“licenciado

Machado”) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 4 de

enero

de

1994

y

al

ejercicio

de

la

notaría

el

16

de

noviembre de 1994.1 El 27 de agosto de 2013, el Sr. Israel

Negrón Torres (“señor Negrón”) presentó una queja ante nos

contra el licenciado Machado. En su escrito expuso que

contrató al licenciado Machado para que lo representara en

una reclamación de daños y perjuicios, pero este incumplió

con

varios

trámites

y

le

causó

daños

ascendentes

a

$160,000.00.

El

quejoso

adujo,

entre

otras

cosas,

que

el

licenciado Machado había sometido la referida reclamación

ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia,

pero

que

el

tribunal

incumplimientos

del

la

desestimó

licenciado

con

por

los

las

reiterados

órdenes

del

tribunal. Alegó que el licenciado no lo mantenía informado

sobre los incidentes procesales y que tampoco le notificó

sobre el resultado del caso. Surge del expediente que el

foro de primera instancia no solo desestimó el caso sino

que también le impuso al letrado una sanción económica. El

licenciado Machado ni pagó la sanción ni atendió la orden

del Tribunal.

Así

las

cosas,

el

señor

Negrón

instó

una

demanda

contra el licenciado Machado en la que, luego de llegar a

1

El licenciado Machado presentó su renuncia como notario ante este

Tribunal el 8 de julio de 1997.

AB-2013-0373

un

3

acuerdo

Instancia

de

transacción,

dictó

Sentencia

el

por

Tribunal

de

Estipulación

Primera

entre

las

partes. En la referida estipulación el letrado se obligó a

resarcir

la

cantidad

de

$75,000.00

mediante

pagos

parciales.

El 10 de octubre de 2013 la Subsecretaria de este

Tribunal

le

notificó

la

queja

al

licenciado

Machado

mediante correo postal con acuse de recibo mediante la

cual le concedimos al licenciado Machado un término de

diez (10) días para contestar la queja presentada en su

contra. No obstante, la misma fue devuelta por el correo

postal por la razón: “unclaimed”. El 5 de noviembre de

2013 se le envió una segunda notificación certificada con

acuse de recibo por correo postal concediéndole un término

de

diez

(10)

días

a

partir

de

la

notificación

para

comparecer con sus comentarios y reacciones por escrito en

torno

a

la

queja.

El

letrado

no

contestó

la

queja

y

tampoco compareció en el tiempo provisto.

Posteriormente, el 19 de marzo de 2014 emitimos una

Resolución mediante la cual le concedimos al licenciado

Machado

un

compareciera

presentada

término

ante

en

su

final

este

de

cinco

Tribunal

contra.

En

y

(5)

días

contestara

dicha

para

la

Resolución

que

queja

se

le

apercibió que su incumplimiento podría conllevar sanciones

disciplinarias

severas,

incluso

ejercicio de la profesión. El

la

suspensión

del

Alguacil de este Tribunal

AB-2013-0373

notificó

Machado

4

personalmente

Echevarría

en

dicha

unión

resolución

a

una

copia

al

licenciado

de

la

queja

presentada. Al día de hoy, el licenciado Machado aún no ha

comparecido ni ha contestado la queja presentada en su

contra.

II

Como

es

sabido,

los

Cánones

del

Código

de

Ética

Profesional establecen las normas mínimas de conducta que

rigen a los miembros de la profesión legal en el desempeño

de su delicada e importante labor. In re Colón Hernández,

189 DPR 275, 283 (2013); In re Peña Santiago, 185 DPR 764,

778 (2012). Específicamente, el Canon 9 dispone que el

abogado tiene el deber de observar para con los tribunales

una conducta que se caracterice por el mayor respeto. 4

LPRA Ap. IX.

En

innumerables

ocasiones

hemos

señalado

que

el

ejercicio de la profesión legal requiere una escrupulosa

atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal. In

re Ponce Ponce, 190 DPR 504, 508 (2014); In re Cuevas

Borrero, 185 DPR 189, 196 (2012); In re Vellón Reyes, 181

DPR 927, 932 (2011).

Además, hemos resuelto que incumplir con lo ordenado

por

este

Foro

y

demostrar

indiferencia

ante

nuestros

apercibimientos es razón suficiente para suspender a un

abogado

del

ejercicio

Aponte del Valle,

de

la

profesión

jurídica.

In

re

189 DPR 245, 249 (2013). En reiteradas

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5

ocasiones, a pesar de que esta Curia ha advertido sobre

este hecho, constantemente nos vemos precisados a dirimir

situaciones

en

las

que

un

gran

número

de

abogados

desatienden nuestras órdenes. In re Vega Pacheco, 188 DPR

731, 736 (2013), citando a In re Arroyo Rivera, 182 DPR

732, 736 (2011).

Así,

la

obligación

de

contestar

con

premura

y

diligencia cobran mayor importancia cuando las órdenes del

Tribunal

se

relacionan

con

procedimientos

de

conducta

profesional de los abogados. In re Marrero García, supra,

pág.

581;

In

re

Betancourt

Medina,

183

DPR

821,

824

(2011). Es obligación ineludible de todo miembro de la

profesión

legal

requerimientos

responder

del

de

Tribunal,

forma

diligente

a

los

independientemente

de

los

méritos de la queja presentada en su contra. In re Marrero

García, supra, pág. 581.

Hemos enfatizado la importancia que reviste el que

los abogados y abogadas de Puerto Rico cumplan con el

procedimiento

provisto

para

los

que se ventilen en su contra.

procesos

disciplinarios

In re Vega Pacheco, supra,

pág. 736. Una queja o una querella es una alegación que

señala que cierta conducta del abogado milita en contra de

los postulados éticos que rigen esta profesión. Id., pág.

7.

Independientemente de los méritos que tenga o no tenga

esa

alegación,

presente

una

todo

queja

abogado

y

tiene

obligación

la

abogada

contra

quien

se

indefectible

de

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6

comparecer a contestar la misma. Id. (Énfasis suplido).

Desatender ese trámite procesal revela un alto menosprecio

a la razón misma de la profesión de la abogacía y

al

propio

la

Tribunal

Supremo,

como

ente

regulador

de

profesión jurídica. Id.

III

En

el

presente

caso,

el

licenciado

Machado

ha

exhibido una actitud de desprecio e indiferencia hacia los

procesos disciplinarios y al desatender nuestras órdenes.

Tal dejadez equivale a una conducta de falta de respeto

ante el Tribunal. La actitud demostrada se agrava ante el

hecho de que el licenciado Machado no contestó la queja

después

de

haber

recibido

copia

de

nuestros

dictámenes

personalmente.

La Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo de

Puerto Rico establece claramente el procedimiento a seguir

cuando se presentan quejas y querellas contra abogados y

notarios. 4 LPRA Ap. XXI-B.

se

presente

ante

el

Allí se establece que una vez

Tribunal

una

queja

respecto

al

comportamiento de un abogado, el Secretario o Secretaria

del Tribunal le enviará una copia al abogado, para que

dentro de diez (10) días presente su posición en cuanto a

la misma. En el

presente caso, ha transcurrido

aproximadamente

sin

que

presentado

más

mínima

la

incomparecencia.

el

licenciado

causa

que

un año

Machado

haya

justifique

su

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7

Reiteramos que este Tribunal no vacilará en suspender

del

ejercicio

de

la

profesión

a

los

togados

que

así

actúen. In re Vega Pacheco, supra, pág. 737. Los abogados

son el espejo donde se refleja la imagen de la profesión.

Por

esta

razón,

deben

actuar

con

el

más

escrupuloso

sentido de responsabilidad que impone la función social

que ejercen. In re García Vega, 189 DPR 741, 757 (2013).

IV

Por los fundamentos que anteceden, concluimos que el

licenciado

Machado

Echevarría

infringió

el

Canon

9

del

Código de Ética Profesional, supra. En consecuencia, lo

suspendemos inmediata e indefinidamente del ejercicio de

la abogacía.

En vista de lo anterior, le imponemos el deber de

notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir

representándolos e informar oportunamente de su suspensión

indefinida

a

los

foros

judiciales

y

administrativos

de

Puerto Rico. Además, tiene la obligación de acreditar y

certificar

ante

este

Tribunal

el

cumplimiento

con

lo

anterior, dentro del término de 30 días a partir de la

notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Fernando M. Machado Echevarría

AB-2013-0373

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2015.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de

la presente Sentencia, decretamos la suspensión

indefinida e inmediata del ejercicio de la abogacía

y de la notaría del Lcdo. Fernando M. Machado

Echevarría por incumplir con el Canon 9 del Código

de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX al no responder

oportunamente a los requerimientos de este Foro.

Le imponemos el deber de notificar a todos sus

clientes

de

su

inhabilidad

de

seguir

representándolos e informar oportunamente de su

suspensión indefinida a los foros judiciales y

administrativos de Puerto Rico. Además, tiene la

obligación de acreditar y certificar ante este

Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del

término de 30 días a partir de la notificación de

esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo