LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Banco Santander de Puerto Rico v. Brenda Correa García

2016 TSPR 201

Poder Judicial de Puerto Rico

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Banco Santander de Puerto Rico v. Brenda Correa García

CC-2014-431 cons. con CC-2014-1062

Ley de Mediación Obligatoria. Ley Núm. 184-2012. Requisito jurisdiccional de ordenar la celebración de una vista de mediación en los casos de ejecución de hipoteca de residencia principal

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Banco Santander de

Puerto Rico

Recurridos

v.

Brenda Correa García

Certiorari

Peticionaria

2016 TSPR 201

Ismael Santana Serrano

196 DPR ____

Recurrido

v.

Gloria Antony Ríos

Peticionaria

Número del Caso: CC-2014-431

CC-2014-1062

Fecha: 16 de septiembre de 2016

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan y Guayama, Panel I

Abogados de la parte Peticionaria:

Lcdo. Felipe Sanabria Quiñones

Lcdo. Luis Rodríguez Nevarez

Lcdo. Rafael A. González Navedo

Abogado de la parte Recurrida:

Lcdo. Daniel F. Marrero Guerrero

Materia: Ley de Mediación Obligatoria. Ley Núm. 184-2012. Requisito

jurisdiccional de ordenar la celebración de una vista de mediación en

los casos de ejecución de hipoteca de residencia principal

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

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distribución electrónica se hace como un servicio público a la

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Banco

Santander

Puerto Rico

de

Recurridos

v.

Brenda Correa García

Peticionaria

CC-2014-0431

Certiorari

Cons. con

CC-2014-1062

Ismael Santana Serrano

Recurrido

v.

Gloria Antony Ríos

Peticionaria

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de septiembre de 2016.

Hoy se nos presenta la oportunidad de interpretar la

“Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar

en los procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda

Principal” (Ley para Mediación Compulsoria), Ley Núm. 1842012, 32 LPRA secs. 2881-2996, a los fines de determinar si

ésta

le

impone

celebración

ejecución

de

de

al

tribunal

una

vista

hipoteca

de

la

de

una

obligación

mediación

en

residencia

de

ordenar

los

casos

principal

la

de

como

“requisito jurisdiccional” —es decir, como condición previa

para que el tribunal pueda dictar sentencia y ordenar la

CC-2014-0431, CC-2014-1062

2

venta judicial de un inmueble— o si dicha vista es de

carácter discrecional —pues sólo tiene que ordenarse en

los casos que el tribunal “considere necesarios”—.

Luego de armonizar las disposiciones que aparentan

ser contradictorias en la Ley para Mediación Compulsoria,

disponemos que —después de presentada la contestación a la

demanda— la citación para una vista de mediación es un

requisito jurisdiccional sin cuyo cumplimiento el tribunal

no podrá dictar sentencia ni ordenar la venta judicial de

un

inmueble

que

se

utiliza

como

residencia

principal,

salvo en los casos en los que el deudor esté en rebeldía o

cuando el tribunal haya eliminado sus alegaciones.

I

En

los

casos

que

hoy

atendemos,

el

Tribunal

de

Primera Instancia dictó unas sentencias en las que declaró

con lugar unas demandas de cobro de dinero y ejecución de

hipoteca de unos inmuebles que servían como residencia

principal de los deudores demandados. Cabe señalar que las

sentencias se dictaron con posterioridad a la fecha en que

entró en vigor la Ley para Mediación Compulsoria (el 1 de

julio de 2013, conforme al Art. 9 de la Ley para Mediación

Compulsoria).

Inconformes, los deudores cuestionaron las sentencias

emitidas por el fundamento de que el Tribunal de Primera

Instancia las había dictado sin tener jurisdicción para

ello, pues no había ordenado la celebración de la vista de

mediación requerida por la Ley para Mediación Compulsoria.

CC-2014-0431, CC-2014-1062

Es

esencial

señalar

3

que

los

deudores

contestaron

las

demandas, no estaban en rebeldía y el tribunal no había

eliminado sus alegaciones. A continuación, relatamos los

hechos particulares de cada caso.

CC-2014-0431

El 4 de marzo de 2013, el Banco Santander de Puerto

Rico (Santander) presentó una demanda en contra de la Sra.

Brenda Correa García con el propósito de ejecutar un bien

inmueble

que

servía

como

residencia

principal

de

la

demandada y sus hijos. Según Santander, la señora Correa

García había incumplido con las condiciones del préstamo

hipotecario, por lo que solicitó al tribunal que dictara

sentencia

a

su

favor

declarando

vencida

la

deuda

y

ordenara la venta en pública subasta del bien en cuestión.

Por su parte, la señora Correa García contestó la demanda

y negó adeudar suma alguna a Santander.

Así

las

cosas,

el

31

de

mayo

de

2013

Santander

solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor. A

tales fines, anejó una declaración jurada de un empleado

del banco en la que éste declaraba que la señora Correa

García se había negado a satisfacer las mensualidades del

préstamo hipotecario desde el 1 de junio de 2012; una

certificación

registral

del

inmueble

y

una

copia

del

pagaré hipotecario y de la escritura de constitución de

hipoteca.

Posteriormente,

Santander

señaló

que

la

demandada

no

para

modificación

de

cualificaba

una

hipoteca, por lo que no era necesario referir el caso a

CC-2014-0431, CC-2014-1062

4

mediación. Ante esto, la señora Correa García señaló que

su pago no se ajustaba a su capacidad económica y añadió

que las razones aducidas por Santander no justificaban que

el caso no se refiriera a mediación, como lo requiere la

Ley para Mediación Compulsoria.

A pesar de lo informado por la señora Correa García,

el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria

en su contra. Sin embargo, no emitió expresión alguna en

torno al porqué no ordenó la celebración de una vista de

mediación. Inconforme, la señora Correa García presentó

una

moción

de

reconsideración

en

la

que

expuso

lo

siguiente:

Hasta donde sabemos, la mediación no fue

ordenada ni se ha celebrado en este caso; la

demandada no se encuentra en rebeldía, ni sus

alegaciones fueron suprimidas de forma alguna.

Por el contrario, contestó la demanda y se

encontraba en proceso de descubrimiento de prueba

[…]

Para todos los fines legales pertinentes,

consignamos que el acreedor hipotecario tiene

pleno conocimiento de que la propiedad objeto de

ejecución

es

la

vivienda

principal

de

la

demandada […] y que la misma cuenta con

exoneración contributiva. (Énfasis suplido).

Por su parte, Santander se opuso a la reconsideración

fundándose

en

lo

siguiente:

“una

mediación

[…]

es

un

ejercicio fútil en el presente caso por la demandada no

tener capacidad económica […]”. (Énfasis suplido). Así las

cosas, el Tribunal de Primera Instancia declaró “no ha

lugar” la moción de reconsideración.

Posteriormente,

la

señora

Correa

García

acudió

al

Tribunal de Apelaciones. En torno a la procedencia de la

CC-2014-0431, CC-2014-1062

5

mediación, dicho foro interpretó lo siguiente: “Surge de

la primera oración del Artículo 3 de la Ley 184-2012 que

la mediación compulsoria es de carácter discrecional toda

vez que sólo será un “deber” celebrarla cuando el tribunal

lo considere “necesario””. Así, confirmó la Sentencia al

concluir que en este caso no se justificaba el referido a

mediación debido a que la señora Correa García no demostró

cómo la mediación le pudo haber beneficiado.

Oportunamente la señora Correa García presentó una

Petición de certiorari ante este Tribunal. Expedimos el

recurso

y

el

caso

quedó

sometido

en

los

méritos

el

9 de diciembre de 2015.

CC-2014-1062

El 27 de marzo de 2012, el Sr. Ismael Santana Serrano

presentó una demanda sobre ejecución de hipoteca en contra

de la Sra. Gloria Antony Ríos. Alegó que era el tenedor de

un

Pagaré

inmueble

Hipotecario

al

perteneciente

a

Portador

la

garantizado

demandada

y

que

por

la

un

deuda

garantizada estaba vencida. Por su parte, la señora Antony

Ríos

contestó

la

demanda

y

adujo

que

no

reconocía

la

totalidad de la deuda. Más adelante, el señor Santana

Serrano presentó una moción de sentencia sumaria a la que

anejó varios documentos que, según adujo, acreditaban la

existencia

de

la

procesales,

el

Tribunal

varias

prórrogas

deuda.

a

la

Luego

de

de

Primera

señora

algunos

incidentes

Instancia

Antony

Ríos

concedió

para

que

compareciera a través de un abogado y se opusiera a la

CC-2014-0431, CC-2014-1062

6

moción de sentencia sumaria. Ante su incumplimiento, el

tribunal dictó sentencia en su contra y le ordenó pagar la

suma

adeudada

y,

en

su

defecto,

la

venta

en

pública

subasta del inmueble. Destacamos que la señora Antony Ríos

contestó la demanda, no estaba en rebeldía y el tribunal

no había eliminado sus alegaciones.

En

desacuerdo,

la

señora

Antony

Ríos

presentó

un

recurso ante el Tribunal de Apelaciones en el que planteó,

por primera vez, que el caso debía referirse a mediación,

al tenor de la Ley para Mediación Compulsoria. Además,

señaló que, ante el incumplimiento de tal requisito de

carácter jurisdiccional, el tribunal estaba impedido de

dictar sentencia. Por su parte, el señor Santana Serrano

planteó que no existía controversia sobre la existencia de

la deuda debido a que la señora Antony Ríos no se opuso a

la moción de sentencia sumaria. Además, adujo que: (1) no

procedía atender el planteamiento sobre el requisito de

vista de mediación, ya que éste no se había presentado

ante el Tribunal de Primera Instancia; (2) la Ley para

Mediación Compulsoria no le aplicaba porque él no era una

entidad

bancaria

o

crediticia,

y

(3)

el

requisito

de

mediación es de carácter discrecional y no se justificaba

en este caso.

Luego de estudiar los argumentos de ambas partes, el

Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia. Concluyó

que

el

foro

sumariamente

de

instancia

porque

la

podía

señora

disponer

Antony

del

Ríos

no

pleito

creó

CC-2014-0431, CC-2014-1062

7

controversia sobre los hechos propuestos en la moción de

sentencia

sumaria.

Ahora

bien,

el

foro

apelativo

intermedio no discutió la aplicabilidad de la Ley para

Mediación Compulsoria.

Oportunamente,

la

señora

Antony

Ríos

presentó

una

Petición de certiorari ante este Tribunal. Expedimos el

recurso y lo consolidamos con el CC-2014-431.

II

Disposiciones aparentemente contradictorias en la Ley para

Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los

procesos

de

Ejecuciones

de

Hipotecas

de

una

Vivienda

Principal

La

controversia

señalamiento

para

discrecional

o

que

vista

de

atendemos,

mediación

jurisdiccional,

surge

sobre

es

un

a

razón

si

el

requisito

de

una

aparente contradicción en el texto del Art. 3 de la Ley

Núm. 184-2012, 32 LPRA secs. 2881-2996, intitulada como la

“Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar

en

los

procesos

de

Ejecuciones

de

Hipotecas

de

una

Vivienda Principal”. (Énfasis suplido). Esta ley se aprobó

el 17 de agosto de 2012 y tiene el propósito de proteger

la residencia principal de los deudores hipotecarios ante

los efectos de la crisis económica. Mediante la misma se

concede a las partes una vista de mediación en la que el

deudor podrá obtener información sobre los remedios que

tiene disponibles para evitar la pérdida de su residencia

principal y, a su vez, se le provee la oportunidad de

sentarse a negociar con su acreedor.

CC-2014-0431, CC-2014-1062

La

crear

descripción

la

ley

que

compulsorio

entre

hipotecario

en

(Foreclosure)

el

los

de

de

la

8

ley

inserte

acreedor

procesos

propiedades

es

el

la

siguiente:

“Para

proceso

de

mediación

hipotecario

y

el

de

ejecución

dedicadas

a

de

deudor

Hipoteca

vivienda

en

Puerto Rico”. (Énfasis suplido). La Exposición de Motivos

lee como sigue:

[…] La escasez de recursos económicos en Puerto

Rico ha ocasionado que muchos dueños de viviendas, le

hayan ejecutado su vivienda por parte de la entidad

bancaria

o

crediticia

que

ostenta

el

préstamo

hipotecario sobre dicha propiedad. […]

El Congreso de los Estados Unidos sometió el

Proyecto del Senado 2912, titulado “Foreclousure

Mandatory Act of 2009”, con el propósito de obligar a

que todo deudor hipotecario con garantías federales

tenga que someterse compulsoriamente a un proceso de

mediación, previo a la ejecución de la hipoteca por

parte del acreedor hipotecario.

El Gobierno Estatal, al igual que el Gobierno

Federal, debe colaborar y buscar alternativas que

logren

disminuir

los

procesos

de

ejecución

de

hipotecas y evitar al máximo posible que nuestros

ciudadanos

sigan

perdiendo

sus

propiedades.

La

realidad es que estas alternativas existen y el

público las desconoce. […]

A tenor con lo antes indicado, es imprescindible

que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico cree una

Ley con el propósito de crear un proceso de mediación

compulsoria ante los tribunales de Puerto Rico o ante

los foros administrativos correspondientes, previo a

llevar

un

proceso

de

ejecución

de

hipoteca

(foreclousure) de cualquier propiedad principal de

vivienda

en

Puerto

Rico

por

cualquier

entidad

bancaria. […] (Énfasis suplido).1

El Art. 2 de la Ley para Mediación Compulsoria, 32

LPRA sec. 2881, provee las siguientes definiciones:

(a)

1

Mediación: Un proceso de intervención, no adjudicativo,

en el cual un interventor o una interventora neutral

(mediador o mediadora) ayuda o asiste a las personas en

conflicto a lograr un acuerdo que les resulte

mutuamente aceptable para resolver su controversia.

Exposición de Motivos de la Ley para Mediación Compulsoria y

Preservación de tu Hogar en los procesos de Ejecuciones de Hipotecas

de una Vivienda Principal (Ley para Mediación Compulsoria), Ley Núm.

184-2012, 32 LPRA secs. 2881-2996.

CC-2014-0431, CC-2014-1062

9

(b)

Mediación Compulsoria: En los casos en que un acreedor

hipotecario pueda iniciar un proceso de ejecución de

hipoteca, o el cual pueda culminar en la venta

judicial, de una propiedad residencial que constituya

una vivienda principal, se celebrará una reunión

compulsoria de mediación […] presidida por un mediador

seleccionado por las partes, en el curso de un

procedimiento de ejecución de hipoteca sumario y/o

ordinario. En dicha reunión el acreedor hipotecario

notificará al deudor hipotecario todas las alternativas

disponibles en el mercado para poder evitar la

ejecución de la hipoteca o la venta judicial de una

propiedad residencial que constituya una vivienda

principal. El propósito u objetivo será poder llegar a

un acuerdo o modificación que permita al deudor

hipotecario establecer un acuerdo de pago u otra

alternativa satisfactoria a las partes y no perder su

vivienda principal.

(c)

Acreedor

hipotecario:

Significa

cualquier

persona

natural o jurídica o una entidad prestataria o

financiera o un banco o una cooperativa debidamente

autorizados por las leyes de Puerto Rico y las leyes de

los Estados Unidos de América para conceder o que

conceda préstamos con garantía hipotecaria sobre una

residencia o vivienda principal.

(d)

[…]

(e)

Residencia o Vivienda Principal: Aquella que se utiliza

como el hogar principal del deudor o del deudor y su

familia inmediata; y que para fines contributivos sobre

bienes inmuebles es aquella para la cual aplicaría la

exención contributiva principal. (Énfasis suplido).

El

proceso

para

llevar

a

cabo

la

“mediación

compulsoria” se encuentra regulado por el Art. 3 de la Ley

para

Mediación

Compulsoria,

32

LPRA

sec.

2882,

de

siguiente forma:

Será deber del tribunal, en los casos que

considere necesarios, dentro de los sesenta (60) días

después de presentada la alegación responsiva por parte

del deudor hipotecario demandado y antes de que se

señale la conferencia con antelación al juicio, bajo

apercibimiento de desacato, una vista o acto de

mediación

compulsorio

que

presidirá

un

mediador

seleccionado por las partes y que tendrá lugar en

cualquier salón o sala del tribunal o en aquel lugar

que las partes en acuerdo con el mediador seleccionen,

todas las alternativas disponibles en el mercado para

poder evitar la ejecución de la hipoteca o la venta

judicial de una propiedad residencial que constituya

la

CC-2014-0431, CC-2014-1062

10

una

vivienda

principal.

Esto

será

un

requisito

jurisdiccional en los procesos a llevarse a cabo ante

los tribunales de Puerto Rico que envuelvan un proceso

para la ejecución de una hipoteca garantizada con una

propiedad residencial que constituya una vivienda

personal del deudor o de los deudores sin cuyo

cumplimiento no podrá dictarse sentencia o celebrarse

la venta judicial de la propiedad gravada con la

hipoteca cuya ejecución se solicita. […]

De no presentarse el deudor, al procedimiento de

mediación o de no cumplir con el acuerdo alcanzado con

el acreedor hipotecario como resultado del proceso de

mediación, la institución financiera actuará de la

forma acordada en el contrato o pagaré efectuado el día

de la transacción original de hipoteca. (Énfasis

suplido).

En cuanto a quiénes tendrán derecho a una vista de

mediación, el mismo Art. 3 dispone que:

El deudor tendrá derecho únicamente a un

procedimiento de mediación en la acción civil que se

le presente para la ejecución de la hipoteca sobre la

propiedad residencial que constituya su vivienda

principal, siempre y cuando el deudor hipotecario

demandado no se encuentre en rebeldía, o que por

alguna razón o sanción sus alegaciones hayan sido

suprimidas o eliminadas por el tribunal. (Énfasis

suplido).2

Como apreciamos, el Art. 3 de la Ley para Mediación

Compulsoria señala que “[s]erá deber del tribunal” ordenar

una “vista o acto de mediación compulsorio” y dispone que

esto

es

un

“requisito

jurisdiccional

[…]

sin

cuyo

cumplimiento no podrá dictarse sentencia o celebrarse la

venta judicial […] siempre y cuando el deudor hipotecario

demandado no se encuentre en rebeldía, o que por alguna

razón o sanción sus alegaciones hayan sido suprimidas o

eliminadas por el tribunal”.3 Por otro lado, el mismo Art.

2

Art. 3 de la Ley para Mediación Compulsoria, 32 LPRA sec. 2882.

3

Íd.

CC-2014-0431, CC-2014-1062

11

3 dispone que la vista solo se llevará a cabo “en los

casos

que

parece

[el

añadir

tribunal]

considere

necesarios”,

carácter

discrecional

lo

proceso.4

al

que

Como

explicaremos en esta Opinión, estas disposiciones de la

Ley

para

Mediación

Compulsoria

no

son

contradictorias

entre sí porque se pueden armonizar.

Sobre las contradicciones en una ley, los tratadistas

R. Elfren Bernier y José A. Cuevas Segarra, en su obra

Aprobación e Interpretación de las Leyes en Puerto Rico,

indican que “[s]i aparece claramente que cierta palabra,

frase

o

disposición,

fue

aprobada

por

inadvertencia

o

error, especialmente si es contraria al resto de la ley o

limitaría la efectividad de ésta, se pueden eliminar”.5

Esta

norma

fue

discutida

por

este

Tribunal

en

Roig

Commercial

Bank

v.

Buscaglia,

Tes.,

74

986,

998

DPR

(1953), en Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 DPR 618,

623 (1985) y en Aguadilla Paint Center v. Esso, 183 DPR

901, 922 (2011). Ahora bien, debemos aclarar que esta

doctrina —que permite la eliminación de palabras, frases o

disposiciones

contradictorias—

no

deja

sin

efecto

la

prohibición de que los tribunales no pueden otorgar un

significado

4

5

distinto

a

una

ley

cuando

su

lenguaje

es

Íd.

R.

Elfren

Bernier

y

J.A.

Cuevas

Segarra,

Aprobación

e

Interpretación de las Leyes en Puerto Rico, 2da ed. Rev., San Juan,

Publicaciones JTS Inc., 1987, Vol. I, pág. 359. Valga destacar que

esta norma tiene ciertas limitaciones, especialmente en la esfera

penal. Íd., pág. 362.

CC-2014-0431, CC-2014-1062

12

claro.6 En Roig Commercial Bank v. Buscaglia, Tes., supra,

discutimos esta diferencia cuando expresamos lo siguiente:

Aunque las cortes no pueden eliminar o cambiar el

lenguaje de un estatuto para darle efecto a una

supuesta intención legislativa, las palabras y las

frases pueden ser alteradas o sustituídas cuando ello

sea necesario para evitar repugnancia o inconsistencia

en la ley, y para darle efectividad a la intención

manifiesta de la legislatura.

La intención legislativa debe prevalecer sobre la

letra estricta de la ley, cuando el seguir el tenor

literal de la ley pueda producir disposiciones

contradictorias.

Es

cuando

no

surge

alguna

contradicción

o

inconsistencia que es aplicable la regla general que

prohíbe a un tribunal el desviarse del significado

literal de un estatuto. (Énfasis suplido).

Antes de continuar, es importante destacar que al

realizar un análisis de disposiciones que aparentan ser

contradictorias

primeramente

entre

intentar

sí,

los

realizar

tribunales

una

deben

interpretación

armoniosa de la ley de manera que sus disposiciones se

logren hacer compatibles y no contradictorias.7

fundamenta

en

el

canon

de

interpretación

Ello se

hermenéutica

sobre lectura armoniosa que exige que al interpretar una

ley

los

posible,

tribunales

deben

todas

disposiciones

sus

armonizar,

con

hasta

el

donde

sea

propósito

de

lograr una interpretación integrada, lógica y razonable de

6

El Art. 14 del Código Civil, 31 LPRA sec. 14, dispone que “[c]uando

la ley es clara libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe

ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”.

7

Véase A. Scalia y B.A. Garner, Reading Law: The Interpretation of

Legal Texts, 1ra ed., Minnesota, Thomson/West, 2012, pág. 180. Véase

también S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 692

(2011), donde expresamos que “cuando hay un lenguaje confuso es deber

del tribunal llenar esas lagunas y armonizar las disposiciones que

encuentre conflictivas”.

CC-2014-0431, CC-2014-1062

13

la intención legislativa.8

“Armonizar” significa “[p]oner

en armonía, o hacer que no discuerden o se rechacen dos o

más

partes

de

un

todo,

o

concurrir al mismo fin”.9

frases

y

oraciones

que

dos

o

más

cosas

que

deben

Así, las secciones, párrafos,

componen

una

ley

no

deben

ser

interpretadas de forma aislada, sino que deben analizarse

en conjunto tomando en consideración todo su contexto de

manera integral.10

De

conformidad

con

lo

expuesto,

aclaramos

que

no

puede haber justificación en concluir innecesariamente que

unas disposiciones están en conflicto si éstas se pueden

leer armónicamente.11 Es entonces cuando una disposición

no puede ser armonizada con el resto de la ley que se

puede

declarar

contradictoria,

con

el

efecto

que

ello

conlleve en cada caso particular.12

Uno de los principios medulares en la interpretación

de la ley se encuentra recogido en el Art. 14 de nuestro

Código Civil, 31 LPRA sec. 14, que dispone que “[c]uando

la ley es clara [y] libre de toda ambigüedad, la letra de

8

Véase Spyder Media, Inc. v. Municipio Autónomo de San Juan, 2016

TSPR 10, __ DPR __ (2016); AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR

253, 266 (2010); Matos v. Junta Examinadora, 165 DPR 741, 749 (2005).

9

Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 22da ed.,

Madrid, Ed. Espasa Calpe, 2001, T. II, pág. 207.

10

Véase Spyder Media, Inc. v. Municipio Autónomo de San Juan, supra;

Trigo Margarida v. Junta Directores, 187 DPR 384, 395 (2012); Soc.

Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, 179 DPR 849, 863 (2010); CBS

Outdoor v. Billboard One, Inc., 179 DPR 391, 417 (2010), y Matos v.

Junta Examinadora, 165 DPR 741, 749 (2005).

11

A. Scalia y B.A. Garner, op. cit., pág. 180.

12

Íd.

CC-2014-0431, CC-2014-1062

14

ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir

su espíritu”.

En aras de cumplir con la norma citada, el

primer paso que los tribunales debemos llevar a cabo al

interpretar un estatuto es remitirnos al texto de la ley,

puesto que, cuando el Legislador se ha manifestado en un

lenguaje claro e inequívoco, el texto de la ley representa

la expresión por excelencia de la intención legislativa.13

Por otra parte, el método para analizar las expresiones en

una ley que son dudosas se recoge en el Art. 19 del Código

Civil, 31 LPRA sec. 19, que orienta que “[e]l medio más

eficaz y universal para descubrir el verdadero sentido de

una ley cuando sus expresiones son dudosas, es considerar

la razón y espíritu de ella, o la causa o motivos que

indujeron al poder legislativo a dictarla”. A este proceso

de interpretar las leyes se le conoce como la hermenéutica

legal

y

conlleva

auscultar

cuál

ha

sido

la

voluntad

legislativa con el propósito de hacerla cumplir.14 Para

ello

se

examina

el

proceso

legislativo

que,

por

lo

general, comienza con un proyecto de ley que se remite a

la comisión pertinente para que lo estudie y emita un

informe con recomendaciones, y culmina con el debate en el

hemiciclo, recogido en el Diario de Sesiones.15

13

Spyder Media, Inc. v. Municipio Autónomo de San Juan, supra; Soc.

Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, supra, pág. 862; AMPR v. Srio.

Educación, ELA, 178 DPR 253, 266 (2010).

14

Elfren Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 241.

15

Íd., pág. 242.

CC-2014-0431, CC-2014-1062

15

De conformidad con lo anterior, y con el objetivo de

determinar el propósito del estatuto y de la frase “en los

casos

que

historial

considere

legislativo

necesarios”,

y

al

Diario

nos

de

remitimos

Sesiones

de

al

las

cámaras legislativas.16 Encontramos que el P. del S. 1434

de 25 de febrero de 2010 fue el proyecto original que se

presentó y su Art. 3 leía de la siguiente manera:

Será deber del Tribunal, antes de señalar fecha

para la celebración del juicio, bajo apercibimiento de

desacato, señalar para una vista preliminar o acto de

mediación compulsorio que presidirá el juez de la

corte para ofrecer al deudor hipotecario de buena fe

todas las alternativas viables disponibles en el

mercado para poder salvar la hipoteca. Esto será un

requisito jurisdiccional como parte de los procesos a

llevarse a cabo al momento una ejecución de hipoteca

ante los Tribunales o foros administrativos de Puerto

Rico. […] (Énfasis suplido).

Posteriormente, las Comisiones de Banca, Asuntos del

Consumidor y Corporaciones Públicas y de lo Jurídico Civil

del Senado propusieron realizar varias enmiendas al P. del

S. 1434, pero recomendaron dejar inalterado el carácter

“compulsorio” y “jurisdiccional” de la mediación.17 Así,

el 13 de febrero de 2012, el Senado aprobó el proyecto con

las

disposiciones

sobre

obligatoriedad

y

carácter

jurisdiccional del requisito de mediación.18

16

Véase historial del P. del S. 1434 en el Sistema de Información del

Trámite de la Oficina de Servicios Legislativos disponible en

http://www.oslpr.org/legislatura/tl2009/tl_busca_avanzada.asp (última

visita el 5 de mayo de 2016).

17

Véase Informe de las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y

Corporaciones Públicas y de lo Jurídico Civil del Senado de Puerto

Rico, al P. del S. 1434 de 25 de febrero de 2010, y Entirillado del

Informe.

18

P. del S. 1434, aprobado en el Senado el 13 de febrero de 2012,

16ta Asamblea, 3ra Sesión Legislativa Ordinaria.

CC-2014-0431, CC-2014-1062

Al

referírsele

16

el

proyecto,

la

Cámara

de

Representantes lo remitió a sus Comisiones de lo Jurídico

y

Comisión

de

Desarrollo

Económico,

Planificación,

Comercio, Industria y Telecomunicaciones, las que, en su

Informe, recomendaron aprobar el proyecto sin enmiendas.19

Ahora

bien,

del

Representantes

Diario

surge

de

que

Sesiones

al

de

someterse

la

el

Cámara

de

proyecto

a

votación en la Cámara se propusieron varias enmiendas en

sala, una de ellas para incorporar la frase “en los casos

que

considere

necesarios”.

Estas

palabras

se

ubicaron

justo después de la frase “Será deber del tribunal” del

Art. 3 del proyecto. La Cámara de Representantes aprobó el

proyecto con las enmiendas propuestas en sala, sin embargo

del Diario de Sesiones no surgen las razones para las

enmiendas,

pues

no

hubo

discusión

en

el

hemiciclo.20

19

Véase Informe de las Comisiones de lo Jurídico y Comisión de

Desarrollo

Económico,

Planificación,

Comercio,

Industria

y

Telecomunicaciones de la Cámara de Representantes, al P. del S. 1434

de 25 de febrero de 2010.

20

P. del S. 1434 aprobado con enmiendas por la Cámara de

Representantes el 25 de junio de 2012, Diario de Sesiones de la

Cámara de 25 de junio de 2012, Séptima Sesión Ordinaria, Decimosexta

Asamblea Legislativa, págs. 220, 243 y 246. Transcribimos lo

sucedido:

SR. MÉNDEZ NÚÑEZ: Vamos a entrar ahora en la consideración del

Proyecto del Senado 1434. Viene informado por la Comisión de lo

Jurídico,

Desarrollo

Económico,

Planificación,

Comercio,

Industria y Telecomunicaciones, tenemos enmiendas en sala,

señora Presidenta.

SRA. PRESIDENTA (GONZÁLEZ COLÓN): Adelante.

SR. MÉNDEZ NÚÑEZ: Son las siguientes: […] En la página 5, línea

11, eliminar “señalar, a solicitud de parte o motus propio

[sic]”, y sustituir por “en los casos que considere necesario”.

En la página 5, línea 14, eliminar “o reunión sobre el estado

del procedimiento en el caso”. En la página 5, líneas 17 a la

19, después de “selecciones”, eliminar “pero que no podrá ser

en las oficinas del acreedor hipotecario o de sus abogados o

representantes legales o asesores para ofrecer el deudor

hipotecario de buena fe.”. Página 6, línea 3, eliminar “de

buena fe,”. Página 6, líneas 6 a la 10, después de “hipoteca.”,

eliminar “Durante el proceso de mediación compulsoria, el

CC-2014-0431, CC-2014-1062

17

Posteriormente el proyecto se remitió al Senado, que fue

la cámara de origen, donde ─también sin discusión en el

hemiciclo─

se

aprobó

el

proyecto

con

las

enmiendas

sometidas por la Cámara de Representantes.21

Es importante enfatizar que a pesar de haber añadido

la frase “en los casos que considere necesarios” al Art.

3, los legisladores dejaron inalteradas las disposiciones

que otorgan carácter “compulsorio” y “jurisdiccional” a la

vista de mediación. Una lectura de estas disposiciones

refleja que estas aparentan ser contradictorias. Por ello,

nos corresponde aplicar la norma de interpretación sobre

disposiciones aparentemente contradictorias en una ley con

________________________________________________

Tribunal, previa notificación de parte de que se ha iniciado el

mismo ordenará la paralización automática de la acción civil,

por un periodo no menor de cuarenta y cinco (45) días, contados

a partir del comienzo del mismo, Dicha paralización podrá ser

dejada sin efecto por el Tribunal a solicitud de parte o por

justa causa”. Página 6, línea 21, después de “mismo” añadir “en

caso de que se presente una acción civil sobre procedimiento de

ejecución hipotecaria”. […] Esa es la enmienda al texto.

SRA. PRESIDENTA (GONZÁLEZ COLÓN): ¿Alguna otra?

SR. LÓPEZ MUÑOZ: Casi na’.

SRA. PRESIDENTA (GONZÁLEZ COLÓN): Si no hay objeción a las

enmiendas al texto, se aprueban las enmiendas al texto.

SR. MÉNDEZ NÚÑEZ: Señora Presidenta, para que se apruebe el

Proyecto del Senado 1434.

SRA. PRESIDENTA (GONZÁLEZ COLÓN): Ante la consideración del

pleno el Proyecto del Senado 1434 según ha sido enmendado. Los

que estén en la afirmativa dirán que sí. En contra no.

Aprobado. (Énfasis suplido).

21

P. del S. 1434, aprobado en el Senado el 29 de junio de 2012,

Diario de Sesiones del Senado de 29 de junio de 2012, 16ta Asamblea,

7ma Sesión Legislativa Ordinaria, Año 2012, Vol. LX. A continuación

transcribimos lo ocurrido en el hemiciclo:

SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Señor Presidente, teníamos ante la

consideración el Proyecto del Senado 1434 […] Para que se

concurra con las enmiendas introducidas por la Cámara al

Proyecto del Senado 1434.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se concurre con las

enmiendas introducidas en el Proyecto del Senado 1434 por la

Cámara de Representantes. Véase Diario de Sesiones del Senado

disponible

en

http://senado.pr.gov/Diario%20de%20Sesiones/062912.pdf

(última

visita el 5 de mayo de 2015).

CC-2014-0431, CC-2014-1062

18

el propósito de conocer si éstas son contradictorias o si

se pueden armonizar.

Como

parte

del

análisis

de

hermenéutica

legal,

examinaremos el significado de las palabras utilizadas por

el

Legislador.

La

palabra

“compulsoria”

se

deriva

de

“compulsory” y se utiliza como sinónimo de “obligatorio”.

“Obligatorio”

es

algo

que

obliga

ejecución,

“obligar”

es

mover

cumplir

y

algo.22

jurisdiccionales

Por

otro

gozan

de

obligatoriedad,

pues

tribunal

conocer

pueda

incumplimiento

de

un

deben

a

e

su

impulsar

lado,

la

requisito

a

los

hacer

antes

pleito.23

y

o

requisitos

característica

cumplirse

del

cumplimiento

de

Por

jurisdiccional

de

que

el

ello,

el

priva

de

jurisdicción al tribunal para atender los méritos de la

controversia.24 Así, hemos expresado que si un tribunal

carece de jurisdicción también carece de discreción, y los

tribunales no tienen discreción para asumir jurisdicción

donde la ley no la confiere.25 La ausencia de jurisdicción

es

insubsanable

jurisdicción

inexistente.26

es

y

nula

Valga

cualquier

en

sentencia

derecho

destacar

que

y,

esta

dictada

por

sin

lo

tanto,

defensa

puede

plantearse en cualquier etapa de los procedimientos.27 En

22

Real Academia Española, op. cit., pág. 1603.

23

Véase Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 123 (2012).

24

Íd.

25

Íd.

26

Íd.

27

Íd., pág. 122.

CC-2014-0431, CC-2014-1062

contraste,

la

19

“discreción”

versa

sobre

dejar

una

determinación a la voluntad de una persona.28 Finalmente,

“considerar” significa pensar sobre algo analizándolo con

atención.29

Como

expusimos,

el

Legislador

utilizó

la

palabra

“compulsoria” en el título de la ley (“Ley para Mediación

Compulsoria”), la repitió por todo su texto, y ésta se

observa repetidamente en la Exposición de Motivos de la

Ley y en los informes de las comisiones de las cámaras

legislativas. Asimismo, el Art. 3 de la ley menciona que

será “deber” del tribunal celebrar la vista de mediación y

dispone

que

dicho

requisito

es

de

carácter

“jurisdiccional” “sin cuyo cumplimiento no podrá dictarse

sentencia o celebrarse la venta judicial de la propiedad

gravada”, salvo en los casos mencionados. En contraste, la

frase “en los casos que considere necesarios” es la única

disposición que parece otorgar discreción al tribunal.

Ante este escenario, y luego de haber examinado la

Ley para Mediación Compulsoria en unión a su propósito,

disponemos

que

prevalece

el

carácter

“compulsorio”

y

“jurisdiccional” de sus disposiciones. Reconocemos que al

leer aisladamente la frase “Será deber del tribunal, en

los casos que considere necesarios” del Art. 3 de la Ley

para Mediación Compulsoria se desprende que ésta parece

ser contradictoria al resto de la ley porque aparenta

28

Real Academia Española, op. cit., pág. 832.

29

Íd., pág. 630.

CC-2014-0431, CC-2014-1062

20

otorgar un carácter discrecional al señalamiento de vista

de

mediación.

Sin

embargo,

esta

contradicción

real

porque,

frase

no

supone

una

conforme

al

canon

de

interpretación armoniosa, la misma es armonizable con las

excepciones que proveyó el Legislador para el requisito

de vista de mediación recogidas al final del Art. 3. De

esta

forma,

la

frase

“en

los

casos

que

considere

necesarios” se refiere a que el tribunal deberá ordenar

la celebración de una vista de mediación cuando esté ante

uno de los casos en los que el deudor no se encuentra en

rebeldía

ni

se

han

eliminado

consiguiente,

al

haberse

sus

logrado

alegaciones.

una

Por

interpretación

armoniosa de las distintas disposiciones de la Ley para

Mediación

para

Compulsoria,

que

concluyamos

no

existe

que

justificación

sus

alguna

disposiciones

son

contradictorias.30

Nuestra interpretación es cónsona con el espíritu de

la

ley

y

deudores

la

la

intención

oportunidad

legislativa

de

de

los

conocer

otorgar

a

los

remedios

que

pueden tener disponibles para evitar la pérdida de su

hogar.

Así,

resolvemos

que

contestación a la demanda─

─después

de

presentada

la

el acto de citar para una

vista de mediación es un requisito jurisdiccional que el

tribunal debe cumplir en los casos en los que un acreedor

solicite la ejecución de una vivienda principal de un

30

Ahora bien, la frase “Será deber del tribunal, en los casos que

considere necesarios” podría resultar contradictoria al resto de la

ley en el supuesto de que el Legislador no hubiese establecido las

dos excepciones al requisito de vista de mediación.

CC-2014-0431, CC-2014-1062

21

deudor, salvo en aquellos en que el deudor se encuentre

en

rebeldía

eliminadas

o

cuando

por

el

sus

alegaciones

hayan

sido

Estas

las

únicas

tribunal.

son

excepciones que estableció el Legislador. Por lo tanto,

si el tribunal incumple con el requisito de ordenar la

celebración

para

de

proceder

tal

venta

a

vista,

dictar

judicial

del

éste

no

sentencia

inmueble.

tendrá

ni

jurisdicción

podrá

En

ordenar

consecuencia,

la

las

sentencias que el tribunal dicte y las ventas judiciales

que

ordene

sin

haber

señalado

una

vista

de

mediación

serán nulas y no tendrán efecto legal alguno.

Resolver lo contrario ─ello es que el tribunal tiene

discreción

para

determinar

cuáles

casos

tienen

que

referirse a mediación─ sería conceder a los tribunales la

facultad de legislar caso a caso cuándo un requisito es

jurisdiccional

y

cuándo

no,

lo

que

resultaría

en

interpretaciones contradictorias de las diferentes salas

judiciales.31 Por ejemplo, en uno de los casos que aquí

revisamos, el tribunal entendió que no procedía referir a

mediación a un deudor sin capacidad económica, a pesar de

que existen múltiples alternativas que no dependen de la

capacidad económica del deudor.

Por

último,

jurisdiccional

debemos

que

impone

precisar

la

que

Ley

el

requisito

para

Mediación

Compulsoria es que ocurra un señalamiento o citación para

31

Nótese que, a diferencia de otras leyes, el estatuto bajo examen no

interfiere indebidamente con la función judicial reservada a la Rama

Judicial. Véase Vélez Ruiz v. ELA, 111 DPR 752 (1981).

CC-2014-0431, CC-2014-1062

una

vista

de

mediación,

22

pero

la

extensión

de

dicho

procedimiento y su resultado dependerán de la conducta de

las partes, según lo dispuesto en la Ley para Mediación

Compulsoria.32 Es por ello que el tribunal podrá continuar

con el proceso judicial cuando: (1) el acreedor acudió a

la vista de mediación pero el deudor no se presentó; (2)

las

partes

acudieron

a

la

vista

y

se

cumplieron

los

requisitos de ley, pero no llegaron a un acuerdo, o (3) el

deudor

incumplió

con

los

acuerdos

contraídos

como

resultado del proceso de mediación.33 De una vez aclaramos

32

Para la citación a mediación, el tribunal podrá utilizar el

formulario OAT 1698 Orden de Referido al Centro de Mediación de

Conflictos en Casos de Ejecución de Hipotecas o el formulario OAT

1697 Orden de Referido a Mediador (a) Privado en Casos de Ejecución

de Hipotecas. Sobre las normas que regirán el proceso de mediación,

el Art. 5 de la Ley para Mediación Compulsoria, 32 LPRA sec. 2884,

dispone lo siguiente: “[e]l proceso de la mediación se regirá, en

todo lo que no sea incompatible con la presente Ley, por las

disposiciones de la Ley Núm. 19 de 22 de septiembre de 1983, según

enmendada, así como por cualesquiera reglamentos aprobados de acuerdo

a la misma”. (Énfasis suplido). La citada Ley Núm. 19 de 22 de

septiembre de 1983 se creó con el propósito de promover el desarrollo

de mecanismos alternos informales para la resolución de disputas y

requirió que este Tribunal adoptara las reglas que fuesen necesarias

para la operación de los programas y centros de métodos alternos. De

conformidad con lo anterior, en el año 1998 aprobamos el Reglamento

de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos (Reglamento), 4

LPRA Ap. XXIX. Según lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley para

Mediación Compulsoria, los estatutos citados solo aplicarán al

proceso de mediación en lo que no sean incompatibles.

33

Véase Art. 3 de la Ley para Mediación Compulsoria, 32 LPRA sec.

2882. En lo relativo a las formas de culminar el proceso de

mediación, la Regla 7.10 del Reglamento de Métodos Alternos para la

Solución de Conflictos (Reglamento), 32 LPRA Ap. XXIX, dispone lo

siguiente:

(a) El proceso de mediación podrá darse por terminado en

cualquier momento, por cualquiera de las partes involucradas o

por el mediador o la mediadora.

(b) Una vez las partes se hayan acogido al proceso de

mediación, éste podrá concluir por cualquiera de las razones

siguientes:

(1) las partes lograron un acuerdo;

(2) las partes no lograron un acuerdo;

(3) alguna de las partes incompareció a la vista;

(4) una o ambas partes se retiran del proceso;

(5) se venció el término de tiempo concedido por el

tribunal para la mediación y las partes no solicitaron

una prórroga, o si la solicitaron, no les fue concedida,o

CC-2014-0431, CC-2014-1062

23

que el proceso judicial se deberá reanudar en la etapa en

que se encontraba previo a que el tribunal ordenara la

vista de mediación.

En

cuanto

consideraciones

a

la

de

aplicabilidad

política

de

pública

esta

y

norma,

orden

por

social

resultantes de la confusión que provocaba el texto de la

Ley para Mediación Compulsoria, disponemos que lo aquí

establecido no aplicará a las sentencias que advinieron

finales y firmes. Por tal razón, su aplicación quedará

circunscrita a los procedimientos judiciales que se insten

con posterioridad a esta Opinión; a los pleitos que están

pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia en los

que aún no se ha dictado sentencia, y a las sentencias

dictadas

por

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

con

posterioridad al 1 de julio de 2013 que no han advenido

finales y firmes (fecha en que entró en vigor la Ley para

Mediación Compulsoria, según su Art. 9).34 Lo resuelto en

________________________________________________

(6) cuando, a juicio del mediador o de la mediadora, el

proceso no está resultando beneficioso.

(c) El que se dé por terminada la mediación en alguna etapa de

un caso no impedirá que se recurra nuevamente a este proceso si

las circunstancias son favorables. (Énfasis suplido).

Como vimos, la Regla 7.10(b)(3) del Reglamento orienta que una

de las formas en las que el proceso de mediación puede darse por

concluido ocurre cuando una parte no acude a la vista de mediación.

Sin embargo, aclaramos que esta disposición solo aplica a la

incomparecencia del deudor, pues la Ley para Mediación Compulsoria

dispone que el acreedor que solicita la ejecución de un inmueble que

sirve como residencia principal estará obligado a asistir a la vista

de mediación ─y cumplir con los requisitos de ley─ como requisito

previo para que el tribunal pueda dictar sentencia a su favor y para

que pueda ordenar la venta judicial del inmueble.

34

De forma similar, en Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 157 DPR

76, 82 (2002), dispusimos que lo resuelto en la Opinión era de

aplicación a “todas las solicitudes de Certificados de Necesidad y

Conveniencia que sean sometidas desde que esta decisión advenga final

y firme” y “para todas aquellas solicitudes que se encuentren

CC-2014-0431, CC-2014-1062

24

la Opinión que antecede no impide que los deudores que se

encuentren en rebeldía o que el tribunal haya eliminado

sus alegaciones acudan a mediación, de así pactarlo.

III

Los

peticionarios

Primera

Instancia

sostienen

estaba

que

el

Tribunal

de

impedido

de

dictar

las

Sentencias, pues no ordenó la celebración de la vista de

mediación

compulsoria

que

exige

la

Ley

para

Mediación

Compulsoria. Tienen razón. Veamos.

CC-2014-0431

En el primer caso, el Tribunal de Apelaciones razonó

que

el

requisito

Compulsoria

era

de

mediación

de

carácter

de

la

Ley

de

Mediación

discrecional.

En

lo

concerniente, acogió como cierta la alegación de Santander

sobre que la señora Correa García no tenía capacidad para

pagar

la

deuda

garantizada

con

hipoteca,

por

lo

que

concluyó que referir al proceso de mediación hubiese sido

un ejercicio fútil en este caso.

________________________________________________

pendientes ante dicha agencia y para las

celebrado o señalado vista adjudicativa”.

cuales

aún

no

se

haya

En más de una ocasión hemos expresado que una decisión puede tener

tanto un efecto prospectivo como retroactivo. Sobre esto, en Isla

Verde Rental v. García, 165 DPR 499, 505 (2005), manifestamos que “la

absoluta retroactividad sería la muerte de la seguridad y la de la

confianza pública, y la absoluta irretroactividad sería la muerte del

desenvolvimiento del derecho”. La decisión sobre la aplicación de una

norma jurisprudencial constituye un ejercicio discrecional que muchas

veces depende de la situación fáctica, circunstancias del caso en

particular y consideraciones de equidad y hermenéutica. Íd., págs.

505-506. Algunos criterios para declarar la aplicación retroactiva o

prospectiva de una determinación judicial son: el propósito que

persigue la nueva regla para determinar si su retroactividad lo

adelanta; la confianza depositada en la antigua norma, y el efecto de

la nueva regla en la administración de la justicia.” Íd., pág. 505;

véase también Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 39394 (2012).

CC-2014-0431, CC-2014-1062

25

Primeramente, como explicamos, la Ley para Mediación

Compulsoria

le

impone

al

carácter

jurisdiccional,

vista

mediación

de

en

tribunal,

la

como

requisito

de

obligación

de

señalar

una

los

en

los

se

todos

casos

que

solicite la ejecución de un inmueble que se utiliza como

residencia principal, salvo en aquellos en los que el

deudor se encuentre en rebeldía o cuando el tribunal haya

eliminado

sus

alegaciones.

Ambas

excepciones

pretenden

penalizar la falta de diligencia en el trámite judicial.

Como recordamos, la señora Correa García había contestado

la demanda, no estaba en rebeldía y el tribunal no había

eliminado sus alegaciones. Por tal razón, el Tribunal de

Primera

Instancia

no

tenía

discreción

para

omitir

el

señalamiento de vista de mediación, lo que conllevó que la

sentencia dictada sea nula.

Además, aún si fuera un hecho cierto que la señora

Correa García no tenía capacidad económica para continuar

pagando la deuda, señalamos que procedía que se ordenara

una

vista

de

mediación

para

que

le

informaran

las

alternativas que existen en el mercado que no dependen de

la capacidad económica de un deudor. Algunas de estas son:

la venta corta (conocida como “short sale”, en ésta el

acreedor acepta una suma menor al balance del préstamo

para

cancelar

el

mismo,

lo

que

permite

al

deudor

hipotecario vender la propiedad), la dación en pago o

entrega voluntaria de título, o algún otro remedio que

CC-2014-0431, CC-2014-1062

26

evite que el deudor pierda su hogar o que, de perderlo, se

minimicen las consecuencias negativas sobre el deudor.

CC-2014-1062

Como

mencionamos,

en

el

segundo

caso,

la

señora

Antony Ríos presentó su argumento sobre la procedencia de

la vista de mediación por primera vez ante el Tribunal de

Apelaciones. Ante esto, el señor Santana Serrano planteó

que no procedía atender dicho argumento porque éste no se

había presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, y

que

aún

si

se

atendiera:

(1)

la

Ley

para

Mediación

Compulsoria no le aplica debido a que él no es una entidad

bancaria o crediticia, (2) procedía dictar sentencia a su

favor porque la señora Antony Ríos no se opuso a la moción

de sentencia sumaria, y (3) la vista de mediación es de

carácter discrecional y no se justificaba su celebración

en este caso.

Primeramente debemos señalar que, aunque no fue la

mejor práctica, la señora Antony Ríos podía plantear por

primera vez el incumplimiento con la Ley para Mediación

Compulsoria

ante

señalamientos

el

Tribunal

de

sobre

falta

de

Apelaciones,

pues

jurisdicción

los

pueden

presentarse en cualquier etapa del procedimiento.

En segundo lugar, reconocemos que el señor Santana

Serrano tiene razón al señalar que ciertas disposiciones

de la Ley para Mediación Compulsoria y su Exposición de

Motivos solo hacen referencia a los acreedores que son

entidades

bancarias

o

crediticias.

Sin

embargo,

estas

CC-2014-0431, CC-2014-1062

27

referencias son vestigios del proyecto de ley original. En

particular,

acreedor

el

Art.

2

hipotecario

autorizados

[…]

hipotecara

para

del

como

para

P.

del

“entidad

conceder

vivienda

S.

1434

o

banco

préstamos

principal

[…]”.

definía

al

debidamente

con

garantía

Debido

a

dicha definición no incluía a todas las personas

que

que

son capaces de otorgar una hipoteca de conformidad con

nuestro estado de Derecho, las Comisiones del Senado de

Puerto

Rico

recomendaron

enmendar

incluir

como

acreedores,

entre

dicho

otros,

a

artículo

las

para

personas

naturales. Esta recomendación se incorporó al texto del

Art.

2,

y

así

legislativas.35

enmendado

se

Ahora,

Art.

el

aprobó

2

por

(c)

de

ambas

la

cámaras

Ley

para

Mediación Compulsoria dispone que “Acreedor hipotecario:

Significa

cualquier

persona

natural

o

jurídica

o

una

entidad prestataria o financiera o un banco […]”. (Énfasis

suplido). Al examinar el texto claro del Art. 2 (c), no

35

Véase Informe de las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y

Corporaciones Públicas y de lo Jurídico Civil del Senado de Puerto

Rico, al P. del S. 1434 de 25 de febrero de 2010, y Entirillado del

Informe. Fundados en una ponencia de la Oficina del Comisionado de

Instituciones Financieras, las comisiones expusieron lo siguiente:

“De conformidad con nuestro estado de derecho, un acreedor

hipotecario es aquella persona natural o jurídica que otorga un

préstamo de dinero a otra (obligación principal), garantizada

con un inmueble que pertenece en propiedad a la persona que lo

hipoteca y sobre el cual se tiene libre disposición, o en caso

de no tenerla, se halle legalmente autorizado al efecto. […]

[Sin embargo,] el P. del S. 1434 aparenta limitar el proceso de

mediación a la eventualidad que intervenga una institución

hipotecaria como acreedor hipotecario.

De ser correcta su

inferencia, recomienda a esta Comisión que […] al definir

acreedor hipotecario, esta Comisión podría considerar la figura

de la hipoteca a tenor con las disposiciones del Código Civil y

de la Ley Hipotecaria, y de Institución Hipotecaria a tenor con

las disposiciones de la Ley Núm. 97 de 5 de junio de 1973,

según

enmendada,

conocida

como

Ley

de

Instituciones

Hipotecarias

y

su

correspondiente

Reglamento.”

(Énfasis

suplido).

CC-2014-0431, CC-2014-1062

28

existe duda de que el señor Santana Serrano es un acreedor

sujeto

a

las

disposiciones

de

la

Ley

para

que

aun

Mediación

Compulsoria.

En

tercer

lugar,

del

expediente

desprende

señalamos

que

la

señora

cuando

Antony

se

Ríos

incumplió con varias órdenes del tribunal, lo cierto es

que

dicho

foro

alegaciones.

no

Por

anotó

ello,

su

el

rebeldía

tribunal

ni

estaba

eliminó

sus

impedido

de

dictar sentencia antes de referir el caso a mediación.

IV

Por

sentencias

los

fundamentos

dictadas

por

el

expuestos,

revocamos

Tribunal

Apelaciones

de

las

y

ordenamos la devolución al Tribunal de Primera Instancia

para que ordene la celebración de una vista de mediación

en cada caso.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Banco

Santander

Puerto Rico

de

Recurridos

v.

Brenda Correa García

Peticionaria

CC-2014-0431

Certiorari

Cons. con

CC-2014-1062

Ismael Santana Serrano

Recurrido

v.

Gloria Antony Ríos

Peticionaria

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de septiembre de 2016.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, revocamos las sentencias dictadas por el

Tribunal de Apelaciones y ordenamos la devolución al

Tribunal

de

Primera

Instancia

para

que

ordene

la

celebración de una vista de mediación en cada caso.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta

Oronoz Rodríguez y la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez concurren con el resultado sin opinión escrita.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo