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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Juan Maldonado Torres

2016 TSPR 229

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Juan Maldonado Torres

CP-2011-12

Conducta Profesional: Censura enérgica por infringir los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2016 TSPR 229

Juan Maldonado Torres

(TS-6547)

196 DPR ____

Número del Caso: CP-2011-0012

Fecha: 9 de noviembre de 2016

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Jeanette M. Collazo Ortiz

Subprocuradora General Interina

Lcdo. Luis R. Román Negrón

Procuradora General Designado

Lcda. Gloria Robison Guarch

Procuradora General Auxiliar

Abogado del querellado:

Lcdo. Juan E. Taboas Santiago

Comisionado Especial:

Hon. Flavio E. Cumpiano Villamor

Materia: Conducta Profesional – Censura enérgica por infrigir los

Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 18,

C. 19.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que

está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y

publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución

electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Juan Maldonado Torres

CP-2011-0012

(TS-6547)

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 2016.

En el caso que reseñamos a continuación nos

vemos

precisados

conducta

de

un

deberes

éticos

Puerto

Rico.

a

censurar

abogado

que

exige

enérgicamente

la

por

incumplir

con

los

la

profesión

legal

en

infringir

los

Específicamente,

por

Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, 4

LPRA Ap. IX. Veamos las circunstancias fácticas que

sustentan nuestra determinación.

I

El

Lcdo.

Juan

Maldonado

Torres

(licenciado

Maldonado Torres o querellado) fue admitido a la

práctica de la abogacía el 7 de noviembre de 1979 y

a la práctica de la notaría el 27 de noviembre de

CP-2011-12

2

1979.1 La Sra. Carmen Hernández Matos (señora Hernández o

quejosa) presentó una queja contra el licenciado Maldonado

Torres.

Esta

tiene

su

génesis

luego

de

que

la

señora

Hernández contratara los servicios legales del querellado.

Ello, para que la representara en una acción sobre daños y

perjuicios

por

una

caída

que

esta

sufrió

producto

del

deterioro de una alcantarilla en el Municipio de Cayey

(Municipio).

En síntesis, como parte de las gestiones realizadas,

el licenciado Maldonado Torres envió cartas de aviso y

notificación

Rosales,

de

demanda

Municipio

de

al

“Honorable

Camuy”;

al

Alcalde

William

Departamento

de

Transportación y Obras Públicas (DTOP) y a la Autoridad de

Acueductos

y

Alcantarillados

(AAA).

Según

surge

del

expediente, el letrado notificó a cada uno de estos que

radicaría una acción legal en su contra. Específicamente,

en la carta enviada al Alcalde señaló que demandaría al

Municipio

de

Camuy

por

hechos

que

procedió

a

exponer.

Además, enfatizó que “el propósito de esta notificación es

para que el Estado Libre Asociado tome conocimiento de la

acción que llevar[ía] en su contra y tenga (el Estado)

oportunidad de prepararse adecuadamente”.2 Sin embargo, no

notificó al Municipio ni al Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, a través del Secretario de Justicia como dispone la

Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 conocida como Ley de

1

El 2 de agosto de 1995, mediante carta, renunció a la notaría por

haber sido nombrado Juez Superior. Posteriormente, mediante Resolución

del 30 de agosto de 2005, fue readmitido al ejercicio del notariado.

2

Véase el Informe del Comisionado Especial, pág. 4.

CP-2011-12

3

Reclamaciones y Pleitos Contra el Estado.3 Posteriormente,

la demanda se suscribió el 18 de mayo de 1992, aunque esta

se

presentó

el

emplazamientos

5

de

octubre

fueron

de

expedidos

1992.

el

6

Asimismo,

de

los

octubre

y

diligenciados el 4 de enero de 1993. Cabe destacar que en

la demanda se nombró como partes demandadas al Alcalde, al

DTOP, a “Compañía Aseguradora X” y a “John Doe” y “Jane

Doe”.

No

obstante,

el

letrado

no

nombró

como

parte

demandada al Estado, ni al Municipio, ni a la AAA.4

Luego de varios incidentes procesales, el 2 de julio

de 1993 el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo,

dictó

sentencia

parcial

en

la

que

desestimó

la

acción

contra el Estado, al resolver que la parte demandante,

representada

por

Maldonado

Torres,

incumplió

con

el

requisito de notificación de reclamación contra el Estado.

Asimismo

desestimó

la

acción

contra

el

Alcalde,

al

no

incluir como parte demandada al Municipio y al DTOP por no

tener capacidad jurídica.

Por otra parte, según se desprende del legajo del

caso,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

emitió

en

dos

ocasiones, una orden concediendo a la parte demandante un

término para mostrar causa por la cual no se debía dictar

sentencia a favor de las partes demandadas. Sin embargo, el

querellado no presentó una demanda enmendada para subsanar

3

32 LPRA sec. 3077 et seq.

A pesar de que ni el Municipio ni el Estado fueron incluidos en la

demanda

estos

comparecieron

por

separado

y

solicitaron

la

desestimación, aduciendo la falta de notificación previa según lo

requieren las leyes para esos efectos. Véase el Informe del

Comisionado Especial, pág. 6.

4

CP-2011-12

4

los defectos señalados. Tampoco realizó trámite alguno para

solicitar reconsideración o revisión de la sentencia, ni

notificó a la quejosa sobre la desestimación de la demanda,

ni informó sobre las incidencias del caso y las gestiones

profesionales que llevó a cabo como su representante legal.

En

julio

de

1995,

la

señora

Hernández

visitó

la

oficina del letrado y allí se enteró que lo habían nombrado

Juez Superior. Luego, el 15 de agosto del mismo año, acudió

al tribunal para verificar el estado de los procedimientos

de su caso. Mediante orden del tribunal, logró obtener el

expediente de su caso. En consecuencia, el 25 de noviembre

de

1995,

querellado

la

quejosa

por

instó

impericia

una

acción

profesional.

civil

Al

contra

mismo

el

tiempo,

presentó la queja ante esta Curia por los mismos hechos. No

obstante, el proceso disciplinario quedó paralizado hasta

tanto se resolviera el pleito civil.

Luego de varios trámites procesales, el 14 de marzo de

2006,

las

partes

llegaron

a

un

acuerdo

transaccional

mediante el cual el letrado se comprometió a indemnizar a

la quejosa con la cantidad de $80,000 dólares por los daños

que

esta

sufrió

por

las

acciones

negligentes

en

el

desempeño de sus funciones como abogado. Como parte del

acuerdo transaccional, la señora Hernández suscribió una

declaración jurada en la que manifestó, entre otras cosas,

que aceptaba el acuerdo monetario y que no tenía interés en

que

continuara

el

proceso

disciplinario

contra

el

CP-2011-12

5

licenciado Maldonado Torres. A pesar de lo anterior, el

proceso disciplinario continuó su curso ordinario.

Así las cosas, el 22 de julio de 2009 la Oficina de la

Procuradora General presentó su informe, en el cual señaló

que el licenciado Maldonado Torres incurrió en violaciones

a los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional,

supra. Visto el informe, mediante Resolución dictada el 23

de octubre de 2009, este Tribunal ordenó a la Oficina de la

Procuradora General presentar la correspondiente querella.

El letrado compareció a contestar la querella incoada

en su contra. En lo pertinente, aceptó que no cumplió en su

totalidad con el deber de mantener informada a la quejosa

en

cuanto

a

todas

las

etapas

del

proceso.

Ante

esa

circunstancia, alegó que tal omisión se debió a su falta de

experiencia. Empero, señaló que al percatarse de su error

trató de enmendarlo indemnizando a la señora Hernández por

los

daños

causados.

Por

tal

razón,

solicitó

que

la

compensación monetaria se considere como un atenuante al

momento de imponer la sanción disciplinaria, aun cuando

está

consciente de que

ello

no justifica

su error.

En

cuanto a la imputación sobre falta de diligencia, expresó

que hizo todas las gestiones pertinentes para resolver el

caso de la señora Hernández.

En

vista

designamos al

de

lo

anterior,

el

23

de

mayo

de

2012

Hon. Flavio E. Cumpiano Villamor, exjuez del

Tribunal de Primera Instancia, como Comisionado Especial

para que recibiera la prueba y nos emitiera un informe con

CP-2011-12

las

6

determinaciones

de

hechos

y

recomendaciones

que

estimara

pertinente. Celebrada la vista, el Comisionado

Especial

concluyó

que

el

licenciado

Maldonado

Torres

contravino con los Cánones 18 y 19 del Código de Ética

Profesional, supra, por falta de diligencia debida en el

trámite de la causa de acción que tenía ante sí y por no

mantener informada a la quejosa.

En su informe, el Comisionado Especial enumeró varios

atenuantes y nos sugirió que los consideráramos al momento

de sancionar al abogado. Entre los atenuantes que enumeró

se

encuentran

los

siguientes:

que

las

actuaciones

y

omisiones del letrado ocurrieron para los años 1992 al

1995; que al momento de presentarse y después de presentada

la

queja

el

letrado

no

tenía

antecedentes

de

procesos

disciplinarios; que aceptó los errores cometidos y el daño

que su omisión causó; y que le resarció a la perjudicada

mediante

una

indemnización

ponderar

cada

uno

de

ascendente

éstos,

nos

a

$80,000.

recomendó

Al

censurar

enérgicamente al querellado y que le apercibiéramos sobre

la posibilidad de imponerle una sanción más rigurosa en un

futuro. Luego de exponer el trasfondo fáctico y procesal

que precede, procederemos a enunciar los fundamentos que

disponen de la presente querella disciplinaria.

II

A. Canon 18: Competencia del abogado y consejo al cliente

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra,

impone

a

todo

abogado

el

deber

de

rendir

una

labor

CP-2011-12

7

competente y diligente a sus clientes.5 El referido canon

establece, en lo pertinente, que “[s]erá impropio de un

abogado asumir una representación profesional cuando está

consciente

de

que

competente

[…]”.6

no

puede

rendir

Es

deber

del

una

labor

abogado

idónea

defender

los

intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada

caso

su

más

profundo

saber

y

habilidad

y

actuando

en

aquella forma que la profesión jurídica en general estima

adecuada y responsable.7 Constituye una violación al Canon

18 cuando un abogado acepta la encomienda de representar a

un cliente y no cumple con su encomienda de forma adecuada

y responsable.8 Es por ello que hemos sido enfáticos en

señalar que “[l]a representación legal adecuada requiere

que se ejerza la profesión con celo, cuidado y prudencia”.9

Cuando

un

abogado

o

una

abogada

asume

la

representación legal de una persona tiene la obligación de

realizar todas las gestiones posibles en beneficio de su

cliente, teniendo siempre presente los principios éticos

que rigen la profesión.10 En vista de lo anterior, hemos

señalado

que

un

abogado

infringe

el

Canon

18

cuando

despliega una conducta negligente “que pueda acarrear, o en

5

4 LPRA Ap. IX.

Íd.

7

Véase, In re Rivera Nazario, 193 DPR 573 (2015), citando a In re

Cotto Luna, 187 DPR 584, 588-589 (2013).

8

Íd.

9

Íd., pág. 589; In re Cuevas Borrero, 185 DPR 189, 199 (2012).

10

In re Rivera Nazario, supra, pág. 583; In re Cuevas Borrero, supra,

pág. 199.

6

CP-2011-12

8

efecto acarree, la desestimación de un caso o la pérdida de

la causa de acción de su representado”.11

B. Canon 19: Información al cliente

El Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra,

dispone que el abogado tiene el deber de mantener a su

cliente siempre informado de todo asunto importante que

surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado.

Esta obligación es autónoma e independiente de su deber de

diligencia.12

Hemos

comunicación

efectiva

enfatizado

es

que

“[e]l

imprescindible

en

deber

la

de

relación

fiduciaria que caracteriza el vínculo abogado-cliente”.13

Del mismo modo hemos señalado que “a fin de lograr una

comunicación efectiva entre ambos, el abogado debe informar

directamente a su representado de los trámites realizados y

su desarrollo, consultarle los aspectos que estén fuera del

ámbito discrecional de la representación legal y acatar sus

directrices,

siempre

y

cuando

estén

dentro

del

marco

ético”.14

En lo pertinente, un miembro de la profesión desacata

este principio ético cuando mantiene ajeno a su cliente

sobre

el

resultado

adverso

de

un

asunto

encomendado

o

cuando no lo mantiene informado sobre el tracto procesal

11

In re Rivera Nazario, supra, pág. 583. Véase, además, In re Pietri

Torres, 191 DPR 482, 488 (2014); In re Díaz Nieves et als., 189 DPR

1000, 1012 (2013); In re Cuevas Borrero, supra, pág. 199.

12

In re Nazario Díaz, 2016 TSPR 111, 194 DPR __ (2016); In re Pietri

Castellón, 185 DPR 982, 992 (2012).

13

In re Pietri Castellón, supra, pág. 992.

14

In re Nazario Díaz, supra. Véase, además, In re Cuevas Borrero,

supra, pág. 200; In re Mulero Fernández, 174 DPR 18, 30-31 (2008).

CP-2011-12

9

del caso.15 Cabe puntualizar que el no informar al cliente

sobre su caso, no solo constituye una infracción al Canon

19, sino que perjudica el proceso de impartir justicia.16

III

Del

trasfondo

fáctico

de

este

caso,

surge

que

el

licenciado Maldonado Torres quebrantó los Cánones 18 y 19

del Código de Ética Profesional, supra. En atención a las

disposiciones éticas esbozadas, colegimos que el querellado

infringió

su

deber

de

diligencia

intereses

de

su

cliente

de

una

al

no

forma

defender

adecuada

los

y

responsable. Ello, al no subsanar los defectos señalados

mediante las órdenes emitidas por el Tribunal de Primera

Instancia. Tampoco realizó trámite alguno para solicitar

reconsideración o revisión de la sentencia. La actuación

del querellado, a su vez, incidió sobre sus obligaciones

éticas, faltando así al Canon 19 al no mantener informada a

su cliente sobre el trámite de la acción civil que llevaba

a favor de esta. El letrado falló al dejar de notificar a

la quejosa sobre la desestimación de la demanda e informar

sobre las incidencias del caso; así como las gestiones

profesionales que llevó a cabo como su representante legal.

En el caso de autos, tomamos como atenuantes a favor

del licenciado Maldonado Torres el hecho que durante su

carrera profesional no había sido objeto de alguna medida

disciplinaria hasta el 1992 a 1995, es decir, hace más de

15

In re Cuevas Borrero, supra, pág. 200; In re Montes Fuentes, 174 DPR

863, 870 (2008).

16

In re Rivera Nazario, supra, pág. 585; In re Reyes Coreano, 190 DPR

739, 752 (2014).

CP-2011-12

10

20 años. Tampoco surge que sus actuaciones hayan sido con

algún

ánimo

de

lucro.

Por

el

contrario,

el

querellado

aceptó los errores cometidos y el daño que sus omisiones le

causaron a la quejosa;

y resarció a

esta mediante una

indemnización de $80,000 dólares. Además, no ha habido con

posterioridad

queja

o

querella

alguna

sobre

su

gestión

profesional como abogado.

IV

Considerado todo lo anterior, censuramos enérgicamente

al licenciado Maldonado Torres y le apercibimos que de

incurrir nuevamente en una conducta contraria a los cánones

del

Código

de

Ética

Profesional,

supra,

que

rigen

la

profesión de la abogacía, será sancionado rigurosamente.

Notifíquese

personalmente

esta

opinión

Per

Curiam

y

Sentencia al Lcdo. Juan Maldonado Torres a través de la

oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Juan Maldonado Torres

CP-2011-12

(TS-6547)

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 2016.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte

de

la

presente

Sentencia,

censuramos

enérgicamente al Lcdo. Juan Maldonado Torres y le

apercibimos que de incurrir nuevamente en una

conducta contraria a los Cánones del Código de

Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, que rigen la

profesión

de

la

abogacía,

será

sancionado

rigurosamente.

Notifíquese personalmente.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo