Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pedragón Ferrer v. Hon. Purcell Soler
2016 TSPR 243
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pedragón Ferrer v. Hon. Purcell Soler
RG-2014-1
Derecho Registral: Contornos de la Facultad calificadora del Registrador al momento de evaluar escrituras de venta judicial por su inscripción en el Registro de la Propiedad
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Luz Delia Pedragón Ferrer
Peticionaria
2016 TSPR 243
v.
194 DPR ____
Hon. Ismael Purcell Soler
Recurrido
Número del Caso: RG-2014-1
Fecha: 12 de diciembre de 2016
Abogado de la parte Peticionaria:
Lcdo. Julio C. Colón Ortiz
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Ismael L. Purcell Soler
Registrador de la Propiedad
Registro de la Propiedad
Sección de Guayama:
Lcdo. Julio César Colón Ortiz
Registrador de la Propiedad
Materia: Derecho Registral: Contornos de la Facultad Calificadora
del Registrador al momento de evaluar escrituras de venta judicial
por su inscripción en el Registro de la Propiedad.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Luz Delia Pedragón Ferrer
Peticionaria
v.
Núm. RG-2014-0001
Hon. Ismael Purcell Soler
Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2016
En
esta
ocasión,
nos
compete
ejercer
nuestra
jurisdicción gubernativa para repasar los contornos de la
facultad calificadora del Registrador al momento de evaluar
escrituras
de
venta
judicial
para
su
inscripción
en
el
Registro de la Propiedad.
I
El 28 de mayo de 2013, el Lcdo. Julio C. Colón Ortiz,
presentó una escritura de venta judicial en el Registro de
la Propiedad, Sección de Guayama. La escritura presentada
fue otorgada el 27 de abril de 2013 y, en ésta, la Sra. Luz
Delia
Pedragón
Ferrer
(peticionaria)
figuraba
como
compradora, mediante la segunda subasta, de una propiedad
sita en el Municipio de Salinas. El licenciado Colón Ortiz
acompañó la escritura de venta judicial con los siguientes
documentos: (1) copia certificada de la sentencia emitida
por el Tribunal de Primera Instancia; (2) copia certificada
de
la
orden
de
ejecución;
(3)
copia
certificada
del
RG-2014-0001
2
mandamiento de ejecución, y (4) copia certificada del acta
de subasta pública, de la cual surgía que el alguacil tuvo
ante su consideración el edicto de subasta correspondiente.
El 5 de noviembre de 2013, el Registrador, Hon. Ismael
L. Purcell Soler, notificó una serie de faltas que impedían
la inscripción de la escritura. Específicamente, señaló las
siguientes:
No se acredita que el demandado haya sido
notificado de aviso de subasta mediante
correo certificado con acuse de recibo.
Regla 51.8 Procedimiento Civil.
Deberá
acompañar
como
documentos
complementarios los siguientes documentos
judiciales debidamente certificados por la
Secretaría del Tribunal: (a) Aviso de
Subasta (b) Acta de primera subasta (c)
Notificación de Sentencia en Rebeldía por
Edicto (d) Certificación de publicación de
edictos conforme los establece el artículo
51.8 de las reglas de Procedimiento Civil,
(Véase enmienda a este artículo por la Ley
17 del 12 de agosto de 2000).
Se (sic) garantiza la hipoteca un título
negociable,
deberá
cancelar
éste
al
momento de otorgarse la escritura de
adjudicación. Art. 138 L-H- Art. 188.2 RH
– Empire Life Ins. vs. Reg. 105 DPR 136
Oportunamente, el licenciado Colón Ortiz presentó una
solicitud de recalificación. En ésta, destacó que no se
incluyó el edicto de subasta como documento complementario,
puesto que el alguacil había declarado que lo tuvo ante sí
en el acta de subasta pública. No obstante, acompañó el
escrito
de
recalificación
con
una
copia
certificada
del
edicto de subasta, en aras de evitar cualquier confusión al
respecto.
Con
relación
a
los
otros
complementarios requeridos por el Registrador, el
documentos
RG-2014-0001
3
licenciado
Colón
Ortiz
documentos
constituía
sostuvo
una
que
solicitar
intromisión
indebida
estos
en
la
función judicial y que la Ley hipotecaria de 1979 y su
Reglamento
no
contemplaban
la
documentos
como
requisitos
para
presentación
la
de
inscripción
esos
de
una
escritura de venta judicial. Indicó que, de la sentencia
dictada por el Tribunal de Primera Instancia,
y de los
documentos que acompañaron la solicitud de inscripción, no
se desprendían irregularidades en el procedimiento judicial
que justificaran requerir la presentación de los mismos.
Por
reparos
último,
con
la
el
licenciado
notificación
de
Colón
Ortiz
faltas
del
manifestó
Registrador,
aduciendo que la falta relacionada con la cancelación de
gravámenes
era
ambigua,
lo
que
impedía
garantizar
el
cumplimiento con la misma. En cuanto a esto, argumentó que
el
Registrador
gravamen
había
errado
posterior,
presentados.
Es
decir,
en
al
concluir
atención
arguyó
que
a
el
que
existía
los
documentos
Registrador
un
había
errado al exigir el cumplimiento con lo dispuesto en el
Artículo 138 de la Ley hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2462,
que sólo es de aplicación a escrituras de cancelación de
hipotecas en garantía de títulos transferibles por endoso,
pero no así para escrituras de venta judicial. A éstas
últimas, según asevera, les aplica el Artículo 134 de la
Ley hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2458.
Así las cosas, el 2 de marzo de 2014, el Registrador
denegó
la
solicitud
de
recalificación
presentada.
RG-2014-0001
4
Esencialmente,
solicitados
adujo
que
los
documentos
tenían
el
propósito
de
complementarios
evidenciar
el
cumplimiento, por parte del Tribunal de Primera Instancia,
con los requisitos plasmados en la Regla 58.1 de las de
Procedimiento Civil.
Con relación a la falta relacionada con la cancelación
de gravámenes, el Registrador explicó que la escritura de
venta
judicial
presentada
no
contenía
una
expresión
certificando que el notario había recibido el pagaré para
proceder a cancelarlo, según lo requiere el Artículo 138 de
la Ley Hipotecaria. El Registrador destacó, además, que la
escritura no especificaba el tipo de gravamen del que se
trataba y que, en todo caso, era un requisito ineludible
cancelar
el
título
o
pagaré
al
momento
de
otorgar
una
escritura de venta judicial.
Inconforme, el licenciado Colón Ortiz presentó este
recurso gubernativo, reiterando los argumentos esbozados en
su solicitud de recalificación e imputándole al Registrador
la comisión de cuatro errores relacionados con las faltas
notificadas. 1 Contando con la comparecencia de ambas partes,
estamos en posición de resolver.
1
Los señalamientos de error planteados son los siguientes:
(1) tardarse 123 días en atender la recalificación; (2)
determinar que a la escritura de venta judicial presentada le
aplicaban las disposiciones del Art. 138 de la Ley
Hipotecaria y el Artículo 188.2 de su Reglamento y la Regla
51.8 de Procedimiento Civil; (3) determinar que las
notificaciones de faltas no deben ser claras, pues le
corresponde al presentante interpretar las mismas, y (4)
determinar que lo resuelto en CRUV v. Registrador, 117 D.P.R.
662 (1986), era de aplicación al caso.
RG-2014-0001
5
II
Como cuestión de umbral, resulta preciso determinar si
el Registrador erró al requerir que, en la escritura de
venta
judicial,
se
hiciera
constar
la
cancelación
del
pagaré. El Artículo 138 de la antigua Ley hipotecaria de
1979, disponía, en lo pertinente, que:
Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 136 de
esta ley sobre la cancelación de gravámenes
posteriores, las inscripciones de hipoteca
constituidas
para
garantizar
obligaciones
representadas por títulos transferibles por
endoso o pagaderos al portador, cualquiera que
sea la denominación que se les asigne, se
cancelarán
total
o
parcialmente
mediante
escritura otorgada por los tenedores legítimos
de los títulos expresados. En todo caso deberá
hacerse
constar
en
la
escritura
la
identificación
de
los
títulos
y
su
inutilización o reducción parcial en
el acto
de otorgamiento. (énfasis nuestro)
Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979, Ley
Núm. 198 de 8 de agosto de 1979.2
De
otra
parte,
y
en
lo
que
respecta
a
las
ventas
judiciales, el Artículo 134 de la Ley de 1979 establecía
que
“[s]erán
canceladas
de
oficio
las
inscripciones
de
hipoteca cuando de las sucesivas inscripciones de la finca
2
La controversia ante nuestra consideración se rige por las
disposiciones de la Ley Hipotecaria y del Registro de la
Propiedad de 1979, Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979 y su
Reglamento, por ser la ley vigente al momento que se suscita
la controversia que hoy atendemos.
Como se sabe, esta ley
fue derogada por la Ley del Registro de la Propiedad
Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley
núm. 210 de 8 de diciembre de 2015, según enmendada. El Art.
322 de la Ley 210 indica que ésta entrará en vigor 90 días
después de su aprobación.
Como veremos, la nueva ley
reafirma lo dispuesto en la Ley 198 con lo cual, el resultado
a que llegaríamos bajo el nuevo estatuto sería el mismo.
Véase discusión, infra.
RG-2014-0001
6
resulte que ésta o el derecho sobre el que se constituyó la
hipoteca fue ejecutado o vendido en pública subasta….”
Una lectura integrada de ambos artículos no apunta a
que éstos sean mutuamente excluyentes. Es decir, un notario
no está exento del requisito de constatar, en la escritura
de venta judicial, la reducción o inutilización del pagaré
que
representa
la
obligación
que
es
objeto
del
pleito
judicial. En todos los casos en que una obligación esté
garantizada
por
una
hipoteca
que,
a
su
vez,
esté
representada por un pagaré, será indispensable que, cuando
tal
garantía
se
ejecute
o
se
venda
el
bien
en
pública
subasta en cobro de la obligación, se cancele e inutilice
el
pagaré
que
la
representa.
Nótese,
además,
que
el
Artículo 138 de la Ley 198 claramente alude a todo caso en
el que las obligaciones estén representadas “por títulos
transferibles
por
endoso
o
pagaderos
al
portador,
cualquiera que sea la denominación que se les asigne”.
Asimismo,
los
preceptos
judiciales
contenidos
hipotecaria
de
1979
en
apoyan
relativos
a
las
el
Reglamento
de
tal
conclusión.
ventas
la
Ley
lo
que
En
concierne a la controversia ante nuestra consideración, el
Artículo 183.3, al detallar el procedimiento a seguir para
la
ejecución
por
la
vía
sumaria,
establece
que
“[e]l
tribunal se asegurará de que el título que representa la
obligación
garantizada
se
cancele,
sea
o
no
negociable
este”. Art. 183.3, Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 9 de julio de
RG-2014-0001
1980
7
(Reglamento),
según enmendado, Reglamento Núm. 2674
del Departamento de Justicia. Asimismo, el Artículo 188.2,
dispone
que,
en
aquellos
casos
en
los
que
se
declaren
desiertas las tres subastas y la finca se le adjudique al
acreedor
ejecutante,
alguacil
que
este
otorgue
último
la
podrá
escritura
solicitar
de
al
adjudicación
correspondiente. En estas instancias, el artículo exige que
“[d]e
garantizar
cancelará
éste
adjudicación,
la
hipoteca
al
momento
y
se
de
hará
un
título
otorgarse
constar
negociable,
la
la
escritura
reducción
se
de
que
corresponde”. Art. 188.2, Reglamento.
Eximir
al
notario
cancelar
el
provoca
incertidumbre
seguridad
jurídica
alcanzar
y
pagaré
es
de
cumplir
la
escritura
en
la
que
además,
cual
es
nuestro
con
de
el
requisito
venta
judicial
inconciliable
sistema
jurídicamente
de
registral
incorrecto.
con
la
busca
Ello,
porque la hipoteca que garantiza el pago de la obligación
principal contenida en el pagaré, ha dejado de existir al
cobrarse
la
deuda
mediante
propiedad
hipotecada.
Al
la
cesar
ejecución
la
o
venta
obligación
de
de
la
pagar,
tiene que cancelarse el pagaré. Véase Plaza del Rey, Inc.
v. Registrador, 133 D.P.R. 188 (1993). La hipoteca inscrita
en el Registro deja de existir, como deja de existir la
obligación garantizada.
A todas luces, una incongruencia
de ese tipo entre el registro y la realidad jurídica es
insostenible
jurídico.
y
atenta
contra
la
seguridad
del
tráfico
RG-2014-0001
8
La nueva ley hipotecaria, denominada Ley del Registro
de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, Ley núm. 210 de 8 de diciembre de 2015 (Ley
210),
tiene
como
uno
de
procedimiento
ordinario
agilizar
inscripción
judicial.
Así,
el
la
sus
de
de
objetivos,
ejecución
las
de
simplificar
el
hipotecas
y
escrituras
de
venta
Véase, Exposición de Motivos de la Ley 210.
Artículo
112
de
la
Ley
210,
según
enmendada,
dispone lo siguiente:
Vendida o adjudicada la finca o derecho
hipotecado
y
consignado
el
precio
correspondiente, en esa misma fecha o fecha
posterior, el alguacil que celebró la subasta
procederá
a
otorgar
la
correspondiente
escritura pública de traspaso en representación
del dueño o titular de los bienes hipotecados,
ante el notario que elija el adjudicatario o
comprador, quien deberá abonar el importe de
tal escritura. La orden que confirma la
adjudicación o venta de los bienes hipotecados
dispuesta en el Artículo 107 de la presente
Ley,
no
será
requisito
previo
para
la
otorgación de la escritura pública de traspaso
por el alguacil de los bienes hipotecados al
adjudicatario o comprador, aunque sí para que
pueda quedar inscrita.
El abogado que haya
comparecido
en
el
proceso
legal
en
representación de la parte demandante, del
adjudicatario o comprador, o haya comparecido
como oficial autorizado de estos últimos en el
proceso de pública subasta, estará impedido de
autorizar dicho instrumento público en su
capacidad de notario. En dicha escritura el
notario
dará
fe
de
haber
inutilizado
y
cancelado el pagaré garantizado con la hipoteca
objeto de ejecución. El alguacil pondrá en
posesión judicial al nuevo dueño, si así se lo
solicita dentro del término de veinte (20) días
a partir de la venta o adjudicación. Si
transcurren los referidos veinte (20) días, el
tribunal podrá ordenar, sin necesidad de
ulterior procedimiento, que se lleve a efecto
el desalojo o lanzamiento del ocupante u
ocupantes de la finca o de todos los que por
RG-2014-0001
9
orden o tolerancia
(Énfasis nuestro.)
del
deudor
la
ocupen.
Art. 112, Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 210 del 8 de
diciembre de 2015, según enmendada.
Ciertamente,
este
artículo
consolida
lo
dispuesto
en
el
Artículo 134 y 138 de la anterior Ley Hipotecaria, que como
discutimos
son
controversia.
los
artículos
aplicables
a
esta
El Artículo 112 de la Ley 210, al igual que
los de la anterior ley, hacen patente que el notario, en la
escritura
de
inutilizado
venta
y
judicial,
cancelado
el
deberá
pagaré
dar
fe
de
garantizado
haber
con
la
de
la
hipoteca objeto de ejecución.
En
el
presente
caso,
según
se
desprende
sentencia en rebeldía dictada por el Tribunal de Primera
Instancia, el 28 de septiembre de 1998, se otorgó un pagaré
a favor de Doral Mortgage Corp., por la suma principal de
$40,000. Para garantizar el pago de ese instrumento, se
constituyó
una
hipoteca
sobre
el
inmueble
objeto
de
la
venta judicial que nos ocupa. Sin embargo, al momento de
otorgar
la
escritura
de
venta
canceló el referido pagaré.
judicial,
el
notario
no
Al así proceder, incumplió con
lo dispuesto en la antigua Ley hipotecaria y su Reglamento.
Por tal razón, no erró el Registrador al notificar como
falta que no se había cancelado el pagaré en la escritura
de venta judicial.
Corresponde,
otros
entonces,
señalamientos
peticionario.
Por
de
estar
evaluar
los
error
planteados
estrechamente
méritos
de
los
por
el
relacionados,
RG-2014-0001
10
atendemos los errores relacionados con el momento y el modo
de la calificación.
III
Como
se
Registrador
mencionó,
erró
al
el
peticionario
demorarse
123
días
sostiene
en
que
el
atender
su
escrito de recalificación. Asimismo, arguye que las faltas
que le fueron notificadas no fueron claras, por lo que se
le dificultó interpretar las mismas.
Si
bien
es
cierto
que,
bajo
el
Artículo
71
de
la
antigua Ley hipotecaria, el Registrador tenía 30 días para
disponer de un escrito de recalificación, este Tribunal ha
resuelto que dicho término “no es, ni puede ser, fatal”,
sino de carácter directivo. Véase Senior Las Marías Corp.
v. Registrador, 113 D.P.R. 675, 683, n.5 (1982); Algarín v.
Registrador, 110 D.P.R. 603 (1981).
No obstante, el hecho
de que el término sea de carácter directivo no es óbice
para que, al amparo del Artículo 66.3 del Reglamento, se
inicie el procedimiento de una queja por demora. 3 Véase
C.R.I.M. v. Registradora, 193 D.P.R. 943, 948 (2015).
Anteriormente,
hemos
advertido
que
la
naturaleza
directiva del término de treinta días “no releva a los . .
. registradores de la propiedad de su obligación de hacer
un esfuerzo máximo por cumplir con el referido término”.
Senior Las Marías Corp., 113 D.P.R. en la pág. 683, n.5.
3
El Artículo 234 de la Ley 210 dispone expresamente que
“[e]l incumplimiento con el término dispuesto en este
Artículo dará lugar a sanciones disciplinarias según se
disponga por reglamento”. Art. 234, Ley Núm. 210 del 8 de
diciembre de 2015, supra.
RG-2014-0001
11
Dado que, en el presente caso, el escrito de recalificación
no fue atendido hasta 123 días después de su presentación,
precisa advertir nuevamente a los Registradores sobre la
importancia
de
ejercer
sus
funciones
con
la
diligencia
requerida y sin incurrir en demoras que obstaculicen la
inscripción de documentos en el Registro.
En lo que respecta a la presunta imprecisión en la
notificación
de
las
faltas,
hipotecaria
de
1979
el
exige
Artículo
al
65
de
Registrador
la
Ley
que
la
notificación de faltas contenga todos los motivos legales
en
los
que
se
basa
la
calificación.
Artículo
65
establece
la
autonomía
momento
de
calificar
los
documentos
De
otra
parte,
el
del
Registrador
al
presentados.
(“El
registrador tendrá autonomía en su facultad calificadora y
contra
su
calificación
solamente
procederá
el
recurso
[gubernativo]”.)
De las faltas notificadas en el presente recurso, no
surge una ininteligibilidad o ambigüedad que imposibilite
su comprensión. Lo que sí se desprende de la notificación
es
que
el
Registrador
erró
al
momento
de
citar
la
disposición legal que resumió en la falta. Resulta preciso,
pues,
recordarle
a
los
Registradores
que,
en
la
notificación de las faltas, “[e]s necesario que . . . citen
el precepto legal que sostiene la denegatoria de que se
trate”. S.B. Pharmco P.R. Inc. v. Registrador, 148 D.P.R.
336, 352-54 (1999).
Ello evita confusiones y permite que
la parte interesada pueda rectificar el error cometido o
RG-2014-0001
12
someter un escrito de recalificación con cabal conocimiento
del fundamento legal por el cual denegaron su inscripción.
“Después de todo, la nota denegatoria no debe inducir a
error.
Tampoco debe provocar la indefensión de aquellos
que
buena
de
fe
quieran
impugnar
la
calificación
del
Registrador de la Propiedad”. Id. en la pág. 354.
IV
En su último señalamiento de error, el peticionario
arguye que lo resuelto en el caso de CRUV v. Registrador,
117
D.P.R.
662
(1986),
es
inaplicable
a
este
caso.
Asimismo, sostiene que no era necesario acreditar que el
demandando en el caso de ejecución de hipoteca hubiese sido
notificado del aviso de subasta mediante correo certificado
con acuse de recibo. En esencia, su contención principal es
que, dado que en
Regla
de
CRUV v. Registrador
Procedimiento
Civil
que
se interpretó una
posteriormente
enmendada, la norma allí pautada carece de vigencia.
fue
No le
asiste la razón.
En CRUV v. Registrador, este Tribunal dictaminó que
las escrituras de venta judicial no revestían el carácter
de
los
documentos
expedidos
por
autoridad
judicial
contemplados en el tercer párrafo del Artículo 64 de la Ley
hipotecaria de 1979. Al así proceder, se identificó “una
categoría intermedia o híbrida: los documentos notariales
avalados
por
un
trámite
judicial”.
Luis
Rafael
Rivera
Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño 291
(3ra ed. 2012). En atención a ello, se determinó que, al
RG-2014-0001
solicitar
13
la
inscripción
de
una
escritura
de
venta
judicial, se debía acreditar el cumplimiento con la Regla
58.1 de Procedimiento Civil de 1979 que, en aquel momento,
regulaba todo lo relativo a las ventas judiciales. Esto,
porque
la
calificación
de
los
documentos
notariales
comprendía la validez de los actos y contratos contenidos
en ellos, según lo dispuesto en el Artículo 64 de la Ley
Hipotecaria de 1979.
La regla que actualmente detalla el procedimiento al
que han de adherirse los tribunales al momento de llevar a
cabo una venta judicial es la Regla 51.7 de Procedimiento
Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.57.1. Ésta corresponde a la
anterior
Regla
51.8
que
se
interpretó
en
CRUV
v.
Registrador. En la Regla 51.7, tal y como se hacía en la
regla
anterior,
se
condiciona
la
validez
de
la
venta
judicial al cumplimiento con el aviso de venta en la forma
allí indicada. En lo que atañe el señalamiento de error
ante
nuestra
consideración,
copia
del
de
aviso
la
venta
Regla
sea
51.7
enviada
exige
al
que
deudor
la
por
sentencia, y a su abogado, vía correo certificado con acuse
de recibo.
Dado que el incumplimiento con este requisito procesal
anula la venta judicial celebrada, no erró el Registrador
al
requerir
evidencia
notificado
del
certificado.
Asimismo,
que
aviso
acreditara
de
los
subasta
demás
que
el
deudor
mediante
documentos
fue
correo
requeridos,
tienen el propósito de verificar el cumplimiento con los
RG-2014-0001
requisitos
14
procesales
dispuestos
Procedimiento Civil. 4
en
la
Regla
51.7
de
“Debemos recordar que „en materia de
venta judicial, se proclama como postulado fundamental que
no existe presunción a favor de que todo se ha hecho en
forma adecuada por el Alguacil‟”. CRUV v. Registrador, 117
D.P.R.
662,
669
calificación
de
Puertorriqueño
corresponde
(1986)(citando
los
documentos
83,
91
al
M.R.
judiciales,
(1981).
comprador
a
Aguiló,
77
Precisamente
probar
que
se
La
Rev.
Der.
por
ello,
ha
cumplido
cabalmente con las reglas y los estatutos aplicables.
Después
de
Registrador
todo,
abarca
la
“las
función
formas
calificadora
extrínsecas
del
de
los
documentos presentados, la capacidad de los otorgantes y la
validez
de
los
documentos”.
cabalmente
actos
Art.
tal
63,
y
contratos
Ley
función,
198
el
de
Art.
contenidos
en
1979.
Para
64
la
de
tales
cumplir
Ley
198
específicamente dispone que el Registrador podrá “requerir
que
se
produzcan
adecuada
los
calificación,
judiciales
o
116.2
Reglamento.
del
documentos
bien
administrativos”.
De
otra
necesarios
sean
éstos
para
una
notariales,
Véase,
además,
parte,
este
Artículo
Tribunal
ha
dispuesto, reiteradamente, que tanto la Ley 198 como su
4
En cuanto a la notificación de sentencia en rebeldía por
edicto, de la sentencia en rebeldía dictada por el Tribunal
de Primera Instancia el 17 de mayo de 2012, se desprende que
la parte demandada fue emplazada mediante la publicación de
edictos y nunca compareció al pleito. Por tal razón, en
atención al texto de la Regla 65.3 de Procedimiento Civil,
era necesario que la sentencia en rebeldía le fuese
notificada por edicto. Véase Banco Popular v. Andino Solís,
192 D.P.R. 172 (2015).
RG-2014-0001
15
Reglamento le asignan al Registrador una facultad limitada
al calificar un documento judicial. 5 Santiago v. ELA, 163
D.P.R. 149 (2004). Véase, además, R & G Premier Bank P.R.
v.
Registradora,
158
D.P.R.
241
(2002); Narváez
v.
Registrador, 156 D.P.R. 1 (2002); U.S.I. Properties, Inc.
v. Registrador, 124 D.P.R. 448 (1998).
V
En mérito de la discusión que antecede, no erró el
Registrador
al
requerir
que,
en
la
escritura
de
venta
judicial, se hiciera constar la cancelación del pagaré que
representaba
la
garantía
ejecutada.
correctamente
el
Registrador
al
Asimismo,
requerir
actuó
documentos
que
evidenciaran el cumplimiento con los requisitos procesales
que establece la Regla 51.7 de Procedimiento Civil. Esto,
en
virtud
de
lo
resuelto
por
este
como
se
Tribunal
en
CRUV
v.
Registrador.
De
otra
parte,
y
discutió,
resulta
necesario aprovechar la oportunidad para, nuevamente, recordar a los
5
El Art. 64 de la Ley 198 de 1979 dispone en lo pertinente:
En cuanto a los documentos expedidos por la
autoridad judicial, la calificación expresada se
limitará:
(1) A la jurisdicción y competencia del tribunal;
a la naturaleza y efectos de la resolución
dictada
si
ésta
se
produjo
en
el
juicio
correspondiente; y si se observaron en él los
trámites y preceptos esenciales para su validez;
(2) a las formalidades
documentos presentados, y
extrínsecas
(3) a los antecedentes del Registro.
de
los
RG-2014-0001
16
registradores
de
la
propiedad
la
importancia
de
su
magisterio y reiterar que éste ha de ejercerse con extrema
diligencia y rigurosidad. La inobservancia de los términos
dispuestos para cumplir sus funciones, y el incumplimiento
con los requisitos que rigen la notificación de faltas,
especialmente
la
referencia
al
precepto
legal
que
las
motiva, son incompatibles con el puesto de Registrador de
la
Propiedad.
meticulosos
Los
al
registradores
notificar
faltas
y
deben
ser
rigurosos
deben
atender
con
y
la
premura que ameritan los documentos que se presentan para
ser
calificados
en
aras
de
garantizar
su
pronta
inscripción.
Por
los
fundamentos
que
anteceden,
se
confirma
la
recalificación recurrida.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Luz Delia Pedragón Ferrer
Peticionaria
v.
Núm. RG-2014-0001
Hon. Ismael Purcell Soler
Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico 12 de diciembre de 2016
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, se confirma la recalificación recurrida.
Así pues, no erró el Registrador al requerir
que, en la escritura de venta judicial, se hiciera
constar la cancelación del pagaré que representaba la
garantía ejecutada. Asimismo, actuó correctamente el
Registrador al requerir documentos que evidenciaran
el cumplimiento con los requisitos procesales que
establece la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, 32
L.P.R.A. Ap. V, R.57.1. Esto, en virtud de lo
resuelto por este Tribunal en CRUV v. Registrador,
117 D.P.R. 662 (1986).
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario
del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón
Charneco concurre sin opinión escrita.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo