Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pérez de Otero v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico
2015 TSPR 15
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pérez de Otero v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico
CC-2013-765
Ley Federal de Derechos Civiles – Concesión de honorarios al amparo de reclamación bajo la Sec. 1983, entre otros fundamentos; definición de “parte prevaleciente” para efectos de la Secc. 1988 de la Ley Federal de Derechos Civiles
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Naydamar Pérez de Otero por sí y
en representación de la Sociedad
Legal
de
Bienes
Gananciales
compuesta por ésta y su cónyuge
José A. Otero
Recurridos
Certiorari
v.
2015 TSPR 15
Estado Libre Asociado de Puerto
Rico; Departamento de Salud; Hon.
Secretario de Salud Dr. Lorenzo
González Feliciano, en su carácter
personal y oficial como Secretario
del Departamento de Salud
192 DPR ____
Peticionarios
Número del Caso: CC-2013-765
Fecha: 13 de febrero de 2015
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray
Procuradora General
Lcda. Janelle M. Laforet Matos
Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Eduardo Vera Ramírez
Materia: Ley Federal de Derechos Civiles – Concesión de honorarios
al amparo de reclamación bajo la Secc. 1983 sobre otros
fundamentos; definición de “parte prevaleciente” para efectos de
la Secc. 1988 de la Ley federal de Derechos Civiles.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Naydamar Pérez de Otero por sí
y en representación de la
Sociedad
Legal
de
Bienes
Gananciales compuesta por ésta
y su cónyuge José A. Otero
Certiorari
Recurridos
CC-2013-765
v.
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto Rico; Departamento de
Salud;
Hon.
Secretario
de
Salud Dr. Lorenzo González
Feliciano,
en
su
carácter
personal
y
oficial
como
Secretario del Departamento de
Salud
Peticionarios
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada ORONOZ
RODRÍGUEZ
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 2015.
Tras ser cesanteada de su empleo, la Dra. Naydamar
Pérez
de
Otero
(doctora
Pérez
de
Otero
o
parte
demandante) presentó una demanda en la que invocó, entre
otros fundamentos, la Ley federal de Derechos Civiles, 42
USC
sec.
1983.
Obtuvo
como
remedio
un
injunction
preliminar y permanente mediante el cual se ordenó que se
restituyera al puesto que ocupaba y se le pagaran los
haberes dejados de percibir. En apelación, su reclamación
de
daños
y
perjuicios
se
desestimó.
Nos
corresponde
decidir si procede concederle honorarios de abogado al
CC-2013-765
2
amparo de la Sec. 1988 de la Ley federal de Derechos
Civiles, 42 USC sec. 1988. Por las razones expuestas a
continuación, resolvemos que sí.
I
El 9 de julio de 2010, la doctora Pérez de Otero
presentó una demanda sobre daños y perjuicios contra el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Departamento de
Salud
y
el
otrora
Secretario
de
Salud,
Dr.
Lorenzo
González Feliciano, en su carácter oficial y personal.
Alegó que trabajaba como Directora de Servicios Médicos
II en el Departamento de Salud y que el 22 de abril de
2010 se le notificó que sería cesanteada al amparo de la
Ley Núm. 7-2009, conocida como la Ley Especial Declarando
Emergencia
Fiscal
y
Estableciendo
Plan
Integral
de
Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto
Rico (Ley Núm. 7-2009). Adujo que no podía ser cesanteada
pues
el
Art.
37.02
de
la
Ley
Núm.
7-2009,
supra,
la
excluía del plan de cesantías.
En la demanda, la doctora Pérez de Otero solicitó que
se expidiera un injunction preliminar y permanente que
ordenara su reposición y el pago de los haberes dejados
de
percibir.
($1,000,000)
angustias
menor
También
como
mentales,
de
solicitó
indemnización
una
quinientos
cuantía
mil
un
millón
por
de
dólares
sufrimientos
daños
dólares
de
punitivos
($500,000),
y
no
más
honorarios de abogado al amparo de la Sec. 1988 de la Ley
federal
de
Derechos
Civiles,
supra.
Fundamentó
sus
CC-2013-765
3
reclamos en el Art. 37.02 de la Ley Núm. 7-2009, supra,
la
Sec.
1983
de
la
Ley
federal
de
Derechos
Civiles,
supra, y el Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec.
5141.
Los
demandados
solicitaron
al
Tribunal
de
Primera
Instancia que desestimara el caso de epígrafe y la parte
demandante se opuso a la desestimación. El 10 de febrero
de
2011,
las
partes
argumentaron
sus
respectivas
posiciones en una vista argumentativa.
Al
sentencia
mes
siguiente,
sumaria
el
parcial
foro
en
la
primario
que
emitió
resolvió
que
una
la
doctora Pérez de Otero no podía ser cesanteada porque el
puesto que ocupaba estaba excluido de la aplicación de la
Ley Núm. 7-2009, supra. Concluyó que
existe aquí una violación a los derechos civiles
de la demandante, compensable bajo 42 USCA sec.
1983. Los demandados, actuando so color de
autoridad, se apartaron del mandato directo de la
Ley 7 y sus exclusiones afectando los derechos
constitucionales de la parte demandante según
dimanan de las constituciones de Estados Unidos y
Puerto
Rico,
en
particular
las
garantías
constitucionales de debido procedimiento de ley
en su vertiente sustantiva e igual protección de
las leyes.1
Consecuentemente, el foro primario emitió una orden
de injunction preliminar y permanente mediante la cual
ordenó la reposición de la doctora Pérez de Otero al
puesto que ocupaba y el pago de los haberes dejados de
percibir. Por otra parte, indicó que restaba dilucidar
1
Apéndice, págs. 45-47.
CC-2013-765
4
los daños a los cuales tenía derecho la doctora Pérez de
Otero como resarcimiento por las acciones de la parte
demandada al amparo de la Sec. 1983 de la Ley federal de
Derechos Civiles, supra, y el Art. 1802 del Código Civil,
supra.
Inconforme,
la
parte
demandada
acudió
ante
el
Tribunal de Apelaciones.2 Ese foro emitió una sentencia en
la cual reconoció la concesión del injunction preliminar
y permanente a favor de la doctora Pérez de Otero, al
igual que el pago de los haberes dejados de percibir. No
obstante, desestimó los reclamos sobre daños al amparo de
la
Sec.
1983
de
la
Ley
federal
de
Derechos
Civiles,
supra, y el Art. 1802 del Código Civil, supra.3 Razonó que
“bajo 42 U.S.C. 1983 no procedía el reclamo de daños
contra el E.L.A. y el Secretario de Salud en su capacidad
oficial.
Alternativamente,
necesario
considerar
una
bajo
42
USC
1983
solo
es
acción
en
daños
y
perjuicios
contra el Secretario de Salud en su capacidad personal”.4
Asimismo, destacó que el Art. 70 de la Ley Núm. 7-2009,
supra, excluyó las acciones sobre daños y perjuicios al
amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra, contra el
Estado
2
y
los
funcionarios
en
el
ejercicio
de
las
Según la doctora Pérez de Otero, la parte demandada argumentó en su
escrito de apelación que “[l]a contención del Estado en el presente
caso se circunscribe únicamente a la errónea adjudicación del TPI en
cuanto a la causa de acción de daños presentada por la parte
apelada”. Alegato en Oposición a Recurso de Certiorari, pág. 2. Sin
embargo, la parte demandada no incluyó copia de ese escrito en el
Apéndice del recurso ante nuestra consideración.
3
Apéndice, pág. 78.
4
Apéndice, págs. 63-64. (Énfasis en el original).
CC-2013-765
5
funciones ordenadas por la Ley Núm. 7-2009, supra. En
cuanto a la responsabilidad personal del ex Secretario de
Salud,
determinó
que
las
actuaciones
de
éste
estaban
protegidas por la inmunidad cualificada.
Insatisfecha, la doctora Pérez de Otero presentó un
recurso
de
certiorari
ante
este
Tribunal
el
cual
fue
declarado sin lugar. La doctora Pérez de Otero presentó
una moción de reconsideración que también fue denegada.
Por ende, la sentencia del Tribunal de Apelaciones advino
final y firme.
Así las cosas, la doctora Pérez de Otero presentó
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
una
Moción
en
Cumplimiento de Orden y en que se Informa sobre Único
Asunto Pendiente junto con una Solicitud de Honorarios de
Abogado bajo 42 U.S.C.A. sec. 1988. Sostuvo que, como
obtuvo el injunction solicitado, prevaleció en su causa
de acción al amparo de la Sec. 1983 de la Ley federal de
Derechos
Civiles,
supra,
y
cualificaba
para
los
honorarios de abogado que establece la Sec. 1988 de esa
ley, supra. Solicitó $50,400 por dicho concepto.
Por su parte, la parte demandada presentó una Moción
Solicitando
se
Decrete
la
Desestimación
del
Caso
de
Conformidad con la Sentencia del Tribunal de Apelaciones.
Alegó que no procedía conceder los honorarios de abogado
solicitados
porque
la
doctora
Pérez
de
Otero
no
prevaleció en su causa de acción al amparo de la Sec.
1983,
supra.
Señaló
que
el
Tribunal
de
Apelaciones
CC-2013-765
6
desestimó esa causa de acción y que su dictamen advino
final y firme.
El
23
de
enero
de
2013,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia notificó una sentencia en la que declaró con
lugar
la
moción
improcedente
desacuerdo,
de
desestimación
y
honorarios
por
otorgar
la
señora
Pérez
de
resolvió
Otero
que
era
temeridad.
En
solicitó
la
reconsideración de ese dictamen. Aclaró que no solicitó
honorarios por temeridad, sino los honorarios de abogado
que
permite
la
Sec.
1988,
supra,
para
la
parte
que
prevalece en una causa de acción al amparo de la Sec.
1983,
supra.
Sostuvo
que,
aunque
el
Tribunal
de
Apelaciones desestimó sus causas de acción sobre daños y
perjuicios,
injunction
debía
al
ser
entenderse
que
reinstalada
en
prevaleció
su
puesto
y
en
su
haberse
ordenado el pago de los haberes dejados de percibir.
El 26 de febrero de 2013, el Tribunal de Primera
Instancia notificó una Sentencia en Reconsideración en la
que concluyó que
[d]e un examen de la moción de reconsideración
y en virtud de la jurisprudencia federal
existente, en relación a [sic] los honorarios
de
abogado
para
partes
prevalecientes
en
litigios de derechos civiles al amparo de la
legislación federal; entendemos que procede que
reconsideremos
nuestra
sentencia
emitida,
solamente a los efectos de conceder las
partidas
de
honorarios
de
abogado
correspondientes a los procedimientos que se
llevaron a cabo en el Tribunal de Primera
Instancia. Fue solo en esta etapa de los
procesos que la demandante prevaleció frente al
Estado en su petición de que se le restituyera
al puesto que ocupaba con todos los haberes y
CC-2013-765
7
beneficios
dejados
de
percibir.
En
otras
palabras, al prevalecer en su reclamación de
injunction preliminar y permanente, y por ende
en su reinstalación a su puesto de Director de
Servicios Médicos II, con los haberes y deberes
que le pertenecían al puesto y los dejados de
percibir
desde
entonces,
el
Estado
está
obligado a responder por estos honorarios; no
así
por
aquellos
incurridos
en
los
procedimientos que se instaron en el Tribunal
de Apelaciones, cuyo efecto final fue la
desestimación de todas las causas de acción
restantes.5
De
esta
forma,
condenó
a
los
demandados
al
pago
de
$33,750 por concepto de honorarios de abogado al amparo
de la Sec. 1988, supra.
Inconforme,
la
parte
demandada
acudió
ante
el
Tribunal de Apelaciones. Sostuvo que el foro de primera
instancia
concedió
interpretar
las
el
injunction
disposiciones
de
solicitado
la
Ley
luego
Núm.
de
7-2009,
supra, y concluir que el puesto que ocupaba la doctora
Pérez de Otero estaba excluido del plan de cesantías.
Arguyó que el injunction no fue concedido al amparo de la
Ley federal de Derechos Civiles, supra, y que las causas
de acción bajo dicho estatuto fueron desestimadas en su
totalidad
por
el
foro
intermedio
luego
de
reconocerle
inmunidad a los demandados. Razonó que la demandante no
era
merecedora
de
los
honorarios
concedidos
porque
no
prevaleció en las referidas causas de acción.
El Tribunal de Apelaciones denegó expedir. Sostuvo
que
“la
citada
injunction
5
en
Sec.
contra
Apéndice, pág. 126.
1983
del
permite
Estado.
la
En
emisión
de
un
consecuencia,
la
CC-2013-765
8
interpretación que hizo el tribunal de instancia sobre
los
honorarios
de
abogados
bajo
la
Sec. 1988
no
es
arbitraria, prejuiciada o caprichosa”.6
Todavía insatisfecha, la parte demandada acudió ante
nosotros.
Este
demandada
Tribunal
presentó
expidió
su
el
recurso.
alegato
La
parte
reiterando
sus
planteamientos. Por su parte, la doctora Pérez de Otero
presentó un Alegato en Oposición a Recurso de Certiorari.
Distinguió
que
el
foro
apelativo
intermedio
se
circunscribió a revocar lo concerniente a la causa de
acción
de
daños
presentada
por
la
demandante,
“permaneciendo como dictamen que es ahora final y firme
la parte de la sentencia original dictada por el TPI en
que concede la solicitud de injunction presentada por la
demandante bajo 42 USCA Sec. 1983, dictamen que nunca fue
objeto de apelación”.7 De igual forma, argumentó que
[l]a demandante prevaleció totalmente en su
solicitud de injunction, y las porciones de la
sentencia original dictada por el Tribunal de
Instancia en que se determina que los derechos
civiles de la demandante fueron violados y que la
demandante ha de ser reinstalada a su puesto con
todos los haberes dejados de percibir es final y
firme. La concesión del injunction está basada en
que la forma en que la demandada interpretó el
estatuto correspondiente violó las garantías
constitucionales del Debido Procedimiento de Ley
e Igual Protección de las Leyes de la demandante,
por lo que procedía su reinstalación inmediata.8
6
Apéndice, págs. 7-8.
Alegato en Oposición a Recurso de Certiorari, pág. 3.
8
Alegato en Oposición a Recurso de Certiorari, pág. 3. (Énfasis en
el original).
7
CC-2013-765
Con
9
el
beneficio
de
la
comparecencia
de
ambas
partes, estamos en posición de resolver.
II
A. Reclamaciones al amparo de la Sec. 1983 de la Ley
federal de Derechos Civiles
El
Tribunal
Supremo
federal
resolvió
que
los
tribunales estatales pueden ejercer jurisdicción sobre la
materia de una causa de acción federal, a menos que el
Congreso disponga lo contrario o que entre el litigio
federal y su adjudicación en el foro estatal exista una
incompatibilidad incapacitante. Leyva et al. v. Aristud
et
al.,
132
DPR
489,
499-500
(1993).
Véanse,
además,
Howlett v. Rose, 496 US 356 (1990); Gulf Offshore Co. v.
Mobil
Oil
Corp.,
453
US
473,
477-478
(1981).
En
lo
concerniente al caso que hoy atendemos, este Foro tiene
jurisdicción concurrente con las cortes federales para
juzgar
los
litigios
que
surgen
al
amparo
de
la
Ley
federal de Derechos Civiles, 42 USC sec. 1983. Leyva et
al. v. Aristud et al., supra, págs. 500-501; Acevedo v.
Srio. Servicios Sociales, 112 DPR 256, 259–260 (1982).
Por tratarse de una causa de acción federal, tanto la
jurisprudencia
local
como
la
federal
vinculan
a
este
Tribunal. Leyva et al. v. Aristud et al., supra; Declet
Ríos v. Dpto. de Educación, 177 DPR 765, 777 (2009). Este
Tribunal
no
se
ha
expresado
procedencia
de
honorarios
de
reclamación
al
amparo
la
de
anteriormente
abogado
Ley
cuando
federal
de
sobre
la
en
una
Derechos
CC-2013-765
Civiles,
10
supra,
una
parte
acción
injunction,
pero
su
desestima
tras
reconocerle
obtiene
como
de
y
daños
inmunidad
remedio
un
perjuicios
se
a
la
parte
demandada.
La Ley federal de Derechos Civiles, supra, es una
herramienta
derechos
Unidos
para
que
les
la
que
los
ciudadanos
Constitución
garantizan
frente
hagan
valer
leyes
de
y
las
a
aquellas
los
Estados
personas
que
abusan de su poder cuando actúan so color de autoridad
estatal. SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657, 69192 (2009); Bonilla v. Chardón, 118 DPR 599, 616 (1987).
Véase, además, Graham v. Connor, 490 US 386, 394 (1989).
Mediante esta legislación, el Congreso puso “en vigor las
disposiciones de la Decimocuarta Enmienda en contra de
aquellas personas que portan la insignia de la autoridad
estatal y representan la misma en cualquier capacidad, ya
sea actuando de acuerdo a dicha autoridad o haciendo uso
indebido de la misma”. Leyva et al. v. Aristud et al.,
supra, citando a
Monroe v. Pape, 365 US 167, 171–172
(1961). En específico, la Sec. 1983 de la Ley federal de
Derechos Civiles, supra, dispone lo siguiente:
Every person who, under color of any statute,
ordinance, regulation, custom, or usage, of any
State […] subjects, or causes to be subjected, any
citizen of the United States or other person
within the jurisdiction thereof to the deprivation
of any rights, privileges, or immunities secured
by the Constitution and laws, shall be liable to
the party injured in an action at law, suit in
equity, or other proper proceeding for redress.
CC-2013-765
11
B. Honorarios
de
prevaleciente
Cuando
amparo
un
de
abogado
demandante
este
para
prevalecía
estatuto,
los
en
la
parte
una
acción
tribunales
usaban
al
sus
poderes en equidad para concederle honorarios de abogado.
De Jesús Nazario v. Morris Rodríguez, 554 F.3d 196, 199
(1st Cir. 2009). Esto cambió cuando el Tribunal Supremo
federal rechazó la teoría de “private attorney general”,
la
cual
permitía
demandantes
aportaban
conceder
privados
a
importantes.
la
que
al
honorarios
de
abogado
prevalecer
en
su
implantación
Alyeska
Pipeline
de
políticas
Serv.
Co.
v.
a
demanda
públicas
Wilderness
Soc'y, 421 US 240 (1975). En cambio, dicho foro resolvió
que, al amparo de la “American Rule”, cada parte debía
costear los honorarios de su abogado, a menos que hubiera
una autoridad estatutaria que dispusiera lo contrario.
Íd.
Como respuesta, el Congreso aprobó el Civil Rights
Attorney's Fees Award Act of 1976, 42 USC sec. 1988 (Sec.
1988),
para
autorizar
la
concesión
de
honorarios
de
abogado a la parte prevaleciente en ciertas acciones de
derechos civiles. López Vicil v. ITT Intermedia, Inc.,
143 DPR 574, 578 (1997). El propósito de esta legislación
es
incentivar
que
las
personas
reclamen
sus
derechos
civiles y atraer abogados competentes para asegurar la
implantación
de
estos
efectivo
foro
judicial.
al
derechos
Bonilla
mediante
v.
un
acceso
Chardón,
supra,
CC-2013-765
12
pág. 616; City of Riverside v. Rivera, 477 US 561, 576
(1986); Hensley v. Eckerhart, 461 US 424, 429 (1983). Tal
y
como
explicó
el
Senado
de
los
Estados
Unidos
al
recomendar la aprobación de este estatuto,
[i]n many cases arising under our civil rights
laws, the citizen who must sue to enforce the law
has little or no money with which to hire a
lawyer. If private citizens are to be able to
assert their civil rights, and if those who
violate the Nation‟s fundamental laws are not to
proceed with impunity, then citizens must have the
opportunity to recover what it costs them to
vindicate these rights in court.
Congress recognized this need when it made
specific provision for such fee shifting in Titles
II and VII of the Civil Rights Act of 1964:
When a plaintiff brings an action under (Title II)
he cannot recover damages. If he obtains an
injunction, he does so not for himself alone but
also as a „private attorney general‟, vindicating
a policy that Congress considered of the highest
priority. If successful plaintiffs were routinely
forced to bear their own attorneys’ fees, few
aggrieved parties would be in a position to
advance the public interest by invoking the
injunctive powers of the Federal courts. S. Rep.
No. 94-1011, p. 2-3 (1976), citando a Newman v.
Piggie Park Enterprises, Inc., 390 US 400, 402
(1968). (Énfasis suplido).
Para que la Sec. 1988, supra, logre esta intención
legislativa,
los
tribunales
liberalmente.
Véase
Farrar
v.
deben
Hobby,
506
interpretarla
US
103,
(1992). Este estatuto dispone lo siguiente:
[i]n any action or proceeding to enforce a
provision of sections 1981, 1981a, 1982, 1983,
1985, and 1986 of this title, […] the court, in
its discretion, may allow the prevailing party,
other than the United States, a reasonable
attorney's fee as part of the costs[.] Sec. 1988,
supra.
109
CC-2013-765
13
De acuerdo al texto de la Sec. 1988, supra, estos
honorarios no son de carácter mandatorio pues el tribunal
tiene discreción para concederlos.
Bonilla v. Chardón,
supra, citando a Evans v. Jeff, 475 US 717 (1986). Ahora
bien, esta discreción no es ilimitada pues se ha resuelto
que de ordinario el tribunal debe conceder honorarios de
abogado
a
la
parte
prevaleciente
a
menos
que
existan
circunstancias especiales que conviertan la concesión en
una injusta. Blanchard v. Bergeron, 489 US 87, 92 (1989);
Hensley
v.
Eckerhart,
Enterprises,
Inc.,
supra;
supra.
Newman
v.
Incluso,
Piggie
la
Park
Corte
de
Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito
resolvió
que
la
concesión
de
honorarios
de
abogado
a
favor de la parte prevaleciente al amparo de la Sec.
1988,
supra,
es
“virtualmente
obligatoria”.
De
Jesús
Nazario v. Morris Rodríguez, supra, págs. 200-201; Poy v.
Boutselis,
352
F.3d
479,
487
(1st
Cir.
2003);
Gay
Officers Action League v. Puerto Rico, 247 F.3d 288, 293
(1st Cir. 2001); Casa Marie Hogar Geriátrico, Inc. v.
Rivera–Santos, 38 F.3d 615, 618 (1st Cir. 1994).9
En Farrar v. Hobby, supra, el Tribunal Supremo federal
interpretó
quién
puede
ser
considerado
como
“parte
prevaleciente” para efectos de esta Sección. Sostuvo que
“[u]nder
9
our
„generous
formulation‟
of
the
term,
Véanse, además, Mid-Hudson Legal Services, Inc. v. G & U, Inc., 578
F.2d 34 (2nd Cir. 1978); Henderson v. Ft. Worth Independent School
Dist., 574 F.2d 1210 (3rd Cir. 1978); International Soc. for Krishna
Consciousness, Inc. v. Andersen, 569 F.2d 1027 (8th Cir. 1978).
CC-2013-765
14
plaintiffs
may
be
attorney's
fees
considered
purposes
„prevailing
if
they
parties‟
succeed
for
on
any
significant issue in litigation which achieves some of
the benefit the parties sought in bringing suit”. Íd.,
pág. 109. (Énfasis suplido). Al respecto, detalló que un
demandante prevalece cuando el remedio obtenido altera
materialmente
la
modificar
conducta
la
relación
legal
del
entre
las
partes,
al
demandado
de
forma
que
beneficie directamente al demandante. Íd., págs. 111-112.
A
raíz
de
esta
honorarios
de
abogado
parcialmente10 y a
reclamos
al
interpretación,
a
demandantes
han
concedido
que
prevalecieron
demandantes que no prevalecieron
amparo
de
la
prevalecieron
en
reclamos
estatutos
la
misma
por
se
Sec.
1983,
supra,
alternos
al
amparo
de
situación
de
hechos.11
en
pero
otros
Al
así
hacerlo, los tribunales han fundamentado su conclusión
citando el Informe de la Cámara de Representantes del
10
Véanse, por ejemplo, Méndez v. County of San Bernardino, 540 F.3d
1109 (9th Cir. 2008); Roberson v. Giuliani, 346 F.3d 75 (2nd Cir.
2003); Johnson v. Lafayette Fire Fighters' Ass'n Local, 857 F. Supp.
1292 (N.D. Ind. 1994) aff'd sub nom. Johnson v. Lafayette Fire
Fighters Ass'n Local 472, Int'l Ass'n of Fire Fighters, AFL-CIO-CLC,
51 F.3d 726 (7th Cir. 1995); Ensley Branch, N.A.A.C.P. v. Seibels, 31
F.3d 1548 (11th Cir. 1994); Lynch v. City of Milwaukee, 747 F.2d 423
(7th Cir. 1984); Fields v. City of Tarpon Springs, Fla., 721 F.2d 318
(11th Cir. 1983); Monahan v. State of Neb., 687 F.2d 1164 (8th Cir.
1982); Robert M. v. Benton, 671 F.2d 1104 (8th Cir. 1982); Wallace v.
King, 650 F.2d 529 (4th Cir. 1981); Deerfield Med. Ctr. v. City of
Deerfield Beach, 661 F.2d 328 (5th Cir. 1981); Doe v. Marshall, 622
F.2d 118 (5th Cir. 1980); Alicea Rosado v. García Santiago, 562 F.2d
114 (1st Cir. 1977).
11
Véanse, Williams v. Thomas, 692 F.2d 1032 (5th Cir. 1982); Gagne v.
Maher, 594 F.2d 336 (2d Cir. 1979) aff’d Maher v. Gagne, 448 US 122
(1980); Lund v. Affleck, 587 F.2d 75 (1st Cir. 1978); Seals v.
Quarterly Cnty. Court of Madison Cnty., Tenn., 562 F.2d 390 (6th Cir.
1977). Véase, también, Calkins v. Blum, 511 F. Supp. 1073 (N.D.N.Y.
1981) aff’d and remanded by Calkins v. Blum, 675 F. 2d 44 (2nd Cir.
1982).
CC-2013-765
Congreso
15
estadounidense
sobre
la
Sec.
1988,
supra,
el
cual expresó claramente que
[t]o the extent a plaintiff joins a claim under
one of the statutes enumerated in H.R. 15460
with a claim that does not allow attorney fees,
that plaintiff, if it prevails on the non-fee
claim, is entitled to a determination on the
other claim for the purpose of awarding counsel
fees. In some instances, however, the claim
with fees may involve a constitutional question
which the courts are reluctant to resolve if
the non-constitutional claim is dispositive. In
such cases, if the claim for which fees may be
awarded
meets
the
„substantiality‟
test
attorney's fees may be allowed even though the
court declines to enter judgment for the
plaintiff on that claim, so long as the
plaintiff prevails on the non-fee claim arising
out of a „common nucleus of operative fact.‟
Se. Legal Def. Grp. v. Adams, 436 F. Supp. 891,
894 (D. Or. 1977) citando a H.R. Rep. No. 94–
1558, n. 7 (1976) (Citas omitidas).Véase,
además, Seals v. Quarterly Cnty. Court of
Madison Cnty., Tenn., 562 F.2d 390, 393-94 (6th
Cir. 1977).
Incluso,
obtenido
como
se
ha
resuelto
remedio
un
que
demandantes
injunction
preliminar
que
han
en
una
acción al amparo de la Ley federal de Derechos Civiles,
supra, tienen derecho a honorarios de abogado al amparo
de la Sec. 1988, supra.12
C. Honorarios de abogado al amparo de la Sec. 1988,
supra, y las doctrinas de inmunidad
De ordinario, la parte responsable legalmente por el
remedio en los méritos es quien debe responder por los
honorarios de abogado. Kentucky v. Graham, 473 US 159,
12
Véase Lefemine v. Wideman, 133 S.Ct. 9 (2012). Véanse, además,
Kansas Judicial Watch v. Stout, 653 F.3d 1230 (10th Cir. 2011);
People Against Police Violence v. City of Pittsburgh, 520 F.3d 226
(3d Cir. 2008); Deerfield Medical Center v. City of Deerfield Beach,
661 F.2d 328 (5th Cir. 1981); Doe v. Marshall, 622 F.2d 118 (5th Cir.
1980).
CC-2013-765
16
164 (1985), citando 10 C. Wright, A. Miller, & M. Kane,
Federal Practice and Procedure Sec. 2666, p. 173 (1983).
La responsabilidad en los méritos y la responsabilidad
por estos honorarios generalmente van de la mano. Íd.;
Farrar v. Hobby, supra.
Con relación a este asunto, es meritorio evaluar el
efecto
de
ciertas
doctrinas
de
inmunidad
sobre
la
responsabilidad que pudiera tener una parte demandada en
cuanto a los honorarios de abogado provistos por la Sec.
1988, supra. El Tribunal Supremo federal señaló que el
historial
legislativo
de
la
Sec.
1988,
supra,
indica
palmariamente la intención del Congreso de proveer para
la concesión de honorarios de abogado en casos en los que
el remedio es concedido contra oficiales que gozan de
inmunidad en cuanto a acciones de daños y perjuicios.
Pulliam v. Allen, 466 US 522, 527 (1984). Sobre este
particular, el Informe de la Cámara de Representantes del
Congreso
estadounidense
sobre
la
Sec.
1988,
supra,
expresó lo siguiente:
while damages are theoretically available under
the statutes covered by H.R.15460, it should be
observed that, in some cases, immunity doctrines
and special defenses, available only to public
officials, preclude or severely limit the damage
remedy. Consequently awarding counsel fees to
prevailing plaintiffs in such litigation is
particularly important and necessary if Federal
civil
and
constitutional
rights
are
to
be
adequately protected. To be sure, in a large
number of cases brought under the provisions
covered by H.R.15460, only injunctive relief is
sought,
and
prevailing
plaintiffs
should
ordinarily recover their counsel fees. Pulliam v.
CC-2013-765
17
Allen, supra, citando a H.R. Rep. No. 94–1558, p.
9 (1976). (Énfasis suplido).
La jurisprudencia sobre este particular confirmó la
intención legislativa. En cuanto a los casos en que la
parte perdidosa es un estado, el Tribunal Supremo federal
resolvió
que
estados
en
la
la
inmunidad
Undécima
soberana
Enmienda
reconocida
de
la
a
los
Constitución
federal no prohíbe la concesión de honorarios de abogado
contra un estado al amparo de la Sec. 1988, supra, cuando
la parte demandante obtiene un remedio prospectivo contra
un estado o contra un funcionario estatal actuando en su
capacidad oficial. Missouri v. Jenkins by Agyei, 491 US
274,
279
(1989);
Hutto
v.
Finney,
437
US
678,
692
(1978).13 Ello, pues los honorarios de abogado constituyen
un
rembolso
instado
13
para
por
los
obtener
gastos
un
incurridos
remedio;
no
en
un
litigio
constituyen
una
En Hutto v. Finney, 437 US 678 (1978), varios confinados demandaron
a funcionarios oficiales del estado de Arkansas porque ciertas
condiciones impuestas en la prisión en la cual se encontraban
violaban sus derechos constitucionales al constituir un castigo cruel
e inusitado. El Tribunal de Distrito determinó que hubo una violación
a los derechos constitucionales de los confinados y, luego de varios
trámites procesales, concedió, entre otros remedios, una partida de
honorarios de abogado a ser pagada por el Departamento de Corrección.
La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Octavo Circuito
confirmó la partida de honorarios de abogado y añadió la cantidad de
$2,500. El
Tribunal Supremo federal confirmó dichas cantidades por
entender que no violaban la Undécima Enmienda Federal. Con relación a
la partida que añadió la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos
para el Octavo Circuito, razonó, entre otras cosas, que la Sec. 1988
de la Ley federal de Derechos Civiles, 42 USC sec. 1988 “imposes
attorney‟s fees „as part of the costs‟. Costs have traditionally been
awarded without regard for States‟ Eleventh Amendment immunity. (...)
The Court has never viewed the Eleventh Amendment as barring such
awards, even in suits between States and individual litigants.” Hutto
v. Finney, supra, pág. 695. En Missouri v. Jenkins by Agyei, 491 US
274 (1989), el Tribunal Supremo federal reafirmó lo determinado en
Hutto v. Finney, supra, al expresar que “[a]fter Hutto, therefore, it
must be accepted as settled that an award of attorney‟s fees
ancillary to prospective relief is not subject to the strictures of
the Eleventh Amendment.” Missouri v. Jenkins by Agyei, supra, pág.
279.
CC-2013-765
18
compensación
retroactiva
por
el
daño
que
motivó
el
litigio. Missouri v. Jenkins by Agyei, supra; Hutto v.
Finney,
supra,
pág.
695.
Después
de
todo,
es
norma
firmemente establecida que “la Undécima Enmienda federal
y la doctrina de inmunidad soberana que encarna no priva
a los tribunales de su autoridad para conceder remedios
interdictales
contra
funcionarios
oficiales
que
violan
leyes estatales. Por el contrario, el Tribunal Supremo
federal ha ejercido en múltiples ocasiones el poder para
ordenarles a funcionarios estatales que se abstengan de
violar la ley estatal”. Pennhurst State Sch. & Hosp. v.
Halderman, 465 US 89, 130 (1984)(Traducción nuestra).14
Asimismo, el Tribunal Supremo federal resolvió que
estos honorarios proceden contra un cuerpo público que
implementa
civiles
del
legislación
en
violación
ciudadano
o
ciudadana.
de
los
Supreme
derechos
Court
of
Virginia v. Consumers Union of United States, Inc., 446
US 719 (1980).15
En lo pertinente al caso que nos ocupa, el Tribunal
Supremo
federal
resolvió
recientemente
Lefemine
v.
Wideman, 133 S.Ct. 9 (2012). En ese caso, el Sr. Steven
Lefemine
14
y
miembros
de
una
asociación
cristiana
se
“The Eleventh Amendment and the doctrine of sovereign immunity it
embodies have never been interpreted to deprive a court of
jurisdiction to grant relief against government officials who are
engaged in conduct that is forbidden by their sovereign. On the
contrary, this Court has repeatedly and consistently exercised the
power to enjoin state officials from violating state law”. Pennhurst
State Sch. & Hosp. v. Halderman, 465 US 89, 130 (1984).
15
Véanse, además, Consumers Union of U.S., Inc. v. Virginia State
Bar, 688 F.2d 218 (4th Cir. 1982); Fernandes v. Limmer, 663 F.2d 619
(5th Cir. 1981).
CC-2013-765
19
manifestaron en contra del aborto usando pancartas que
mostraban fotos de fetos abortados. Íd. La Policía les
ordenó
que
dejaran
de
usar
las
pancartas
o
serían
multados. Íd. El señor Lefemine objetó el señalamiento,
pero la amenaza de las multas eventualmente ocasionó que
la
protesta
terminara.
Íd.
Así
las
cosas,
el
señor
Lefemine presentó una demanda al amparo de la Sec. 1983,
supra,
en
la
que
nominales,
se
dictara
emitiera
un
solicitó
una
injunction
que
se
sentencia
permanente
honorarios
de
abogado.
determinó
que
los
impusieran
Íd.
El
demandados
y
daños
declaratoria,
se
le
Tribunal
violaron
se
concedieran
de
Distrito
los
derechos
constitucionales de los demandantes, por lo que emitió un
injunction permanente prohibiéndole a la parte demandada
que
restringiera
el
uso
manifestantes.
Íd.
nominales
concluir
tras
Sin
de
las
pancartas
embargo,
denegó
que
demandados
los
por
otorgar
los
daños
gozaban
de
inmunidad cualificada debido a que la ilegalidad de su
conducta no estaba establecida claramente en ese momento.
Íd.
De
la
misma
forma,
la
Corte
de
Distrito
denegó
honorarios de abogado al amparo de la Sec. 1988, supra.
Íd.
El
Cuarto
Circuito
de
la
Corte
de
Circuito
de
Apelaciones confirmó. Íd. Razonó que el remedio concedido
no
alteró
concedieron
la
relación
daños.
Íd.
entre
las
partes
Inconforme,
el
y
que
señor
acudió ante el Tribunal Supremo federal. Íd.
no
se
Lefemine
CC-2013-765
20
El Tribunal Supremo federal revocó unánimemente a los
foros
inferiores
mediante
una
Opinión
Per
Curiam.
Lefemine v. Wideman, supra. Resolvió que el demandante
era
parte
prevaleciente
con
derecho
a
honorarios
de
abogado al amparo de la Sec. 1988, supra, a pesar de que
la
Corte
de
injunction
Distrito
pero
le
desestimó
concedió
su
como
remedio
un
de
daños
tras
acción
reconocerle inmunidad al demandado. Íd. Reiteró que la
concesión
de
un
injunction
o
de
una
sentencia
declaratoria usualmente satisface los requisitos pautados
en Farrar v. Hobby, supra, para que el demandante sea
considerado parte prevaleciente para efectos de la Sec.
1988, supra. Concluyó que, aunque la acción de daños se
desestimó, el remedio concedido alteró la relación entre
el
señor
Lefemine
y
la
parte
demandada.
Lefemine
v.
Wideman, supra.
Por nuestra parte, hemos resuelto que un tribunal de
Puerto
Rico
concurrente
en
puede
el
ejercicio
conceder
de
su
honorarios
de
jurisdicción
abogado
al
amparo de la Sec. 1988 de la Ley federal de Derechos
Civiles, supra. Bonilla v. Chardón, supra, págs. 617-618.
Una vez concedidos, los honorarios de abogado son
revisados por abuso manifiesto de discreción. De Jesús
Nazario
v.
Morris
Rodríguez,
supra,
pág.
199;
Torres–
Rivera v. O'Neill–Cancel, 524 F.3d 331, 335 (1st Cir.
2008); Díaz-Rivera v. Rivera-Rodríguez, 377 F.3d 119, 124
(1st Cir. 2004); Gay Officers Action League v. Puerto
CC-2013-765
Rico,
21
supra,
revisores
pág.
deben
247.
Por
brindarle
tanto,
los
deferencia
tribunales
al
tribunal
juzgador, toda vez que éste está en mejor posición de
diseñar
un
remedio
adecuado
gracias
al
íntimo
conocimiento que tiene de las particularidades del caso.
Íd.
A la luz de este marco jurídico y teniendo presente
el estándar de revisión antes mencionado, resolvemos.
III
Para
determinar
si
el
tribunal
juzgador
abusó
manifiestamente de su discreción al conceder honorarios
de abogado a la doctora Pérez de Otero, debemos evaluar
si ella es “parte prevaleciente” para efectos de la Sec.
1988, supra.
La doctora Pérez de Otero solicitó en su demanda
varios
remedios:
(1)
la
expedición
de
un
injunction
preliminar y permanente que ordenara su reposición, (2)
el
pago
de
los
haberes
dejados
de
percibir,
(3)
una
indemnización por sufrimientos y angustias mentales, (4)
una
cuantía
de
daños
punitivos,
y
(5)
honorarios
de
abogado al amparo de la Sec. 1988, supra. Fundamentó sus
reclamos en el Art. 37.02 de la Ley Núm. 7-2009, supra,
la
Sec.
1983
de
la
Ley
federal
de
Derechos
Civiles,
supra, y el Art. 1802 del Código Civil, supra.
El Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia
sumaria parcial en la que concluyó que la parte demandada
violó los derechos constitucionales de la doctora Pérez
CC-2013-765
22
de Otero. Como remedio, emitió una orden de injunction
preliminar
y
permanente
mediante
la
cual
ordenó
la
reposición de la doctora Pérez de Otero al puesto que
ocupaba y el pago de los haberes dejados de percibir.
Asimismo, el tribunal se negó a desestimar las causas de
acción sobre daños y perjuicios, al amparo de la Sec.
1983, supra, y el Art. 1802 del Código Civil, supra, por
entender que la señora Pérez de Otero tenía derecho a un
resarcimiento
de
daños.
Por
su
parte,
el
Tribunal
de
Apelaciones revocó parcialmente al foro inferior y en su
parte
dispositiva
se
limitó
a
desestimar
expresamente
“los reclamos sobre daños incluidos en la demanda” tras
reconocerle inmunidad a la parte demandada.16 No revocó la
concesión
del
injunction
ordenando
la
reposición
y
el
pago de los haberes dejados de percibir a favor de la
doctora Pérez de Otero por la violación a sus derechos
civiles, al amparo de la Sec. 1983 de la Ley federal de
Derechos Civiles, supra. Debido a que dicha determinación
advino final y firme, no está ante nuestra consideración
la
procedencia
utilizados
por
del
el
injunction
Tribunal
ni
de
si
los
Primera
fundamentos
Instancia
para
emitirlo fueron correctos o no. En otras palabras, la
doctrina
de
la
ley
del
caso
nos
obliga
a
tomar
como
cierto que en este caso estamos ante una violación de
derechos civiles al amparo de la Sec. 1983 de la Ley
16
Apéndice, pág. 78.
CC-2013-765
23
federal de Derechos Civiles, supra. Véase, por ejemplo,
Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832 (2005).17
Siendo así, la doctora Pérez de Otero obtuvo dos de
los
remedios
solicitados:
el
injunction
ordenando
su
reposición y el pago de los haberes dejados de percibir.
No obtuvo la indemnización por sufrimientos y angustias
mentales, ni una cuantía por daños punitivos, en vista de
la inmunidad que cobijaba a la parte demandada.
Ya vimos que la Sec. 1988, supra, se debe interpretar
liberalmente.
Véase
Farrar
v.
Hobby,
supra.
Para
considerar a un demandante como “parte prevaleciente”,
éste debe prevalecer en un asunto significativo de forma
que
logre
parte
del
beneficio
que
pretendía
obtener
mediante el litigio. Íd., pág. 109. Es decir, el remedio
obtenido
debe
alterar
materialmente
la
relación
legal
entre las partes a beneficio del demandante. Íd., págs.
111-112.
La doctora Pérez de Otero prevaleció inequívocamente
en un asunto significativo y medular de su reclamo pues
logró
obtener
un
injunction
preliminar
y
permanente
mediante el cual fue restituida a su puesto. Además, se
le concedieron los haberes dejados de percibir mientras
17
Contrario a lo que expone la Opinión disidente, la Opinión del
Tribunal no resuelve que cualquier reclamación por violaciones a
normas de personal conlleva la concesión de honorarios de abogado con
la mera mención, por parte del demandante, de que tiene algún reclamo
al amparo de la Sec. 1983 de la Ley federal de Derechos Civiles, 42
USC sec. 1983. Tiene que haber una determinación judicial de que se
le violaron los derechos civiles a una parte a tenor con dicho
estatuto federal, según ocurrió en este caso.
CC-2013-765
estuvo
24
cesanteada.
favorable
de
Sin
estos
lugar
remedios
a
dudas,
alteró
la
concesión
materialmente
la
relación legal entre ella y la parte demandada. Por ende,
procede reconocer que la doctora Pérez de Otero es una
“parte
prevaleciente”
supra,
ya
para
que
efectos
de
prevaleció
la
Sec.
1988,
parcial,
pero
significativamente, en su reclamo.
En cuanto a la interpretación de la parte demandada
de que la doctora Pérez de Otero no prevaleció al amparo
de la Sec. 1983, supra, porque el Tribunal de Primera
Instancia
de
la
concedió el injunction tras una interpretación
Ley
Núm.
7-2009,
supra,
y,
posteriormente,
el
Tribunal de Apelaciones desestimó su causa de acción al
amparo
de
Primero,
dicha
el
injunction
Sección,
Tribunal
luego
de
de
debemos
subrayar
tres
Primera
Instancia
concedió
interpretar
cosas.
integralmente
el
los
estatutos invocados. Segundo, la Ley Núm. 7-2009, supra,
no
faculta
remedio
al
foro
judicial
interdictal.
anteriormente,
circunscribió
el
a
a
proveer
Tercero,
Tribunal
revocar
los
este
según
de
reclamos
tipo
de
expresado
Apelaciones
se
sobre
al
daños
amparo de la Sec. 1983 de la Ley federal de Derechos
Civiles, supra, y del Art. 1802 del Código Civil, supra,
sin alterar el injunction concedido ni la determinación
del foro primario de que la parte demandada violó los
derechos
constitucionales
de
la
parte
demandante
a
la
igual protección de las leyes y el debido proceso de ley.
CC-2013-765
25
De todas formas, aún si para propósito de discusión
acogiéramos
el
argumento
de
la
parte
demandada,
el
Tribunal Supremo federal, así como numerosos tribunales
federales
inferiores
concedido
honorarios
y
de
tribunales
abogado
al
estatales,
amparo
de
han
la
Sec.
1988, supra, a demandantes que prevalecieron parcialmente
en sus reclamos18 y a demandantes que no prevalecieron en
reclamos
al
amparo
prevalecieron
en
de
reclamos
la
Sec.
alternos
1983,
al
supra,
amparo
pero
de
otros
estatutos por la misma situación de hechos.19 De hecho, no
podemos ignorar la jurisprudencia federal que reconoce
honorarios
de
abogado
a
demandantes
que
obtienen
como
remedio un injunction preliminar en este tipo de acción.20
Concluimos, pues, que la doctora Pérez de Otero es “parte
prevaleciente”
para
efectos
de
la
Sec.
1988,
supra.
Resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia no abusó
de su discreción al concederle honorarios de abogado al
amparo de dicha Sección.
Al resolver de esta manera, vindicamos la intención
del Congreso al aprobar la Sec. 1988, supra: proveer para
la concesión de honorarios de abogado en casos en los que
el
remedio
se
concede
contra
demandados
que
gozan
de
inmunidad en cuanto a acciones de daños y perjuicios.
Pulliam
v.
Enterprises,
18
Allen,
Inc.,
supra;
supra.
Véase nota al calce 10.
Véase nota al calce 11.
20
Véase nota al calce 12.
19
Newman
Véanse,
v.
además,
Piggie
Park
Informe
del
CC-2013-765
26
Senado Núm. 94-1011, 94th Cong., 2d Sess. 1976, U.S. Code
Cong. & Admin. News 5910;
H.R.Rep. No. 94–1558, p. 9
(1976).
Efectivamente,
nueve
jueces
del
Tribunal
Supremo
federal
hace
apenas
dos
años
una
opinión
Per
que
un
derecho
a
demandante
los
suscribieron
Curiam
era
en
la
parte
que
se
determinó
prevaleciente
con
honorarios de abogado al amparo de la Sec. 1988, supra, a
pesar
de
que
la
Corte
de
Distrito
le
concedió
como
remedio un injunction pero desestimó su acción de daños
tras
reconocerle
inmunidad
cualificada
al
demandado.
Lefemine v. Wideman, supra.
En
virtud
del
derecho
aplicable
reseñado,
es
imposible acoger la teoría de la parte demandada de que
no procede imponerle responsabilidad sobre los honorarios
de abogado al amparo de la Sec. 1988, supra, en vista de
la
inmunidad
que
le
cobija
Apelaciones
le
reconoció.
significaría
que
un
doctora
Pérez
honorarios
de
de
Otero,
constitucionales
y
funcionarios,
violó.
que
tendría
por
civiles
que
el
Concluir
demandante
abogado
le
y
el
como
la
$33,750
en
los
derechos
Estado,
ignorar
de
contrario
pagar
vindicar
Implicaría
lo
prevalece,
que
que
Tribunal
que
o
sus
“[l]os
honorarios de abogado bajo esta sección constituyen un
remedio necesario para que la Ley de Derechos Civiles no
se convierta en una declaración en el vacío sin utilidad
práctica,
para
que
el
ciudadano
promedio
pueda
hacer
valer sus derechos”. Bonilla v. Chardón, supra, pág. 616.
CC-2013-765
27
IV
Por todo lo anterior, se confirma al Tribunal de
Apelaciones
por
entender
honorarios de abogado a
que
la
procede
la
concesión
de
doctora Pérez de Otero al
amparo de la Sec. 1988, supra.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Naydamar Pérez de Otero por sí
y en representación de la
Sociedad
Legal
de
Bienes
Gananciales compuesta por ésta
y su cónyuge José A. Otero
Certiorari
Recurridos
CC-2013-765
v.
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto Rico; Departamento de
Salud;
Hon.
Secretario
de
Salud Dr. Lorenzo González
Feliciano,
en
su
carácter
personal
y
oficial
como
Secretario del Departamento de
Salud
Peticionarios
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 2015.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte de la presente
Sentencia, se expide el auto y se confirma al Tribunal de
Apelaciones por entender que procede la concesión de
honorarios de abogado a la doctora Pérez de Otero al
amparo de la Sec. 1988 de la Ley Federal de Derechos
Civiles, 42 USC sec. 1988.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo.
La Jueza Asociada
señora Pabón Charneco disintió con opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Naydamar Pérez de Otero por
sí y en representación de la
Sociedad Legal de Bienes
Gananciales compuesto ésta y
su cónyuge José A. Otero
Certiorari
Recurridos
v.
CC-2013-0765
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico; Departamento de
Salud; Hon. Secretario de
Salud Dr. Lorenzo González
Feliciano, en su carácter
personal y oficial como
Secretario del Departamento
de Salud
Peticionarios
Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora
Pabón Charneco.
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 2015.
Disiento respetuosamente del resultado anunciado por
una Mayoría del Tribunal en el caso de epígrafe. En la
Opinión que antecede ciertamente se discute correctamente
el
derecho
embargo,
aplicable
a
la
controversia
de
que
el
Tribunal
equivocó
Derecho
a
los
considero
aplicación
del
se
hechos
autos.
Sin
en
su
particulares
que
tenemos ante nuestra consideración.
El asunto determinante en este caso es si en algún
punto del litigio el foro primario emitió un injunction
al amparo de la Seción 1983 de la Ley Federal de Derechos
CC-2013-0765
2
Civiles, infra. Como veremos, los autos demuestran que la
demandante de autos nunca obtuvo un remedio interdictal
al amparo de esa legislación, sino que su único triunfo
en el litigio fue la obtención de un
injunction
para
ordenar su reinstalación a un puesto de carrera del cual
fue despedida en violación del Artículo 37.02 de la Ley
Núm.
7,
infra.
Ante
esa
realidad
procesal,
la
parte
recurrida de autos no tiene derecho a recobrar honorarios
de abogado al amparo de la Sección 1988 de la Ley Federal
de Derechos Civiles, infra.
Como muy bien argumentó la Procuradora General en su
Alegato, el resultado que hoy anuncia una Mayoría del
Tribunal representa un “fracaso a la justicia, [ya que]
el Estado vendr[á] llamado a desembolsar fondos públicos
para sufragar unos honorarios de abogado que no proceden
como cuestión de derecho, lo que en momentos de agravada
estrechez económica, como la que enfrentamos, resulta[n]
imprescindible[s] para el erario y el interés público.”21
Por todo lo anterior, me veo obligada a disentir del
resultado anunciado hoy por una Mayoría del Tribunal.22
I
Como se discute en la Opinión que antecede, no hay
duda que para ser considerado un prevailing party bajo la
Sección 1988 de la Ley Federal de Derechos Civiles, 42
21
22
Alegato de Procuradora General, pág. 16.
Los hechos del caso de autos se encuentran adecuadamente resumidos
en la Opinión del Tribunal, por lo que resulta innecesario repetirlos
en esta Opinión disidente.
CC-2013-0765
3
U.S.C. sec. 1988 (en adelante Sección 1988) un demandante
no
necesariamente
totalidad
civiles
tiene
que
de
su
reclamación
bajo
ese
estatuto
Diversos
tribunales
han
resultar
de
(en
airoso
violación
adelante
concedido
de
en
derechos
Sección
honorarios
la
1983).
bajo
la
Sección 1988 a demandantes que prevalecieron parcialmente
en sus reclamos de violación de derechos civiles (Méndez
v. County of San Bernardino, 540 F.3d 1109 (9no Cir.
2008)),
a
demandantes
que
recibieron
remedios
interdictales al amparo de la Sección 1983 (Lefemine v.
Wideman,
133
S.
Ct.
9
(2012)),
y
a
demandantes
que
triunfaron al amparo de un reclamo estatal relacionado y
subsidiario al reclamo federal (Williams v. Thomas, 692
F.2d 1032 (5to Cir. 1982).23
Sin embargo, y a diferencia de lo que se discute en
la Opinión mayoritaria, otros tribunales federales han
sido enfáticos en que cuando un demandante pierde en su
reclamación al amparo de la Sección 1983, pero triunfa en
una
reclamación
reclamar
estatal
honorarios
de
suplementaria,
abogados
bajo
la
este
no
puede
Sección
1988.
Véase, Robles v. Prince George’s County, 302 F.3d 262
(4to
23
Cir.
2002).
En
específico
el
Cuarto
Circuito
ha
El lenguaje específico del Tribunal de Apelaciones para el 5to
Circuito fue el siguiente: “[T]he Supreme Court [has] intimated that
a party prevailing on a substantial claim that is pendent to a civil
rights claim is entitled to a recovery of attorney's fees when the
civil rights claim and the pendent claim arise out of a common
nucleus of operative facts. Williams v. Thomas, 692 F.2d 1032, 1036
(5th Cir. 1982) (Énfasis suplido).
CC-2013-0765
4
expresado que “plaintiffs who do not prevail on their
federal claims but achieve success on supplemental state
law claims are not prevailing parties under § 1988, and
are
therefore
not
entitled
to
an
award
under
that
statute.” Robles, pág. 272 (Énfasis suplido).
El más alto foro federal ha expresado que en este
tipo
de
reclamaciones,
responsibility
for
“liability
fees
go
hand
on
the
merits
in
hand;
where
and
a
defendant has not been prevailed against, either because
of
legal
inmunity
or
on
the
merits,
§
1988
does
not
authorize a fee award against the defendant.” Kentucky v.
Graham, 473 U.S. 159 165 (1984) (Énfasis suplido). Por lo
tanto,
lo
determinante
demandantes
obtengan
en
estos
cualquier
casos
tipo
de
no
es
que
remedio
a
los
su
favor, sino que el remedio concedido -ya sea interdictal
o en los méritos- se provea al amparo de la Sección 1983.
Como veremos a continuación, eso no fue lo que ocurrió en
el caso de autos.
II
Una Mayoría del Tribunal concluye que los recurridos
de autos tienen derecho a honorarios de abogados bajo la
Sección 1988 ya que obtuvieron un remedio favorable a
través de un injunction preliminar y permanente y que el
Tribunal lo concedió para vindicar los derechos civiles
de
la
demandante.
Como
he
respetuosamente de esa conclusión.
intimidado,
discrepo
CC-2013-0765
5
De un análisis de los autos considero que es forzoso
concluir que en este caso no están presentes ningunas de
las
circunstancias
federales
para
que
proveer
han
reconocido
honorarios
de
los
tribunales
abogado
bajo
la
Sección 1988. A nivel del foro primario, la recurrida
prevaleció ya que se le concedió un injunction preliminar
y permanente una vez el Tribunal de Primera Instancia
concluyó que su despido fue contrario a la Sección 37.02
de la Ley Núm. 7-2009.
Este tipo de remedio es precisamente el que este
Tribunal ha avalado en casos de despidos en el empleo
público. Ello bajo el principio de mérito que cobija a
los empleados públicos de carrera. Véase, Vázquez Cintrón
v. Banco Desarrollo, 171 DPR 1, 22 (2007) (“en los casos
de destitución de un empleado público de carrera, si la
decisión resultante [...] es favorable al empleado, hemos
resuelto que lo que procede es “ordenar su restitución y
el pago total, o parcial, de los salarios dejados de
percibir por éste desde la fecha de efectividad de la
destitución, más los beneficios marginales a que hubiese
tenido
derecho”
Gobernador,
152
(citando
a
Martínez
DPR
596
(2000).
586,
v.
Ofic.
Véase,
del
además,
Hernández v. Mun. de Aguadilla, 154 DPR 199 (2001).
Específicamente, al conceder una Orden de Injunction
Preliminar y Permanente en el caso de autos, el Tribunal
de Primera Instancia emitió la siguiente expresión:
…[R]esolvemos
que
procede
la
solicitud
de
injunction presentada en este caso para que se
CC-2013-0765
6
ordene la restitución inmediata de la demandante
al puesto que ocupaba, con todos los haberes y
beneficios dejados de percibir. Debido a que no
existe aquí controversia real sobre los hechos
medulares que fueron estipulados, estamos en
posición de emitir una orden de injunction
preliminar y permanente, y así lo hacemos,
ordenando la reinstalación inmediata de la
demandante al puesto de Director de Servicios
Médicos II, efectivo el 28 de mayo de 2010, con
los haberes y deberes que le pertenecen al
puesto
y
los
dejados
de
percibir
desde
24
entonces.
Como se discute en la Opinión que antecede, el foro
primario retuvo jurisdicción del pleito para determinar
los daños, si alguno, a los cuales la recurrida tendría
derecho. No obstante, una vez el Estado recurrió al foro
apelativo intermedio para revisar ese dictamen, el foro a
quo
desestimó
la
totalidad
de
la
reclamación
de
la
recurrida bajo la Sección 1983. Es decir, la Ley del Caso
en la controversia de autos es que la recurrida perdió
totalmente su reclamación federal bajo la Sección 1983.
Ante este escenario, considero que la recurrida no
es un prevailing party bajo la Sección 1988 por lo cual
no tiene derecho a recobrar honorarios de abogado. Nótese
que
no
estamos
ante
ninguna
de
las
circunstancias
discutidas en la jurisprudencia recogida en la Opinión
del Tribunal. A saber, a la recurrida se le desestimó su
causa de acción bajo la Sección 1983, por lo que no hay
espacio para discutir si prevaleció total o parcialmente.
Tampoco prevaleció bajo un estatuto estatal subsidiario a
la reclamación de violación de derechos civiles ya que lo
24
Ap. de Petición de Certiorari, pág. 13.
CC-2013-0765
único
que
7
obtuvo
a
su
favor
fue
un
injunction
por
violación a las disposiciones de la Ley Núm. 7-2009. Por
lo tanto, la recurrida solo obtuvo a su favor remedios
por fundamentos puramente estatales por lo que, como muy
bien argumentaron tanto el Gobierno de Puerto Rico como
la
Procuradora
General,
no
procede
la
concesión
de
honorarios de abogado bajo la Sección 1988 a favor de la
recurrida.
Para llegar a una conclusión contraria, la Mayoría
del
Tribunal
erró
ya
que
consideró
que
el
remedio
interdictal que obtuvo la recurrida se dio bajo el palio
de
la
Sección
1983.
La
Mayoría
del
Tribunal
intenta
fundamentar esta conclusión por las siguientes razones:
Primero,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
concedió el injunction luego de interpretar
integralmente los estatutos invocados. Segundo,
la Ley Núm. 7-2009, supra, no faculta al foro
judicial
a
proveer
este
tipo
de
remedio
interdictal.
Tercero,
según
expresado
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones se
circunscribió a revocar los reclamos de daños al
amparo de la Sec. 1983 de la Ley Federal de
Derechos Civiles, supra, y del Art. 1802 del
Código Civil, supra, sin alterar el injunction
concedido ni la determinación del foro primario
de que la parte demandada violó los derechos
constitucionales de la demandante a la igual
protección de las leyes y el debido proceso de
ley.25
Todas estas razones son problemáticas.
En cuanto a la primera y tercera de estas, es cierto
que en la Sentencia Parcial emitida por el foro primario
se hizo referencia a que además de que el despido de la
recurrida fue contrario al texto claro de la Ley Núm. 725
Op. del Tribunal, pág. 22.
CC-2013-0765
8
2009, pudo existir una violación de derechos civiles en
este caso. Sin embargo, al momento de emitir el remedio
interdictal el foro primario no hizo referencia alguna a
la Sección 1983. Como vimos, una vez el Estado acudió al
Tribunal de Apelaciones, el foro a quo procedió a revocar
parcialmente al foro primario y desestimó en su totalidad
la reclamación de violación de derechos civiles de la
recurrida al amparo de la Sección 1983. La Mayoría se
aferra a que “el Tribunal de Apelaciones circunscribió su
sentencia revocatoria a la acción de daños y perjuicios,
sin alterar el injunction concedido ni la determinación
del foro primario de que la parte demandada violó los
derechos
constitucionales
de
la
demandante
a
la
igual
protección de las leyes y el debido proceso de ley.”
El problema con esa aseveración es que en derecho
procesal apelativo “[r]eiteradamente hemos explicado que
la revisión de una sentencia se da contra su resultado,
no contra sus fundamentos.” Pérez Vda. de Muñiz v. Criado
Amunategui,
Rodríguez
151
v.
D.P.R.
Amaro
355
Cora,
2000).
138
Véase
D.P.R.
además,
182,
198
Vélez
(1995)
(“poco importa que el fundamento que adujera el tribunal
en
apoyo
de
su
actuación
sea
o
no
correcto.
Debe
recordarse que la revisión se da contra la sentencia.”)
Por ende, el foro apelativo intermedio no tenía por qué
alterar el resultado de la concesión de un injunction ya
que, a nivel apelativo, los fundamentos para su emisión
CC-2013-0765
9
son irrelevantes.26 Con su razonamiento, la Mayoría del
Tribunal parece intimar que el Tribunal de Apelaciones
debió revocar también el injunction que emitió el foro
primario,
y
emitir
otro
por
fundamentos
distintos.
A
nivel apelativo esto es innecesario porque, como vimos,
la
revisión
se
da
contra
el
resultado
y
no
los
fundamentos. Ya que en el caso de autos no hay duda que
procedía
la
emisión
de
un
injunction
para
ordenar
la
restitución de la recurrida a su puesto, el Tribunal de
Apelaciones no tenía por qué alterar el resultado al que
llegó
el
foro
primario
al
conceder
el
remedio
interdictal.
Finalmente, la segunda razón que provee la Mayoría –
que la Ley Núm. 7, supra, no faculta a los tribunales
para
proveer
remedios
interdictales-
es
totalmente
equivocada. En nuestro ordenamiento, el injunction es un
remedio en equidad que tiene todo tribunal para hacer
efectivo
el
derecho
Demanda.
Véase,
sustantivo
Abella
v.
que
se
Fernández,
exige
17
en
una
D.P.R.
1063
(1911). En ese sentido, este remedio extraordinario se
26
De hecho, cabe señalar que el Tribunal de Apelaciones parece haber
concluido que, en efecto, el injunction que emitió el foro primario
no se dio al amparo de la Sección 1983, sino por violaciones a
articulados específicos de la Ley Núm. 7. En ese sentido, en su
recuento de los hechos el foro apelativo intermedio expresó lo
siguiente:
En cuanto al derecho, indicó
que el inciso (f) del Art.
37.02 de la Ley 7, según enmendado, excluía del plan de
cesantías
a
“profesionales
de
la
salud
(médicos,
paramédicos, enfermeras, farmacéuticos y técnicos de
laboratorio)”. Por lo anterior, el TPI emitió una orden de
injunction preliminar y permanente mediante la cual ordenó
la reposición de la Dra. Pérez al puesto que ocupaba y el
pago de los haberes dejados de percibir. Ap. del Petición
de Certiorari, pág. 25. (Énfasis suplido).
CC-2013-0765
10
encuentra regulado en la Regla 57 de Procedimiento Civil,
32 L.P.R.A. Ap. V, y procede en cualquier acción civil en
Puerto
Rico,
excepto
en
aquellos
pleitos
en
que
específicamente esté prohibida su expedición. Véase, D.
Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da. Ed, Prof. Ed.
Jur. Cont. UIAPR, 1996, pág. 13. Por ende, el que la Ley
Núm. 7, supra, no provea para la concesión de remedios
interdictales no puede utilizarse como fundamento para
concluir que en este caso el injunction que emitió el
foro primario se dio al amparo de la Sección 1983, ya que
en nuestro ordenamiento ese remedio está disponible para
cualquier tipo de reclamación civil.
Por todo lo anterior, considero que la recurrida de
autos solo obtuvo a su favor un remedio interdictal al
amparo del ordenamiento estatal de Puerto Rico y perdió
totalmente su reclamación de derechos civiles al amparo
de
la
Sección
1983.
Ante
esa
realidad
procesal,
la
recurrida no puede considerarse un prevailing party bajo
la Sección 1988, por lo que no tiene derecho a recibir
honorarios de abogado.27
27
La Mayoría le da particular énfasis a un caso del Tribunal Supremo
federal Lefemine v. Wideman, 133 S.Ct. 9 (2012), para sostener su
conclusión de que aun cuando un demandante solo obtiene un injunction
a su favor, procede la concesión de honorarios de abogados bajo la
sección 1988. Este caso, sin embargo, es distinguible. Trata de un
grupo de personas que protestaban con unas pancartas en una
intersección de tránsito. La policía les dijo que si continuaban con
la protesta los iba a acusar por alteración a la paz. Los
manifestantes solicitaron al tribunal, bajo la Sec. 1983, un
injunction
para
que
la
policía
les
respetara
su
derecho
constitucional a la libertad de expresión y los dejara manifestarse,
más los daños por violación a la libertad de expresión. El tribunal
de distrito le concedió el injunction, pero no los daños. El Tribunal
Supremo federal resolvió que los manifestantes eran una prevailing
party bajo la Sec. 1988. Pero nótese que contrario al caso de autos,
CC-2013-0765
11
III
Finalmente,
debo
expresar
que
además
de
la
aplicación incorrecta del Derecho en el caso de autos, me
preocupan las repercusiones que pudiera tener en nuestro
ordenamiento
la
norma
que
pauta
hoy
una
Mayoría
del
Tribunal. Nótese que según el razonamiento del Tribunal,
cualquier
reclamación
por
violaciones
a
normas
de
personal de agencias del Gobierno de Puerto Rico podría
estar
sujeta
demandante
al
pago
decide
de
unir
honorarios
a
esta
de
una
abogado
si
reclamación
el
por
violación de derechos civiles al amparo de la Sección
1983,
por
más
frívola
que
sea
esta
última.
Si
el
demandante tiene razón en su reclamación de violación a
las normas de personal y obtiene un remedio interdictal,
procedería la concesión de honorarios de abogado bajo la
Sección
1988
ya
que,
según
la
Mayoría
del
Tribunal,
obtuvo “algo” a su favor. Ello aun si, como ocurrió en el
caso de autos, se le desestimara su reclamación bajo la
Sección 1983.28
a los que acudieron al tribunal se les otorgó claramente un
injunction bajo el fundamento constitucional. Aunque el tribunal
rechazó la solicitud de daños, resolvió que existía una violación de
derechos civiles y esa fue la razón específica por la que se le
concedió el injunction. De hecho, a diferencia del caso de autos, en
ese pleito no existía ninguna otra reclamación que no fuera de
violación de derechos constitucionales
28
En ese sentido, la Opinión Mayoritaria parece establecer además un
nefasto precedente en materia de Derecho Procesal Apelativo. Ahora
parecería que el Tribunal de Apelaciones no solo debe revocar el
resultado de las sentencias o resoluciones que revisa, sino que
también debe revocar sus fundamentos. Nótese que la Mayoría expresa
sin ambages que en este caso hubo una violación de derechos civiles.
Véase, Op. Mayoritaria, pág. 20. Cabe preguntarse en qué lugar de los
autos de este caso existe una Sentencia Final y Firme en donde se
llegue esa conclusión. Ciertamente, no puede ser en la Sentencia
CC-2013-0765
Este
12
proceder
tendría
un
efecto
devastador
en
el
erario ya que el Estado se vería obligado a desembolsar
una cantidad dinero considerable en calidad de honorarios
de
abogado,
aun
cuando
no
existan
determinaciones
de
violación de derechos civiles. En tiempos de estrechez
económica como la que vivimos, lamento que este Tribunal
emita una Opinión que puede dar paso a desembolsos de
fondos públicos sin que las partes tengan derecho a ello.
Por todo lo anterior, disiento.
Mildred G. Pabón Charneco
Jueza Asociada
Parcial que emitió el foro primario, ya que esta se revocó totalmente
excepto en su resultado de concesión un remedio interdictal. Tampoco
puede ser en la Sentencia del Tribunal de Apelaciones ya esta se
limitó a desestimar totalmente la reclamación de derechos civiles de
la recurrida de autos y confirmar el resultado de la concesión de un
injunction. En fin, desconozco que fuente utilizó la Mayoría del
Tribunal para concluir sin más que en este caso hubo una violación de
derechos civiles, a pesar de que la recurrida de autos perdió
totalmente su reclamación a esos efectos.