Tribunal Supremo de Puerto Rico
Colón Chévere y otros v. Class Otero y otros
2016 TSPR 232
Poder Judicial de Puerto Rico
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Colón Chévere y otros v. Class Otero y otros
CC-2014-588
Daños y Perjuicios: Responsabilidad extracontractual del Estado por daños causados por terceros. Deber general del Estado de velar por la seguridad pública y evitar la criminalidad
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Pablo Colón Chévere, Elba Rivas
Maldonado y la Sociedad Legal de
Gananciales compuesta por ambos
y otros
Recurridos
v.
José M. Class Otero, José H.
Ortiz Sandoval, Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, Policía
de Puerto Rico y otros
Peticionarios
--------------------------------
Certiorari
2016 TSPR 232
196 DPR ____
Julio Morales Rodríguez, Carmen
Carrión López y la Sociedad
Legal de Gananciales compuesta
por ambos y otros
Recurridos
v.
José M. Class Otero, José H.
Ortiz Sandoval, Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, Policía
de Puerto Rico y otros
Peticionarios
Número del Caso: CC-2016-588
Fecha: 15 de noviembre de 2016
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Arecibo-Fajardo-Aibonito, Panel XII
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray
Procuradora General
Lcda. Miriam Alvarez Archilla
Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Miguel Morales Fajardo
Materia: Daños y Perjuicios: Responsabilidad extracontractual del
Estado por daños causados por terceros. Deber general del Estado de
velar por la seguridad pública y evitar la criminalidad.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Pablo Colón Chévere, Elba
Rivas Maldonado y la Sociedad
Legal
de
Gananciales
compuesta por ambos y otros
Recurridos
CC-2014-588
v.
José M. Class Otero, José H.
Ortiz Sandoval, Estado Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
Policía de Puerto Rico y
otros
Peticionarios
Julio
Morales
Rodríguez,
Carmen Carrión López y la
Sociedad Legal de Gananciales
compuesta por ambos y otros
Recurridos
v.
José M. Class Otero, José H.
Ortiz Sandoval, Estado Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
Policía de Puerto Rico y
otros
Peticionarios
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Presidenta Oronoz
Rodríguez.
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2016.
El
presente
caso
nos
brinda
la
oportunidad
de
establecer los contornos de la responsabilidad civil del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) en el contexto
del
deber
evitar
la
general
de
velar
criminalidad.
En
por
la
seguridad
particular,
pública
examinamos
y
la
controversia de si la Policía de Puerto Rico, y por ende el
CC-2014-588
2
ELA, es responsable civilmente por los daños causados por
un
tercero
durante
la
comisión
de
un
acto
delictivo.
Veamos.
I
Los hechos que dan lugar al caso de autos se remontan
al año 1998, cuando ocurrió un trágico accidente durante la
celebración de unas carreras clandestinas de vehículos de
motor en el Municipio de Morovis.
Desde
el
año
1990,
todos
los
fines
de
semana
se
celebraban carreras clandestinas de vehículos de motor en
distintas áreas del Municipio de Morovis, principalmente en
la Carretera 567 del Barrio San Lorenzo. La magnitud del
evento
era
público
de
tal
que
entre
contaba
con
la
200
300
personas.
a
participación
Las
de
un
carreras
clandestinas eran de conocimiento general y, lo que es más,
contaban con el apoyo indirecto del Alcalde del Municipio.
Tanto
así
que
la
Policía
Municipal
tenía
instrucciones
específicas de no intervenir con las carreras. Además, el
Alcalde había iniciado la construcción de una pista aledaña
a la Carretera 567 que era utilizada como estacionamiento
por el público que acudía a las carreras clandestinas. La
Policía
de
Puerto
Rico
tenía
conocimiento
del
grave
problema de las carreras clandestinas en el lugar donde
eventualmente ocurrieron los hechos que motivan este caso.
El 18 de julio de 1998, aproximadamente a las 4:00 de
la tarde, la Policía de Puerto Rico recibió información
respecto a que en la Carretera 567 del Barrio San Lorenzo
CC-2014-588
3
de Morovis se realizarían unas carreras clandestinas. Ese
día
se
celebraban
también
las
fiestas
patronales
del
Municipio, actividad a la que acudía un público de entre
4,000 a 5,000 personas.1 Según declaró el Teniente William
Feliciano,
entonces
Comandante
Auxiliar
del
Distrito
de
Morovis para la Policía de Puerto Rico, ante la querella
recibida
solicitó
Municipal
porque
ayuda
“[la
a
una
Policía
patrulla
Estatal]
de
la
Policía
est[aba]
cort[a]
[de] recurso[s]” y acudió al lugar señalado.2 Indicó que, al
llegar:
no habían ningunas . . . carreras, toda vez que
lo que había era una que otra persona allí, pues,
pasando tal vez el día, porque [sic.] también
allí hay un río que [sic.] muchas personas, pues,
acostumbran a pasar el día allí . . . [A]l notar
que no existía, en ese momento, ningún tipo de
evento,
pues
decid[ió]
entonces
regresar
nuevamente al personal a sus demarcaciones. . . y
le indi[có] al agente que estaba a cargo de
querellas que . . . [cuando no estuviera]
atendiendo querellas, . . . bajara [sic.] y le
diera seguimiento al área de San Lorenzo.3
Es
decir,
según
expuso
el
Teniente
Feliciano,
al
no
identificar actividad ilícita alguna, éste se marchó del
lugar e instruyó a otro agente estatal a dar seguimiento de
la situación cuando no tuviese que atender querellas, tarea
principal
que
le
correspondía
ejecutar
el
día
de
los
hechos.
1
Véase, Transcripción de la prueba, Apéndice, pág. 400.
Íd., págs. 423-424.
3
Íd., págs. 423-424. Conviene mencionar que las citadas declaraciones
del Teniente Feliciano surgen de la transcripción de la vista celebrada
por el Tribunal de Primera Instancia para dilucidar la negligencia de
las partes, no así de las determinaciones de hechos del foro de
instancia.
2
CC-2014-588
4
Sin embargo, ese mismo día, cerca de las 6:00 de la
tarde, se celebraron las carreras clandestinas en el lugar
denunciado.
Allí,
el
Sr.
José
M.
Class
Otero,
quien
participaba de éstas, perdió el control del vehículo que
conducía
a
exceso
de
velocidad,
impactó
a
varios
espectadores y provocó la muerte de cinco personas. Entre
las
personas
fallecidas
se
encuentran
los
jóvenes
Juan
Pablo Colón Rivas y Omar Morales Carrión.
Por tales hechos, durante el año 1998 los familiares de
las
cinco
contra
el
personas
señor
fallecidas
Class
Otero,
presentaron
dos
el
Municipio
ELA,
el
demandas
de
Morovis y otros demandados desconocidos. No obstante, según
solicitado por los entonces demandantes y sin oposición de
las partes demandadas, en el 2007 el Tribunal de Primera
Instancia dictó sentencia de desistimiento sin perjuicio en
ambos casos.4
En el año 2008, los familiares de los jóvenes Colón
Rivas
y
Morales
Carrión5
(en
conjunto,
los
demandantes)
presentaron nuevamente –esta vez por separado- dos demandas
por daños y perjuicios contra el señor Class Otero y el
4
Véase, Sentencia del Tribunal de Apelaciones KLAN 2013-01710KLAN 2013-01711, Apéndice, págs. 2-3.
5
En particular, el Sr. Pablo Colón Chévere, la Sra. Elba Rivas
Maldonado, la Sra. Zuheil Colón Rivas, la Sra. Damaris Arce Rodríguez y
el menor Joe Weslee Colón Arce reclamaron el resarcimiento de los daños
y perjuicios que presuntamente sufrieron a consecuencia de la muerte
del joven Juan Pablo Colón Rivas. Véase, Demanda Núm. C DP 2008-0123,
Apéndice, pág. 48. De otro lado, el Sr. Julio Morales Rodríguez, la
Sra. Carmen Carrión López, la Sra. Frances B. Nieves Laureano y el
menor Jomar Alberto Morales Nieves reclamaron por los daños y
perjuicios relacionados a la muerte del joven Omar Morales Carrión.
Véase, Demanda Núm. C DP 2008-0124, Apéndice, pág. 62.
CC-2014-588
ELA.6
En
5
lo
pertinente
a
la
controversia
de
autos,
los
demandantes alegaron que la muerte de Colón Rivas y de
Morales Carrión ocurrió a consecuencia de la negligencia
del ELA, particularmente de la Policía de Puerto Rico, al
no tomar las medidas necesarias para evitar la celebración
de las carreras clandestinas.7 Por su parte, el ELA contestó
la demanda, negó las alegaciones de responsabilidad en su
contra
y
argumentó,
entre
otros
asuntos,
que
los
demandantes asumieron el riesgo de lo ocurrido y que el
responsable de los hechos es el señor Class, tercero por el
cual el ELA no responde.
Luego de múltiples trámites procesales, el Tribunal de
Primera Instancia llevó a cabo las correspondientes vistas
para dilucidar la negligencia y los daños alegados.8 En
cuanto
al
asunto
de
la
negligencia,
por
parte
de
los
demandantes testificaron el Sr. Juan R. Ortega Álamo, quien
a
fecha
de
los
Departamento
de
Recreación
6
la
hechos
y
fungía
Deportes
como
del
Director
del
Municipio
de
De otra parte, la demanda incluyó también como demandados al Sr. José
Ortiz Sandoval, propietario del vehículo que provocó el accidente, y al
Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). No obstante,
posteriormente los demandantes desistieron de la reclamación contra el
señor Ortiz Sandoval, por lo cual el foro de instancia decretó el
archivo sin perjuicio de la demanda en cuanto a él. Véase, Sentencia
Parcial, Apéndice, págs. 284-285 y 984-985. Asimismo, la acción contra
el DTOP fue desestimada por prescripción. Véase, Sentencia del Tribunal
de Apelaciones KLAN 2013-01710-KLAN 2013-01711, Apéndice, págs. 13-14.
Nótese que esta vez no se incluyó como parte demandada al Municipio de
Morovis.
7
Vale señalar que, además de los demandantes del caso de epígrafe, los
familiares de las otras tres personas fallecidas durante los hechos
narrados presentaron también sus respectivas demandas por separado. No
obstante, estos casos no fueron consolidados en el foro de instancia.
Ello, a pesar de que el ELA solicitó la consolidación de los cinco
casos.
8
La vista de negligencia de ambos casos fue consolidada, mientras que
la vista de daños se llevó a cabo de forma separada.
CC-2014-588
6
Morovis; los señores Walter Cortés Pérez y Wilson Torres
Morales, quienes para la fecha de los hechos trabajaban
como
Policía
y
Teniente,
respectivamente,
de
la
Policía
Municipal; la Sra. Carmen Dolores Carrión López, quien era
la madre del joven Morales Carrión y, además, a la fecha de
los hechos era también Policía Municipal; y la Sra. Frances
Nieves, viuda del joven fenecido Morales Carrión. Por su
parte, el ELA presentó como testigo al Teniente Feliciano.
Tras varios eventos procesales, el foro de instancia
emitió
las
correspondientes
sentencias
en
ambos
casos
y
declaró con lugar la acción incoada por los demandantes.9 En
cuanto al señor Class, dictó sentencia en rebeldía en su
contra. En lo relativo al ELA, razonó que “la Policía de
Puerto Rico actuó negligentemente al dejar de cumplir con
una de sus funciones básicas . . . de velar porque en las
carreteras
de
velocidad
y
Puerto
[que
Rico
éstas]
no
se
observen
se
utilicen
los
límites
para
de
realizar
carreras de competencia”.10 Añadió que la Policía Estatal
incurrió
en
responsabilidad
al
no
tomar
medidas
de
seguridad adecuadas para proteger la vida de los ciudadanos
a pesar de tener pleno conocimiento de que en el lugar de
los hechos ocurrirían las carreras clandestinas.
El foro de instancia adjudicó un cincuenta por ciento
(50%) de responsabilidad al ELA y un cincuenta por ciento
(50%) de responsabilidad al señor Class Otero e impuso la
9
Ambas sentencias son esencialmente iguales.
Véase, Sentencias del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, págs.
628 y 711.
10
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7
cuantía máxima de daños que permite la Ley Núm. 104 de
29 de junio de 1955, según enmendada, 32 LPRA sec. 3074
et seq., conocida como la “Ley de Pleitos contra el Estado”
(Ley de Pleitos contra el Estado) en cada caso.11 El ELA
presentó
una
oportuna
moción
de
reconsideración
cosas,
el
presentó
el
Tribunal
que
fue
recursos
de
declarada no ha lugar.
Así
apelación
las
ante
ELA
de
dos
Apelaciones
que
fueron
posteriormente consolidados. Sostuvo, en síntesis, que erró
el
foro
de
instancia
al
determinar
que
el
ELA
fue
negligente ya que de la prueba surge que la Policía de
Puerto
Rico
tomó
acciones
para
evitar
los
daños.
Hizo
particular referencia al caso Ramos Oppenheimer v. Leduc,
103 DPR 342 (1975), en el cual este Tribunal se negó a
imponer responsabilidad al ELA por unos hechos similares a
los del caso de autos. De otro lado, arguyó que el Tribunal
de Primera Instancia abusó de su discreción al conceder a
11
En particular, la indemnización otorgada a los familiares del joven
Colón Rivas por angustias mentales fue la siguiente: (a) Sr. Pablo
Colón Chévere, $120,000; (b) Sra. Elba Rivas Maldonado, $120,000; y (c)
Sra. Zuheil Colón Rivas, $60,000. Ahora bien, teniendo en cuenta las
limitaciones de cuantía que establece la Ley de Pleitos contra el
Estado, dispuso que el cumplimiento de la sentencia se podría
satisfacer de la siguiente forma: (a) Sr. Pablo Colón Chévere, $60,000;
(b) Sra. Elba Rivas Maldonado, $60,000; y (c) Sra. Zuheil Colón Rivas,
$30,000. El foro de instancia desestimó la demanda en cuanto a las
demandantes Damaris Arce Rodríguez y el menor Joe Weslee Colón ya que
éstos no comparecieron a la vista de daños. De otro lado, la
indemnización otorgada a los familiares del joven Morales Carrión por
angustias mentales fue la siguiente: (a) Sr. Julio Morales Rodríguez,
$120,000; (b) Sra. Carmen Carrión López, $120,000; (c) Sra. Frances D.
Nieves Laureano, $20,000; y (d) menor Jomar Alberto Morales Carrión,
$40,000. Empero, considerando las limitaciones de cuantía que establece
la Ley de Pleitos contra el Estado, dispuso que el cumplimiento de la
sentencia se podría satisfacer de la siguiente forma: (a) Sr. Julio
Morales Rodríguez, $60,000; (b) Sra. Carmen Carrión López, $60,000; (c)
Sra. Frances D. Nieves Laureano, $10,000; (d) menor Jomar Alberto
Morales Carrión, $20,000.
CC-2014-588
8
los demandantes una cuantía excesiva de daños emocionales y
angustias mentales.
El
Tribunal
de
Apelaciones
emitió
una
sentencia
mediante la cual confirmó al Tribunal de Primera Instancia.
Concluyó
que
de
la
prueba
instancia
surge
que
la
presentada
Policía
de
ante
Puerto
el
foro
Rico
no
de
tomó
medidas de seguridad y prevención adecuadas para proteger
la vida de los ciudadanos y fue negligente en el ejercicio
de
sus
deberes.
En
cuanto
al
segundo
error
señalado,
determinó que no intervendría con las cuantías impuestas
por
el
foro
de
instancia
en
ausencia
de
abuso
de
discreción.
Inconforme, el ELA acudió ante este Tribunal mediante
recurso
de
certiorari
y,
en
esencia,
reiteró
planteamientos
esgrimidos
ante
los
foros
Expedido
recurso
con
el
beneficio
el
y
los
inferiores.
de
las
comparecencias de ambas partes, procedemos a resolver.
II
A.
En
nuestro
ordenamiento
jurídico,
aquél
que
por
acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o
negligencia,
Artículo
1802
está
obligado
a
reparar
del
Código
Civil,
31
el
daño
causado.
LPRA
sec.
5141.
En
innumerables ocasiones hemos expresado que, en aras de que
exista responsabilidad al amparo del citado Artículo 1802
del Código Civil, supra, es indispensable que ocurra una
acción u omisión, un daño y la correspondiente relación
CC-2014-588
9
causal entre el daño y la conducta culposa o negligente.
Véanse, García v. ELA, 163 DPR 800 (2005); Administrador v.
ANR, 163 DPR 48 (2004); Valle v. ELA, 157 DPR 1 (2002);
Elba ABM v. UPR, 125 DPR 294 (1990); Reyes v. Sucn. Sánchez
Soto, 98 DPR 305 (1970). Recae sobre la parte que solicita
ser
indemnizada
preponderancia
de
el
deber
de
establecer,
la
prueba,
todos
los
mediante
elementos
causa de acción por daños y perjuicios.
de
la
García v. ELA,
supra.
La responsabilidad
por
negligencia se caracteriza
por la concurrencia de los siguientes elementos: (a) la
existencia
general,
de
una
reconocido
obligación
por
el
o,
al
Derecho,
menos,
que
de
exige
un
deber
que
los
sujetos ajusten sus actos a un determinado tipo de conducta
para la protección de los demás contra riesgos irrazonables
y (b) que el agente del daño haya obrado sin ajustarse a
semejante tipo de conducta. J. Puig Brutau, Fundamentos de
Derecho Civil, Tomo II, Volumen III, 88, Barcelona, Ed.
Bosch, 1983.
El factor de la previsibilidad es parte fundamental de
la responsabilidad por culpa o negligencia. Elba ABM v.
UPR, supra, pág. 309. El grado de previsibilidad en cada
caso varía, dependiendo del estándar de conducta que sea
aplicable. Hernández v. Televicentro, 168 DPR 803 (2006).
Respecto
a
qué
constituye
un
resultado
razonablemente
previsible, hemos expresado que “el deber de previsión no
se extiende a todo peligro imaginable que concebiblemente
CC-2014-588
10
pueda amenazar la seguridad . . . sino a aquél que llevaría
a
una
persona
prudente
a
anticiparlo”.
Hernández
v.
La
civil,
es
Capital, 81 DPR 1031, 1038 (1960).
Además,
para
que
exista
responsabilidad
necesario que concurra un nexo causal entre la acción u
omisión
culposa
o
negligente
y
el
daño
producido
al
reclamante. Elba ABM v. UPR, supra. En nuestra jurisdicción
rige la doctrina de la causalidad adecuada, conforme a la
cual “la ocurrencia del daño en cuestión era previsible
dentro del curso normal de los acontecimientos. En otras
palabras, causa es la condición que ordinariamente produce
el daño, según la experiencia general”. Íd., pág. 310.
Finalmente,
ordenamiento
Quiñones
debemos
rige
López
la
v.
recordar
doctrina
Manzano
de
Pozas,
que
en
negligencia
141
DPR
nuestro
comparada.
139
(1996).
Conforme a ésta, la negligencia concurrente o contribuyente
del demandante sirve para mitigar, atenuar o reducir la
responsabilidad
pecuniaria
del
demandado,
pero
no
para
eximirle totalmente de responsabilidad. H.M. Brau del Toro,
Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico,
2da
ed.,
San
Juan,
Pubs.
J.T.S.,
1986,
pág.
410.
Esta
doctrina requiere que el juzgador, además de determinar el
monto
de
la
compensación
que
corresponde
a
la
víctima,
establezca el porcentaje de responsabilidad o negligencia
que corresponda a cada parte y reduzca la indemnización del
demandante
de
responsabilidad.
conformidad
con
esta
distribución
de
Íd. Así, para determinar la negligencia
CC-2014-588
que
11
corresponde
a
cada
comparada
es
hechos
circunstancias
y
necesario
parte
en
“analizar
que
casos
y
de
negligencia
considerar
mediaron
en
todos
el
caso,
los
y
particularmente si ha habido una causa predominante”. Íd.,
pág. 412.
B.
Aunque
por
extracontractual
lo
general
surge
de
la
actos
responsabilidad
u
omisiones
civil
propias,
el
Artículo 1803 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5142, dispone
que la obligación de reparar un daño a otro es exigible
también “por los de aquellas personas de quienes se debe
responder”. Conforme al citado Artículo, el Estado responde
extracontractualmente
en
condiciones
sería
en
que
las
mismas
circunstancias
responsable
un
y
ciudadano
particular por aquellos daños causados por sus funcionarios
cuando
actúan
dentro
del
ámbito
de
sus
funciones.
Íd.
Véase, además, Galarza Soto v. ELA, 109 DPR 179 (1979).
Claro
está,
en
virtud
de
la
doctrina
de
inmunidad
soberana, se requiere el consentimiento del Estado para que
puedan
instarse
procedimientos
judiciales
en
su
contra.
Guardiola Álvarez v. Depto. de Familia, 175 DPR 668 (2009);
Berríos Román v. ELA, 171 DPR 549 (2007). Así, los límites
de la responsabilidad civil del Estado se rigen por las
disposiciones de la Ley de Pleitos contra el Estado. En lo
pertinente, ésta permite que los ciudadanos demanden al ELA
por
las
actuaciones
culposas
o
negligentes
de
sus
empleados, funcionarios o agentes en el desempeño de sus
CC-2014-588
12
funciones y actuando en capacidad oficial. 32 LPRA sec.
3077. El Artículo 2 de esta Ley expone que:
[c]uando por tal acción u omisión se causaren
daños y perjuicios a más de una persona, o cuando
sean varias las causas de acción a que tenga
derecho un solo perjudicado, la indemnización por
todos los daños y perjuicios que causare dicha
acción u omisión no podrá exceder de la suma de
ciento cincuenta mil dólares ($150,000). Si de las
conclusiones del Tribunal surgiera que la suma de
los daños causados a cada una de las personas
excede de ciento cincuenta mil (150,000) dólares,
el Tribunal procederá a distribuir dicha suma
entre los demandantes, a prorrata, tomando como
base los daños sufridos por cada uno. Cuando se
radique una acción contra el Estado por daños y
perjuicios a la persona o a la propiedad, el
Tribunal ordenará, mediante la publicación de
edictos en un periódico de circulación general,
que se notifique a todas las personas que
pudieran
tener
interés
común,
que
deberán
comparecer
ante
el
Tribunal,
en
la
fecha
dispuesta
en
los
edictos,
para
que
sean
acumuladas a los fines de proceder a distribuir
la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000)
dólares entre los demandantes, según se provee en
esta Ley. Íd. (Énfasis suplido).
Nótese que la citada disposición enfatiza que ante la
ocurrencia
de
una
misma
acción
u
omisión
culposa
o
negligente del ELA que cause daños a más de una persona, la
indemnización
por
todos
los
daños
no
podrá
exceder
la
cuantía de $150,000. Íd.
C.
Anteriormente hemos evaluado la responsabilidad civil
que deriva de las actuaciones criminales de terceros en el
contexto de instituciones o comercios particulares. Hemos
puntualizado que, como norma general, “no existe un deber
de
proteger
a
otras
personas
de
actos
criminales
de
terceros”. Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796 (2006). No
CC-2014-588
13
obstante, hemos resuelto a modo de excepción que existen
situaciones en las que, en atención a las características
particulares de ciertas instituciones y de los servicios
que éstas proveen, un demandado puede responder por dichos
actos. Íd.
Por
ejemplo,
dispusimos
que
las
instituciones
educativas universitarias, los hoteles, los hospitales y
los centros comerciales tienen una relación particular con
sus
estudiantes,
huéspedes,
pacientes
y
clientes,
respectivamente, “que los obliga a ofrecerles un grado de
seguridad adecuado y razonable que procure garantizar su
bienestar”. Santiago v. Sup.
809.12
En
tales
Grande,
supra,
pág.
contextos, hemos expresado que:
la difícil determinación de cuándo existe un nexo
causal entre el daño producido por un acto
delictivo de un tercero y la omisión de cumplir
con la obligación de tomar precauciones, medidas
de seguridad y protección, no puede resolverse
nunca de una manera plenamente satisfactoria
mediante reglas abstractas, sino que en los casos
de duda ha de resolverse por el juez según su
libre
convicción,
ponderando
todas
las
circunstancias. Íd.
De otro lado, en Negrón de León v. Orozco, 113 DPR 712
(1983),
impusimos
responsabilidad
al
ELA
por
las
actuaciones negligentes de la Policía al “no proveer la
necesaria
seguridad
y
protección
al
ciudadano
querellante . . . para impedir el previsible resultado de
12
Véanse, Elba ABM v. UPR, 125 DPR 294 (1990) (sobre las instituciones
educativas universitarias); Pabón Escabí v. Axtmayer, 90 DPR 20
(1964)(sobre los hoteles); Hernández v. La Capital, 81 DPR 1031
(1960)(sobre los hospitales); J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina,
132 D.P.R. 785 (1993) (sobre los centros comerciales); y Santiago v.
Sup. Grande, 166 DPR 796 (2006) (sobre los establecimientos comerciales
que no cualifican como centros comerciales).
CC-2014-588
14
violencia en que perdió la vida” a manos de un policía en
medio
de
una
discusión
en
el
propio
cuartel.
Al
así
resolver, prestamos particular atención a la naturaleza de
los cuarteles de la policía y al ambiente de seguridad que
allí debe imperar. Íd.
Asimismo, evaluamos un cuadro fáctico similar al de
autos
en
Ramos
ocasión,
un
vehículo
de
Oppenheimer
joven
falleció
motor
clandestinas
en
el
que
v.
Leduc,
tras
ser
competía
aeropuerto
de
supra.
En
aquella
atropellado
en
unas
Santa
por
un
carreras
Isabel.
Sus
familiares demandaron, entre otros, al ELA por no evitar la
ocurrencia de la carrera clandestina que produjo la muerte
del joven. Este Tribunal se negó a imponer responsabilidad
al
ELA
por
entender
el
a
además
cometiendo
un
acto
la
del
aeropuerto.
ilícitamente
a
imprudencia
pista
del
accidente
principalmente
estaba
la
que
joven
se
occiso,
delictivo
debió
quien
al
entrar
También,
allí
estimamos que:
[n]o tiene validez el argumento de que a la
policía se le avisó y no fue a detener la
competencia. Para aquella época el puesto de la
policía de Santa Isabel tenía 16 policías. Con
ese personal se cubrían tres turnos de ocho horas
diarias, incluyendo vacaciones. Durante las horas
del día había sólo dos policías disponibles en
servicio -uno en el retén y otro en la calle.
Para la fecha de los hechos se celebraban en
Santa Isabel unas primarias. Constituían dichas
primarias
una
actividad
lícita,
que
atrae
considerable número de personas y en donde se
necesitaba la policía. Pero independientemente de
esa situación específica, la verdad es que el
Estado no puede tener policías presentes, a todas
horas, en todos los lugares en Puerto Rico en que
es ilegal, pero físicamente posible, celebrar una
CC-2014-588
15
carrera de automóviles. También la policía, al
recibir llamadas tiene que atender éstas según su
importancia y según sus medios. Para ello tiene
que ejercer discreción el oficial a cargo del
puesto.
Los
medios
de
la
policía
no
son
infinitos. El oficial no puede adivinar los
acontecimientos
futuros.
No
abusó
de
su
discreción al decidir que las primarias tenían
prioridad. Íd., págs. 343-344 (Énfasis suplido).
De otra parte, desde el punto de vista del Derecho
comparado, exponemos la forma en que España ha analizado
controversias análogas a la de autos. A esos efectos, el
Tribunal
Supremo
demandante
español
pretendía
atendió
imputar
un
caso
responsabilidad
en
que
civil
el
a
la
Policía Nacional al no haber intervenido para evitar un
robo ocurrido en una joyería.13 El foro judicial de España
se
negó
a
contexto.
imputar
Explicó
responsabilidad
que,
aunque
es
al
muy
Estado
en
ese
probable
que
la
intervención policiaca hubiese evitado la consumación del
robo, en los supuestos de comportamiento omisivo, no basta
con
que
la
intervención
del
Estado
hubiera
impedido
la
lesión, pues esto conduciría a una ampliación irrazonable y
desmesurada
contrario,
de
el
su
responsabilidad
Tribunal
Supremo
de
patrimonial.
Por
el
España
que
es
estimó
necesario “que haya algún otro dato en virtud
del cual
quepa
a
objetivamente
comportamiento
imputar
la
lesión
dicho
omisivo [del Estado]; y ese dato . . . sólo
puede ser la existencia de un deber jurídico de actuar”.14
13
S. del 31 de marzo de
Jurisprudencia, pág. 6268.
14
Íd.
2009
Núm.
2350/2009
II
Repertorio
de
CC-2014-588
16
Por otro lado, conviene examinar a modo ilustrativo el
tratamiento que otras jurisdicciones han dado al asunto.
Así, destacamos que en Argentina también “se ha afianzado
una
tendencia
responsabilidad
restrictiva
al
estatal
omisión
por
reconocimiento
del
de
la
ejercicio
de
potestades administrativas de control”.15 En casos similares
al de autos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
máximo foro judicial argentino, ha expresado que el deber
genérico de proveer seguridad no se traduce automáticamente
en la existencia de responsabilidad.16 Esto, pues exigir que
el Estado evite todo daño a sus ciudadanos “requeriría una
previsión
extrema
que
sería
no
sólo
insoportablemente
costosa para la comunidad, sino que haría que se lesionaran
severamente
las
libertades
de
los
mismos
ciudadanos
a
rige
el
proteger".17
Asimismo,
aunque
el
caso
de
autos
se
por
Derecho Civil, también a modo ilustrativo destacamos que
las jurisdicciones de Estados Unidos, como norma general,
se han negado a imponer responsabilidad civil al Estado por
no
15
evitar
la
criminalidad
en
ausencia
de
una
relación
P. Perrino, La responsabilidad del Estado por la omisión del
ejercicio de sus funciones de vigilancia, Rev. Der. UM (2011),
disponible
en:
http://revistaderecho.um.edu.uy/wpcontent/uploads/2013/10/Perrino-Laresponsabilidad-del-estado-por-la-omision-del-ejercicio-de-susfunciones-de-vigilancia.pdf
16
Íd., pág. 60 (citando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(CJSN), causa Cohen, Eliazar c. Río Negro, Provincia de y otros s/daños
y perjuicios, Fallos: 329:2088 Fallos: 332:2328).
17
Íd., (citando a la CSJN, causa Mosca, Hugo Arnaldo c. Provincia de
Buenos Aires (Policía Bonaerense) y otros s/daños y perjuicios, Fallos:
330:653).
CC-2014-588
17
especial (“special relationship”) entre policía y víctima.18
Esto es, se requiere una relación particular y distinguible
entre los organismos policiacos y la víctima con tal de
hallar
responsable
al
Estado
ante
las
actuaciones
criminales de un tercero.19 Uno de los casos más importantes
en cuanto a esta materia, Schuster v. City of New York, 5
N.Y.2d 75, 154 N.E.2d 534, 180 N.Y.S.2d 265 (1958), evaluó
la situación de un ciudadano que fue asesinado mientras
18
Véanse, por ejemplo, South v. Maryland, 59 U.S. (18 How.) 396 (1856);
Peck v. United States, 470 F. Supp. 1003 (S.D.N.Y. 1979); Commercial
Union Ins. Co. v. City of Wichita, 217 Kan. 44, 536 P.2d 54 (1975);
Riss v. City of New York, 22 N.Y.2d 579, 240 N.E.2d 860, 293 N.Y.S.2d
897 (1968). Véase además, en general, Harvard Law Review Association,
Police Liability for Negligent Failure to Prevent Crime, 94 Harv. L.
Rev. 821 (February, 1981)(donde se analiza y critica el tratamiento
jurisprudencial norteamericano del tema que nos ocupa).
19
Se pueden identificar varios cuadros fácticos o categorías de hechos
que tienen lugar en situaciones como las que nos ocupan, a saber:
The first and narrowest category consists of cases in which
the plaintiff is harmed as a consequence of his abetting
the police, often as an informer or witness. Courts have no
difficulty
in
finding
a
police
duty
of
reasonable
protection in these cases, as the police are considered to
have taken affirmative action that placed the plaintiff in
peril.
[. . .]
In the second category of cases police extend express
promises of protection to specific individuals. Courts
generally hold that law enforcement officers have a duty to
provide the promised protection.
[. . .]
The third category consists of situations in which the
police are aware of a danger to a specific individual, but
have neither jeopardized the plaintiff through their
affirmative acts nor promised him protection. . . .
[C]ourts rarely impose a duty of police protection.
[. . .]
In the fourth class of cases, police are aware of a
narrowly defined and readily identifiable source of danger
to the public, but cannot reasonably foresee a specific
victim. The paradigmatic example is a drunken driver whom
the police do not arrest even after being made aware of his
inebriation. Rarely in these cases do courts recognize a
duty of protection.
In the final category of cases the police fail to provide
protection from a more general threat, such as a “crime
wave.” . . . In either situation, courts are highly
unlikely to find a duty of protection running to individual
members of the public. Harvard Law Review Association,
supra, págs. 825-827.
CC-2014-588
18
ayudaba a la policía a arrestar a un individuo que había
delinquido.
El
Tribunal
de
Apelaciones
de
Nueva
York
determinó que el Estado era responsable civilmente en tal
situación y expresó al respecto que:
the public (acting in this instance through the
City of New York) owes a special duty to use
reasonable care for the protection of persons who
have collaborated with it in the arrest or
prosecution of criminals, once it reasonably
appears that they are in danger due to their
collaboration. Íd., pág. 269.
Uno
norma
de
los
principales
norteamericana
es
fundamentos
evitar
que
los
de
la
discutida
foros
judiciales
interfieran inadecuadamente con la discreción de la policía
respecto a cómo disponer y canalizar sus recursos. Harvard
Law
Review
Association,
Police
Liability
for
Negligent
Failure to Prevent Crime, 94 Harv. L. Rev. 821 (February,
1981).
Asimismo,
prevenir
la
consecuencia
la
norma
imposición
de
la
de
general
cargos
en
cuestión
excesivos
criminalidad
e
al
pretende
Estado
impedir
a
un
congestionamiento excesivo de los foros judiciales. Íd.
A la luz de las normas y principios antes expuestos,
pasemos a evaluar qué factores y criterios deben regir la
imposición de responsabilidad a la Policía de Puerto Rico,
y por ende al ELA, en el contexto del deber general de
proveer seguridad a la población y evitar la criminalidad.
D.
Según hemos expresado anteriormente, “[e]l incremento
de la violencia, el reto del criminal a la paz y sosiego
del pueblo y la creciente probabilidad de que una persona
CC-2014-588
19
sea víctima de un atentado contra su vida, su libertad o su
propiedad” es un serio problema social en tiempos modernos.
Estremera
v.
Inmobiliaria
Rac,
Inc.,
109
DPR
852,
856
(1980). El fenómeno de lo criminal es un asunto complejo.
Sin
lugar
a
dudas,
se
trata
de
un
problema
social
importante y su atención es principalmente responsabilidad
del Estado, “única entidad con los recursos y la fuerza
necesaria para mantener la paz y la majestad de la Ley”.
Íd. Ahora bien, el Estado no es un garante absoluto de la
seguridad pública y, por lo mismo, no puede ser responsable
civilmente
por
todas
las
actuaciones
criminales
que
la
Policía no pueda evitar.
En atención a lo anterior resolvemos que, si bien la
Policía de Puerto Rico tiene un deber general de velar por
la
seguridad
pública,
ese
deber
por
sí
solo
no
es
suficiente para imputar responsabilidad civil al ELA. En
este tipo de casos, el juzgador o juzgadora debe hacer un
análisis profundo que tome en consideración la totalidad de
las
circunstancias
particulares
del
escenario
que
deben
tomar
tiene
ante sí.
Entre
los
criterios
que
se
en
consideración a la hora de evaluar la alegada negligencia
del ELA en el ejercicio de su deber de evitar la comisión
de actos delictivos se encuentran: (1) la naturaleza del
hecho delictivo; (2) la recurrencia del acto criminal en el
lugar de los hechos; (3) el conocimiento o la certeza que,
como cuestión de hecho, tenía la Policía de Puerto Rico
CC-2014-588
respecto
20
a
que
el
acto
criminal
ocurriría;
(4)
la
posibilidad de evitar la ocurrencia del delito; (5) los
recursos con que contaba la Policía de Puerto Rico para
operar;
(6)
otras
necesidades
que
atender;
(7)
las
gestiones realizadas para evitar el acto delictivo; y (8)
la existencia de una relación previa o especial entre la
víctima y la Policía. Ninguno de estos factores por sí solo
es suficiente para tomar una determinación sobre el asunto
que nos ocupa. Por el contrario, éstos deben evaluarse de
forma integral, junto a las demás circunstancias que se
planteen caso a caso. Claro está, una vez examinada la
totalidad
de
las
circunstancias
e
identificada
la
existencia de un deber particular y exigible junto a su
incumplimiento,
procede
evaluar
el
caso
conforme
a
los
principios generales de responsabilidad civil en nuestro
ordenamiento.
Resuelto lo anterior, pasemos a determinar si a la luz
de los hechos particulares del caso de autos y conforme a
los criterios expuestos, el ELA debe responder civilmente
por los daños ocasionados a los demandantes.
III
En el presente caso, según destacamos anteriormente,
el
señor
Class
perdió
el
control
de
un
automóvil
que
conducía a exceso de velocidad mientras participaba de unas
carreras
clandestinas.
espectadores
que
Así,
participaban
impactó
de
la
a
un
actividad
grupo
de
ilícita,
entre los que se encontraban los jóvenes Colón Rivas y
CC-2014-588
Morales
21
Carrión,
quienes
fallecieron
a
consecuencia
del
accidente. Los foros inferiores concluyeron que tanto el
señor Class como el ELA son responsables solidariamente por
los daños sufridos por los demandantes, familiares de Colón
Rivas y Morales Carrión. Ello ya que, a pesar de tener
conocimiento de que las carreras clandestinas se llevarían
a cabo, la Policía de Puerto Rico no ejerció adecuadamente
su deber de garantizar la seguridad pública y evitar la
ocurrencia de actos delictivos.
Tras un examen minucioso del expediente del caso y de
la transcripción de la prueba oral, encontramos que los
foros inferiores erraron al así resolver. A la luz de los
criterios esgrimidos y de la norma aquí pautada, resolvemos
que en el contexto que nos ocupa la Policía de Puerto Rico
no actuó de forma negligente. Veamos.
En
primer
lugar,
aunque
las
carreras
clandestinas
ocurrían recurrentemente en el lugar de los hechos, era
sumamente difícil para la Policía de Puerto Rico sorprender
a las personas durante la comisión del acto delictivo. Esto
pues, según declaró el Teniente Feliciano, había una única
ruta
por
la
cual
se
podía
llegar
al
lugar
y
ciertas
personas avisaban a los corredores de forma que, cuando
llegaba la Policía, las carreras se detenían y el público
se
dispersaba.20
ocurrencia
del
Así,
hecho
las
posibilidades
delictivo
mediante
de
la
evitar
intervención
policiaca eran mínimas.
20
la
Véase, Transcripción de la prueba oral, Apéndice, pág. 428.
CC-2014-588
De
22
otro
lado,
el
día
de
los
hechos
se
celebraban
también las fiestas patronales del Municipio de Morovis,
las
cuales
mayoría
pues,
de
aglomeraban
los
de
recursos
asignados
y
4,000
a
5,000
esfuerzos
legítimamente
a
personas.21
policiacos
tal
La
estaban,
actividad.22
Según
declaró el Teniente Feliciano, al recibir la querella sobre
las carreras clandestinas, “[la Policía Estatal] est[aba]
cort[a] [de] recurso[s]”.23
Aun así, del expediente del caso de autos se desprende
que
el
Teniente
Feliciano,
al
recibir
información
relacionada a que se celebrarían las carreras clandestinas,
acudió al lugar denunciado, pero no se topó con actividad
ilícita alguna. Ante ello, se marchó del lugar e instruyó a
otro
agente
estatal
a
dar
seguimiento
de
la
situación
cuando no tuviese que atender querellas, tarea principal
que le correspondía ejecutar el día de los hechos.
Asimismo,
de
la
prueba
presentada
ante
el
foro
de
instancia no se desprende una relación particular entre la
Policía de Puerto Rico y los jóvenes Morales Carrión y
Colón Rivas de la cual pudiese emanar un deber distinguible
o especial de proveer seguridad. Finalmente, en este caso,
tiene particular relevancia el que los jóvenes Colón Rivas
y Morales Carrión estaban participando voluntariamente de
la
21
actividad
delictiva
Íd., pág. 400.
Íd., pág. 433.
23
Íd., págs. 400 y 423-424.
22
por
cuya
ocurrencia
se
pretende
CC-2014-588
23
responsabilizar
al
ELA.
No
podemos
avalar
tal
curso
de
acción.
En fin, la totalidad de las circunstancias del caso de
autos no nos permite concluir que la Policía de Puerto Rico
y,
por
ende,
advertir
el
además
ELA
que,
actuó
de
en
contexto
el
forma
negligente.
Huelga
del
caso,
presente
imponer responsabilidad al ELA implicaría intervenir con
una decisión discrecional administrativa respecto a cómo y
a
dónde
la
Policía
de
otro
lado,
un
porcentaje
Puerto
Rico
debe
asignar
sus
recursos.
De
imponer
demandantes.
Los
los
foros
de
jóvenes
inferiores
negligencia
Colón
Rivas
erraron
comparada
y
Morales
al
no
a
los
Carrión
incurrieron en negligencia contributiva a la ocurrencia de
los hechos. Sin lugar a dudas, al acudir a unas carreras
clandestinas,
éstos
se
colocaron
en
una
situación
de
peligro e incurrieron en negligencia que contribuyó a la
cadena de eventos que culminó con su muerte. Ante ello,
procede
imponerles
el
porcentaje
de
responsabilidad
que
corresponda y reducir la indemnización de los demandantes
de
conformidad
con
esa
distribución
de
responsabilidad.
Véase, H.M. Brau del Toro, op. cit.24
24
Explica Brau del Toro que:
[l]a negligencia concurrente de una persona que resulta
lesionada o muerta en un accidente es imputable a sus
causahabientes que reclamen, ya por la acción patrimonial
hereditaria del occiso o ya por su acción personal, por
daños propios derivados de la muerte o de las lesiones
sufridas por el perjudicado. H.M. Brau del Toro, Los daños
CC-2014-588
24
IV.
Por
los
fundamentos
que
anteceden,
se
revoca
el
dictamen recurrido y se desestima la causa de acción por
daños y perjuicios en contra del ELA. Se devuelve el caso
al Tribunal de Primera Instancia para que, conforme a la
doctrina de negligencia comparada, adjudique el porcentaje
de
responsabilidad
Morales
Carrión
y
correspondiente
Juan
Pablo
jóvenes
Omar
y
ajuste
las
José M. Class Otero
de
Colón
cuantías adeudadas por el señor
a
los
Rivas
acuerdo con lo aquí resuelto.
Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Presidenta
y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed.,
San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, pág. 415. (Énfasis suplido).
Véase, además, Miranda v. ELA, 137 DPR 700, 716 (1994) (donde
expresamos que “en los casos en los cuales los codemandantes sean
los causahabientes, parientes o terceros de un perjudicado, que
incurrió en negligencia, sus compensaciones se reducirán en esa
proporción”).
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Pablo Colón Chévere, Elba
Rivas Maldonado y la Sociedad
Legal
de
Gananciales
compuesta por ambos y otros
Recurridos
CC-2014-588
v.
José M. Class Otero, José H.
Ortiz Sandoval, Estado Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
Policía de Puerto Rico y
otros
Peticionarios
Julio
Morales
Rodríguez,
Carmen Carrión López y la
Sociedad Legal de Gananciales
compuesta por ambos y otros
Recurridos
v.
José M. Class Otero, José H.
Ortiz Sandoval, Estado Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
Policía de Puerto Rico y
otros
Peticionarios
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2016.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente Sentencia, se revoca el dictamen recurrido y se
desestima la causa de acción por daños y perjuicios instada
en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se
devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que,
conforme a la doctrina de negligencia comparada, adjudique
el porcentaje de responsabilidad que corresponde a los
jóvenes Omar Morales Carrión y Juan Pablo Colón Rivas y
ajuste las cuantías adeudadas por el Sr. José M. Class
Otero de conformidad con lo aquí resuelto.
CC-2014-588
2
Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica el
Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora
Pabón Charneco concurre con el resultado y hace constar la
siguiente expresión:
La Jueza Asociada señora Pabón Charneco concurre
con el resultado anunciado por una Mayoría del
Tribunal.
A pesar de entender que los foros
inferiores erraron al imputarle responsabilidad
civil al Gobierno de Puerto Rico, le parece fútil
acudir a un potpurrí de derecho comparado para
resolver la controversia de marras. En lugar de
emitir
una
Opinión
para
idear
un
estándar
intricado de los ocho (8) pasos, aplicaría la
norma jurídica anunciada en Ramos Oppenheimer v.
Leduc, 103 DPR 343 (1975), para resolver el caso
de autos. Tal y como reconoce la Opinión que
antecede, los hechos de ese caso son análogos a
los que analizamos en el caso de epígrafe. Bastaba
con emitir una Sentencia y aplicar ese precedente
judicial en lugar de aventurarnos a exponer las
normas y principios de otras jurisdicciones en
este tema para engendrar un estándar poco práctico
e innecesario.
El Juez Asociado señor Rivera García emitió una Opinión
Disidente, a la cual se une el Juez Asociado señor Estrella
Martínez.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Pablo Colón Chévere; Elba
Rivas Maldonado y la Sociedad
Legal de Gananciales compuesta
por ambos
Recurridos
v.
José M. Class Otero; José H.
Ortíz Sandoval, Estado Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
Policía de Puerto Rico y otros
Peticionarios
CC-2014-0588
Certiorari
-------------------------Julio Morales Rodríguez y
Carmen Carrión López y la
Sociedad Legal de Gananciales
compuesta por ambos y otros
Recurridos
v.
José M. Class Otero; José H.
Ortíz Sandoval, Estado Libre
Asociado de Puerto Rico,
Policía de Puerto Rico y otros
y otros
Peticionarios
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor RIVERA GARCÍA a
la cual se une el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2016.
A la luz del Derecho y los principios generales de
responsabilidad
civil
contenidos
en
nuestro
ordenamiento
jurídico, disiento. Distinto a lo que resuelve una Mayoría
de este Tribunal, la Policía de Puerto Rico, y por ende el
CC-2014-0588
2
Estado,
es
responsable
tercero
en
unas
por
carreras
los
daños
clandestinas
causados
por
que
décadas,
por
un
tanto el Municipio de Morovis como la Policía de Puerto
Rico,
tenían
pleno
conocimiento
sobre
su
celebración.
Ello, por entender que eran enteramente previsibles los
hechos
ocurridos
en
este
caso.
Al
igual
que
el
foro
apelativo intermedio, considero que la Policía de Puerto
Rico
no
previno
adecuadamente
ni
ejerció
acciones
afirmativas para evitar los daños ocasionados. Veamos.
I
Desde
el
año
1990,
todos
los
fines
de
semana
se
celebraban carreras clandestinas de vehículos de motor en
distintas áreas del Municipio de Morovis. De la propia
Opinión
evento
Mayoritaria
era tal
se
desprende
que
“la
magnitud
del
que contaba con la participación de un
público de entre 200 a 300 personas (…) y lo que es más,
contaban con el apoyo indirecto del Alcalde del Municipio.
Tanto
así
que
la
Policía
Municipal
tenía
instrucciones
específicas de no intervenir con las carreras”.25 Ello,
porque según los testimonios de la Sra. Carmen D. Carrión
López, retirada de la policía municipal, y del Sr. Walter
Cortés Pérez, intervenir con los corredores “afectaba la
imagen y los planes políticos del alcalde”.26
Esto coincide con las determinaciones de hecho que
consignó el Tribunal de Primera Instancia en su sentencia.
Procedo a destacar, entre otras, las siguientes: (1) a
25
26
8.
Opinión Mayoritaria, pág. 2. (Énfasis nuestro).
Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones, KLAN 2013-01710, pág.
CC-2014-0588
3
partir de los años 90 hasta la fecha del accidente, dichas
carreras clandestinas
se efectuaban con gran frecuencia
los fines de semana: viernes, sábado y especialmente los
domingos;
(2)
el
evento,
Municipio
de
Morovis,
indirectamente
apoyado
convirtió
años
se
por
por
el
en
uno
tradicional y multitudinario en el que se conglomeraban
entre 200 a 300 personas; (3) el arraigo en el pueblo era
tal que la Policía Municipal tenía instrucciones de no
intervenir con los corredores y el Alcalde construyó una
pista de carreras aledaña al puente que nunca se terminó,
pero que se utilizaba por el público como estacionamiento
y
donde
se
instalaban
kioscos
para
el
estipendio
de
bebidas y refrigerios, entre otros. Durante las Fiestas
Patronales era más común la venta de comida, bebidas, y
refrigerios
frente
o
cerca
de
la
pista
clandestina.
Ciudadanos se reunían y se congregaban a ver las carreras
clandestinas a modo de un evento deportivo legítimo; (4)
la Policía de Puerto Rico tenía pleno conocimiento del
grave problema y el peligro que representaba por muchos
años
las
carreras
clandestinas
(hecho
delictivo)
en
la
carretera 567, en el Bo. San Lorenzo, no sólo para los
participantes
y
el
público
espectador,
sino
para
los
vecinos y los conductores a los cuales se les impedía el
paso por la referida vía pública.27
Surge también del expediente que el testigo Wilson
Torres Morales, quien se destacaba como policía municipal
27
Íd.
CC-2014-0588
de
dicho
propuesta
4
Municipio,
declaró
o
comandante
plan
al
que
había
de
presentado
distrito
y
una
a
los
supervisores de la Policía de Puerto Rico para trabajar
con
la situación de las carreras clandestinas que se
realizaban en el barrio San Lorenzo. Sin embargo, dicho
plan nunca se llevó a cabo previo al accidente. Otro de
los
testigos
presentados
fue
el
teniente
Feliciano
Calderón. Este testificó que para la fecha del accidente
se
le
notificó
realizando
que
unas
en
el
referido
carreras
barrio
clandestinas.
se
Sin
estaban
embargo,
expresó que ello era habitual casi todos los domingos.
Estos testimonios confirman que las carreras clandestinas
que
se
realizaban
en
ese
lugar
eran
de
conocimiento
general de todo el pueblo, incluyendo la Policía y el
propio Alcalde. Antes del accidente la Policía de Puerto
Rico
se
limitó
a
expedir,
ocasionalmente,
multas
de
tránsito a los observadores de las carreras clandestinas.
Cónsono con lo anterior y contrario a la teoría que
pretende
promulgar
la
Opinión
Mayoritaria,
es
forzoso
concluir que lo ocurrido ese fatídico día pudo haberse
evitado, pues era previsible que ocurriera tan lamentable
incidente.
La
prueba
presentada
así
lo
confirma.
Esto
reafirma que la Policía de Puerto Rico tenía conocimiento
de
la
celebración
de
las
carreras
clandestinas
que
se
llevaban a cabo en dicho lugar y no tomó las medidas de
seguridad necesarias para atender la situación y detener o
al menos prevenir la celebración de estas. Resulta más que
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evidente que ante estas circunstancias la Policía tenía el
deber
de
evitar
que
las
mismas
continuaran
ocurriendo.
Ello, en vista de que los agentes y funcionarios del orden
público tienen el deber ministerial de prevenir, descubrir
e investigar los delitos.28 Por lo tanto, considero que fue
correcta
la
determinación
del
Tribunal
de
Primera
Instancia y del foro apelativo intermedio respecto a que
la Policía de Puerto Rico, mediante la omisión de sus
deberes,
fue
negligente
y
en
consecuencia,
responde
solidariamente por los daños ocasionados.
Por
otra
parte,
la
Opinión
Mayoritaria
acoge
el
planteamiento del Estado y utiliza como fundamento el caso
de Ramos Oppenheimer v. Leduc, 103 DPR 342 (1975) porque,
según
aduce,
lo
ocurrido
allí
tiene
un
cuadro
fáctico
similar al de autos. Cabe destacar que la única similitud
que existe entre uno y otro caso consiste en que en ambos
hubo unas carreras de automóviles ilegales en lugares que
no estaban destinados para ello. En Ramos Oppenheimer v.
Leduc, supra, un joven de 14 años murió luego de que este
se ubicó dentro de la pista del aeropuerto de Santa Isabel
en el preciso momento en que competían los carros. En el
caso de epígrafe, cinco personas, observadoras del evento,
28
Cabe resaltar que la Policía de Puerto Rico, dentro del marco de sus
funciones, tiene la obligación de “proteger a las personas y a la
propiedad, mantener y conservar el orden público (…) prevenir,
descubrir, investigar y perseguir el delito y, dentro de la esfera de
sus atribuciones, compeler obediencia a las leyes y ordenanzas
municipales, y reglamentos que conforme a éstas se promulguen”. 25
LPRA sec. 3102.
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fallecieron
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tras
ser
atropelladas
por
un
vehículo
que
perdió el control del volante.
Consideramos que el referido caso es distinguible al
caso
que
esta
ante
nuestra
consideración.
En
Ramos
Oppenheimer v. Leduc, supra, contrario a lo que ocurrió en
este
caso,
no
era
previsible
que
una
persona
saliera
inesperadamente y se colocara justo en medio de la pista
en el preciso momento en que competían los carros que allí
corrían.
Era
improbable
que
en
ese
caso
el
agente
o
funcionario supiera que ese acontecimiento iba a ocurrir.
No obstante, en el presente caso, sí era de conocimiento
general que se realizaban carreras clandestinas todos los
domingos en el barrio San Lorenzo desde hacía varios años
y, como cuestión de hecho, ese día se reportó una posible
una carrera. Por lo tanto, era previsible que ocurriera un
accidente. Así pues, considero que las circunstancias en
Ramos Oppenheimer v. Leduc, supra, son distintas, por lo
que el mismo no es de aplicación con el de autos.
Finalmente, resulta imperativo señalar que, además de
optar por no adjudicarle responsabilidad al Estado por los
daños causados y sí imputarle negligencia comparada a los
jóvenes que murieron en el trágico accidente, una Mayoría
de este Tribunal pretende pautar un escrutinio de ocho
criterios que aplicarían al momento de evaluar una alegada
negligencia
del Estado en el
evitar
comisión
la
de
ejercicio de su deber de
delitos.
Entendemos
que
el
escrutinio propuesto, lejos de regir los procedimientos
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judiciales al amparo del Art. 1802 del Código Civil, le
exige a los reclamantes la carga de probar unos requisitos
adicionales e innecesarios a los principios generales de
responsabilidad
civil
ya
legislados
y
contenidos
en
nuestro ordenamiento jurídico.29 Es decir, al imponer el
aludido escrutinio, una Mayoría de este Tribunal empina
innecesariamente el camino a los ciudadanos que reclamen
daños bajo el fundamento de que el Estado omitió su deber
de velar por el cumplimiento de las leyes, toda vez que
añade
ocho
peldaños
ajenos
a
la
reiterada
normativa
vigente en este tipo de pleitos. Ello, trastocando toda
una doctrina jurídica carente fundamentos.
Tal y como concluyeron los foros inferiores, aquí no
se
trata
de
intervenir
con
una
decisión
discrecional
administrativa respecto a cómo y dónde el Estado asigna
sus recursos policiales, sino del hecho de que existía y
29
Según lo establece la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 conocida
como Ley de Pleitos contra el Estado, 32 LPRA secs. 3077-3084, la
renuncia a la inmunidad soberana opera cuando se cumple con ciertos
requisitos. A tales efectos, para prevalecer en una causa de acción de
daños y perjuicios basada en actuaciones u omisiones culposas o
negligentes de un funcionario hay que establecer: primero, que el
causante del daño, debe haber actuado en su capacidad oficial como
agente, funcionario o empleado del Estado; segundo, que este actuó
dentro del marco de su funciones; tercero, que la actuación fue
negligente, no intencional; y cuarto, debe existir una relación causal
entre la conducta negligente y el daño. García v. ELA, 163 DPR 800,
811–812 (2005). Véase además, Leyva et al. v. Aristud et al., 132 DPR
489, 510 (1993).
En casos particulares de agentes del orden público, hay que establecer
un nexo lógico entre la actuación negligente de la Policía y los
intereses del Estado por razón del ejercicio de funciones expresas o
implícitas. Sánchez Soto v. ELA, 128 DPR, 497, 506 (1991). Una vez se
cumple con estos requisitos, el Estado está sujeto a responsabilidad
civil cuando, a través de sus funcionarios es negligente por omisión
al incumplir con el deber impuesto por un estatuto o la Constitución
de Puerto Rico o de Estados Unidos. Es decir, que el Estado no tomó
las medidas estrictas de supervisión sobre aquellas actividades o
personas que se podría prever causarían daño. Véase, García v. ELA,
supra, y Negrón v. Orozco Rivera, 113 DPR 712 (1983).
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existe un deber jurídico por parte del Estado de hacer
cumplir
las
leyes
y
procurar
por
la
seguridad
de
sus
ciudadanos. Más aun, cuando los funcionarios y agentes del
orden público tenían pleno conocimiento de las actividades
que
allí
se
realizaban
y
cuyas
consecuencias
eran
razonablemente previsibles. No podemos ignorar el hecho de
que
continuamente
los
tribunales
estamos
revisando
las
acciones que se presentan en contra del Estado debido a la
negligencia de este en la práctica administrativa.
En conclusión, la situación de hechos ante nuestra
consideración no presenta circunstancias que justifiquen
eximir al Estado de su responsabilidad. Era enteramente
previsible, y en mayor grado para la Policía, en contacto
día tras día con este tipo de actividad, la posibilidad de
que
en
medio
clandestinas
de
de
la
celebración
vehículos
Morovis
ocurriera
efecto
ocurrió.
un
Por
de
trágico
lo
motor
de
estas
en
el
accidente
tanto,
actuó
carreras
Municipio
como
el
de
que
en
correctamente
el
Tribunal de Apelaciones al confirmar la determinación de
foro
de
alegados
primera
por
negligencia
la
del
instancia
parte
Estado
en
cuanto
a
que
los
demandante
ocurrieron
puesto
sus
que
daños
por
la
funciones
no
actuaron acorde a las leyes y reglamentos aplicables. La
Policía
optó
por
no
intervenir
con
el
evento
lo
que
claramente demuestra que no actuó como un hombre prudente
y razonable.
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II
Por
Tribunal
todo
de
lo
anterior,
Apelaciones
confirmaría
que,
a
su
el
dictamen
del
vez,
confirma
el
dictamen del Tribunal de Primera Instancia que declaró con
lugar la demanda instada y condenó solidariamente al ELA y
al Sr. José M. Class Otero a pagar a los co-demandantes el
máximo permitido en la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955
conocida como la Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el
Estado.30
Edgardo Rivera García
Juez Asociado
30
32 LPRA 3077 et seq.