Tribunal Supremo de Puerto Rico
Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., et al. v. Municipio de Dorado, et al
2015 TSPR 18
Poder Judicial de Puerto Rico
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Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., et al. v. Municipio de Dorado, et al
CT-2013-14
Resolución del Tribunal con Voto de Conformidad
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Watchtower Bible and Tract
Society of New York, Inc., et
al.
Recurridos
2015 TSPR 18
v.
192 DPR ____
Municipio de Dorado, et al.;
United States District Court
for the District of Puerto
Rico
Peticionarios
Número del Caso: CT-2013-14
Fecha: 27 de febrero de 2015
Parte Peticionaria:
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el
Distrito de Puerto Rico
Abogada de la Parte Demandante:
Lcda. Nora Vargas Acosta
Abogados de la Parte Demandada, Municipio Dorado:
Lcdo. Héctor Rivera Cruz
Lcdo. Iván J. Pasarell Jove
Amicus Curiae:
DBR Dorado Owner, LLC Coco Beach Maintenance, Inc.;
Serrallés Hotel
Lcdo. Arturo García Solá
Departamento de Justicia
Lcda. Margarita Mercado Echegaray
Procuradora General
Materia: Resolución
Disidente.
con
Voto
de
Conformidad
y
Voto
Particular
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Watchtower Bible and Tract
Society of New York, Inc.,
et al.
Recurridos
v.
CT-2013-0014
Municipio de Dorado, et al.;
United States District Court
for the District of Puerto
Rico
Peticionarios
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2015.
Examinada la Primera Moción de Reconsideración
presentada en el caso de epígrafe, se provee no ha
lugar.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado
señor Martínez Torres proveería no ha lugar por
falta de jurisdicción. El Juez Asociado señor
Rivera García emitió un voto de conformidad. La
Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió un
voto particular disidente. El Juez Asociado señor
Estrella Martínez reconsideraría y emitió la
expresión siguiente:
El Juez Asociado señor Estrella Martínez
reconsideraría
por
los
fundamentos
contenidos en su Opinión Disidente en el
caso Watchtower Bible and Tract Society
of New York, Inc., et al. v. Municipio de
Dorado, et al.; United States District
Court for the District of Puerto Rico,
2014 TSPR 138, 192 DPR ___, res. El 18 de
noviembre de 2014, CT-2013-0014.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Watchtower Bible and Track
Society of New York Inc., et
al.
Certificación
Recurridos
v.
CT-2013-0014
Mun. de Dorado, et al.
United States District Court
for the District of Puerto Rico
Peticionario
Voto de conformidad emitido por el Juez Asociado señor Rivera García
En San Juan, Puerto Rico, 27 de febrero de 2015.
Estoy conforme con la resolución que antecede
en
la
que
se
reconsideración
declara
no
presentada
ha
lugar
la
moción
por
el
Estado,
de
porque
estoy convencido de que la opinión que emitimos en
el caso de epígrafe es correcta en derecho. Ahora
bien, en esta ocasión me veo en la necesidad de
responder
a
falsas
y
descontextualizadas
expresiones emitidas por la compañera Juez Asociada
señora
Rodríguez
Rodríguez,
aprovecha
la
comodidad
incurrir
en
un
quien
una
vez
más
de
la
disidencia
para
ejercicio
de
catalogar
como
infundadas e irreflexivas toda posición contraria a
su
parecer,
implicando
que
en
su
imaginario,
el
CT-2013-0014
2
derecho es una ciencia exacta bajo la cual existe una sola
visión válida y correcta: la suya.
Lo irónico – y por demás desafortunado que ocurra en
nuestro Tribunal Supremo - es que la compañera
sustentar
su
postura
en
una
exposición
pretende
totalmente
tergiversada de la Opinión emitida. Esto con el patente
propósito de imputarle a una mayoría de este tribunal la
provocación de un “antagonismo socioeconómico” mediante un
presunto adelanto de “intereses privados” y de provocar
una “desigualdad social”. Verdaderamente, sus intenciones
son “tan claras que hieren la retina”. Le recordamos a la
distinguida Juez que, “bajo las nociones más elementales”,
no es sincero ni honrado inducir a error presentando una
desvirtuada e incompleta relación del derecho. Ante ello,
me veo precisado a aclarar las lagunas que evidentemente
reflejan
las
expresiones
del
voto
disidente,
y
así
reiterar los fundamentos que sustentaron nuestra pasada
decisión de Watchtower Bible Track Society of New York, et
al. v. Mun. de Dorado, et al., res. el 18 de noviembre de
2014, 2014 TSPR 138.
En
aquella
certificación
ocasión,
atendimos
interjurisdiccional
un
recurso
solicitado
por
de
el
Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Puerto
Rico
mediante
siguiente:
el
¿Permiten
cual
las
contestamos
la
leyes
Puerto
de
interrogante
Rico
la
existencia de calles residenciales privadas? Certificada
la referida pregunta, evaluamos las leyes vigentes con el
CT-2013-0014
3
objetivo de aclarar si nuestro ordenamiento jurídico, en
efecto,
reconoce
su
existencia.1
Se
trató
así
de
una
controversia novedosa a la luz de un contexto fáctico que
no habíamos considerado en el pasado. En ese sentido, este
Tribunal no creó una norma jurídica atípica en nuestro
ordenamiento y mucho menos revocó precedente legal alguno.
En esencia, las críticas de la Juez Asociada señora
Rodríguez
Rodríguez
se
circunscriben
a
señalar
que
alegadamente resolvimos que una calle puede ser privada
basándonos única y exclusivamente en la procedencia de los
fondos con los cuáles se construyó.2
Así por ejemplo,
sostiene que “una mayoría concluy[ó] que la determinación
en
cuanto
a
si
un
bien
como
las
calles
es
público
o
privado estriba exclusivamente en la procedencia de los
fondos
con
los
que
se
subvencionó
su
construcción”.3
También, arguye que abordamos cierta jurisprudencia para
“validar [nuestra] peculiar tesis de que, para determinar
si
las
calles
son
públicas
o
privadas,
tenemos
que
auscultar con que fondos estas se construyeron”.4
1
Dado a que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico no ha promulgado
una legislación especial en cuanto a esta materia, nuestro análisis se
circunscribió a estudiar los preceptos del Código Civil de Puerto Rico
y la jurisprudencia aplicable.
2
Note el lector que sí hicimos referencia al análisis del Profesor
Godreau referente a que el Art. 256 del Código Civil de Puerto Rico
contiene una lista de bienes “construidos o creados con fondos
públicos”. Véase, Watchtower Bible Track Society of New York, et al.
v. Mun. de Dorado, et al., res. el 18 de noviembre de 2014, 2014 TSPR
138, 24. Ello, como apoyo a la teoría de que ese artículo trata de
bienes en los que tiene injerencia el Estado.
3
Voto Particular disidente
Rodríguez, pág. 15.
4
Íd., pág. 15, n. 9.
de
la
Juez
Asociada
señora
Rodríguez
CT-2013-0014
4
La línea adjudicativa que la Juez Asociada le imputa
a
una
mayoría
de
esta
Curia
dista
mucho
de
lo
que
resolvimos. No hay duda alguna de que en ninguna parte de
la Opinión este Tribunal realizó semejantes aseveraciones.
Máxime cuando en nuestra exposición del derecho aclaramos
que
lo
determinante
público
es
su
para
que
finalidad
un
–que
bien
la
sea
de
dominio
decide
el
Estado-
independientemente de la actividad de construcción de la
cosa.5
En
Watchtower,
supra,
señalamos
que
dentro
del
escueto lenguaje de los Arts. 255 y 256 del Código Civil
de
Puerto
llegar
a
Rico,
la
31
LPRA
conclusión
secs.
1024
y
de
las
calles
que
1025,
podíamos
de
dominio
público son aquellas que el Estado ha decidido mantener o
costear con sus propios fondos. En específico, señalamos
que:
si bien el Art. 256 del Código Civil de Puerto
Rico, supra, indica que las calles y los caminos
vecinales
son
de
dominio
público,
una
interpretación lógica de ese precepto nos lleva
a concluir que ello se menciona en el contexto
de que estos sean mantenidos o costeados por el
Estado. (Énfasis nuestro).6
También mencionamos que:
las calles que forman parte de la categoría de
bienes de dominio público son las costeadas y
mantenidas por los mismos pueblos y que están
destinadas al uso público. El andamiaje jurídico
vigente
no
requiere
que
todas
las
vías
residenciales se traspasen a título de los
municipios con fin de destinarlas al uso
5
Véase, Watchtower Bible Track Society of New York, et al. v. Mun. de
Dorado, et al., supra, pág. 19, n. 18.
6
Watchtower Bible Track Society of New York, et al. v. Mun. de Dorado,
et al., supra, pág. 26.
CT-2013-0014
5
público. Al ser así, las calles que no se
transfieran a un ente gubernamental, quedarán
fuera del régimen del Art. 256 del Código
Civil…. (Énfasis nuestro).7
Nótese la referencia en cuanto a la necesidad de que
se
realice
una
transferencia
de
las
calles
a
algún
organismo del Estado con el propósito de que entren al
dominio público. Ello conllevaría que el Estado las costee
y las mantenga.8 Pues tal como señaló el entonces Juez
Asociado Negrón García en una controversia suscitada a la
luz de la Ley sobre Control de Acceso Vehicular9, ante el
evento hipotético de que la Asamblea Legislativa decida
traspasar calles residenciales públicas a bienes de uso
privado, “su mantenimiento (el de las calles) no podrá ser
con fondos públicos municipales o estatales”.10 Y es que,
no podría ser de otra manera.
Sorprendentemente, la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez acusa a una mayoría de este Tribunal
discern[ir]
el
embargo,
parecer
7
al
de
estas
expresiones”.11
Sin
esta
quien
tuvo
en
significado
fue
de “no
dificultad
Id. Pág. 27.
8
La palabra “costear” significa “pagar o satisfacer los gastos de
algo” o “producir lo suficiente para cubrir los gastos que ocasiona”.
Diccionario
de
la
Real
Academia
española,
disponible
en:
http://lema.rae.es/drae/?val=costear, última visita: 19 de febrero de
2015.
Que es lo que evidentemente sucede cuando el Estado adquiere,
mediante el método que sea, alguna parcela para uso público: la
costea, la mantiene con sus fondos.
9
Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987.
10
Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v. Cardona, (Negrón García, J., Op.
Concurrente y Disidente), 144 DPR 1, 66 (1997), según citado en
Watchtower Bible Track Society of New York, et al. v. Mun. de Dorado,
et al., supra, pág. 24.
11
Voto Particular disidente, pág. 19, n. 13.
CT-2013-0014
6
asimilar
los
pronunciamientos
Asociado
enunció
inmediatamente
criterio,
no
en
ese
preceden
pudimos
que
mismo
las
el
caso,
entonces
Juez
pesar
de
que
según
su
a
expresiones
“discernir”.
Nos
que
referimos
a
las
siguientes: “[e]l Art. 256 del Código Civil, 31 L.P.R.A.
sec. 1025, describe las calles como bienes de uso público
en Puerto Rico y en sus pueblos, costeadas por los mismos
pueblos
o
con
Evidentemente,
hizo
fondos
al
considerando
del
Tesoro
referirse
a
que
eran
estas
las
de
„calles
las
Rico.”12
Puerto
públicas‟
costeadas
por
lo
el
Gobierno.
Esta es la “famosa coletilla” a la que tanto alude la
Juez Asociada en su Voto Particular. Como sabemos, el Art.
256 del Código Civil de Puerto Rico, supra, lee de la
siguiente manera:
[s]on bienes de uso público en Puerto Rico y en
sus pueblos, los caminos estaduales y los
vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas
públicas, los paseos y las obras públicas de
servicio general, costeadas por los mismos
pueblos o con fondos del tesoro de Puerto Rico.
En
precepto
su
Voto
“no
Particular
incluye
el
disidente
calificativo
señala
que
este
„públicas‟
para
modificar el término calles”.13 Ante ello, no vacila en
opinar que “la coletilla „costeadas por el Estado‟, bajo
las nociones más elementales de gramática, modifica las
12
Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v. Cardona, supra, pág. 66.
13
Voto Particular disidente, pág. 14, n. 8.
CT-2013-0014
7
obras públicas de servicio general y no los demás bienes
comprendidos en el artículo [256]”.14
Parecería
ser
que
la
Juez
se
antecedente”
que
dispone
que
“las
relativas,
que
modifican,
o
deben
refiere
a
la
palabras,
ser
“regla
frases
aplicadas
a
del
o
las
último
cláusulas
palabras
o
frases que inmediatamente le preceden y no deben ser interpretadas en
el sentido de extenderse a incluir otras más remotas”. 15 Sin embargo,
algunos autores nos explican que:
[…] esta regla del último antecedente no tiene gran valor.
Sólo funciona cuando nada hay en el estatuto que indique
que la palabra relativa o la disposición modificadora
tiende a surtir un efecto diferente. La regla solo debe
utilizarse cuando otras reglas de hermenéutica no hayan
permitido descubrir la verdadera intención del legislador.
Si hay algo en la ley indicativo de que la intención es
que la palabra relativa o disposición modificadora se
aplique
a
otras
palabras
en
vez
del
antecedente
inmediatamente anterior, la regla debe ser descartada.
Basta una leve indicación para que pueda extenderse el
alcance del término relativo o disposición modificadora a
otras palabras, en lugar de sólo al último antecedente.
[…] Todavía más, si surge que el último antecedente puede
aplicarse de igual manera a todas las disposiciones
anteriores, debe aplicarse a todas las palabras que le
anteceden. (Citas omitidas)
(Énfasis en el original y
énfasis suplido).16
Precisamente, una lectura del Art. 256 del Código Civil y la
doctrina que lo interpreta nos lleva a concluir que los bienes -no
propios de la naturaleza-
que allí se mencionan, son los que en sí
mismos constituyen obras del ente público, porque el gobierno asume su
costo o su mantenimiento. Repasemos lo acotado en Watchtower, supra,
en
cuanto
al
análisis
que
el
tratadista
Garrigo
Falla
hiciera
relacionado al Art. 344 del Código Civil español, análogo al Art. 256
nuestro, el cual abona a la referida conclusión. Allí expresamos lo
siguiente:
Por otro lado, Garrido Falla nos dice que el Art. 344 del
Código Civil español contiene un lenguaje esencialmente
14
Id., págs. 16-17.
15
Véase, R. Elfren Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e
interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da Ed., San Juan,
Publicaciones J.T.S., 1987, V.1., pág. 343.
16
Id.
CT-2013-0014
8
idéntico al del Reglamento de Bienes de España de 1986,
que establecía en su Art. 3.1 que:
[…] son bienes de uso público local los caminos, plazas,
calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques,
puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o
utilización generales cuya conservación y policía sean de
la competencia de la entidad local. F. Garrido Falla en M.
Albaladejo y otros, Comentarios al Código Civil, Madrid,
Ed. Edersa, 1990, T. V, Vol. I., pág. 130.
Mencionamos el comentario del tratadista ya que al
hacerlo, señala que la expresión “y demás obras públicas”
no deja de ser un acierto del legislador, porque “aclara
que aquellos paseos, caminos o parques que no sean ellos
mismos ‘obras públicas’ no forman parte del dominio ni del
demanio de las entidades locales”. (Énfasis en el
original).17
Independientemente de que la situación en España sea
diferente a la de Puerto Rico debido a la existencia de
bienes
de
la
nación
y
bienes
de
las
provincias,
lo
precitado aclara que los bienes que en ese artículo se
enumeran
son
públicos
porque
son
en
sí
mismos
obras
públicas. El siguiente análisis de este mismo tratadista –
al cual también hicimos alusión en Watchtower, supra- nos
lleva a sostener esa determinación. Veamos.
Haciendo referencia a las calles residenciales, el
precitado
autor
nos
menciona
que
de
la
legislación
urbanística española parece desprenderse que “…aunque la
obra sea sufragada por los promotores privados, la calle
construida ha de ser cedida al Ayuntamiento y, por tanto,
entra en su patrimonio (público)”. (Énfasis y subrayado
nuestro).18 Luego de discutir esto, reseña lo siguiente:
17
Watchtower Bible Track SOciety of New York, et al. v. Mun. de
Dorado, et al., supra, págs. 25-26.
18
Albaladejo y otros, Comentarios al Código Civil, Madrid, Ed.,
Edersa, 1990, T.1, Vol. 1, pág. 132, según citado en Watchtower Bible
Track Society of New York, et al. v. Mun. de Dorado, et al., supra,
pág. 21, n. 21.
CT-2013-0014
9
[l]o que ocurre es que la recepción de obras por
el Ayuntamiento… no siempre se realiza. […] Si
no ha habido, pues, recepción de las obras por
parte del Ayuntamiento, estamos aquí en la
presencia de las polémicas ‘calles privadas’.19
Lógicamente, de ello puede deducirse que una calle es
pública
porque
ha
entrado
en
el
dominio
del
ente
gubernamental porque así lo ha exigido la legislación o
reglamentación urbanística aplicable. De manera que, una
calle es pública porque está bajo el dominio y control del
Estado,
esto,
independientemente
mediante
el
este
maneras
en
cuando
requiere
cual
que
dedicarlas
a
aprobación
de
el
que
uso
del
procedimiento
la
haya
adquirido.
Estado
puede
adquirir
Una
una
estas
se
cedan
a
público,
esto
como
condición
proyectos
su
residenciales.
En
de
las
calle
es
favor
para
para
la
Watchtower,
supra, reconocimos que el andamiaje jurídico vigente a esa
fecha
no
requería
que
todas
las
vías
residenciales
se
traspasaran a título de los municipios para destinarlas a
uso
público.20
Esto,
haciendo
referencia
a
la
reglamentación adoptada al amparo de la Ley Núm. 161-2009.
Tal como reseñamos en nuestra Opinión, un bien de uso
o dominio público no está supeditado a quién sea el dueño
inicial
de
este,
sino
que
la
Asamblea
Legislativa
de
Puerto Rico, en el pleno ejercicio de su poder de razón de
estado, puede determinar que cierto bien se destine al uso
19
Id.
Watchtower Bible Track Society of New York, et al. v. Mun. de
Dorado, et al., supra, pág. 27.
20
CT-2013-0014
10
público.21 Más aun cuando reiteradamente hemos reconocido
que la actividad urbanística no es un derecho absoluto,
sino que está condicionado a la regulación que a bien
entienda imponer el Estado.22 En otras palabras, el Estado
tiene la potestad de decidir que las calles residenciales
tengan que cederse al ente gubernamental para que formen
parte
del
manera
dominio
público.
contraria,
En
deberá
caso
de
entonces
que
proceda
sopesar
de
las
consecuencias que ello pueda conllevar y legislar lo que
al respecto entienda pertinente, momento propio para que
se puedan evaluar las supuestas interrogantes de la Juez
Asociada, las cuales expone en las últimas páginas de su
Voto Particular.
Como
vemos,
no
hace
falta
mucho
esfuerzo
para
percibir el recurrente ejercicio de la distinguida Juez de
presentar lo que no es, como si fuese. Pero, no conforme
con ello, también afirma que una mayoría de este Tribunal
descontextualizó
“acomodaticiamente”
las
tratadista
Martín
fundamento
José
Blanco.
Como
palabras
del
a
sus
imputaciones, menciona que este denuncia en su libro la
falta de una regulación legal específica en torno a las
urbanizaciones privadas en la jurisdicción española.23 Si
bien es cierto que Martín Blanco formula ese señalamiento,
como
veremos,
es
la
Juez
21
Id.
22
Id., págs. 27-28.
Voto particular disidente, pág. 20.
23
quien
presenta
el
mismo
CT-2013-0014
11
“acomodaticiamente”
so
pretexto
de
desvirtuar
nuestras
supra,
expresiones.
Como
se
puntualizamos
que
recordará,
en
Watchtower,
existían
varias
opiniones
sobre
la
controversia objeto de este caso.24 Al hacerlo, mencionamos
lo siguiente:
según el tratadista español Martín Blanco, la
posibilidad
de
las
llamadas
‟calles
particulares‟ se fundamenta en la interpretación
literal,
lógica,
sistemática
y
de
praxis
administrativa del Art. 344 del Código Civil
español….25
En su obra Las urbanizaciones privadas y su posible
configuración
jurídica,
luego
de
exponer
que
las
urbanizaciones privadas van siendo “cada vez más cuestión
de
necesidad
y
cada
vez
menos
postura
de
moda”,
José
Martín Blanco aborda la problemática relacionada a este
24
Watchtower Bible Track Society of New York, et al. v. Mun. de
Dorado, et al., supra, pág. 9. En aquella ocasión también mencionamos
la opinión de la Profesora García Cárdenas, quien colige que aun “[e]n
las urbanizaciones constituidas bajo la égida de la ley de
condominios, tampoco existen calles privadas”. M.E. García Cárdenas,
Derecho de urbanizaciones: servidumbres en equidad, controles de
acceso e instalaciones vecinales, San Juan, Ed. Interjuris, 2010,
págs. 82-83, según citado en Watchtower Bible Track Society of New
York, et al. v. Mun. de Dorado, et al., supra, pág. 10. Casualmente,
en su Voto Particular la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
apunta lo siguiente:
Así, (la mayoría) distingue entre aquellas calles
costeadas por el Estado y aquellas costeadas por
particulares […] Esto a pesar de que ambos bienes
cumplen
la
misma
función
y
exhiben
las
mismas
características físico-espaciales. Este silogismo es
inaudito y carece de toda lógica. Voto particular de la
Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez, págs. 15-16.
Nos preguntamos si no cumplen la misma función y si no exhiben las
mismas
características
físico-espaciales
las
calles
de
las
urbanizaciones constituidas bajo la Ley de Condominios, por el mero
hecho de que en estas, el área de rodaje sea parte de los elementos
comunes.
25
Watchtower Bible Track Society of New York, et al. v. Mun. de
Dorado, et al., supra, pág. 9.
CT-2013-0014
12
tipo de proyecto residencial en esa jurisdicción.26 Uno de
los
propósitos
configuración
sobre
cómo
de
su
obra
es
legal
de
estos
núcleos
reformarse
la
debería
intentar
construir
urbanos
ley
y
española
la
comenta
a
esos
efectos.27 Es dentro de ese análisis que sostiene que una
urbanización privada puede construirse si se consideran
ciertos elementos, entre ellos, “[u]na aprobación del plan
de
ordenación,
Administración”.28
26
específico
y
propio,
por
la
Es aquí cuando discute que existen dos
J. Martín Blanco, Las urbanizaciones privadas
configuración jurídica, Madrid, 1973, págs. 20-21.
y
su
posible
27
Martín Blanco, op. cit., pág. 33. El autor señala lo siguiente al
hablar sobre la necesidad de una configuración integral del derecho
español en cuanto a las urbanizaciones privadas:
“Surge,
en
primer
término,
en
esta
línea
de
consideraciones,
la
observación
de
que
este
tratamiento jurídico de las urbanizaciones privadas
requiere
apertura
mental
libre
de
prejuicios
jurídico-públicos y de prejuicios justiprivatistas.
La contemplación a través del prisma público puede
llevar a una deformación de la naturaleza jurídica
propia de la figura
desdibujada entonces por un
indebido criterio intervencionista a ultranza o por
una configuración municipalista absoluta que, en mi
opinión, no procede y que no responde a la verdadera
esencia de la urbanización privada.
También sería erróneo su enjuiciamiento desde la
perspectiva exclusiva del Derecho privado. Si bien es
cierto que, fundamentalmente, estas urbanizaciones se
construyen y viven sobre un conjunto de relaciones
jurídicas privadas, no puede desconocerse la esfera
de
actuación
administrativa
que
opera
en
su
nacimiento y desarrollo legal y de hecho”. (Énfasis
nuestro). Martín Blanco, op. cit., págs 26 y 27.
28
Martín Blanco, op. cit., pág. 50. Los otros elementos son:
1. Una propiedad única y total o una copropiedad voluntaria
del suelo en forma de cotitularidad permitida por las leyes
y una iniciativa privada o particular en la promoción y en
la redacción del plan;
2. Una división del terreno en varios lotes o parcelas;
3. Una organización jurídica de los intereses y de las
relaciones
jurídicas
existentes
entre
la
propiedad
promotora y os adquirentes; entre unos y otros y terceras
personas; entre aquéllos y la Administración, y
CT-2013-0014
13
cuestiones muy debatidas en la doctrina, estas son: “[s]i
pueden existir calles y elementos comunes de propiedad y
uso privado dentro de la urbanización” y “[l]a cesión y
conservación de aquellos y de los servicios”.29 En cuanto a
lo primero, el autor indica que sus conclusiones pueden
resumirse de la siguiente forma:
La posibilidad legal de existencia de calles,
espacios y elementos comunes de propiedad y uso
privados dentro de la urbanización privada se
fundamenta
en
razonamientos
legales,
jurisprudenciales y de praxis administrativa.
De
la
interpretación
literal,
lógica
y
sistemática de los artículos 344 del Código
Civil y 41, 2, 50, 77 y 168 de la Ley del Suelo
resulta claramente que se reconoce la existencia
de dicha propiedad y uso privado sin que, por
otra parte, exista precepto legal alguno en
nuestro
ordenamiento
positivo
que
prohíba
expresamente
tal
posibilidad.
(Énfasis
nuestro).30
La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez tiene
todo el derecho de discrepar de esas aseveraciones, así
como
de
los
fundamentos
esbozados
por
una
mayoría
en
Watchtower, supra, para llegar a una conclusión similar.31
Lo lamentable es que de manera aviesa catalogue nuestra
interpretación como “acomodaticia” y “descontextualizada”,
cuando evidentemente su afirmación es incorrecta.
¿Qué
más nos resta decir? Tal vez que sería muy sabio aplicar
4. Un núcleo urbano resultante con características específicas
en cuanto a su emplazamiento, autonomía superficial,
destino residencial y tipo de vida, que ha de ser insertado
en el contexto administrativo y territorial municipal.
5.
29
Martín Blanco, op. cit., pág. 74.
30
Martín Blanco, op. cit., pág. 75.
Nótese que hicimos referencia a las expresiones de este autor con el
único propósito de presentar las distintas opiniones a favor y en
contra del reconocimiento de este tipo de calles.
31
CT-2013-0014
14
el famoso proverbio que dispone que “mejor es tratar de
sacar la viga que está en tu propio ojo antes de tratar de
sacar la paja que está en el ojo de tu hermano”.
Dicho esto, nos resta por considerar ciertos puntos
expuestos por el Estado en su moción de reconsideración.
Contrario a lo que este arguye32, nuestra determinación no
tiene
el
efecto
de
jurídicos
que
se
Brighton
Country
validar
ni
desaprobar
los
negocios
llevaron
a
cabo
el
proyecto
Club
y
el
entre
Municipio
de
Dorado.
Al
contestar la pregunta certificada, no atendimos el hecho
de si las calles de ese proyecto eran privadas o públicas
a la luz de la reglamentación aplicable al momento de su
desarrollo. Esa no era la interrogante que estaba ante
nosotros y por ende, no formulamos una respuesta a la
misma.
Nuestra
exclusivamente
función
a
adjudicativa
contestar
si
se
el
limitó
andamiaje
única
y
jurídico
puertorriqueño permitía o daba lugar a la existencia de
calles
residenciales
privadas.
Es
en
ese
contexto
que
emitimos la Opinión del Tribunal.
En
fin,
luego
de
atender
los
planteamientos
presentados y los postulados carentes de fundamentos que
se exponen en el Voto Particular disidente, reafirmo mi
conformidad
en
declarar
no
ha
lugar
reconsideración instada en este recurso.
32
Véase, Solicitud de reconsideración, pág. 2.
la
moción
de
CT-2013-0014
15
Edgardo Rivera García
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Watchtower Bible and Tract
Society of New York, Inc.,
et al.
Recurridos
v.
CT-2013-0014
Certificación
Municipio de Dorado, et
al.;
United
States
District
Court
for
the
District of Puerto Rico
Peticionarios
Voto Particular Disidente emitido por la Juez Asociada
señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2015.
“When
privatization
and
exclusion become dominant .
.
.
we
must
question
whether
[a]
democracy
founded on citizenship and
community
remains
possible”.33
Mediante una lectura inusitada del artículo 256 de
nuestro Código Civil y planteamientos inconexos respecto
a los bienes de dominio público en nuestro ordenamiento
jurídico,
una
naturaleza
mayoría
de
inherentemente
residenciales
en
Puerto
consecuencias
que
una
este
Tribunal
pública
Rico,
de
sin
desafectación
altera
las
calles
ponderar
mediante
la
un
las
acto
judicial acarrea. La obstinación, ya generalizada, de una
mayoría
33
de
este
Tribunal
de
llegar
a
un
resultado
Edward J. Blakely & Mary Gail Snyder, Fortress America:
Gated Communities in the United States 7 (1997).
CT-2013-0014
2
particular, sin fundamentos que lo sustenten, amerita un
análisis concienzudo de la norma pautada en este caso y
de sus efectos sociales, gubernamentales y económicos.
Esto, en un País cada vez más sujeto a la incertidumbre
que provoca la fragmentación de una sociedad concebida
inicialmente como una comunidad política democrática e
igualitaria.
Sin embargo, una mayoría de este Tribunal opta por
una deliberación irreflexiva de la controversia planteada
y se desvincula de la norma jurídica imperante en nuestro
ordenamiento con relación a la naturaleza de las calles.
Tal curso de acción atenta contra la configuración misma
de
lo
público
y,
además,
permite
que
la
gestación
y
conformación de dicho espacio sea relegada a intereses
privados,
que
bien
pudieran
no
darle
la
importancia
debida a las consideraciones sociales que deben guiar el
desarrollo
urbano.
Esto,
puesto
que
las
calles,
ante
todo, son espacios de confluencia social y cultural que
viabilizan
el
ejercicio
cabal
de
un
sinnúmero
de
prerrogativas ciudadanas y derechos; entre ellos, el de
la libre expresión.
De otra parte, la Opinión emitida elude el contexto
fáctico particular que motivó la pregunta que nos fue
certificada. Con este proceder, y quizá inadvertidamente,
se
convierten
cuya
en
cómplices
consecuencia
representación
última
espacial
de
de
un
urbanismo
será,
sin
las
malogrado,
duda,
características
“una
de
la
nueva sociedad y de su política de distinción, o, en
CT-2013-0014
3
otros términos, de inclusión/exclusión”. Bernardo Secchi,
Las nuevas ciudades de los ricos, El País, disponible en
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/01/29/actualidad/1
422550215_066847.html
(última
visita
6
de
febrero
de
2015).
Lo que es peor, la Opinión emitida se sustrae de las
consideraciones
de
índole
constitucional
y
social
que
deben guiar nuestro quehacer judicial, aun en ámbitos que
suelen concebirse como privados. Es decir, las calles han
de
ser
evaluadas
públicas,
en
indispensable
jurídicamente
tanto
de
lo
éstas
que
en
función
significan
debería
ser
la
de
razones
un
espacio
convivencia
democrática. Consecuentemente, dado que no se precisan
los contornos de la nueva figura jurídica que la Opinión
inserta
a
nuestro
ordenamiento,
una
mayoría
de
este
Tribunal opta por desencadenar una serie de incógnitas y
polémicas irresolutas e incompatibles con lo que es, o
debería ser, la esencia de la función judicial.
Ante el vacío jurídico que supone la Opinión emitida
por este Tribunal, me resulta ineludible expresarme, una
vez más, en torno a la pregunta que nos fue certificada.
Conviene, pues, repasar sucintamente los hechos concretos
que
dieron
lugar
a
las
expresiones
vertidas
por
la
mayoría.34
34
Para una relación de los hechos relacionados al
desarrollo del pleito a nivel federal, véase, Watchtower
Bible and Tract Society v. Municipio de Dorado, 2014
T.S.P.R. 138 (Rodríguez Rodríguez, J., Op. Disidente).
CT-2013-0014
4
I
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para
el
Distrito
mediante
de
Puerto
el
Rico
acudió
mecanismo
interjurisdiccional
y
formuló
ante
de
la
este
Tribunal
certificación
siguiente
pregunta:
“¿Existen calles privadas en Puerto Rico?”. Esto es, se
nos solicitó que indagáramos respecto a la posibilidad de
que nuestro andamiaje legal permitiera la existencia de
calles
fue
residenciales
producto
de
privadas.
unos
La
pregunta
señalamientos
por
certificada
parte
del
Municipio de Dorado con relación a la existencia de una
urbanización dentro de sus linderos territoriales cuyas
calles
residenciales
alegadamente
pertenecían
a
la
Asociación de Residentes y no al Municipio. En atención a
esto, planteó que la referida urbanización estaba exenta
de cumplir con las órdenes emitidas por el foro federal,
las cuales, según arguyeron, estaban dirigidas únicamente
a
aquellas
calles
pertenecientes
al
Estado
o
los
municipios, y no a las de titularidad privada.
La urbanización, Brighton Country Club (BCC), es un
complejo residencial que opera con un sistema de control
de acceso automatizado establecido bajo la Ley de Control
de Acceso, Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987, según
enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 64, et seq. (Ley de Control
de Acceso). En clara contravención a las leyes y los
reglamentos aplicables, BCC llegó a un
acuerdo con el
Municipio de Dorado mediante el cual este último aprobó
CT-2013-0014
5
el proyecto de urbanización. La aprobación se condicionó
a que las calles de la urbanización se mantuvieran como
propiedad
privada
y
la
asociación
de
residentes
se
encargara de su mantenimiento y alumbrado, entre otros
particulares.
Conforme
al
acuerdo,
luego
de
la
segregación de las calles y de las áreas comunes, los
desarrolladores transfirieron la titularidad de éstas a
la
Asociación
de
Residentes
y
no
al
Municipio,
como
exigía en aquel momento la reglamentación aplicable. Ante
el foro federal, el Municipio argumentó que las calles
dentro
de
la
urbanización
eran
privadas
pues
su
mantenimiento y titularidad recaían en la Asociación de
Residentes. Por tal razón, la Asociación de Residentes
podía prohibir la entrada de Testigos de Jehová a las
calles de la urbanización.
El 18 de noviembre de 2014, este Tribunal emitió una
Opinión
para
el
recurso
de
certificación
que
nos
fue
presentado. En ella, una mayoría de los miembros de este
Foro
concluyó
que
“el
ordenamiento
jurídico
puertorriqueño vigente contempla la existencia de calles
residenciales
privadas”.
Watchtower
Bible
and
Tract
Society of New York, Inc., et al. v. Municipio de Dorado,
2014 T.S.P.R. 138, en la pág. 28. Por su parte, el 8 de
diciembre de 2014, el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico
presentó
oportunamente
una
Solicitud
de
reconsideración.35 El 16 de diciembre de 2014, Watchtower
35
Es importante señalar que, si bien el ELA no es parte
formal en el pleito que se dilucida ante el foro federal,
CT-2013-0014
Bible
and
6
Tract
Society
argumentos
presentados
referencia
mediante
of
por
una
New
el
York
ELA
moción.
y
En
se
unió
a
los
los
adoptó
por
esencia,
el
ELA
solicita que una mayoría de este Tribunal reconsidere la
contestación
que
ofreció
a
la
pregunta
que
nos
fue
planteada. Por entender que la réplica de este Tribunal a
la pregunta planteada es contraria a Derecho, disiento de
la negativa contumaz de una mayoría de reconsiderar sus
pronunciamientos.
II
Una contestación sensata por parte de este Tribunal
a la pregunta que nos fue certificada, exigía, en primer
lugar, estudiar detenidamente la normativa aplicable al
desarrollo
de
urbanizaciones
privadas
en
Puerto
Rico,
según ésta se contempla en los reglamentos de desarrollo
urbano y planificación vigentes al momento del acuerdo
suscrito
entre
el
Municipio
de
Dorado
y
los
desarrolladores de BCC. No obstante, una mayoría decidió
prescindir
de
realizar
ese
estudio,
el
cual,
forzosamente, hubiese conducido a una respuesta mucho más
acertada y coherente.
sí compareció ante este Tribunal en calidad de amicus
curiae en atención a la trascendencia y las posibles
implicaciones a intereses ínsitos a la gestión eficaz de
gobierno, de la pregunta que nos fue certificada. Así,
presentó un alegato y participó de la vista oral celebrada
ante el Pleno de este Tribunal. Cabe recordar que en
Gorbea Vallés v. Registrador, 133 D.P.R. 308 (1993)
inequívocamente expresamos que,
“[e]n cuanto a la
capacidad
del
amicus
curiae
de
solicitar
una
reconsideración, no encontramos fundamento alguno que lo
impida o que restrinja nuestra discreción de acogerla”.
Id. en la pág. 314 (aludiendo a Green v. Biddle, 21 U.S. 1
(1823)).
CT-2013-0014
7
Como señalé en mi Opinión Disidente, el Municipio de
Dorado endosó el proyecto de urbanización el 23 de julio
de 2007. Independientemente de la manera en la que el
foro federal formuló la pregunta que nos fue certificada,
para
esa
fecha,
el
artículo
9.10
del
Reglamento
de
Lotificación y Urbanización, Reglamento Núm. 6992 de 30
de junio de 2005, disponía que las nuevas vías o vías
existentes que requiriesen ser prolongadas, ampliadas o
realineadas
debían
ser
dedicadas
al
uso
público
para
garantizar acceso a las vías públicas. Además, exigía que
esas
áreas
estatal
a
fuesen
transferidas
la
correspondiese
mantenimiento
que
conforme
a
la
al
municipio
su
o
agencia
administración
ubicación
del
y
proyecto
urbanístico.
Por su parte, el artículo 3.05 del mismo Reglamento
expresamente preceptuaba que no se expedirían permisos
para la lotificación de solares sin que éstos tuviesen
una vía pública que sirviese de entrada y salida al solar
urbanizado.
Asimismo,
Reglamento,
en
residenciales,
lo
el
artículo
referente
disponía
que
a
todo
7.02
del
mismo
las
urbanizaciones
nuevo
solar
a
ser
formado para estos propósitos debía tener acceso a través
de una calle pública debidamente inscrita en el Registro
de
la
Propiedad.
Precisamente
por
ello,
la
Ley
Hipotecaria exige el traspaso de las calles segregadas a
nombre del Municipio para su debida inscripción. Véase,
Ley Hipotecaria y del Registro de Propiedad, Art. 93, 30
L.P.R.A. sec. 2314. Como indiqué en la Opinión Disidente
CT-2013-0014
8
emitida para el caso ante nuestra reconsideración, ese
requisito
no
es
más
disposiciones
de
la
las
calles
demanial
de
que
Ley
una
atemperación
Hipotecaria
en
nuestro
a
la
de
las
naturaleza
ordenamiento,
según
ésta se desprende del artículo 256 del Código Civil. En
cuanto a esto, cabe reiterar la justificación detrás de
la segregación y transferencia a favor del municipio por
parte de un desarrollador de aquellas calles dentro de un
complejo residencial que permitan el acceso a una vía
principal. Veamos.
El artículo 500 del Código Civil regula el derecho
de paso de un propietario de una finca para acceder un
camino público. Específicamente, éste dispone que
El propietario de una finca o heredad
enclavada entre otras ajenas y sin salida a
camino público, tiene derecho a exigir paso por
las
heredades
vecinas,
previa
la
correspondiente indemnización.
Si esta servidumbre se constituye de
manera que pueda ser continuo su uso para todas
las
necesidades
del
predio
dominante,
estableciendo
una
vía
permanente,
la
indemnización
consistirá
en
el
valor
del
terreno que se ocupe y en el importe de los
perjuicios
que
se
causen
en
el
predio
sirviente.
Cód. Civ. P.R. Art. 500, 31 L.P.R.A. sec. 1731.
En atención a esta disposición legal, en el caso de
urbanizaciones
residenciales,
segregación,
las
distintas
luego
del
fincas
proceso
de
residenciales
contenidas en el desarrollo deberán tener salida a un
camino
público.
Ello,
con
tal
de
conciliar
la
multiplicidad de intereses propietarios que convergen en
este tipo de desarrollo. De esta forma, además, se dota a
CT-2013-0014
9
cada unidad propietaria del mínimo indispensable para que
pueda funcionar por sí misma en el contexto más amplio
que la circunda; a saber, una vía pública a través de la
cual pueda posibilitarse la utilidad social y económica
de la propiedad.
La
calles
anomalía
que
representa
dentro
la
urbanización
de
el
hecho
le
de
que
pertenezcan
las
a
la
Asociación de Residentes –esto es, admitir la posibilidad
de
calles
privadas-
servidumbres
de
supone
paso
que
la
creación
garanticen
de
que
múltiples
estos
solares
residenciales no se configuren como fincas enclavadas.
Tal posibilidad, por tanto, es lo que permite aseverar
que, en efecto, la Opinión suscrita por una mayoría de
este
Tribunal
crea
una
nueva
figura
jurídica,
cuyos
contornos, empero, no precisa satisfactoriamente. Así, al
desvirtuar la naturaleza pública de las calles, la cual
engranaba
legales
coherentemente
y
con
reglamentarias
las
demás
atinentes,
disposiciones
este
Tribunal
ratifica una nueva manera, infortunada, de atender las
complejas relaciones que se suscitan en el seno de un
complejo
residencial
considerar
la
privado.
adecuación
del
Conviene
Artículo
500
entonces
al
caso
particular de urbanizaciones residenciales.
Ante la posible creación de múltiples servidumbres
de
paso
sería
dentro
necesario
de
una
sola
determinar
urbanización
quién
residencial,
ostentaría
la
titularidad del predio sirviente. En el caso en el que
las calles sean propiedad de la Asociación de Residentes,
CT-2013-0014
cabría
10
indagar
si
no
“se
llega
al
absurdo
de
que
la
servidumbre se constituya en beneficio del propietario
del fundo gravado, aunque sea cotitular, de esta manera
no sólo la servidumbre se extinguiría por confusión, sino
que además perdería el carácter de derecho real en cosa
ajena”. J.A. Orejas Casas, Las urbanizaciones privadas y
el registro de la propiedad, Boletín de información Núm.
1723, Madrid, 25 de octubre de 1994, en la pág. 5486.36 En
cualquier
caso,
propietario
de
aun
si
las
el
desarrollador
calles,
habría
figurase
como
igualmente
“que
establecer servidumbres de paso a favor de cada lote de
la urbanización, en cuanto a la totalidad de las calles
hasta
la
Cárdenas,
salida
Derecho
a
la
vía
pública”.
de
urbanizaciones:
Margarita
García
Servidumbres
en
equidad, controles de acceso e instalaciones vecinales
137 (2010). De lo contrario, se estaría permitiendo la
existencia de múltiples fincas enclavadas en complejos
residenciales, en evidente contravención a lo dispuesto
en
el
artículo
500
del
Código
Civil.
Véase
García
Cárdenas, supra, en la pág. 137.37
36
A pesar de que una Asociación de Residentes posee
personalidad jurídica propia, si bien atípica, sería
reprochable sancionar el uso de una ficción jurídica para
desentenderse
de
que
sus
miembros
son
propiamente
cotitulares de las calles en cuestión.
37
Conceptuar una calle privada supone, en efecto,
equiparar ésta con una mera servidumbre de paso. No
obstante, las consideraciones de política pública que
informan ambas figuras son muy disímiles, así como los
intereses que ambas sirven en nuestra sociedad. Mientras
que la servidumbre de finca enclavada, en tanto derecho
real, responde a consideraciones relacionadas al disfrute
de la propiedad y el aprovechamiento de ésta con relación
a terceros, las calles constituyen un espacio que
CT-2013-0014
11
Precisamente en atención a la prohibición legal de
fincas enclavadas, la Ley Orgánica de la Administración
de Reglamentos y Permisos, legislación vigente al momento
en que BCC solicitó el permiso de construcción, disponía
en
su
artículo
23
que
la
Administración
de
Permisos
estaba impedida de expedir permisos de construcción para
un “solar o parcela, a menos que dicho solar o parcela
tenga acceso a una carretera o calle que haya recibido el
status legal de calle pública antes de la fecha de la
solicitud para adquirir dicho permiso”.
Ley Orgánica de
la Administración de Reglamentos y Permisos, Ley Núm. 76
de 24 de junio de 1975, 23 L.P.R.A. sec. 71(V). La calle
así designada, ya fuese mediante el traspaso al Municipio
o la rotulación en los planos conforme a la sección 9.10
del Reglamento de Planificación, sería inscribible en el
Registro de la Propiedad a favor del Estado. Por tanto,
la
normativa
vigente
al
momento
del
acuerdo
entre
el
Municipio de Dorado y BCC establecía que el hecho de que
una calle no cumpliese con el requisito de haber recibido
el
status
legal
de
pública,
legales
y
reglamentarios
extensión
de
un
cuestión.
Véase,
Registral
Inmobiliario
asiento
Luis
conforme
a
reseñados,
registral
Rafael
para
Rivera
puertorriqueño
los
preceptos
impediría
la
la
en
parcela
Rivera,
384
Derecho
(2da
ed.
viabiliza el desplazamiento urbano, el movimiento, la
comunicación, el acceso y la interacción ciudadana. Así,
una calle sirve una función social que trasciende la
relación que se da entre dos propietarios particulares.
Por esta razón, no puede concebirse como una simple
servidumbre de paso.
CT-2013-0014
2002).38
12
Véase
además,
Margarita
E.
García
Cárdenas,
supra, en la pág. 80.
III
La
reglamentación
y
legislación
anteriormente
discutida parten de la premisa indiscutible que encarna
el artículo 256 de nuestro Código Civil: en Puerto Rico,
las calles son bienes de uso público. Esta afectación
legislativa
es
cónsona
con
pronunciamientos
judiciales
relativos a la naturaleza de las calles en una sociedad
civil,
tanto
por
este
Tribunal
como
por
el
Tribunal
Supremo de los Estados Unidos.39
38
Resulta preocupante que la Opinión mayoritaria pase por
alto estas disposiciones legales. Además, el hecho de que
no se profundice la sumisión voluntaria por parte de BCC a
la Ley de Control de Acceso merece un breve comentario. En
esencia, la Ley de Control de Acceso alude expresamente a
las calles dentro de las urbanizaciones públicas y
privadas. Véase, Ley de Control de Acceso, Ley Núm. 21 de
20 de mayo de 1987, según enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 64.
Esto se explica precisamente por el requerimiento del
traspaso de las calles, como bienes de uso público, a la
entidad competente, independientemente de la naturaleza
pública o privada de la urbanización.
39
Véanse, Saldaña v. Concejo Municipal de San Juan, 15
D.P.R. 37, 51 (1909)( “[Las calles] han sido destinadas al
uso de los habitantes de la ciudad, y todos y cada uno de
ellos desde el Gobernador, en su palacio, hasta el
limosnero en su choza, tienen derecho al uso libre y
continuado de las mismas”.); Pacheco Fraticelli v. Cintrón
Antonsanti, 122 D.P.R. 229, 241 (1941)
(“Desde tiempos
inmemoriales los parques, las plazas y las calles en
Puerto Rico han constituido foros de divulgación, de
intercambio y de crítica de ideas. Es en ellos en donde la
conciencia ciudadana y particular forma de ver el mundo
tienen impacto y repercuten. Son los foros públicos por
excelencia
para
la
divulgación
y
expresión
de
ideas. Las calles en particular constituyen un instrumento
eficaz de divulgación de ideas accesible para aquellos
individuos y grupos que no cuentan con suficientes
recursos económicos y que no tienen, por tanto, acceso a
los medios de comunicación masiva como lo son la radio, la
televisión y la prensa”.) A nivel federal, véanse, Hague
v. Committee for Indus. Organization, 307 U.S. 496, 515
CT-2013-0014
13
La Opinión mayoritaria también parece partir de esa
premisa.
Así,
clasificación
nuestro
Código
reconoce
que,
antes
de
tripartita
Civil,
“el
comenzar
de
los
a
discutir
la
bienes
dispuesta
en
una
mayoría
de
este
Tribunal
régimen
jurídico
que
aplica
a
la
categoría de bienes de dominio público, que es en la que
el Código incluye a las calles y a los caminos vecinales
. . . es importante ya que, como veremos, un bien de esa
naturaleza
(público)
no
puede
ser
propiedad
de
una
persona particular”. Watchtower Bible and Tract Society
v. Municipio de Dorado, 2014 T.S.P.R. 138, en la pág. 11.
Esta
afirmación
análisis
podría
expuesto
naturaleza
jurídica
público,
afirmando,
en
explicar
la
de
los
sin
cómo
gran
parte
del
Opinión
se
centra
en
la
bienes
de
dominio
y
uso
ambages,
que
el
criterio
definitorio en su calificación es el uso público al que
se
destinan.
Watchtower
Bible
and
Tract
Society
v.
Municipio de Dorado, 2014 T.S.P.R. 138, en la pág. 18
(“Cabe destacar que en todo caso, lo que define a estos
bienes es el uso público al que se destinan”.) Asimismo,
(1939) (“Wherever the title of streets and parks may rest,
they have immemorially been held in trust for the use of
the public and, time out of mind, have been used for
purposes of assembly, communicating thoughts between
citizens, and discussing public questions. Such use of the
streets and public places has, from ancient times, been a
part of the privileges, immunities, rights, and liberties
of citizens.”) (Roberts J., Op. Concurrente, adoptada por
una mayoría del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en
Kunz v. New York, 340 U.S. 290, 293 (1951)); Schneider v.
State, 308 U.S. 147, 163 (1939) (“Municipal authorities,
as trustees for the public, have the duty to keep their
communities' streets open and available for movement of
people and property, the primary purpose to which the
streets are dedicated.”).
CT-2013-0014
14
la Opinión reconoce que “no es necesario que los bienes
de dominio público sean propiedad del Estado o de sus
dependencias” pues “lo que caracteriza a estos bienes no
es la propiedad o pertenencia en sí”, sino “la finalidad
del bien, es decir, la afectación de este al uso público
general”. Id. en las págs. 19-20.
Explica la mayoría que
la afectación de un bien al uso público no depende “de la
actividad material y contingente de la construcción de la
cosa.” Id. en la pág. 19 n. 18.
Luego de lo que parece ser un análisis funcional y
teleológico de la naturaleza jurídica de los bienes de
dominio
y
uso
público,
la
mayoría
explica
que
“la
afectación por acto legislativo es el único procedimiento
para que entren al dominio público categorías enteras de
bienes” Id. en la pág. 20. Posteriormente, asevera que
“[b]asta con que la Ley [. . .] declare el carácter de
bienes de dominio público a los de un tipo determinado,
para que todos los que participan de esa misma naturaleza
vengan a integrarse en dicho dominio”. Id. (citando a I.
Miralles González, Dominio público y propiedad privada en
la nueva ley de costas 69 (1992)).
Confusamente, la Opinión procede a reconocer que el
artículo 256 del Código Civil “es el precepto que define
el carácter demanial de las calles”. Id. en la pág. 21.
Es decir, la mayoría reconoce que la afectación de las
calles
en
nuestro
ordenamiento
jurídico
emana
de
una
disposición legal que declara el carácter público de un
tipo de bienes: las calles. No obstante, parece entender
CT-2013-0014
15
que la referida disposición legal alude únicamente a la
categoría de calles públicas, más no así a las privadas,
pues
ambas
constituyen
bienes
de
“tipos
determinados”
distintos. 40
De esta manera, luego de afirmar que el artículo 256
del Código Civil consigna la naturaleza pública de las
calles
y
abundar
en
cómo
el
factor
definitorio
para
determinar qué bienes pertenecen al dominio público es su
destino
o
función,
una
mayoría
concluye
que
la
determinación en cuanto a si un bien como las calles es
público
o
privado
estriba
exclusivamente
en
la
procedencia de los fondos con los que se subvencionó su
construcción.
costeadas
por
Así,
el
distingue
entre
Estado
aquellas
y
aquellas
calles
costeadas
por
particulares y entiende que la proveniencia de los fondos
automáticamente crea dos tipos de bienes distinguibles.41
40
Nótese como el artículo 256 del Código Civil no incluye
el calificativo “públicas” para modificar el término
calles. Sin embargo, al referirse a las fuentes y aguas,
se modifica ese tipo de bienes con el calificativo
“públicas”. Es decir, el legislador contempló la posible
existencia de fuentes y aguas públicas y privadas como
“tipos determinados” de bienes distintos. Véase, Cód. Civ.
P.R. Art. 256, 31 L.P.R.A. sec. 1025.
41
En este contexto, el Tribunal nos informa que en Caquías
v. Asoc. Res. Mansiones de Río Piedras, 134 D.P.R. 181
(1993) y Asoc. Ctrl. Acc. Maracaibo v. Cardona, 144 D.P.R.
1 (1997), “contrario al [caso] que hoy nos ocupa- se
resolvieron en el contexto de urbanizaciones cuyas calles
eran municipales y estaban costeadas con fondos públicos.”
Watchtower Bible, 2014 T.S.P.R. en la pág. 23. Todo ello
para validar su peculiar tesis de que, para determinar si
las calles son públicas o privadas, tenemos que auscultar
con qué fondos éstas se construyeron. Aseveraciones de
esta naturaleza son, como poco, preocupantes, pues dejan
en evidencia un sorprendente desconocimiento de hechos
fundamentales del desarrollo urbano de nuestro País. Es de
todos sabido, que la inmensa mayoría de las urbanizaciones
CT-2013-0014
Esto,
a
16
pesar
función
y
de
que
ambos
bienes
exhiben
las
mismas
cumplen
la
características
misma
físico-
espaciales. Este silogismo es inaudito y carece de toda
lógica.42
Resulta preciso, además, reiterar que la coletilla
en
la
que
se
ampara
existencia
de
obras
servicio
de
calles
la
mayoría
privadas
público
para
únicamente
que
sean
justificar
la
aplica
a
las
por
el
costeadas
Estado. Así lo entienden los comentaristas españoles al
interpretar
el
análogo
nuestro
al
artículo
pero
344
del
Código
con
referencia
Civil
español,
directa
a
los
pueblos y las provincias. Manresa, por ejemplo, separa
los
bienes
comprendidos
en
el
referido
articulado
en
cuatro categorías distintas: (1) los caminos provinciales
y vecinales; (2) las plazas, calles y paseos; (3) las
en Puerto Rico se construyen en terrenos privados en los
cuales la reglamentación vigente, tal y como ocurre en
este caso, exigía, como condición para el otorgamiento del
permiso de desarrollo, que sus calles fueran cedidas a los
municipios y que su uso fuese público.
Es decir, las
calles en Caquías y Maracaibo se construyeron sobre un
terreno privado, por desarrolladores privados y advinieron
municipales como resultado de la condición impuesta por el
Estado para el otorgamiento de los permisos de desarrollo.
Nos encontramos pues, llana y sencillamente, ante un
argumento falaz.
42
Con relación a la afectación de tipos determinados de
bienes,
nos
explica
Escribano
Collado,
aludiendo
específicamente a la calificación de las calles, que éstas
son “un bien que se individualiza por el destino que
cumple, es decir, teleológicamente, en cuyo favor vienen
establecidas las características físicas exigidas, todas
las que observen una misma identidad física y teleológica
constituyen una igual categoría”. Pedro Escribano Collado,
Las vías urbanas: Concepto y régimen de uso 246-47 (1973).
Por tanto, afirma que “la figura de la calle privada
destinada al exclusivo disfrute de sus propietarios es,
tanto dentro como fuera de las ciudades, un supuesto
anómalo, contradictorio y de necesaria superación”. Id. en
la pág. 246.
CT-2013-0014
17
fuentes y aguas públicas, y (4) las obras públicas de
servicio
general
provincias.
costeadas
Véase,
III
por
los
mismos
J.M.
Manresa
pueblos
y
o
Navarro,
Comentarios al Código Civil español 103 (1904). Es decir,
tal
y
como
explicáramos
en
la
Opinión
Disidente,
la
coletilla “costeadas por el Estado”, bajo las nociones
más elementales de gramática, modifica las obras públicas
de servicio general y no los demás bienes comprendidos en
el artículo.43
Una discusión que se contrae a la clasificación de
las
calles
en
nuestro
ordenamiento
jurídico
y
cuyo
resultado final estriba en un reconocimiento de calles
privadas en base a la entidad o sujeto que costeó su
construcción es, a todas luces, un esfuerzo discursivo
que aspira a fundamentar lo insostenible. El empeño de
una mayoría de declarar la existencia de calles privadas
bien pudo haberse fundamentado de manera más consecuente
mediante la doctrina de desafectación. Por supuesto, ese
proceder hubiese requerido identificar uno de los tres
supuestos bajo los cuales un bien pasa a ser desafectado.
En este caso, sería imposible afirmar con seriedad
que las calles construidas en BCC han sufrido cambios en
43
En cuanto a la inclusión de las calles como bienes de
dominio público, Escribano Collado comenta, luego de
discutir la tradición que informó la redacción del
artículo 344 del Código Civil español, que “[l]as calles
siguen siendo bienes destinados al uso público como los
venían siendo desde las Partidas y su configuración como
bienes de dominio público sigue siendo esencialmente la
misma, basada en la idea de la protección del derecho de
todos al uso reconocido”. Escribano Collado, supra, en la
pág. 105.
CT-2013-0014
sus
18
condiciones
naturales.
Asimismo,
sería
insólito
razonar que, por virtud de ley o actos administrativos,
las calles de BCC fueron desafectadas. Esto, en atención
a
los
preceptos
legales
cuales
exigían,
inequívocamente,
calles
al
hubiese
sido
Municipio
anteriormente
de
una
de
los
el
traspaso
De
igual
dificultad
acción
ultra
vires
Dorado.
calificar
estudiados,
las
del
Municipio de Dorado como un acto administrativo, cuando,
al
momento
del
prerrogativas
acuerdo
que
la
con
BCC,
adopción
de
éste
un
carecía
Plan
de
las
Territorial
confiere a los municipios.44
En fin, el ejercicio adjudicativo que realiza una
mayoría
jurídica
de
este
Tribunal
maleable
a
evidencia
los
una
intereses
metodología
de
sectores
particulares en nuestra sociedad que descarta, no solo la
normativa
vigente,
consideraciones
de
sino
también
política
pública
la
y
infinidad
de
judicial
que
judicial
debe
militan en contra del precedente adoptado.
IV
Por
entender
que
toda
determinación
fundamentarse en un análisis sosegado e integrado de las
44
No fue hasta el 8 de junio de 2011 que se aprobó el Plan
Territorial del Municipio de Dorado, conforme a la
adopción de éste por parte de la Junta de Planificación
mediante resolución. Véase, Orden ejecutiva del Gobernador
de Puerto Rico aprobando el plan territorial del Municipio
de Dorado, Boletín Administrativo Núm. OE-2011-021. Es
importante señalar que el Municipio de Dorado alegó que
operó la desafectación cuando se pactó que las calles no
le serían transferidas a éste y permanecerían bajo el
control de BCC. Véase, Alegato del Municipio de Dorado, en
la pág. 14. La opinión mayoritaria, sin embargo, no
atendió este planteamiento.
CT-2013-0014
19
consecuencias de la norma pautada sobre el entorno social,
político y económico en el cual habrá de implantarse, es
forzoso
examinar
las
ramificaciones
de
los
pronunciamientos vertidos por este Tribunal. Para esto, es
preciso señalar que configurar lo público y lo privado en
el contexto de la planificación urbana constituye un acto
inmanentemente propio de la Asamblea Legislativa, siendo
ésta la rama gubernamental
que mejor podrá concretar la
configuración legal de este nuevo tipo de bien. Compete
igualmente a la Asamblea Legislativa el desarrollo de las
normas
y
preceptos
legales
comunidades
exclusivas
organizativos
que
y
que
regirán
confinadas
establezcan
sus
a
estas
los
nuevas
regímenes
asociaciones
de
residentes.45
45
La falta de una prerrogativa legítima por parte de este
Tribunal para enmendar el Código Civil y la clasificación
de bienes contenida en éste fue atendida por el Juez
Asociado Negrón García en las expresiones a las que
curiosamente alude una mayoría:
La Asamblea Legislativa tiene la potestad de
enmendar el Código Civil y otras leyes para
traspasar las calles residenciales a bienes de
uso privado. Claro está, una vez dejen de ser
bienes de uso público, su mantenimiento no
podrá ser con fondos públicos municipales o
estatales. Conllevaría el que con el traspaso
de
las
calles
se
traspase
el
costo
de
mantenimiento
de
éstas,
incluyendo
el
alumbrado,
las
reparaciones
y
la
responsabilidad civil sobre éstos. El efecto
sería que las calles se convirtieran en bienes
de uso común limitado de las urbanizaciones con
todas las responsabilidades, obligaciones y
problemas que esto conlleva.
Asoc. Ctrl. Acc. Maracaíbo v. Cardona 144
D.P.R. 1, 66 (1997). (Op. Concurrente y
Disidente, J. Negrón García).
CT-2013-0014
20
El reconocimiento de calles privadas hace necesaria
la adecuación de los preceptos legales y la reglamentación
urbanística
aplicable,
así
como
legislación
que
y
encauce
con
calles
complejos
regule
residenciales
la
la
formulación
de
existencia
de
privadas.
Así
lo
reconoce el tratadista Martín Blanco cuando mantiene que
“la
realidad
socio-económica
y
urbanística
de
estas
urbanizaciones privadas o particulares plantea una serie
de
problemas
regulación
de
legal
urbanizaciones
diversa
índole
actualizada”.
privadas
y
su
necesitados
José
Martín
posible
de
una
Blanco,
Las
configuración
jurídica 22 (1973). Martín Blanco señala, además, que el
reconocimiento
de
las
urbanizaciones
privadas
requiere
“una construcción unitaria de tal figura jurídica en su
propia sustantividad y en la plenitud de su multiforme
Evidentemente, la mayoría no discernió el significado de
estas expresiones. Lo que es peor, en la Opinión, sin
asomo de sonrojo, afirma que “tampoco nos compete emitir
un dictamen que se extienda más allá de nuestras
facultades como foro judicial, trastocando los límites de
las funciones que son propias de la Asamblea Legislativa
de Puerto Rico”. Watchtower Bible and Tract Society v.
Municipio de Dorado, 2014 T.S.P.R. 138, en las págs. 8-9.
Conviene evocar, además, pronunciamientos previos de una
mayoría de este Tribunal y recordarles que, una decisión
que implique el reconocimiento legal de una figura no
contemplada en nuestro Código Civil, “no se puede dar en
los pasillos del Tribunal Supremo, sino en el hemiciclo de
los Cuerpos Legislativos”. A.A.R., Ex parte, 187 D.P.R.
835, 877 (2013). En aquel caso, este Tribunal evitó
intervenir
en
una
controversia
que
planteaba
una
desigualdad plasmada en nuestro Código Civil, la cual
perjudicaba a un grupo particular de ciudadanos ya
desfavorecidos en nuestro ordenamiento jurídico.
En
el
caso que nos ocupa, una mayoría hace lo contrario para
propagar la desigualdad social y favorecer aún más los
intereses del sector privado.
CT-2013-0014
contenido”.
21
Id.
en
la
pág.
25.
Acomodaticiamente,
la
mayoría descontextualiza las expresiones de Martín Blanco,
quien
precisamente
denuncia
la
falta
de
legislación
reguladora y expone alternativas en torno a cómo podrían
abordarse
los
problemas
que
urbanizaciones
residenciales
título
obra
de
su
aluda
supone
la
existencia
de
privadas.
De
ahí
el
a
la
“posible
a
que
configuración
jurídica” de éstas. De una lectura cabal de su obra se
desprende que, en repetidas ocasiones, se discute la falta
de
una
regulación
legal
específica
concerniente
a
las
urbanizaciones privadas en España y los problemas que esto
ha generado, incluyendo la polémica y la inconsistencia
doctrinal en torno a la existencia de calles privadas.
La
mayoría,
al
optar
por
desentenderse
de
las
implicaciones de su determinación, desatiende un sinnúmero
de problemas jurídico-legales de difícil dilucidación. A
modo
de
ejemplo,
derechos
¿cómo
se
fundamentales
garantizará
el
consagrados
ejercicio
en
de
nuestra
Constitución, tanto por residentes como por no residentes,
en
estas
nuevas
comunidades?
¿Al
delegársele
funciones
inherentemente públicas, constituirán las asociaciones de
residentes actores estatales? ¿Cómo podrá el Estado evitar
actuaciones discriminatorias
o arbitrarias por parte de
estas asociaciones? ¿Podrán las asociaciones impedir el
uso a un residente de una de las calles privadas dentro de
la
urbanización
incumplido
con
por
no
algunas
haber
pagado
la
de
normas
contenidas
las
cuota
o
haber
en
el
reglamento de ésta? ¿Podrán los residentes hacer mejoras a
CT-2013-0014
22
estas calles de naturaleza privada que interfieran con los
planes de uso de terreno, el flujo de aguas pluviales y la
conservación del medioambiente? ¿Cómo atenderá el Estado
actuaciones
de
los
conservación
de
los
contenidos
en
únicamente
sobre
residentes
recursos
incidan
naturales
determinada
la
que
y
en
arqueológicos
urbanización?
asociación
de
la
¿Recaerá
residentes
la
responsabilidad de proveer y mantener servicios esenciales
como agua potable y electricidad, recogido de basura y
pavimentación? ¿Qué poderes tendrá la Policía de Puerto
Rico para ejercer sus facultades y deberes dentro de los
predios de una urbanización privada? ¿Qué mecanismos de
tributación
privada?
atenderán
¿Podrán
contributivas
este
los
nuevo
tipo
residentes
municipales
de
pedir
propiedad
exenciones
bajo
el
argumento
de
que
cuota
de
mantenimiento,
los
sufragan,
mediante
la
servicios
provistos
dentro
de
la
urbanización?
¿Quién
responderá civilmente por accidentes ocurridos en estas
calles
privadas?
¿Podrá
una
asociación
de
residentes
enajenar una calle privada? ¿Qué ocurrirá si un acreedor
hipotecario
consiste
en
decide
una
ejecutar
calle
el
bien
privada?
hipotecado
¿Podrá
cobrar
y
éste
a
los
residentes por su acceso? ¿Cómo se garantizará el acceso a
las playas, calles aledañas y otros bienes de uso público
a la ciudadanía cuando el único acceso sea mediante una
calle privada? ¿Podrán establecerse peajes en estas calles
para cobrarle a aquellos que deseen utilizarlas?
CT-2013-0014
Estimo
23
que
interrogantes
no
la
complejidad
favorece
el
que
subyace
reconocimiento
estas
por
vía
judicial de calles de titularidad privada. Ante todo, con
tal de armonizar los intereses envueltos y atender los
problemas señalados, el reconocimiento de calles privadas
tendría que estar precedido por un proceso deliberativo,
abarcador
y
participativo,
sectores
que
constituyen
puedan
expresarse
interrogantes.
y
Ello,
en
el
la
cual
los
comunidad
plantear
puertorriqueña
sus
indudablemente,
le
múltiples
respectivas
compete
a
la
Asamblea Legislativa y no a este Tribunal; mucho menos a
través de interpretaciones jurídicas infundadas.
Más
privadas
importante
aún,
en
ordenamiento
nuestro
el
reconocimiento
no
puede,
de
calles
bajo
ningún
concepto, minar el ejercicio por parte del Estado de sus
facultades
y
potestades
terrenos,
concesión
construcción
y
Mucho
puede
menos
de
otras
típicas
en
permisos,
ejecución
funciones
impedir
que
relación
al
de
inherentemente
estas
uso
de
obras
de
públicas.
comunidades
estén
exceptuadas del poder de razón de Estado por el mero hecho
de
que
sus
calles
sean
de
propiedad
privada.
El
antagonismo socioeconómico que supone el reconocimiento de
calles privadas no sólo propende a la criminalidad, la
inequidad y el discrimen, sino que alienta la secesión de
grupos y comunidades del orden político del
exclusión
de
aquellos
grupos
que
carecen
País y la
de
recursos
económicos para formar parte de estos enclaves. Supone una
extracción sin precedentes del orden público y trastoca el
CT-2013-0014
24
funcionamiento
de
basado
participación
en
la
un
Estado
democrático
ciudadana
y
constitucional
la
integración
social.
Irrebatiblemente,
una
urbanización
residencial
con
calles privadas inaccesibles al público general representa
“un estado de suspensión del orden jurídico-institucional
del
Estado
específicas
al
que
formas
pertenece;
de
es
gobernanza
lugar
de
construida
nuevas
y
ad
y
hoc
aceptada en un pacto de mutuo acuerdo por sus habitantes;
es el Estado dentro del Estado”. Bernardo Secchi, supra.
Una determinación que tiende a promover la proliferación
de
comunidades
jurídica
cuasi-autónomas,
determinada
funcionamiento
y
ni
operación
sin
una
configuración
legislación
que
desmerece
nuestro
regule
su
compromiso
con la justicia y la sana convivencia social.
En atención a la renuencia de una mayoría de este
Tribunal de reconsiderar el dictamen emitido, disiento de
su
proceder
y
reafirmo
mis
expresiones
anteriores
en
Watchtower Bible and Tract Society v. Municipio de Dorado,
2014
T.S.P.R.
138
(Rodríguez
Rodríguez,
J.,
Op.
Disidente). Por los fundamentos que anteceden, proveería
con lugar a la reconsideración que nos fue solicitada.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada