LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pérez de Otero v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico

2015 TSPR 15

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Pérez de Otero v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico

CC-2013-765

Ley Federal de Derechos Civiles – Concesión de honorarios al amparo de reclamación bajo la Sec. 1983, entre otros fundamentos; definición de “parte prevaleciente” para efectos de la Secc. 1988 de la Ley Federal de Derechos Civiles

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Naydamar Pérez de Otero por sí y

en representación de la Sociedad

Legal

de

Bienes

Gananciales

compuesta por ésta y su cónyuge

José A. Otero

Recurridos

Certiorari

v.

2015 TSPR 15

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico; Departamento de Salud; Hon.

Secretario de Salud Dr. Lorenzo

González Feliciano, en su carácter

personal y oficial como Secretario

del Departamento de Salud

192 DPR ____

Peticionarios

Número del Caso: CC-2013-765

Fecha: 13 de febrero de 2015

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray

Procuradora General

Lcda. Janelle M. Laforet Matos

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Eduardo Vera Ramírez

Materia: Ley Federal de Derechos Civiles – Concesión de honorarios

al amparo de reclamación bajo la Secc. 1983 sobre otros

fundamentos; definición de “parte prevaleciente” para efectos de

la Secc. 1988 de la Ley federal de Derechos Civiles.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Naydamar Pérez de Otero por sí

y en representación de la

Sociedad

Legal

de

Bienes

Gananciales compuesta por ésta

y su cónyuge José A. Otero

Certiorari

Recurridos

CC-2013-765

v.

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto Rico; Departamento de

Salud;

Hon.

Secretario

de

Salud Dr. Lorenzo González

Feliciano,

en

su

carácter

personal

y

oficial

como

Secretario del Departamento de

Salud

Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada ORONOZ

RODRÍGUEZ

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 2015.

Tras ser cesanteada de su empleo, la Dra. Naydamar

Pérez

de

Otero

(doctora

Pérez

de

Otero

o

parte

demandante) presentó una demanda en la que invocó, entre

otros fundamentos, la Ley federal de Derechos Civiles, 42

USC

sec.

1983.

Obtuvo

como

remedio

un

injunction

preliminar y permanente mediante el cual se ordenó que se

restituyera al puesto que ocupaba y se le pagaran los

haberes dejados de percibir. En apelación, su reclamación

de

daños

y

perjuicios

se

desestimó.

Nos

corresponde

decidir si procede concederle honorarios de abogado al

CC-2013-765

2

amparo de la Sec. 1988 de la Ley federal de Derechos

Civiles, 42 USC sec. 1988. Por las razones expuestas a

continuación, resolvemos que sí.

I

El 9 de julio de 2010, la doctora Pérez de Otero

presentó una demanda sobre daños y perjuicios contra el

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Departamento de

Salud

y

el

otrora

Secretario

de

Salud,

Dr.

Lorenzo

González Feliciano, en su carácter oficial y personal.

Alegó que trabajaba como Directora de Servicios Médicos

II en el Departamento de Salud y que el 22 de abril de

2010 se le notificó que sería cesanteada al amparo de la

Ley Núm. 7-2009, conocida como la Ley Especial Declarando

Emergencia

Fiscal

y

Estableciendo

Plan

Integral

de

Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto

Rico (Ley Núm. 7-2009). Adujo que no podía ser cesanteada

pues

el

Art.

37.02

de

la

Ley

Núm.

7-2009,

supra,

la

excluía del plan de cesantías.

En la demanda, la doctora Pérez de Otero solicitó que

se expidiera un injunction preliminar y permanente que

ordenara su reposición y el pago de los haberes dejados

de

percibir.

($1,000,000)

angustias

menor

También

como

mentales,

de

solicitó

indemnización

una

quinientos

cuantía

mil

un

millón

por

de

dólares

sufrimientos

daños

dólares

de

punitivos

($500,000),

y

no

más

honorarios de abogado al amparo de la Sec. 1988 de la Ley

federal

de

Derechos

Civiles,

supra.

Fundamentó

sus

CC-2013-765

3

reclamos en el Art. 37.02 de la Ley Núm. 7-2009, supra,

la

Sec.

1983

de

la

Ley

federal

de

Derechos

Civiles,

supra, y el Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec.

5141.

Los

demandados

solicitaron

al

Tribunal

de

Primera

Instancia que desestimara el caso de epígrafe y la parte

demandante se opuso a la desestimación. El 10 de febrero

de

2011,

las

partes

argumentaron

sus

respectivas

posiciones en una vista argumentativa.

Al

sentencia

mes

siguiente,

sumaria

el

parcial

foro

en

la

primario

que

emitió

resolvió

que

una

la

doctora Pérez de Otero no podía ser cesanteada porque el

puesto que ocupaba estaba excluido de la aplicación de la

Ley Núm. 7-2009, supra. Concluyó que

existe aquí una violación a los derechos civiles

de la demandante, compensable bajo 42 USCA sec.

1983. Los demandados, actuando so color de

autoridad, se apartaron del mandato directo de la

Ley 7 y sus exclusiones afectando los derechos

constitucionales de la parte demandante según

dimanan de las constituciones de Estados Unidos y

Puerto

Rico,

en

particular

las

garantías

constitucionales de debido procedimiento de ley

en su vertiente sustantiva e igual protección de

las leyes.1

Consecuentemente, el foro primario emitió una orden

de injunction preliminar y permanente mediante la cual

ordenó la reposición de la doctora Pérez de Otero al

puesto que ocupaba y el pago de los haberes dejados de

percibir. Por otra parte, indicó que restaba dilucidar

1

Apéndice, págs. 45-47.

CC-2013-765

4

los daños a los cuales tenía derecho la doctora Pérez de

Otero como resarcimiento por las acciones de la parte

demandada al amparo de la Sec. 1983 de la Ley federal de

Derechos Civiles, supra, y el Art. 1802 del Código Civil,

supra.

Inconforme,

la

parte

demandada

acudió

ante

el

Tribunal de Apelaciones.2 Ese foro emitió una sentencia en

la cual reconoció la concesión del injunction preliminar

y permanente a favor de la doctora Pérez de Otero, al

igual que el pago de los haberes dejados de percibir. No

obstante, desestimó los reclamos sobre daños al amparo de

la

Sec.

1983

de

la

Ley

federal

de

Derechos

Civiles,

supra, y el Art. 1802 del Código Civil, supra.3 Razonó que

“bajo 42 U.S.C. 1983 no procedía el reclamo de daños

contra el E.L.A. y el Secretario de Salud en su capacidad

oficial.

Alternativamente,

necesario

considerar

una

bajo

42

USC

1983

solo

es

acción

en

daños

y

perjuicios

contra el Secretario de Salud en su capacidad personal”.4

Asimismo, destacó que el Art. 70 de la Ley Núm. 7-2009,

supra, excluyó las acciones sobre daños y perjuicios al

amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra, contra el

Estado

2

y

los

funcionarios

en

el

ejercicio

de

las

Según la doctora Pérez de Otero, la parte demandada argumentó en su

escrito de apelación que “[l]a contención del Estado en el presente

caso se circunscribe únicamente a la errónea adjudicación del TPI en

cuanto a la causa de acción de daños presentada por la parte

apelada”. Alegato en Oposición a Recurso de Certiorari, pág. 2. Sin

embargo, la parte demandada no incluyó copia de ese escrito en el

Apéndice del recurso ante nuestra consideración.

3

Apéndice, pág. 78.

4

Apéndice, págs. 63-64. (Énfasis en el original).

CC-2013-765

5

funciones ordenadas por la Ley Núm. 7-2009, supra. En

cuanto a la responsabilidad personal del ex Secretario de

Salud,

determinó

que

las

actuaciones

de

éste

estaban

protegidas por la inmunidad cualificada.

Insatisfecha, la doctora Pérez de Otero presentó un

recurso

de

certiorari

ante

este

Tribunal

el

cual

fue

declarado sin lugar. La doctora Pérez de Otero presentó

una moción de reconsideración que también fue denegada.

Por ende, la sentencia del Tribunal de Apelaciones advino

final y firme.

Así las cosas, la doctora Pérez de Otero presentó

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

una

Moción

en

Cumplimiento de Orden y en que se Informa sobre Único

Asunto Pendiente junto con una Solicitud de Honorarios de

Abogado bajo 42 U.S.C.A. sec. 1988. Sostuvo que, como

obtuvo el injunction solicitado, prevaleció en su causa

de acción al amparo de la Sec. 1983 de la Ley federal de

Derechos

Civiles,

supra,

y

cualificaba

para

los

honorarios de abogado que establece la Sec. 1988 de esa

ley, supra. Solicitó $50,400 por dicho concepto.

Por su parte, la parte demandada presentó una Moción

Solicitando

se

Decrete

la

Desestimación

del

Caso

de

Conformidad con la Sentencia del Tribunal de Apelaciones.

Alegó que no procedía conceder los honorarios de abogado

solicitados

porque

la

doctora

Pérez

de

Otero

no

prevaleció en su causa de acción al amparo de la Sec.

1983,

supra.

Señaló

que

el

Tribunal

de

Apelaciones

CC-2013-765

6

desestimó esa causa de acción y que su dictamen advino

final y firme.

El

23

de

enero

de

2013,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia notificó una sentencia en la que declaró con

lugar

la

moción

improcedente

desacuerdo,

de

desestimación

y

honorarios

por

otorgar

la

señora

Pérez

de

resolvió

Otero

que

era

temeridad.

En

solicitó

la

reconsideración de ese dictamen. Aclaró que no solicitó

honorarios por temeridad, sino los honorarios de abogado

que

permite

la

Sec.

1988,

supra,

para

la

parte

que

prevalece en una causa de acción al amparo de la Sec.

1983,

supra.

Sostuvo

que,

aunque

el

Tribunal

de

Apelaciones desestimó sus causas de acción sobre daños y

perjuicios,

injunction

debía

al

ser

entenderse

que

reinstalada

en

prevaleció

su

puesto

y

en

su

haberse

ordenado el pago de los haberes dejados de percibir.

El 26 de febrero de 2013, el Tribunal de Primera

Instancia notificó una Sentencia en Reconsideración en la

que concluyó que

[d]e un examen de la moción de reconsideración

y en virtud de la jurisprudencia federal

existente, en relación a [sic] los honorarios

de

abogado

para

partes

prevalecientes

en

litigios de derechos civiles al amparo de la

legislación federal; entendemos que procede que

reconsideremos

nuestra

sentencia

emitida,

solamente a los efectos de conceder las

partidas

de

honorarios

de

abogado

correspondientes a los procedimientos que se

llevaron a cabo en el Tribunal de Primera

Instancia. Fue solo en esta etapa de los

procesos que la demandante prevaleció frente al

Estado en su petición de que se le restituyera

al puesto que ocupaba con todos los haberes y

CC-2013-765

7

beneficios

dejados

de

percibir.

En

otras

palabras, al prevalecer en su reclamación de

injunction preliminar y permanente, y por ende

en su reinstalación a su puesto de Director de

Servicios Médicos II, con los haberes y deberes

que le pertenecían al puesto y los dejados de

percibir

desde

entonces,

el

Estado

está

obligado a responder por estos honorarios; no

así

por

aquellos

incurridos

en

los

procedimientos que se instaron en el Tribunal

de Apelaciones, cuyo efecto final fue la

desestimación de todas las causas de acción

restantes.5

De

esta

forma,

condenó

a

los

demandados

al

pago

de

$33,750 por concepto de honorarios de abogado al amparo

de la Sec. 1988, supra.

Inconforme,

la

parte

demandada

acudió

ante

el

Tribunal de Apelaciones. Sostuvo que el foro de primera

instancia

concedió

interpretar

las

el

injunction

disposiciones

de

solicitado

la

Ley

luego

Núm.

de

7-2009,

supra, y concluir que el puesto que ocupaba la doctora

Pérez de Otero estaba excluido del plan de cesantías.

Arguyó que el injunction no fue concedido al amparo de la

Ley federal de Derechos Civiles, supra, y que las causas

de acción bajo dicho estatuto fueron desestimadas en su

totalidad

por

el

foro

intermedio

luego

de

reconocerle

inmunidad a los demandados. Razonó que la demandante no

era

merecedora

de

los

honorarios

concedidos

porque

no

prevaleció en las referidas causas de acción.

El Tribunal de Apelaciones denegó expedir. Sostuvo

que

“la

citada

injunction

5

en

Sec.

contra

Apéndice, pág. 126.

1983

del

permite

Estado.

la

En

emisión

de

un

consecuencia,

la

CC-2013-765

8

interpretación que hizo el tribunal de instancia sobre

los

honorarios

de

abogados

bajo

la

Sec. 1988

no

es

arbitraria, prejuiciada o caprichosa”.6

Todavía insatisfecha, la parte demandada acudió ante

nosotros.

Este

demandada

Tribunal

presentó

expidió

su

el

recurso.

alegato

La

parte

reiterando

sus

planteamientos. Por su parte, la doctora Pérez de Otero

presentó un Alegato en Oposición a Recurso de Certiorari.

Distinguió

que

el

foro

apelativo

intermedio

se

circunscribió a revocar lo concerniente a la causa de

acción

de

daños

presentada

por

la

demandante,

“permaneciendo como dictamen que es ahora final y firme

la parte de la sentencia original dictada por el TPI en

que concede la solicitud de injunction presentada por la

demandante bajo 42 USCA Sec. 1983, dictamen que nunca fue

objeto de apelación”.7 De igual forma, argumentó que

[l]a demandante prevaleció totalmente en su

solicitud de injunction, y las porciones de la

sentencia original dictada por el Tribunal de

Instancia en que se determina que los derechos

civiles de la demandante fueron violados y que la

demandante ha de ser reinstalada a su puesto con

todos los haberes dejados de percibir es final y

firme. La concesión del injunction está basada en

que la forma en que la demandada interpretó el

estatuto correspondiente violó las garantías

constitucionales del Debido Procedimiento de Ley

e Igual Protección de las Leyes de la demandante,

por lo que procedía su reinstalación inmediata.8

6

Apéndice, págs. 7-8.

Alegato en Oposición a Recurso de Certiorari, pág. 3.

8

Alegato en Oposición a Recurso de Certiorari, pág. 3. (Énfasis en

el original).

7

CC-2013-765

Con

9

el

beneficio

de

la

comparecencia

de

ambas

partes, estamos en posición de resolver.

II

A. Reclamaciones al amparo de la Sec. 1983 de la Ley

federal de Derechos Civiles

El

Tribunal

Supremo

federal

resolvió

que

los

tribunales estatales pueden ejercer jurisdicción sobre la

materia de una causa de acción federal, a menos que el

Congreso disponga lo contrario o que entre el litigio

federal y su adjudicación en el foro estatal exista una

incompatibilidad incapacitante. Leyva et al. v. Aristud

et

al.,

132

DPR

489,

499-500

(1993).

Véanse,

además,

Howlett v. Rose, 496 US 356 (1990); Gulf Offshore Co. v.

Mobil

Oil

Corp.,

453

US

473,

477-478

(1981).

En

lo

concerniente al caso que hoy atendemos, este Foro tiene

jurisdicción concurrente con las cortes federales para

juzgar

los

litigios

que

surgen

al

amparo

de

la

Ley

federal de Derechos Civiles, 42 USC sec. 1983. Leyva et

al. v. Aristud et al., supra, págs. 500-501; Acevedo v.

Srio. Servicios Sociales, 112 DPR 256, 259–260 (1982).

Por tratarse de una causa de acción federal, tanto la

jurisprudencia

local

como

la

federal

vinculan

a

este

Tribunal. Leyva et al. v. Aristud et al., supra; Declet

Ríos v. Dpto. de Educación, 177 DPR 765, 777 (2009). Este

Tribunal

no

se

ha

expresado

procedencia

de

honorarios

de

reclamación

al

amparo

la

de

anteriormente

abogado

Ley

cuando

federal

de

sobre

la

en

una

Derechos

CC-2013-765

Civiles,

10

supra,

una

parte

acción

injunction,

pero

su

desestima

tras

reconocerle

obtiene

como

de

y

daños

inmunidad

remedio

un

perjuicios

se

a

la

parte

demandada.

La Ley federal de Derechos Civiles, supra, es una

herramienta

derechos

Unidos

para

que

les

la

que

los

ciudadanos

Constitución

garantizan

frente

hagan

valer

leyes

de

y

las

a

aquellas

los

Estados

personas

que

abusan de su poder cuando actúan so color de autoridad

estatal. SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657, 69192 (2009); Bonilla v. Chardón, 118 DPR 599, 616 (1987).

Véase, además, Graham v. Connor, 490 US 386, 394 (1989).

Mediante esta legislación, el Congreso puso “en vigor las

disposiciones de la Decimocuarta Enmienda en contra de

aquellas personas que portan la insignia de la autoridad

estatal y representan la misma en cualquier capacidad, ya

sea actuando de acuerdo a dicha autoridad o haciendo uso

indebido de la misma”. Leyva et al. v. Aristud et al.,

supra, citando a

Monroe v. Pape, 365 US 167, 171–172

(1961). En específico, la Sec. 1983 de la Ley federal de

Derechos Civiles, supra, dispone lo siguiente:

Every person who, under color of any statute,

ordinance, regulation, custom, or usage, of any

State […] subjects, or causes to be subjected, any

citizen of the United States or other person

within the jurisdiction thereof to the deprivation

of any rights, privileges, or immunities secured

by the Constitution and laws, shall be liable to

the party injured in an action at law, suit in

equity, or other proper proceeding for redress.

CC-2013-765

11

B. Honorarios

de

prevaleciente

Cuando

amparo

un

de

abogado

demandante

este

para

prevalecía

estatuto,

los

en

la

parte

una

acción

tribunales

usaban

al

sus

poderes en equidad para concederle honorarios de abogado.

De Jesús Nazario v. Morris Rodríguez, 554 F.3d 196, 199

(1st Cir. 2009). Esto cambió cuando el Tribunal Supremo

federal rechazó la teoría de “private attorney general”,

la

cual

permitía

demandantes

aportaban

conceder

privados

a

importantes.

la

que

al

honorarios

de

abogado

prevalecer

en

su

implantación

Alyeska

Pipeline

de

políticas

Serv.

Co.

v.

a

demanda

públicas

Wilderness

Soc'y, 421 US 240 (1975). En cambio, dicho foro resolvió

que, al amparo de la “American Rule”, cada parte debía

costear los honorarios de su abogado, a menos que hubiera

una autoridad estatutaria que dispusiera lo contrario.

Íd.

Como respuesta, el Congreso aprobó el Civil Rights

Attorney's Fees Award Act of 1976, 42 USC sec. 1988 (Sec.

1988),

para

autorizar

la

concesión

de

honorarios

de

abogado a la parte prevaleciente en ciertas acciones de

derechos civiles. López Vicil v. ITT Intermedia, Inc.,

143 DPR 574, 578 (1997). El propósito de esta legislación

es

incentivar

que

las

personas

reclamen

sus

derechos

civiles y atraer abogados competentes para asegurar la

implantación

de

estos

efectivo

foro

judicial.

al

derechos

Bonilla

mediante

v.

un

acceso

Chardón,

supra,

CC-2013-765

12

pág. 616; City of Riverside v. Rivera, 477 US 561, 576

(1986); Hensley v. Eckerhart, 461 US 424, 429 (1983). Tal

y

como

explicó

el

Senado

de

los

Estados

Unidos

al

recomendar la aprobación de este estatuto,

[i]n many cases arising under our civil rights

laws, the citizen who must sue to enforce the law

has little or no money with which to hire a

lawyer. If private citizens are to be able to

assert their civil rights, and if those who

violate the Nation‟s fundamental laws are not to

proceed with impunity, then citizens must have the

opportunity to recover what it costs them to

vindicate these rights in court.

Congress recognized this need when it made

specific provision for such fee shifting in Titles

II and VII of the Civil Rights Act of 1964:

When a plaintiff brings an action under (Title II)

he cannot recover damages. If he obtains an

injunction, he does so not for himself alone but

also as a „private attorney general‟, vindicating

a policy that Congress considered of the highest

priority. If successful plaintiffs were routinely

forced to bear their own attorneys’ fees, few

aggrieved parties would be in a position to

advance the public interest by invoking the

injunctive powers of the Federal courts. S. Rep.

No. 94-1011, p. 2-3 (1976), citando a Newman v.

Piggie Park Enterprises, Inc., 390 US 400, 402

(1968). (Énfasis suplido).

Para que la Sec. 1988, supra, logre esta intención

legislativa,

los

tribunales

liberalmente.

Véase

Farrar

v.

deben

Hobby,

506

interpretarla

US

103,

(1992). Este estatuto dispone lo siguiente:

[i]n any action or proceeding to enforce a

provision of sections 1981, 1981a, 1982, 1983,

1985, and 1986 of this title, […] the court, in

its discretion, may allow the prevailing party,

other than the United States, a reasonable

attorney's fee as part of the costs[.] Sec. 1988,

supra.

109

CC-2013-765

13

De acuerdo al texto de la Sec. 1988, supra, estos

honorarios no son de carácter mandatorio pues el tribunal

tiene discreción para concederlos.

Bonilla v. Chardón,

supra, citando a Evans v. Jeff, 475 US 717 (1986). Ahora

bien, esta discreción no es ilimitada pues se ha resuelto

que de ordinario el tribunal debe conceder honorarios de

abogado

a

la

parte

prevaleciente

a

menos

que

existan

circunstancias especiales que conviertan la concesión en

una injusta. Blanchard v. Bergeron, 489 US 87, 92 (1989);

Hensley

v.

Eckerhart,

Enterprises,

Inc.,

supra;

supra.

Newman

v.

Incluso,

Piggie

la

Park

Corte

de

Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito

resolvió

que

la

concesión

de

honorarios

de

abogado

a

favor de la parte prevaleciente al amparo de la Sec.

1988,

supra,

es

“virtualmente

obligatoria”.

De

Jesús

Nazario v. Morris Rodríguez, supra, págs. 200-201; Poy v.

Boutselis,

352

F.3d

479,

487

(1st

Cir.

2003);

Gay

Officers Action League v. Puerto Rico, 247 F.3d 288, 293

(1st Cir. 2001); Casa Marie Hogar Geriátrico, Inc. v.

Rivera–Santos, 38 F.3d 615, 618 (1st Cir. 1994).9

En Farrar v. Hobby, supra, el Tribunal Supremo federal

interpretó

quién

puede

ser

considerado

como

“parte

prevaleciente” para efectos de esta Sección. Sostuvo que

“[u]nder

9

our

„generous

formulation‟

of

the

term,

Véanse, además, Mid-Hudson Legal Services, Inc. v. G & U, Inc., 578

F.2d 34 (2nd Cir. 1978); Henderson v. Ft. Worth Independent School

Dist., 574 F.2d 1210 (3rd Cir. 1978); International Soc. for Krishna

Consciousness, Inc. v. Andersen, 569 F.2d 1027 (8th Cir. 1978).

CC-2013-765

14

plaintiffs

may

be

attorney's

fees

considered

purposes

„prevailing

if

they

parties‟

succeed

for

on

any

significant issue in litigation which achieves some of

the benefit the parties sought in bringing suit”. Íd.,

pág. 109. (Énfasis suplido). Al respecto, detalló que un

demandante prevalece cuando el remedio obtenido altera

materialmente

la

modificar

conducta

la

relación

legal

del

entre

las

partes,

al

demandado

de

forma

que

beneficie directamente al demandante. Íd., págs. 111-112.

A

raíz

de

esta

honorarios

de

abogado

parcialmente10 y a

reclamos

al

interpretación,

a

demandantes

han

concedido

que

prevalecieron

demandantes que no prevalecieron

amparo

de

la

prevalecieron

en

reclamos

estatutos

la

misma

por

se

Sec.

1983,

supra,

alternos

al

amparo

de

situación

de

hechos.11

en

pero

otros

Al

así

hacerlo, los tribunales han fundamentado su conclusión

citando el Informe de la Cámara de Representantes del

10

Véanse, por ejemplo, Méndez v. County of San Bernardino, 540 F.3d

1109 (9th Cir. 2008); Roberson v. Giuliani, 346 F.3d 75 (2nd Cir.

2003); Johnson v. Lafayette Fire Fighters' Ass'n Local, 857 F. Supp.

1292 (N.D. Ind. 1994) aff'd sub nom. Johnson v. Lafayette Fire

Fighters Ass'n Local 472, Int'l Ass'n of Fire Fighters, AFL-CIO-CLC,

51 F.3d 726 (7th Cir. 1995); Ensley Branch, N.A.A.C.P. v. Seibels, 31

F.3d 1548 (11th Cir. 1994); Lynch v. City of Milwaukee, 747 F.2d 423

(7th Cir. 1984); Fields v. City of Tarpon Springs, Fla., 721 F.2d 318

(11th Cir. 1983); Monahan v. State of Neb., 687 F.2d 1164 (8th Cir.

1982); Robert M. v. Benton, 671 F.2d 1104 (8th Cir. 1982); Wallace v.

King, 650 F.2d 529 (4th Cir. 1981); Deerfield Med. Ctr. v. City of

Deerfield Beach, 661 F.2d 328 (5th Cir. 1981); Doe v. Marshall, 622

F.2d 118 (5th Cir. 1980); Alicea Rosado v. García Santiago, 562 F.2d

114 (1st Cir. 1977).

11

Véanse, Williams v. Thomas, 692 F.2d 1032 (5th Cir. 1982); Gagne v.

Maher, 594 F.2d 336 (2d Cir. 1979) aff’d Maher v. Gagne, 448 US 122

(1980); Lund v. Affleck, 587 F.2d 75 (1st Cir. 1978); Seals v.

Quarterly Cnty. Court of Madison Cnty., Tenn., 562 F.2d 390 (6th Cir.

1977). Véase, también, Calkins v. Blum, 511 F. Supp. 1073 (N.D.N.Y.

1981) aff’d and remanded by Calkins v. Blum, 675 F. 2d 44 (2nd Cir.

1982).

CC-2013-765

Congreso

15

estadounidense

sobre

la

Sec.

1988,

supra,

el

cual expresó claramente que

[t]o the extent a plaintiff joins a claim under

one of the statutes enumerated in H.R. 15460

with a claim that does not allow attorney fees,

that plaintiff, if it prevails on the non-fee

claim, is entitled to a determination on the

other claim for the purpose of awarding counsel

fees. In some instances, however, the claim

with fees may involve a constitutional question

which the courts are reluctant to resolve if

the non-constitutional claim is dispositive. In

such cases, if the claim for which fees may be

awarded

meets

the

„substantiality‟

test

attorney's fees may be allowed even though the

court declines to enter judgment for the

plaintiff on that claim, so long as the

plaintiff prevails on the non-fee claim arising

out of a „common nucleus of operative fact.‟

Se. Legal Def. Grp. v. Adams, 436 F. Supp. 891,

894 (D. Or. 1977) citando a H.R. Rep. No. 94–

1558, n. 7 (1976) (Citas omitidas).Véase,

además, Seals v. Quarterly Cnty. Court of

Madison Cnty., Tenn., 562 F.2d 390, 393-94 (6th

Cir. 1977).

Incluso,

obtenido

como

se

ha

resuelto

remedio

un

que

demandantes

injunction

preliminar

que

han

en

una

acción al amparo de la Ley federal de Derechos Civiles,

supra, tienen derecho a honorarios de abogado al amparo

de la Sec. 1988, supra.12

C. Honorarios de abogado al amparo de la Sec. 1988,

supra, y las doctrinas de inmunidad

De ordinario, la parte responsable legalmente por el

remedio en los méritos es quien debe responder por los

honorarios de abogado. Kentucky v. Graham, 473 US 159,

12

Véase Lefemine v. Wideman, 133 S.Ct. 9 (2012). Véanse, además,

Kansas Judicial Watch v. Stout, 653 F.3d 1230 (10th Cir. 2011);

People Against Police Violence v. City of Pittsburgh, 520 F.3d 226

(3d Cir. 2008); Deerfield Medical Center v. City of Deerfield Beach,

661 F.2d 328 (5th Cir. 1981); Doe v. Marshall, 622 F.2d 118 (5th Cir.

1980).

CC-2013-765

16

164 (1985), citando 10 C. Wright, A. Miller, & M. Kane,

Federal Practice and Procedure Sec. 2666, p. 173 (1983).

La responsabilidad en los méritos y la responsabilidad

por estos honorarios generalmente van de la mano. Íd.;

Farrar v. Hobby, supra.

Con relación a este asunto, es meritorio evaluar el

efecto

de

ciertas

doctrinas

de

inmunidad

sobre

la

responsabilidad que pudiera tener una parte demandada en

cuanto a los honorarios de abogado provistos por la Sec.

1988, supra. El Tribunal Supremo federal señaló que el

historial

legislativo

de

la

Sec.

1988,

supra,

indica

palmariamente la intención del Congreso de proveer para

la concesión de honorarios de abogado en casos en los que

el remedio es concedido contra oficiales que gozan de

inmunidad en cuanto a acciones de daños y perjuicios.

Pulliam v. Allen, 466 US 522, 527 (1984). Sobre este

particular, el Informe de la Cámara de Representantes del

Congreso

estadounidense

sobre

la

Sec.

1988,

supra,

expresó lo siguiente:

while damages are theoretically available under

the statutes covered by H.R.15460, it should be

observed that, in some cases, immunity doctrines

and special defenses, available only to public

officials, preclude or severely limit the damage

remedy. Consequently awarding counsel fees to

prevailing plaintiffs in such litigation is

particularly important and necessary if Federal

civil

and

constitutional

rights

are

to

be

adequately protected. To be sure, in a large

number of cases brought under the provisions

covered by H.R.15460, only injunctive relief is

sought,

and

prevailing

plaintiffs

should

ordinarily recover their counsel fees. Pulliam v.

CC-2013-765

17

Allen, supra, citando a H.R. Rep. No. 94–1558, p.

9 (1976). (Énfasis suplido).

La jurisprudencia sobre este particular confirmó la

intención legislativa. En cuanto a los casos en que la

parte perdidosa es un estado, el Tribunal Supremo federal

resolvió

que

estados

en

la

la

inmunidad

Undécima

soberana

Enmienda

reconocida

de

la

a

los

Constitución

federal no prohíbe la concesión de honorarios de abogado

contra un estado al amparo de la Sec. 1988, supra, cuando

la parte demandante obtiene un remedio prospectivo contra

un estado o contra un funcionario estatal actuando en su

capacidad oficial. Missouri v. Jenkins by Agyei, 491 US

274,

279

(1989);

Hutto

v.

Finney,

437

US

678,

692

(1978).13 Ello, pues los honorarios de abogado constituyen

un

rembolso

instado

13

para

por

los

obtener

gastos

un

incurridos

remedio;

no

en

un

litigio

constituyen

una

En Hutto v. Finney, 437 US 678 (1978), varios confinados demandaron

a funcionarios oficiales del estado de Arkansas porque ciertas

condiciones impuestas en la prisión en la cual se encontraban

violaban sus derechos constitucionales al constituir un castigo cruel

e inusitado. El Tribunal de Distrito determinó que hubo una violación

a los derechos constitucionales de los confinados y, luego de varios

trámites procesales, concedió, entre otros remedios, una partida de

honorarios de abogado a ser pagada por el Departamento de Corrección.

La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Octavo Circuito

confirmó la partida de honorarios de abogado y añadió la cantidad de

$2,500. El

Tribunal Supremo federal confirmó dichas cantidades por

entender que no violaban la Undécima Enmienda Federal. Con relación a

la partida que añadió la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos

para el Octavo Circuito, razonó, entre otras cosas, que la Sec. 1988

de la Ley federal de Derechos Civiles, 42 USC sec. 1988 “imposes

attorney‟s fees „as part of the costs‟. Costs have traditionally been

awarded without regard for States‟ Eleventh Amendment immunity. (...)

The Court has never viewed the Eleventh Amendment as barring such

awards, even in suits between States and individual litigants.” Hutto

v. Finney, supra, pág. 695. En Missouri v. Jenkins by Agyei, 491 US

274 (1989), el Tribunal Supremo federal reafirmó lo determinado en

Hutto v. Finney, supra, al expresar que “[a]fter Hutto, therefore, it

must be accepted as settled that an award of attorney‟s fees

ancillary to prospective relief is not subject to the strictures of

the Eleventh Amendment.” Missouri v. Jenkins by Agyei, supra, pág.

279.

CC-2013-765

18

compensación

retroactiva

por

el

daño

que

motivó

el

litigio. Missouri v. Jenkins by Agyei, supra; Hutto v.

Finney,

supra,

pág.

695.

Después

de

todo,

es

norma

firmemente establecida que “la Undécima Enmienda federal

y la doctrina de inmunidad soberana que encarna no priva

a los tribunales de su autoridad para conceder remedios

interdictales

contra

funcionarios

oficiales

que

violan

leyes estatales. Por el contrario, el Tribunal Supremo

federal ha ejercido en múltiples ocasiones el poder para

ordenarles a funcionarios estatales que se abstengan de

violar la ley estatal”. Pennhurst State Sch. & Hosp. v.

Halderman, 465 US 89, 130 (1984)(Traducción nuestra).14

Asimismo, el Tribunal Supremo federal resolvió que

estos honorarios proceden contra un cuerpo público que

implementa

civiles

del

legislación

en

violación

ciudadano

o

ciudadana.

de

los

Supreme

derechos

Court

of

Virginia v. Consumers Union of United States, Inc., 446

US 719 (1980).15

En lo pertinente al caso que nos ocupa, el Tribunal

Supremo

federal

resolvió

recientemente

Lefemine

v.

Wideman, 133 S.Ct. 9 (2012). En ese caso, el Sr. Steven

Lefemine

14

y

miembros

de

una

asociación

cristiana

se

“The Eleventh Amendment and the doctrine of sovereign immunity it

embodies have never been interpreted to deprive a court of

jurisdiction to grant relief against government officials who are

engaged in conduct that is forbidden by their sovereign. On the

contrary, this Court has repeatedly and consistently exercised the

power to enjoin state officials from violating state law”. Pennhurst

State Sch. & Hosp. v. Halderman, 465 US 89, 130 (1984).

15

Véanse, además, Consumers Union of U.S., Inc. v. Virginia State

Bar, 688 F.2d 218 (4th Cir. 1982); Fernandes v. Limmer, 663 F.2d 619

(5th Cir. 1981).

CC-2013-765

19

manifestaron en contra del aborto usando pancartas que

mostraban fotos de fetos abortados. Íd. La Policía les

ordenó

que

dejaran

de

usar

las

pancartas

o

serían

multados. Íd. El señor Lefemine objetó el señalamiento,

pero la amenaza de las multas eventualmente ocasionó que

la

protesta

terminara.

Íd.

Así

las

cosas,

el

señor

Lefemine presentó una demanda al amparo de la Sec. 1983,

supra,

en

la

que

nominales,

se

dictara

emitiera

un

solicitó

una

injunction

que

se

sentencia

permanente

honorarios

de

abogado.

determinó

que

los

impusieran

Íd.

El

demandados

y

daños

declaratoria,

se

le

Tribunal

violaron

se

concedieran

de

Distrito

los

derechos

constitucionales de los demandantes, por lo que emitió un

injunction permanente prohibiéndole a la parte demandada

que

restringiera

el

uso

manifestantes.

Íd.

nominales

concluir

tras

Sin

de

las

pancartas

embargo,

denegó

que

demandados

los

por

otorgar

los

daños

gozaban

de

inmunidad cualificada debido a que la ilegalidad de su

conducta no estaba establecida claramente en ese momento.

Íd.

De

la

misma

forma,

la

Corte

de

Distrito

denegó

honorarios de abogado al amparo de la Sec. 1988, supra.

Íd.

El

Cuarto

Circuito

de

la

Corte

de

Circuito

de

Apelaciones confirmó. Íd. Razonó que el remedio concedido

no

alteró

concedieron

la

relación

daños.

Íd.

entre

las

partes

Inconforme,

el

y

que

señor

acudió ante el Tribunal Supremo federal. Íd.

no

se

Lefemine

CC-2013-765

20

El Tribunal Supremo federal revocó unánimemente a los

foros

inferiores

mediante

una

Opinión

Per

Curiam.

Lefemine v. Wideman, supra. Resolvió que el demandante

era

parte

prevaleciente

con

derecho

a

honorarios

de

abogado al amparo de la Sec. 1988, supra, a pesar de que

la

Corte

de

injunction

Distrito

pero

le

desestimó

concedió

su

como

remedio

un

de

daños

tras

acción

reconocerle inmunidad al demandado. Íd. Reiteró que la

concesión

de

un

injunction

o

de

una

sentencia

declaratoria usualmente satisface los requisitos pautados

en Farrar v. Hobby, supra, para que el demandante sea

considerado parte prevaleciente para efectos de la Sec.

1988, supra. Concluyó que, aunque la acción de daños se

desestimó, el remedio concedido alteró la relación entre

el

señor

Lefemine

y

la

parte

demandada.

Lefemine

v.

Wideman, supra.

Por nuestra parte, hemos resuelto que un tribunal de

Puerto

Rico

concurrente

en

puede

el

ejercicio

conceder

de

su

honorarios

de

jurisdicción

abogado

al

amparo de la Sec. 1988 de la Ley federal de Derechos

Civiles, supra. Bonilla v. Chardón, supra, págs. 617-618.

Una vez concedidos, los honorarios de abogado son

revisados por abuso manifiesto de discreción. De Jesús

Nazario

v.

Morris

Rodríguez,

supra,

pág.

199;

Torres–

Rivera v. O'Neill–Cancel, 524 F.3d 331, 335 (1st Cir.

2008); Díaz-Rivera v. Rivera-Rodríguez, 377 F.3d 119, 124

(1st Cir. 2004); Gay Officers Action League v. Puerto

CC-2013-765

Rico,

21

supra,

revisores

pág.

deben

247.

Por

brindarle

tanto,

los

deferencia

tribunales

al

tribunal

juzgador, toda vez que éste está en mejor posición de

diseñar

un

remedio

adecuado

gracias

al

íntimo

conocimiento que tiene de las particularidades del caso.

Íd.

A la luz de este marco jurídico y teniendo presente

el estándar de revisión antes mencionado, resolvemos.

III

Para

determinar

si

el

tribunal

juzgador

abusó

manifiestamente de su discreción al conceder honorarios

de abogado a la doctora Pérez de Otero, debemos evaluar

si ella es “parte prevaleciente” para efectos de la Sec.

1988, supra.

La doctora Pérez de Otero solicitó en su demanda

varios

remedios:

(1)

la

expedición

de

un

injunction

preliminar y permanente que ordenara su reposición, (2)

el

pago

de

los

haberes

dejados

de

percibir,

(3)

una

indemnización por sufrimientos y angustias mentales, (4)

una

cuantía

de

daños

punitivos,

y

(5)

honorarios

de

abogado al amparo de la Sec. 1988, supra. Fundamentó sus

reclamos en el Art. 37.02 de la Ley Núm. 7-2009, supra,

la

Sec.

1983

de

la

Ley

federal

de

Derechos

Civiles,

supra, y el Art. 1802 del Código Civil, supra.

El Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia

sumaria parcial en la que concluyó que la parte demandada

violó los derechos constitucionales de la doctora Pérez

CC-2013-765

22

de Otero. Como remedio, emitió una orden de injunction

preliminar

y

permanente

mediante

la

cual

ordenó

la

reposición de la doctora Pérez de Otero al puesto que

ocupaba y el pago de los haberes dejados de percibir.

Asimismo, el tribunal se negó a desestimar las causas de

acción sobre daños y perjuicios, al amparo de la Sec.

1983, supra, y el Art. 1802 del Código Civil, supra, por

entender que la señora Pérez de Otero tenía derecho a un

resarcimiento

de

daños.

Por

su

parte,

el

Tribunal

de

Apelaciones revocó parcialmente al foro inferior y en su

parte

dispositiva

se

limitó

a

desestimar

expresamente

“los reclamos sobre daños incluidos en la demanda” tras

reconocerle inmunidad a la parte demandada.16 No revocó la

concesión

del

injunction

ordenando

la

reposición

y

el

pago de los haberes dejados de percibir a favor de la

doctora Pérez de Otero por la violación a sus derechos

civiles, al amparo de la Sec. 1983 de la Ley federal de

Derechos Civiles, supra. Debido a que dicha determinación

advino final y firme, no está ante nuestra consideración

la

procedencia

utilizados

por

del

el

injunction

Tribunal

ni

de

si

los

Primera

fundamentos

Instancia

para

emitirlo fueron correctos o no. En otras palabras, la

doctrina

de

la

ley

del

caso

nos

obliga

a

tomar

como

cierto que en este caso estamos ante una violación de

derechos civiles al amparo de la Sec. 1983 de la Ley

16

Apéndice, pág. 78.

CC-2013-765

23

federal de Derechos Civiles, supra. Véase, por ejemplo,

Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832 (2005).17

Siendo así, la doctora Pérez de Otero obtuvo dos de

los

remedios

solicitados:

el

injunction

ordenando

su

reposición y el pago de los haberes dejados de percibir.

No obtuvo la indemnización por sufrimientos y angustias

mentales, ni una cuantía por daños punitivos, en vista de

la inmunidad que cobijaba a la parte demandada.

Ya vimos que la Sec. 1988, supra, se debe interpretar

liberalmente.

Véase

Farrar

v.

Hobby,

supra.

Para

considerar a un demandante como “parte prevaleciente”,

éste debe prevalecer en un asunto significativo de forma

que

logre

parte

del

beneficio

que

pretendía

obtener

mediante el litigio. Íd., pág. 109. Es decir, el remedio

obtenido

debe

alterar

materialmente

la

relación

legal

entre las partes a beneficio del demandante. Íd., págs.

111-112.

La doctora Pérez de Otero prevaleció inequívocamente

en un asunto significativo y medular de su reclamo pues

logró

obtener

un

injunction

preliminar

y

permanente

mediante el cual fue restituida a su puesto. Además, se

le concedieron los haberes dejados de percibir mientras

17

Contrario a lo que expone la Opinión disidente, la Opinión del

Tribunal no resuelve que cualquier reclamación por violaciones a

normas de personal conlleva la concesión de honorarios de abogado con

la mera mención, por parte del demandante, de que tiene algún reclamo

al amparo de la Sec. 1983 de la Ley federal de Derechos Civiles, 42

USC sec. 1983. Tiene que haber una determinación judicial de que se

le violaron los derechos civiles a una parte a tenor con dicho

estatuto federal, según ocurrió en este caso.

CC-2013-765

estuvo

24

cesanteada.

favorable

de

Sin

estos

lugar

remedios

a

dudas,

alteró

la

concesión

materialmente

la

relación legal entre ella y la parte demandada. Por ende,

procede reconocer que la doctora Pérez de Otero es una

“parte

prevaleciente”

supra,

ya

para

que

efectos

de

prevaleció

la

Sec.

1988,

parcial,

pero

significativamente, en su reclamo.

En cuanto a la interpretación de la parte demandada

de que la doctora Pérez de Otero no prevaleció al amparo

de la Sec. 1983, supra, porque el Tribunal de Primera

Instancia

de

la

concedió el injunction tras una interpretación

Ley

Núm.

7-2009,

supra,

y,

posteriormente,

el

Tribunal de Apelaciones desestimó su causa de acción al

amparo

de

Primero,

dicha

el

injunction

Sección,

Tribunal

luego

de

de

debemos

subrayar

tres

Primera

Instancia

concedió

interpretar

cosas.

integralmente

el

los

estatutos invocados. Segundo, la Ley Núm. 7-2009, supra,

no

faculta

remedio

al

foro

judicial

interdictal.

anteriormente,

circunscribió

el

a

a

proveer

Tercero,

Tribunal

revocar

los

este

según

de

reclamos

tipo

de

expresado

Apelaciones

se

sobre

al

daños

amparo de la Sec. 1983 de la Ley federal de Derechos

Civiles, supra, y del Art. 1802 del Código Civil, supra,

sin alterar el injunction concedido ni la determinación

del foro primario de que la parte demandada violó los

derechos

constitucionales

de

la

parte

demandante

a

la

igual protección de las leyes y el debido proceso de ley.

CC-2013-765

25

De todas formas, aún si para propósito de discusión

acogiéramos

el

argumento

de

la

parte

demandada,

el

Tribunal Supremo federal, así como numerosos tribunales

federales

inferiores

concedido

honorarios

y

de

tribunales

abogado

al

estatales,

amparo

de

han

la

Sec.

1988, supra, a demandantes que prevalecieron parcialmente

en sus reclamos18 y a demandantes que no prevalecieron en

reclamos

al

amparo

prevalecieron

en

de

reclamos

la

Sec.

alternos

1983,

al

supra,

amparo

pero

de

otros

estatutos por la misma situación de hechos.19 De hecho, no

podemos ignorar la jurisprudencia federal que reconoce

honorarios

de

abogado

a

demandantes

que

obtienen

como

remedio un injunction preliminar en este tipo de acción.20

Concluimos, pues, que la doctora Pérez de Otero es “parte

prevaleciente”

para

efectos

de

la

Sec.

1988,

supra.

Resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia no abusó

de su discreción al concederle honorarios de abogado al

amparo de dicha Sección.

Al resolver de esta manera, vindicamos la intención

del Congreso al aprobar la Sec. 1988, supra: proveer para

la concesión de honorarios de abogado en casos en los que

el

remedio

se

concede

contra

demandados

que

gozan

de

inmunidad en cuanto a acciones de daños y perjuicios.

Pulliam

v.

Enterprises,

18

Allen,

Inc.,

supra;

supra.

Véase nota al calce 10.

Véase nota al calce 11.

20

Véase nota al calce 12.

19

Newman

Véanse,

v.

además,

Piggie

Park

Informe

del

CC-2013-765

26

Senado Núm. 94-1011, 94th Cong., 2d Sess. 1976, U.S. Code

Cong. & Admin. News 5910;

H.R.Rep. No. 94–1558, p. 9

(1976).

Efectivamente,

nueve

jueces

del

Tribunal

Supremo

federal

hace

apenas

dos

años

una

opinión

Per

que

un

derecho

a

demandante

los

suscribieron

Curiam

era

en

la

parte

que

se

determinó

prevaleciente

con

honorarios de abogado al amparo de la Sec. 1988, supra, a

pesar

de

que

la

Corte

de

Distrito

le

concedió

como

remedio un injunction pero desestimó su acción de daños

tras

reconocerle

inmunidad

cualificada

al

demandado.

Lefemine v. Wideman, supra.

En

virtud

del

derecho

aplicable

reseñado,

es

imposible acoger la teoría de la parte demandada de que

no procede imponerle responsabilidad sobre los honorarios

de abogado al amparo de la Sec. 1988, supra, en vista de

la

inmunidad

que

le

cobija

Apelaciones

le

reconoció.

significaría

que

un

doctora

Pérez

honorarios

de

de

Otero,

constitucionales

y

funcionarios,

violó.

que

tendría

por

civiles

que

el

Concluir

demandante

abogado

le

y

el

como

la

$33,750

en

los

derechos

Estado,

ignorar

de

contrario

pagar

vindicar

Implicaría

lo

prevalece,

que

que

Tribunal

que

o

sus

“[l]os

honorarios de abogado bajo esta sección constituyen un

remedio necesario para que la Ley de Derechos Civiles no

se convierta en una declaración en el vacío sin utilidad

práctica,

para

que

el

ciudadano

promedio

pueda

hacer

valer sus derechos”. Bonilla v. Chardón, supra, pág. 616.

CC-2013-765

27

IV

Por todo lo anterior, se confirma al Tribunal de

Apelaciones

por

entender

honorarios de abogado a

que

la

procede

la

concesión

de

doctora Pérez de Otero al

amparo de la Sec. 1988, supra.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Naydamar Pérez de Otero por sí

y en representación de la

Sociedad

Legal

de

Bienes

Gananciales compuesta por ésta

y su cónyuge José A. Otero

Certiorari

Recurridos

CC-2013-765

v.

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto Rico; Departamento de

Salud;

Hon.

Secretario

de

Salud Dr. Lorenzo González

Feliciano,

en

su

carácter

personal

y

oficial

como

Secretario del Departamento de

Salud

Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 2015.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de la presente

Sentencia, se expide el auto y se confirma al Tribunal de

Apelaciones por entender que procede la concesión de

honorarios de abogado a la doctora Pérez de Otero al

amparo de la Sec. 1988 de la Ley Federal de Derechos

Civiles, 42 USC sec. 1988.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo.

La Jueza Asociada

señora Pabón Charneco disintió con opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Naydamar Pérez de Otero por

sí y en representación de la

Sociedad Legal de Bienes

Gananciales compuesto ésta y

su cónyuge José A. Otero

Certiorari

Recurridos

v.

CC-2013-0765

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico; Departamento de

Salud; Hon. Secretario de

Salud Dr. Lorenzo González

Feliciano, en su carácter

personal y oficial como

Secretario del Departamento

de Salud

Peticionarios

Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora

Pabón Charneco.

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 2015.

Disiento respetuosamente del resultado anunciado por

una Mayoría del Tribunal en el caso de epígrafe. En la

Opinión que antecede ciertamente se discute correctamente

el

derecho

embargo,

aplicable

a

la

controversia

de

que

el

Tribunal

equivocó

Derecho

a

los

considero

aplicación

del

se

hechos

autos.

Sin

en

su

particulares

que

tenemos ante nuestra consideración.

El asunto determinante en este caso es si en algún

punto del litigio el foro primario emitió un injunction

al amparo de la Seción 1983 de la Ley Federal de Derechos

CC-2013-0765

2

Civiles, infra. Como veremos, los autos demuestran que la

demandante de autos nunca obtuvo un remedio interdictal

al amparo de esa legislación, sino que su único triunfo

en el litigio fue la obtención de un

injunction

para

ordenar su reinstalación a un puesto de carrera del cual

fue despedida en violación del Artículo 37.02 de la Ley

Núm.

7,

infra.

Ante

esa

realidad

procesal,

la

parte

recurrida de autos no tiene derecho a recobrar honorarios

de abogado al amparo de la Sección 1988 de la Ley Federal

de Derechos Civiles, infra.

Como muy bien argumentó la Procuradora General en su

Alegato, el resultado que hoy anuncia una Mayoría del

Tribunal representa un “fracaso a la justicia, [ya que]

el Estado vendr[á] llamado a desembolsar fondos públicos

para sufragar unos honorarios de abogado que no proceden

como cuestión de derecho, lo que en momentos de agravada

estrechez económica, como la que enfrentamos, resulta[n]

imprescindible[s] para el erario y el interés público.”21

Por todo lo anterior, me veo obligada a disentir del

resultado anunciado hoy por una Mayoría del Tribunal.22

I

Como se discute en la Opinión que antecede, no hay

duda que para ser considerado un prevailing party bajo la

Sección 1988 de la Ley Federal de Derechos Civiles, 42

21

22

Alegato de Procuradora General, pág. 16.

Los hechos del caso de autos se encuentran adecuadamente resumidos

en la Opinión del Tribunal, por lo que resulta innecesario repetirlos

en esta Opinión disidente.

CC-2013-0765

3

U.S.C. sec. 1988 (en adelante Sección 1988) un demandante

no

necesariamente

totalidad

civiles

tiene

que

de

su

reclamación

bajo

ese

estatuto

Diversos

tribunales

han

resultar

de

(en

airoso

violación

adelante

concedido

de

en

derechos

Sección

honorarios

la

1983).

bajo

la

Sección 1988 a demandantes que prevalecieron parcialmente

en sus reclamos de violación de derechos civiles (Méndez

v. County of San Bernardino, 540 F.3d 1109 (9no Cir.

2008)),

a

demandantes

que

recibieron

remedios

interdictales al amparo de la Sección 1983 (Lefemine v.

Wideman,

133

S.

Ct.

9

(2012)),

y

a

demandantes

que

triunfaron al amparo de un reclamo estatal relacionado y

subsidiario al reclamo federal (Williams v. Thomas, 692

F.2d 1032 (5to Cir. 1982).23

Sin embargo, y a diferencia de lo que se discute en

la Opinión mayoritaria, otros tribunales federales han

sido enfáticos en que cuando un demandante pierde en su

reclamación al amparo de la Sección 1983, pero triunfa en

una

reclamación

reclamar

estatal

honorarios

de

suplementaria,

abogados

bajo

la

este

no

puede

Sección

1988.

Véase, Robles v. Prince George’s County, 302 F.3d 262

(4to

23

Cir.

2002).

En

específico

el

Cuarto

Circuito

ha

El lenguaje específico del Tribunal de Apelaciones para el 5to

Circuito fue el siguiente: “[T]he Supreme Court [has] intimated that

a party prevailing on a substantial claim that is pendent to a civil

rights claim is entitled to a recovery of attorney's fees when the

civil rights claim and the pendent claim arise out of a common

nucleus of operative facts. Williams v. Thomas, 692 F.2d 1032, 1036

(5th Cir. 1982) (Énfasis suplido).

CC-2013-0765

4

expresado que “plaintiffs who do not prevail on their

federal claims but achieve success on supplemental state

law claims are not prevailing parties under § 1988, and

are

therefore

not

entitled

to

an

award

under

that

statute.” Robles, pág. 272 (Énfasis suplido).

El más alto foro federal ha expresado que en este

tipo

de

reclamaciones,

responsibility

for

“liability

fees

go

hand

on

the

merits

in

hand;

where

and

a

defendant has not been prevailed against, either because

of

legal

inmunity

or

on

the

merits,

§

1988

does

not

authorize a fee award against the defendant.” Kentucky v.

Graham, 473 U.S. 159 165 (1984) (Énfasis suplido). Por lo

tanto,

lo

determinante

demandantes

obtengan

en

estos

cualquier

casos

tipo

de

no

es

que

remedio

a

los

su

favor, sino que el remedio concedido -ya sea interdictal

o en los méritos- se provea al amparo de la Sección 1983.

Como veremos a continuación, eso no fue lo que ocurrió en

el caso de autos.

II

Una Mayoría del Tribunal concluye que los recurridos

de autos tienen derecho a honorarios de abogados bajo la

Sección 1988 ya que obtuvieron un remedio favorable a

través de un injunction preliminar y permanente y que el

Tribunal lo concedió para vindicar los derechos civiles

de

la

demandante.

Como

he

respetuosamente de esa conclusión.

intimidado,

discrepo

CC-2013-0765

5

De un análisis de los autos considero que es forzoso

concluir que en este caso no están presentes ningunas de

las

circunstancias

federales

para

que

proveer

han

reconocido

honorarios

de

los

tribunales

abogado

bajo

la

Sección 1988. A nivel del foro primario, la recurrida

prevaleció ya que se le concedió un injunction preliminar

y permanente una vez el Tribunal de Primera Instancia

concluyó que su despido fue contrario a la Sección 37.02

de la Ley Núm. 7-2009.

Este tipo de remedio es precisamente el que este

Tribunal ha avalado en casos de despidos en el empleo

público. Ello bajo el principio de mérito que cobija a

los empleados públicos de carrera. Véase, Vázquez Cintrón

v. Banco Desarrollo, 171 DPR 1, 22 (2007) (“en los casos

de destitución de un empleado público de carrera, si la

decisión resultante [...] es favorable al empleado, hemos

resuelto que lo que procede es “ordenar su restitución y

el pago total, o parcial, de los salarios dejados de

percibir por éste desde la fecha de efectividad de la

destitución, más los beneficios marginales a que hubiese

tenido

derecho”

Gobernador,

152

(citando

a

Martínez

DPR

596

(2000).

586,

v.

Ofic.

Véase,

del

además,

Hernández v. Mun. de Aguadilla, 154 DPR 199 (2001).

Específicamente, al conceder una Orden de Injunction

Preliminar y Permanente en el caso de autos, el Tribunal

de Primera Instancia emitió la siguiente expresión:

…[R]esolvemos

que

procede

la

solicitud

de

injunction presentada en este caso para que se

CC-2013-0765

6

ordene la restitución inmediata de la demandante

al puesto que ocupaba, con todos los haberes y

beneficios dejados de percibir. Debido a que no

existe aquí controversia real sobre los hechos

medulares que fueron estipulados, estamos en

posición de emitir una orden de injunction

preliminar y permanente, y así lo hacemos,

ordenando la reinstalación inmediata de la

demandante al puesto de Director de Servicios

Médicos II, efectivo el 28 de mayo de 2010, con

los haberes y deberes que le pertenecen al

puesto

y

los

dejados

de

percibir

desde

24

entonces.

Como se discute en la Opinión que antecede, el foro

primario retuvo jurisdicción del pleito para determinar

los daños, si alguno, a los cuales la recurrida tendría

derecho. No obstante, una vez el Estado recurrió al foro

apelativo intermedio para revisar ese dictamen, el foro a

quo

desestimó

la

totalidad

de

la

reclamación

de

la

recurrida bajo la Sección 1983. Es decir, la Ley del Caso

en la controversia de autos es que la recurrida perdió

totalmente su reclamación federal bajo la Sección 1983.

Ante este escenario, considero que la recurrida no

es un prevailing party bajo la Sección 1988 por lo cual

no tiene derecho a recobrar honorarios de abogado. Nótese

que

no

estamos

ante

ninguna

de

las

circunstancias

discutidas en la jurisprudencia recogida en la Opinión

del Tribunal. A saber, a la recurrida se le desestimó su

causa de acción bajo la Sección 1983, por lo que no hay

espacio para discutir si prevaleció total o parcialmente.

Tampoco prevaleció bajo un estatuto estatal subsidiario a

la reclamación de violación de derechos civiles ya que lo

24

Ap. de Petición de Certiorari, pág. 13.

CC-2013-0765

único

que

7

obtuvo

a

su

favor

fue

un

injunction

por

violación a las disposiciones de la Ley Núm. 7-2009. Por

lo tanto, la recurrida solo obtuvo a su favor remedios

por fundamentos puramente estatales por lo que, como muy

bien argumentaron tanto el Gobierno de Puerto Rico como

la

Procuradora

General,

no

procede

la

concesión

de

honorarios de abogado bajo la Sección 1988 a favor de la

recurrida.

Para llegar a una conclusión contraria, la Mayoría

del

Tribunal

erró

ya

que

consideró

que

el

remedio

interdictal que obtuvo la recurrida se dio bajo el palio

de

la

Sección

1983.

La

Mayoría

del

Tribunal

intenta

fundamentar esta conclusión por las siguientes razones:

Primero,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

concedió el injunction luego de interpretar

integralmente los estatutos invocados. Segundo,

la Ley Núm. 7-2009, supra, no faculta al foro

judicial

a

proveer

este

tipo

de

remedio

interdictal.

Tercero,

según

expresado

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones se

circunscribió a revocar los reclamos de daños al

amparo de la Sec. 1983 de la Ley Federal de

Derechos Civiles, supra, y del Art. 1802 del

Código Civil, supra, sin alterar el injunction

concedido ni la determinación del foro primario

de que la parte demandada violó los derechos

constitucionales de la demandante a la igual

protección de las leyes y el debido proceso de

ley.25

Todas estas razones son problemáticas.

En cuanto a la primera y tercera de estas, es cierto

que en la Sentencia Parcial emitida por el foro primario

se hizo referencia a que además de que el despido de la

recurrida fue contrario al texto claro de la Ley Núm. 725

Op. del Tribunal, pág. 22.

CC-2013-0765

8

2009, pudo existir una violación de derechos civiles en

este caso. Sin embargo, al momento de emitir el remedio

interdictal el foro primario no hizo referencia alguna a

la Sección 1983. Como vimos, una vez el Estado acudió al

Tribunal de Apelaciones, el foro a quo procedió a revocar

parcialmente al foro primario y desestimó en su totalidad

la reclamación de violación de derechos civiles de la

recurrida al amparo de la Sección 1983. La Mayoría se

aferra a que “el Tribunal de Apelaciones circunscribió su

sentencia revocatoria a la acción de daños y perjuicios,

sin alterar el injunction concedido ni la determinación

del foro primario de que la parte demandada violó los

derechos

constitucionales

de

la

demandante

a

la

igual

protección de las leyes y el debido proceso de ley.”

El problema con esa aseveración es que en derecho

procesal apelativo “[r]eiteradamente hemos explicado que

la revisión de una sentencia se da contra su resultado,

no contra sus fundamentos.” Pérez Vda. de Muñiz v. Criado

Amunategui,

Rodríguez

151

v.

D.P.R.

Amaro

355

Cora,

2000).

138

Véase

D.P.R.

además,

182,

198

Vélez

(1995)

(“poco importa que el fundamento que adujera el tribunal

en

apoyo

de

su

actuación

sea

o

no

correcto.

Debe

recordarse que la revisión se da contra la sentencia.”)

Por ende, el foro apelativo intermedio no tenía por qué

alterar el resultado de la concesión de un injunction ya

que, a nivel apelativo, los fundamentos para su emisión

CC-2013-0765

9

son irrelevantes.26 Con su razonamiento, la Mayoría del

Tribunal parece intimar que el Tribunal de Apelaciones

debió revocar también el injunction que emitió el foro

primario,

y

emitir

otro

por

fundamentos

distintos.

A

nivel apelativo esto es innecesario porque, como vimos,

la

revisión

se

da

contra

el

resultado

y

no

los

fundamentos. Ya que en el caso de autos no hay duda que

procedía

la

emisión

de

un

injunction

para

ordenar

la

restitución de la recurrida a su puesto, el Tribunal de

Apelaciones no tenía por qué alterar el resultado al que

llegó

el

foro

primario

al

conceder

el

remedio

interdictal.

Finalmente, la segunda razón que provee la Mayoría –

que la Ley Núm. 7, supra, no faculta a los tribunales

para

proveer

remedios

interdictales-

es

totalmente

equivocada. En nuestro ordenamiento, el injunction es un

remedio en equidad que tiene todo tribunal para hacer

efectivo

el

derecho

Demanda.

Véase,

sustantivo

Abella

v.

que

se

Fernández,

exige

17

en

una

D.P.R.

1063

(1911). En ese sentido, este remedio extraordinario se

26

De hecho, cabe señalar que el Tribunal de Apelaciones parece haber

concluido que, en efecto, el injunction que emitió el foro primario

no se dio al amparo de la Sección 1983, sino por violaciones a

articulados específicos de la Ley Núm. 7. En ese sentido, en su

recuento de los hechos el foro apelativo intermedio expresó lo

siguiente:

En cuanto al derecho, indicó

que el inciso (f) del Art.

37.02 de la Ley 7, según enmendado, excluía del plan de

cesantías

a

“profesionales

de

la

salud

(médicos,

paramédicos, enfermeras, farmacéuticos y técnicos de

laboratorio)”. Por lo anterior, el TPI emitió una orden de

injunction preliminar y permanente mediante la cual ordenó

la reposición de la Dra. Pérez al puesto que ocupaba y el

pago de los haberes dejados de percibir. Ap. del Petición

de Certiorari, pág. 25. (Énfasis suplido).

CC-2013-0765

10

encuentra regulado en la Regla 57 de Procedimiento Civil,

32 L.P.R.A. Ap. V, y procede en cualquier acción civil en

Puerto

Rico,

excepto

en

aquellos

pleitos

en

que

específicamente esté prohibida su expedición. Véase, D.

Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da. Ed, Prof. Ed.

Jur. Cont. UIAPR, 1996, pág. 13. Por ende, el que la Ley

Núm. 7, supra, no provea para la concesión de remedios

interdictales no puede utilizarse como fundamento para

concluir que en este caso el injunction que emitió el

foro primario se dio al amparo de la Sección 1983, ya que

en nuestro ordenamiento ese remedio está disponible para

cualquier tipo de reclamación civil.

Por todo lo anterior, considero que la recurrida de

autos solo obtuvo a su favor un remedio interdictal al

amparo del ordenamiento estatal de Puerto Rico y perdió

totalmente su reclamación de derechos civiles al amparo

de

la

Sección

1983.

Ante

esa

realidad

procesal,

la

recurrida no puede considerarse un prevailing party bajo

la Sección 1988, por lo que no tiene derecho a recibir

honorarios de abogado.27

27

La Mayoría le da particular énfasis a un caso del Tribunal Supremo

federal Lefemine v. Wideman, 133 S.Ct. 9 (2012), para sostener su

conclusión de que aun cuando un demandante solo obtiene un injunction

a su favor, procede la concesión de honorarios de abogados bajo la

sección 1988. Este caso, sin embargo, es distinguible. Trata de un

grupo de personas que protestaban con unas pancartas en una

intersección de tránsito. La policía les dijo que si continuaban con

la protesta los iba a acusar por alteración a la paz. Los

manifestantes solicitaron al tribunal, bajo la Sec. 1983, un

injunction

para

que

la

policía

les

respetara

su

derecho

constitucional a la libertad de expresión y los dejara manifestarse,

más los daños por violación a la libertad de expresión. El tribunal

de distrito le concedió el injunction, pero no los daños. El Tribunal

Supremo federal resolvió que los manifestantes eran una prevailing

party bajo la Sec. 1988. Pero nótese que contrario al caso de autos,

CC-2013-0765

11

III

Finalmente,

debo

expresar

que

además

de

la

aplicación incorrecta del Derecho en el caso de autos, me

preocupan las repercusiones que pudiera tener en nuestro

ordenamiento

la

norma

que

pauta

hoy

una

Mayoría

del

Tribunal. Nótese que según el razonamiento del Tribunal,

cualquier

reclamación

por

violaciones

a

normas

de

personal de agencias del Gobierno de Puerto Rico podría

estar

sujeta

demandante

al

pago

decide

de

unir

honorarios

a

esta

de

una

abogado

si

reclamación

el

por

violación de derechos civiles al amparo de la Sección

1983,

por

más

frívola

que

sea

esta

última.

Si

el

demandante tiene razón en su reclamación de violación a

las normas de personal y obtiene un remedio interdictal,

procedería la concesión de honorarios de abogado bajo la

Sección

1988

ya

que,

según

la

Mayoría

del

Tribunal,

obtuvo “algo” a su favor. Ello aun si, como ocurrió en el

caso de autos, se le desestimara su reclamación bajo la

Sección 1983.28

a los que acudieron al tribunal se les otorgó claramente un

injunction bajo el fundamento constitucional. Aunque el tribunal

rechazó la solicitud de daños, resolvió que existía una violación de

derechos civiles y esa fue la razón específica por la que se le

concedió el injunction. De hecho, a diferencia del caso de autos, en

ese pleito no existía ninguna otra reclamación que no fuera de

violación de derechos constitucionales

28

En ese sentido, la Opinión Mayoritaria parece establecer además un

nefasto precedente en materia de Derecho Procesal Apelativo. Ahora

parecería que el Tribunal de Apelaciones no solo debe revocar el

resultado de las sentencias o resoluciones que revisa, sino que

también debe revocar sus fundamentos. Nótese que la Mayoría expresa

sin ambages que en este caso hubo una violación de derechos civiles.

Véase, Op. Mayoritaria, pág. 20. Cabe preguntarse en qué lugar de los

autos de este caso existe una Sentencia Final y Firme en donde se

llegue esa conclusión. Ciertamente, no puede ser en la Sentencia

CC-2013-0765

Este

12

proceder

tendría

un

efecto

devastador

en

el

erario ya que el Estado se vería obligado a desembolsar

una cantidad dinero considerable en calidad de honorarios

de

abogado,

aun

cuando

no

existan

determinaciones

de

violación de derechos civiles. En tiempos de estrechez

económica como la que vivimos, lamento que este Tribunal

emita una Opinión que puede dar paso a desembolsos de

fondos públicos sin que las partes tengan derecho a ello.

Por todo lo anterior, disiento.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada

Parcial que emitió el foro primario, ya que esta se revocó totalmente

excepto en su resultado de concesión un remedio interdictal. Tampoco

puede ser en la Sentencia del Tribunal de Apelaciones ya esta se

limitó a desestimar totalmente la reclamación de derechos civiles de

la recurrida de autos y confirmar el resultado de la concesión de un

injunction. En fin, desconozco que fuente utilizó la Mayoría del

Tribunal para concluir sin más que en este caso hubo una violación de

derechos civiles, a pesar de que la recurrida de autos perdió

totalmente su reclamación a esos efectos.