Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Lcdo. Luis M. Polanco Ortiz
2016 TSPR 173
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Lcdo. Luis M. Polanco Ortiz
CP-2015-11
Conducta Profesional – Suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía por el término de (3) tres por violación a los Cánones 9, 12, 18, 19, 20, y 38 de Ética Profesional
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2016 TSPR 173
196 DPR ____
Luis M. Polanco Ortiz
Número del Caso: CP-2015-11
Fecha: 2 de agosto de 2016
Abogado del querellado:
Por derecho propio
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray
Procuradora General
Lcda. Karla Pacheco Álvarez
Subprocuradora General Auxiliar
Lcda. Yaizamarie Lugo Fontanez
Procuradora General Auxiliar
Comisionado Especial:
Lcdo. Carlos S. Dávila Vélez
Materia: Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 19 de
agosto de 2016, fecha en que se le notificó al abogado de su
suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
CP-2015-11
Lcdo. Luis M. Polanco Ortiz
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 2 de agosto de 2016.
I
El Lcdo. Luis M. Polanco Ortiz (licenciado Polanco
Ortiz) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 20 de
enero de 1989 y prestó juramento como notario el 30 de
marzo de 1989.1 El 22 de julio de 2015 la Procuradora
General presentó una Querella sobre conducta profesional en
su contra por violaciones a los Cánones 9, 12, 18, 19, 20 y
38
del
Código
de
Ética
Profesional,
4
LPRA
Ap.
IX.
Examinemos los hechos que provocaron la presentación de la
Querella.
El Sr. John Hernández Vargas (señor Hernández Vargas o
Querellante)
contrató
al
licenciado
Polanco
Ortiz
para
apelar tres (3) Sentencias que fueron emitidas en su contra
en los
1
Casos
I4CR2007-00185, I4CR2007-00186 y I4CR2007-
El Lcdo. Luis M. Polanco Ortiz fue suspendido indefinidamente del
ejercicio de la abogacía y la notaría el 20 de agosto de 2010 y
reinstalado al ejercicio de la abogacía el 9 de octubre de 2014.
2
CP-2015-11
00187.2
Así
las
cosas,
el
licenciado
Polanco
Ortiz
presentó el recurso de apelación el 19 de diciembre de
2007. Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones requirió a
la parte apelante informar el método de presentación de
prueba en conformidad con la Regla 76 del Reglamento del
Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.3 La Resolución
fue notificada y recibida por el letrado. Al no haberse
dado cumplimiento con la Orden, el Tribunal de Apelaciones
emitió otra Resolución en la que autorizaba y ordenaba la
presentación
de
la
transcripción
de
la
prueba
oral
de
conformidad con la Regla 76 (B) del Reglamento, supra, y
los
términos
allí
establecidos.4
Esta
Resolución
fue
notificada y recibida por el letrado.
La parte no compareció por lo que
el Tribunal de
Apelaciones emitió una Resolución ordenándole al licenciado
Polanco Ortiz mostrar causa por la cual no debía imponerle
una
sanción
económica
por
doscientos
dólares
($200.00)
tras incumplir con sus Órdenes.5 De igual forma apercibió a
la parte apelante que de la acción disciplinaria no surtir
efecto, procedería a desestimar el recurso. Ordenó que esta
fuera notificada tanto al abogado como a la parte. Esta
2
Previamente el señor Hernández Vargas había contratado al licenciado
Polanco Ortiz para presentar una Moción de Reconsideración en los
mismos casos.
3
La Resolución fue emitida el 15 de enero de 2008 y notificada el 23
de enero siguiente.
4
La Resolución fue emitida el 5 de marzo de 2008 y notificada el 10
de marzo siguiente.
5
La Resolución fue emitida el 16 de mayo de 2008 y notificada el 22
de mayo siguiente.
3
CP-2015-11
Resolución
fue
notificada
y
recibida
por
el
licenciado
Polanco Ortiz.6
La Orden del tribunal no fue cumplida por lo que el
foro apelativo intermedio emitió una Resolución imponiendo
al
licenciado
Polanco
Ortiz
una
sanción
de
doscientos
dólares ($200.00) en sellos de rentas internas a cumplirse
dentro del término de quince (15) días so pena de disponer
del
recurso
de
apelación
bajo
la
Regla
83(C)
del
Reglamento, supra.7 La Resolución fue notificada y recibida
por el licenciado Polanco Ortiz.
El 16 de junio de 2008, la Oficina de la Procuradora
General
solicitó
la
desestimación
de
la
apelación
y
notificó copia de la misma al licenciado Polanco Ortiz a su
dirección de récord.
La copia fue recibida por este. Así,
el
2008,
30
de
junio
de
notificada
el
10
de
julio
siguiente, el Tribunal de Apelaciones emitió Sentencia y
desestimó
la
apelación
presentada.
La
Sentencia
fue
notificada y recibida por el licenciado Polanco Ortiz. No
obstante, el 21 de agosto de 2008 el Tribunal de Primera
Instancia emitió una Resolución ordenando la comparecencia
del señor Hernández Vargas a una vista el 24 de septiembre
de 2008. A esta vista no comparecieron el señor Hernández
Vargas
ni
el
licenciado
Polanco
Ortiz.
Por
ello,
el
tribunal señaló una vista para el 12 de noviembre de 2008
6
No surge de la boleta de notificación que la Resolución del 16 de
mayo de 2008 fue notificada al Sr. John Hernández Vargas.
7
La Resolución fue emitida el 5 de junio de 2008 y notificada el 12 de
junio siguiente.
4
CP-2015-11
en la que el Querellante tenía que mostrar causa por la que
no
debía
ser
encontrado
incurso
en
desacato
por
no
comparecer a la vista señalada. A la fecha, el letrado no
había informado a su cliente de la Sentencia emitida.
El 12 de noviembre de 2008, el señor Hernández Vargas
compareció por derecho propio y solicitó una prórroga para
pagar las multas. Esta le fue otorgada. Posteriormente,
pagó
las
cosas,
multas
el
Tribunal
señor
de
dentro
del
Hernández
Apelaciones
por
término
concedido.
Así
las
Vargas
compareció
ante
el
el
de
derecho
propio
2
diciembre de 2008 e indicó que no tenía conocimiento de las
Resoluciones emitidas ni del incumplimiento de su abogado
con las mismas. Por estas razones solicitó que se atendiera
su recurso. El Tribunal de Apelaciones denegó la solicitud
al ser la Sentencia final y firme.
Por estos hechos, el señor Hernández Vargas presentó
una
Queja
contra
el
licenciado
Polanco
Ortiz
ante
la
Oficina de la Procuradora General el 28 de enero de 2009.
En esencia, sostuvo que después de la presentación del
recurso de apelación, el letrado solo se comunicó con él
para requerirle dinero y que no fue hasta la citación a una
vista de desacato que se percató de que la apelación fue
desestimada por la falta de diligencia de su abogado.
Ante
la
falta
de
colaboración
del
letrado
con
el
procedimiento investigativo de la Oficina de la Procuradora
General y la desatención a nuestras Órdenes, lo suspendimos
indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría
5
CP-2015-11
el 20 de agosto de 2010. In re Polanco Ortiz, 179 DPR 771
(2010). Durante su suspensión presentó dos (2) escritos,
entre ellos la Contestación a la Queja que dio inicio al
procedimiento disciplinario que nos ocupa. El 9 de octubre
de 2014 lo reinstalamos al ejercicio de la abogacía y
activamos todas las Quejas que tenía pendiente ante este
Tribunal,
entre
ellas
la
que
atiende
esta
Opinión
Per
Curiam. In re Polanco Ortiz, 191 DPR Ap. (2014).
En su Contestación a la Queja el licenciado Polanco
Ortiz solamente expresó que el Querellante no pagó los
gastos de regrabación y transcripción, como tampoco parte
de los honorarios de la apelación. Esto a pesar de que se
los requiriera. Sostuvo que por esta razón no pudo someter
la
transcripción
de
la
vista
lo
que
conllevó
la
desestimación de la apelación.
Tras los trámites de rigor, el 22 de julio de 2015 la
Oficina de la Procuradora General presentó una Querella en
la que le imputa al licenciado Polanco Ortiz violar los
Cánones 9 y 12 de Ética Profesional, supra, por no cumplir
con las Órdenes emitidas por el Tribunal de Apelaciones
para el perfeccionamiento del recurso de apelación; violar
el Canon 18 de Ética Profesional, supra, al no defender
diligente ni competentemente los intereses de su cliente y
al
no
haber
actuado
de
forma
adecuada
y
responsable;
infringir los preceptos del Canon 20 de Ética Profesional,
supra,
al
no
representación
solicitar
de
su
al
tribunal
cliente
en
el
la
renuncia
trámite
a
la
apelativo;
6
CP-2015-11
violar los preceptos del Canon 19 de Ética Profesional al
no informarle a su cliente de la
Sentencia adversa, y
violar el Canon 38 de Ética Profesional, supra.
El licenciado Polanco Ortiz presentó su contestación a
las alegaciones expuestas en la Querella y reiteró sus
expresiones
previas.
nombramos
al
Hon.
Especial,
quien
Así,
Carlos
el
S.
finalmente
3
de
Dávila
concluyó
octubre
de
2015
Vélez
Comisionado
que
licenciado
el
Polanco Ortiz incurrió en conducta violatoria de todos los
cánones imputados.
II
Reiteradamente
órdenes
hemos
judiciales
señalado
constituye
un
que
desatender
serio
agravio
las
a
la
autoridad de los tribunales e infringe el Canon 9. In re
Bello Rivera, 192 DPR 812 (2015); In re De Jesús Román, 192
DPR 799 (2015).
Esto pues, el Canon 9 impone a todo
abogado
de
conducta
el
deber
que
diligencia.
se
observar
caracterice
Asimismo,
la
hacia
por
los
el
naturaleza
tribunales
mayor
de
la
una
respeto
y
función
de
abogado requiere de una escrupulosa atención y obediencia a
las Órdenes de este Tribunal. In re Bello Rivera, supra; In
re Pacheco Pacheco, 192 DPR 553 (2015).
Por otra parte, el Canon 12, supra, establece en lo
pertinente que “[e]s deber del abogado hacia el tribunal,
sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su
asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación
de las causas”. Entre otras cosas, le requiere “desplegar
7
CP-2015-11
todas las diligencias necesarias para asegurarse de que no
se
causen
solución
dilaciones
del
observancia
indebidas
caso”,
entre
las
órdenes
a
en
ellas,
la
dar
tramitación
la
judiciales.
y
más
estricta
re
Miranda
In
Daleccio, res. el 15 de septiembre de 2015, 2015 TSPR 127,
193 DPR __ (2015); In re Pestaña Segovia, 192 DPR 485
(2015); In re Cuevas Borrero, 185 DPR 189 (2012).
En cuanto al Canon 18, supra, dicho canon le impone a
todo letrado el deber de defender los intereses de su
cliente de forma capaz y diligente, “desplegando en cada
caso
su
más
profundo
saber
y
habilidad
y
actuando
en
aquella forma que la profesión jurídica en general estima
adecuada y responsable”.
In re Miranda Daleccio, supra.
Constituye una violación al deber de diligencia del Canon
18,
supra,
desatender
o
abandonar
incurrir
en
cualquier
actuación
conllevar
o
en
resulte
efecto,
el
caso,
negligente
en
la
así
como
que
pueda
desestimación
o
archivo del caso. Id.; In re Cuevas Borrero, supra.
Por
otro
lado,
el
Canon
20,
supra,
establece
cuando el abogado o la abogada ha comparecido
que
ante un
tribunal en representación de una parte, este no puede
dejar
de
descargar
su
responsabilidad
con
la
debida
diligencia independientemente de la razón por la cual la
asumió en primer lugar. In re Iglesias García, 183 DPR 572
(2011). Asimismo, este profesional no queda relevado de su
responsabilidad con un cliente hasta que el tribunal
así
lo disponga y tome las medidas razonables y necesarias para
8
CP-2015-11
evitar que se le causen perjuicios al cliente. In re Ortiz
Guevara et al., res. el 21 de marzo de 2016;
(2016);
2016
TSPR
55.
Hasta
entonces,
el
195 DPR __
abogado
está
obligado a realizar su gestión profesional y exhibir el más
alto grado de competencia y diligencia posible a tenor con
las exigencias del Código de Ética Profesional, supra.
In
re Díaz Nieves, 189 DPR 1000 (2013).
Asimismo, el Canon 19 del Código de Ética Profesional,
supra,
requiere
a
todo
abogado
“mantener
a
su
cliente
siempre informado de todo asunto importante que surja en el
desarrollo del caso que le ha sido encomendado”. In re Vega
Quintana,
188
DPR
536
(2013).
Al
respecto,
ya
hemos
señalado que una sentencia desestimatoria es un asunto de
tal importancia que debe ser informado inmediatamente al
cliente. In re Castro Colón, 177 DPR 333 (2009); In re
García Muñoz, 170 DPR 780 (2007).
Por último, el Canon 38, dispone que los abogados y
las abogadas deben “esforzarse, al máximo de su capacidad,
en la exaltación del honor y dignidad de su profesión,
aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y
debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional
impropia”. In re Pestaña Segovia, supra; In re Iglesias
García, supra. Esto dado que como hemos reiterado, los
abogados son el espejo donde se refleja la imagen de la
profesión. In re De León Rodríguez, 190 DPR 378 (2014).
Por lo tanto, “toda conducta contraria a las pautas éticas
pone en entredicho las valiosas ejecutorias y beneficios a
9
CP-2015-11
los cuales los profesionales del derecho han contribuido
históricamente”. In re Iglesias García, supra, pág. 577.
Con estos preceptos en mente, examinemos la conducta
desplegada por el licenciado Polanco Ortiz.
III
El
licenciado
Polanco
Ortiz
sostiene
que
el
incumplimiento que se le imputa se debió a la falta de
interés del señor Hernández Vargas en el recurso, quien no
pagó
por
la
transcripción
honorarios que le adeudaba.
letrado
no
excusan
su
de
la
prueba
oral
ni
los
Las razones presentadas por el
incumplimiento
con
las
órdenes
emitidas por el Tribunal de Apelaciones ni el dejar de
tramitar
el
recurso
de
apelación
por
no
presentar
la
transcripción de la prueba oral. Por ello concluimos que el
licenciado Polanco Ortiz violó los Cánones 9 y 12 de Ética
Profesional.
Por otro lado, el licenciado Polanco Ortiz desatendió
el caso de forma tal que este fue desestimado. El letrado,
en
violación
al
Canon
18,
no
defendió
diligente
ni
competentemente los intereses de su cliente al no informar
al Tribunal de Apelaciones los métodos de reproducción de
la prueba oral a utilizarse o las dificultades enfrentadas
para cumplir con sus órdenes. Asimismo, este abandonó el
procedimiento de apelación en violación al Canon 20 cuando
tenía la capacidad de informar al Tribunal de Apelaciones
de las dificultades en perfeccionar el recurso o haber
presentado una moción de renuncia.
10
CP-2015-11
De igual forma, concluimos que el licenciado Polanco
Ortiz violó los preceptos del Canon 19 de Ética Profesional
al no informarle a su cliente de la sentencia adversa y al
no orientar a su cliente sobre los remedios disponibles
después de la desestimación del recurso de apelación.
Finalmente, concluimos que el querellado incumplió con
el deber que impone el Canon 38, supra, de exaltar el honor
y
dignidad
de
su
profesión
al
mostrar
una
falta
de
responsabilidad y diligencia en el manejo del caso durante
la tramitación del recurso de apelación.
IV
Por
los
fundamentos
expuestos,
suspendemos
inmediatamente del ejercicio de la abogacía al Lcdo. Luis
M. Polanco Ortiz por el término de tres (3) meses.
En consecuencia, se le impone al señor Polanco Ortiz
el
deber
de
notificar
a
todos
sus
clientes
sobre
su
inhabilidad para continuar representándolos, y devolverles
cualesquiera
honorarios
recibidos
realizados.
De
igual
forma,
su
suspensión
inmediatamente
de
por
tendrá
a
trabajos
que
cualquier
no
informar
sala
del
Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el
que
tenga
certificar
algún
ante
caso
este
pendiente.
Tribunal
el
Deberá
acreditar
cumplimiento
con
y
lo
anterior, dentro del término de treinta (30) días contados
a partir de la notificación de la presente Opinión Per
Curiam y Sentencia.
CP-2015-11
11
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia al Sr. Luis M. Polanco Ortiz por la Oficina del
Alguacil de este Tribunal.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
CP-2015-11
Lcdo. Luis M. Polanco Ortiz
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 2 de agosto de 2016.
Por
los
fundamentos
expuestos,
suspendemos
inmediatamente del ejercicio de la abogacía al Lcdo. Luis
M. Polanco Ortiz por el término de tres (3) meses.
En consecuencia, se le impone al señor Polanco Ortiz
el deber de notificar a todos sus clientes sobre su
inhabilidad para continuar representándolos, y devolverles
cualesquiera
honorarios
recibidos
por
trabajos
no
realizados.
De
igual
forma,
tendrá
que
informar
inmediatamente de su suspensión a cualquier sala del
Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el
que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y
certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo
anterior, dentro del término de treinta (30) días contados
a partir de la notificación de la presente Opinión Per
Curiam y Sentencia.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia al Sr. Luis M. Polanco Ortiz por la Oficina del
Alguacil de este Tribunal.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres
concurre con el resultado y hace constar que lo suspendería
por el término de seis (6) meses del ejercicio de la
abogacía. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y el
Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo no intervinieron.
Juan Ernesto Dávila Rivera
Secretario del Tribunal Supremo