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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., et al. v. Municipio de Dorado, et al

2015 TSPR 18

Poder Judicial de Puerto Rico

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Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., et al. v. Municipio de Dorado, et al

CT-2013-14

Resolución del Tribunal con Voto de Conformidad

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Watchtower Bible and Tract

Society of New York, Inc., et

al.

Recurridos

2015 TSPR 18

v.

192 DPR ____

Municipio de Dorado, et al.;

United States District Court

for the District of Puerto

Rico

Peticionarios

Número del Caso: CT-2013-14

Fecha: 27 de febrero de 2015

Parte Peticionaria:

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el

Distrito de Puerto Rico

Abogada de la Parte Demandante:

Lcda. Nora Vargas Acosta

Abogados de la Parte Demandada, Municipio Dorado:

Lcdo. Héctor Rivera Cruz

Lcdo. Iván J. Pasarell Jove

Amicus Curiae:

DBR Dorado Owner, LLC Coco Beach Maintenance, Inc.;

Serrallés Hotel

Lcdo. Arturo García Solá

Departamento de Justicia

Lcda. Margarita Mercado Echegaray

Procuradora General

Materia: Resolución

Disidente.

con

Voto

de

Conformidad

y

Voto

Particular

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Watchtower Bible and Tract

Society of New York, Inc.,

et al.

Recurridos

v.

CT-2013-0014

Municipio de Dorado, et al.;

United States District Court

for the District of Puerto

Rico

Peticionarios

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2015.

Examinada la Primera Moción de Reconsideración

presentada en el caso de epígrafe, se provee no ha

lugar.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado

señor Martínez Torres proveería no ha lugar por

falta de jurisdicción. El Juez Asociado señor

Rivera García emitió un voto de conformidad. La

Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió un

voto particular disidente. El Juez Asociado señor

Estrella Martínez reconsideraría y emitió la

expresión siguiente:

El Juez Asociado señor Estrella Martínez

reconsideraría

por

los

fundamentos

contenidos en su Opinión Disidente en el

caso Watchtower Bible and Tract Society

of New York, Inc., et al. v. Municipio de

Dorado, et al.; United States District

Court for the District of Puerto Rico,

2014 TSPR 138, 192 DPR ___, res. El 18 de

noviembre de 2014, CT-2013-0014.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Watchtower Bible and Track

Society of New York Inc., et

al.

Certificación

Recurridos

v.

CT-2013-0014

Mun. de Dorado, et al.

United States District Court

for the District of Puerto Rico

Peticionario

Voto de conformidad emitido por el Juez Asociado señor Rivera García

En San Juan, Puerto Rico, 27 de febrero de 2015.

Estoy conforme con la resolución que antecede

en

la

que

se

reconsideración

declara

no

presentada

ha

lugar

la

moción

por

el

Estado,

de

porque

estoy convencido de que la opinión que emitimos en

el caso de epígrafe es correcta en derecho. Ahora

bien, en esta ocasión me veo en la necesidad de

responder

a

falsas

y

descontextualizadas

expresiones emitidas por la compañera Juez Asociada

señora

Rodríguez

Rodríguez,

aprovecha

la

comodidad

incurrir

en

un

quien

una

vez

más

de

la

disidencia

para

ejercicio

de

catalogar

como

infundadas e irreflexivas toda posición contraria a

su

parecer,

implicando

que

en

su

imaginario,

el

CT-2013-0014

2

derecho es una ciencia exacta bajo la cual existe una sola

visión válida y correcta: la suya.

Lo irónico – y por demás desafortunado que ocurra en

nuestro Tribunal Supremo - es que la compañera

sustentar

su

postura

en

una

exposición

pretende

totalmente

tergiversada de la Opinión emitida. Esto con el patente

propósito de imputarle a una mayoría de este tribunal la

provocación de un “antagonismo socioeconómico” mediante un

presunto adelanto de “intereses privados” y de provocar

una “desigualdad social”. Verdaderamente, sus intenciones

son “tan claras que hieren la retina”. Le recordamos a la

distinguida Juez que, “bajo las nociones más elementales”,

no es sincero ni honrado inducir a error presentando una

desvirtuada e incompleta relación del derecho. Ante ello,

me veo precisado a aclarar las lagunas que evidentemente

reflejan

las

expresiones

del

voto

disidente,

y

así

reiterar los fundamentos que sustentaron nuestra pasada

decisión de Watchtower Bible Track Society of New York, et

al. v. Mun. de Dorado, et al., res. el 18 de noviembre de

2014, 2014 TSPR 138.

En

aquella

certificación

ocasión,

atendimos

interjurisdiccional

un

recurso

solicitado

por

de

el

Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Puerto

Rico

mediante

siguiente:

el

¿Permiten

cual

las

contestamos

la

leyes

Puerto

de

interrogante

Rico

la

existencia de calles residenciales privadas? Certificada

la referida pregunta, evaluamos las leyes vigentes con el

CT-2013-0014

3

objetivo de aclarar si nuestro ordenamiento jurídico, en

efecto,

reconoce

su

existencia.1

Se

trató

así

de

una

controversia novedosa a la luz de un contexto fáctico que

no habíamos considerado en el pasado. En ese sentido, este

Tribunal no creó una norma jurídica atípica en nuestro

ordenamiento y mucho menos revocó precedente legal alguno.

En esencia, las críticas de la Juez Asociada señora

Rodríguez

Rodríguez

se

circunscriben

a

señalar

que

alegadamente resolvimos que una calle puede ser privada

basándonos única y exclusivamente en la procedencia de los

fondos con los cuáles se construyó.2

Así por ejemplo,

sostiene que “una mayoría concluy[ó] que la determinación

en

cuanto

a

si

un

bien

como

las

calles

es

público

o

privado estriba exclusivamente en la procedencia de los

fondos

con

los

que

se

subvencionó

su

construcción”.3

También, arguye que abordamos cierta jurisprudencia para

“validar [nuestra] peculiar tesis de que, para determinar

si

las

calles

son

públicas

o

privadas,

tenemos

que

auscultar con que fondos estas se construyeron”.4

1

Dado a que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico no ha promulgado

una legislación especial en cuanto a esta materia, nuestro análisis se

circunscribió a estudiar los preceptos del Código Civil de Puerto Rico

y la jurisprudencia aplicable.

2

Note el lector que sí hicimos referencia al análisis del Profesor

Godreau referente a que el Art. 256 del Código Civil de Puerto Rico

contiene una lista de bienes “construidos o creados con fondos

públicos”. Véase, Watchtower Bible Track Society of New York, et al.

v. Mun. de Dorado, et al., res. el 18 de noviembre de 2014, 2014 TSPR

138, 24. Ello, como apoyo a la teoría de que ese artículo trata de

bienes en los que tiene injerencia el Estado.

3

Voto Particular disidente

Rodríguez, pág. 15.

4

Íd., pág. 15, n. 9.

de

la

Juez

Asociada

señora

Rodríguez

CT-2013-0014

4

La línea adjudicativa que la Juez Asociada le imputa

a

una

mayoría

de

esta

Curia

dista

mucho

de

lo

que

resolvimos. No hay duda alguna de que en ninguna parte de

la Opinión este Tribunal realizó semejantes aseveraciones.

Máxime cuando en nuestra exposición del derecho aclaramos

que

lo

determinante

público

es

su

para

que

finalidad

un

–que

bien

la

sea

de

dominio

decide

el

Estado-

independientemente de la actividad de construcción de la

cosa.5

En

Watchtower,

supra,

señalamos

que

dentro

del

escueto lenguaje de los Arts. 255 y 256 del Código Civil

de

Puerto

llegar

a

Rico,

la

31

LPRA

conclusión

secs.

1024

y

de

las

calles

que

1025,

podíamos

de

dominio

público son aquellas que el Estado ha decidido mantener o

costear con sus propios fondos. En específico, señalamos

que:

si bien el Art. 256 del Código Civil de Puerto

Rico, supra, indica que las calles y los caminos

vecinales

son

de

dominio

público,

una

interpretación lógica de ese precepto nos lleva

a concluir que ello se menciona en el contexto

de que estos sean mantenidos o costeados por el

Estado. (Énfasis nuestro).6

También mencionamos que:

las calles que forman parte de la categoría de

bienes de dominio público son las costeadas y

mantenidas por los mismos pueblos y que están

destinadas al uso público. El andamiaje jurídico

vigente

no

requiere

que

todas

las

vías

residenciales se traspasen a título de los

municipios con fin de destinarlas al uso

5

Véase, Watchtower Bible Track Society of New York, et al. v. Mun. de

Dorado, et al., supra, pág. 19, n. 18.

6

Watchtower Bible Track Society of New York, et al. v. Mun. de Dorado,

et al., supra, pág. 26.

CT-2013-0014

5

público. Al ser así, las calles que no se

transfieran a un ente gubernamental, quedarán

fuera del régimen del Art. 256 del Código

Civil…. (Énfasis nuestro).7

Nótese la referencia en cuanto a la necesidad de que

se

realice

una

transferencia

de

las

calles

a

algún

organismo del Estado con el propósito de que entren al

dominio público. Ello conllevaría que el Estado las costee

y las mantenga.8 Pues tal como señaló el entonces Juez

Asociado Negrón García en una controversia suscitada a la

luz de la Ley sobre Control de Acceso Vehicular9, ante el

evento hipotético de que la Asamblea Legislativa decida

traspasar calles residenciales públicas a bienes de uso

privado, “su mantenimiento (el de las calles) no podrá ser

con fondos públicos municipales o estatales”.10 Y es que,

no podría ser de otra manera.

Sorprendentemente, la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez acusa a una mayoría de este Tribunal

discern[ir]

el

embargo,

parecer

7

al

de

estas

expresiones”.11

Sin

esta

quien

tuvo

en

significado

fue

de “no

dificultad

Id. Pág. 27.

8

La palabra “costear” significa “pagar o satisfacer los gastos de

algo” o “producir lo suficiente para cubrir los gastos que ocasiona”.

Diccionario

de

la

Real

Academia

española,

disponible

en:

http://lema.rae.es/drae/?val=costear, última visita: 19 de febrero de

2015.

Que es lo que evidentemente sucede cuando el Estado adquiere,

mediante el método que sea, alguna parcela para uso público: la

costea, la mantiene con sus fondos.

9

Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987.

10

Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v. Cardona, (Negrón García, J., Op.

Concurrente y Disidente), 144 DPR 1, 66 (1997), según citado en

Watchtower Bible Track Society of New York, et al. v. Mun. de Dorado,

et al., supra, pág. 24.

11

Voto Particular disidente, pág. 19, n. 13.

CT-2013-0014

6

asimilar

los

pronunciamientos

Asociado

enunció

inmediatamente

criterio,

no

en

ese

preceden

pudimos

que

mismo

las

el

caso,

entonces

Juez

pesar

de

que

según

su

a

expresiones

“discernir”.

Nos

que

referimos

a

las

siguientes: “[e]l Art. 256 del Código Civil, 31 L.P.R.A.

sec. 1025, describe las calles como bienes de uso público

en Puerto Rico y en sus pueblos, costeadas por los mismos

pueblos

o

con

Evidentemente,

hizo

fondos

al

considerando

del

Tesoro

referirse

a

que

eran

estas

las

de

„calles

las

Rico.”12

Puerto

públicas‟

costeadas

por

lo

el

Gobierno.

Esta es la “famosa coletilla” a la que tanto alude la

Juez Asociada en su Voto Particular. Como sabemos, el Art.

256 del Código Civil de Puerto Rico, supra, lee de la

siguiente manera:

[s]on bienes de uso público en Puerto Rico y en

sus pueblos, los caminos estaduales y los

vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas

públicas, los paseos y las obras públicas de

servicio general, costeadas por los mismos

pueblos o con fondos del tesoro de Puerto Rico.

En

precepto

su

Voto

“no

Particular

incluye

el

disidente

calificativo

señala

que

este

„públicas‟

para

modificar el término calles”.13 Ante ello, no vacila en

opinar que “la coletilla „costeadas por el Estado‟, bajo

las nociones más elementales de gramática, modifica las

12

Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v. Cardona, supra, pág. 66.

13

Voto Particular disidente, pág. 14, n. 8.

CT-2013-0014

7

obras públicas de servicio general y no los demás bienes

comprendidos en el artículo [256]”.14

Parecería

ser

que

la

Juez

se

antecedente”

que

dispone

que

“las

relativas,

que

modifican,

o

deben

refiere

a

la

palabras,

ser

“regla

frases

aplicadas

a

del

o

las

último

cláusulas

palabras

o

frases que inmediatamente le preceden y no deben ser interpretadas en

el sentido de extenderse a incluir otras más remotas”. 15 Sin embargo,

algunos autores nos explican que:

[…] esta regla del último antecedente no tiene gran valor.

Sólo funciona cuando nada hay en el estatuto que indique

que la palabra relativa o la disposición modificadora

tiende a surtir un efecto diferente. La regla solo debe

utilizarse cuando otras reglas de hermenéutica no hayan

permitido descubrir la verdadera intención del legislador.

Si hay algo en la ley indicativo de que la intención es

que la palabra relativa o disposición modificadora se

aplique

a

otras

palabras

en

vez

del

antecedente

inmediatamente anterior, la regla debe ser descartada.

Basta una leve indicación para que pueda extenderse el

alcance del término relativo o disposición modificadora a

otras palabras, en lugar de sólo al último antecedente.

[…] Todavía más, si surge que el último antecedente puede

aplicarse de igual manera a todas las disposiciones

anteriores, debe aplicarse a todas las palabras que le

anteceden. (Citas omitidas)

(Énfasis en el original y

énfasis suplido).16

Precisamente, una lectura del Art. 256 del Código Civil y la

doctrina que lo interpreta nos lleva a concluir que los bienes -no

propios de la naturaleza-

que allí se mencionan, son los que en sí

mismos constituyen obras del ente público, porque el gobierno asume su

costo o su mantenimiento. Repasemos lo acotado en Watchtower, supra,

en

cuanto

al

análisis

que

el

tratadista

Garrigo

Falla

hiciera

relacionado al Art. 344 del Código Civil español, análogo al Art. 256

nuestro, el cual abona a la referida conclusión. Allí expresamos lo

siguiente:

Por otro lado, Garrido Falla nos dice que el Art. 344 del

Código Civil español contiene un lenguaje esencialmente

14

Id., págs. 16-17.

15

Véase, R. Elfren Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e

interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da Ed., San Juan,

Publicaciones J.T.S., 1987, V.1., pág. 343.

16

Id.

CT-2013-0014

8

idéntico al del Reglamento de Bienes de España de 1986,

que establecía en su Art. 3.1 que:

[…] son bienes de uso público local los caminos, plazas,

calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques,

puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o

utilización generales cuya conservación y policía sean de

la competencia de la entidad local. F. Garrido Falla en M.

Albaladejo y otros, Comentarios al Código Civil, Madrid,

Ed. Edersa, 1990, T. V, Vol. I., pág. 130.

Mencionamos el comentario del tratadista ya que al

hacerlo, señala que la expresión “y demás obras públicas”

no deja de ser un acierto del legislador, porque “aclara

que aquellos paseos, caminos o parques que no sean ellos

mismos ‘obras públicas’ no forman parte del dominio ni del

demanio de las entidades locales”. (Énfasis en el

original).17

Independientemente de que la situación en España sea

diferente a la de Puerto Rico debido a la existencia de

bienes

de

la

nación

y

bienes

de

las

provincias,

lo

precitado aclara que los bienes que en ese artículo se

enumeran

son

públicos

porque

son

en

sí

mismos

obras

públicas. El siguiente análisis de este mismo tratadista –

al cual también hicimos alusión en Watchtower, supra- nos

lleva a sostener esa determinación. Veamos.

Haciendo referencia a las calles residenciales, el

precitado

autor

nos

menciona

que

de

la

legislación

urbanística española parece desprenderse que “…aunque la

obra sea sufragada por los promotores privados, la calle

construida ha de ser cedida al Ayuntamiento y, por tanto,

entra en su patrimonio (público)”. (Énfasis y subrayado

nuestro).18 Luego de discutir esto, reseña lo siguiente:

17

Watchtower Bible Track SOciety of New York, et al. v. Mun. de

Dorado, et al., supra, págs. 25-26.

18

Albaladejo y otros, Comentarios al Código Civil, Madrid, Ed.,

Edersa, 1990, T.1, Vol. 1, pág. 132, según citado en Watchtower Bible

Track Society of New York, et al. v. Mun. de Dorado, et al., supra,

pág. 21, n. 21.

CT-2013-0014

9

[l]o que ocurre es que la recepción de obras por

el Ayuntamiento… no siempre se realiza. […] Si

no ha habido, pues, recepción de las obras por

parte del Ayuntamiento, estamos aquí en la

presencia de las polémicas ‘calles privadas’.19

Lógicamente, de ello puede deducirse que una calle es

pública

porque

ha

entrado

en

el

dominio

del

ente

gubernamental porque así lo ha exigido la legislación o

reglamentación urbanística aplicable. De manera que, una

calle es pública porque está bajo el dominio y control del

Estado,

esto,

independientemente

mediante

el

este

maneras

en

cuando

requiere

cual

que

dedicarlas

a

aprobación

de

el

que

uso

del

procedimiento

la

haya

adquirido.

Estado

puede

adquirir

Una

una

estas

se

cedan

a

público,

esto

como

condición

proyectos

su

residenciales.

En

de

las

calle

es

favor

para

para

la

Watchtower,

supra, reconocimos que el andamiaje jurídico vigente a esa

fecha

no

requería

que

todas

las

vías

residenciales

se

traspasaran a título de los municipios para destinarlas a

uso

público.20

Esto,

haciendo

referencia

a

la

reglamentación adoptada al amparo de la Ley Núm. 161-2009.

Tal como reseñamos en nuestra Opinión, un bien de uso

o dominio público no está supeditado a quién sea el dueño

inicial

de

este,

sino

que

la

Asamblea

Legislativa

de

Puerto Rico, en el pleno ejercicio de su poder de razón de

estado, puede determinar que cierto bien se destine al uso

19

Id.

Watchtower Bible Track Society of New York, et al. v. Mun. de

Dorado, et al., supra, pág. 27.

20

CT-2013-0014

10

público.21 Más aun cuando reiteradamente hemos reconocido

que la actividad urbanística no es un derecho absoluto,

sino que está condicionado a la regulación que a bien

entienda imponer el Estado.22 En otras palabras, el Estado

tiene la potestad de decidir que las calles residenciales

tengan que cederse al ente gubernamental para que formen

parte

del

manera

dominio

público.

contraria,

En

deberá

caso

de

entonces

que

proceda

sopesar

de

las

consecuencias que ello pueda conllevar y legislar lo que

al respecto entienda pertinente, momento propio para que

se puedan evaluar las supuestas interrogantes de la Juez

Asociada, las cuales expone en las últimas páginas de su

Voto Particular.

Como

vemos,

no

hace

falta

mucho

esfuerzo

para

percibir el recurrente ejercicio de la distinguida Juez de

presentar lo que no es, como si fuese. Pero, no conforme

con ello, también afirma que una mayoría de este Tribunal

descontextualizó

“acomodaticiamente”

las

tratadista

Martín

fundamento

José

Blanco.

Como

palabras

del

a

sus

imputaciones, menciona que este denuncia en su libro la

falta de una regulación legal específica en torno a las

urbanizaciones privadas en la jurisdicción española.23 Si

bien es cierto que Martín Blanco formula ese señalamiento,

como

veremos,

es

la

Juez

21

Id.

22

Id., págs. 27-28.

Voto particular disidente, pág. 20.

23

quien

presenta

el

mismo

CT-2013-0014

11

“acomodaticiamente”

so

pretexto

de

desvirtuar

nuestras

supra,

expresiones.

Como

se

puntualizamos

que

recordará,

en

Watchtower,

existían

varias

opiniones

sobre

la

controversia objeto de este caso.24 Al hacerlo, mencionamos

lo siguiente:

según el tratadista español Martín Blanco, la

posibilidad

de

las

llamadas

‟calles

particulares‟ se fundamenta en la interpretación

literal,

lógica,

sistemática

y

de

praxis

administrativa del Art. 344 del Código Civil

español….25

En su obra Las urbanizaciones privadas y su posible

configuración

jurídica,

luego

de

exponer

que

las

urbanizaciones privadas van siendo “cada vez más cuestión

de

necesidad

y

cada

vez

menos

postura

de

moda”,

José

Martín Blanco aborda la problemática relacionada a este

24

Watchtower Bible Track Society of New York, et al. v. Mun. de

Dorado, et al., supra, pág. 9. En aquella ocasión también mencionamos

la opinión de la Profesora García Cárdenas, quien colige que aun “[e]n

las urbanizaciones constituidas bajo la égida de la ley de

condominios, tampoco existen calles privadas”. M.E. García Cárdenas,

Derecho de urbanizaciones: servidumbres en equidad, controles de

acceso e instalaciones vecinales, San Juan, Ed. Interjuris, 2010,

págs. 82-83, según citado en Watchtower Bible Track Society of New

York, et al. v. Mun. de Dorado, et al., supra, pág. 10. Casualmente,

en su Voto Particular la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

apunta lo siguiente:

Así, (la mayoría) distingue entre aquellas calles

costeadas por el Estado y aquellas costeadas por

particulares […] Esto a pesar de que ambos bienes

cumplen

la

misma

función

y

exhiben

las

mismas

características físico-espaciales. Este silogismo es

inaudito y carece de toda lógica. Voto particular de la

Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez, págs. 15-16.

Nos preguntamos si no cumplen la misma función y si no exhiben las

mismas

características

físico-espaciales

las

calles

de

las

urbanizaciones constituidas bajo la Ley de Condominios, por el mero

hecho de que en estas, el área de rodaje sea parte de los elementos

comunes.

25

Watchtower Bible Track Society of New York, et al. v. Mun. de

Dorado, et al., supra, pág. 9.

CT-2013-0014

12

tipo de proyecto residencial en esa jurisdicción.26 Uno de

los

propósitos

configuración

sobre

cómo

de

su

obra

es

legal

de

estos

núcleos

reformarse

la

debería

intentar

construir

urbanos

ley

y

española

la

comenta

a

esos

efectos.27 Es dentro de ese análisis que sostiene que una

urbanización privada puede construirse si se consideran

ciertos elementos, entre ellos, “[u]na aprobación del plan

de

ordenación,

Administración”.28

26

específico

y

propio,

por

la

Es aquí cuando discute que existen dos

J. Martín Blanco, Las urbanizaciones privadas

configuración jurídica, Madrid, 1973, págs. 20-21.

y

su

posible

27

Martín Blanco, op. cit., pág. 33. El autor señala lo siguiente al

hablar sobre la necesidad de una configuración integral del derecho

español en cuanto a las urbanizaciones privadas:

“Surge,

en

primer

término,

en

esta

línea

de

consideraciones,

la

observación

de

que

este

tratamiento jurídico de las urbanizaciones privadas

requiere

apertura

mental

libre

de

prejuicios

jurídico-públicos y de prejuicios justiprivatistas.

La contemplación a través del prisma público puede

llevar a una deformación de la naturaleza jurídica

propia de la figura

desdibujada entonces por un

indebido criterio intervencionista a ultranza o por

una configuración municipalista absoluta que, en mi

opinión, no procede y que no responde a la verdadera

esencia de la urbanización privada.

También sería erróneo su enjuiciamiento desde la

perspectiva exclusiva del Derecho privado. Si bien es

cierto que, fundamentalmente, estas urbanizaciones se

construyen y viven sobre un conjunto de relaciones

jurídicas privadas, no puede desconocerse la esfera

de

actuación

administrativa

que

opera

en

su

nacimiento y desarrollo legal y de hecho”. (Énfasis

nuestro). Martín Blanco, op. cit., págs 26 y 27.

28

Martín Blanco, op. cit., pág. 50. Los otros elementos son:

1. Una propiedad única y total o una copropiedad voluntaria

del suelo en forma de cotitularidad permitida por las leyes

y una iniciativa privada o particular en la promoción y en

la redacción del plan;

2. Una división del terreno en varios lotes o parcelas;

3. Una organización jurídica de los intereses y de las

relaciones

jurídicas

existentes

entre

la

propiedad

promotora y os adquirentes; entre unos y otros y terceras

personas; entre aquéllos y la Administración, y

CT-2013-0014

13

cuestiones muy debatidas en la doctrina, estas son: “[s]i

pueden existir calles y elementos comunes de propiedad y

uso privado dentro de la urbanización” y “[l]a cesión y

conservación de aquellos y de los servicios”.29 En cuanto a

lo primero, el autor indica que sus conclusiones pueden

resumirse de la siguiente forma:

La posibilidad legal de existencia de calles,

espacios y elementos comunes de propiedad y uso

privados dentro de la urbanización privada se

fundamenta

en

razonamientos

legales,

jurisprudenciales y de praxis administrativa.

De

la

interpretación

literal,

lógica

y

sistemática de los artículos 344 del Código

Civil y 41, 2, 50, 77 y 168 de la Ley del Suelo

resulta claramente que se reconoce la existencia

de dicha propiedad y uso privado sin que, por

otra parte, exista precepto legal alguno en

nuestro

ordenamiento

positivo

que

prohíba

expresamente

tal

posibilidad.

(Énfasis

nuestro).30

La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez tiene

todo el derecho de discrepar de esas aseveraciones, así

como

de

los

fundamentos

esbozados

por

una

mayoría

en

Watchtower, supra, para llegar a una conclusión similar.31

Lo lamentable es que de manera aviesa catalogue nuestra

interpretación como “acomodaticia” y “descontextualizada”,

cuando evidentemente su afirmación es incorrecta.

¿Qué

más nos resta decir? Tal vez que sería muy sabio aplicar

4. Un núcleo urbano resultante con características específicas

en cuanto a su emplazamiento, autonomía superficial,

destino residencial y tipo de vida, que ha de ser insertado

en el contexto administrativo y territorial municipal.

5.

29

Martín Blanco, op. cit., pág. 74.

30

Martín Blanco, op. cit., pág. 75.

Nótese que hicimos referencia a las expresiones de este autor con el

único propósito de presentar las distintas opiniones a favor y en

contra del reconocimiento de este tipo de calles.

31

CT-2013-0014

14

el famoso proverbio que dispone que “mejor es tratar de

sacar la viga que está en tu propio ojo antes de tratar de

sacar la paja que está en el ojo de tu hermano”.

Dicho esto, nos resta por considerar ciertos puntos

expuestos por el Estado en su moción de reconsideración.

Contrario a lo que este arguye32, nuestra determinación no

tiene

el

efecto

de

jurídicos

que

se

Brighton

Country

validar

ni

desaprobar

los

negocios

llevaron

a

cabo

el

proyecto

Club

y

el

entre

Municipio

de

Dorado.

Al

contestar la pregunta certificada, no atendimos el hecho

de si las calles de ese proyecto eran privadas o públicas

a la luz de la reglamentación aplicable al momento de su

desarrollo. Esa no era la interrogante que estaba ante

nosotros y por ende, no formulamos una respuesta a la

misma.

Nuestra

exclusivamente

función

a

adjudicativa

contestar

si

se

el

limitó

andamiaje

única

y

jurídico

puertorriqueño permitía o daba lugar a la existencia de

calles

residenciales

privadas.

Es

en

ese

contexto

que

emitimos la Opinión del Tribunal.

En

fin,

luego

de

atender

los

planteamientos

presentados y los postulados carentes de fundamentos que

se exponen en el Voto Particular disidente, reafirmo mi

conformidad

en

declarar

no

ha

lugar

reconsideración instada en este recurso.

32

Véase, Solicitud de reconsideración, pág. 2.

la

moción

de

CT-2013-0014

15

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Watchtower Bible and Tract

Society of New York, Inc.,

et al.

Recurridos

v.

CT-2013-0014

Certificación

Municipio de Dorado, et

al.;

United

States

District

Court

for

the

District of Puerto Rico

Peticionarios

Voto Particular Disidente emitido por la Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2015.

“When

privatization

and

exclusion become dominant .

.

.

we

must

question

whether

[a]

democracy

founded on citizenship and

community

remains

possible”.33

Mediante una lectura inusitada del artículo 256 de

nuestro Código Civil y planteamientos inconexos respecto

a los bienes de dominio público en nuestro ordenamiento

jurídico,

una

naturaleza

mayoría

de

inherentemente

residenciales

en

Puerto

consecuencias

que

una

este

Tribunal

pública

Rico,

de

sin

desafectación

altera

las

calles

ponderar

mediante

la

un

las

acto

judicial acarrea. La obstinación, ya generalizada, de una

mayoría

33

de

este

Tribunal

de

llegar

a

un

resultado

Edward J. Blakely & Mary Gail Snyder, Fortress America:

Gated Communities in the United States 7 (1997).

CT-2013-0014

2

particular, sin fundamentos que lo sustenten, amerita un

análisis concienzudo de la norma pautada en este caso y

de sus efectos sociales, gubernamentales y económicos.

Esto, en un País cada vez más sujeto a la incertidumbre

que provoca la fragmentación de una sociedad concebida

inicialmente como una comunidad política democrática e

igualitaria.

Sin embargo, una mayoría de este Tribunal opta por

una deliberación irreflexiva de la controversia planteada

y se desvincula de la norma jurídica imperante en nuestro

ordenamiento con relación a la naturaleza de las calles.

Tal curso de acción atenta contra la configuración misma

de

lo

público

y,

además,

permite

que

la

gestación

y

conformación de dicho espacio sea relegada a intereses

privados,

que

bien

pudieran

no

darle

la

importancia

debida a las consideraciones sociales que deben guiar el

desarrollo

urbano.

Esto,

puesto

que

las

calles,

ante

todo, son espacios de confluencia social y cultural que

viabilizan

el

ejercicio

cabal

de

un

sinnúmero

de

prerrogativas ciudadanas y derechos; entre ellos, el de

la libre expresión.

De otra parte, la Opinión emitida elude el contexto

fáctico particular que motivó la pregunta que nos fue

certificada. Con este proceder, y quizá inadvertidamente,

se

convierten

cuya

en

cómplices

consecuencia

representación

última

espacial

de

de

un

urbanismo

será,

sin

las

malogrado,

duda,

características

“una

de

la

nueva sociedad y de su política de distinción, o, en

CT-2013-0014

3

otros términos, de inclusión/exclusión”. Bernardo Secchi,

Las nuevas ciudades de los ricos, El País, disponible en

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/01/29/actualidad/1

422550215_066847.html

(última

visita

6

de

febrero

de

2015).

Lo que es peor, la Opinión emitida se sustrae de las

consideraciones

de

índole

constitucional

y

social

que

deben guiar nuestro quehacer judicial, aun en ámbitos que

suelen concebirse como privados. Es decir, las calles han

de

ser

evaluadas

públicas,

en

indispensable

jurídicamente

tanto

de

lo

éstas

que

en

función

significan

debería

ser

la

de

razones

un

espacio

convivencia

democrática. Consecuentemente, dado que no se precisan

los contornos de la nueva figura jurídica que la Opinión

inserta

a

nuestro

ordenamiento,

una

mayoría

de

este

Tribunal opta por desencadenar una serie de incógnitas y

polémicas irresolutas e incompatibles con lo que es, o

debería ser, la esencia de la función judicial.

Ante el vacío jurídico que supone la Opinión emitida

por este Tribunal, me resulta ineludible expresarme, una

vez más, en torno a la pregunta que nos fue certificada.

Conviene, pues, repasar sucintamente los hechos concretos

que

dieron

lugar

a

las

expresiones

vertidas

por

la

mayoría.34

34

Para una relación de los hechos relacionados al

desarrollo del pleito a nivel federal, véase, Watchtower

Bible and Tract Society v. Municipio de Dorado, 2014

T.S.P.R. 138 (Rodríguez Rodríguez, J., Op. Disidente).

CT-2013-0014

4

I

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para

el

Distrito

mediante

de

Puerto

el

Rico

acudió

mecanismo

interjurisdiccional

y

formuló

ante

de

la

este

Tribunal

certificación

siguiente

pregunta:

“¿Existen calles privadas en Puerto Rico?”. Esto es, se

nos solicitó que indagáramos respecto a la posibilidad de

que nuestro andamiaje legal permitiera la existencia de

calles

fue

residenciales

producto

de

privadas.

unos

La

pregunta

señalamientos

por

certificada

parte

del

Municipio de Dorado con relación a la existencia de una

urbanización dentro de sus linderos territoriales cuyas

calles

residenciales

alegadamente

pertenecían

a

la

Asociación de Residentes y no al Municipio. En atención a

esto, planteó que la referida urbanización estaba exenta

de cumplir con las órdenes emitidas por el foro federal,

las cuales, según arguyeron, estaban dirigidas únicamente

a

aquellas

calles

pertenecientes

al

Estado

o

los

municipios, y no a las de titularidad privada.

La urbanización, Brighton Country Club (BCC), es un

complejo residencial que opera con un sistema de control

de acceso automatizado establecido bajo la Ley de Control

de Acceso, Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987, según

enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 64, et seq. (Ley de Control

de Acceso). En clara contravención a las leyes y los

reglamentos aplicables, BCC llegó a un

acuerdo con el

Municipio de Dorado mediante el cual este último aprobó

CT-2013-0014

5

el proyecto de urbanización. La aprobación se condicionó

a que las calles de la urbanización se mantuvieran como

propiedad

privada

y

la

asociación

de

residentes

se

encargara de su mantenimiento y alumbrado, entre otros

particulares.

Conforme

al

acuerdo,

luego

de

la

segregación de las calles y de las áreas comunes, los

desarrolladores transfirieron la titularidad de éstas a

la

Asociación

de

Residentes

y

no

al

Municipio,

como

exigía en aquel momento la reglamentación aplicable. Ante

el foro federal, el Municipio argumentó que las calles

dentro

de

la

urbanización

eran

privadas

pues

su

mantenimiento y titularidad recaían en la Asociación de

Residentes. Por tal razón, la Asociación de Residentes

podía prohibir la entrada de Testigos de Jehová a las

calles de la urbanización.

El 18 de noviembre de 2014, este Tribunal emitió una

Opinión

para

el

recurso

de

certificación

que

nos

fue

presentado. En ella, una mayoría de los miembros de este

Foro

concluyó

que

“el

ordenamiento

jurídico

puertorriqueño vigente contempla la existencia de calles

residenciales

privadas”.

Watchtower

Bible

and

Tract

Society of New York, Inc., et al. v. Municipio de Dorado,

2014 T.S.P.R. 138, en la pág. 28. Por su parte, el 8 de

diciembre de 2014, el Estado Libre Asociado de Puerto

Rico

presentó

oportunamente

una

Solicitud

de

reconsideración.35 El 16 de diciembre de 2014, Watchtower

35

Es importante señalar que, si bien el ELA no es parte

formal en el pleito que se dilucida ante el foro federal,

CT-2013-0014

Bible

and

6

Tract

Society

argumentos

presentados

referencia

mediante

of

por

una

New

el

York

ELA

moción.

y

En

se

unió

a

los

los

adoptó

por

esencia,

el

ELA

solicita que una mayoría de este Tribunal reconsidere la

contestación

que

ofreció

a

la

pregunta

que

nos

fue

planteada. Por entender que la réplica de este Tribunal a

la pregunta planteada es contraria a Derecho, disiento de

la negativa contumaz de una mayoría de reconsiderar sus

pronunciamientos.

II

Una contestación sensata por parte de este Tribunal

a la pregunta que nos fue certificada, exigía, en primer

lugar, estudiar detenidamente la normativa aplicable al

desarrollo

de

urbanizaciones

privadas

en

Puerto

Rico,

según ésta se contempla en los reglamentos de desarrollo

urbano y planificación vigentes al momento del acuerdo

suscrito

entre

el

Municipio

de

Dorado

y

los

desarrolladores de BCC. No obstante, una mayoría decidió

prescindir

de

realizar

ese

estudio,

el

cual,

forzosamente, hubiese conducido a una respuesta mucho más

acertada y coherente.

sí compareció ante este Tribunal en calidad de amicus

curiae en atención a la trascendencia y las posibles

implicaciones a intereses ínsitos a la gestión eficaz de

gobierno, de la pregunta que nos fue certificada. Así,

presentó un alegato y participó de la vista oral celebrada

ante el Pleno de este Tribunal. Cabe recordar que en

Gorbea Vallés v. Registrador, 133 D.P.R. 308 (1993)

inequívocamente expresamos que,

“[e]n cuanto a la

capacidad

del

amicus

curiae

de

solicitar

una

reconsideración, no encontramos fundamento alguno que lo

impida o que restrinja nuestra discreción de acogerla”.

Id. en la pág. 314 (aludiendo a Green v. Biddle, 21 U.S. 1

(1823)).

CT-2013-0014

7

Como señalé en mi Opinión Disidente, el Municipio de

Dorado endosó el proyecto de urbanización el 23 de julio

de 2007. Independientemente de la manera en la que el

foro federal formuló la pregunta que nos fue certificada,

para

esa

fecha,

el

artículo

9.10

del

Reglamento

de

Lotificación y Urbanización, Reglamento Núm. 6992 de 30

de junio de 2005, disponía que las nuevas vías o vías

existentes que requiriesen ser prolongadas, ampliadas o

realineadas

debían

ser

dedicadas

al

uso

público

para

garantizar acceso a las vías públicas. Además, exigía que

esas

áreas

estatal

a

fuesen

transferidas

la

correspondiese

mantenimiento

que

conforme

a

la

al

municipio

su

o

agencia

administración

ubicación

del

y

proyecto

urbanístico.

Por su parte, el artículo 3.05 del mismo Reglamento

expresamente preceptuaba que no se expedirían permisos

para la lotificación de solares sin que éstos tuviesen

una vía pública que sirviese de entrada y salida al solar

urbanizado.

Asimismo,

Reglamento,

en

residenciales,

lo

el

artículo

referente

disponía

que

a

todo

7.02

del

mismo

las

urbanizaciones

nuevo

solar

a

ser

formado para estos propósitos debía tener acceso a través

de una calle pública debidamente inscrita en el Registro

de

la

Propiedad.

Precisamente

por

ello,

la

Ley

Hipotecaria exige el traspaso de las calles segregadas a

nombre del Municipio para su debida inscripción. Véase,

Ley Hipotecaria y del Registro de Propiedad, Art. 93, 30

L.P.R.A. sec. 2314. Como indiqué en la Opinión Disidente

CT-2013-0014

8

emitida para el caso ante nuestra reconsideración, ese

requisito

no

es

más

disposiciones

de

la

las

calles

demanial

de

que

Ley

una

atemperación

Hipotecaria

en

nuestro

a

la

de

las

naturaleza

ordenamiento,

según

ésta se desprende del artículo 256 del Código Civil. En

cuanto a esto, cabe reiterar la justificación detrás de

la segregación y transferencia a favor del municipio por

parte de un desarrollador de aquellas calles dentro de un

complejo residencial que permitan el acceso a una vía

principal. Veamos.

El artículo 500 del Código Civil regula el derecho

de paso de un propietario de una finca para acceder un

camino público. Específicamente, éste dispone que

El propietario de una finca o heredad

enclavada entre otras ajenas y sin salida a

camino público, tiene derecho a exigir paso por

las

heredades

vecinas,

previa

la

correspondiente indemnización.

Si esta servidumbre se constituye de

manera que pueda ser continuo su uso para todas

las

necesidades

del

predio

dominante,

estableciendo

una

vía

permanente,

la

indemnización

consistirá

en

el

valor

del

terreno que se ocupe y en el importe de los

perjuicios

que

se

causen

en

el

predio

sirviente.

Cód. Civ. P.R. Art. 500, 31 L.P.R.A. sec. 1731.

En atención a esta disposición legal, en el caso de

urbanizaciones

residenciales,

segregación,

las

distintas

luego

del

fincas

proceso

de

residenciales

contenidas en el desarrollo deberán tener salida a un

camino

público.

Ello,

con

tal

de

conciliar

la

multiplicidad de intereses propietarios que convergen en

este tipo de desarrollo. De esta forma, además, se dota a

CT-2013-0014

9

cada unidad propietaria del mínimo indispensable para que

pueda funcionar por sí misma en el contexto más amplio

que la circunda; a saber, una vía pública a través de la

cual pueda posibilitarse la utilidad social y económica

de la propiedad.

La

calles

anomalía

que

representa

dentro

la

urbanización

de

el

hecho

le

de

que

pertenezcan

las

a

la

Asociación de Residentes –esto es, admitir la posibilidad

de

calles

privadas-

servidumbres

de

supone

paso

que

la

creación

garanticen

de

que

múltiples

estos

solares

residenciales no se configuren como fincas enclavadas.

Tal posibilidad, por tanto, es lo que permite aseverar

que, en efecto, la Opinión suscrita por una mayoría de

este

Tribunal

crea

una

nueva

figura

jurídica,

cuyos

contornos, empero, no precisa satisfactoriamente. Así, al

desvirtuar la naturaleza pública de las calles, la cual

engranaba

legales

coherentemente

y

con

reglamentarias

las

demás

atinentes,

disposiciones

este

Tribunal

ratifica una nueva manera, infortunada, de atender las

complejas relaciones que se suscitan en el seno de un

complejo

residencial

considerar

la

privado.

adecuación

del

Conviene

Artículo

500

entonces

al

caso

particular de urbanizaciones residenciales.

Ante la posible creación de múltiples servidumbres

de

paso

sería

dentro

necesario

de

una

sola

determinar

urbanización

quién

residencial,

ostentaría

la

titularidad del predio sirviente. En el caso en el que

las calles sean propiedad de la Asociación de Residentes,

CT-2013-0014

cabría

10

indagar

si

no

“se

llega

al

absurdo

de

que

la

servidumbre se constituya en beneficio del propietario

del fundo gravado, aunque sea cotitular, de esta manera

no sólo la servidumbre se extinguiría por confusión, sino

que además perdería el carácter de derecho real en cosa

ajena”. J.A. Orejas Casas, Las urbanizaciones privadas y

el registro de la propiedad, Boletín de información Núm.

1723, Madrid, 25 de octubre de 1994, en la pág. 5486.36 En

cualquier

caso,

propietario

de

aun

si

las

el

desarrollador

calles,

habría

figurase

como

igualmente

“que

establecer servidumbres de paso a favor de cada lote de

la urbanización, en cuanto a la totalidad de las calles

hasta

la

Cárdenas,

salida

Derecho

a

la

vía

pública”.

de

urbanizaciones:

Margarita

García

Servidumbres

en

equidad, controles de acceso e instalaciones vecinales

137 (2010). De lo contrario, se estaría permitiendo la

existencia de múltiples fincas enclavadas en complejos

residenciales, en evidente contravención a lo dispuesto

en

el

artículo

500

del

Código

Civil.

Véase

García

Cárdenas, supra, en la pág. 137.37

36

A pesar de que una Asociación de Residentes posee

personalidad jurídica propia, si bien atípica, sería

reprochable sancionar el uso de una ficción jurídica para

desentenderse

de

que

sus

miembros

son

propiamente

cotitulares de las calles en cuestión.

37

Conceptuar una calle privada supone, en efecto,

equiparar ésta con una mera servidumbre de paso. No

obstante, las consideraciones de política pública que

informan ambas figuras son muy disímiles, así como los

intereses que ambas sirven en nuestra sociedad. Mientras

que la servidumbre de finca enclavada, en tanto derecho

real, responde a consideraciones relacionadas al disfrute

de la propiedad y el aprovechamiento de ésta con relación

a terceros, las calles constituyen un espacio que

CT-2013-0014

11

Precisamente en atención a la prohibición legal de

fincas enclavadas, la Ley Orgánica de la Administración

de Reglamentos y Permisos, legislación vigente al momento

en que BCC solicitó el permiso de construcción, disponía

en

su

artículo

23

que

la

Administración

de

Permisos

estaba impedida de expedir permisos de construcción para

un “solar o parcela, a menos que dicho solar o parcela

tenga acceso a una carretera o calle que haya recibido el

status legal de calle pública antes de la fecha de la

solicitud para adquirir dicho permiso”.

Ley Orgánica de

la Administración de Reglamentos y Permisos, Ley Núm. 76

de 24 de junio de 1975, 23 L.P.R.A. sec. 71(V). La calle

así designada, ya fuese mediante el traspaso al Municipio

o la rotulación en los planos conforme a la sección 9.10

del Reglamento de Planificación, sería inscribible en el

Registro de la Propiedad a favor del Estado. Por tanto,

la

normativa

vigente

al

momento

del

acuerdo

entre

el

Municipio de Dorado y BCC establecía que el hecho de que

una calle no cumpliese con el requisito de haber recibido

el

status

legal

de

pública,

legales

y

reglamentarios

extensión

de

un

cuestión.

Véase,

Registral

Inmobiliario

asiento

Luis

conforme

a

reseñados,

registral

Rafael

para

Rivera

puertorriqueño

los

preceptos

impediría

la

la

en

parcela

Rivera,

384

Derecho

(2da

ed.

viabiliza el desplazamiento urbano, el movimiento, la

comunicación, el acceso y la interacción ciudadana. Así,

una calle sirve una función social que trasciende la

relación que se da entre dos propietarios particulares.

Por esta razón, no puede concebirse como una simple

servidumbre de paso.

CT-2013-0014

2002).38

12

Véase

además,

Margarita

E.

García

Cárdenas,

supra, en la pág. 80.

III

La

reglamentación

y

legislación

anteriormente

discutida parten de la premisa indiscutible que encarna

el artículo 256 de nuestro Código Civil: en Puerto Rico,

las calles son bienes de uso público. Esta afectación

legislativa

es

cónsona

con

pronunciamientos

judiciales

relativos a la naturaleza de las calles en una sociedad

civil,

tanto

por

este

Tribunal

como

por

el

Tribunal

Supremo de los Estados Unidos.39

38

Resulta preocupante que la Opinión mayoritaria pase por

alto estas disposiciones legales. Además, el hecho de que

no se profundice la sumisión voluntaria por parte de BCC a

la Ley de Control de Acceso merece un breve comentario. En

esencia, la Ley de Control de Acceso alude expresamente a

las calles dentro de las urbanizaciones públicas y

privadas. Véase, Ley de Control de Acceso, Ley Núm. 21 de

20 de mayo de 1987, según enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 64.

Esto se explica precisamente por el requerimiento del

traspaso de las calles, como bienes de uso público, a la

entidad competente, independientemente de la naturaleza

pública o privada de la urbanización.

39

Véanse, Saldaña v. Concejo Municipal de San Juan, 15

D.P.R. 37, 51 (1909)( “[Las calles] han sido destinadas al

uso de los habitantes de la ciudad, y todos y cada uno de

ellos desde el Gobernador, en su palacio, hasta el

limosnero en su choza, tienen derecho al uso libre y

continuado de las mismas”.); Pacheco Fraticelli v. Cintrón

Antonsanti, 122 D.P.R. 229, 241 (1941)

(“Desde tiempos

inmemoriales los parques, las plazas y las calles en

Puerto Rico han constituido foros de divulgación, de

intercambio y de crítica de ideas. Es en ellos en donde la

conciencia ciudadana y particular forma de ver el mundo

tienen impacto y repercuten. Son los foros públicos por

excelencia

para

la

divulgación

y

expresión

de

ideas. Las calles en particular constituyen un instrumento

eficaz de divulgación de ideas accesible para aquellos

individuos y grupos que no cuentan con suficientes

recursos económicos y que no tienen, por tanto, acceso a

los medios de comunicación masiva como lo son la radio, la

televisión y la prensa”.) A nivel federal, véanse, Hague

v. Committee for Indus. Organization, 307 U.S. 496, 515

CT-2013-0014

13

La Opinión mayoritaria también parece partir de esa

premisa.

Así,

clasificación

nuestro

Código

reconoce

que,

antes

de

tripartita

Civil,

“el

comenzar

de

los

a

discutir

la

bienes

dispuesta

en

una

mayoría

de

este

Tribunal

régimen

jurídico

que

aplica

a

la

categoría de bienes de dominio público, que es en la que

el Código incluye a las calles y a los caminos vecinales

. . . es importante ya que, como veremos, un bien de esa

naturaleza

(público)

no

puede

ser

propiedad

de

una

persona particular”. Watchtower Bible and Tract Society

v. Municipio de Dorado, 2014 T.S.P.R. 138, en la pág. 11.

Esta

afirmación

análisis

podría

expuesto

naturaleza

jurídica

público,

afirmando,

en

explicar

la

de

los

sin

cómo

gran

parte

del

Opinión

se

centra

en

la

bienes

de

dominio

y

uso

ambages,

que

el

criterio

definitorio en su calificación es el uso público al que

se

destinan.

Watchtower

Bible

and

Tract

Society

v.

Municipio de Dorado, 2014 T.S.P.R. 138, en la pág. 18

(“Cabe destacar que en todo caso, lo que define a estos

bienes es el uso público al que se destinan”.) Asimismo,

(1939) (“Wherever the title of streets and parks may rest,

they have immemorially been held in trust for the use of

the public and, time out of mind, have been used for

purposes of assembly, communicating thoughts between

citizens, and discussing public questions. Such use of the

streets and public places has, from ancient times, been a

part of the privileges, immunities, rights, and liberties

of citizens.”) (Roberts J., Op. Concurrente, adoptada por

una mayoría del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en

Kunz v. New York, 340 U.S. 290, 293 (1951)); Schneider v.

State, 308 U.S. 147, 163 (1939) (“Municipal authorities,

as trustees for the public, have the duty to keep their

communities' streets open and available for movement of

people and property, the primary purpose to which the

streets are dedicated.”).

CT-2013-0014

14

la Opinión reconoce que “no es necesario que los bienes

de dominio público sean propiedad del Estado o de sus

dependencias” pues “lo que caracteriza a estos bienes no

es la propiedad o pertenencia en sí”, sino “la finalidad

del bien, es decir, la afectación de este al uso público

general”. Id. en las págs. 19-20.

Explica la mayoría que

la afectación de un bien al uso público no depende “de la

actividad material y contingente de la construcción de la

cosa.” Id. en la pág. 19 n. 18.

Luego de lo que parece ser un análisis funcional y

teleológico de la naturaleza jurídica de los bienes de

dominio

y

uso

público,

la

mayoría

explica

que

“la

afectación por acto legislativo es el único procedimiento

para que entren al dominio público categorías enteras de

bienes” Id. en la pág. 20. Posteriormente, asevera que

“[b]asta con que la Ley [. . .] declare el carácter de

bienes de dominio público a los de un tipo determinado,

para que todos los que participan de esa misma naturaleza

vengan a integrarse en dicho dominio”. Id. (citando a I.

Miralles González, Dominio público y propiedad privada en

la nueva ley de costas 69 (1992)).

Confusamente, la Opinión procede a reconocer que el

artículo 256 del Código Civil “es el precepto que define

el carácter demanial de las calles”. Id. en la pág. 21.

Es decir, la mayoría reconoce que la afectación de las

calles

en

nuestro

ordenamiento

jurídico

emana

de

una

disposición legal que declara el carácter público de un

tipo de bienes: las calles. No obstante, parece entender

CT-2013-0014

15

que la referida disposición legal alude únicamente a la

categoría de calles públicas, más no así a las privadas,

pues

ambas

constituyen

bienes

de

“tipos

determinados”

distintos. 40

De esta manera, luego de afirmar que el artículo 256

del Código Civil consigna la naturaleza pública de las

calles

y

abundar

en

cómo

el

factor

definitorio

para

determinar qué bienes pertenecen al dominio público es su

destino

o

función,

una

mayoría

concluye

que

la

determinación en cuanto a si un bien como las calles es

público

o

privado

estriba

exclusivamente

en

la

procedencia de los fondos con los que se subvencionó su

construcción.

costeadas

por

Así,

el

distingue

entre

Estado

aquellas

y

aquellas

calles

costeadas

por

particulares y entiende que la proveniencia de los fondos

automáticamente crea dos tipos de bienes distinguibles.41

40

Nótese como el artículo 256 del Código Civil no incluye

el calificativo “públicas” para modificar el término

calles. Sin embargo, al referirse a las fuentes y aguas,

se modifica ese tipo de bienes con el calificativo

“públicas”. Es decir, el legislador contempló la posible

existencia de fuentes y aguas públicas y privadas como

“tipos determinados” de bienes distintos. Véase, Cód. Civ.

P.R. Art. 256, 31 L.P.R.A. sec. 1025.

41

En este contexto, el Tribunal nos informa que en Caquías

v. Asoc. Res. Mansiones de Río Piedras, 134 D.P.R. 181

(1993) y Asoc. Ctrl. Acc. Maracaibo v. Cardona, 144 D.P.R.

1 (1997), “contrario al [caso] que hoy nos ocupa- se

resolvieron en el contexto de urbanizaciones cuyas calles

eran municipales y estaban costeadas con fondos públicos.”

Watchtower Bible, 2014 T.S.P.R. en la pág. 23. Todo ello

para validar su peculiar tesis de que, para determinar si

las calles son públicas o privadas, tenemos que auscultar

con qué fondos éstas se construyeron. Aseveraciones de

esta naturaleza son, como poco, preocupantes, pues dejan

en evidencia un sorprendente desconocimiento de hechos

fundamentales del desarrollo urbano de nuestro País. Es de

todos sabido, que la inmensa mayoría de las urbanizaciones

CT-2013-0014

Esto,

a

16

pesar

función

y

de

que

ambos

bienes

exhiben

las

mismas

cumplen

la

características

misma

físico-

espaciales. Este silogismo es inaudito y carece de toda

lógica.42

Resulta preciso, además, reiterar que la coletilla

en

la

que

se

ampara

existencia

de

obras

servicio

de

calles

la

mayoría

privadas

público

para

únicamente

que

sean

justificar

la

aplica

a

las

por

el

costeadas

Estado. Así lo entienden los comentaristas españoles al

interpretar

el

análogo

nuestro

al

artículo

pero

344

del

Código

con

referencia

Civil

español,

directa

a

los

pueblos y las provincias. Manresa, por ejemplo, separa

los

bienes

comprendidos

en

el

referido

articulado

en

cuatro categorías distintas: (1) los caminos provinciales

y vecinales; (2) las plazas, calles y paseos; (3) las

en Puerto Rico se construyen en terrenos privados en los

cuales la reglamentación vigente, tal y como ocurre en

este caso, exigía, como condición para el otorgamiento del

permiso de desarrollo, que sus calles fueran cedidas a los

municipios y que su uso fuese público.

Es decir, las

calles en Caquías y Maracaibo se construyeron sobre un

terreno privado, por desarrolladores privados y advinieron

municipales como resultado de la condición impuesta por el

Estado para el otorgamiento de los permisos de desarrollo.

Nos encontramos pues, llana y sencillamente, ante un

argumento falaz.

42

Con relación a la afectación de tipos determinados de

bienes,

nos

explica

Escribano

Collado,

aludiendo

específicamente a la calificación de las calles, que éstas

son “un bien que se individualiza por el destino que

cumple, es decir, teleológicamente, en cuyo favor vienen

establecidas las características físicas exigidas, todas

las que observen una misma identidad física y teleológica

constituyen una igual categoría”. Pedro Escribano Collado,

Las vías urbanas: Concepto y régimen de uso 246-47 (1973).

Por tanto, afirma que “la figura de la calle privada

destinada al exclusivo disfrute de sus propietarios es,

tanto dentro como fuera de las ciudades, un supuesto

anómalo, contradictorio y de necesaria superación”. Id. en

la pág. 246.

CT-2013-0014

17

fuentes y aguas públicas, y (4) las obras públicas de

servicio

general

provincias.

costeadas

Véase,

III

por

los

mismos

J.M.

Manresa

pueblos

y

o

Navarro,

Comentarios al Código Civil español 103 (1904). Es decir,

tal

y

como

explicáramos

en

la

Opinión

Disidente,

la

coletilla “costeadas por el Estado”, bajo las nociones

más elementales de gramática, modifica las obras públicas

de servicio general y no los demás bienes comprendidos en

el artículo.43

Una discusión que se contrae a la clasificación de

las

calles

en

nuestro

ordenamiento

jurídico

y

cuyo

resultado final estriba en un reconocimiento de calles

privadas en base a la entidad o sujeto que costeó su

construcción es, a todas luces, un esfuerzo discursivo

que aspira a fundamentar lo insostenible. El empeño de

una mayoría de declarar la existencia de calles privadas

bien pudo haberse fundamentado de manera más consecuente

mediante la doctrina de desafectación. Por supuesto, ese

proceder hubiese requerido identificar uno de los tres

supuestos bajo los cuales un bien pasa a ser desafectado.

En este caso, sería imposible afirmar con seriedad

que las calles construidas en BCC han sufrido cambios en

43

En cuanto a la inclusión de las calles como bienes de

dominio público, Escribano Collado comenta, luego de

discutir la tradición que informó la redacción del

artículo 344 del Código Civil español, que “[l]as calles

siguen siendo bienes destinados al uso público como los

venían siendo desde las Partidas y su configuración como

bienes de dominio público sigue siendo esencialmente la

misma, basada en la idea de la protección del derecho de

todos al uso reconocido”. Escribano Collado, supra, en la

pág. 105.

CT-2013-0014

sus

18

condiciones

naturales.

Asimismo,

sería

insólito

razonar que, por virtud de ley o actos administrativos,

las calles de BCC fueron desafectadas. Esto, en atención

a

los

preceptos

legales

cuales

exigían,

inequívocamente,

calles

al

hubiese

sido

Municipio

anteriormente

de

una

de

los

el

traspaso

De

igual

dificultad

acción

ultra

vires

Dorado.

calificar

estudiados,

las

del

Municipio de Dorado como un acto administrativo, cuando,

al

momento

del

prerrogativas

acuerdo

que

la

con

BCC,

adopción

de

éste

un

carecía

Plan

de

las

Territorial

confiere a los municipios.44

En fin, el ejercicio adjudicativo que realiza una

mayoría

jurídica

de

este

Tribunal

maleable

a

evidencia

los

una

intereses

metodología

de

sectores

particulares en nuestra sociedad que descarta, no solo la

normativa

vigente,

consideraciones

de

sino

también

política

pública

la

y

infinidad

de

judicial

que

judicial

debe

militan en contra del precedente adoptado.

IV

Por

entender

que

toda

determinación

fundamentarse en un análisis sosegado e integrado de las

44

No fue hasta el 8 de junio de 2011 que se aprobó el Plan

Territorial del Municipio de Dorado, conforme a la

adopción de éste por parte de la Junta de Planificación

mediante resolución. Véase, Orden ejecutiva del Gobernador

de Puerto Rico aprobando el plan territorial del Municipio

de Dorado, Boletín Administrativo Núm. OE-2011-021. Es

importante señalar que el Municipio de Dorado alegó que

operó la desafectación cuando se pactó que las calles no

le serían transferidas a éste y permanecerían bajo el

control de BCC. Véase, Alegato del Municipio de Dorado, en

la pág. 14. La opinión mayoritaria, sin embargo, no

atendió este planteamiento.

CT-2013-0014

19

consecuencias de la norma pautada sobre el entorno social,

político y económico en el cual habrá de implantarse, es

forzoso

examinar

las

ramificaciones

de

los

pronunciamientos vertidos por este Tribunal. Para esto, es

preciso señalar que configurar lo público y lo privado en

el contexto de la planificación urbana constituye un acto

inmanentemente propio de la Asamblea Legislativa, siendo

ésta la rama gubernamental

que mejor podrá concretar la

configuración legal de este nuevo tipo de bien. Compete

igualmente a la Asamblea Legislativa el desarrollo de las

normas

y

preceptos

legales

comunidades

exclusivas

organizativos

que

y

que

regirán

confinadas

establezcan

sus

a

estas

los

nuevas

regímenes

asociaciones

de

residentes.45

45

La falta de una prerrogativa legítima por parte de este

Tribunal para enmendar el Código Civil y la clasificación

de bienes contenida en éste fue atendida por el Juez

Asociado Negrón García en las expresiones a las que

curiosamente alude una mayoría:

La Asamblea Legislativa tiene la potestad de

enmendar el Código Civil y otras leyes para

traspasar las calles residenciales a bienes de

uso privado. Claro está, una vez dejen de ser

bienes de uso público, su mantenimiento no

podrá ser con fondos públicos municipales o

estatales. Conllevaría el que con el traspaso

de

las

calles

se

traspase

el

costo

de

mantenimiento

de

éstas,

incluyendo

el

alumbrado,

las

reparaciones

y

la

responsabilidad civil sobre éstos. El efecto

sería que las calles se convirtieran en bienes

de uso común limitado de las urbanizaciones con

todas las responsabilidades, obligaciones y

problemas que esto conlleva.

Asoc. Ctrl. Acc. Maracaíbo v. Cardona 144

D.P.R. 1, 66 (1997). (Op. Concurrente y

Disidente, J. Negrón García).

CT-2013-0014

20

El reconocimiento de calles privadas hace necesaria

la adecuación de los preceptos legales y la reglamentación

urbanística

aplicable,

así

como

legislación

que

y

encauce

con

calles

complejos

regule

residenciales

la

la

formulación

de

existencia

de

privadas.

Así

lo

reconoce el tratadista Martín Blanco cuando mantiene que

“la

realidad

socio-económica

y

urbanística

de

estas

urbanizaciones privadas o particulares plantea una serie

de

problemas

regulación

de

legal

urbanizaciones

diversa

índole

actualizada”.

privadas

y

su

necesitados

José

Martín

posible

de

una

Blanco,

Las

configuración

jurídica 22 (1973). Martín Blanco señala, además, que el

reconocimiento

de

las

urbanizaciones

privadas

requiere

“una construcción unitaria de tal figura jurídica en su

propia sustantividad y en la plenitud de su multiforme

Evidentemente, la mayoría no discernió el significado de

estas expresiones. Lo que es peor, en la Opinión, sin

asomo de sonrojo, afirma que “tampoco nos compete emitir

un dictamen que se extienda más allá de nuestras

facultades como foro judicial, trastocando los límites de

las funciones que son propias de la Asamblea Legislativa

de Puerto Rico”. Watchtower Bible and Tract Society v.

Municipio de Dorado, 2014 T.S.P.R. 138, en las págs. 8-9.

Conviene evocar, además, pronunciamientos previos de una

mayoría de este Tribunal y recordarles que, una decisión

que implique el reconocimiento legal de una figura no

contemplada en nuestro Código Civil, “no se puede dar en

los pasillos del Tribunal Supremo, sino en el hemiciclo de

los Cuerpos Legislativos”. A.A.R., Ex parte, 187 D.P.R.

835, 877 (2013). En aquel caso, este Tribunal evitó

intervenir

en

una

controversia

que

planteaba

una

desigualdad plasmada en nuestro Código Civil, la cual

perjudicaba a un grupo particular de ciudadanos ya

desfavorecidos en nuestro ordenamiento jurídico.

En

el

caso que nos ocupa, una mayoría hace lo contrario para

propagar la desigualdad social y favorecer aún más los

intereses del sector privado.

CT-2013-0014

contenido”.

21

Id.

en

la

pág.

25.

Acomodaticiamente,

la

mayoría descontextualiza las expresiones de Martín Blanco,

quien

precisamente

denuncia

la

falta

de

legislación

reguladora y expone alternativas en torno a cómo podrían

abordarse

los

problemas

que

urbanizaciones

residenciales

título

obra

de

su

aluda

supone

la

existencia

de

privadas.

De

ahí

el

a

la

“posible

a

que

configuración

jurídica” de éstas. De una lectura cabal de su obra se

desprende que, en repetidas ocasiones, se discute la falta

de

una

regulación

legal

específica

concerniente

a

las

urbanizaciones privadas en España y los problemas que esto

ha generado, incluyendo la polémica y la inconsistencia

doctrinal en torno a la existencia de calles privadas.

La

mayoría,

al

optar

por

desentenderse

de

las

implicaciones de su determinación, desatiende un sinnúmero

de problemas jurídico-legales de difícil dilucidación. A

modo

de

ejemplo,

derechos

¿cómo

se

fundamentales

garantizará

el

consagrados

ejercicio

en

de

nuestra

Constitución, tanto por residentes como por no residentes,

en

estas

nuevas

comunidades?

¿Al

delegársele

funciones

inherentemente públicas, constituirán las asociaciones de

residentes actores estatales? ¿Cómo podrá el Estado evitar

actuaciones discriminatorias

o arbitrarias por parte de

estas asociaciones? ¿Podrán las asociaciones impedir el

uso a un residente de una de las calles privadas dentro de

la

urbanización

incumplido

con

por

no

algunas

haber

pagado

la

de

normas

contenidas

las

cuota

o

haber

en

el

reglamento de ésta? ¿Podrán los residentes hacer mejoras a

CT-2013-0014

22

estas calles de naturaleza privada que interfieran con los

planes de uso de terreno, el flujo de aguas pluviales y la

conservación del medioambiente? ¿Cómo atenderá el Estado

actuaciones

de

los

conservación

de

los

contenidos

en

únicamente

sobre

residentes

recursos

incidan

naturales

determinada

la

que

y

en

arqueológicos

urbanización?

asociación

de

la

¿Recaerá

residentes

la

responsabilidad de proveer y mantener servicios esenciales

como agua potable y electricidad, recogido de basura y

pavimentación? ¿Qué poderes tendrá la Policía de Puerto

Rico para ejercer sus facultades y deberes dentro de los

predios de una urbanización privada? ¿Qué mecanismos de

tributación

privada?

atenderán

¿Podrán

contributivas

este

los

nuevo

tipo

residentes

municipales

de

pedir

propiedad

exenciones

bajo

el

argumento

de

que

cuota

de

mantenimiento,

los

sufragan,

mediante

la

servicios

provistos

dentro

de

la

urbanización?

¿Quién

responderá civilmente por accidentes ocurridos en estas

calles

privadas?

¿Podrá

una

asociación

de

residentes

enajenar una calle privada? ¿Qué ocurrirá si un acreedor

hipotecario

consiste

en

decide

una

ejecutar

calle

el

bien

privada?

hipotecado

¿Podrá

cobrar

y

éste

a

los

residentes por su acceso? ¿Cómo se garantizará el acceso a

las playas, calles aledañas y otros bienes de uso público

a la ciudadanía cuando el único acceso sea mediante una

calle privada? ¿Podrán establecerse peajes en estas calles

para cobrarle a aquellos que deseen utilizarlas?

CT-2013-0014

Estimo

23

que

interrogantes

no

la

complejidad

favorece

el

que

subyace

reconocimiento

estas

por

vía

judicial de calles de titularidad privada. Ante todo, con

tal de armonizar los intereses envueltos y atender los

problemas señalados, el reconocimiento de calles privadas

tendría que estar precedido por un proceso deliberativo,

abarcador

y

participativo,

sectores

que

constituyen

puedan

expresarse

interrogantes.

y

Ello,

en

el

la

cual

los

comunidad

plantear

puertorriqueña

sus

indudablemente,

le

múltiples

respectivas

compete

a

la

Asamblea Legislativa y no a este Tribunal; mucho menos a

través de interpretaciones jurídicas infundadas.

Más

privadas

importante

aún,

en

ordenamiento

nuestro

el

reconocimiento

no

puede,

de

calles

bajo

ningún

concepto, minar el ejercicio por parte del Estado de sus

facultades

y

potestades

terrenos,

concesión

construcción

y

Mucho

puede

menos

de

otras

típicas

en

permisos,

ejecución

funciones

impedir

que

relación

al

de

inherentemente

estas

uso

de

obras

de

públicas.

comunidades

estén

exceptuadas del poder de razón de Estado por el mero hecho

de

que

sus

calles

sean

de

propiedad

privada.

El

antagonismo socioeconómico que supone el reconocimiento de

calles privadas no sólo propende a la criminalidad, la

inequidad y el discrimen, sino que alienta la secesión de

grupos y comunidades del orden político del

exclusión

de

aquellos

grupos

que

carecen

País y la

de

recursos

económicos para formar parte de estos enclaves. Supone una

extracción sin precedentes del orden público y trastoca el

CT-2013-0014

24

funcionamiento

de

basado

participación

en

la

un

Estado

democrático

ciudadana

y

constitucional

la

integración

social.

Irrebatiblemente,

una

urbanización

residencial

con

calles privadas inaccesibles al público general representa

“un estado de suspensión del orden jurídico-institucional

del

Estado

específicas

al

que

formas

pertenece;

de

es

gobernanza

lugar

de

construida

nuevas

y

ad

y

hoc

aceptada en un pacto de mutuo acuerdo por sus habitantes;

es el Estado dentro del Estado”. Bernardo Secchi, supra.

Una determinación que tiende a promover la proliferación

de

comunidades

jurídica

cuasi-autónomas,

determinada

funcionamiento

y

ni

operación

sin

una

configuración

legislación

que

desmerece

nuestro

regule

su

compromiso

con la justicia y la sana convivencia social.

En atención a la renuencia de una mayoría de este

Tribunal de reconsiderar el dictamen emitido, disiento de

su

proceder

y

reafirmo

mis

expresiones

anteriores

en

Watchtower Bible and Tract Society v. Municipio de Dorado,

2014

T.S.P.R.

138

(Rodríguez

Rodríguez,

J.,

Op.

Disidente). Por los fundamentos que anteceden, proveería

con lugar a la reconsideración que nos fue solicitada.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada