LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Colón Chévere y otros v. Class Otero y otros

2016 TSPR 232

Poder Judicial de Puerto Rico

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Colón Chévere y otros v. Class Otero y otros

CC-2014-588

Daños y Perjuicios: Responsabilidad extracontractual del Estado por daños causados por terceros. Deber general del Estado de velar por la seguridad pública y evitar la criminalidad

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pablo Colón Chévere, Elba Rivas

Maldonado y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos

y otros

Recurridos

v.

José M. Class Otero, José H.

Ortiz Sandoval, Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, Policía

de Puerto Rico y otros

Peticionarios

--------------------------------

Certiorari

2016 TSPR 232

196 DPR ____

Julio Morales Rodríguez, Carmen

Carrión López y la Sociedad

Legal de Gananciales compuesta

por ambos y otros

Recurridos

v.

José M. Class Otero, José H.

Ortiz Sandoval, Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, Policía

de Puerto Rico y otros

Peticionarios

Número del Caso: CC-2016-588

Fecha: 15 de noviembre de 2016

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Arecibo-Fajardo-Aibonito, Panel XII

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray

Procuradora General

Lcda. Miriam Alvarez Archilla

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Miguel Morales Fajardo

Materia: Daños y Perjuicios: Responsabilidad extracontractual del

Estado por daños causados por terceros. Deber general del Estado de

velar por la seguridad pública y evitar la criminalidad.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pablo Colón Chévere, Elba

Rivas Maldonado y la Sociedad

Legal

de

Gananciales

compuesta por ambos y otros

Recurridos

CC-2014-588

v.

José M. Class Otero, José H.

Ortiz Sandoval, Estado Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

Policía de Puerto Rico y

otros

Peticionarios

Julio

Morales

Rodríguez,

Carmen Carrión López y la

Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos y otros

Recurridos

v.

José M. Class Otero, José H.

Ortiz Sandoval, Estado Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

Policía de Puerto Rico y

otros

Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Presidenta Oronoz

Rodríguez.

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2016.

El

presente

caso

nos

brinda

la

oportunidad

de

establecer los contornos de la responsabilidad civil del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) en el contexto

del

deber

evitar

la

general

de

velar

criminalidad.

En

por

la

seguridad

particular,

pública

examinamos

y

la

controversia de si la Policía de Puerto Rico, y por ende el

CC-2014-588

2

ELA, es responsable civilmente por los daños causados por

un

tercero

durante

la

comisión

de

un

acto

delictivo.

Veamos.

I

Los hechos que dan lugar al caso de autos se remontan

al año 1998, cuando ocurrió un trágico accidente durante la

celebración de unas carreras clandestinas de vehículos de

motor en el Municipio de Morovis.

Desde

el

año

1990,

todos

los

fines

de

semana

se

celebraban carreras clandestinas de vehículos de motor en

distintas áreas del Municipio de Morovis, principalmente en

la Carretera 567 del Barrio San Lorenzo. La magnitud del

evento

era

público

de

tal

que

entre

contaba

con

la

200

300

personas.

a

participación

Las

de

un

carreras

clandestinas eran de conocimiento general y, lo que es más,

contaban con el apoyo indirecto del Alcalde del Municipio.

Tanto

así

que

la

Policía

Municipal

tenía

instrucciones

específicas de no intervenir con las carreras. Además, el

Alcalde había iniciado la construcción de una pista aledaña

a la Carretera 567 que era utilizada como estacionamiento

por el público que acudía a las carreras clandestinas. La

Policía

de

Puerto

Rico

tenía

conocimiento

del

grave

problema de las carreras clandestinas en el lugar donde

eventualmente ocurrieron los hechos que motivan este caso.

El 18 de julio de 1998, aproximadamente a las 4:00 de

la tarde, la Policía de Puerto Rico recibió información

respecto a que en la Carretera 567 del Barrio San Lorenzo

CC-2014-588

3

de Morovis se realizarían unas carreras clandestinas. Ese

día

se

celebraban

también

las

fiestas

patronales

del

Municipio, actividad a la que acudía un público de entre

4,000 a 5,000 personas.1 Según declaró el Teniente William

Feliciano,

entonces

Comandante

Auxiliar

del

Distrito

de

Morovis para la Policía de Puerto Rico, ante la querella

recibida

solicitó

Municipal

porque

ayuda

“[la

a

una

Policía

patrulla

Estatal]

de

la

Policía

est[aba]

cort[a]

[de] recurso[s]” y acudió al lugar señalado.2 Indicó que, al

llegar:

no habían ningunas . . . carreras, toda vez que

lo que había era una que otra persona allí, pues,

pasando tal vez el día, porque [sic.] también

allí hay un río que [sic.] muchas personas, pues,

acostumbran a pasar el día allí . . . [A]l notar

que no existía, en ese momento, ningún tipo de

evento,

pues

decid[ió]

entonces

regresar

nuevamente al personal a sus demarcaciones. . . y

le indi[có] al agente que estaba a cargo de

querellas que . . . [cuando no estuviera]

atendiendo querellas, . . . bajara [sic.] y le

diera seguimiento al área de San Lorenzo.3

Es

decir,

según

expuso

el

Teniente

Feliciano,

al

no

identificar actividad ilícita alguna, éste se marchó del

lugar e instruyó a otro agente estatal a dar seguimiento de

la situación cuando no tuviese que atender querellas, tarea

principal

que

le

correspondía

ejecutar

el

día

de

los

hechos.

1

Véase, Transcripción de la prueba, Apéndice, pág. 400.

Íd., págs. 423-424.

3

Íd., págs. 423-424. Conviene mencionar que las citadas declaraciones

del Teniente Feliciano surgen de la transcripción de la vista celebrada

por el Tribunal de Primera Instancia para dilucidar la negligencia de

las partes, no así de las determinaciones de hechos del foro de

instancia.

2

CC-2014-588

4

Sin embargo, ese mismo día, cerca de las 6:00 de la

tarde, se celebraron las carreras clandestinas en el lugar

denunciado.

Allí,

el

Sr.

José

M.

Class

Otero,

quien

participaba de éstas, perdió el control del vehículo que

conducía

a

exceso

de

velocidad,

impactó

a

varios

espectadores y provocó la muerte de cinco personas. Entre

las

personas

fallecidas

se

encuentran

los

jóvenes

Juan

Pablo Colón Rivas y Omar Morales Carrión.

Por tales hechos, durante el año 1998 los familiares de

las

cinco

contra

el

personas

señor

fallecidas

Class

Otero,

presentaron

dos

el

Municipio

ELA,

el

demandas

de

Morovis y otros demandados desconocidos. No obstante, según

solicitado por los entonces demandantes y sin oposición de

las partes demandadas, en el 2007 el Tribunal de Primera

Instancia dictó sentencia de desistimiento sin perjuicio en

ambos casos.4

En el año 2008, los familiares de los jóvenes Colón

Rivas

y

Morales

Carrión5

(en

conjunto,

los

demandantes)

presentaron nuevamente –esta vez por separado- dos demandas

por daños y perjuicios contra el señor Class Otero y el

4

Véase, Sentencia del Tribunal de Apelaciones KLAN 2013-01710KLAN 2013-01711, Apéndice, págs. 2-3.

5

En particular, el Sr. Pablo Colón Chévere, la Sra. Elba Rivas

Maldonado, la Sra. Zuheil Colón Rivas, la Sra. Damaris Arce Rodríguez y

el menor Joe Weslee Colón Arce reclamaron el resarcimiento de los daños

y perjuicios que presuntamente sufrieron a consecuencia de la muerte

del joven Juan Pablo Colón Rivas. Véase, Demanda Núm. C DP 2008-0123,

Apéndice, pág. 48. De otro lado, el Sr. Julio Morales Rodríguez, la

Sra. Carmen Carrión López, la Sra. Frances B. Nieves Laureano y el

menor Jomar Alberto Morales Nieves reclamaron por los daños y

perjuicios relacionados a la muerte del joven Omar Morales Carrión.

Véase, Demanda Núm. C DP 2008-0124, Apéndice, pág. 62.

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ELA.6

En

5

lo

pertinente

a

la

controversia

de

autos,

los

demandantes alegaron que la muerte de Colón Rivas y de

Morales Carrión ocurrió a consecuencia de la negligencia

del ELA, particularmente de la Policía de Puerto Rico, al

no tomar las medidas necesarias para evitar la celebración

de las carreras clandestinas.7 Por su parte, el ELA contestó

la demanda, negó las alegaciones de responsabilidad en su

contra

y

argumentó,

entre

otros

asuntos,

que

los

demandantes asumieron el riesgo de lo ocurrido y que el

responsable de los hechos es el señor Class, tercero por el

cual el ELA no responde.

Luego de múltiples trámites procesales, el Tribunal de

Primera Instancia llevó a cabo las correspondientes vistas

para dilucidar la negligencia y los daños alegados.8 En

cuanto

al

asunto

de

la

negligencia,

por

parte

de

los

demandantes testificaron el Sr. Juan R. Ortega Álamo, quien

a

fecha

de

los

Departamento

de

Recreación

6

la

hechos

y

fungía

Deportes

como

del

Director

del

Municipio

de

De otra parte, la demanda incluyó también como demandados al Sr. José

Ortiz Sandoval, propietario del vehículo que provocó el accidente, y al

Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). No obstante,

posteriormente los demandantes desistieron de la reclamación contra el

señor Ortiz Sandoval, por lo cual el foro de instancia decretó el

archivo sin perjuicio de la demanda en cuanto a él. Véase, Sentencia

Parcial, Apéndice, págs. 284-285 y 984-985. Asimismo, la acción contra

el DTOP fue desestimada por prescripción. Véase, Sentencia del Tribunal

de Apelaciones KLAN 2013-01710-KLAN 2013-01711, Apéndice, págs. 13-14.

Nótese que esta vez no se incluyó como parte demandada al Municipio de

Morovis.

7

Vale señalar que, además de los demandantes del caso de epígrafe, los

familiares de las otras tres personas fallecidas durante los hechos

narrados presentaron también sus respectivas demandas por separado. No

obstante, estos casos no fueron consolidados en el foro de instancia.

Ello, a pesar de que el ELA solicitó la consolidación de los cinco

casos.

8

La vista de negligencia de ambos casos fue consolidada, mientras que

la vista de daños se llevó a cabo de forma separada.

CC-2014-588

6

Morovis; los señores Walter Cortés Pérez y Wilson Torres

Morales, quienes para la fecha de los hechos trabajaban

como

Policía

y

Teniente,

respectivamente,

de

la

Policía

Municipal; la Sra. Carmen Dolores Carrión López, quien era

la madre del joven Morales Carrión y, además, a la fecha de

los hechos era también Policía Municipal; y la Sra. Frances

Nieves, viuda del joven fenecido Morales Carrión. Por su

parte, el ELA presentó como testigo al Teniente Feliciano.

Tras varios eventos procesales, el foro de instancia

emitió

las

correspondientes

sentencias

en

ambos

casos

y

declaró con lugar la acción incoada por los demandantes.9 En

cuanto al señor Class, dictó sentencia en rebeldía en su

contra. En lo relativo al ELA, razonó que “la Policía de

Puerto Rico actuó negligentemente al dejar de cumplir con

una de sus funciones básicas . . . de velar porque en las

carreteras

de

velocidad

y

Puerto

[que

Rico

éstas]

no

se

observen

se

utilicen

los

límites

para

de

realizar

carreras de competencia”.10 Añadió que la Policía Estatal

incurrió

en

responsabilidad

al

no

tomar

medidas

de

seguridad adecuadas para proteger la vida de los ciudadanos

a pesar de tener pleno conocimiento de que en el lugar de

los hechos ocurrirían las carreras clandestinas.

El foro de instancia adjudicó un cincuenta por ciento

(50%) de responsabilidad al ELA y un cincuenta por ciento

(50%) de responsabilidad al señor Class Otero e impuso la

9

Ambas sentencias son esencialmente iguales.

Véase, Sentencias del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, págs.

628 y 711.

10

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7

cuantía máxima de daños que permite la Ley Núm. 104 de

29 de junio de 1955, según enmendada, 32 LPRA sec. 3074

et seq., conocida como la “Ley de Pleitos contra el Estado”

(Ley de Pleitos contra el Estado) en cada caso.11 El ELA

presentó

una

oportuna

moción

de

reconsideración

cosas,

el

presentó

el

Tribunal

que

fue

recursos

de

declarada no ha lugar.

Así

apelación

las

ante

ELA

de

dos

Apelaciones

que

fueron

posteriormente consolidados. Sostuvo, en síntesis, que erró

el

foro

de

instancia

al

determinar

que

el

ELA

fue

negligente ya que de la prueba surge que la Policía de

Puerto

Rico

tomó

acciones

para

evitar

los

daños.

Hizo

particular referencia al caso Ramos Oppenheimer v. Leduc,

103 DPR 342 (1975), en el cual este Tribunal se negó a

imponer responsabilidad al ELA por unos hechos similares a

los del caso de autos. De otro lado, arguyó que el Tribunal

de Primera Instancia abusó de su discreción al conceder a

11

En particular, la indemnización otorgada a los familiares del joven

Colón Rivas por angustias mentales fue la siguiente: (a) Sr. Pablo

Colón Chévere, $120,000; (b) Sra. Elba Rivas Maldonado, $120,000; y (c)

Sra. Zuheil Colón Rivas, $60,000. Ahora bien, teniendo en cuenta las

limitaciones de cuantía que establece la Ley de Pleitos contra el

Estado, dispuso que el cumplimiento de la sentencia se podría

satisfacer de la siguiente forma: (a) Sr. Pablo Colón Chévere, $60,000;

(b) Sra. Elba Rivas Maldonado, $60,000; y (c) Sra. Zuheil Colón Rivas,

$30,000. El foro de instancia desestimó la demanda en cuanto a las

demandantes Damaris Arce Rodríguez y el menor Joe Weslee Colón ya que

éstos no comparecieron a la vista de daños. De otro lado, la

indemnización otorgada a los familiares del joven Morales Carrión por

angustias mentales fue la siguiente: (a) Sr. Julio Morales Rodríguez,

$120,000; (b) Sra. Carmen Carrión López, $120,000; (c) Sra. Frances D.

Nieves Laureano, $20,000; y (d) menor Jomar Alberto Morales Carrión,

$40,000. Empero, considerando las limitaciones de cuantía que establece

la Ley de Pleitos contra el Estado, dispuso que el cumplimiento de la

sentencia se podría satisfacer de la siguiente forma: (a) Sr. Julio

Morales Rodríguez, $60,000; (b) Sra. Carmen Carrión López, $60,000; (c)

Sra. Frances D. Nieves Laureano, $10,000; (d) menor Jomar Alberto

Morales Carrión, $20,000.

CC-2014-588

8

los demandantes una cuantía excesiva de daños emocionales y

angustias mentales.

El

Tribunal

de

Apelaciones

emitió

una

sentencia

mediante la cual confirmó al Tribunal de Primera Instancia.

Concluyó

que

de

la

prueba

instancia

surge

que

la

presentada

Policía

de

ante

Puerto

el

foro

Rico

no

de

tomó

medidas de seguridad y prevención adecuadas para proteger

la vida de los ciudadanos y fue negligente en el ejercicio

de

sus

deberes.

En

cuanto

al

segundo

error

señalado,

determinó que no intervendría con las cuantías impuestas

por

el

foro

de

instancia

en

ausencia

de

abuso

de

discreción.

Inconforme, el ELA acudió ante este Tribunal mediante

recurso

de

certiorari

y,

en

esencia,

reiteró

planteamientos

esgrimidos

ante

los

foros

Expedido

recurso

con

el

beneficio

el

y

los

inferiores.

de

las

comparecencias de ambas partes, procedemos a resolver.

II

A.

En

nuestro

ordenamiento

jurídico,

aquél

que

por

acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o

negligencia,

Artículo

1802

está

obligado

a

reparar

del

Código

Civil,

31

el

daño

causado.

LPRA

sec.

5141.

En

innumerables ocasiones hemos expresado que, en aras de que

exista responsabilidad al amparo del citado Artículo 1802

del Código Civil, supra, es indispensable que ocurra una

acción u omisión, un daño y la correspondiente relación

CC-2014-588

9

causal entre el daño y la conducta culposa o negligente.

Véanse, García v. ELA, 163 DPR 800 (2005); Administrador v.

ANR, 163 DPR 48 (2004); Valle v. ELA, 157 DPR 1 (2002);

Elba ABM v. UPR, 125 DPR 294 (1990); Reyes v. Sucn. Sánchez

Soto, 98 DPR 305 (1970). Recae sobre la parte que solicita

ser

indemnizada

preponderancia

de

el

deber

de

establecer,

la

prueba,

todos

los

mediante

elementos

causa de acción por daños y perjuicios.

de

la

García v. ELA,

supra.

La responsabilidad

por

negligencia se caracteriza

por la concurrencia de los siguientes elementos: (a) la

existencia

general,

de

una

reconocido

obligación

por

el

o,

al

Derecho,

menos,

que

de

exige

un

deber

que

los

sujetos ajusten sus actos a un determinado tipo de conducta

para la protección de los demás contra riesgos irrazonables

y (b) que el agente del daño haya obrado sin ajustarse a

semejante tipo de conducta. J. Puig Brutau, Fundamentos de

Derecho Civil, Tomo II, Volumen III, 88, Barcelona, Ed.

Bosch, 1983.

El factor de la previsibilidad es parte fundamental de

la responsabilidad por culpa o negligencia. Elba ABM v.

UPR, supra, pág. 309. El grado de previsibilidad en cada

caso varía, dependiendo del estándar de conducta que sea

aplicable. Hernández v. Televicentro, 168 DPR 803 (2006).

Respecto

a

qué

constituye

un

resultado

razonablemente

previsible, hemos expresado que “el deber de previsión no

se extiende a todo peligro imaginable que concebiblemente

CC-2014-588

10

pueda amenazar la seguridad . . . sino a aquél que llevaría

a

una

persona

prudente

a

anticiparlo”.

Hernández

v.

La

civil,

es

Capital, 81 DPR 1031, 1038 (1960).

Además,

para

que

exista

responsabilidad

necesario que concurra un nexo causal entre la acción u

omisión

culposa

o

negligente

y

el

daño

producido

al

reclamante. Elba ABM v. UPR, supra. En nuestra jurisdicción

rige la doctrina de la causalidad adecuada, conforme a la

cual “la ocurrencia del daño en cuestión era previsible

dentro del curso normal de los acontecimientos. En otras

palabras, causa es la condición que ordinariamente produce

el daño, según la experiencia general”. Íd., pág. 310.

Finalmente,

ordenamiento

Quiñones

debemos

rige

López

la

v.

recordar

doctrina

Manzano

de

Pozas,

que

en

negligencia

141

DPR

nuestro

comparada.

139

(1996).

Conforme a ésta, la negligencia concurrente o contribuyente

del demandante sirve para mitigar, atenuar o reducir la

responsabilidad

pecuniaria

del

demandado,

pero

no

para

eximirle totalmente de responsabilidad. H.M. Brau del Toro,

Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico,

2da

ed.,

San

Juan,

Pubs.

J.T.S.,

1986,

pág.

410.

Esta

doctrina requiere que el juzgador, además de determinar el

monto

de

la

compensación

que

corresponde

a

la

víctima,

establezca el porcentaje de responsabilidad o negligencia

que corresponda a cada parte y reduzca la indemnización del

demandante

de

responsabilidad.

conformidad

con

esta

distribución

de

Íd. Así, para determinar la negligencia

CC-2014-588

que

11

corresponde

a

cada

comparada

es

hechos

circunstancias

y

necesario

parte

en

“analizar

que

casos

y

de

negligencia

considerar

mediaron

en

todos

el

caso,

los

y

particularmente si ha habido una causa predominante”. Íd.,

pág. 412.

B.

Aunque

por

extracontractual

lo

general

surge

de

la

actos

responsabilidad

u

omisiones

civil

propias,

el

Artículo 1803 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5142, dispone

que la obligación de reparar un daño a otro es exigible

también “por los de aquellas personas de quienes se debe

responder”. Conforme al citado Artículo, el Estado responde

extracontractualmente

en

condiciones

sería

en

que

las

mismas

circunstancias

responsable

un

y

ciudadano

particular por aquellos daños causados por sus funcionarios

cuando

actúan

dentro

del

ámbito

de

sus

funciones.

Íd.

Véase, además, Galarza Soto v. ELA, 109 DPR 179 (1979).

Claro

está,

en

virtud

de

la

doctrina

de

inmunidad

soberana, se requiere el consentimiento del Estado para que

puedan

instarse

procedimientos

judiciales

en

su

contra.

Guardiola Álvarez v. Depto. de Familia, 175 DPR 668 (2009);

Berríos Román v. ELA, 171 DPR 549 (2007). Así, los límites

de la responsabilidad civil del Estado se rigen por las

disposiciones de la Ley de Pleitos contra el Estado. En lo

pertinente, ésta permite que los ciudadanos demanden al ELA

por

las

actuaciones

culposas

o

negligentes

de

sus

empleados, funcionarios o agentes en el desempeño de sus

CC-2014-588

12

funciones y actuando en capacidad oficial. 32 LPRA sec.

3077. El Artículo 2 de esta Ley expone que:

[c]uando por tal acción u omisión se causaren

daños y perjuicios a más de una persona, o cuando

sean varias las causas de acción a que tenga

derecho un solo perjudicado, la indemnización por

todos los daños y perjuicios que causare dicha

acción u omisión no podrá exceder de la suma de

ciento cincuenta mil dólares ($150,000). Si de las

conclusiones del Tribunal surgiera que la suma de

los daños causados a cada una de las personas

excede de ciento cincuenta mil (150,000) dólares,

el Tribunal procederá a distribuir dicha suma

entre los demandantes, a prorrata, tomando como

base los daños sufridos por cada uno. Cuando se

radique una acción contra el Estado por daños y

perjuicios a la persona o a la propiedad, el

Tribunal ordenará, mediante la publicación de

edictos en un periódico de circulación general,

que se notifique a todas las personas que

pudieran

tener

interés

común,

que

deberán

comparecer

ante

el

Tribunal,

en

la

fecha

dispuesta

en

los

edictos,

para

que

sean

acumuladas a los fines de proceder a distribuir

la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000)

dólares entre los demandantes, según se provee en

esta Ley. Íd. (Énfasis suplido).

Nótese que la citada disposición enfatiza que ante la

ocurrencia

de

una

misma

acción

u

omisión

culposa

o

negligente del ELA que cause daños a más de una persona, la

indemnización

por

todos

los

daños

no

podrá

exceder

la

cuantía de $150,000. Íd.

C.

Anteriormente hemos evaluado la responsabilidad civil

que deriva de las actuaciones criminales de terceros en el

contexto de instituciones o comercios particulares. Hemos

puntualizado que, como norma general, “no existe un deber

de

proteger

a

otras

personas

de

actos

criminales

de

terceros”. Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796 (2006). No

CC-2014-588

13

obstante, hemos resuelto a modo de excepción que existen

situaciones en las que, en atención a las características

particulares de ciertas instituciones y de los servicios

que éstas proveen, un demandado puede responder por dichos

actos. Íd.

Por

ejemplo,

dispusimos

que

las

instituciones

educativas universitarias, los hoteles, los hospitales y

los centros comerciales tienen una relación particular con

sus

estudiantes,

huéspedes,

pacientes

y

clientes,

respectivamente, “que los obliga a ofrecerles un grado de

seguridad adecuado y razonable que procure garantizar su

bienestar”. Santiago v. Sup.

809.12

En

tales

Grande,

supra,

pág.

contextos, hemos expresado que:

la difícil determinación de cuándo existe un nexo

causal entre el daño producido por un acto

delictivo de un tercero y la omisión de cumplir

con la obligación de tomar precauciones, medidas

de seguridad y protección, no puede resolverse

nunca de una manera plenamente satisfactoria

mediante reglas abstractas, sino que en los casos

de duda ha de resolverse por el juez según su

libre

convicción,

ponderando

todas

las

circunstancias. Íd.

De otro lado, en Negrón de León v. Orozco, 113 DPR 712

(1983),

impusimos

responsabilidad

al

ELA

por

las

actuaciones negligentes de la Policía al “no proveer la

necesaria

seguridad

y

protección

al

ciudadano

querellante . . . para impedir el previsible resultado de

12

Véanse, Elba ABM v. UPR, 125 DPR 294 (1990) (sobre las instituciones

educativas universitarias); Pabón Escabí v. Axtmayer, 90 DPR 20

(1964)(sobre los hoteles); Hernández v. La Capital, 81 DPR 1031

(1960)(sobre los hospitales); J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina,

132 D.P.R. 785 (1993) (sobre los centros comerciales); y Santiago v.

Sup. Grande, 166 DPR 796 (2006) (sobre los establecimientos comerciales

que no cualifican como centros comerciales).

CC-2014-588

14

violencia en que perdió la vida” a manos de un policía en

medio

de

una

discusión

en

el

propio

cuartel.

Al

así

resolver, prestamos particular atención a la naturaleza de

los cuarteles de la policía y al ambiente de seguridad que

allí debe imperar. Íd.

Asimismo, evaluamos un cuadro fáctico similar al de

autos

en

Ramos

ocasión,

un

vehículo

de

Oppenheimer

joven

falleció

motor

clandestinas

en

el

que

v.

Leduc,

tras

ser

competía

aeropuerto

de

supra.

En

aquella

atropellado

en

unas

Santa

por

un

carreras

Isabel.

Sus

familiares demandaron, entre otros, al ELA por no evitar la

ocurrencia de la carrera clandestina que produjo la muerte

del joven. Este Tribunal se negó a imponer responsabilidad

al

ELA

por

entender

el

a

además

cometiendo

un

acto

la

del

aeropuerto.

ilícitamente

a

imprudencia

pista

del

accidente

principalmente

estaba

la

que

joven

se

occiso,

delictivo

debió

quien

al

entrar

También,

allí

estimamos que:

[n]o tiene validez el argumento de que a la

policía se le avisó y no fue a detener la

competencia. Para aquella época el puesto de la

policía de Santa Isabel tenía 16 policías. Con

ese personal se cubrían tres turnos de ocho horas

diarias, incluyendo vacaciones. Durante las horas

del día había sólo dos policías disponibles en

servicio -uno en el retén y otro en la calle.

Para la fecha de los hechos se celebraban en

Santa Isabel unas primarias. Constituían dichas

primarias

una

actividad

lícita,

que

atrae

considerable número de personas y en donde se

necesitaba la policía. Pero independientemente de

esa situación específica, la verdad es que el

Estado no puede tener policías presentes, a todas

horas, en todos los lugares en Puerto Rico en que

es ilegal, pero físicamente posible, celebrar una

CC-2014-588

15

carrera de automóviles. También la policía, al

recibir llamadas tiene que atender éstas según su

importancia y según sus medios. Para ello tiene

que ejercer discreción el oficial a cargo del

puesto.

Los

medios

de

la

policía

no

son

infinitos. El oficial no puede adivinar los

acontecimientos

futuros.

No

abusó

de

su

discreción al decidir que las primarias tenían

prioridad. Íd., págs. 343-344 (Énfasis suplido).

De otra parte, desde el punto de vista del Derecho

comparado, exponemos la forma en que España ha analizado

controversias análogas a la de autos. A esos efectos, el

Tribunal

Supremo

demandante

español

pretendía

atendió

imputar

un

caso

responsabilidad

en

que

civil

el

a

la

Policía Nacional al no haber intervenido para evitar un

robo ocurrido en una joyería.13 El foro judicial de España

se

negó

a

contexto.

imputar

Explicó

responsabilidad

que,

aunque

es

al

muy

Estado

en

ese

probable

que

la

intervención policiaca hubiese evitado la consumación del

robo, en los supuestos de comportamiento omisivo, no basta

con

que

la

intervención

del

Estado

hubiera

impedido

la

lesión, pues esto conduciría a una ampliación irrazonable y

desmesurada

contrario,

de

el

su

responsabilidad

Tribunal

Supremo

de

patrimonial.

Por

el

España

que

es

estimó

necesario “que haya algún otro dato en virtud

del cual

quepa

a

objetivamente

comportamiento

imputar

la

lesión

dicho

omisivo [del Estado]; y ese dato . . . sólo

puede ser la existencia de un deber jurídico de actuar”.14

13

S. del 31 de marzo de

Jurisprudencia, pág. 6268.

14

Íd.

2009

Núm.

2350/2009

II

Repertorio

de

CC-2014-588

16

Por otro lado, conviene examinar a modo ilustrativo el

tratamiento que otras jurisdicciones han dado al asunto.

Así, destacamos que en Argentina también “se ha afianzado

una

tendencia

responsabilidad

restrictiva

al

estatal

omisión

por

reconocimiento

del

de

la

ejercicio

de

potestades administrativas de control”.15 En casos similares

al de autos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación,

máximo foro judicial argentino, ha expresado que el deber

genérico de proveer seguridad no se traduce automáticamente

en la existencia de responsabilidad.16 Esto, pues exigir que

el Estado evite todo daño a sus ciudadanos “requeriría una

previsión

extrema

que

sería

no

sólo

insoportablemente

costosa para la comunidad, sino que haría que se lesionaran

severamente

las

libertades

de

los

mismos

ciudadanos

a

rige

el

proteger".17

Asimismo,

aunque

el

caso

de

autos

se

por

Derecho Civil, también a modo ilustrativo destacamos que

las jurisdicciones de Estados Unidos, como norma general,

se han negado a imponer responsabilidad civil al Estado por

no

15

evitar

la

criminalidad

en

ausencia

de

una

relación

P. Perrino, La responsabilidad del Estado por la omisión del

ejercicio de sus funciones de vigilancia, Rev. Der. UM (2011),

disponible

en:

http://revistaderecho.um.edu.uy/wpcontent/uploads/2013/10/Perrino-Laresponsabilidad-del-estado-por-la-omision-del-ejercicio-de-susfunciones-de-vigilancia.pdf

16

Íd., pág. 60 (citando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación

(CJSN), causa Cohen, Eliazar c. Río Negro, Provincia de y otros s/daños

y perjuicios, Fallos: 329:2088 Fallos: 332:2328).

17

Íd., (citando a la CSJN, causa Mosca, Hugo Arnaldo c. Provincia de

Buenos Aires (Policía Bonaerense) y otros s/daños y perjuicios, Fallos:

330:653).

CC-2014-588

17

especial (“special relationship”) entre policía y víctima.18

Esto es, se requiere una relación particular y distinguible

entre los organismos policiacos y la víctima con tal de

hallar

responsable

al

Estado

ante

las

actuaciones

criminales de un tercero.19 Uno de los casos más importantes

en cuanto a esta materia, Schuster v. City of New York, 5

N.Y.2d 75, 154 N.E.2d 534, 180 N.Y.S.2d 265 (1958), evaluó

la situación de un ciudadano que fue asesinado mientras

18

Véanse, por ejemplo, South v. Maryland, 59 U.S. (18 How.) 396 (1856);

Peck v. United States, 470 F. Supp. 1003 (S.D.N.Y. 1979); Commercial

Union Ins. Co. v. City of Wichita, 217 Kan. 44, 536 P.2d 54 (1975);

Riss v. City of New York, 22 N.Y.2d 579, 240 N.E.2d 860, 293 N.Y.S.2d

897 (1968). Véase además, en general, Harvard Law Review Association,

Police Liability for Negligent Failure to Prevent Crime, 94 Harv. L.

Rev. 821 (February, 1981)(donde se analiza y critica el tratamiento

jurisprudencial norteamericano del tema que nos ocupa).

19

Se pueden identificar varios cuadros fácticos o categorías de hechos

que tienen lugar en situaciones como las que nos ocupan, a saber:

The first and narrowest category consists of cases in which

the plaintiff is harmed as a consequence of his abetting

the police, often as an informer or witness. Courts have no

difficulty

in

finding

a

police

duty

of

reasonable

protection in these cases, as the police are considered to

have taken affirmative action that placed the plaintiff in

peril.

[. . .]

In the second category of cases police extend express

promises of protection to specific individuals. Courts

generally hold that law enforcement officers have a duty to

provide the promised protection.

[. . .]

The third category consists of situations in which the

police are aware of a danger to a specific individual, but

have neither jeopardized the plaintiff through their

affirmative acts nor promised him protection. . . .

[C]ourts rarely impose a duty of police protection.

[. . .]

In the fourth class of cases, police are aware of a

narrowly defined and readily identifiable source of danger

to the public, but cannot reasonably foresee a specific

victim. The paradigmatic example is a drunken driver whom

the police do not arrest even after being made aware of his

inebriation. Rarely in these cases do courts recognize a

duty of protection.

In the final category of cases the police fail to provide

protection from a more general threat, such as a “crime

wave.” . . . In either situation, courts are highly

unlikely to find a duty of protection running to individual

members of the public. Harvard Law Review Association,

supra, págs. 825-827.

CC-2014-588

18

ayudaba a la policía a arrestar a un individuo que había

delinquido.

El

Tribunal

de

Apelaciones

de

Nueva

York

determinó que el Estado era responsable civilmente en tal

situación y expresó al respecto que:

the public (acting in this instance through the

City of New York) owes a special duty to use

reasonable care for the protection of persons who

have collaborated with it in the arrest or

prosecution of criminals, once it reasonably

appears that they are in danger due to their

collaboration. Íd., pág. 269.

Uno

norma

de

los

principales

norteamericana

es

fundamentos

evitar

que

los

de

la

discutida

foros

judiciales

interfieran inadecuadamente con la discreción de la policía

respecto a cómo disponer y canalizar sus recursos. Harvard

Law

Review

Association,

Police

Liability

for

Negligent

Failure to Prevent Crime, 94 Harv. L. Rev. 821 (February,

1981).

Asimismo,

prevenir

la

consecuencia

la

norma

imposición

de

la

de

general

cargos

en

cuestión

excesivos

criminalidad

e

al

pretende

Estado

impedir

a

un

congestionamiento excesivo de los foros judiciales. Íd.

A la luz de las normas y principios antes expuestos,

pasemos a evaluar qué factores y criterios deben regir la

imposición de responsabilidad a la Policía de Puerto Rico,

y por ende al ELA, en el contexto del deber general de

proveer seguridad a la población y evitar la criminalidad.

D.

Según hemos expresado anteriormente, “[e]l incremento

de la violencia, el reto del criminal a la paz y sosiego

del pueblo y la creciente probabilidad de que una persona

CC-2014-588

19

sea víctima de un atentado contra su vida, su libertad o su

propiedad” es un serio problema social en tiempos modernos.

Estremera

v.

Inmobiliaria

Rac,

Inc.,

109

DPR

852,

856

(1980). El fenómeno de lo criminal es un asunto complejo.

Sin

lugar

a

dudas,

se

trata

de

un

problema

social

importante y su atención es principalmente responsabilidad

del Estado, “única entidad con los recursos y la fuerza

necesaria para mantener la paz y la majestad de la Ley”.

Íd. Ahora bien, el Estado no es un garante absoluto de la

seguridad pública y, por lo mismo, no puede ser responsable

civilmente

por

todas

las

actuaciones

criminales

que

la

Policía no pueda evitar.

En atención a lo anterior resolvemos que, si bien la

Policía de Puerto Rico tiene un deber general de velar por

la

seguridad

pública,

ese

deber

por

sí

solo

no

es

suficiente para imputar responsabilidad civil al ELA. En

este tipo de casos, el juzgador o juzgadora debe hacer un

análisis profundo que tome en consideración la totalidad de

las

circunstancias

particulares

del

escenario

que

deben

tomar

tiene

ante sí.

Entre

los

criterios

que

se

en

consideración a la hora de evaluar la alegada negligencia

del ELA en el ejercicio de su deber de evitar la comisión

de actos delictivos se encuentran: (1) la naturaleza del

hecho delictivo; (2) la recurrencia del acto criminal en el

lugar de los hechos; (3) el conocimiento o la certeza que,

como cuestión de hecho, tenía la Policía de Puerto Rico

CC-2014-588

respecto

20

a

que

el

acto

criminal

ocurriría;

(4)

la

posibilidad de evitar la ocurrencia del delito; (5) los

recursos con que contaba la Policía de Puerto Rico para

operar;

(6)

otras

necesidades

que

atender;

(7)

las

gestiones realizadas para evitar el acto delictivo; y (8)

la existencia de una relación previa o especial entre la

víctima y la Policía. Ninguno de estos factores por sí solo

es suficiente para tomar una determinación sobre el asunto

que nos ocupa. Por el contrario, éstos deben evaluarse de

forma integral, junto a las demás circunstancias que se

planteen caso a caso. Claro está, una vez examinada la

totalidad

de

las

circunstancias

e

identificada

la

existencia de un deber particular y exigible junto a su

incumplimiento,

procede

evaluar

el

caso

conforme

a

los

principios generales de responsabilidad civil en nuestro

ordenamiento.

Resuelto lo anterior, pasemos a determinar si a la luz

de los hechos particulares del caso de autos y conforme a

los criterios expuestos, el ELA debe responder civilmente

por los daños ocasionados a los demandantes.

III

En el presente caso, según destacamos anteriormente,

el

señor

Class

perdió

el

control

de

un

automóvil

que

conducía a exceso de velocidad mientras participaba de unas

carreras

clandestinas.

espectadores

que

Así,

participaban

impactó

de

la

a

un

actividad

grupo

de

ilícita,

entre los que se encontraban los jóvenes Colón Rivas y

CC-2014-588

Morales

21

Carrión,

quienes

fallecieron

a

consecuencia

del

accidente. Los foros inferiores concluyeron que tanto el

señor Class como el ELA son responsables solidariamente por

los daños sufridos por los demandantes, familiares de Colón

Rivas y Morales Carrión. Ello ya que, a pesar de tener

conocimiento de que las carreras clandestinas se llevarían

a cabo, la Policía de Puerto Rico no ejerció adecuadamente

su deber de garantizar la seguridad pública y evitar la

ocurrencia de actos delictivos.

Tras un examen minucioso del expediente del caso y de

la transcripción de la prueba oral, encontramos que los

foros inferiores erraron al así resolver. A la luz de los

criterios esgrimidos y de la norma aquí pautada, resolvemos

que en el contexto que nos ocupa la Policía de Puerto Rico

no actuó de forma negligente. Veamos.

En

primer

lugar,

aunque

las

carreras

clandestinas

ocurrían recurrentemente en el lugar de los hechos, era

sumamente difícil para la Policía de Puerto Rico sorprender

a las personas durante la comisión del acto delictivo. Esto

pues, según declaró el Teniente Feliciano, había una única

ruta

por

la

cual

se

podía

llegar

al

lugar

y

ciertas

personas avisaban a los corredores de forma que, cuando

llegaba la Policía, las carreras se detenían y el público

se

dispersaba.20

ocurrencia

del

Así,

hecho

las

posibilidades

delictivo

mediante

de

la

evitar

intervención

policiaca eran mínimas.

20

la

Véase, Transcripción de la prueba oral, Apéndice, pág. 428.

CC-2014-588

De

22

otro

lado,

el

día

de

los

hechos

se

celebraban

también las fiestas patronales del Municipio de Morovis,

las

cuales

mayoría

pues,

de

aglomeraban

los

de

recursos

asignados

y

4,000

a

5,000

esfuerzos

legítimamente

a

personas.21

policiacos

tal

La

estaban,

actividad.22

Según

declaró el Teniente Feliciano, al recibir la querella sobre

las carreras clandestinas, “[la Policía Estatal] est[aba]

cort[a] [de] recurso[s]”.23

Aun así, del expediente del caso de autos se desprende

que

el

Teniente

Feliciano,

al

recibir

información

relacionada a que se celebrarían las carreras clandestinas,

acudió al lugar denunciado, pero no se topó con actividad

ilícita alguna. Ante ello, se marchó del lugar e instruyó a

otro

agente

estatal

a

dar

seguimiento

de

la

situación

cuando no tuviese que atender querellas, tarea principal

que le correspondía ejecutar el día de los hechos.

Asimismo,

de

la

prueba

presentada

ante

el

foro

de

instancia no se desprende una relación particular entre la

Policía de Puerto Rico y los jóvenes Morales Carrión y

Colón Rivas de la cual pudiese emanar un deber distinguible

o especial de proveer seguridad. Finalmente, en este caso,

tiene particular relevancia el que los jóvenes Colón Rivas

y Morales Carrión estaban participando voluntariamente de

la

21

actividad

delictiva

Íd., pág. 400.

Íd., pág. 433.

23

Íd., págs. 400 y 423-424.

22

por

cuya

ocurrencia

se

pretende

CC-2014-588

23

responsabilizar

al

ELA.

No

podemos

avalar

tal

curso

de

acción.

En fin, la totalidad de las circunstancias del caso de

autos no nos permite concluir que la Policía de Puerto Rico

y,

por

ende,

advertir

el

además

ELA

que,

actuó

de

en

contexto

el

forma

negligente.

Huelga

del

caso,

presente

imponer responsabilidad al ELA implicaría intervenir con

una decisión discrecional administrativa respecto a cómo y

a

dónde

la

Policía

de

otro

lado,

un

porcentaje

Puerto

Rico

debe

asignar

sus

recursos.

De

imponer

demandantes.

Los

los

foros

de

jóvenes

inferiores

negligencia

Colón

Rivas

erraron

comparada

y

Morales

al

no

a

los

Carrión

incurrieron en negligencia contributiva a la ocurrencia de

los hechos. Sin lugar a dudas, al acudir a unas carreras

clandestinas,

éstos

se

colocaron

en

una

situación

de

peligro e incurrieron en negligencia que contribuyó a la

cadena de eventos que culminó con su muerte. Ante ello,

procede

imponerles

el

porcentaje

de

responsabilidad

que

corresponda y reducir la indemnización de los demandantes

de

conformidad

con

esa

distribución

de

responsabilidad.

Véase, H.M. Brau del Toro, op. cit.24

24

Explica Brau del Toro que:

[l]a negligencia concurrente de una persona que resulta

lesionada o muerta en un accidente es imputable a sus

causahabientes que reclamen, ya por la acción patrimonial

hereditaria del occiso o ya por su acción personal, por

daños propios derivados de la muerte o de las lesiones

sufridas por el perjudicado. H.M. Brau del Toro, Los daños

CC-2014-588

24

IV.

Por

los

fundamentos

que

anteceden,

se

revoca

el

dictamen recurrido y se desestima la causa de acción por

daños y perjuicios en contra del ELA. Se devuelve el caso

al Tribunal de Primera Instancia para que, conforme a la

doctrina de negligencia comparada, adjudique el porcentaje

de

responsabilidad

Morales

Carrión

y

correspondiente

Juan

Pablo

jóvenes

Omar

y

ajuste

las

José M. Class Otero

de

Colón

cuantías adeudadas por el señor

a

los

Rivas

acuerdo con lo aquí resuelto.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta

y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed.,

San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, pág. 415. (Énfasis suplido).

Véase, además, Miranda v. ELA, 137 DPR 700, 716 (1994) (donde

expresamos que “en los casos en los cuales los codemandantes sean

los causahabientes, parientes o terceros de un perjudicado, que

incurrió en negligencia, sus compensaciones se reducirán en esa

proporción”).

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pablo Colón Chévere, Elba

Rivas Maldonado y la Sociedad

Legal

de

Gananciales

compuesta por ambos y otros

Recurridos

CC-2014-588

v.

José M. Class Otero, José H.

Ortiz Sandoval, Estado Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

Policía de Puerto Rico y

otros

Peticionarios

Julio

Morales

Rodríguez,

Carmen Carrión López y la

Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos y otros

Recurridos

v.

José M. Class Otero, José H.

Ortiz Sandoval, Estado Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

Policía de Puerto Rico y

otros

Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2016.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente Sentencia, se revoca el dictamen recurrido y se

desestima la causa de acción por daños y perjuicios instada

en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que,

conforme a la doctrina de negligencia comparada, adjudique

el porcentaje de responsabilidad que corresponde a los

jóvenes Omar Morales Carrión y Juan Pablo Colón Rivas y

ajuste las cuantías adeudadas por el Sr. José M. Class

Otero de conformidad con lo aquí resuelto.

CC-2014-588

2

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica el

Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora

Pabón Charneco concurre con el resultado y hace constar la

siguiente expresión:

La Jueza Asociada señora Pabón Charneco concurre

con el resultado anunciado por una Mayoría del

Tribunal.

A pesar de entender que los foros

inferiores erraron al imputarle responsabilidad

civil al Gobierno de Puerto Rico, le parece fútil

acudir a un potpurrí de derecho comparado para

resolver la controversia de marras. En lugar de

emitir

una

Opinión

para

idear

un

estándar

intricado de los ocho (8) pasos, aplicaría la

norma jurídica anunciada en Ramos Oppenheimer v.

Leduc, 103 DPR 343 (1975), para resolver el caso

de autos. Tal y como reconoce la Opinión que

antecede, los hechos de ese caso son análogos a

los que analizamos en el caso de epígrafe. Bastaba

con emitir una Sentencia y aplicar ese precedente

judicial en lugar de aventurarnos a exponer las

normas y principios de otras jurisdicciones en

este tema para engendrar un estándar poco práctico

e innecesario.

El Juez Asociado señor Rivera García emitió una Opinión

Disidente, a la cual se une el Juez Asociado señor Estrella

Martínez.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pablo Colón Chévere; Elba

Rivas Maldonado y la Sociedad

Legal de Gananciales compuesta

por ambos

Recurridos

v.

José M. Class Otero; José H.

Ortíz Sandoval, Estado Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

Policía de Puerto Rico y otros

Peticionarios

CC-2014-0588

Certiorari

-------------------------Julio Morales Rodríguez y

Carmen Carrión López y la

Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos y otros

Recurridos

v.

José M. Class Otero; José H.

Ortíz Sandoval, Estado Libre

Asociado de Puerto Rico,

Policía de Puerto Rico y otros

y otros

Peticionarios

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor RIVERA GARCÍA a

la cual se une el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2016.

A la luz del Derecho y los principios generales de

responsabilidad

civil

contenidos

en

nuestro

ordenamiento

jurídico, disiento. Distinto a lo que resuelve una Mayoría

de este Tribunal, la Policía de Puerto Rico, y por ende el

CC-2014-0588

2

Estado,

es

responsable

tercero

en

unas

por

carreras

los

daños

clandestinas

causados

por

que

décadas,

por

un

tanto el Municipio de Morovis como la Policía de Puerto

Rico,

tenían

pleno

conocimiento

sobre

su

celebración.

Ello, por entender que eran enteramente previsibles los

hechos

ocurridos

en

este

caso.

Al

igual

que

el

foro

apelativo intermedio, considero que la Policía de Puerto

Rico

no

previno

adecuadamente

ni

ejerció

acciones

afirmativas para evitar los daños ocasionados. Veamos.

I

Desde

el

año

1990,

todos

los

fines

de

semana

se

celebraban carreras clandestinas de vehículos de motor en

distintas áreas del Municipio de Morovis. De la propia

Opinión

evento

Mayoritaria

era tal

se

desprende

que

“la

magnitud

del

que contaba con la participación de un

público de entre 200 a 300 personas (…) y lo que es más,

contaban con el apoyo indirecto del Alcalde del Municipio.

Tanto

así

que

la

Policía

Municipal

tenía

instrucciones

específicas de no intervenir con las carreras”.25 Ello,

porque según los testimonios de la Sra. Carmen D. Carrión

López, retirada de la policía municipal, y del Sr. Walter

Cortés Pérez, intervenir con los corredores “afectaba la

imagen y los planes políticos del alcalde”.26

Esto coincide con las determinaciones de hecho que

consignó el Tribunal de Primera Instancia en su sentencia.

Procedo a destacar, entre otras, las siguientes: (1) a

25

26

8.

Opinión Mayoritaria, pág. 2. (Énfasis nuestro).

Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones, KLAN 2013-01710, pág.

CC-2014-0588

3

partir de los años 90 hasta la fecha del accidente, dichas

carreras clandestinas

se efectuaban con gran frecuencia

los fines de semana: viernes, sábado y especialmente los

domingos;

(2)

el

evento,

Municipio

de

Morovis,

indirectamente

apoyado

convirtió

años

se

por

por

el

en

uno

tradicional y multitudinario en el que se conglomeraban

entre 200 a 300 personas; (3) el arraigo en el pueblo era

tal que la Policía Municipal tenía instrucciones de no

intervenir con los corredores y el Alcalde construyó una

pista de carreras aledaña al puente que nunca se terminó,

pero que se utilizaba por el público como estacionamiento

y

donde

se

instalaban

kioscos

para

el

estipendio

de

bebidas y refrigerios, entre otros. Durante las Fiestas

Patronales era más común la venta de comida, bebidas, y

refrigerios

frente

o

cerca

de

la

pista

clandestina.

Ciudadanos se reunían y se congregaban a ver las carreras

clandestinas a modo de un evento deportivo legítimo; (4)

la Policía de Puerto Rico tenía pleno conocimiento del

grave problema y el peligro que representaba por muchos

años

las

carreras

clandestinas

(hecho

delictivo)

en

la

carretera 567, en el Bo. San Lorenzo, no sólo para los

participantes

y

el

público

espectador,

sino

para

los

vecinos y los conductores a los cuales se les impedía el

paso por la referida vía pública.27

Surge también del expediente que el testigo Wilson

Torres Morales, quien se destacaba como policía municipal

27

Íd.

CC-2014-0588

de

dicho

propuesta

4

Municipio,

declaró

o

comandante

plan

al

que

había

de

presentado

distrito

y

una

a

los

supervisores de la Policía de Puerto Rico para trabajar

con

la situación de las carreras clandestinas que se

realizaban en el barrio San Lorenzo. Sin embargo, dicho

plan nunca se llevó a cabo previo al accidente. Otro de

los

testigos

presentados

fue

el

teniente

Feliciano

Calderón. Este testificó que para la fecha del accidente

se

le

notificó

realizando

que

unas

en

el

referido

carreras

barrio

clandestinas.

se

Sin

estaban

embargo,

expresó que ello era habitual casi todos los domingos.

Estos testimonios confirman que las carreras clandestinas

que

se

realizaban

en

ese

lugar

eran

de

conocimiento

general de todo el pueblo, incluyendo la Policía y el

propio Alcalde. Antes del accidente la Policía de Puerto

Rico

se

limitó

a

expedir,

ocasionalmente,

multas

de

tránsito a los observadores de las carreras clandestinas.

Cónsono con lo anterior y contrario a la teoría que

pretende

promulgar

la

Opinión

Mayoritaria,

es

forzoso

concluir que lo ocurrido ese fatídico día pudo haberse

evitado, pues era previsible que ocurriera tan lamentable

incidente.

La

prueba

presentada

así

lo

confirma.

Esto

reafirma que la Policía de Puerto Rico tenía conocimiento

de

la

celebración

de

las

carreras

clandestinas

que

se

llevaban a cabo en dicho lugar y no tomó las medidas de

seguridad necesarias para atender la situación y detener o

al menos prevenir la celebración de estas. Resulta más que

CC-2014-0588

5

evidente que ante estas circunstancias la Policía tenía el

deber

de

evitar

que

las

mismas

continuaran

ocurriendo.

Ello, en vista de que los agentes y funcionarios del orden

público tienen el deber ministerial de prevenir, descubrir

e investigar los delitos.28 Por lo tanto, considero que fue

correcta

la

determinación

del

Tribunal

de

Primera

Instancia y del foro apelativo intermedio respecto a que

la Policía de Puerto Rico, mediante la omisión de sus

deberes,

fue

negligente

y

en

consecuencia,

responde

solidariamente por los daños ocasionados.

Por

otra

parte,

la

Opinión

Mayoritaria

acoge

el

planteamiento del Estado y utiliza como fundamento el caso

de Ramos Oppenheimer v. Leduc, 103 DPR 342 (1975) porque,

según

aduce,

lo

ocurrido

allí

tiene

un

cuadro

fáctico

similar al de autos. Cabe destacar que la única similitud

que existe entre uno y otro caso consiste en que en ambos

hubo unas carreras de automóviles ilegales en lugares que

no estaban destinados para ello. En Ramos Oppenheimer v.

Leduc, supra, un joven de 14 años murió luego de que este

se ubicó dentro de la pista del aeropuerto de Santa Isabel

en el preciso momento en que competían los carros. En el

caso de epígrafe, cinco personas, observadoras del evento,

28

Cabe resaltar que la Policía de Puerto Rico, dentro del marco de sus

funciones, tiene la obligación de “proteger a las personas y a la

propiedad, mantener y conservar el orden público (…) prevenir,

descubrir, investigar y perseguir el delito y, dentro de la esfera de

sus atribuciones, compeler obediencia a las leyes y ordenanzas

municipales, y reglamentos que conforme a éstas se promulguen”. 25

LPRA sec. 3102.

CC-2014-0588

fallecieron

6

tras

ser

atropelladas

por

un

vehículo

que

perdió el control del volante.

Consideramos que el referido caso es distinguible al

caso

que

esta

ante

nuestra

consideración.

En

Ramos

Oppenheimer v. Leduc, supra, contrario a lo que ocurrió en

este

caso,

no

era

previsible

que

una

persona

saliera

inesperadamente y se colocara justo en medio de la pista

en el preciso momento en que competían los carros que allí

corrían.

Era

improbable

que

en

ese

caso

el

agente

o

funcionario supiera que ese acontecimiento iba a ocurrir.

No obstante, en el presente caso, sí era de conocimiento

general que se realizaban carreras clandestinas todos los

domingos en el barrio San Lorenzo desde hacía varios años

y, como cuestión de hecho, ese día se reportó una posible

una carrera. Por lo tanto, era previsible que ocurriera un

accidente. Así pues, considero que las circunstancias en

Ramos Oppenheimer v. Leduc, supra, son distintas, por lo

que el mismo no es de aplicación con el de autos.

Finalmente, resulta imperativo señalar que, además de

optar por no adjudicarle responsabilidad al Estado por los

daños causados y sí imputarle negligencia comparada a los

jóvenes que murieron en el trágico accidente, una Mayoría

de este Tribunal pretende pautar un escrutinio de ocho

criterios que aplicarían al momento de evaluar una alegada

negligencia

del Estado en el

evitar

comisión

la

de

ejercicio de su deber de

delitos.

Entendemos

que

el

escrutinio propuesto, lejos de regir los procedimientos

CC-2014-0588

7

judiciales al amparo del Art. 1802 del Código Civil, le

exige a los reclamantes la carga de probar unos requisitos

adicionales e innecesarios a los principios generales de

responsabilidad

civil

ya

legislados

y

contenidos

en

nuestro ordenamiento jurídico.29 Es decir, al imponer el

aludido escrutinio, una Mayoría de este Tribunal empina

innecesariamente el camino a los ciudadanos que reclamen

daños bajo el fundamento de que el Estado omitió su deber

de velar por el cumplimiento de las leyes, toda vez que

añade

ocho

peldaños

ajenos

a

la

reiterada

normativa

vigente en este tipo de pleitos. Ello, trastocando toda

una doctrina jurídica carente fundamentos.

Tal y como concluyeron los foros inferiores, aquí no

se

trata

de

intervenir

con

una

decisión

discrecional

administrativa respecto a cómo y dónde el Estado asigna

sus recursos policiales, sino del hecho de que existía y

29

Según lo establece la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 conocida

como Ley de Pleitos contra el Estado, 32 LPRA secs. 3077-3084, la

renuncia a la inmunidad soberana opera cuando se cumple con ciertos

requisitos. A tales efectos, para prevalecer en una causa de acción de

daños y perjuicios basada en actuaciones u omisiones culposas o

negligentes de un funcionario hay que establecer: primero, que el

causante del daño, debe haber actuado en su capacidad oficial como

agente, funcionario o empleado del Estado; segundo, que este actuó

dentro del marco de su funciones; tercero, que la actuación fue

negligente, no intencional; y cuarto, debe existir una relación causal

entre la conducta negligente y el daño. García v. ELA, 163 DPR 800,

811–812 (2005). Véase además, Leyva et al. v. Aristud et al., 132 DPR

489, 510 (1993).

En casos particulares de agentes del orden público, hay que establecer

un nexo lógico entre la actuación negligente de la Policía y los

intereses del Estado por razón del ejercicio de funciones expresas o

implícitas. Sánchez Soto v. ELA, 128 DPR, 497, 506 (1991). Una vez se

cumple con estos requisitos, el Estado está sujeto a responsabilidad

civil cuando, a través de sus funcionarios es negligente por omisión

al incumplir con el deber impuesto por un estatuto o la Constitución

de Puerto Rico o de Estados Unidos. Es decir, que el Estado no tomó

las medidas estrictas de supervisión sobre aquellas actividades o

personas que se podría prever causarían daño. Véase, García v. ELA,

supra, y Negrón v. Orozco Rivera, 113 DPR 712 (1983).

CC-2014-0588

8

existe un deber jurídico por parte del Estado de hacer

cumplir

las

leyes

y

procurar

por

la

seguridad

de

sus

ciudadanos. Más aun, cuando los funcionarios y agentes del

orden público tenían pleno conocimiento de las actividades

que

allí

se

realizaban

y

cuyas

consecuencias

eran

razonablemente previsibles. No podemos ignorar el hecho de

que

continuamente

los

tribunales

estamos

revisando

las

acciones que se presentan en contra del Estado debido a la

negligencia de este en la práctica administrativa.

En conclusión, la situación de hechos ante nuestra

consideración no presenta circunstancias que justifiquen

eximir al Estado de su responsabilidad. Era enteramente

previsible, y en mayor grado para la Policía, en contacto

día tras día con este tipo de actividad, la posibilidad de

que

en

medio

clandestinas

de

de

la

celebración

vehículos

Morovis

ocurriera

efecto

ocurrió.

un

Por

de

trágico

lo

motor

de

estas

en

el

accidente

tanto,

actuó

carreras

Municipio

como

el

de

que

en

correctamente

el

Tribunal de Apelaciones al confirmar la determinación de

foro

de

alegados

primera

por

negligencia

la

del

instancia

parte

Estado

en

cuanto

a

que

los

demandante

ocurrieron

puesto

sus

que

daños

por

la

funciones

no

actuaron acorde a las leyes y reglamentos aplicables. La

Policía

optó

por

no

intervenir

con

el

evento

lo

que

claramente demuestra que no actuó como un hombre prudente

y razonable.

CC-2014-0588

9

II

Por

Tribunal

todo

de

lo

anterior,

Apelaciones

confirmaría

que,

a

su

el

dictamen

del

vez,

confirma

el

dictamen del Tribunal de Primera Instancia que declaró con

lugar la demanda instada y condenó solidariamente al ELA y

al Sr. José M. Class Otero a pagar a los co-demandantes el

máximo permitido en la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955

conocida como la Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el

Estado.30

Edgardo Rivera García

Juez Asociado

30

32 LPRA 3077 et seq.