LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pedragón Ferrer v. Hon. Purcell Soler

2016 TSPR 243

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pedragón Ferrer v. Hon. Purcell Soler

RG-2014-1

Derecho Registral: Contornos de la Facultad calificadora del Registrador al momento de evaluar escrituras de venta judicial por su inscripción en el Registro de la Propiedad

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Luz Delia Pedragón Ferrer

Peticionaria

2016 TSPR 243

v.

194 DPR ____

Hon. Ismael Purcell Soler

Recurrido

Número del Caso: RG-2014-1

Fecha: 12 de diciembre de 2016

Abogado de la parte Peticionaria:

Lcdo. Julio C. Colón Ortiz

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Ismael L. Purcell Soler

Registrador de la Propiedad

Registro de la Propiedad

Sección de Guayama:

Lcdo. Julio César Colón Ortiz

Registrador de la Propiedad

Materia: Derecho Registral: Contornos de la Facultad Calificadora

del Registrador al momento de evaluar escrituras de venta judicial

por su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Luz Delia Pedragón Ferrer

Peticionaria

v.

Núm. RG-2014-0001

Hon. Ismael Purcell Soler

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2016

En

esta

ocasión,

nos

compete

ejercer

nuestra

jurisdicción gubernativa para repasar los contornos de la

facultad calificadora del Registrador al momento de evaluar

escrituras

de

venta

judicial

para

su

inscripción

en

el

Registro de la Propiedad.

I

El 28 de mayo de 2013, el Lcdo. Julio C. Colón Ortiz,

presentó una escritura de venta judicial en el Registro de

la Propiedad, Sección de Guayama. La escritura presentada

fue otorgada el 27 de abril de 2013 y, en ésta, la Sra. Luz

Delia

Pedragón

Ferrer

(peticionaria)

figuraba

como

compradora, mediante la segunda subasta, de una propiedad

sita en el Municipio de Salinas. El licenciado Colón Ortiz

acompañó la escritura de venta judicial con los siguientes

documentos: (1) copia certificada de la sentencia emitida

por el Tribunal de Primera Instancia; (2) copia certificada

de

la

orden

de

ejecución;

(3)

copia

certificada

del

RG-2014-0001

2

mandamiento de ejecución, y (4) copia certificada del acta

de subasta pública, de la cual surgía que el alguacil tuvo

ante su consideración el edicto de subasta correspondiente.

El 5 de noviembre de 2013, el Registrador, Hon. Ismael

L. Purcell Soler, notificó una serie de faltas que impedían

la inscripción de la escritura. Específicamente, señaló las

siguientes:

No se acredita que el demandado haya sido

notificado de aviso de subasta mediante

correo certificado con acuse de recibo.

Regla 51.8 Procedimiento Civil.

Deberá

acompañar

como

documentos

complementarios los siguientes documentos

judiciales debidamente certificados por la

Secretaría del Tribunal: (a) Aviso de

Subasta (b) Acta de primera subasta (c)

Notificación de Sentencia en Rebeldía por

Edicto (d) Certificación de publicación de

edictos conforme los establece el artículo

51.8 de las reglas de Procedimiento Civil,

(Véase enmienda a este artículo por la Ley

17 del 12 de agosto de 2000).

Se (sic) garantiza la hipoteca un título

negociable,

deberá

cancelar

éste

al

momento de otorgarse la escritura de

adjudicación. Art. 138 L-H- Art. 188.2 RH

– Empire Life Ins. vs. Reg. 105 DPR 136

Oportunamente, el licenciado Colón Ortiz presentó una

solicitud de recalificación. En ésta, destacó que no se

incluyó el edicto de subasta como documento complementario,

puesto que el alguacil había declarado que lo tuvo ante sí

en el acta de subasta pública. No obstante, acompañó el

escrito

de

recalificación

con

una

copia

certificada

del

edicto de subasta, en aras de evitar cualquier confusión al

respecto.

Con

relación

a

los

otros

complementarios requeridos por el Registrador, el

documentos

RG-2014-0001

3

licenciado

Colón

Ortiz

documentos

constituía

sostuvo

una

que

solicitar

intromisión

indebida

estos

en

la

función judicial y que la Ley hipotecaria de 1979 y su

Reglamento

no

contemplaban

la

documentos

como

requisitos

para

presentación

la

de

inscripción

esos

de

una

escritura de venta judicial. Indicó que, de la sentencia

dictada por el Tribunal de Primera Instancia,

y de los

documentos que acompañaron la solicitud de inscripción, no

se desprendían irregularidades en el procedimiento judicial

que justificaran requerir la presentación de los mismos.

Por

reparos

último,

con

la

el

licenciado

notificación

de

Colón

Ortiz

faltas

del

manifestó

Registrador,

aduciendo que la falta relacionada con la cancelación de

gravámenes

era

ambigua,

lo

que

impedía

garantizar

el

cumplimiento con la misma. En cuanto a esto, argumentó que

el

Registrador

gravamen

había

errado

posterior,

presentados.

Es

decir,

en

al

concluir

atención

arguyó

que

a

el

que

existía

los

documentos

Registrador

un

había

errado al exigir el cumplimiento con lo dispuesto en el

Artículo 138 de la Ley hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2462,

que sólo es de aplicación a escrituras de cancelación de

hipotecas en garantía de títulos transferibles por endoso,

pero no así para escrituras de venta judicial. A éstas

últimas, según asevera, les aplica el Artículo 134 de la

Ley hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2458.

Así las cosas, el 2 de marzo de 2014, el Registrador

denegó

la

solicitud

de

recalificación

presentada.

RG-2014-0001

4

Esencialmente,

solicitados

adujo

que

los

documentos

tenían

el

propósito

de

complementarios

evidenciar

el

cumplimiento, por parte del Tribunal de Primera Instancia,

con los requisitos plasmados en la Regla 58.1 de las de

Procedimiento Civil.

Con relación a la falta relacionada con la cancelación

de gravámenes, el Registrador explicó que la escritura de

venta

judicial

presentada

no

contenía

una

expresión

certificando que el notario había recibido el pagaré para

proceder a cancelarlo, según lo requiere el Artículo 138 de

la Ley Hipotecaria. El Registrador destacó, además, que la

escritura no especificaba el tipo de gravamen del que se

trataba y que, en todo caso, era un requisito ineludible

cancelar

el

título

o

pagaré

al

momento

de

otorgar

una

escritura de venta judicial.

Inconforme, el licenciado Colón Ortiz presentó este

recurso gubernativo, reiterando los argumentos esbozados en

su solicitud de recalificación e imputándole al Registrador

la comisión de cuatro errores relacionados con las faltas

notificadas. 1 Contando con la comparecencia de ambas partes,

estamos en posición de resolver.

1

Los señalamientos de error planteados son los siguientes:

(1) tardarse 123 días en atender la recalificación; (2)

determinar que a la escritura de venta judicial presentada le

aplicaban las disposiciones del Art. 138 de la Ley

Hipotecaria y el Artículo 188.2 de su Reglamento y la Regla

51.8 de Procedimiento Civil; (3) determinar que las

notificaciones de faltas no deben ser claras, pues le

corresponde al presentante interpretar las mismas, y (4)

determinar que lo resuelto en CRUV v. Registrador, 117 D.P.R.

662 (1986), era de aplicación al caso.

RG-2014-0001

5

II

Como cuestión de umbral, resulta preciso determinar si

el Registrador erró al requerir que, en la escritura de

venta

judicial,

se

hiciera

constar

la

cancelación

del

pagaré. El Artículo 138 de la antigua Ley hipotecaria de

1979, disponía, en lo pertinente, que:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 136 de

esta ley sobre la cancelación de gravámenes

posteriores, las inscripciones de hipoteca

constituidas

para

garantizar

obligaciones

representadas por títulos transferibles por

endoso o pagaderos al portador, cualquiera que

sea la denominación que se les asigne, se

cancelarán

total

o

parcialmente

mediante

escritura otorgada por los tenedores legítimos

de los títulos expresados. En todo caso deberá

hacerse

constar

en

la

escritura

la

identificación

de

los

títulos

y

su

inutilización o reducción parcial en

el acto

de otorgamiento. (énfasis nuestro)

Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979, Ley

Núm. 198 de 8 de agosto de 1979.2

De

otra

parte,

y

en

lo

que

respecta

a

las

ventas

judiciales, el Artículo 134 de la Ley de 1979 establecía

que

“[s]erán

canceladas

de

oficio

las

inscripciones

de

hipoteca cuando de las sucesivas inscripciones de la finca

2

La controversia ante nuestra consideración se rige por las

disposiciones de la Ley Hipotecaria y del Registro de la

Propiedad de 1979, Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979 y su

Reglamento, por ser la ley vigente al momento que se suscita

la controversia que hoy atendemos.

Como se sabe, esta ley

fue derogada por la Ley del Registro de la Propiedad

Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley

núm. 210 de 8 de diciembre de 2015, según enmendada. El Art.

322 de la Ley 210 indica que ésta entrará en vigor 90 días

después de su aprobación.

Como veremos, la nueva ley

reafirma lo dispuesto en la Ley 198 con lo cual, el resultado

a que llegaríamos bajo el nuevo estatuto sería el mismo.

Véase discusión, infra.

RG-2014-0001

6

resulte que ésta o el derecho sobre el que se constituyó la

hipoteca fue ejecutado o vendido en pública subasta….”

Una lectura integrada de ambos artículos no apunta a

que éstos sean mutuamente excluyentes. Es decir, un notario

no está exento del requisito de constatar, en la escritura

de venta judicial, la reducción o inutilización del pagaré

que

representa

la

obligación

que

es

objeto

del

pleito

judicial. En todos los casos en que una obligación esté

garantizada

por

una

hipoteca

que,

a

su

vez,

esté

representada por un pagaré, será indispensable que, cuando

tal

garantía

se

ejecute

o

se

venda

el

bien

en

pública

subasta en cobro de la obligación, se cancele e inutilice

el

pagaré

que

la

representa.

Nótese,

además,

que

el

Artículo 138 de la Ley 198 claramente alude a todo caso en

el que las obligaciones estén representadas “por títulos

transferibles

por

endoso

o

pagaderos

al

portador,

cualquiera que sea la denominación que se les asigne”.

Asimismo,

los

preceptos

judiciales

contenidos

hipotecaria

de

1979

en

apoyan

relativos

a

las

el

Reglamento

de

tal

conclusión.

ventas

la

Ley

lo

que

En

concierne a la controversia ante nuestra consideración, el

Artículo 183.3, al detallar el procedimiento a seguir para

la

ejecución

por

la

vía

sumaria,

establece

que

“[e]l

tribunal se asegurará de que el título que representa la

obligación

garantizada

se

cancele,

sea

o

no

negociable

este”. Art. 183.3, Reglamento para la ejecución de la Ley

Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 9 de julio de

RG-2014-0001

1980

7

(Reglamento),

según enmendado, Reglamento Núm. 2674

del Departamento de Justicia. Asimismo, el Artículo 188.2,

dispone

que,

en

aquellos

casos

en

los

que

se

declaren

desiertas las tres subastas y la finca se le adjudique al

acreedor

ejecutante,

alguacil

que

este

otorgue

último

la

podrá

escritura

solicitar

de

al

adjudicación

correspondiente. En estas instancias, el artículo exige que

“[d]e

garantizar

cancelará

éste

adjudicación,

la

hipoteca

al

momento

y

se

de

hará

un

título

otorgarse

constar

negociable,

la

la

escritura

reducción

se

de

que

corresponde”. Art. 188.2, Reglamento.

Eximir

al

notario

cancelar

el

provoca

incertidumbre

seguridad

jurídica

alcanzar

y

pagaré

es

de

cumplir

la

escritura

en

la

que

además,

cual

es

nuestro

con

de

el

requisito

venta

judicial

inconciliable

sistema

jurídicamente

de

registral

incorrecto.

con

la

busca

Ello,

porque la hipoteca que garantiza el pago de la obligación

principal contenida en el pagaré, ha dejado de existir al

cobrarse

la

deuda

mediante

propiedad

hipotecada.

Al

la

cesar

ejecución

la

o

venta

obligación

de

de

la

pagar,

tiene que cancelarse el pagaré. Véase Plaza del Rey, Inc.

v. Registrador, 133 D.P.R. 188 (1993). La hipoteca inscrita

en el Registro deja de existir, como deja de existir la

obligación garantizada.

A todas luces, una incongruencia

de ese tipo entre el registro y la realidad jurídica es

insostenible

jurídico.

y

atenta

contra

la

seguridad

del

tráfico

RG-2014-0001

8

La nueva ley hipotecaria, denominada Ley del Registro

de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, Ley núm. 210 de 8 de diciembre de 2015 (Ley

210),

tiene

como

uno

de

procedimiento

ordinario

agilizar

inscripción

judicial.

Así,

el

la

sus

de

de

objetivos,

ejecución

las

de

simplificar

el

hipotecas

y

escrituras

de

venta

Véase, Exposición de Motivos de la Ley 210.

Artículo

112

de

la

Ley

210,

según

enmendada,

dispone lo siguiente:

Vendida o adjudicada la finca o derecho

hipotecado

y

consignado

el

precio

correspondiente, en esa misma fecha o fecha

posterior, el alguacil que celebró la subasta

procederá

a

otorgar

la

correspondiente

escritura pública de traspaso en representación

del dueño o titular de los bienes hipotecados,

ante el notario que elija el adjudicatario o

comprador, quien deberá abonar el importe de

tal escritura. La orden que confirma la

adjudicación o venta de los bienes hipotecados

dispuesta en el Artículo 107 de la presente

Ley,

no

será

requisito

previo

para

la

otorgación de la escritura pública de traspaso

por el alguacil de los bienes hipotecados al

adjudicatario o comprador, aunque sí para que

pueda quedar inscrita.

El abogado que haya

comparecido

en

el

proceso

legal

en

representación de la parte demandante, del

adjudicatario o comprador, o haya comparecido

como oficial autorizado de estos últimos en el

proceso de pública subasta, estará impedido de

autorizar dicho instrumento público en su

capacidad de notario. En dicha escritura el

notario

dará

fe

de

haber

inutilizado

y

cancelado el pagaré garantizado con la hipoteca

objeto de ejecución. El alguacil pondrá en

posesión judicial al nuevo dueño, si así se lo

solicita dentro del término de veinte (20) días

a partir de la venta o adjudicación. Si

transcurren los referidos veinte (20) días, el

tribunal podrá ordenar, sin necesidad de

ulterior procedimiento, que se lleve a efecto

el desalojo o lanzamiento del ocupante u

ocupantes de la finca o de todos los que por

RG-2014-0001

9

orden o tolerancia

(Énfasis nuestro.)

del

deudor

la

ocupen.

Art. 112, Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 210 del 8 de

diciembre de 2015, según enmendada.

Ciertamente,

este

artículo

consolida

lo

dispuesto

en

el

Artículo 134 y 138 de la anterior Ley Hipotecaria, que como

discutimos

son

controversia.

los

artículos

aplicables

a

esta

El Artículo 112 de la Ley 210, al igual que

los de la anterior ley, hacen patente que el notario, en la

escritura

de

inutilizado

venta

y

judicial,

cancelado

el

deberá

pagaré

dar

fe

de

garantizado

haber

con

la

de

la

hipoteca objeto de ejecución.

En

el

presente

caso,

según

se

desprende

sentencia en rebeldía dictada por el Tribunal de Primera

Instancia, el 28 de septiembre de 1998, se otorgó un pagaré

a favor de Doral Mortgage Corp., por la suma principal de

$40,000. Para garantizar el pago de ese instrumento, se

constituyó

una

hipoteca

sobre

el

inmueble

objeto

de

la

venta judicial que nos ocupa. Sin embargo, al momento de

otorgar

la

escritura

de

venta

canceló el referido pagaré.

judicial,

el

notario

no

Al así proceder, incumplió con

lo dispuesto en la antigua Ley hipotecaria y su Reglamento.

Por tal razón, no erró el Registrador al notificar como

falta que no se había cancelado el pagaré en la escritura

de venta judicial.

Corresponde,

otros

entonces,

señalamientos

peticionario.

Por

de

estar

evaluar

los

error

planteados

estrechamente

méritos

de

los

por

el

relacionados,

RG-2014-0001

10

atendemos los errores relacionados con el momento y el modo

de la calificación.

III

Como

se

Registrador

mencionó,

erró

al

el

peticionario

demorarse

123

días

sostiene

en

que

el

atender

su

escrito de recalificación. Asimismo, arguye que las faltas

que le fueron notificadas no fueron claras, por lo que se

le dificultó interpretar las mismas.

Si

bien

es

cierto

que,

bajo

el

Artículo

71

de

la

antigua Ley hipotecaria, el Registrador tenía 30 días para

disponer de un escrito de recalificación, este Tribunal ha

resuelto que dicho término “no es, ni puede ser, fatal”,

sino de carácter directivo. Véase Senior Las Marías Corp.

v. Registrador, 113 D.P.R. 675, 683, n.5 (1982); Algarín v.

Registrador, 110 D.P.R. 603 (1981).

No obstante, el hecho

de que el término sea de carácter directivo no es óbice

para que, al amparo del Artículo 66.3 del Reglamento, se

inicie el procedimiento de una queja por demora. 3 Véase

C.R.I.M. v. Registradora, 193 D.P.R. 943, 948 (2015).

Anteriormente,

hemos

advertido

que

la

naturaleza

directiva del término de treinta días “no releva a los . .

. registradores de la propiedad de su obligación de hacer

un esfuerzo máximo por cumplir con el referido término”.

Senior Las Marías Corp., 113 D.P.R. en la pág. 683, n.5.

3

El Artículo 234 de la Ley 210 dispone expresamente que

“[e]l incumplimiento con el término dispuesto en este

Artículo dará lugar a sanciones disciplinarias según se

disponga por reglamento”. Art. 234, Ley Núm. 210 del 8 de

diciembre de 2015, supra.

RG-2014-0001

11

Dado que, en el presente caso, el escrito de recalificación

no fue atendido hasta 123 días después de su presentación,

precisa advertir nuevamente a los Registradores sobre la

importancia

de

ejercer

sus

funciones

con

la

diligencia

requerida y sin incurrir en demoras que obstaculicen la

inscripción de documentos en el Registro.

En lo que respecta a la presunta imprecisión en la

notificación

de

las

faltas,

hipotecaria

de

1979

el

exige

Artículo

al

65

de

Registrador

la

Ley

que

la

notificación de faltas contenga todos los motivos legales

en

los

que

se

basa

la

calificación.

Artículo

65

establece

la

autonomía

momento

de

calificar

los

documentos

De

otra

parte,

el

del

Registrador

al

presentados.

(“El

registrador tendrá autonomía en su facultad calificadora y

contra

su

calificación

solamente

procederá

el

recurso

[gubernativo]”.)

De las faltas notificadas en el presente recurso, no

surge una ininteligibilidad o ambigüedad que imposibilite

su comprensión. Lo que sí se desprende de la notificación

es

que

el

Registrador

erró

al

momento

de

citar

la

disposición legal que resumió en la falta. Resulta preciso,

pues,

recordarle

a

los

Registradores

que,

en

la

notificación de las faltas, “[e]s necesario que . . . citen

el precepto legal que sostiene la denegatoria de que se

trate”. S.B. Pharmco P.R. Inc. v. Registrador, 148 D.P.R.

336, 352-54 (1999).

Ello evita confusiones y permite que

la parte interesada pueda rectificar el error cometido o

RG-2014-0001

12

someter un escrito de recalificación con cabal conocimiento

del fundamento legal por el cual denegaron su inscripción.

“Después de todo, la nota denegatoria no debe inducir a

error.

Tampoco debe provocar la indefensión de aquellos

que

buena

de

fe

quieran

impugnar

la

calificación

del

Registrador de la Propiedad”. Id. en la pág. 354.

IV

En su último señalamiento de error, el peticionario

arguye que lo resuelto en el caso de CRUV v. Registrador,

117

D.P.R.

662

(1986),

es

inaplicable

a

este

caso.

Asimismo, sostiene que no era necesario acreditar que el

demandando en el caso de ejecución de hipoteca hubiese sido

notificado del aviso de subasta mediante correo certificado

con acuse de recibo. En esencia, su contención principal es

que, dado que en

Regla

de

CRUV v. Registrador

Procedimiento

Civil

que

se interpretó una

posteriormente

enmendada, la norma allí pautada carece de vigencia.

fue

No le

asiste la razón.

En CRUV v. Registrador, este Tribunal dictaminó que

las escrituras de venta judicial no revestían el carácter

de

los

documentos

expedidos

por

autoridad

judicial

contemplados en el tercer párrafo del Artículo 64 de la Ley

hipotecaria de 1979. Al así proceder, se identificó “una

categoría intermedia o híbrida: los documentos notariales

avalados

por

un

trámite

judicial”.

Luis

Rafael

Rivera

Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño 291

(3ra ed. 2012). En atención a ello, se determinó que, al

RG-2014-0001

solicitar

13

la

inscripción

de

una

escritura

de

venta

judicial, se debía acreditar el cumplimiento con la Regla

58.1 de Procedimiento Civil de 1979 que, en aquel momento,

regulaba todo lo relativo a las ventas judiciales. Esto,

porque

la

calificación

de

los

documentos

notariales

comprendía la validez de los actos y contratos contenidos

en ellos, según lo dispuesto en el Artículo 64 de la Ley

Hipotecaria de 1979.

La regla que actualmente detalla el procedimiento al

que han de adherirse los tribunales al momento de llevar a

cabo una venta judicial es la Regla 51.7 de Procedimiento

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.57.1. Ésta corresponde a la

anterior

Regla

51.8

que

se

interpretó

en

CRUV

v.

Registrador. En la Regla 51.7, tal y como se hacía en la

regla

anterior,

se

condiciona

la

validez

de

la

venta

judicial al cumplimiento con el aviso de venta en la forma

allí indicada. En lo que atañe el señalamiento de error

ante

nuestra

consideración,

copia

del

de

aviso

la

venta

Regla

sea

51.7

enviada

exige

al

que

deudor

la

por

sentencia, y a su abogado, vía correo certificado con acuse

de recibo.

Dado que el incumplimiento con este requisito procesal

anula la venta judicial celebrada, no erró el Registrador

al

requerir

evidencia

notificado

del

certificado.

Asimismo,

que

aviso

acreditara

de

los

subasta

demás

que

el

deudor

mediante

documentos

fue

correo

requeridos,

tienen el propósito de verificar el cumplimiento con los

RG-2014-0001

requisitos

14

procesales

dispuestos

Procedimiento Civil. 4

en

la

Regla

51.7

de

“Debemos recordar que „en materia de

venta judicial, se proclama como postulado fundamental que

no existe presunción a favor de que todo se ha hecho en

forma adecuada por el Alguacil‟”. CRUV v. Registrador, 117

D.P.R.

662,

669

calificación

de

Puertorriqueño

corresponde

(1986)(citando

los

documentos

83,

91

al

M.R.

judiciales,

(1981).

comprador

a

Aguiló,

77

Precisamente

probar

que

se

La

Rev.

Der.

por

ello,

ha

cumplido

cabalmente con las reglas y los estatutos aplicables.

Después

de

Registrador

todo,

abarca

la

“las

función

formas

calificadora

extrínsecas

del

de

los

documentos presentados, la capacidad de los otorgantes y la

validez

de

los

documentos”.

cabalmente

actos

Art.

tal

63,

y

contratos

Ley

función,

198

el

de

Art.

contenidos

en

1979.

Para

64

la

de

tales

cumplir

Ley

198

específicamente dispone que el Registrador podrá “requerir

que

se

produzcan

adecuada

los

calificación,

judiciales

o

116.2

Reglamento.

del

documentos

bien

administrativos”.

De

otra

necesarios

sean

éstos

para

una

notariales,

Véase,

además,

parte,

este

Artículo

Tribunal

ha

dispuesto, reiteradamente, que tanto la Ley 198 como su

4

En cuanto a la notificación de sentencia en rebeldía por

edicto, de la sentencia en rebeldía dictada por el Tribunal

de Primera Instancia el 17 de mayo de 2012, se desprende que

la parte demandada fue emplazada mediante la publicación de

edictos y nunca compareció al pleito. Por tal razón, en

atención al texto de la Regla 65.3 de Procedimiento Civil,

era necesario que la sentencia en rebeldía le fuese

notificada por edicto. Véase Banco Popular v. Andino Solís,

192 D.P.R. 172 (2015).

RG-2014-0001

15

Reglamento le asignan al Registrador una facultad limitada

al calificar un documento judicial. 5 Santiago v. ELA, 163

D.P.R. 149 (2004). Véase, además, R & G Premier Bank P.R.

v.

Registradora,

158

D.P.R.

241

(2002); Narváez

v.

Registrador, 156 D.P.R. 1 (2002); U.S.I. Properties, Inc.

v. Registrador, 124 D.P.R. 448 (1998).

V

En mérito de la discusión que antecede, no erró el

Registrador

al

requerir

que,

en

la

escritura

de

venta

judicial, se hiciera constar la cancelación del pagaré que

representaba

la

garantía

ejecutada.

correctamente

el

Registrador

al

Asimismo,

requerir

actuó

documentos

que

evidenciaran el cumplimiento con los requisitos procesales

que establece la Regla 51.7 de Procedimiento Civil. Esto,

en

virtud

de

lo

resuelto

por

este

como

se

Tribunal

en

CRUV

v.

Registrador.

De

otra

parte,

y

discutió,

resulta

necesario aprovechar la oportunidad para, nuevamente, recordar a los

5

El Art. 64 de la Ley 198 de 1979 dispone en lo pertinente:

En cuanto a los documentos expedidos por la

autoridad judicial, la calificación expresada se

limitará:

(1) A la jurisdicción y competencia del tribunal;

a la naturaleza y efectos de la resolución

dictada

si

ésta

se

produjo

en

el

juicio

correspondiente; y si se observaron en él los

trámites y preceptos esenciales para su validez;

(2) a las formalidades

documentos presentados, y

extrínsecas

(3) a los antecedentes del Registro.

de

los

RG-2014-0001

16

registradores

de

la

propiedad

la

importancia

de

su

magisterio y reiterar que éste ha de ejercerse con extrema

diligencia y rigurosidad. La inobservancia de los términos

dispuestos para cumplir sus funciones, y el incumplimiento

con los requisitos que rigen la notificación de faltas,

especialmente

la

referencia

al

precepto

legal

que

las

motiva, son incompatibles con el puesto de Registrador de

la

Propiedad.

meticulosos

Los

al

registradores

notificar

faltas

y

deben

ser

rigurosos

deben

atender

con

y

la

premura que ameritan los documentos que se presentan para

ser

calificados

en

aras

de

garantizar

su

pronta

inscripción.

Por

los

fundamentos

que

anteceden,

se

confirma

la

recalificación recurrida.

Se dictará sentencia de conformidad.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Luz Delia Pedragón Ferrer

Peticionaria

v.

Núm. RG-2014-0001

Hon. Ismael Purcell Soler

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico 12 de diciembre de 2016

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, se confirma la recalificación recurrida.

Así pues, no erró el Registrador al requerir

que, en la escritura de venta judicial, se hiciera

constar la cancelación del pagaré que representaba la

garantía ejecutada. Asimismo, actuó correctamente el

Registrador al requerir documentos que evidenciaran

el cumplimiento con los requisitos procesales que

establece la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A. Ap. V, R.57.1. Esto, en virtud de lo

resuelto por este Tribunal en CRUV v. Registrador,

117 D.P.R. 662 (1986).

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón

Charneco concurre sin opinión escrita.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo