Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Juan Maldonado Torres
2016 TSPR 229
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Juan Maldonado Torres
CP-2011-12
Conducta Profesional: Censura enérgica por infringir los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2016 TSPR 229
Juan Maldonado Torres
(TS-6547)
196 DPR ____
Número del Caso: CP-2011-0012
Fecha: 9 de noviembre de 2016
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Jeanette M. Collazo Ortiz
Subprocuradora General Interina
Lcdo. Luis R. Román Negrón
Procuradora General Designado
Lcda. Gloria Robison Guarch
Procuradora General Auxiliar
Abogado del querellado:
Lcdo. Juan E. Taboas Santiago
Comisionado Especial:
Hon. Flavio E. Cumpiano Villamor
Materia: Conducta Profesional – Censura enérgica por infrigir los
Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 18,
C. 19.
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publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Juan Maldonado Torres
CP-2011-0012
(TS-6547)
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 2016.
En el caso que reseñamos a continuación nos
vemos
precisados
conducta
de
un
deberes
éticos
Puerto
Rico.
a
censurar
abogado
que
exige
enérgicamente
la
por
incumplir
con
los
la
profesión
legal
en
infringir
los
Específicamente,
por
Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, 4
LPRA Ap. IX. Veamos las circunstancias fácticas que
sustentan nuestra determinación.
I
El
Lcdo.
Juan
Maldonado
Torres
(licenciado
Maldonado Torres o querellado) fue admitido a la
práctica de la abogacía el 7 de noviembre de 1979 y
a la práctica de la notaría el 27 de noviembre de
CP-2011-12
2
1979.1 La Sra. Carmen Hernández Matos (señora Hernández o
quejosa) presentó una queja contra el licenciado Maldonado
Torres.
Esta
tiene
su
génesis
luego
de
que
la
señora
Hernández contratara los servicios legales del querellado.
Ello, para que la representara en una acción sobre daños y
perjuicios
por
una
caída
que
esta
sufrió
producto
del
deterioro de una alcantarilla en el Municipio de Cayey
(Municipio).
En síntesis, como parte de las gestiones realizadas,
el licenciado Maldonado Torres envió cartas de aviso y
notificación
Rosales,
de
demanda
Municipio
de
al
“Honorable
Camuy”;
al
Alcalde
William
Departamento
de
Transportación y Obras Públicas (DTOP) y a la Autoridad de
Acueductos
y
Alcantarillados
(AAA).
Según
surge
del
expediente, el letrado notificó a cada uno de estos que
radicaría una acción legal en su contra. Específicamente,
en la carta enviada al Alcalde señaló que demandaría al
Municipio
de
Camuy
por
hechos
que
procedió
a
exponer.
Además, enfatizó que “el propósito de esta notificación es
para que el Estado Libre Asociado tome conocimiento de la
acción que llevar[ía] en su contra y tenga (el Estado)
oportunidad de prepararse adecuadamente”.2 Sin embargo, no
notificó al Municipio ni al Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, a través del Secretario de Justicia como dispone la
Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 conocida como Ley de
1
El 2 de agosto de 1995, mediante carta, renunció a la notaría por
haber sido nombrado Juez Superior. Posteriormente, mediante Resolución
del 30 de agosto de 2005, fue readmitido al ejercicio del notariado.
2
Véase el Informe del Comisionado Especial, pág. 4.
CP-2011-12
3
Reclamaciones y Pleitos Contra el Estado.3 Posteriormente,
la demanda se suscribió el 18 de mayo de 1992, aunque esta
se
presentó
el
emplazamientos
5
de
octubre
fueron
de
expedidos
1992.
el
6
Asimismo,
de
los
octubre
y
diligenciados el 4 de enero de 1993. Cabe destacar que en
la demanda se nombró como partes demandadas al Alcalde, al
DTOP, a “Compañía Aseguradora X” y a “John Doe” y “Jane
Doe”.
No
obstante,
el
letrado
no
nombró
como
parte
demandada al Estado, ni al Municipio, ni a la AAA.4
Luego de varios incidentes procesales, el 2 de julio
de 1993 el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo,
dictó
sentencia
parcial
en
la
que
desestimó
la
acción
contra el Estado, al resolver que la parte demandante,
representada
por
Maldonado
Torres,
incumplió
con
el
requisito de notificación de reclamación contra el Estado.
Asimismo
desestimó
la
acción
contra
el
Alcalde,
al
no
incluir como parte demandada al Municipio y al DTOP por no
tener capacidad jurídica.
Por otra parte, según se desprende del legajo del
caso,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
emitió
en
dos
ocasiones, una orden concediendo a la parte demandante un
término para mostrar causa por la cual no se debía dictar
sentencia a favor de las partes demandadas. Sin embargo, el
querellado no presentó una demanda enmendada para subsanar
3
32 LPRA sec. 3077 et seq.
A pesar de que ni el Municipio ni el Estado fueron incluidos en la
demanda
estos
comparecieron
por
separado
y
solicitaron
la
desestimación, aduciendo la falta de notificación previa según lo
requieren las leyes para esos efectos. Véase el Informe del
Comisionado Especial, pág. 6.
4
CP-2011-12
4
los defectos señalados. Tampoco realizó trámite alguno para
solicitar reconsideración o revisión de la sentencia, ni
notificó a la quejosa sobre la desestimación de la demanda,
ni informó sobre las incidencias del caso y las gestiones
profesionales que llevó a cabo como su representante legal.
En
julio
de
1995,
la
señora
Hernández
visitó
la
oficina del letrado y allí se enteró que lo habían nombrado
Juez Superior. Luego, el 15 de agosto del mismo año, acudió
al tribunal para verificar el estado de los procedimientos
de su caso. Mediante orden del tribunal, logró obtener el
expediente de su caso. En consecuencia, el 25 de noviembre
de
1995,
querellado
la
quejosa
por
instó
impericia
una
acción
profesional.
civil
Al
contra
mismo
el
tiempo,
presentó la queja ante esta Curia por los mismos hechos. No
obstante, el proceso disciplinario quedó paralizado hasta
tanto se resolviera el pleito civil.
Luego de varios trámites procesales, el 14 de marzo de
2006,
las
partes
llegaron
a
un
acuerdo
transaccional
mediante el cual el letrado se comprometió a indemnizar a
la quejosa con la cantidad de $80,000 dólares por los daños
que
esta
sufrió
por
las
acciones
negligentes
en
el
desempeño de sus funciones como abogado. Como parte del
acuerdo transaccional, la señora Hernández suscribió una
declaración jurada en la que manifestó, entre otras cosas,
que aceptaba el acuerdo monetario y que no tenía interés en
que
continuara
el
proceso
disciplinario
contra
el
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5
licenciado Maldonado Torres. A pesar de lo anterior, el
proceso disciplinario continuó su curso ordinario.
Así las cosas, el 22 de julio de 2009 la Oficina de la
Procuradora General presentó su informe, en el cual señaló
que el licenciado Maldonado Torres incurrió en violaciones
a los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional,
supra. Visto el informe, mediante Resolución dictada el 23
de octubre de 2009, este Tribunal ordenó a la Oficina de la
Procuradora General presentar la correspondiente querella.
El letrado compareció a contestar la querella incoada
en su contra. En lo pertinente, aceptó que no cumplió en su
totalidad con el deber de mantener informada a la quejosa
en
cuanto
a
todas
las
etapas
del
proceso.
Ante
esa
circunstancia, alegó que tal omisión se debió a su falta de
experiencia. Empero, señaló que al percatarse de su error
trató de enmendarlo indemnizando a la señora Hernández por
los
daños
causados.
Por
tal
razón,
solicitó
que
la
compensación monetaria se considere como un atenuante al
momento de imponer la sanción disciplinaria, aun cuando
está
consciente de que
ello
no justifica
su error.
En
cuanto a la imputación sobre falta de diligencia, expresó
que hizo todas las gestiones pertinentes para resolver el
caso de la señora Hernández.
En
vista
designamos al
de
lo
anterior,
el
23
de
mayo
de
2012
Hon. Flavio E. Cumpiano Villamor, exjuez del
Tribunal de Primera Instancia, como Comisionado Especial
para que recibiera la prueba y nos emitiera un informe con
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las
6
determinaciones
de
hechos
y
recomendaciones
que
estimara
pertinente. Celebrada la vista, el Comisionado
Especial
concluyó
que
el
licenciado
Maldonado
Torres
contravino con los Cánones 18 y 19 del Código de Ética
Profesional, supra, por falta de diligencia debida en el
trámite de la causa de acción que tenía ante sí y por no
mantener informada a la quejosa.
En su informe, el Comisionado Especial enumeró varios
atenuantes y nos sugirió que los consideráramos al momento
de sancionar al abogado. Entre los atenuantes que enumeró
se
encuentran
los
siguientes:
que
las
actuaciones
y
omisiones del letrado ocurrieron para los años 1992 al
1995; que al momento de presentarse y después de presentada
la
queja
el
letrado
no
tenía
antecedentes
de
procesos
disciplinarios; que aceptó los errores cometidos y el daño
que su omisión causó; y que le resarció a la perjudicada
mediante
una
indemnización
ponderar
cada
uno
de
ascendente
éstos,
nos
a
$80,000.
recomendó
Al
censurar
enérgicamente al querellado y que le apercibiéramos sobre
la posibilidad de imponerle una sanción más rigurosa en un
futuro. Luego de exponer el trasfondo fáctico y procesal
que precede, procederemos a enunciar los fundamentos que
disponen de la presente querella disciplinaria.
II
A. Canon 18: Competencia del abogado y consejo al cliente
El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra,
impone
a
todo
abogado
el
deber
de
rendir
una
labor
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7
competente y diligente a sus clientes.5 El referido canon
establece, en lo pertinente, que “[s]erá impropio de un
abogado asumir una representación profesional cuando está
consciente
de
que
competente
[…]”.6
no
puede
rendir
Es
deber
del
una
labor
abogado
idónea
defender
los
intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada
caso
su
más
profundo
saber
y
habilidad
y
actuando
en
aquella forma que la profesión jurídica en general estima
adecuada y responsable.7 Constituye una violación al Canon
18 cuando un abogado acepta la encomienda de representar a
un cliente y no cumple con su encomienda de forma adecuada
y responsable.8 Es por ello que hemos sido enfáticos en
señalar que “[l]a representación legal adecuada requiere
que se ejerza la profesión con celo, cuidado y prudencia”.9
Cuando
un
abogado
o
una
abogada
asume
la
representación legal de una persona tiene la obligación de
realizar todas las gestiones posibles en beneficio de su
cliente, teniendo siempre presente los principios éticos
que rigen la profesión.10 En vista de lo anterior, hemos
señalado
que
un
abogado
infringe
el
Canon
18
cuando
despliega una conducta negligente “que pueda acarrear, o en
5
4 LPRA Ap. IX.
Íd.
7
Véase, In re Rivera Nazario, 193 DPR 573 (2015), citando a In re
Cotto Luna, 187 DPR 584, 588-589 (2013).
8
Íd.
9
Íd., pág. 589; In re Cuevas Borrero, 185 DPR 189, 199 (2012).
10
In re Rivera Nazario, supra, pág. 583; In re Cuevas Borrero, supra,
pág. 199.
6
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8
efecto acarree, la desestimación de un caso o la pérdida de
la causa de acción de su representado”.11
B. Canon 19: Información al cliente
El Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra,
dispone que el abogado tiene el deber de mantener a su
cliente siempre informado de todo asunto importante que
surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado.
Esta obligación es autónoma e independiente de su deber de
diligencia.12
Hemos
comunicación
efectiva
enfatizado
es
que
“[e]l
imprescindible
en
deber
la
de
relación
fiduciaria que caracteriza el vínculo abogado-cliente”.13
Del mismo modo hemos señalado que “a fin de lograr una
comunicación efectiva entre ambos, el abogado debe informar
directamente a su representado de los trámites realizados y
su desarrollo, consultarle los aspectos que estén fuera del
ámbito discrecional de la representación legal y acatar sus
directrices,
siempre
y
cuando
estén
dentro
del
marco
ético”.14
En lo pertinente, un miembro de la profesión desacata
este principio ético cuando mantiene ajeno a su cliente
sobre
el
resultado
adverso
de
un
asunto
encomendado
o
cuando no lo mantiene informado sobre el tracto procesal
11
In re Rivera Nazario, supra, pág. 583. Véase, además, In re Pietri
Torres, 191 DPR 482, 488 (2014); In re Díaz Nieves et als., 189 DPR
1000, 1012 (2013); In re Cuevas Borrero, supra, pág. 199.
12
In re Nazario Díaz, 2016 TSPR 111, 194 DPR __ (2016); In re Pietri
Castellón, 185 DPR 982, 992 (2012).
13
In re Pietri Castellón, supra, pág. 992.
14
In re Nazario Díaz, supra. Véase, además, In re Cuevas Borrero,
supra, pág. 200; In re Mulero Fernández, 174 DPR 18, 30-31 (2008).
CP-2011-12
9
del caso.15 Cabe puntualizar que el no informar al cliente
sobre su caso, no solo constituye una infracción al Canon
19, sino que perjudica el proceso de impartir justicia.16
III
Del
trasfondo
fáctico
de
este
caso,
surge
que
el
licenciado Maldonado Torres quebrantó los Cánones 18 y 19
del Código de Ética Profesional, supra. En atención a las
disposiciones éticas esbozadas, colegimos que el querellado
infringió
su
deber
de
diligencia
intereses
de
su
cliente
de
una
al
no
forma
defender
adecuada
los
y
responsable. Ello, al no subsanar los defectos señalados
mediante las órdenes emitidas por el Tribunal de Primera
Instancia. Tampoco realizó trámite alguno para solicitar
reconsideración o revisión de la sentencia. La actuación
del querellado, a su vez, incidió sobre sus obligaciones
éticas, faltando así al Canon 19 al no mantener informada a
su cliente sobre el trámite de la acción civil que llevaba
a favor de esta. El letrado falló al dejar de notificar a
la quejosa sobre la desestimación de la demanda e informar
sobre las incidencias del caso; así como las gestiones
profesionales que llevó a cabo como su representante legal.
En el caso de autos, tomamos como atenuantes a favor
del licenciado Maldonado Torres el hecho que durante su
carrera profesional no había sido objeto de alguna medida
disciplinaria hasta el 1992 a 1995, es decir, hace más de
15
In re Cuevas Borrero, supra, pág. 200; In re Montes Fuentes, 174 DPR
863, 870 (2008).
16
In re Rivera Nazario, supra, pág. 585; In re Reyes Coreano, 190 DPR
739, 752 (2014).
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10
20 años. Tampoco surge que sus actuaciones hayan sido con
algún
ánimo
de
lucro.
Por
el
contrario,
el
querellado
aceptó los errores cometidos y el daño que sus omisiones le
causaron a la quejosa;
y resarció a
esta mediante una
indemnización de $80,000 dólares. Además, no ha habido con
posterioridad
queja
o
querella
alguna
sobre
su
gestión
profesional como abogado.
IV
Considerado todo lo anterior, censuramos enérgicamente
al licenciado Maldonado Torres y le apercibimos que de
incurrir nuevamente en una conducta contraria a los cánones
del
Código
de
Ética
Profesional,
supra,
que
rigen
la
profesión de la abogacía, será sancionado rigurosamente.
Notifíquese
personalmente
esta
opinión
Per
Curiam
y
Sentencia al Lcdo. Juan Maldonado Torres a través de la
oficina del Alguacil de este Tribunal.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Juan Maldonado Torres
CP-2011-12
(TS-6547)
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 2016.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte
de
la
presente
Sentencia,
censuramos
enérgicamente al Lcdo. Juan Maldonado Torres y le
apercibimos que de incurrir nuevamente en una
conducta contraria a los Cánones del Código de
Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, que rigen la
profesión
de
la
abogacía,
será
sancionado
rigurosamente.
Notifíquese personalmente.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo