LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Cardona Caraballo v. Autoridad de Carreteras y Transportación

2016 TSPR 242

Poder Judicial de Puerto Rico

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Cardona Caraballo v. Autoridad de Carreteras y Transportación

CC-2014-200

Derecho Laboral: Pago de los Gastos por concepto de dietas y millaje constituye un beneficio económico que se puede reclamar al amparo de la Ley Núm 180-1998, conocida como Ley de salario mínimo, vacaciones y licencia por enfermedad de Puerto Rico

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Julio Cardona Caraballo

Peticionario

Certiorari

v.

2016 TSPR 242

Autoridad de Carreteras y

Transportación

196 DPR ____

Recurrida

Número del Caso: CC-2014-200

Fecha: 9 de diciembre de 2016

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan-Panel IV

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Juan R. Dávila Díaz

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Salvador F. Rovira Rodríguez

Lcdo. Juan Carlos Villafañe Conde

Materia: Derecho Laboral: Pago de los gastos por concepto de dietas y

millaje constituye un beneficio económico que se puede reclamar al

amparo de la Ley Núm. 180-1998, conocida como Ley de salario mínimo,

vacaciones y licencia por enfermedad de Puerto Rico.

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Julio Cardona Caraballo

Peticionario

v.

CC-2014-200

Certiorari

Autoridad de Carreteras y

Transportación

Recurrida

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA

MARTÍNEZ

San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2016.

Este

caso

nos

brinda

la

ocasión

para

determinar si el pago de los gastos por concepto

de

dietas

y

millaje

constituye

un

beneficio

económico que los empleados pueden reclamar al

amparo del Art. 11(a) de la Ley Núm. 180-1998,

conocida como Ley de salario mínimo, vacaciones y

licencia por enfermedad de Puerto Rico, infra.

Expongamos

procesales

que

los

nos

antecedentes

auxiliarán

a

fácticos

resolver

y

las

controversias que nos ocupan.

I

Este

caso

tiene

su

génesis,

el

3

de

diciembre de 2010, cuando el aquí peticionario,

CC-2014-200

2

Sr. José J. Cardona Caraballo (señor Cardona Caraballo),

y

varios

empleados

Trabajadores

de

presentaron

una

Instancia

contra

pertenecientes

la

Autoridad

Demanda

la

ante

de

el

a

la

Unión

Carreteras

Tribunal

Autoridad

de

de

de

(UTAC)

Primera

Carreteras

y

Transportación (ACT).1 En ésta, reclamaron el reembolso

de los gastos por concepto de dietas y millaje adeudados

desde el 1 de julio de 2010. Para ello, se ampararon en

el Art. LIV del Convenio Colectivo suscrito entre la ACT

y la UTAC (Convenio Colectivo), el Art. 7(a) de la Ley

Núm. 74 de 23 de junio de 1965, 9 LPRA sec. 2007(a), y

el

Reglamento

Núm.

09-001

sobre

Gastos

de

viaje

y

representación. Además, solicitaron la imposición de la

penalidad contemplada en el Art. 11(a) de la Ley Núm.

180-1998 (Ley Núm. 180), 29 LPRA sec. 250i, la cual se

refiere a recibir una cantidad adicional igual a la que

se

le

haya

dejado

de

satisfacer,

por

salarios,

beneficios,

vacaciones

o

enfermedad

dejadas

pagar

los

de

con

concepto

licencias

intereses

de

por

y

honorarios de abogado correspondientes.

En lo pertinente, los demandantes indicaron que la

falta de pago les causó daños a su poder adquisitivo y

patrimonial, ya que en su faena diaria han incurrido en

gastos en beneficio de la ACT y no han recibido su justa

1

Transcurridos varios incidentes procesales, se

presentó una Demanda Enmendada en la cual la Unión de

Trabajadores

de

la

Autoridad

de

Carreteras

(UTAC)compareció en representación de toda su matrícula

de unionados.

CC-2014-200

3

compensación.

Para

sostuvieron

que

concerniente

al

millaje,

fundamentar

el

Art.

reembolso

continuó

su

petitorio,

el

cual

LIV,

de

vigente

los

gastos

luego

de

éstos

regula

de

la

lo

dietas

y

fecha

de

vencimiento del Convenio Colectivo.

En respuesta, ACT admitió que no había reembolsado

los gastos de dietas y millaje reclamados y reconoció

que había incumplido con el pago por alegadamente el

Convenio Colectivo haber expirado el 30 de junio de 2010

y

el

Art.

independiente.

LIV

no

tener

Asimismo,

vigencia

indefinida

e

que

encontraba

en

alegó

se

proceso de atender las reclamaciones de dietas y millaje

que fueran procedentes, mientras se negociaba y firmaba

un nuevo convenio colectivo.

Posteriormente, la UTAC presentó una Moción Urgente

en Solicitud de Remedio. En ésta, informó que la ACT

había emitido una resolución administrativa y comenzado

a pagar las partidas de dietas y millaje a sus miembros,

sin contar con el consentimiento de éstos, para burlar

la jurisdicción del foro primario en cuanto a cualquier

controversia

relacionada

con

las

cantidades

y

penalidades reclamadas, incluyendo evadir la penalidad

dispuesta en la Ley Núm. 180. Por tanto, solicitó que se

le ordenara a la ACT descontinuar dicho proceder.

Ante ello, la ACT presentó un escrito intitulado

Oposición a Moción Urgente y Moción Solicitando se Dicte

____________________________

CC-2014-200

4

Sentencia Sumaria. En lo pertinente, arguyó que debido a

que el Convenio Colectivo expiró el 30 de junio de 2010,

no

tenía

facultad

legal

para

efectuar

los

pagos

de

dietas y millaje reclamados, toda vez que no disponía de

una

fórmula

que

lo

regulara.

Informó

que

comenzó

a

efectuar los reembolsos, ya que el 8 de marzo de 2011

aprobó una resolución administrativa que se lo permitía.

Por

tanto,

adujo

que

el

pleito

se

había

tornado

académico. De igual forma, alegó que era improcedente la

penalidad

dispuesta

en

reclamación

instada

no

beneficios,

vacaciones

la

Ley

se

o

Núm.

180,

relaciona

a

salarios,

por

enfermedad

licencias

pues

la

dejadas de pagar. Así las cosas, solicitó que se dictara

sentencia

sumaria

y

se

desestimara

el

pleito

por

academicidad.

Oportunamente, la UTAC se opuso a la solicitud de

sentencia

sumaria

incoada

por

la

ACT.

En

esencia,

argumentó que no procedía la disposición sumaria del

pleito debido a que la ACT no sustentó su alegación de

que el Art. LIV no tenía vigencia propia más allá de la

fecha de expiración del Convenio Colectivo. Afirmó que

el lenguaje del convenio era claro en cuanto a que el

Art. LIV tiene su propia vigencia, lo que significa que

continuó con pleno vigor luego del 30 de junio de 2010.

De

esta

forma,

adujo

que

la

ACT

siempre

mantuvo

la

facultad legal para efectuar los pagos requeridos y no

lo hizo.

CC-2014-200

5

A su vez,

la UTAC indicó que

académico,

toda

reembolso

de

vez

los

el pleito no era

que

no

tan

solo

gastos

de

dietas

solicitan

y

millaje,

el

sino

también la penalidad establecida en la Ley Núm. 180. En

ese

sentido,

realizar

la

los

UTAC

pagos,

administrativa,

con

sostiene

que

valiéndose

el

fin

de

la

de

ACT

comenzó

una

resolución

tornar

el

caso

a

en

académico y evadir esa penalidad.

Por su parte, la ACT presentó una dúplica en la

cual expresó que la interpretación ofrecida por la UTAC

sobre el Convenio Colectivo no tenía fundamento. Señaló

que aunque el Convenio Colectivo establece que tendrá

una vigencia del 1 de julio de 2006 al 30 de junio de

2010 y que el Art. LIV contiene su propia vigencia, esto

último se refiere a la fecha en que el artículo entraría

en vigor; es decir, diez (10) días luego de la firma del

Convenio Colectivo. Según la ACT, si la intención de las

partes

era

que

el

Art.

LIV

tuviera

una

vigencia

indefinida, así lo hubieran pactado expresamente.

Examinadas las posturas de las partes, el 31 de

mayo de 2011, el Tribunal de Primera Instancia emitió

una Sentencia Parcial mediante la cual concluyó que no

existía controversia real ni sustancial sobre los hechos

esenciales, por lo que procedía disponer del caso de

forma sumaria parcial. A tales efectos, dictaminó que el

Art.

LIV

expiración

continuó

del

vigente

Convenio

luego

de

la

fecha

de

Colectivo,

ya

que

claramente

CC-2014-200

estaba

6

exceptuado

de

ésta.

Además,

determinó

que

el

pleito no era académico, pues se cumplen varias de las

excepciones a la doctrina de la academicidad, a saber:

(1) la controversia de autos es susceptible de repetirse

cada

vez

que

expire

un

convenio

colectivo

entre

las

partes; (2) la ACT ha intentado modificar los hechos del

caso aprobando una resolución administrativa, pero el

cambio no es permanente; y (3) subsiste una reclamación

colateral,

debido

a

que

se

solicita

la

penalidad

dispuesta en la Ley Núm. 180.

A su vez, el foro primario razonó que en el caso de

epígrafe era de aplicación lo dispuesto en el Art. 11(a)

de la Ley Núm. 180. Ello, por entender que el reembolso

por

concepto

económico

de

que

dietas

está

y

millaje

es

un

beneficio

contemplado

en

la

aludida

legislación. En vista de lo anterior, ordenó determinar

la cuantía a ser pagada por la ACT. En desacuerdo con lo

resuelto,

la

ACT

solicitó

reconsideración,

pero

fue

denegada.

Así las cosas, la ACT acudió ante el Tribunal de

Apelaciones. Aquilatados los argumentos de las partes,

el 16 de agosto de 2013, el foro apelativo intermedio

emitió una Sentencia mediante la cual revocó el dictamen

recurrido y desestimó el pleito. Razonó que éste era

académico, ya que el 8 de marzo de 2011 la ACT aprobó la

Resolución Núm. 2011-09, mediante la cual estableció la

forma en que debían realizarse los pagos de dietas y

CC-2014-200

7

millaje. Para el Tribunal de Apelaciones, la aprobación

de

la

resolución

reembolso

de

permitió

los

que

pagos

la

de

ACT

comenzara

dietas

y

el

millaje

correspondientes. Por ende, entendió que no existía una

controversia justiciable.

Además, el foro apelativo intermedio determinó que

el Tribunal de Primera Instancia incidió al concluir que

el

Art.

LIV

Convenio

permanecería

Colectivo.

expresamente

del

demandantes

vigente,

aun

que

ello

Indicó

convenio.

En

presentaron

vencido

no

surgía

disconformidad,

una

el

solicitud

los

de

reconsideración, pero fue declarada no ha lugar.

Inconforme, el señor Cardona Caraballo recurre ante

este

Tribunal

mediante

recurso

de

certiorari.

En

esencia, señala que el Tribunal de Apelaciones erró al

determinar lo siguiente: (1) que el caso de autos es

académico; (2) que el Art. LIV no continuó vigente luego

de la fecha de vencimiento del Convenio Colectivo; y (3)

que

los

reembolsos

reclamados

no

son

el

tipo

de

beneficio económico que contempla el Art. 11(a) de la

Ley

Núm.

presentado,

180.

el

Examinado

31

de

el

octubre

recurso

de

2014,

de

certiorari

emitimos

una

Resolución mediante la cual expedimos el auto.

En su comparecencia ante este Tribunal, el señor

Cardona

Caraballo

reproduce

los

argumentos

esgrimidos

ante los foros recurridos. Esto es, sostiene que la ACT

adeuda el reembolso de los gastos por concepto de dietas

CC-2014-200

8

y millaje a partir del 1 de julio de 2010. Reitera que

la ACT siempre mantuvo su obligación legal de efectuar

los pagos reclamados, debido a que el Convenio Colectivo

es

claro

al

indicar

que

el

Art.

LIV

tiene

vigencia

propia más allá del 30 de junio de 2010. Es decir, que

el Art. LIV está exceptuado de la fecha de expiración

del Convenio Colectivo.

De

igual

forma,

el

señor

Cardona

Caraballo

argumenta que el pleito no es académico, pues se cumplen

varias

de

las

ordenamiento.

reclamación

excepciones

dispuestas

Señala

que

tras

la

judicial,

la

ACT

comenzó

en

presentación

a

nuestro

de

la

efectuar

los

pagos, valiéndose de una resolución administrativa, en

aras

de

tornar

el

caso

en

académico

y

evadir

la

penalidad que establece el Art. 11(a) de la Ley Núm.

180. Además, plantea que el Art. 11(a) de la Ley Núm.

180 es de aplicación al caso de autos, pues arguye que

el reembolso de los gastos por concepto de dietas y

millaje es parte de los beneficios que conllevan una

aportación económica de parte del patrono. Amparado en

todo lo anterior, solicita que revoquemos el dictamen

emitido por el Tribunal de Apelaciones.

Por su parte, la ACT comparece mediante Alegato de

la Parte Recurrida, en el cual también reproduce los

argumentos

planteados

ante

los

foros

recurridos.

En

otras palabras, expresa que a partir del 1 de julio de

2010 dejó de efectuar los pagos de dietas y millaje

CC-2014-200

9

reclamados por razón de que el Convenio Colectivo expiró

el 30 de junio de 2010. Alega que por tal motivo no

contaba con una fórmula legal que regulara el desembolso

de los pagos. En ese sentido, plantea que en el Convenio

Colectivo no se dispuso que el Art. LIV tuviera una

vigencia indefinida e independiente.

Del mismo modo, la ACT señala que desde el momento

en que se aprobó la Resolución Núm. 2011-08, la cual

regula de manera interina el desembolso de gastos de

dietas y millaje retroactivo al 1 de julio de 2010, el

pleito

se

tornó

académico.

Informa

que

la

aludida

resolución fue enmendada por la Resolución Núm. 2011-13,

para extenderla hasta la firma de un nuevo convenio. Por

último, la ACT aduce que la Ley Núm. 180 es inaplicable

a la reclamación instada porque ésta no se relaciona a

salarios,

beneficios,

vacaciones

o

licencias

por

enfermedad dejadas de pagar. A la luz de lo anterior,

solicita que confirmemos la Sentencia emitida por el

Tribunal de Apelaciones.

Expedido

beneficio

el

de

recurso

la

de

certiorari

comparecencia

de

y

ambas

con

el

partes,

resolvemos.

II

A.

En términos generales, un convenio colectivo es un

acuerdo

obrera

por

y

un

escrito

patrono,

efectuado

en

el

entre

cual

se

una

organización

especifican

los

CC-2014-200

10

términos y condiciones de empleo para los trabajadores

cubiertos por el contrato, el estatus de la organización

obrera y el procedimiento para resolver las disputas que

se susciten durante la vigencia del mismo. COPR v. SPU,

181

DPR

299,

319

(2011);

véanse,

además,

M.

Méndez

Ballester, Vocabulario obrero-patronal, San Juan, Puerto

Rico, 1962, pág. 25; H.R. Arroyo-Aguilar, Léxico laboral

puertorriqueño: diccionario de términos jurídicos sobre

el

Derecho

del

trabajo,

Ediciones

Situm,

San

Juan,

Puerto Rico, 2010, pág. 68. Los convenios colectivos se

consideran instrumentos útiles para la promoción de la

política pública laboral del Estado, por lo que están

revestidos

de

un

alto

interés

público.

COPR

v.

SPU,

supra, pág. 321; JRT v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce,

122 DPR 318, 330 (1988). Además, se ha afirmado que la

celebración

de

éstos

fomenta

la

paz

laboral,

ya

que

permiten resolver de forma pacífica las controversias

obrero-patronales que acontezcan. COPR v. SPU, supra,

pág. 321.

Es doctrina reiterada que los convenios colectivos

son contratos y, como tal, tienen fuerza de ley entre

las partes. COPR v. SPU, supra, pág. 320; CFSE v. Unión

de Médicos, 170 DPR 443, 451 (2007); JRT v. Junta Adm.

Muelle Mun. de Ponce, supra, pág. 333; véase, además,

Art. 1044 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec.

2994. Claro está, siempre que no contravengan las leyes,

la moral o el orden público. Véase Art. 1207 del Código

CC-2014-200

11

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3372. Ello significa

que al pactar el contenido de un convenio colectivo, las

partes deben cumplirlo con estricta rigurosidad. COPR v.

SPU, supra, pág. 320; CFSE v. Unión de Médicos, supra,

pág. 451; Martínez Rodríguez v. AEE, 133 DPR 986, 995

(1993).

Esto,

pues,

el

convenio

colectivo

obliga

al

patrono, a la unión y a los miembros individuales de la

unión. COPR v. SPU, supra, pág. 320; San Juan Mercantile

Corp. v. JRT, 104 DPR 86, 89 (1975). Por consiguiente,

ni

el

patrono

ni

los

empleados

pueden

pretender

beneficiarse de ciertas cláusulas y rechazar otras. COPR

v. SPU, supra, pág. 320; San Juan Mercantile Corp. v.

JRT, supra, pág. 89.

B.

Es menester indicar que el Art. 7(a) de la Ley Núm.

74 de 23 de junio de 1965, conocida como Ley de la

Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico,

dispone expresamente que “[l]os funcionarios y empleados

de

la

Autoridad

tendrán

derecho

al

reembolso

de

los

gastos de viaje necesarios o en su lugar a las dietas

correspondientes

aprobados

por

que

la

sean

autorizadas

Autoridad”.

9

LPRA

por

reglamentos

sec.

2007(a).

Específicamente, el Reglamento Núm. 09-001 sobre Gastos

de viaje y representación, fue aprobado por la ACT el 16

de mayo de 1992, con el propósito de establecer las

normas a seguir por los funcionarios y empleados de la

ACT

relacionadas

con

los

gastos

de

viaje

y

CC-2014-200

12

representación.

decretar

las

Además,

dietas

se

y

promulgó

millaje

que

con

el

fin

de

se

pagarán

por

concepto de dichos viajes. Véase Apéndice de la petición

de certiorari, págs. 94-124. Cabe señalar que el Art.

V(A) del reglamento dispone que “los empleados unionados

que reclamen dieta, millaje y alojamiento, recibirán el

reembolso

por

los

gastos

a

tono

con

el

convenio

ACT

y

la

de

julio

colectivo vigente”. Íd., pág. 99.

C.

Cónsono

suscribieron

2006,

en

con

lo

un

Convenio

el

cual

anterior,

la

Colectivo

pactaron

el

5

varios

asuntos

UTAC

de

obrero-

patronales y se comprometieron a no violar sus términos.

Véase Convenio Colectivo, Apéndice de la petición de

certiorari,

pág.

134.

En

lo

que

controversia

ante

nos,

la

ACT

y

concierne

la

UTAC

a

la

acordaron

expresamente en el Art. LX del convenio que éste tendría

“una vigencia del 1ro de julio de 2006 al 30 de junio

del

año

contienen

2010,

su

salvo

propia

las

siguientes

vigencia:

a)

cláusulas

Artículo

que

XLVIII

„Bonificación Por Firma De Convenio‟; b) Artículo LIV

‘Dietas y Millaje’”. Íd., pág. 246. (Énfasis suplido).

Por su parte, la Sec. 4 del Art. LX dispone que el

término de vigencia del Convenio Colectivo, a partir de

la

fecha

de

vencimiento,

quedará

automáticamente

renovado, a menos que una parte notifique por escrito con sesenta (60) días de anticipación a la fecha de

CC-2014-200

13

vencimiento

del

convenio-

su

derecho

a

terminarlo,

enmendarlo o modificarlo. Íd.

Conforme se adelantó, específicamente el Art. LIV

del Convenio Colectivo regula todo lo concerniente al

pago de dietas y millaje. De esta forma, la Sec. 1 de

ese artículo define “dietas” como la cantidad de dinero

que se les reembolsa a los empleados que ejecutan una

misión

oficial

para

cubrir

los

costos

de

desayuno,

almuerzo, comida y alojamiento, cuando son requeridos a

ejercer sus funciones fuera de donde normalmente está

ubicado su centro de trabajo. Íd., pág. 231. La sección

advierte que el pago es reembolsable siempre y cuando la

distancia sea en exceso de tres millas recorridas. Íd.

En las secciones 2 a la 8 el Art. LIV se desglosan

las

normas

concepto

aplicables

al

dietas

millaje.

de

y

reembolso

Íd.,

de

gastos

págs.

por

232-234.

Además, la Sec. 9 indica que el Reglamento Núm. 09-001

regulará todo aquello que no estuviera dispuesto en el

Art.

LIV,

millaje.

en

lo

concerniente

Íd.,

pág.

234.

Por

al

pago

de

dietas

y

su

parte,

la

Sec.

10

establece que el Art. LIV entra en vigencia diez (10)

días después de firmado el Convenio Colectivo. Íd.

III

Sabido es que la Ley Núm. 180, conocida como Ley de

salario mínimo, vacaciones y licencia por enfermedad de

Puerto Rico, 29 LPRA sec. 250 et seq., se promulgó con

el

fin

de,

entre

otros

aspectos

trascendentales

en

CC-2014-200

14

materia de derecho laboral, velar por la protección de

los derechos de los empleados, disponer los pormenores

de

sus

reclamaciones

y

establecer

las

penalidades

aplicables. (1998 (Parte I) Leyes de Puerto Rico 692706); véase, además, R.N. Delgado Zayas, Apuntes para el

estudio de la legislación protectora del trabajo en el

Derecho Laboral puertorriqueño, San Juan, Puerto Rico,

2005, págs. 210-214. A grandes rasgos, la Ley Núm. 180

tuvo el efecto de atemperar las disposiciones contenidas

en la antigua Ley de Salario Mínimo con la Fair Labor

Standards Act of 1938, 29 USCA sec. 201 et seq., y

uniformar

todo

lo

relacionado

con

las

licencias

por

enfermedad y vacaciones. Arce Brucetta v. Motorola, 173

DPR 516, 529 (2008); González v. Merck, 166 DPR 659,

670-671 (2006).

En lo que atañe al caso de epígrafe, el Art. 11(a)

de la ley señala que:

Todo obrero o empleado que por su trabajo

reciba

compensación

inferior

a

la

prescrita en esta Ley o en un convenio

colectivo o en un contrato individual de

trabajo tendrá derecho a cobrar mediante

acción civil la diferencia adeudada hasta

cubrir el importe total de la compensación

que le corresponda, por concepto de

salario,

vacaciones,

licencia

por

enfermedad o cualquier otro beneficio, más

una cantidad igual a la que se le haya

dejado de satisfacer, por concepto de

compensación adicional, además de los

costos, gastos, intereses y honorarios de

abogados del procedimiento, sin que para

nada de ello obste pacto en contrario. 29

LPRA sec. 250i(a). (Énfasis suplido).

CC-2014-200

15

Como puede apreciarse, en la referida disposición

estatutaria el legislador no optó por una lista taxativa

o

limitativa

e

incluyó

expresamente

la

categoría

de

“cualquier otro beneficio”. Mucho menos hizo exclusiones

expresas con relación a ello. El historial legislativo

de la Ley Núm. 180 guarda silencio en torno al alcance

del concepto. Tampoco este Tribunal ha tenido ocasión de

interpretar el precitado Art. 11(a). Por tanto, procede

interpretar

y

pautar

el

alcance

del

concepto

en

controversia.

Para esa encomienda, resulta oportuno señalar que

en su análisis sobre nuestra legislación laboral, el

Lcdo. Alberto Acevedo Colom indica que como parte de

todo

convenio

se

negocian

dos

tipos

de

cláusulas,

a

saber: cláusulas económicas y cláusulas no económicas.

A. Acevedo Colom, Legislación de relaciones del trabajo

comentada, 1ra ed., 2007, San Juan, Puerto Rico, Ramallo

Printing,

pág.

135.

Éste

económicas

son

aquellas

explica

que

que

abarcan

las

los

cláusulas

aspectos

de

compensación que en virtud del convenio cobijan a los

empleados,

así

como

cualquier

otro

beneficio

que

conlleve una aportación económica por parte del patrono.

Íd. En ese sentido, el licenciado Acevedo Colom concluye

que

las

siguiente:

cláusulas

económicas

pueden

(1)

niveles

compensación

los

de

incluir

de

lo

los

empleados, entiéndase salarios, vacaciones y licencias

por enfermedad; (2) la compensación correspondiente al

CC-2014-200

16

tiempo extra trabajado; (3) los bonos, incluyendo el de

navidad y los de productividad; (4) las aportaciones

patronales a los planes médicos, planes de retiro –que

no

sean

el

de

Seguro

Social-,

planes

de

beneficios,

entre otros; (5) las dietas y millaje; y (6) los pagos

de estacionamiento. Íd.

Examinado lo anterior, conjuntamente con el texto

claro de la Ley Núm. 180, no existe razón para que este

Tribunal

excluya

el

beneficio

del

reembolso

de

los

gastos de dieta y millaje de los beneficios enumerados

en el Art. 11(a) de la Ley Núm. 180. Sin duda, al igual

que opina el licenciado Acevedo Colom, concluimos que

las

dietas

conllevan

y

una

millaje

constituyen

aportación

económica

beneficios

que

por

del

parte

patrono. Por consiguiente, resolvemos que el pago por

concepto de dietas y millaje constituye un beneficio que

los empleados tienen derecho a reclamar, conforme lo

dispone el Art. 11(a) de la Ley Núm. 180.

Lo resuelto es cónsono con la reiterada norma de

interpretación estatutaria en cuanto a que la exclusión

de

un

empleado

de

los

beneficios

de

la

legislación

laboral debe ser clara y que las leyes laborales deben

interpretarse de forma liberal, resolviéndose toda duda

de la manera más favorable al empleado, para así cumplir

con sus propósitos eminentemente sociales y reparadores.

Romero et als. v. Cabrer Roig et als., 191 DPR 643, 653

(2014); Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, 182

CC-2014-200

17

DPR 937, 951 (2011); SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177

DPR 345, 363 (2009); Arce Brucetta v. Motorola, supra,

pág.

551.

hermenéutica

En

otras

que

palabras,

las

leyes

es

principio

laborales

deben

de

ser

interpretadas liberalmente para conceder al empleado la

mayor

protección

de

los

derechos

que

el

legislador

estatuyó. SLG Rivera Carrasquillo v. AAA,

supra, pág.

363.

de

Recuérdese,

pues,

que

la

finalidad

nuestra

legislación laboral es promover la justicia social a la

clase trabajadora, garantizando la mayor protección de

sus derechos laborables.

Expuesta

la

normativa

pertinente,

procedemos

a

aplicarla a la controversia que nos ocupa.

IV

En primer lugar, este caso nos exige precisar la

necesidad, si alguna, de determinar si el Art. LIV del

Convenio

Colectivo

o

las

Resoluciones

corporativas

emitidas por la ACT son las que regulan, lo concerniente

al reembolso de los gastos por concepto de dietas y

millaje.2 Esto, con el fin de resolver si a partir del 1

de julio de 2010, la ACT contaba con una fórmula legal

para el desembolso de los pagos reclamados. Con relación

a ello, el señor Cardona Caraballo sostiene que el Art.

LX del Convenio Colectivo es claro al establecer que el

2

Valga aclarar que no existe controversia en cuanto

a que la ACT debe el reembolso de los gastos por

concepto de dietas y millaje y que está obligada a

efectuarlo.

CC-2014-200

18

Art. LIV tiene vigencia propia más allá del 30 de junio

de

2010.

Es

exceptuado

decir,

de

la

argumenta

fecha

de

que

el

Art.

expiración

LIV

del

está

Convenio

Colectivo.

Por su parte, la ACT expresa que a partir del 1 de

julio de 2010 dejó de efectuar los pagos de dietas y

millaje

reclamados

por

motivo

de

que

el

Convenio

Colectivo expiró el 30 de junio de 2010 y no contaba con

una fórmula legal que regulara su desembolso. Según la

ACT, el Convenio Colectivo no dispone expresamente que

el

Art.

LIV

independiente.

Resoluciones

tiene

Sin

una

vigencia

embargo,

corporativas

la

ACT

emitidas

indefinida

obvia

e

que

las

establecieron,

con

efecto retroactivo al 1 de julio de 2010, la forma en

que se harían los pagos a los empleados unionados por

concepto de gastos de dietas y millaje, a fin de cumplir

con el mandato legislativo.

Ante

esa

realidad,

resulta

innecesario

pronunciarnos en torno a la vigencia o no del convenio

colectivo;

máxime

cuando

la

ACT

está

obligada

por

mandato de ley a efectuar los pagos de dieta y millaje.

Ante

el

requerimiento

legislativo

de

que

sean

autorizados mediante reglamentación, la ACT promulgó el

correspondiente

Reglamento

sobre

Gastos

de

Viaje

y

representación, supra, y eventualmente las Resoluciones

corporativas

tracto

aludidas.

procesal

Ante

descrito,

las

particularidades

huelga

determinar

si

del

el

CC-2014-200

19

reembolso en controversia surge en virtud del convenio

colectivo o de las Resoluciones aprobadas con efecto

retroactivo

a

la

fecha

que,

precisamente,

genera

la

discrepancia entre ambas partes, pero que nos conduce al

mismo camino: el de proceder con los correspondientes

pagos.

Disipado ese extremo, procede dictaminar si el pago

por concepto de dietas y millaje constituye un beneficio

de los que alude el Art. 11(a) de la Ley Núm. 180. Como

expresamos, no existe razón para excluir el pago de las

dietas y millaje de los beneficios económicos que los

empleados pueden reclamar, al amparo del Art. 11(a) de

la Ley Núm. 180. Así las cosas, y en vista de que tal

pago se encuentra contemplado en nuestro ordenamiento,

procede que remitamos el caso al Tribunal de Primera

Instancia para determinar la cuantía a ser reembolsada

por la ACT, por concepto de pago de dietas y millaje a

partir

del

1

de

julio

de

2010,

más

la

penalidad

solicitada, en virtud del Art. 11(a) de la Ley Núm. 180.

V

En

mérito

de

lo

expuesto,

revocamos

la

determinación emitida por el Tribunal de Apelaciones. En

consecuencia, remitimos el caso al Tribunal de Primera

Instancia

para

la

continuación

de

los

procedimientos

ulteriores en armonía con lo aquí resuelto.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Julio Cardona Caraballo

Peticionario

v.

CC-2014-200

Certiorari

Autoridad de Carreteras y

Transportación

Recurrida

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2016.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de la presente

Sentencia, se revoca la determinación emitida por el

Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, se remite el

caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación

de los procedimientos ulteriores en armonía con lo aquí

resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta

Oronoz Rodríguez concurre con el resultado con opinión

escrita. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no

intervino.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Julio Cardona Caraballo

Peticionario

Certiorari

v.

CC-2014-200

Autoridad de Carreteras

Transportación

y

Recurrida

Opinión concurrente emitida por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 2016.

Concurro

con

la

determinación

de

este

Tribunal

de

aplicar la penalidad del Art. 11(a) de la Ley Núm. 1801998, conocida como la Ley de salario mínimo, vacaciones y

licencia por enfermedad de Puerto Rico, 29 LPRA sec. 250i,

a los gastos por concepto de dietas y millaje reconocidos

en el Art. 7(a) de la Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965,

9

LPRA

acuerdo

sec.

en

2007(a).

No

que

resulta

para

esta

base

legal

(en

adelante,

obstante,

innecesario

compensación

Artículo

de

Dietas

no

estoy

precisar

si

de

la

es

el

Art.

LIV

y

Millaje)

del

Convenio Colectivo entre la Autoridad de Carreteras

y Transportación (ACT) y la Unión

de

Trabajadores

CC-2014-200

2

de la Autoridad de Carreteras (UTAC) o las resoluciones

administrativas

2011-8

y

2011-13.

Esto,

pues,

si

dicho

Artículo permaneció vigente, la base legal para el reembolso

de

los

gastos

de

dietas

y

millaje

era

éste

y

no

las

resoluciones administrativas.

I

En primer lugar, corresponde analizar si el Artículo

de Dietas y Millaje permaneció vigente luego de culminada

la vigencia del Convenio el 30 de junio de 2010. La UTAC

pretende atribuirle una vigencia permanente al Artículo de

Dietas y Millaje. Basa su argumento en que el Art. LX (en

adelante,

Artículo

de

Vigencia)

excluía

del

mismo

al

Artículo de Dietas y Millaje, el cual tendría su “propia

vigencia”. Por tanto, como el Artículo de Dietas y Millaje

solo establecía cuándo comenzaba, y no cuándo culminaría,

las partes acordaron expresamente que continuaría en vigor

luego de concluido el Convenio. Apoya su argumento en el

Art.

1233

del

Código

Civil,

31

LPRA

sec.

3471,

y

su

jurisprudencia interpretativa que establecen que si los

términos de un contrato son claros hay que atenerse a su

sentido

literal.

Véanse,

por

ejemplo

CFSE

v.

Unión

de

Médicos, 170 DPR 443 (2007); Luce & Co. v. Junta Rel.

Trabajo,

86

DPR

425

(1962)

(aplicando

a

los

convenios

colectivos las normas de interpretación contractual).

No obstante, el Art. 1237 del Código Civil dispone que

“[l]as cláusulas de los contratos deberán interpretarse las

unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido

CC-2014-200

3

que resulte del conjunto de todas”. 31 LPRA sec. 3475. Si

analizamos conjuntamente el Artículo de Dietas y Millaje y

el Artículo de Vigencia, debemos concluir que la fecha de

culminación del Convenio y del Artículo de Dietas y Millaje

es la misma: el 30 de junio de 2010. La sección 10 del

Artículo

de

Dietas

y

Millaje

establecía

que

“[e]ste

Artículo entra en vigencia diez días luego de la firma de

este Convenio Colectivo”.3 Por otro lado, el Artículo de

Vigencia disponía que “[e]ste Convenio tendrá una vigencia

del 1ro de julio de 2006 al 30 de junio del año 2010, salvo

las siguientes cláusulas que contienen su propia vigencia:

. . . Artículo LIV „Dietas y Millaje‟”.4 Así, el Artículo

de Vigencia establecía una excepción para el Artículo de

Dietas

y

comienzo

Millaje

distinta.

solo

porque

Atribuirle

éste

al

tiene

una

fecha

de

Artículo

de

Dietas

y

Millaje una vigencia infinita porque no dispuso nada sobre

cuando culmina su vigencia contradeciría el sentido que

resulta de ambas cláusulas: que el Artículo de Dietas y

Millaje empezaría diez días luego de la firma del Convenio

Colectivo, pero que culminaría el 30 de junio de 2010, al

igual que el resto del Convenio.

A diferencia del análisis aquí realizado, la Opinión

Mayoritaria rehúsa pronunciarse sobre si el Artículo de

Dietas

y

Millaje

basándose en que

3

4

permaneció

las

vigente.

Sostiene

esto

resoluciones administrativas

Convenio Colectivo, Apéndice pág. 198.

Íd. pág. 210.

CC-2014-200

4

establecieron con efecto retroactivo la forma en que se

harían los pagos. Esto resulta preocupante porque la misma

Opinión reconoce que lo pactado en un convenio colectivo

debe cumplirse con estricta rigurosidad. Véase COPR v. SPU,

181

DPR

299,

320

sugiere

que

lo

El

cuando

administrativas

examinar

(2011).

con

se

efecto

aprobado

Tribunal

en

se

aprueban

retroactivo

un

contradice

convenio

y

resoluciones

será

innecesario

colectivo

o,

más

importante aún, si éste permaneció vigente. Así, pone en

entredicho

si

mediante

resoluciones

administrativas

se

puede alterar lo aprobado en un convenio colectivo.

II

Por

otro

lado,

como

considero

que

el

Artículo

de

Dietas y Millaje perdió su vigencia, corresponde examinar

de dónde surge la obligación legal y la fórmula para el

reembolso de los gastos reclamados. El Art. 7 de la Ley

Núm.

74

de

23

de

junio

de

1965,

dispone

que

“[l]os

funcionarios y empleados de la Autoridad tendrán derecho al

reembolso de los gastos de viaje necesarios o en su lugar a

las

dietas

reglamentos

correspondientes

aprobados

por

que

la

sean

autorizadas

Autoridad”.

9

LPRA

por

sec.

2007(a). Por otro lado, el Reglamento Núm. 09-001 sobre

Gastos de viaje y representación señala en su artículo

introductorio que “[e]l desarrollo satisfactorio de [las

funciones

de

funcionarios

la

y

ACT]

hace

empleados

necesario

los

gastos

rembolsar

a

los

de

y

de

viaje

representación incurridos para desempeñar las mismas, para

CC-2014-200

lo

5

cual,

bajo

las

disposiciones

de

la

ley

deben

establecerse normas de aplicación uniforme”.5 Sin embargo,

en lugar de establecer cómo se harán estos reembolsos, el

Reglamento establece que “[t]odos los empleados unionados

que reclamen dieta, millaje y alojamiento, recibirán el

rembolso por los gastos a tono con el convenio colectivo

vigente”.6

Al no existir ningún convenio colectivo con vigencia,

la

ACT

atendió

aprobación

de

las

la

ausencia

resoluciones

de

fórmula

mediante

administrativas

2011-8

la

y

2011-13. En la Resolución Núm. 2011-8, la ACT reconoció el

derecho de sus empleados unionados a un reembolso por los

gastos de dietas y millaje. A su vez, expresamente dispuso

que “[s]e continuarán pagando las cantidades dispuestas en

los Artículo LIV y LV del Convenio Colectivo con la UTAC

que venció el 30 de junio de 2010” y estableció que estos

pagos tendrán vigencia retroactiva al 1 de julio de 2010.7

Por otro lado, estableció que “a partir del 1 de abril de

abril

de

2011

no

se

pagarán

Dietas

a

ningún

empleado,

Regulares o Fijas”.8 No obstante, mediante la Resolución

Núm. 2011-13, la ACT enmendó la Resolución Núm. 2011-8 y

destacó

que

las

disposiciones

sobre

dietas

y

millaje

continuarán vigentes hasta que se firme un nuevo convenio

colectivo.

5

Reglamento de Gastos de Viaje y Representación, Apéndice pág. 60.

Íd. pág. 63.

7

Resolución Núm. 2011-8, Apéndice pág. 214.

8

Íd. pág. 214.

6

CC-2014-200

6

Debido a que el Convenio Colectivo perdió su vigencia

el 30 de junio de 2010, las resoluciones administrativas

establecieron

la

reembolsos

incorporaron

e

base

legal

para

la

el

fórmula

cómputo

de

los

dispuesta

en

el

Convenio Colectivo. Al otorgarle retroactividad al 1 de

julio de 2010 llenaron el vacío que dejó la culminación del

Convenio Colectivo. Por lo tanto, son estas resoluciones y

no la supuesta vigencia perpetua del Artículo de Dietas y

Millaje

lo

que

da

base

legal

al

reclamo

de

los

peticionarios.

III

Finalmente,

debo

determinar

si

aplica

la

penalidad

contemplada en el Art. 11(a) de la Ley Núm. 180. Coincido

con el análisis que hace la Opinión Mayoritaria al concluir

que la penalidad del Art. 11(a) de la Ley Núm. 180, supra,

aplica

a

“cualquier

.

.

.

beneficio

que

conlleve

una

aportación económica por parte del patrono”, entre ellos,

las dietas y millaje.9 Por tanto, si los empleados de la

ACT tenían derecho a un reembolso por concepto de dietas y

millaje, pero la ACT no los pagó, el empleado tiene derecho

a

la

penalidad

diferencia

resolver

si

es

la

establecida

que

la

en

el

Opinión

obligación

emana

Art.

11(a).

Mayoritaria

del

La

se

Convenio

o

única

niega

a

de

las

resoluciones administrativas, mientras que a mi juicio el

Convenio perdió su vigencia y la obligación surge de la Ley

Habilitadora, el Reglamento Núm. 09-001 y de la Resolución

9

Véase Opinión Mayoritaria, pág. 15.

CC-2014-200

Núm.

2011-8,

7

la

cual

restableció

lo

dispuesto

en

el

Mayoritaria

revocaría

el

el

Tribunal

de

Convenio Colectivo sobre el pago de dietas y millaje.

IV

Al

igual

que

la

Opinión

dictamen

recurrido

y

remitiría

Primera

Instancia

procedimientos,

pero

para

la

por

los

caso

al

continuación

fundamentos

de

los

anteriormente

expuestos.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta